La revancha de Ricardo Fernández Barrueco se hace esperar
El de 2009 fue un ‘annus horribilis’ para el ‘Zar de Mercal’, que por entonces se disponía a pasar de ser un manufacturero y comerciante, candidato del chavismo para sustituir a Polar, a convertirse en todo un banquero. Pero justo en ese momento los cuatro bancos que ya casi había comprado fueron intervenidos y el empresario cayó en prisión. Tras las rejas tuvo oportunidad de urdir un plan para recuperar el dinero en dólares que había invertido, mediante una compleja transacción, para adquirir uno de esos bancos y la casa de bolsa asociada. Las maniobras para ejecutar el plan, primero, llamaron la atención del Deutsche Bank y el Departamento del Tesoro en 2012 y, luego, intentaron lograr su cometido en las cortes de Nueva York todavía en 2019. Sin éxito.
Todavía hay
quienes recuerdan a Ricardo Fernández Barrueco de cuando su familia administraba
el estacionamiento del otrora Caracas Hilton, hoy llamado Hotel Alba Caracas. Lo
tienen en su memoria como un hombre trabajador, que incluso lavaba los carros de
sus más fieles clientes, los que acudían al gimnasio del hotel, que también
manejaban los Fernández. Allí conoció a artistas y políticos, nacionales e
internacionales, por igual. Pero así como el chavismo se encargó de eliminar
todo vestigio de la conocida cadena estadounidense de hoteles, llegado el
momento eliminó, también, y sorpresivamente, el rastro de aquel hombre que le
lanzó un salvavidas a la revolución y ayudó a mantener la distribución de
alimentos durante el paro petrolero de 2002.
El fallecido Hugo
Chávez también tuvo su Alex Saab: Fernández Barrueco, de ascendencia española,
se convirtió en el principal proveedor de Mercal, el primer programa de
alimentos subsidiados del chavismo. En aquellos años fue conocido como el
“boliburgués por excelencia”, una suerte de antecesor de otros que surgirían
después, como el empresario barranquillero, proveedor de los Clap a través de un
complejo entramado de empresas fantasma. A diferencia de este, que espera una
extradición en Cabo Verde, Fernández Barrueco fue capturado en su propio país,
por su propia gente y en su mejor momento: cuando buscaba diversificar sus
negocios y esperaba convertirse en banquero.
Para 2009, con
apenas 44 años de edad, ya había logrado erigir un emporio con decenas, quizás
centenares, de empresas —una cifra que el propio Fernández dice que no puede
precisar pero que podría rondar las 270 compañías, “ninguna de maletín”, se
jacta en entrevista para este reportaje— principalmente relacionadas con la
producción, transporte y distribución de alimentos con un valor que, asegura,
superaba entonces los 2.000 millones de dólares. Su fortuna fue fruto de 25 años de
trabajo, dice, en los que fue contratista del Estado, también durante los últimos
gobierno de la llamada Cuarta República. Pero habría sido su vínculo con Adán
Chávez —el actual embajador de Venezuela en Cuba y hermano mayor del fallecido
ex presidente venezolano— el que lo catapultó durante los primeros años del
chavismo. Él, sin embargo, niega que esto fuera así, y argumenta que a Adán
Chávez lo conoció en Barinas, entrado 2008, poco antes de su caída en
desgracia.
A finales de ese
año, decidió, como otros polémicos empresarios de la época, adentrarse en el
mundo de la banca. Lo hizo, según explica, tras haber recibido una llamada del
entonces ministro de Economía, Alí Rodríguez Araque, en la que le pedía que,
dada su liquidez, necesitaban que invirtiera en los bancos. Junto con Telefónica
y Cargill, su grupo estaba entre los primeros ahorristas en bolívares del país.
“Nuestra generación de caja era muy grande”, reconoce él.
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El plan, según le
explicó Rodríguez Araque, era, por vía de fusión, recoger quince bancos con
problemas de solvencia, para reducirlos a tres, que quedaran sanos y
capitalizados.
Pese a no ser
banquero, Fernández Barrueco suscribió la opción de compraventa de cuatro de
esos bancos: Bolívar, Confederado, Provivienda y Canarias. En ese orden. Todos
eran pequeños y arrastraban problemas financieros desde 2006.
La iniciativa
tuvo obstáculos desde el origen y ha generado una larga cadena de litigios e
intentos pocos ortodoxos del empresario, que nunca llegaría a ser banquero, por
recuperar lo que no solo fue una mala inversión, sino que también lo llevó a
cárcel. De estas maniobras quedó huella en la filtración de los FinCEN Files,
una investigación colaborativa entre 108 medios de 88 países, entre ellos
Armando.info, sobre los más 2.100 reportes de actividad sospechosa (SAR, por sus
siglas en inglés) enviados por bancos a la unidad de inteligencia financiera del
Departamento del Tesoro de Estados Unidos, obtenidos por Buzzfeed News y
compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
(ICIJ).
Apenas después de
poner sobre la mesa su opción de compra del grupo de bancos, Ricardo Fernández
Barrueco sufrió un primer revés, también definitivo, para sus pretensiones. El
20 de noviembre de 2009, el gobierno anunció la intervención a puertas abiertas
de las cuatro instituciones bancarias que quería comprar, tras determinar
incumplimientos, sobre todo relacionados con el aumento de capital sin
especificar el origen de los fondos, así como también con los índices de
solvencia, con carteras dirigidas y la prohibición de realizar operaciones con
empresas vinculadas, según entonces detalló para la prensa Rodríguez Araque, el
mismo que, según el relato de Fernández Barrueco, lo había instado a comprar
esos bancos.
Rodríguez Araque
también juró que el gobierno movería “cielo y tierra” para hallar a los
responsables y aplicarles “todo el peso de la ley”. La medida sorprendió a más
de uno, por las conexiones del empresario con la cúpula gobernante, y a él mismo
también. En medio de su sorpresa, Fernández Barrueco se trasladó a la sede de la
policía política, para aclarar el origen de sus fondos.
“A mí me llamó
(Miguel) Rodríguez Torres y me dijo: ‘Hay un avión pa’que te vayas del país
porque no queremos que estés aquí, yo te recomiendo que te vayas’. Yo le dije
no, y me fui para la Disip, como a las once de la mañana, y él llamó al
presidente Chávez y estuvimos durante cuatro horas ahí, peleando, hasta que me
dijo: ‘Mira, entonces si te vas a quedar, te vas a quedar detenido’, y así fue,
ese fue el último día que estuve en libertad (...) Al final terminé entregando
ocho valiosos años de mi vida”, dice, once años después de que lo arrestaron,
cuando la filtración de los FinCEN Files revive lo sucedido aquellos meses.
Justo por esos
días de noviembre de 2009, el grupo de Fernández Barrueco estaba fraguando una
enrevesada operación con el Deutsche Bank de Nueva York para inyectar capital a
U21, como requisito de las autoridades venezolanas para autorizar la adquisición
de la participación mayoritaria en el Consorcio Credican (casa matriz tanto del
Banco Canarias como de la casa de bolsa) por parte del grupo de Fernández
Barrueco.
“Nunca se aprobó
la venta por el órgano regulador, en consecuencia, ni (figuré) como miembro de
la Junta Directiva, ni como accionista de las cuatro entidades bancarias”,
aclara Fernández Barrueco desde Panamá, en intercambios electrónicos y
telefónico con Armando.info.
Ciertamente, hay
un dictamen del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (Fogade)
que confirma que no pudo obtener, ni ejercer, la dirección y control efectivo de
los bancos.
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Sin embargo,
fuentes conocedoras de la operación de los empresarios con los bancos quebrados,
e incluso el propio Poder Judicial venezolano, dan cuenta de que, mediante
documentos legales privados, se habrían instaurado administraciones paralelas,
encabezadas por estos.
Así, mientras los
banqueros originales seguían firmando los balances que eran publicados en los
periódicos nacionales, la gestión la llevaban, de facto, los compradores, y lo
hacían con el supuesto conocimiento de la propia Superintendencia Nacional de
las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), según las fuentes.
“Tenía a
interventores a bordo, tenía a los administradores originales. Yo no cambié a
ningún funcionario. Yo no pude comprar nada, ninguna acción, ni me transfería
ninguna acción”, alega. “Al final era una vulgar trampa, me estafaron. A mí me
robó el gobierno de Venezuela. Me hicieron fondear los bancos, tomaron mi plata
y después me inventaron ahí unos delitos”.
El mismo día en
que los cuatro bancos fueron intervenidos y se detuvo a Fernández Barrueco, se
concretó un depósito por 62,7 millones de dólares en una de las cuentas del
grupo en el Deutsche Bank, como primera parte de la garantía que se había
acordado para la mencionada operación con la que aspiraban conseguir el aval de
los reguladores, en el caso de la compra del grupo matriz del Banco Canarias y
U21.
La operación
siguió su curso y parte del dinero, finalmente, quedó en manos de quienes
sirvieron como interventores de U21. Tres años después, cuando las aguas ya
estaban más calmadas en Caracas, y tras agotar esfuerzos con las autoridades
venezolanas, un ejecutivo de Fernández Barrueco intentó recuperar esos fondos
con el Deutsche Bank, en una aproximación que resultó sospechosa para el propio
banco —aún cuando fueron contraparte en la operación—, según revela un SAR que
forma parte de los FinCEN Files. Sería el primer paso dado por Fernández
Barrueco, entonces desde la cárcel, para recobrar su fallida inversión y que
luego, ya en libertad, seguiría en la Corte del Condado de Nueva York, en los
Estados Unidos, todavía sin éxito.
Correo sospechoso (pero no era SPAM)
Entre el 19 de
septiembre y el 1º de octubre de 2012, cuando Fernández Barrueco ya completaba
tres años de reclusión en los calabozos de la Dirección de Inteligencia Militar
(DIM, hoy Dirección General de Contrainteligencia Militar, Dgcim), el Deutsche
Bank de Nueva York recibió un correo y varias llamadas de seguimiento de uno de
los ejecutivos del grupo empresarial de Fernández: el español Pablo Botella
Carretero, para entonces también perseguido por el gobierno
venezolano.

Los contactos que hizo Pablo Botella, desde una dirección Gmail, con el Deutsche Bank, en 2012, motivaron el SAR en el que el banco se planteó la posibilidad de estar ante una acción concertada para perpetrarles un fraude bursátil
El domingo 6 de
diciembre de 2009, dos semanas después de que Fernández Barrueco fuera detenido,
el Ministerio Público venezolano informó que había solicitado a la Policía
Internacional (Interpol) su colaboración para capturar a nueve directivos e
inversores de los bancos intervenidos, quienes, se creía, habían salido del
país. Entre ellos estaba Botella Carretero.
A la postre, la
alerta roja sería retirada por Interpol el 23 de junio de 2011, luego de que un
juez español requiriera la documentación que sustentara la extradición por
fraude que había solicitado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano,
mediante sentencia del magistrado Eladio Aponte Aponte, entonces presidente de
la Sala Penal del alto tribunal.
Luego de esto, ya
en Madrid e identificándose como representante de Finanzas y Gerencia de Riesgos
de Galopy Corporation International NV, Botella Carretero pretendió recuperar
con el Deutsche Bank activos que fueron administrados por U21 Casa de Bolsa
antes de que esta fuera intervenida por el gobierno venezolano, como revela el
SAR contenido en la filtración de los FinCEN Files.
Originalmente
constituida bajo la denominación de Nexus Mercado de Capitales, C.A., y luego
conocida como Universitas XXI Casa de Bolsa, C.A., la entidad adoptó la
denominación de U21 Casa de Bolsa C.A. el 17 de enero de 2005, unos ocho años
después de haber sido inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la
Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y estado
Miranda, el 23 de septiembre de 1997.
Casi un mes
después de la intervención del Banco Canarias, fue el turno de U21. “Visto que
en la referida resolución (de intermediación sin cese de intervención financiera
del Banco Canarias) se hace referencia a (93) operaciones realizadas por el
Banco Canarias con una casa de bolsa relacionada al mismo (…) Visto que la
sociedad mercantil antes identificada podría estar incursa en situaciones que
hacen presumir a esta Comisión Nacional de Valores que pueden estar en riesgo el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de su condición de corredor de
títulos valores y podría atentar contra el ordenado desenvolvimiento del mercado
de capitales y constituir violaciones a la Ley de Mercado de Capitales (…)
Resuelve intervenir a U21 Casa de Bolsa CA con cese de sus operaciones propias
de mercado”, se lee en la resolución número 148-2009, del 26 de noviembre de
2009, que sentó un precedente para la venidera liquidación del mercado de
capitales venezolano.
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Según lo que
plasmó el Deutsche Bank en el SAR del 25 de octubre de 2012, que remitió a
propósito del correo y llamadas del banquero español, Botella Carretero se
refirió a los activos que pretendía recuperar como una cartera de valores
venezolanos que “su grupo”, como insistía en llamarlo, había transferido al
Deutsche Bank en 2009.
“Tras tratar por
estos años de recuperar la posesión de esos activos con funcionarios del
gobierno (venezolano), finalmente nos remitieron al banco que los custodia”,
argumentó el español.
El correo levantó
varias banderas rojas dentro del banco, como se expone en la narrativa del SAR:
“Se originó de una cuenta Gmail, un servicio gratuito ofrecido por Google, en
vez de ser enviado desde una cuenta de correo electrónico corporativa”. Fernández Barrueco aclara que con la intervención los correos corporativos fueron suspendidos.
Esto, sin embargo, generó dudas sobre la “legitimidad del emisor”, aunque
Botella Carretero había adjuntado al mensaje un intercambio previo que tuvo, esa
vez desde una dirección de correo institucional de U21, con un empleado del
Deutsche Bank, y que contenía las instrucciones para una transferencia entre el
DB Ámsterdam y el DB Londres, para completar una compleja transacción de la que
no se ofrecen mayores detalles en el reporte.
“Botella
aparentemente tenía conocimiento profundo de la mecánica de ese intercambio a
plazo de bonos (la operación), como se evidencia en el correo adjuntado”,
acotaron los oficiales de cumplimiento que redactaron el
SAR.
Pero esa
demostración no fue suficiente para convencer al banco, que emprendió su propia
investigación, y se encontró ante un dilema: “Es posible que Botella, etiquetado
como un banquero fugitivo por el gobierno de Chávez, residenciado en Madrid,
España, se haya enfrentado a un cierre en banda del interventor venezolano
asignado para liquidar los asuntos financieros de U21, pero existe la
posibilidad de que Botella pueda estar actuando en concierto con el detenido
(Fernández) Barrueco, en un esfuerzo por consolidar activos fuera del alcance de
la supervisión del gobierno de Venezuela”.
Tras considerar
la naturaleza del correo y las llamadas, así como las entidades involucradas,
“una casa de bolsa quebrada (U21) y una infame empresa de fachada controlada por
Fernández Barrueco (Galopy)”, el banco llegó a una conclusión: “Parece más bien
una acción concertada para perpetrar un fraude bursátil al Deutsche Bank
Securities INC por el apoderado de Barrueco, Pablo Botella”.
Galopy fue
registrada el 25 mayo de 2005 en Curazao. En un extracto del registro comercial
de esta ex colonia insular neerlandesa se puede ver que se trata de una sociedad
de inversiones, de la que Fernández Barrueco es director general, junto con la
compañía fiduciaria Trufima Management N.V., también registrada en Curazao, y
que ya ha figurado en filtraciones previas que ha manejado el ICIJ.

De acuerdo con el Registro Comercial de Curazao, Galopy fue registrada en este país en 2005. Aunque aún vigente, se trata de una sociedad de inversiones que, actualmente, no las tiene.
Aunque permanece
activa, Galopy no tendría inversiones hoy en día. Así lo explicó el propio
Fernández Barrueco: “Solo las inversiones (en Venezuela) se hicieron cuando
tenía mi grupo activo, hasta el año 2009”.
Botella
Carretero, efectivamente, era ejecutivo de Fernández Barrueco. “Tenía un mandato
de proteger mi dinero (...) Estaba cumpliendo sus deberes: recuperar o
monitorear el dinero que pertenece al patrimonio de mis empresas que se había
invertido en títulos valores que fueron comprados al sistema financiero
venezolano, tanto en bancos como en casas de bolsas, y fueron enviados en
calidad de custodia en la cuenta nuestra como clientes de U21 (...) Pablo
Botella estaba debidamente facultado para hacer seguimiento de algunos temas
financieros del grupo, entre ellos con Deutsche Bank”, aclaró Fernández Barrueco
al ser interrogado por los contactos que revela el SAR.
El Deutsche Bank,
sin embargo, consideró a Botella Carretero un “tercero”con el que no discutiría
“información confidencial”, según una notificación que le hicieron y que fue
reseñada en el SAR, en la que además le advirtieron que las próximas solicitudes
serían referidas al oficial de seguridad corporativa del banco. El asunto no
quedó allí.
Mal 'timing'
En el SAR no se
especifica el valor de los activos que Botella Carretero aspiraba a recuperar en
nombre de Fernández Barrueco. Pero documentos de la Corte Suprema del Condado de
Nueva York —hasta dónde llegaría el asunto unos tres años después de este primer
contacto, del que ahora se conocen más detalles en el marco de los FinCEN Files—
revelan que se trataba de 62,7 millones de dólares, los mismos que había
depositado para obtener el aval de los reguladores el día que lo detuvieron.
Esos documentos
son los que también revelan los detalles de la compleja transacción de la que
fueron parte y los motivos que llevaron a realizarla.

En 2015, Galopy elevó la disputa con el Deutsche Bank a la corte de Nueva York, donde presentó una denuncia.
El grupo de
Fernández Barrueco no quería inyectarle capital a U21 hasta confirmar que
recibiría la aprobación de las autoridades venezolanas para su adquisición.
Recurrieron al Deutsche Bank, en búsqueda de ayuda para estructurar un contrato
derivado que permitiera, desde una perspectiva contable, satisfacer las
preocupaciones de las autoridades venezolanas y cerrar la adquisición de
Credican. Era una manera de inyectar capital, sin realmente hacerlo.
Botella
Carretero, tal y como expuso en aquel correo que motivó el SAR en 2012, fue
quien estuvo al frente de las conversaciones con dos empleados de las oficinas
en Nueva York del Deutsche Bank.
El grupo de
Fernández Barrueco, según se lee en los documentos de la corte, tenía prisa y
quería que la nueva transacción fuera enviada para su aprobación a mediados de
noviembre de 2009. A principios de ese mes, los empleados del Deutsche Bank les
propusieron hacer una Bond Forward Transaction (BFT), a la espera, como también
se lee en los documentos, de que el bono utilizado como garantía de referencia,
en este caso de Petróleos de Venezuela, y su valor teórico, cumpliera con los
requisitos de las autoridades.
El forward es
una transacción que los entendidos califican de “increíblemente creativa”,
además de legal. El instrumento se estructuró para cubrir la brecha de 500
millones de dólares que, supuestamente, eran requeridos por las autoridades para
mejorar los balances, con una garantía impuesta por el banco de 104,5 millones
de dólares.
En la primera
quincena de noviembre de 2009, Botella Carretero llegó a un acuerdo con el
Deutsche Bank para depositarlos en dos partes: la primera, el 19 de noviembre de
2009, un día antes de que los bancos fueran intervenidos y Fernández Barrueco
encarcelado. La segunda se depositaría el 27 de noviembre de
2009.

El reporte de actividad sospechosa fue redactado por oficiales del Deutsche Bank de Nueva York, una de sus sucursales, en 2012. Foto: Justin Tallis / AFP.
El 19 de
noviembre, los bonos con los que se completarían las garantías fueron vendidos
por unos 30,7 millones de dólares, que se sumaron a unos 30 millones que ya tenían de una operación previa que había intentado, con lo que el total de la primera parte de la
garantía ascendió a unos 62,7 millones de dólares, los mismos que ahora intentan
recuperar. Un día después, el banco habría enviado a Botella la confirmación que
establecía los términos del BFT, pero coincidió con la intervención de los
bancos y la detención de Fernández Barrueco.
En la denuncia de
Galopy alegan que, el 20 de noviembre, Botella se habría comunicado vía
telefónica con el banco para notificar supuestas inconsistencias con los
términos, entre ellas que no establecía que Galopy era la responsable de la
garantía del BFT, en vez de U21.
En la decisión de
la corte de Nueva York se lee que el banco negó que esta llamada hubiera
ocurrido. Y se lee, también, que el banco negó que en tres llamadas que sí
ocurrieron el 23 de noviembre, se hubiera traído a colación el rol de Galopy en
la operación. En cambio, según los documentos de la corte, en esas
conversaciones telefónicas lo que se acordó fue que se haría una enmienda, a
solicitud de U21, para reducir el BFT a un monto consistente con los 62,7
millones de dólares que el banco ya había recibido de U21, “porque U21 no podría
generar el efectivo para la segunda cuota acordada”.
La enmienda,
según el banco, nunca fue firmada, y Botella no volvió a escribir a nadie del
banco, entre ese 23 de noviembre de 2009 y el 19 de septiembre de 2012, cuando
apareció de nuevo, ahora en nombre de Galopy, con la intención de recuperar los
activos, y encendió las alarmas dentro del banco, que desencadenaron el SAR
conocido ahora en los FinCEN Files.
Pero ya era
tarde. En los documentos de la corte se lee que, en enero de 2010, el banco, que
tenía los 62,7 millones de dólares de garantía, acordó remitirla con los
interventores de U21, sin seis millones de dólares de comisión que se había
acordado con Botella Carretero.
Fernández
Barrueco asegura, sin embargo, que no todo el dinero habría llegado a U21: dice que el dinero se los repartieron entre los interventores y los ejecutivos del banco. Según
los alegatos presentados ante la corte por Galopy, se había acordado que, si la
transacción era abandonada, como ocurrió, el banco les devolvería la garantía y
no cobraría su cuota. “La falla del Deutsche es que pagó
mal, no es que el DB me robó directamente, el DB participó en el robo que me
hicieron. El DB debió proteger ese dinero, que sabían que no era ni de U21, ni
de ellos, sino de un tercero: de la empresa Galopy”, insiste Fernández
Barrueco.
Aunque en la
decisión de la corte se lee que Botella habló en nombre de U21 e incluso el SAR
señala que dijo que, para 2009, la casa de bolsa era “parte” del grupo que
representaba, Fernández Barrueco asegura que esta “jamás” estuvo dentro del
patrimonio de su grupo empresarial: “Pertenecía al Banco Canarias, por el que mi grupo
empresarial había presentado una propuesta de compra, pero fue rechazada por la
Superintendencia de Bancos”.
Cambio de planes
El 3 de octubre
de 2012, tres días después de que a Botella Carretero le dijeran que no
discutirían información confidencial con terceros tras el correo sospechoso
enviado desde Gmail, el español se dirigió nuevamente al banco y asumió la
posición de que la garantía del Bond Forward Transaction (BFT) —la operación con
la que “el grupo” mejoraría los balances de cuenta de U21 para conseguir la
aprobación de la adquisición del Consorcio Credican— era de Galopy y buscó
"orientación sobre cómo abordar este problema".
En la mencionada
decisión de la corte estadounidense se lee que, antes de los hechos de 2012 que
ahora son detallados en el SAR, el Deutsche Bank nunca antes había escuchado
hablar de Galopy. De hecho, Galopy reconoce, en este proceso en Nueva York, que
no tenía cuentas en el banco, a diferencia de U21, en cuyo nombre hablaba
Botella con los empleados del banco con los que estructuró el BFT, y otras
empresas afiliadas y subsidiarias del grupo de Fernández Barrueco, así como sus
consultores, Activos Corporativos AG.
De allí que
cuando no fue Botella, sino la firma de abogados españoles que contrató Galopy,
la que empezó a enviar los correos al Deutsche Bank, en junio de 2013, esta
recibió una respuesta similar: “Hasta la fecha, no hemos podido localizar un
registro de una relación comercial entre Deutsche Bank y Galopy. De hecho, los
valores enumerados en su carta no estaban en manos de Galopy ni en su nombre.
Debido a que Deutsche Bank no puede discutir información confidencial con
terceros, no puede brindarle más detalles en este momento. Si su cliente tiene
información que contradice lo anterior, proporciónela a Deutsche Bank lo antes
posible”.
Tras varios
intentos infructuosos de negociación, fue que Galopy decidió llevar el asunto a
la Corte Suprema de Nueva York. El 23 de febrero de 2015, con Fernández Barrueco
ya fuera de los calabozos y con Botella Carretero al frente, presentó una
denuncia.
“La teoría de
Galopy, esencialmente, era que la toma de control de U21 por parte del gobierno
venezolano y la incautación de la garantía de BFT fue fraudulenta y que Deutsche
Bank debería ser considerado responsable por ayudar en ese fraude”, se sintetiza
en la decisión relacionada con la primera de dos acciones infructuosas que
intentó Galopy en la corte de Nueva York.

Galopy decidió llevar el caso a la Corte Suprema de Nueva York en febrero de 2015, con Fernández Barrueco ya fuera de los calabozos. Foto: Timothy Clary / AFP.
En abril de 2015,
el DB desestimó la denuncia de Galopy, algo que la corte negó dada la extensa
implicación de empleados del DB en Nueva York. Galopy sostuvo como eje de sus
afirmaciones un supuesto contrato oral que Botella Carretero alcanzó con unos
empleados del Deutsche Bank.
Mediante decisión
y orden de fecha 18 de agosto de 2016, el tribunal desestimó todas las
reclamaciones de Galopy excepto su causa de acción basada en el incumplimiento
del supuesto acuerdo verbal que establecía el rol de Galopy en la transacción.
Pero poco después, la División de Apelaciones modificó la determinación del
tribunal y desestimó la que había sido la única causa de acción restante de
Galopy, la del contrato oral.
Galopy insistió
y, en agosto de 2017, se movió para "complementar [su] moción pendiente" y
plantear un nuevo argumento legal sobre por qué su acuerdo era ejecutable y no
debía ser excluido por el estatuto de fraude, como se argumentó para rechazar su
acción. La División de Apelaciones denegó las mociones de Galopy. El 15 de
febrero de 2018, el Tribunal de Apelaciones denegó la solicitud de licencia de
Galopy.
Galopy había
perdido, dijo la corte, que insistió en que no había posibilidad de apelar.
Pero, entonces, intentó una nueva acción, con supuestas nuevas evidencias que
las cortes de apelaciones no encontraron dignas de consideración. “En su queja
original en la acción previa, Galopy alegó muchas de las mismas causas de acción
aquí alegadas. Esto no es más que un intento de darle otro mordisco a la manzana
después de que el primero no tuvo éxito”, se lee en la segunda decisión, del 22
de enero de 2019, en la que se ordena que se conceda la moción de los acusados
(empleados del Deutsche Bank) para desestimar la denuncia y se ordena al
secretario que emita sentencia desestimando la denuncia de Galopy con
prejuicio.

Galopy intentó una nueva acción en la Corte del condado de Nueva York, en los Estados Unidos, que tampoco tuvo éxito, según se desprende de la decisión del 22 de enero de 2019.
“Estuve ocho años
en un proceso legal que me impidió estar en condiciones de ejercer hábilmente
cualquier acción, esperaba lograr la devolución del dinero que es parte de mi
patrimonio, eso lo haría cualquier persona sensata que trabaja y produce, estimo
que es lo correcto (...) Esos activos nunca fueron de U21, eran de los ahorros
invertidos en títulos valores de la República, en consecuencia, pretender
recuperar nuestros activos, de mis empresas, es hacer lo correcto, no es ninguna
contravención”, acotó Fernández Barrueco.
Su versión es que
la corte “nunca fue al fondo”, ni admitió la causa, por un tema de caducidad o
extemporaneidad.
'Annus horribilis'
Los 62,7 millones
de dólares de la operación con el Deutsche Bank no constituyeron la única
pérdida de Fernández Barrueco. Entre la diversificación de sus empresas,
Fernández Barrueco buscó adentrarse en el mundo de las telecomunicaciones,
mediante la compra de la empresa de telefonía celular Digitel a Oswaldo
Cisneros, por el equivalente en bolívares a unos 700 millones de dólares en ese
momento.
Fernández
Barrueco asegura haber pagado 25% de ese monto antes del fatídico 20 de
noviembre, cuando lo detuvieron y el acuerdo fue disuelto. Correspondía,
entonces, una devolución del monto adelantado, que según Fernández Barrueco
tampoco recibió. Lo cataloga como “otro robo”, aunque dice que no puede dar
mayores detalles por ser parte de una investigación federal en
curso.
Y también perdió
otra cantidad imprecisa de dinero, que buscó resguardar con sus conexiones en
Argentina, antes de ser detenido, a través de Frank Holder, un ex agente de la
Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos devenido consultor
en seguridad. Holder habría entregado en custodia el dinero de Fernández
Barrueco a quien fuera su socio, el acaudalado empresario argentino Matías
Garfunkel Madanes, quien luego habría sido evasivo al momento en que se le
solicitó la devolución del mismo.
Versiones de
fuentes consultadas en Argentina sostienen que el dinero de Fernández Barrueco
en las cuentas de Matías Garfunkel pudo haber sido usado como avales para la
fallida operación de compra de las acciones de Telecom Italia en Telecom
Argentina, en 2010.
Fernández
Barrueco, por su parte, argumenta estar bajo “contratos de confidencialidad” al
ser interrogado por detalles de esta supuesta triangulación de su dinero, pero
agrega: “Estuve preso injustamente desde 20 de noviembre del 2009. No supe nada
de la compra de esas empresas, no tengo conocimiento”. Y aunque también niega
conocer a Garfunkel Madanes, reconoce un nexo con Holder: “Era un ejecutivo de
FTI Consulting quien atendió temas de cumplimiento del grupo, mi confianza fue
corporativa y fue a FTI Consulting (a) quien contraté y me prestaba servicios en
varios países”.
Estos nexos,
además, están en papeles de la División de Corporaciones del estado de la
Florida, en Estados Unidos. En abril de 2013, poco después de que dictaran
medida cautelar sustitutiva de libertad para Fernández Barruco, Holder fue
incorporado como director de la empresa Jade 1008 Corp, junto con la esposa de
Fernández Barrueco, Daniela Stoppa. Pocos meses después, en julio, Holder
renunció a dicho cargo, pero se mantuvo como agente registrador de la misma
hasta el 16 de mayo de 2019.
“La empresa Jade
1008 Corp era la dueña de un inmueble en Estados Unidos. El señor Holder apoyaba
al mantenimiento de algunas cosas que le encomendaba a FTI Consulting”, explica
Fernández Barrueco sobre este particular.
A la intervención
de los bancos y la detención de Fernández Barrueco siguió, además, la
incautación de bienes y ocupación de las empresas y plantas de producción que
tenía en Venezuela. “Me han arruinado, me han robado por todos lados”, lamenta
él, quien asegura que 90% de su patrimonio estaba en Venezuela. El resto lo tenía entre Panamá, Estados Unidos, México y Ecuador.
Pero, aún con
esto, Fernández Barrrueco no lo habría perdido todo.
Reconstrucción en Panamá
Fernández
Barrueco fue acusado de apropiación de recursos de los ahorristas, apropiación
indebida de créditos y asociación para delinquir. “Me acusan de banquero, que
nunca lo fui (...) me imputan los delitos que eran imputables a los
administradores”, insiste él.
Se ha dicho que
Chávez lo apartó porque estaba adquiriendo mucho poder. Pero él cree que pudo
haber sido por motivos ideológicos. Fernández Barrueco se define como de derecha
y conservador.
“Cuando yo vi que
íbamos para el socialismo (...) manifesté que debía haber menos intervención, así
como el enfoque ideológico en el plan alimentario, y al final tuve la razón. Hoy
Venezuela no estaría sufriendo esta crisis alimentaria. Toda la inversión era en
bolívares y la producción también, mi grupo tenía excedente de producción que se
exportaba, en muchas reuniones lo esbocé, lo expliqué y creo que eso para muchos
fue una conspiración (…), me tildaron (de) enemigo y peligro para el sistema”,
detalla.
De sus cuatro
años en los calabozos de la DGCIM ofrece pocos detalles, pero cuenta que en el
ínterin debió ser trasladado al Hospital Militar, donde casi pierde una pierna
por diabetes. “Ninguna reclusión es buena para nadie, fue muy duro”, se limita a
decir.
El 25 de marzo de
2013, durante los primeros días al mando de Nicolás Maduro tras el anuncio de la
muerte de Hugo Chávez, Ricardo Fernández Barrueco salió de la DGCIM bajo régimen
de presentación y con prohibición de salida del país. El 30 de julio de 2014,
tras una decisión del Juzgado 28 de Primera Instancia en funciones del Juicio,
se decretó el sobreseimiento de su causa. Se le exoneró de responsabilidad al verificarse que la Sudeban no había aprobado oficialmente la compra de ninguna de las cuatro
instituciones bancarias, y le levantaron la prohibición de salir del país. Por fin, en agosto de 2017, la instancia superior, con sentencia
definitivamente firme, ratificó el sobreseimiento de la
causa.
En el último
semestre de 2014, asegura, se fue del país, aunque volvió en 2015 en varias
oportunidades. “No regresé (a Venezuela) para dedicarme a reconstruir desde
Panamá mis empresas”, dice. “Antes teníamos fábricas, teníamos marcas, teníamos
mil cosas, éramos infinitamente más grandes. Ahora somos una pequeña empresa
pesquera, somos 20% de lo que éramos antes, como grupo. Estamos muy reducidos
y muy afectados, hay bancos que no quieren trabajar con nosotros, la gente que
no nos conoce, no quiere ni vernos”.
El Registro de
Panamá revela que, entre el 3 y el 28 de septiembre de 2015, se le otorgaron
poderes generales en seis empresas de ese país: cuatro armadoras de buques —de
las cuales dos no tendrían operaciones actualmente, según su relato—; una
empresa que maneja la operación de gestión comercial de la operación de la
captura de atún y otra empresa, cuya actividad no especificó, pero que tampoco
tendría operación comercial, y en la que, a diferencia de las demás, no solo es
apoderado legal, sino también accionista.
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Dos de estas
empresas fueron registradas en los meses previos a su detención, en 2009; otra,
pocos meses después de su detención; y las demás fueron registradas entre abril
de 2013, luego de que se librara su boleta de excarcelación, y julio de 2014,
cuando se decretó el sobreseimiento de su causa.
“Poco a poco he
venido tratando de incorporarme al mundo empresarial, lo que durante muchos años
he hecho: trabajar. Además tratando de levantar parte de mis activos y mi
empresa desde Panamá, no ha sido fácil, pero sigo dando lo mejor”,
dice.
Aunque fue
contactado en dos oportunidades para este trabajo, Botella Carretero no contestó
a un cuestionario sobre las gestiones que hizo ante el Deutsche Bank y que
motivaron el SAR. El Deutsche Bank tampoco respondió a solicitudes de
comentarios enviadas por el ICIJ sobre todos los casos en los que aparecen
involucrados en la filtración.
La actividad
actual de Botella Carretero se concentra en España, con dos empresas:
Valestorian SL, una consultora, y Comercializadora Hallaca, que tiene por objeto
social una actividad que, como parte del grupo de Fernández Barrueco, no le es
ajena: elaborar y comercializar alimentos al menor y al mayor, así como
productos alimenticios con representación de marcas, además de servicios de
logística de alimentos.
Además de tener
al español como socio, ambas empresas tienen en común una dirección en el número
18 de la calle Mayor de Madrid, donde Hallaca estuvo domiciliada, hasta marzo de
2017, y Valestorian está domiciliada actualmente. Es la misma dirección de
Botella Carretero que se refleja en el SAR del Deutsche Bank, y es, también, la
dirección de la empresa Espalística, que en 2014 compró el diario El Universal,
de Caracas, con lo que la línea editorial se volvió totalmente afín al gobierno.
Fernández Barrueco se desentiende de tener vínculos con Espalística y su
negocio. “Esa oficina era de un consultor que trabajaba en México (...) ahí
tenían varias firmas. Fui una sola vez allí”, agrega.
En un perfil de
la red social LinkedIn, Daniela Stoppa, la esposa de Fernández Barrueco, figura como directora de Valestorian, la
empresa con la que comparte dirección.
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“Botella puso a
Daniela porque era empleado mío, pero ella no tiene que ver con eso, más bien
nunca supo que la había puesto Pablo ahí. Nunca hemos vivido de esa compañía
(Valestorian), ni hemos tenido ningún negocio ahí”, explica Fernández
Barrueco.
Y no sería la
única compañía en España en la que han coincidido Botella Carretero y Stoppa. El
banquero español también estuvo vinculado hasta el 10 de abril de 2014 con
Fedaca Ibero SL. cuya propietaria es Stoppa.