La mala hora de los "corredores de bolsa"

A punto de cumplirse 600 días desde que algunos de los directivos de Econoinvest y de otras casas de bolsa cayeran en prisión, perduran muchos enigmas en torno a por qué el gobierno que promovió el llamado mercado de permuta optó en mayo de 2010 por sacarle la alfombra a quienes hacían negocios con las reglas de juego que el mismo gobierno impuso. Una reportera de economía hace una minuciosa reconstrucción de la sucesión de hechos que condujeron a la destrucción pública de la reputación de los astros del mercado bursátil venezolano, a su próximo juicio, y a una convivencia tras las rejas de los ejecutivos de bolsa con un guerrillero de las Farc, los traficantes de cabillas y el disminuido empresario Ricardo Fernández Barrueco.
La madrileña universidad de Alcalá de
Henares tiene a cuatro presos venezolanos entre sus estudiantes a distancia. Son
directivos de Econoinvest, encarcelados durante ya más de un año y medio, que se
aíslan así, aunque solo por momentos, de la parábola que los condujo desde las
oficinas de la casa de bolsa más grande de Venezuela a los calabozos de la
policía militar. Cursan el postgrado de "Cultura y Sociedad China" y poco saben
los profesores que el cuarteto de estudiantes venezolanos envía la tarea desde
el sótano de la División General de Inteligencia Militar (DIM), un brazo de
investigación de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), en Caracas.
Lo hacen de siete a nueve de la noche, el único horario en que les permiten usar
computadoras y conectarse a Internet.
Junto a ellos se alojan, en sus respectivas
celdas, hasta 11 ejecutivos detenidos en el curso de una investigación contra
más de 50 casas de bolsa que comenzó a mediados de 2010. Antes de ellos habían
llegado los exbanqueros enjuiciados por la crisis financiera venezolana de
finales de 2009, incluyendo a Ricardo Fernández Barrueco, por muchos conocido
como el Zar de Mercal o el Rey de la Arepa, un personaje de suerte
tan escasa como fugaz en el mundo financiero. Los huéspedes más recientes son
funcionarios de la administración del presidente Hugo Chávez, acusados de vender
ilegalmente cabillas producidas por empresas del Estado. Entre este grupo de
prisioneros especiales también hay extranjeros a la espera de procesos de
extradición. En los últimos meses comparten sótano con un hombre conocido con el
alias de El Cantante, supuesto
miembro del grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(Farc), que permaneció 28 años en la selva y ahora aguarda por su traslado a
Colombia.
El grupo sube al menos una vez por semana a
ver el sol en una terraza y aprovecha para hacer ejercicios al aire libre
durante dos horas. Después regresa a un área iluminada con lámparas
fluorescentes, en la que conversan durante horas, leen, escriben y, en lo que
respecta a los cuatro presos del posgrado, asociados en su destino carcelario
como lo estuvieron en la gestión empresarial, se dan una mano con las
asignaciones académicas. "Creo que así no han sentido el peso de las rejas",
comenta Nathalie, hermana del presidente de Econoinvest, Herman Sifontes.
Por lo demás, todavía tienen edad para estudiar. Sifontes, con sus 48 años,
es el mayor de todos. El resto hace solo uno o dos años que cumplió los 40. Su
aparente precocidad en el éxito empresarial ilustra, al menos en parte, la era
de oro que el sector bursátil venezolano experimentó desde 2004. Solo
Econoinvest llegó a manejar un portafolio de inversión superior a 1,2 millardos
de bolívares fuertes en 2009 (alrededor de 275 millones de dólares, a la tasa de
cambio oficial), según los balances de la empresa. La ironía de esta historia de
auge y caída que viven los confinados en el sótano de la DIM es que el gran
promotor de la prosperidad de la que gozaron, es el mismísimo catalizador de su
desgracia actual: el gobierno de Hugo Chávez Frías.
La tarde de Econoinvest
La Fiscalía General de la República, a
solicitud del Gobierno, abrió investigaciones contra casi 50 casas de bolsa en
menos de 12 meses. A la par de esta purga, emprendió un juicio contra 11
directivos de cuatro de ellas. Todos fueron cayendo prisioneros durante la
segunda quincena de mayo de 2010, en medio del frenesí desatado por 18
operativos de detención realizados por el Ministerio Público, a veces con sigilo
y otras con despliegue mediático, pero siempre en compañía de los funcionarios
de chaquetas negras del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (Cicpc).
A Sifontes y sus socios les tocó su turno el
24 de mayo a la una de la tarde. Herman Sifontes y Ernesto Rangel almorzaban en
un restaurant de la urbanización Las Mercedes cuando dos fiscales, 14
detectives, 8 inspectores y un inspector jefe de la Policía Científica
venezolana allanaron sus oficinas del Edificio Mene Grande de la avenida
Francisco de Miranda, en Caracas.
Juan Carlos Carvallo, Gabriel y Miguel Osío,
otros directores de Econoinvest, almorzaban en Los Palos Grandes, a una cuadra
de la oficina, con el representante de un banco internacional, según el relato
que hace Gabriel Osío, quien ahora vive en Miami. "Juan Carlos y Miguel viajaban
a Panamá ese día, pero cuando nos avisan, yo les pedí que no lo hicieran. Era
mejor que ellos atendieran a las autoridades, porque uno dominaba el área legal
y el otro la operativa", apunta Osío, a más de un año después de aquella tarde.
Su hermano Miguel le pidió que regresara a
casa porque todavía estaba muy débil por una fiebre de dengue. A las siete de la
noche Gabriel lo llamó y le informó que el operativo iba “normal”. Las
autoridades permanecieron toda la tarde solicitando documentos y los directores
esperaban únicamente que levantaran un acta del operativo. "Pero a las ocho de
la noche llegó un fiscal y les dijo que los iban a detener". Ninguno de los
cuatro directores regresó desde ese día a su casa.
Econoinvest era la cara más visible del
sofisticado mundo de las empresas bursátiles. Fue la casa de bolsa más grande.
En 2009 concentraba 29% del total de los activos del sector, según los registros
de la Asociación de Casas de Bolsa. La segunda en el ranking, BOD Valores, le
seguía con 6% del mercado. "Era además la favorita del Gobierno y de Pdvsa",
apuntó el economista Asdrúbal Oliveros, director de la firma consultora
Ecoanalítica. Sustenta el argumento al recordar que fue esta casa de bolsa la
que contrató la empresa estatal petrolera para la operación de deuda privada más
grande que se había hecho en América Latina: la emisión en 2007 de 7.500
millones de dólares en bonos.
Herman Sifontes, el presidente de
Econoinvest, presentó ante el juez los comerciales de televisión que se hicieron
para la histórica colocación de la petrolera estatal, y relató cada una de las
operaciones posteriores. Lo hizo en la primera y hasta ahora única audiencia en
la que ha podido responder a las acusaciones. La cita frente al juez tuvo lugar
el 16 de enero de 2011, ocho meses después de la detención. "Nos contrató Pdvsa
por el éxito que tuvimos al captar a cientos de pequeños inversionistas en la
emisión de la empresa privada Electricidad de Caracas. Luego nos llamó el
ministerio de Transporte y Comunicaciones y también trabajamos con el Banco de
Desarrollo Social, Bandes, en 2009. No actuamos a espaldas del Estado y, al
contrario, nos dejaron trabajar", apuntó el empresario, tal como lo registra un
video grabado por la corte. "Soy completamente inocente", dijo al final de su
testimonio.
El encarcelamiento de los directivos de
Econoinvest fue una clara señal para el mercado de casas de bolsa, considera
Boris Segura, jefe de análisis sobre Latinoamérica de la firma japonesa Nomura.
A su juicio, se intentó mostrar que nadie era intocable para el gobierno de Hugo
Chávez, que para entonces ya había nacionalizado una buena cantidad de empresas
grandes y claves de la economía venezolana. "Fue una forma draconiana de detener
la fuga de capitales en Venezuela", comentó en una entrevista telefónica hecha
desde Nueva York para la agencia de noticias Bloomberg.
El analista de Nomura advierte que la falta
de regulación y reglas claras en el mercado paralelo de divisas venezolano le
facilitaron al Gobierno el trabajo de darlo por clausurado. "Imagino que había
algunos actores de ese mercado que no hicieron las cosas bien, pero en vez de
perseguirlos solo a ellos, decidieron ir contra todas las casas de bolsa,
incluyendo aquellas que habían mostrado públicamente y frente a las autoridades
que actuaban de manera correcta", afirma. "Claro que me he preguntado mil veces
por qué nos mandaron a la cárcel y cerraron la casa de bolsa", comenta Gabriel
Osío a través de videoconferencia. "Yo todavía no le consigo explicación a lo
que pasó. A veces me pregunto si fue que nos negamos a hacer algún trabajo y por
eso nos trataron así. Pero todavía no encuentro cuál fue", responde. Vive en
Estados Unidos desde que salió del país al día siguiente del allanamiento y
tramita un asilo político. Se ha encargado desde entonces de llevar la defensa
de los directores y los empleados de Econoinvest, así como de administrar los
recursos que tenían en el exterior. Los socios habían invertido en una casa de
bolsa en Panamá (aparece en los registros de ese país como Econoinvest Capital
C.A.) que opera de manera independiente. "Mi hermano me pidió que me mantuviera
fuera de esto. Soy ahora la cabeza de la familia".
La voz de alto
La verdad es que no fue esa tarde cuando el
negocio de Econoinvest se paralizó. Como la mayoría de sus competidores, la
empresa detuvo las operaciones con bonos desde una semana antes. Para ello no
había hecho falta la intervención policial. El 18 de mayo de 2010, el ministro
de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, anunció en rueda de prensa la
suspensión de cualquier transacción con títulos valores del Estado venezolano, y
el comienzo de una investigación a las casas de bolsa, después de acusarlas ese
día, y por primera vez, de "especuladoras". La declaración atravesó una estaca
en las ruedas de un negocio hasta entonces legal.
No exageraba quien ocho años antes dijese
que las casas de bolsa estaban a punto de desaparecer. Pero el jueves 6 de
febrero de 2003, tras implantar un régimen severo de control de cambio que la
recién finalizada huelga petrolera justificó, el Gobierno invitó a las casas de
bolsa a comprar y vender bonos para que empresas y personas pudieran obtener
dólares sin someterse al régimen de cupos y permisos oficiales. Comenzó así un
mercado de bonos alternativo, con intenciones más cambiarias que de inversión,
llamado “de permuta”, que permitió a los operadores de bolsa ganar mucho más que
un segundo aire; de hecho, el sector de las casas de bolsa llegaría a acumular
activos superiores a 10 millardos de bolívares (unos 2,3 millardos de dólares)
al cierre de 2009, según registros de la Asociación de Casas de Bolsa (la cifra
equivale a los activos del octavo banco en el ranking nacional actual).
Un miembro de la Asociación de Casas de
Bolsa, Eduardo Fortuny, asegura que en 2002, "el mercado de capitales había
muerto”. La autopsia diría que fue por falta de grandes clientes, ya que en el
país no avanzó el marco legal para la entrada de los fondos de pensiones, que en
todo el mundo son los principales compradores a largo plazo de títulos en la
bolsa. "Pero nos dieron una respiración artificial modificando en 1999 la ley de
mercado de capitales y publicando en 2001 una resolución que, en concreto, era
una licencia para captar y colocar dinero a corto plazo", explica el corredor.
Se refiere al mecanismo de los mutuos, unos títulos que permitieron a las casas
de bolsa competir con la banca en condiciones de ventaja, y que se desarrolló a
la sombra del mercado alternativo de bonos denominados en dólares, otra de las
especialidades del particular mercado bursátil venezolano. "Como actor del
mercado de capitales estabas muerto. Pero hicimos algo distinto. Eso que en
otros países se parece más a un banco de inversión", señala Fortuny.
Nelson Ortiz, expresidente de la Bolsa de
Valores de Caracas recuerda que, producto de las secuelas de la crisis
financiera que sufrió Venezuela en 1994 y 1995, las casas de bolsa habían
quedado "desmanteladas" para el año 2002. "Existía incluso la idea de liquidar
la Bolsa", recuerda. Pero admite que el control de cambio salvó y multiplicó a
los operadores. En la fotografía que se tomó justo antes que el ministro
Giordani apareciera en televisión, en Venezuela operaban 109 casas de bolsa, 42%
más que cinco años atrás. "El mercado cambiario les dio flujo de caja", afirma
Ortiz. El valor de un puesto en Bolsa saltó de 15 mil dólares en el año 2001 a
700 mil dólares en 2007, según recuerda el expresidente. Ese fue el último año
que estuvo al frente del corro. "Supe de la venta de casas de bolsa por un
millón de dólares en 2008, y esas eran empresas que en 2001 tenían un valor en
libro que no superaba los 100 mil dólares", compara.
En medio de esa fiesta, Ortiz recuerda dos
particulares encuentros con el presidente Hugo Chávez. En el año 2005, el
mandatario viajó a España y lo invitó a un almuerzo en el Palacio del Prado con
el rey Juan Carlos. También asistieron Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas
Polar, Alberto Cudemus, exdirector de Fedecámaras y empresario de la industria
cárnica, además de Ortiz. "Apenas comenzó la reunión, Chávez me pidió hablar del
auge de la bolsa. En otra reunión, meses más tarde en el Palacio de Miraflores,
en ocasión de una visita del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,
Chávez me pidió de nuevo explicar el éxito del mercado financiero. Era claro que
el Presidente utilizaba ese ejemplo para dar confianza a los inversionistas
extranjeros", revela. La misma prosperidad empresarial que Chávez celebraba ante
mandatarios amigos, fue condenada a presidio poco más tarde, en cadena de
televisión.
El ministerio de Finanzas desmanteló en
cuatro meses el negocio de oro de las casas de bolsa. Jorge Giordani prohibió a
finales de enero de 2010 la figura de los mutuos, y en mayo anunció que el
mercado de bonos públicos, tal como se conocía, quedaba suspendido. De
reanudarse más adelante, lo haría bajo el control del Banco Central de Venezuela
(BCV). “El administrador va a ser el BCV, con la exclusión absoluta y total, lo
quiero reafirmar, de las casas de bolsa y de los sistemas de corretaje", remató.
Así que el anuncio del ministro les congeló, de repente, el aliento.
La acusación
Giordani –a la vez que superministro, una
suerte de mentor intelectual del presidente Chávez- fue parte del gabinete
ministerial que administró el control de cambio y convivió por años con las
transacciones con bonos. Ahora, sin embargo, mostraba toda su furia frente a lo
que consideraba un disparate. Estaba molesto porque la tasa de cambio paralela,
que resultaba de las operaciones de compra y venta de bonos de la República de
Venezuela en ese mercado, había subido entre enero y mayo de 2010 a 8,2
bolívares; muy por encima de la tasa oficial de 4,3 bolívares que rige en las
operaciones bajo el control de cambio, sujetas a severas trabas burocráticas y a
rígidos cupos anuales. En Miraflores, el ministro responsabilizó a las casas de
bolsa de subir "artificialmente" el precio del dólar paralelo en transacciones
que, a su entender, eran sospechosas. El ministro asomó incluso sus dudas sobre
posibles casos de blanqueo en las instituciones financieras. "Creo que hay mucho
lavado de dinero en estas operaciones", apuntó.
Chávez, en cadenas de radio y televisión,
también involucró a Sifontes y sus socios en la supuesta falsificación de
cédulas de identidad para comprar bonos de la República y obtener con ellos
dólares. En repetidas apariciones entre mayo y agosto de 2010 llamó a esa casa
de bolsa "un nido de mafiosos". Comentó que eran evidencia de la "podredumbre
del capitalismo" e incluso en una alocución todavía reciente del 14 de noviembre
de 2011, criticó a los precandidatos presidenciales que cuestionan el juicio
contra Econoinvest. "Dicen que eran una nave insignia, lo mejor de lo mejor, que
tomé una medida arbitraria contra ellos. Pues están defendiendo a unos
corruptos".
El 12 de mayo de 2010, una semana antes de
que Giordani congelara el mercado, el funcionario regulador del mercado de
valores, Tomás Sánchez, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) ya
había denunciado a tres casas de bolsa ante la Fiscalía General, por idénticas
sospechas. En el escrito que presentó ante el Ministerio Público, Sánchez señaló
que había investigado las operaciones de las casas de bolsa y había decidido
denunciar a tres de ellas, Italbursátil, Banvalor y Positiva, pues habrían
efectuado "operaciones con divisas sin que mediaran los títulos valores que
respaldan dichas operaciones". La acusación no aportaba pruebas, pero era la luz
verde que necesitaba la Fiscalía para comenzar a investigar, por expresa
decisión del ministerio que dirige Giordani, a todo el sector de las casas de
bolsa.
"Yo llegué en diciembre a la Comisión
Nacional de Valores e inmediatamente empecé a revisar", afirmó Tomás Sánchez, de
42 años, en una entrevista realizada los primeros días de junio de 2010. "Estas
empresas estaban haciendo operaciones de compra y venta de títulos valores para
las que tenían autorización, pero estaban casadas con un precio (del dólar)
arbitrario, especulativo”, dijo.
A la postre, sería el juez Robinson
Vásquez, titular del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal de Caracas, el
encargado de adoptar la primera decisión del caso. Tras 11 meses de litigio,
encontró indicios suficientes para que los 11 directivos de casas de bolsa
fueran sometidos a juicio.
En la sentencia de Vásquez, sin embargo, el
caso tomó otro rumbo. En su escrito, el juez presume que los operadores de casas
de bolsa cometieron un delito cambiario. A los presos se les señala de violar la
Ley de Ilícitos Cambiarios, que se creó para regular el régimen de control
vigente desde 2003. La transgresión habría estado en el propósito de hacer
operaciones con títulos valores para que los clientes lograran obtener dólares
sin pasar por la administración central, y por ello, según reza la sentencia,
deben ir a juicio oral, público y definitivo. Ya no se los acusaba de simular
operaciones, de no tener títulos, o de especular, como denunció Sánchez en la
Fiscalía.
En realidad, los acusadores no presentaron
en el tribunal detalle alguno de los delitos denunciados por Giordani en 2010.
"Nada de eso está en el expediente", confirmó el abogado que defiende a los
socios de Econoinvest, Luis Valdivieso.
"La esencia o finalidad era vender, comprar,
enajenar, transferir y recibir divisas", explica el juez en la sentencia que se
incluyó en el expediente 13C-14593-10. Con esa frase queda claro el delito,
porque la Ley de Ilícitos Cambiarios, vigente desde 2005 (y reformada en 2007 y
2010), prohíbe en Venezuela comprar o vender dólares libremente.
El juez Vásquez presume que el delito fue
hacer operaciones con títulos valores para que los clientes lograran obtener
dólares sin pasar por la administración central. Con la acusación que
presentaron los fiscales, y que el juez de control tomó como válida, todas las
operaciones con bonos en dólares, ampliamente utilizadas por empresas y personas
desde el establecimiento del régimen cambiario, quedaban bajo investigación
judicial, según advirtió el abogado Valdivieso. "El juez de control dejó abierto
un caso en el que corresponde al próximo juez demostrar que en Venezuela era
ilegal hacer operaciones con títulos valores para adquirir divisas", resume
Valdivieso. Desde su perspectiva, el juez desatendió el hecho de que, hasta mayo
de 2010, cuando el Parlamento aprobó una reforma legal, la Ley de Ilícitos
Cambiarios exceptuaba explícitamente las transacciones con títulos valores, lo
que permitió desde 2005 abrir el mercado de bonos como medio legal para comprar
dólares.
Así que el debate judicial ya no estriba
en declarar culpables o inocentes a los ejecutivos de cuatro casas de bolsa. "El
asunto es que si condenan a los directores de casas de bolsa, también toda
persona que desde 2004 compró títulos valores, para presuntamente obtener
dólares, sería culpable de delito cambiario", completa Valdivieso. El juicio
redujo el caso a considerar ilegal un mercado que operó normalmente en Venezuela
desde 2004.
En explicarlo también se empeñó el propio
Herman Sifontes durante la audiencia privada del juicio. Vestía jeans y camisa
Polo blanca con mangas largas. Lucía pálido, pero no había perdido mucho peso.
Ofreció su testimonio, de pie, durante más de una hora y, para reforzarlo, se
valió de unas láminas de Power Point. "La acusación de la fiscalía está
absolutamente tergiversada, denota en muchos aspectos mala intención cuando
descontextualiza”, clamó en vano. “Todo el mundo en Venezuela sabe que
trabajamos bajo un esquema legal. Se obvia que millones de venezolanos
invirtieron en títulos valores, y se nos acusa por un ilícito cambiario. ¿Cómo
obviar lo obvio? La política cambiaria de este país la definía el Banco Central
de Venezuela, ese era el órgano rector”.
En junio de 2010, el propio Superintendente
de Valores tuvo la sospecha de que el juicio podía tomar este rumbo. "Quizás en
el marco de la investigación lo que se va a dictaminar era que las casas de
bolsa cometieron un ilícito cambiario porque hacían una compra simple de divisas
y que la estaban simulando a través de la compra y venta de títulos de deuda.
Eso lo decidirá la investigación de la fiscalía", comentó.
Sánchez, de todas formas, consideraba que
había muchas más irregularidades e insistía en que era cierta su sospecha de que
las casas de bolsa especulaban con el dólar con operaciones que, en algunos
casos, no tenían respaldo. "Estos (los directores de casas de bolsa
investigados) le dieron a la crisis financiera dos patadas. Eran, con el perdón
de la palabra, unos malandros financieros", resumió.
País empapelado
El “mercado permuta” o el mercado
alternativo de divisas era conocido desde 2004, al menos, en el marco del
régimen de control de cambio que también dio lugar a la Comisión Administradora
de Divisas (Cadivi). Pero no solo eso: era la comidilla de muchos venezolanos de
a pie, la mayoría de quienes hasta el momento se habían mantenido ajenos a las
abstracciones del mercado bursátil pero que de golpe, forzados por la necesidad
de divisas y por la campaña gubernamental que anunciaba vender hasta un mínimo
de 1.000 dólares en bonos, optaron por participar en un entramado que incluso a
un especialista, Power Point mediante, le costaba explicar. Se calculó que
durante siete años, cerca de un millón 700 mil ciudadanos tomaron parte en el
mercado de bonos en dólares, al pagar estos papeles en bolívares a una casa de
bolsa, que luego los vendía en el mercado internacional.
Los reportes anuales de la Comisión Nacional
de Valores indican que ya al cierre de 2006 estaban registrados 203.270
tenedores de títulos valores en la Caja Venezolana de Valores. Cuatro años
después el número aumentó a 282.178 subcuentas, de las cuales 96% pertenecen a
personas naturales. El ritmo de 25 mil inversionistas por año, vale decir,
personas que decidían invertir en bonos de la deuda venezolana, no se detuvo
desde entonces hasta el año 2010 y en las memorias oficiales se consideró
aquello un logro. Decían que se cumplía el objetivo de "democratizar el
capital".
El empeño del Gobierno en mantener esta
política financiera se hizo evidente el 13 de abril de 2005 –tercer aniversario
de una fecha mítica para el oficialismo, pues se rememora la restitución del
presidente Chávez tras el golpe que lo desalojó 47 horas del poder- . En el
último minuto, la Asamblea Nacional, en la que legislaba con amplia mayoría el
partido de Chávez, retrasó el ejecútese de la Ley de Ilícitos Cambiarios y la
sacó sorpresivamente de la agenda. "Llegamos a un acuerdo con el Ministerio de
Finanzas", dijo el diputado oficialista Elvis Amoroso en una entrevista
publicada entonces por el diario El
Nacional. "Si el proyecto se hubiese aprobado, no se habrían podido realizar
las operaciones de deuda que anunció el ministerio", dijo Amoroso a la prensa
local. De allí que Nelson Merentes, el titular de la cartera de Finanzas por
esos días, pidiera una solución. Amoroso prometió corregir el proyecto y explicó
el objetivo del cambio: "lo que se busca es fortalecer la inversión extranjera
en el país, así que decidimos dejarle claro a los inversionistas que trabajar
con la República es algo seguro".
El arreglo se completó con una sola frase
adicional en el texto de la ley, finalmente aprobada el 14 de septiembre de
2005. En el artículo 9, que definía lo que era un ilícito cambiario, estaba la
clave. Allí quedaba claro que cualquier venta y compra de divisas sin
intervención del Banco Central de Venezuela era delito. Pero el artículo tenía
una última oración, una especie de sobrecierre, después de un punto y aparte:
"Se exceptúan las operaciones en títulos valores". Además, en la definición de
aquello que la ley considera divisa, en su artículo 2, mientras se incluían los
dólares en efectivo y los cheques en esa moneda, no se incluía a los títulos
valores.
"Yo estuve en la comisión de finanzas con
Elvis Amoroso, Calixto Ortega y otros tres diputados para discutir la mejor
manera de establecer un mecanismo que permitiera salir de la rigidez del control
de cambio", reveló Herman Sifontes ante el juez Vásquez en la audiencia de enero
de 2011. "Allí estaba también el director del BCV, Armando León, y el secretario
del ente emisor, aunque no recuerdo su nombre. La economía no podía crecer,
estaba estancada, y se ajustó la ley de ilícitos cambiarios con esa frase que
exceptuaba las operaciones con títulos valores. ¿Alguien se ha preguntado por
qué la economía venezolana no crece ahora, después de 23 trimestres
ininterrumpidos de crecimiento?", sembró Sifontes la duda.
Amoroso admitió en la entrevista de 2005 que
el eje central de la corrección que hizo el Parlamento fue para que el gobierno
pudiera continuar ofreciendo bonos denominados en dólares, que inversionistas y
empresarios transformaban después en dólares en efectivo. Analistas consultados
en esos días consideraban positivo ese cambio y todos mencionaban sin cortapisas
lo útil de la reforma legal para mantener bajo el precio del dólar paralelo. La
paridad implícita en las operaciones con bonos era entonces de 5.600 bolívares
por dólar (5,6 bolívares fuertes de hoy). "Cuando esa excepción se incluyó en la
ley, los diputados y el Gobierno sabían que esa norma era indispensable para
seguir emitiendo bonos de deuda en dólares en el mercado local y así oxigenar el
sistema en medio del control de cambio. Todos sabían que los inversionistas
cambiaban los bonos por dólares, y que sin esa frase, las emisiones se caerían",
afirmó el abogado y exdiputado Leonardo Palacios, que llegó al parlamento con el
partido opositor Primero Justicia.
El juez Vásquez se sorprendería al conocer
lo claro que tenían los diputados de la Comisión de Finanzas el mecanismo de las
emisiones de bonos en dólares que se vendían en el mercado interno. Documentos
archivados por la Asamblea Nacional, en las oficinas de la Comisión de Finanzas,
demuestran además cómo el Gobierno recibió utilidades por la venta de los Bonos
del Sur, títulos denominados en dólares que al venderse en el mercado local a
una paridad implícita mayor a la oficial produjeron "ganancias cambiarias o
primas". Allí consta que ese dinero lo invirtió el Gobierno en proyectos
públicos a través de créditos adicionales aprobados por el Presidente de la
República, Hugo Chávez, y los diputados de esa comisión. Por ejemplo, en el
parlamento se autorizó gastar 34 millardos de bolívares de aquella partida "de
ganancias cambiarias por el bono del Sur" en pavimentar la pista del principal
aeropuerto del país, en Maiquetía, según papeles de trabajo de diciembre de
2007.
"¿Si el Gobierno se benefició al vender
bonos a una paridad cambiaria diferente a la oficial e invirtió ese dinero en
obras públicas, es también culpable?", se pregunta incrédulo, un alto
funcionario que prefiere mantener su nombre en reserva al dar su opinión sobre
este juicio. Le parece evidente que el ministerio de Finanzas y el BCV conocían
perfectamente el funcionamiento del mercado de emisiones de bonos bolívar-dólar
y no entiende el rumbo que tomó el juicio.
La excepción vigente durante todos esos años
abrió las compuertas a un mercado en el que, todo aquel que estuviera bien
informado, comenzando por las agencias de gobierno, salía muy bien recompensado.
"Este era el único país donde todo el mundo quería que el Gobierno se
endeudara. El Ejecutivo emitía bonos no únicamente con objetivos fiscales, sino
cambiarios. Las autoridades salían a emitir para bajar el precio del dólar
permuta", afirmó Ramiro Molina, profesor de finanzas internacionales, que en un
momento determinado sirvió como asesor de casas de bolsa.
Aída Lamus se mantuvo al frente de la
Comisión Nacional de Valores (CNV) durante nueve años. Una vez fuera de su cargo
reconoce que en algunos casos las casas de bolsa se convirtieron en casas de
cambio, pero que no lo hicieron a espaldas del Estado. "Que yo sepa, las casas
de bolsa no eran una fábrica de bonos, ni tampoco de dólares. El gran emisor que
aceptaba pagos en bolívares y entregaba títulos en dólares fue el Gobierno. Aquí
nadie compraba bonos para quedarse con ellos, los vendía, y así se abrió un
mercado secundario de dólares", explicó la abogada.
Lamus renunció en 2005 al cargo de mayor
autoridad en el mercado de valores. Ya desde 2004 se mantenía crítica a la
actuación de los ministros de Finanzas. "El Gobierno fue el primero que no fue
transparente en este país al actuar como emisor de bonos. En las colocaciones de
notas estructuradas y bonos hubo bastante oscuridad. Pdvsa también fue opaca en
sus emisiones. Con información privilegiada, se hicieron ricos tirios y
troyanos. Gente ligada al ministerio y también al mercado de capitales. Hubo una
complicidad colectiva", afirmó en una entrevista desde la sala de su casa en el
este de Caracas.
Los idus de mayo
Seis años después, el 17 de mayo de 2010, un
día antes de las declaraciones del ministro Giordani, y a una semana del
allanamiento de Econoinvest, el propio diputado Elvis Amoroso levantó la mano
para aprobar una reforma de la Ley de Ilícitos Cambiarios que tachaba la famosa
coletilla que hasta entonces había servido como pivote del mercado cambiario
paralelo. De hecho, quien solicitó en 2005 permitir tal posibilidad, el
exministro y matemático Nelson Merentes, pasó a convertirse, desde la
presidencia del Banco Central, en riguroso administrador de toda transacción con
bonos, tal como lo había ordenado el ministro Giordani.
El prodigio tenía origen en una mala nueva
de índole económica, pero de hondo calado político: diez días antes, el 7 de
mayo, el Banco Central publicó la tasa de inflación mensual más alta jamás
registrada durante el gobierno de Hugo Chávez: 5,2% de aumento en los precios,
solo en el mes de abril; anualizada, representaba una tasa de 31,9%, la más alta
entre las 78 principales economías del mundo. Alguien tenía que pagar los platos
rotos, y pocas dudas quedaron sobre quién sería, cuando el propio presidente
Chávez rugió en cadena nacional de radio y televisión el 22 de mayo: "Vamos a
responder enérgicamente (…) No hay razón económica para el debilitamiento del
bolívar. Esto es un gran fraude en contra de la República".
En enero anterior, el Gobierno había tenido
que apuntalar las cuentas públicas con una medida que en mucho recordaba a una
devaluación clásica, pero que se mimetizó en un sistema dual de cambio, por el
cual la paridad preferencial de 2,6 bolívares por dólar se reservaba solo para
la compra de bienes esenciales, pero se abría otra tasa menos favorable de 4,3
bolívares por dólar para el resto de las importaciones.
Así fue como una cosa llevó a la otra. La
inflación era el reflejo de las subidas de precios de alimentos y bienes de
consumo masivo, algo que era de esperar después de una devaluación. La recesión
económica global, que causó el desplome de los precios del petróleo, dejó a la
rentista Venezuela de Chávez sin ingresos suficientes. Así que recurrió a la
solución más ortodoxa: devaluar no es otra cosa que multiplicar los bolívares
que se reciben por los mismos, o por menos, dólares. Pero la tasa de cambio
oficial no es el único marcador de los precios en Venezuela. El dólar que se
cotizaba en el mercado paralelo de bonos se usaba cada vez más como referencia
real, a medida que aumentaba el deseo de los venezolanos de deshacerse de los
devaluados bolívares. La referencia real en las operaciones de cambio fuera del
régimen oficial rondaba ya los ocho bolívares por dólar.
En el análisis que hacen algunos
economistas, el propio aparato estatal de Cadivi pudo ser el culpable de este
repunte del dólar paralelo y de la posterior crisis de la casas de bolsa. La
entrega de divisas a precio oficial se redujo a 90 millones de dólares diarios
en 2008, muy por debajo de los 140 millones de dólares diarios que se
autorizaban el año anterior. La situación empeoró al bajar el promedio a 85
millones de dólares diarios en 2009, por la caída de los precios del petróleo.
Esa decisión gubernamental aumentó el tamaño del mercado paralelo, según
advierte el economista y consultor de empresas privadas en Venezuela, Milton
Guzmán.
"Hasta el año 2008 las grandes corporaciones
no habían entrado en el permuta. Pero cuando Cadivi dejó de pagar dividendos y
excluyó a muchos de las asignaciones, se dio un punto de quiebre", coincide el
analista Asdrúbal Oliveros. Su firma calcula que en ese mercado se movilizaron
hasta 100 millones de dólares al día. "El precio del dólar se movía por la
demanda grande de las corporativas. Algunos de nuestros clientes llegaron a
transar allí 20 millones de dólares en un mes. El precio no lo movían los
pequeños inversionistas", dice. El tamaño del mercado alternativo era comparable
al oficial.
La exreguladora Aída Lamus asegura que
mientras más crecía la demanda del mercado, las emisiones de bonos que hacía el
Gobierno se volvían más insuficientes. "Si el mercado comienza a secarse de
títulos, los que hay empiezan a subir de precio, eso es lógico", apunta.
La
firma de Oliveros, Ecoanalítica, calcula que en el mercado paralelo se movieron
15 millardos de dólares solo en 2009. Las importaciones de ese año no llegaron a
30 millardos de dólares. Según la misma fuente, entre 2003 y 2010 se transaron
116,2 millardos de dólares en bonos. Ante estas cifras parece imposible que el
Gobierno no estuviera promoviendo y participando en el mercado, porque en un
país donde la principal fuente de dólares es la venta de petróleo al exterior,
no hay otra forma de explicar un flujo de capitales de esta magnitud. "Los
dólares que llegaron a ese mercado los puso el Estado", dice Oliveros.
De acuerdo con los montos registrados por la
agencia Bloomberg, el Estado emitió un total de 38,2 millardos de dólares en
bonos, que luego vendió en el mercado local entre 2004 y 2011. Las reservas
internacionales de Venezuela se ubicaban en 30 millardos de dólares. El país
vivió una fiesta de papeles que, aún así, eran insuficientes para satisfacer la
demanda. Este torbellino explica por sí solo el auge de las casas de bolsa a
contracorriente de la miniaturización que desde 2007 venía sufriendo el mercado
bursátil local, de cuya escala habla con elocuencia una imagen que aporta Aída
Lamus: "Mientras la bolsa de valores de Bogotá transa 52 millones de dólares
diarios y la de Lima 23 millones de dólares al día, en Caracas se negocian 12
mil dólares en una jornada".
En el centro del festín estaban las casas de
bolsa. "Cuando se produjo el brinco de la inflación de 5,2% en un mes, se tomó
la decisión. Si sabes quién está causando ese salto de los precios, tienes que
controlarlo. Ese día se decidió suspender el mercado permuta", dijo un
funcionario del ministerio de Finanzas que aceptó relatar los hechos bajo
condición de anonimato. Los cálculos del despacho presumían que en el mercado
paralelo se negociaban hasta 80 millones de dólares diarios. "Quizás era mucho
más. Había que ponerle el cascabel al gato, nadie sabía cómo hacerlo y lo
hicimos así", resume.
Y fue así como el presidente Chávez, en un
alarde de síntesis narrativa, proclamó con sorna en julio de 2010: “¿Para qué
necesitamos a las casas de bolsa?”.
Cierto que desde una mirada marxista –una de
las fuentes que inspira al gobierno venezolano- es fácil comparar la actividad
bursátil con la de un usurero, con quien resulta ideológicamente incongruente
convivir. La antipatía natural que Giordani le profesaba a esta rama de negocios
no caló en el discurso presidencial hasta 2010, aunque la repulsa, hasta cierto
punto visceral, que sentía el funcionario era pública ya desde la publicación de
su libro, Impresiones de lo
Cotidiano, de 2009, en cuya página 21 se lee: “tras una fachada siempre bien
protegida actúa la delincuencia de quienes, a nombre de la revolución
bolivariana, lo que han hecho es enriquecerse con los dineros del Estado”.
En el texto, Giordani bautizó a sus acusados
de "boligarcas", según él, empresarios ligados a la revolución que mostraban sin
pudor alguno el dinero acumulado durante estos años. Los calificó como "ladrones
de oficio, de cuello blanco o gris, con la camisa roja rojita".
Una impresión, por cierto, en la que
coincidió el sucesor de Giordani, Haiman El Troudi, hoy presidente del Metro de
Caracas, quien en su obra La política
económica bolivariana (PEB) expresaba preocupación porque "los circuitos
paralelos del dólar han encontrado altas provisiones de oxígeno insufladas por
la política de emisiones públicas. No hay lugar a dudas que tras de tal
inconsistencia existen intereses corruptos de algunos operadores públicos y
privados. Agentes emisores, casas de bolsa, banca pública y privada, etc. En el
festín cambiario han participado unas quinientas personas (naturales y
jurídicas), quinientas contra veintiocho millones…", para advertir entonces que
"la PEB ha de desmantelar las relaciones banca-casas de valores-casas de cambio.
De hecho, en un esquema de administración de divisas han de nacionalizarse las
casas de cambio. No hay espacio de duda, la transición al Socialismo Venezolano
del Siglo XXI demanda una profunda reconfiguración del mercado de capitales".
¿Premonición o escenario anticipado?
Lo cierto era no solo que, por cálculo,
necesidad u oportunismo, la revolución bolivariana había convivido con esa
versión de la usura, sino que en más de un modo la promovió y hasta buscó
prevenirla de males mayores cuando el ruido y la ostentación de los millones se
tornaron llamativamente inconvenientes.
Susurros desatendidos
Un antiguo asesor del ministerio de Finanzas
le aseguró al periodista venezolano Víctor Salmerón que las emisiones de bonos
bolívar-dólar eran "un jonrón con bases llenas". Lo decía porque ese mercado
alternativo de bonos parecía una buena idea para muchos: para el Gobierno, que
se aseguraba el lubricante suficiente para que los engranajes de la producción y
el consumo siguieran en marcha (sin contar con que recibía recursos rápidos por
la vía del endeudamiento público); para los agentes resultaba una forma de ganar
buen dinero en el trámite burocrático y financiero de las transacciones, y para
el público era la vía rápida de esquivar las angosturas del embudo de Cadivi.
Entre tantas congratulaciones del
ganar-ganar, solo surgieron voces de alarma en la Navidad de 2009. Un alto
funcionario del Estado y miembro del staff superior del ministerio de Finanzas,
aseguró que recibieron la orden de hacer un llamado a los dueños de casas de
bolsa. "Se les dijo que las operaciones con títulos valores estaban permitidas,
pero había que controlar el precio del dólar". Y subraya: “El objetivo en ese
momento no era acabar con el mercado permuta. Se les pidió que adecuaran el
precio, pero no lo hicieron. Creo que estiraron la cuerda al máximo".
Sí hubo contacto entre funcionarios claves
del Gobierno de Chávez y los dueños de las casas de bolsa en la antesala a la
investigación judicial. Siempre se hizo en privado, según admiten ambos
participantes en entrevistas hechas por separado. No hay documentos oficiales de
esas citas. Pero testigos reconocen que los peores escenarios para el sector no
cayeron de sorpresa, se discutieron.
"El directorio de la Asociación Venezolana
de Casas de Bolsa era el enlace con el alto gobierno. Y recuerdo haber asistido
a tres reuniones entre finales de 2009 y principios de 2010", dice Eduardo
Fortuny, miembro de la junta directiva de esa asociación. Las citas eran en el
Banco Central de Venezuela. En todas ellas el presidente del BCV, Nelson
Merentes, intentó enviar señales de alerta al mercado. Querían que reaccionaran
rápido a sus peticiones. "Hubo una primera reunión con Nelson Merentes. Nos
preguntó cómo arreglar la regulación de los mutuos a raíz del caso U21", dice el
corredor. Allí quedo claro que los dueños de esa casa de bolsa prestaron dinero
a un banco que era propiedad del mismo dueño de la casa de bolsa. El banco
Confederado supuestamente usó el dinero para comprar el banco Canarias, pero en
esa operación no hubo intercambio suficiente de títulos valores que sirvieran de
respaldo. Un error grave que le impidió a la casa de bolsa recuperar el dinero y
cumplir con sus clientes, con lo que se satanizó un mecanismo para prestar y
recibir dinero que hasta ahora solo funcionaba en las casas de bolsa: los
mutuos. Esa fue la primera casa de bolsa que el Gobierno ordenó cerrar.
No pocos datan en el derrumbe de U21 el
origen verdadero del colapso del negocio completo. Por ejemplo, Aída Lamus: “La
casa de bolsa hizo operaciones de permuta sin títulos. Los supervisores no
sabían eso o no quisieron saberlo. Y así comenzó el fin del mercado". La caída
de U21 estuvo vinculada a la quiebra de cuatro bancos que, a su vez, fue el
detonante del proceso de investigación al que se referiría Jorge Giordani casi
seis meses después. U21 recibió a principios de 2010 la orden de cerrar
definitivamente por parte de la Comisión Nacional de Valores, después que las
autoridades descubrieron que compartía la tesorería con el Banco Canarias,
intervenido unos meses antes y propiedad del entonces empresario Ricardo
Fernández Barrueco.
Entre las rápidas operaciones de compra de
bancos que se dieron en 2009 estuvieron involucrados los llamados mutuos, un
mecanismo precisamente alentado en la administración de Aída Lamus desde la CNV
en 2001, que permitía a las casas de bolsa prestar o recibir dinero, a cambio de
títulos valores. "Yo quería que el mercado de valores se montara en el tren del
primer mundo. La idea era que las casas de bolsa se convirtieran en bancos de
inversión", resume Lamus. Pero el mecanismo exigía como condición una
supervisión estricta por parte de las autoridades reguladoras. Al no haberla, la
consecuencia fue que los operadores bursátiles “actuaron como banqueros”; la
imagen la usa Alejandro Cáribas, ex superintendente de bancos, y no como elogio.
"La diferencia era que los directores de casas de bolsa no tenían que depositar
un encaje legal en el Banco Central”, prosigue Cáribas en entrevista telefónica
desde Panamá, “ni pagar una cobertura para los clientes en Fogade y cumplir con
estrictas regulaciones, como sí debía hacer la banca. Vino así la proliferación
de las casas de bolsa. Abrían rápidamente, cuando un banco demora hasta un año
para arrancar. Gracias a los mutuos, las casas de bolsa en Venezuela prestaban a
18% de interés, cuando la banca solo podía ofrecer 10%. Manejaron de esta forma
mucho dinero, con una supervisión muy laxa".
Así las cosas, como reconoce desde su exilio
en Miami Gabriel Osío, uno de los socios de Econoinvest, “los mutuos llegaron a
representar 40% de los ingresos de nuestro sector". No era entonces una tontería
la advertencia de Merentes de eliminar la figura si no aparecía alguna solución.
"Pero era Navidad y nadie hizo mucho al respecto", admite el corredor Eduardo
Fortuny. El 31 de enero de 2010, la gaceta oficial ordenó la eliminación de
todas las operaciones de mutuos de las casas de bolsa y solo otorgó para ello un
plazo de tres meses. Amputado más de un tercio de sus ingresos, a las casas de
bolsa les quedaba el mercado permuta de bonos como principal fuente de
rentabilidad.
La segunda reunión con Merentes fue clave.
Los dueños de casas de bolsa oyeron otra petición. "Lo que queremos es que bajen
el precio del dólar en el mercado paralelo y que no se mueva, que se mantenga
igual", recuerda haber oído Fortuny. Dos funcionarios del Banco Central
confirmaron esas reuniones. Pero dicen que el sector no escuchó la advertencia.
"En esa reunión nos dijeron que podían quitarnos el negocio, aunque en principio
aclararon que no era eso lo que les interesaba", apuntó. La cita, a principios
del año 2010 dejó claro que la preocupación principal del Gobierno frente a los
operadores era el precio del dólar referencial que se cotizaba en el mercado
paralelo.
Gabriel Osío, quien fungía como presidente
de la Asociación de Casas de Bolsa, apunta otros detalles históricos. Recuerda
que hasta abril de 2009 se reunían cada 45 días en el Ministerio de Finanzas.
"Allí se planificaban todas las emisiones que se harían para alimentar el
mercado. En esos encuentros también participaba la banca. Pero todo cambio
cuando se sustituyó el ministro". Una vez que Jorge Giordani asumió las labores
de ese despacho, solo quedó abierto un canal de comunicación con el Banco
Central de Venezuela. "Nos reuníamos con el presidente del BCV, Nelson Merentes
y con la Junta Directiva, sin Giordani presente", apuntó.
Allí en el BCV, tenían también reuniones
periódicas para revisar el mercado. "Les decíamos qué estaba pasando e incluso
hacíamos recomendaciones para manejar el mercado y tratar de controlar el
precio. Nosotros éramos los principales preocupados en evitar cualquier
especulación. Sabíamos que la cuerda se podía romper por este lado". Osío está
convencido de que el precio del dólar aumentó por la falta de emisiones
suficientes para satisfacer una creciente demanda de divisas en el mercado
alternativo. "Siempre aclaramos en esas reuniones que el precio no dependía de
nosotros, sino de la oferta de bonos".
Un alto funcionario del Estado venezolano
distinguía tres grupos entre las casas de bolsa: los operadores veteranos, los
novatos y los estafadores. Sin precisar los criterios que sustentaban la
clasificación, la misma fuente relata que, en cualquier caso, se concertó una
reunión con los operadores a los que se tenía por serios. En dos platos,
asegura, sus contrapartes no se avinieron a colaborar con el objetivo de
controlar el precio del dólar en el mercado paralelo y, en general, no supieron
calibrar las advertencias. Insiste en que para él y algunos de sus colegas en el
alto gobierno, el camino más adecuado pasaba por aumentar la regulación y
mantener en operación el mercado de casas de bolsa. "Pero la decisión fue cerrar
la permuta de bonos", apunta.
El pecado compartido
Cuando se decide desentubar al mercado de
bonos e interrumpir también la participación de las casas de bolsa en él, en
mayo de 2010, Econoinvest tenía una posición de dominio. De acuerdo a Sifontes,
tuvo una cartera de 60 mil clientes. Pero la razón para pretender convertir a
Econoinvest en emblema de las contradicciones del derrumbe del negocio de las
casas de bolsa no era solo el tamaño del negocio. Otros apuntan a la generosidad
que la empresa mostró como anunciante de medios de comunicación y como activo
mecenas de las artes. Y todavía más: muchos recuerdan que Econoinvest hacía
negocios con el Gobierno.
Su rol fue más allá de ser agente
coordinador de las emisiones de Pdvsa y otras empresas públicas. Había otro
detalle. Econoinvest tenía un papel clave en el mercado paralelo de bonos,
porque grandes empresas petroleras y trasnacionales, que comenzaron a participar
de forma importante en ese mercado a partir de 2008, hacían sus operaciones a
través de grandes casas de bolsa, según apuntó Asdrúbal Oliveros. "Pdvsa comenzó
a participar en el mercado paralelo al pagarle a sus contratistas en dólares al
tipo de cambio de ese mercado y no al oficial. Ellos entonces acudían al mercado
de bonos para obtener bolívares", explicó el analista Oliveros.
Los balances de la petrolera mencionan desde
2009 esas operaciones. Lo que la sentencia del juez Vásquez considera una
práctica ilegal, aparece en los informes auditados de la petrolera de 2009 y
2010, como "una circunstancia propia del mercado financiero venezolano". Pdvsa
informó en el último reporte anual oficial, hecho público en 2011, que entre
2008 y 2010 obtuvo ingresos financieros de 7,8 millardos de dólares, por
transacciones que hizo con bonos de Pdvsa e inversiones en fondos en dólares. En
las notas finales de la firma auditora, la empresa reconoció directamente que
parte de las ganancias las obtuvo por cancelar con bonos a proveedores. "Pdvsa
realizó una transacción financiera mediante la cual entregó papeles para pagar
ciertas obligaciones pendientes con proveedores. Los bonos están denominados en
dólares y fueron recibidos por los proveedores a un valor acordado en
bolívares", dice el informe. Pdvsa no canceló sus deudas al tipo de cambio
oficial, y de allí los ingresos extras.
"Empresas como Ford, Manpa y Odebrecht
también trabajaron con nosotros", apunta Gabriel Osío. "Teníamos clientes de
todos los tamaños. Empresas a la que el Estado o Pdvsa les pagaba con bonos en
dólares y acudían a Econoinvest para vender los títulos a cambio de bolívares",
confirma el directivo de Econoinvest. "Lo que no hicimos fue trabajar
directamente con Pdvsa en el mercado alternativo", aclara.
En 2009, Hermán Sifontes accedió a acompañar
a una delegación del Estado venezolano, liderada por el exministro José Rojas y
por Armando León, Director del Banco Central, para explicar al Fondo Monetario
Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM), reunidos en Estambul (Turquía), las
a veces ininteligibles peculiaridades del mercado financiero alternativo en
Venezuela. Ese favor, que le comentó al juez Vásquez en la audiencia, si no
llegara a retratar una situación de connivencia entre las dos partes, al menos
indica que para entonces las autoridades de gobierno no encontraban indicios de
que Econoinvest fuera el “nido de mafiosos” que en julio de 2010 el presidente
Chávez se complacería en denunciar.
El propio legajo de acusación de la Fiscalía
hace referencia a una operación que Econoinvest realizó en abril de 2010 para la
trasnacional Citic, un consorcio del gobierno chino favorecido con inmensos
contratos de construcción de viviendas al amparo de las excelentes relaciones
gubernamentales chino-venezolanas.
Por último, pero no lo de menos: destacadas
personalidades del oficialismo figuraban entre los clientes de Econoinvest.
Salió a la luz, por ejemplo, el nombre del diputado zuliano Calixto Ortega. En
la audiencia privada, los representantes de la casa de bolsa revelaron otros
ejemplos de diputados, jueces y altos funcionarios públicos. Pero, según dice el
abogado Luis Valdivieso, se impusieron a sí mismos una limitación: “Las
operaciones de Econoinvest no eran secretas, por lo que no sería ilegal hacer
público quiénes compraron y vendieron bonos. Sin embargo, mis defendidos han
preferido mantener confidencial el nombre de los clientes por una razón ética,
más que legal. No están quemando todas sus naves. Ellos creen que alguna vez
podrán volver a trabajar en este negocio y, en ese sentido, se podrá comprobar
que, aún presos, no usaron nunca esa información".
Así de llamativa, relevante, expuesta y
consentida –si no promovida- por las autoridades era la actuación de Econoinvest
en el mercado de los bonos. Sobran los ejemplos. Y así de llamativa, relevante,
expuesta y, ahora sí, promovida por las autoridades sería su caída en desgracia.
¿Qué buscaban los funcionarios durante el
allanamiento? ¿Y qué encontraron? La máxima autoridad policial del país, el
ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tarek El Aissami, informó en la
televisora estatal lo que a grandes rasgos venían detectando: "Las casas de
bolsa son unas cofradías donde se especula", dijo. "Tenemos información muy
valiosa de transacciones simuladas, ventas falsas, registros contables
inexistentes, transacciones hechas de forma irregular y un sinfín de ilícitos".
Al momento de la intervención, Econoinvest
tenía 932,7 millones de bolívares (218,2 millones de dólares) en activos y las
deudas representaban un total de 582,2 millones de bolívares (135,6 millones de
dólares), de acuerdo con el último balance entregado a la Comisión Nacional de
Valores en abril de 2010. El máximo regulador reconoció que no cerró a la casa
de bolsa por problemas patrimoniales. No hubo estafa a los clientes.
La liquidación de la empresa se ordenó
entonces por irregularidades distintas, que formalmente aún no se han hecho
públicas. Así como ninguna otra investigación administrativa paralela al juicio
contra los 11 corredores de bolsa. Ningún funcionario del Estado ha sido
detenido, investigado, en este caso. La interventora de la casa de bolsa más
grande del país, Nahunimar Castillo, solo puntualizó una razón para el cierre de
la institución en una entrevista al canal estatal VTV el 18 de agosto de 2010:
"Una empresa como esta, que no es más que una muestra de cómo la burguesía
podrida pone en funcionamiento la maquinaria capitalista, no puede continuar
operando en este país". El 4 de octubre de 2011, la interventora y su adjunto
Orangel Godoy fueron removidos de sus cargos por decisión de la Superintendencia
de Valores. Los reemplazó el interventor Víctor Moreira sin mayores
explicaciones.
¿Y dónde está el delito?
Como se dijo, el juez Robinson Vásquez
encontró méritos suficientes para llevar a juicio a los directivos de
Econoinvest. Para dirigir ese juicio formal quedó designada Fabiola Serdel,
jueza quinta de primera instancia. Los abogados de la defensa creen que es
cuestión de meses para iniciar el juicio, aunque en paralelo el Tribunal Supremo
de Justicia decidió en noviembre de 2011 revisar el caso. Por sorpresa, el
pasado 21 de diciembre de este año se convocó una audiencia para evaluar si los
detenidos podían quedar en libertad durante el juicio, una petición que había
hecho la defensa. A media tarde, la audiencia fue diferida para los primeros
días de enero de 2012.
En el interín, ninguno de los delitos que
los voceros oficiales le atribuyeron sigue en pie. Nada de usurpación de
identidad, ni de lavado de dinero, ni de fraude, ni falsificación de documentos,
ni operaciones ficticias sin respaldo de títulos. La empresa no presentó ningún
problema financiero o administrativo. A pesar de las nuevas pesquisas que se
hicieron con la casa de bolsa cerrada, no se agregó nada más a la sentencia de
327 páginas. Del expediente solo se preservan las acusaciones hechas en junio de
2010 contra los directivos de Econoinvest por negociar divisas de forma ilícita,
y de “asociación para delinquir”, una figura jurídica que el juez de control
decidió intercambiar por “agavillamiento”, que en el vigente Código Penal
comporta una sanción menor.
"El Gobierno está buscando válvulas,
respiraderos", aviva la esperanza el abogado Valdivieso. Son muchos los rumores
que dice escuchar en los pasillos de los tribunales. Se muestra optimista. "No
tiene sentido mantener esta situación. Más temprano que tarde se va a reimponer
el orden y este negocio va a continuar. Había que buscar un culpable, las
autoridades tenían que darle una solución al presidente por el dólar, la
inflación. Pero quedaron entrampados en su propia actitud y buscan ahora salir
honrosamente".
Documentada, en cambio, quedó en la
investigación de Tomás Sánchez, desde la CNV, una práctica tecnológica llama
V-Broker, un sistema operativo que, según la definición del propio Sánchez,
“refleja diariamente la intermediación de compra y venta de títulos valores
denominados en divisas, sin que medie conformación y liquidación de dichas
operaciones, que sirvan como referencia para determinar el precio del dólar
permuta". Pero esto no se sustanció en el expediente. La omisión del juez, por
cierto, sorprende a un alto funcionario del Estado, que conoce bien el caso y
pide anonimato antes de declarar. “Las operaciones con títulos eran legales. Las
armó el Gobierno. Aquí el problema era de un grupo de casabolseros, que decidió
especular con una cajita para mover el precio del dólar paralelo de forma
ficticia y ganar más dinero", afirmó. Se refiere a ese V-Broker. "Eso que usaban
era un engaño. Por eso estuve de acuerdo en aumentar la regulación, en acabar
con eso, pero no en cerrar el mercado", aclara.
La cajita existió. El sistema V-Broker era,
según explica un corredor de bolsa consultado, una simple página web, con un
sistema supuestamente seguro y secreto. El sitio hacía las veces de mercado y
allí algunas casas de bolsa informaban de su intención de comprar y vender bonos
a un tipo de cambio determinado y surgía un precio promedio del dólar en las
transacciones. "Cuando el Gobierno comienza los primeros allanamientos a casas
de bolsa, descubre la cajita e inicia la investigación", afirmó.
Econoinvest, en todo caso, no participaba en
la cajita. En eso coinciden corredores de bolsa y altos funcionarios del Estado.
Sus ejecutivos también lo apuntan. El tamaño de la clientela de la casa de bolsa
y las constantes operaciones que hizo la empresa, bajo contratos con el gobierno
de Chávez, permitían que manejara un mercado independiente con suficiente
volumen y, así, con un precio de referencia del dólar.
Pero desde que dejaron de funcionar el
negocio y la cajita, con muchas de sus caras más visibles tras las rejas o en el
exilio, se dio una comprobación empírica incontestable: la tasa de inflación
continuó elevada, alrededor del 25% anual, y la todavía clandestina paridad del
dólar “libre” sigue en la cota donde estaba cuando el mercado permuta cerró.
“Nada ha mejorado, ese es el hecho concreto”, remacha Luis Vicente León,
director de Datanálisis, una de las principales empresas de investigación de
mercados y de opinión pública en el país.
El propio Gobierno admitió hace pocos meses
que las cosas siguen igual. "¡Qué bien ha venido funcionando el sistema que
inventaste en el BCV!", comentó Chávez el 17 de agosto de 2011, cuando
interrumpió una rueda de prensa del presidente del BCV, Nelson Merentes, con una
llamada telefónica. La conversación se transmitió por televisión y el presidente
decidió tocar un tema que no se había vuelto a mencionar desde 2010. "Se acabó
prácticamente el mercado paralelo que llevó a 10, a 15 bolívares, el precio del
dólar. Quedan apenas unos rezagos. Pero, ¿en cuánto está ahora ese dólar
Merentes? Tú me enviaste un reporte hace poco", lo increpó la voz en off del
presidente. El funcionario sonrió y apenas dijo: "Está controlado ese precio".
Meses más tarde, el fantasma de la especulación volvió al verbo presidencial.
Chávez anunciaba en noviembre la entrada en vigencia de una nueva Ley de Costos
y Precios para combatir a fabricantes y comerciantes de alimentos y productos
del hogar, los nuevos culpables, según el discurso oficial, de una inflación
anual de 26,9% para noviembre de 2011.
¿Representa entonces esta variación de
aumentos de precios, una de las más altas del mundo, el fracaso de la estrategia
de shock utilizada por el Gobierno contra el mercado de bonos y el negocio del
corretaje? Menos que eso. Tal vez sea solo un debilitamiento de la narrativa con
que la estrategia se presentó, pero no de la estrategia misma, sobre todo si, a
fin de cuentas, esa estrategia perseguía objetivos políticos antes que
económicos. Insiste Luis Vicente León en que "todo lo que ubique chivos
expiatorios le ha convenido en un momento determinado a Chávez", mientras
chequea los números de opinión pública de ese mes de mayo de 2010, favorables al
Gobierno. “La gente es morbosa, incluso el grupo de opositores, y sigue la
novela en la que Chávez castiga a los ricos culpables".
El analista y académico Ramiro Molina asoma
otro escenario: de lo que se trató fue de un extreme makeover preventivo por parte
del gobierno: "Hubo irregularidades en instituciones financieras que eran
propiedad de círculos ligados al Gobierno y por eso decidieron satanizar el
mercado cambiario como un todo. Cerrarlo. Había que desligarse completamente de
ese sector".
De ser así, una ironía justiciera puso a los
confinados operadores de bolsa en el mismo saco con el empresario emblema de esa
operación de lavado de rostro: Ricardo Fernández Barrueco. Fernández hizo muchos
favores al Gobierno; entre ellos, el de habilitar el eficaz canal de
distribución de alimentos que posibilitó el fenómeno Mercal, los mercados
populares que constituyen uno de las insignias de los programas sociales de
Chávez. Y el Gobierno retribuyó con creces ese apoyo. Fernández pasó de ser un
empresario de segundo orden y escala parroquial, a adquirir astilleros y flotas
atuneras en el exterior. Hizo una oferta por Digitel, un operador de telefonía
celular en Venezuela, y cuando empezó a coleccionar bancos como barajitas, el
Gobierno decidió intervenir sus instituciones y llevarlo a juicio.
Los ejecutivos de Econoinvest y las demás
operadoras de bolsa comparten ahora los calabozos de la DIM con Fernández
Barrueco. El empresario se entregó a la policía el 20 de diciembre de 2009. La
paradoja de esta espeluznante coincidencia es que, según testimonios, los
operadores de bolsa no se han ensañado con él, y hasta le brindarían apoyo
anímico.
"Sí. Ellos han hablado con Ricardo sobre lo
que pasó. Pero también lo ayudan a llevar el encierro", cuenta un familiar, que
asoma posibles bajas en el ánimo de este hijo de emigrantes españoles, y las
atribuye a que recibe muy pocas visitas. En la prisión, a pesar de la historia
de auge y caída financiera que los conecta y a la vez enfrenta fuera de la
cárcel, han sentado las bases para cierta convivencia. Al menos, todas las
mañanas, cuando llega el lote de periódicos para los presos, los directores de
Econoinvest le relatan las noticias. "A Fernández Barruecos le cuesta
concentrarse, así que prefiere enterarse de lo que pasa, oyéndolos a ellos".
Otro momento clave en estos encuentros
ocurre después del almuerzo. Las conversaciones de sobremesa son largas y
atractivas. Es quizás una oportunidad única para que gente tan diversa
intercambie ideas y ate cabos de interés no solo para ella sino para la opinión
pública. Pero esa tertulia se mantiene, por ahora, reservada. De dominio
público, en cambio, siguen siendo los esfuerzos de formación de Juan Carlos
Carvallo, que entre tanto aprendió italiano y se convirtió en profesor de inglés
no solo para otros detenidos, sino para algunos custodios.
Ernesto Rangel, otro de los socios de
Econoinvest, es un verdadero devoto de la actividad física y no pierde de vista
desde su prisión, en la zona industrial de Boleíta Norte (noreste de Caracas,
sede de la DIM), la marcha de su negocio disquero con la empresa Guataca
Producciones. Acaba de editar un elepé del guitarrista Aquiles Báez y en el arte
del disco aparece su crédito como productor ejecutivo.
Sifontes recibe constantes visitas de poetas
y amigos de la cultura los jueves y sábados, que son los días en que puede
conversar por unas horas con la familia y los más cercanos.
Quizás esas tertulias sirvieron para
examinar con mayor distancia lo que les ha sucedido. Ante el juez, el presidente
de Econoinvest se mostró convencido de que este caso contra los corredores de
bolsa será otro capítulo más en la tumultuosa historia de auges petroleros y
crisis económicas de Venezuela. "Los venezolanos tienen una relación erótica con
el dólar. El Gobierno creó las condiciones para que la gente no confiara en el
bolívar y se dedicara a comprar bonos en dólares. Este siempre ha sido un
problema político, económico y sociológico en Venezuela", dijo Sifontes.