La mala hora de los "corredores de bolsa"

La Fiscalía General de la República, a solicitud del Gobierno, abrió investigaciones contra casi 50 casas de bolsa en menos de 12 meses. A la par de esta purga, emprendió un juicio contra 11 directivos de cuatro de ellas. Todos fueron cayendo prisioneros durante la segunda quincena de mayo de 2010, en medio del frenesí desatado por 18 operativos de detención realizados por el Ministerio Público, a veces con sigilo y otras con despliegue mediático, pero siempre en compañía de los funcionarios de chaquetas negras del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

A Sifontes y sus socios les tocó su turno el 24 de mayo a la una de la tarde. Herman Sifontes y Ernesto Rangel almorzaban en un restaurant de la urbanización Las Mercedes cuando dos fiscales, 14 detectives, 8 inspectores y un inspector jefe de la Policía Científica venezolana allanaron sus oficinas del Edificio Mene Grande de la avenida Francisco de Miranda, en Caracas.

Juan Carlos Carvallo, Gabriel y Miguel Osío, otros directores de Econoinvest, almorzaban en Los Palos Grandes, a una cuadra de la oficina, con el representante de un banco internacional, según el relato que hace Gabriel Osío, quien ahora vive en Miami. "Juan Carlos y Miguel viajaban a Panamá ese día, pero cuando nos avisan, yo les pedí que no lo hicieran. Era mejor que ellos atendieran a las autoridades, porque uno dominaba el área legal y el otro la operativa", apunta Osío, a más de un año después de aquella tarde.

Su hermano Miguel le pidió que regresara a casa porque todavía estaba muy débil por una fiebre de dengue. A las siete de la noche Gabriel lo llamó y le informó que el operativo iba “normal”. Las autoridades permanecieron toda la tarde solicitando documentos y los directores esperaban únicamente que levantaran un acta del operativo. "Pero a las ocho de la noche llegó un fiscal y les dijo que los iban a detener". Ninguno de los cuatro directores regresó desde ese día a su casa.

Econoinvest era la cara más visible del sofisticado mundo de las empresas bursátiles. Fue la casa de bolsa más grande. En 2009 concentraba 29% del total de los activos del sector, según los registros de la Asociación de Casas de Bolsa. La segunda en el ranking, BOD Valores, le seguía con 6% del mercado. "Era además la favorita del Gobierno y de Pdvsa", apuntó el economista Asdrúbal Oliveros, director de la firma consultora Ecoanalítica. Sustenta el argumento al recordar que fue esta casa de bolsa la que contrató la empresa estatal petrolera para la operación de deuda privada más grande que se había hecho en América Latina: la emisión en 2007 de 7.500 millones de dólares en bonos.

Herman Sifontes, el presidente de Econoinvest, presentó ante el juez los comerciales de televisión que se hicieron para la histórica colocación de la petrolera estatal, y relató cada una de las operaciones posteriores. Lo hizo en la primera y hasta ahora única audiencia en la que ha podido responder a las acusaciones. La cita frente al juez tuvo lugar el 16 de enero de 2011, ocho meses después de la detención. "Nos contrató Pdvsa por el éxito que tuvimos al captar a cientos de pequeños inversionistas en la emisión de la empresa privada Electricidad de Caracas. Luego nos llamó el ministerio de Transporte y Comunicaciones y también trabajamos con el Banco de Desarrollo Social, Bandes, en 2009. No actuamos a espaldas del Estado y, al contrario, nos dejaron trabajar", apuntó el empresario, tal como lo registra un video grabado por la corte. "Soy completamente inocente", dijo al final de su testimonio.

El encarcelamiento de los directivos de Econoinvest fue una clara señal para el mercado de casas de bolsa, considera Boris Segura, jefe de análisis sobre Latinoamérica de la firma japonesa Nomura. A su juicio, se intentó mostrar que nadie era intocable para el gobierno de Hugo Chávez, que para entonces ya había nacionalizado una buena cantidad de empresas grandes y claves de la economía venezolana. "Fue una forma draconiana de detener la fuga de capitales en Venezuela", comentó en una entrevista telefónica hecha desde Nueva York para la agencia de noticias Bloomberg.

El analista de Nomura advierte que la falta de regulación y reglas claras en el mercado paralelo de divisas venezolano le facilitaron al Gobierno el trabajo de darlo por clausurado. "Imagino que había algunos actores de ese mercado que no hicieron las cosas bien, pero en vez de perseguirlos solo a ellos, decidieron ir contra todas las casas de bolsa, incluyendo aquellas que habían mostrado públicamente y frente a las autoridades que actuaban de manera correcta", afirma. "Claro que me he preguntado mil veces por qué nos mandaron a la cárcel y cerraron la casa de bolsa", comenta Gabriel Osío a través de videoconferencia. "Yo todavía no le consigo explicación a lo que pasó. A veces me pregunto si fue que nos negamos a hacer algún trabajo y por eso nos trataron así. Pero todavía no encuentro cuál fue", responde. Vive en Estados Unidos desde que salió del país al día siguiente del allanamiento y tramita un asilo político. Se ha encargado desde entonces de llevar la defensa de los directores y los empleados de Econoinvest, así como de administrar los recursos que tenían en el exterior. Los socios habían invertido en una casa de bolsa en Panamá (aparece en los registros de ese país como Econoinvest Capital C.A.) que opera de manera independiente. "Mi hermano me pidió que me mantuviera fuera de esto. Soy ahora la cabeza de la familia".

La verdad es que no fue esa tarde cuando el negocio de Econoinvest se paralizó. Como la mayoría de sus competidores, la empresa detuvo las operaciones con bonos desde una semana antes. Para ello no había hecho falta la intervención policial. El 18 de mayo de 2010, el ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, anunció en rueda de prensa la suspensión de cualquier transacción con títulos valores del Estado venezolano, y el comienzo de una investigación a las casas de bolsa, después de acusarlas ese día, y por primera vez, de "especuladoras". La declaración atravesó una estaca en las ruedas de un negocio hasta entonces legal.

No exageraba quien ocho años antes dijese que las casas de bolsa estaban a punto de desaparecer. Pero el jueves 6 de febrero de 2003, tras implantar un régimen severo de control de cambio que la recién finalizada huelga petrolera justificó, el Gobierno invitó a las casas de bolsa a comprar y vender bonos para que empresas y personas pudieran obtener dólares sin someterse al régimen de cupos y permisos oficiales. Comenzó así un mercado de bonos alternativo, con intenciones más cambiarias que de inversión, llamado “de permuta”, que permitió a los operadores de bolsa ganar mucho más que un segundo aire; de hecho, el sector de las casas de bolsa llegaría a acumular activos superiores a 10 millardos de bolívares (unos 2,3 millardos de dólares) al cierre de 2009, según registros de la Asociación de Casas de Bolsa (la cifra equivale a los activos del octavo banco en el ranking nacional actual).

Un miembro de la Asociación de Casas de Bolsa, Eduardo Fortuny, asegura que en 2002, "el mercado de capitales había muerto”. La autopsia diría que fue por falta de grandes clientes, ya que en el país no avanzó el marco legal para la entrada de los fondos de pensiones, que en todo el mundo son los principales compradores a largo plazo de títulos en la bolsa. "Pero nos dieron una respiración artificial modificando en 1999 la ley de mercado de capitales y publicando en 2001 una resolución que, en concreto, era una licencia para captar y colocar dinero a corto plazo", explica el corredor. Se refiere al mecanismo de los mutuos, unos títulos que permitieron a las casas de bolsa competir con la banca en condiciones de ventaja, y que se desarrolló a la sombra del mercado alternativo de bonos denominados en dólares, otra de las especialidades del particular mercado bursátil venezolano. "Como actor del mercado de capitales estabas muerto. Pero hicimos algo distinto. Eso que en otros países se parece más a un banco de inversión", señala Fortuny.

Nelson Ortiz, expresidente de la Bolsa de Valores de Caracas recuerda que, producto de las secuelas de la crisis financiera que sufrió Venezuela en 1994 y 1995, las casas de bolsa habían quedado "desmanteladas" para el año 2002. "Existía incluso la idea de liquidar la Bolsa", recuerda. Pero admite que el control de cambio salvó y multiplicó a los operadores. En la fotografía que se tomó justo antes que el ministro Giordani apareciera en televisión, en Venezuela operaban 109 casas de bolsa, 42% más que cinco años atrás. "El mercado cambiario les dio flujo de caja", afirma Ortiz. El valor de un puesto en Bolsa saltó de 15 mil dólares en el año 2001 a 700 mil dólares en 2007, según recuerda el expresidente. Ese fue el último año que estuvo al frente del corro. "Supe de la venta de casas de bolsa por un millón de dólares en 2008, y esas eran empresas que en 2001 tenían un valor en libro que no superaba los 100 mil dólares", compara.

En medio de esa fiesta, Ortiz recuerda dos particulares encuentros con el presidente Hugo Chávez. En el año 2005, el mandatario viajó a España y lo invitó a un almuerzo en el Palacio del Prado con el rey Juan Carlos. También asistieron Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar, Alberto Cudemus, exdirector de Fedecámaras y empresario de la industria cárnica, además de Ortiz. "Apenas comenzó la reunión, Chávez me pidió hablar del auge de la bolsa. En otra reunión, meses más tarde en el Palacio de Miraflores, en ocasión de una visita del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, Chávez me pidió de nuevo explicar el éxito del mercado financiero. Era claro que el Presidente utilizaba ese ejemplo para dar confianza a los inversionistas extranjeros", revela. La misma prosperidad empresarial que Chávez celebraba ante mandatarios amigos, fue condenada a presidio poco más tarde, en cadena de televisión.

El ministerio de Finanzas desmanteló en cuatro meses el negocio de oro de las casas de bolsa. Jorge Giordani prohibió a finales de enero de 2010 la figura de los mutuos, y en mayo anunció que el mercado de bonos públicos, tal como se conocía, quedaba suspendido. De reanudarse más adelante, lo haría bajo el control del Banco Central de Venezuela (BCV). “El administrador va a ser el BCV, con la exclusión absoluta y total, lo quiero reafirmar, de las casas de bolsa y de los sistemas de corretaje", remató. Así que el anuncio del ministro les congeló, de repente, el aliento.

Giordani –a la vez que superministro, una suerte de mentor intelectual del presidente Chávez- fue parte del gabinete ministerial que administró el control de cambio y convivió por años con las transacciones con bonos. Ahora, sin embargo, mostraba toda su furia frente a lo que consideraba un disparate. Estaba molesto porque la tasa de cambio paralela, que resultaba de las operaciones de compra y venta de bonos de la República de Venezuela en ese mercado, había subido entre enero y mayo de 2010 a 8,2 bolívares; muy por encima de la tasa oficial de 4,3 bolívares que rige en las operaciones bajo el control de cambio, sujetas a severas trabas burocráticas y a rígidos cupos anuales. En Miraflores, el ministro responsabilizó a las casas de bolsa de subir "artificialmente" el precio del dólar paralelo en transacciones que, a su entender, eran sospechosas. El ministro asomó incluso sus dudas sobre posibles casos de blanqueo en las instituciones financieras. "Creo que hay mucho lavado de dinero en estas operaciones", apuntó.

Chávez, en cadenas de radio y televisión, también involucró a Sifontes y sus socios en la supuesta falsificación de cédulas de identidad para comprar bonos de la República y obtener con ellos dólares. En repetidas apariciones entre mayo y agosto de 2010 llamó a esa casa de bolsa "un nido de mafiosos". Comentó que eran evidencia de la "podredumbre del capitalismo" e incluso en una alocución todavía reciente del 14 de noviembre de 2011, criticó a los precandidatos presidenciales que cuestionan el juicio contra Econoinvest. "Dicen que eran una nave insignia, lo mejor de lo mejor, que tomé una medida arbitraria contra ellos. Pues están defendiendo a unos corruptos".

El 12 de mayo de 2010, una semana antes de que Giordani congelara el mercado, el funcionario regulador del mercado de valores, Tomás Sánchez, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) ya había denunciado a tres casas de bolsa ante la Fiscalía General, por idénticas sospechas. En el escrito que presentó ante el Ministerio Público, Sánchez señaló que había investigado las operaciones de las casas de bolsa y había decidido denunciar a tres de ellas, Italbursátil, Banvalor y Positiva, pues habrían efectuado "operaciones con divisas sin que mediaran los títulos valores que respaldan dichas operaciones". La acusación no aportaba pruebas, pero era la luz verde que necesitaba la Fiscalía para comenzar a investigar, por expresa decisión del ministerio que dirige Giordani, a todo el sector de las casas de bolsa.

"Yo llegué en diciembre a la Comisión Nacional de Valores e inmediatamente empecé a revisar", afirmó Tomás Sánchez, de 42 años, en una entrevista realizada los primeros días de junio de 2010. "Estas empresas estaban haciendo operaciones de compra y venta de títulos valores para las que tenían autorización, pero estaban casadas con un precio (del dólar) arbitrario, especulativo”, dijo.
A la postre, sería el juez Robinson Vásquez, titular del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal de Caracas, el encargado de adoptar la primera decisión del caso. Tras 11 meses de litigio, encontró indicios suficientes para que los 11 directivos de casas de bolsa fueran sometidos a juicio.

En la sentencia de Vásquez, sin embargo, el caso tomó otro rumbo. En su escrito, el juez presume que los operadores de casas de bolsa cometieron un delito cambiario. A los presos se les señala de violar la Ley de Ilícitos Cambiarios, que se creó para regular el régimen de control vigente desde 2003. La transgresión habría estado en el propósito de hacer operaciones con títulos valores para que los clientes lograran obtener dólares sin pasar por la administración central, y por ello, según reza la sentencia, deben ir a juicio oral, público y definitivo. Ya no se los acusaba de simular operaciones, de no tener títulos, o de especular, como denunció Sánchez en la Fiscalía.

En realidad, los acusadores no presentaron en el tribunal detalle alguno de los delitos denunciados por Giordani en 2010. "Nada de eso está en el expediente", confirmó el abogado que defiende a los socios de Econoinvest, Luis Valdivieso.

"La esencia o finalidad era vender, comprar, enajenar, transferir y recibir divisas", explica el juez en la sentencia que se incluyó en el expediente 13C-14593-10. Con esa frase queda claro el delito, porque la Ley de Ilícitos Cambiarios, vigente desde 2005 (y reformada en 2007 y 2010), prohíbe en Venezuela comprar o vender dólares libremente.

El juez Vásquez presume que el delito fue hacer operaciones con títulos valores para que los clientes lograran obtener dólares sin pasar por la administración central. Con la acusación que presentaron los fiscales, y que el juez de control tomó como válida, todas las operaciones con bonos en dólares, ampliamente utilizadas por empresas y personas desde el establecimiento del régimen cambiario, quedaban bajo investigación judicial, según advirtió el abogado Valdivieso. "El juez de control dejó abierto un caso en el que corresponde al próximo juez demostrar que en Venezuela era ilegal hacer operaciones con títulos valores para adquirir divisas", resume Valdivieso. Desde su perspectiva, el juez desatendió el hecho de que, hasta mayo de 2010, cuando el Parlamento aprobó una reforma legal, la Ley de Ilícitos Cambiarios exceptuaba explícitamente las transacciones con títulos valores, lo que permitió desde 2005 abrir el mercado de bonos como medio legal para comprar dólares.

 Así que el debate judicial ya no estriba en declarar culpables o inocentes a los ejecutivos de cuatro casas de bolsa. "El asunto es que si condenan a los directores de casas de bolsa, también toda persona que desde 2004 compró títulos valores, para presuntamente obtener dólares, sería culpable de delito cambiario", completa Valdivieso. El juicio redujo el caso a considerar ilegal un mercado que operó normalmente en Venezuela desde 2004.

En explicarlo también se empeñó el propio Herman Sifontes durante la audiencia privada del juicio. Vestía jeans y camisa Polo blanca con mangas largas. Lucía pálido, pero no había perdido mucho peso. Ofreció su testimonio, de pie, durante más de una hora y, para reforzarlo, se valió de unas láminas de Power Point. "La acusación de la fiscalía está absolutamente tergiversada, denota en muchos aspectos mala intención cuando descontextualiza”, clamó en vano. “Todo el mundo en Venezuela sabe que trabajamos bajo un esquema legal. Se obvia que millones de venezolanos invirtieron en títulos valores, y se nos acusa por un ilícito cambiario. ¿Cómo obviar lo obvio? La política cambiaria de este país la definía el Banco Central de Venezuela, ese era el órgano rector”.

En junio de 2010, el propio Superintendente de Valores tuvo la sospecha de que el juicio podía tomar este rumbo. "Quizás en el marco de la investigación lo que se va a dictaminar era que las casas de bolsa cometieron un ilícito cambiario porque hacían una compra simple de divisas y que la estaban simulando a través de la compra y venta de títulos de deuda. Eso lo decidirá la investigación de la fiscalía", comentó.

Sánchez, de todas formas, consideraba que había muchas más irregularidades e insistía en que era cierta su sospecha de que las casas de bolsa especulaban con el dólar con operaciones que, en algunos casos, no tenían respaldo. "Estos (los directores de casas de bolsa investigados) le dieron a la crisis financiera dos patadas. Eran, con el perdón de la palabra, unos malandros financieros", resumió.

El “mercado permuta” o el mercado alternativo de divisas era conocido desde 2004, al menos, en el marco del régimen de control de cambio que también dio lugar a la Comisión Administradora de Divisas (Cadivi). Pero no solo eso: era la comidilla de muchos venezolanos de a pie, la mayoría de quienes hasta el momento se habían mantenido ajenos a las abstracciones del mercado bursátil pero que de golpe, forzados por la necesidad de divisas y por la campaña gubernamental que anunciaba vender hasta un mínimo de 1.000 dólares en bonos, optaron por participar en un entramado que incluso a un especialista, Power Point mediante, le costaba explicar. Se calculó que durante siete años, cerca de un millón 700 mil ciudadanos tomaron parte en el mercado de bonos en dólares, al pagar estos papeles en bolívares a una casa de bolsa, que luego los vendía en el mercado internacional.

Los reportes anuales de la Comisión Nacional de Valores indican que ya al cierre de 2006 estaban registrados 203.270 tenedores de títulos valores en la Caja Venezolana de Valores. Cuatro años después el número aumentó a 282.178 subcuentas, de las cuales 96% pertenecen a personas naturales. El ritmo de 25 mil inversionistas por año, vale decir, personas que decidían invertir en bonos de la deuda venezolana, no se detuvo desde entonces hasta el año 2010 y en las memorias oficiales se consideró aquello un logro. Decían que se cumplía el objetivo de "democratizar el capital".

El empeño del Gobierno en mantener esta política financiera se hizo evidente el 13 de abril de 2005 –tercer aniversario de una fecha mítica para el oficialismo, pues se rememora la restitución del presidente Chávez tras el golpe que lo desalojó 47 horas del poder- . En el último minuto, la Asamblea Nacional, en la que legislaba con amplia mayoría el partido de Chávez, retrasó el ejecútese de la Ley de Ilícitos Cambiarios y la sacó sorpresivamente de la agenda. "Llegamos a un acuerdo con el Ministerio de Finanzas", dijo el diputado oficialista Elvis Amoroso en una entrevista publicada entonces por el diario El Nacional. "Si el proyecto se hubiese aprobado, no se habrían podido realizar las operaciones de deuda que anunció el ministerio", dijo Amoroso a la prensa local. De allí que Nelson Merentes, el titular de la cartera de Finanzas por esos días, pidiera una solución. Amoroso prometió corregir el proyecto y explicó el objetivo del cambio: "lo que se busca es fortalecer la inversión extranjera en el país, así que decidimos dejarle claro a los inversionistas que trabajar con la República es algo seguro".

El arreglo se completó con una sola frase adicional en el texto de la ley, finalmente aprobada el 14 de septiembre de 2005. En el artículo 9, que definía lo que era un ilícito cambiario, estaba la clave. Allí quedaba claro que cualquier venta y compra de divisas sin intervención del Banco Central de Venezuela era delito. Pero el artículo tenía una última oración, una especie de sobrecierre, después de un punto y aparte: "Se exceptúan las operaciones en títulos valores". Además, en la definición de aquello que la ley considera divisa, en su artículo 2, mientras se incluían los dólares en efectivo y los cheques en esa moneda, no se incluía a los títulos valores.

"Yo estuve en la comisión de finanzas con Elvis Amoroso, Calixto Ortega y otros tres diputados para discutir la mejor manera de establecer un mecanismo que permitiera salir de la rigidez del control de cambio", reveló Herman Sifontes ante el juez Vásquez en la audiencia de enero de 2011. "Allí estaba también el director del BCV, Armando León, y el secretario del ente emisor, aunque no recuerdo su nombre. La economía no podía crecer, estaba estancada, y se ajustó la ley de ilícitos cambiarios con esa frase que exceptuaba las operaciones con títulos valores. ¿Alguien se ha preguntado por qué la economía venezolana no crece ahora, después de 23 trimestres ininterrumpidos de crecimiento?", sembró Sifontes la duda.

Amoroso admitió en la entrevista de 2005 que el eje central de la corrección que hizo el Parlamento fue para que el gobierno pudiera continuar ofreciendo bonos denominados en dólares, que inversionistas y empresarios transformaban después en dólares en efectivo. Analistas consultados en esos días consideraban positivo ese cambio y todos mencionaban sin cortapisas lo útil de la reforma legal para mantener bajo el precio del dólar paralelo. La paridad implícita en las operaciones con bonos era entonces de 5.600 bolívares por dólar (5,6 bolívares fuertes de hoy). "Cuando esa excepción se incluyó en la ley, los diputados y el Gobierno sabían que esa norma era indispensable para seguir emitiendo bonos de deuda en dólares en el mercado local y así oxigenar el sistema en medio del control de cambio. Todos sabían que los inversionistas cambiaban los bonos por dólares, y que sin esa frase, las emisiones se caerían", afirmó el abogado y exdiputado Leonardo Palacios, que llegó al parlamento con el partido opositor Primero Justicia.

El juez Vásquez se sorprendería al conocer lo claro que tenían los diputados de la Comisión de Finanzas el mecanismo de las emisiones de bonos en dólares que se vendían en el mercado interno. Documentos archivados por la Asamblea Nacional, en las oficinas de la Comisión de Finanzas, demuestran además cómo el Gobierno recibió utilidades por la venta de los Bonos del Sur, títulos denominados en dólares que al venderse en el mercado local a una paridad implícita mayor a la oficial produjeron "ganancias cambiarias o primas". Allí consta que ese dinero lo invirtió el Gobierno en proyectos públicos a través de créditos adicionales aprobados por el Presidente de la República, Hugo Chávez, y los diputados de esa comisión. Por ejemplo, en el parlamento se autorizó gastar 34 millardos de bolívares de aquella partida "de ganancias cambiarias por el bono del Sur" en pavimentar la pista del principal aeropuerto del país, en Maiquetía, según papeles de trabajo de diciembre de 2007.

"¿Si el Gobierno se benefició al vender bonos a una paridad cambiaria diferente a la oficial e invirtió ese dinero en obras públicas, es también culpable?", se pregunta incrédulo, un alto funcionario que prefiere mantener su nombre en reserva al dar su opinión sobre este juicio. Le parece evidente que el ministerio de Finanzas y el BCV conocían perfectamente el funcionamiento del mercado de emisiones de bonos bolívar-dólar y no entiende el rumbo que tomó el juicio.

La excepción vigente durante todos esos años abrió las compuertas a un mercado en el que, todo aquel que estuviera bien informado, comenzando por las agencias de gobierno, salía muy bien recompensado.
"Este era el único país donde todo el mundo quería que el Gobierno se endeudara. El Ejecutivo emitía bonos no únicamente con objetivos fiscales, sino cambiarios. Las autoridades salían a emitir para bajar el precio del dólar permuta", afirmó Ramiro Molina, profesor de finanzas internacionales, que en un momento determinado sirvió como asesor de casas de bolsa.

Aída Lamus se mantuvo al frente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) durante nueve años. Una vez fuera de su cargo reconoce que en algunos casos las casas de bolsa se convirtieron en casas de cambio, pero que no lo hicieron a espaldas del Estado. "Que yo sepa, las casas de bolsa no eran una fábrica de bonos, ni tampoco de dólares. El gran emisor que aceptaba pagos en bolívares y entregaba títulos en dólares fue el Gobierno. Aquí nadie compraba bonos para quedarse con ellos, los vendía, y así se abrió un mercado secundario de dólares", explicó la abogada.

Lamus renunció en 2005 al cargo de mayor autoridad en el mercado de valores. Ya desde 2004 se mantenía crítica a la actuación de los ministros de Finanzas. "El Gobierno fue el primero que no fue transparente en este país al actuar como emisor de bonos. En las colocaciones de notas estructuradas y bonos hubo bastante oscuridad. Pdvsa también fue opaca en sus emisiones. Con información privilegiada, se hicieron ricos tirios y troyanos. Gente ligada al ministerio y también al mercado de capitales. Hubo una complicidad colectiva", afirmó en una entrevista desde la sala de su casa en el este de Caracas.

Seis años después, el 17 de mayo de 2010, un día antes de las declaraciones del ministro Giordani, y a una semana del allanamiento de Econoinvest, el propio diputado Elvis Amoroso levantó la mano para aprobar una reforma de la Ley de Ilícitos Cambiarios que tachaba la famosa coletilla que hasta entonces había servido como pivote del mercado cambiario paralelo. De hecho, quien solicitó en 2005 permitir tal posibilidad, el exministro y matemático Nelson Merentes, pasó a convertirse, desde la presidencia del Banco Central, en riguroso administrador de toda transacción con bonos, tal como lo había ordenado el ministro Giordani.

El prodigio tenía origen en una mala nueva de índole económica, pero de hondo calado político: diez días antes, el 7 de mayo, el Banco Central publicó la tasa de inflación mensual más alta jamás registrada durante el gobierno de Hugo Chávez: 5,2% de aumento en los precios, solo en el mes de abril; anualizada, representaba una tasa de 31,9%, la más alta entre las 78 principales economías del mundo. Alguien tenía que pagar los platos rotos, y pocas dudas quedaron sobre quién sería, cuando el propio presidente Chávez rugió en cadena nacional de radio y televisión el 22 de mayo: "Vamos a responder enérgicamente (…) No hay razón económica para el debilitamiento del bolívar. Esto es un gran fraude en contra de la República".

En enero anterior, el Gobierno había tenido que apuntalar las cuentas públicas con una medida que en mucho recordaba a una devaluación clásica, pero que se mimetizó en un sistema dual de cambio, por el cual la paridad preferencial de 2,6 bolívares por dólar se reservaba solo para la compra de bienes esenciales, pero se abría otra tasa menos favorable de 4,3 bolívares por dólar para el resto de las importaciones.

Así fue como una cosa llevó a la otra. La inflación era el reflejo de las subidas de precios de alimentos y bienes de consumo masivo, algo que era de esperar después de una devaluación. La recesión económica global, que causó el desplome de los precios del petróleo, dejó a la rentista Venezuela de Chávez sin ingresos suficientes. Así que recurrió a la solución más ortodoxa: devaluar no es otra cosa que multiplicar los bolívares que se reciben por los mismos, o por menos, dólares. Pero la tasa de cambio oficial no es el único marcador de los precios en Venezuela. El dólar que se cotizaba en el mercado paralelo de bonos se usaba cada vez más como referencia real, a medida que aumentaba el deseo de los venezolanos de deshacerse de los devaluados bolívares. La referencia real en las operaciones de cambio fuera del régimen oficial rondaba ya los ocho bolívares por dólar.

En el análisis que hacen algunos economistas, el propio aparato estatal de Cadivi pudo ser el culpable de este repunte del dólar paralelo y de la posterior crisis de la casas de bolsa. La entrega de divisas a precio oficial se redujo a 90 millones de dólares diarios en 2008, muy por debajo de los 140 millones de dólares diarios que se autorizaban el año anterior. La situación empeoró al bajar el promedio a 85 millones de dólares diarios en 2009, por la caída de los precios del petróleo. Esa decisión gubernamental aumentó el tamaño del mercado paralelo, según advierte el economista y consultor de empresas privadas en Venezuela, Milton Guzmán.

"Hasta el año 2008 las grandes corporaciones no habían entrado en el permuta. Pero cuando Cadivi dejó de pagar dividendos y excluyó a muchos de las asignaciones, se dio un punto de quiebre", coincide el analista Asdrúbal Oliveros. Su firma calcula que en ese mercado se movilizaron hasta 100 millones de dólares al día. "El precio del dólar se movía por la demanda grande de las corporativas. Algunos de nuestros clientes llegaron a transar allí 20 millones de dólares en un mes. El precio no lo movían los pequeños inversionistas", dice. El tamaño del mercado alternativo era comparable al oficial.

La exreguladora Aída Lamus asegura que mientras más crecía la demanda del mercado, las emisiones de bonos que hacía el Gobierno se volvían más insuficientes. "Si el mercado comienza a secarse de títulos, los que hay empiezan a subir de precio, eso es lógico", apunta.
La firma de Oliveros, Ecoanalítica, calcula que en el mercado paralelo se movieron 15 millardos de dólares solo en 2009. Las importaciones de ese año no llegaron a 30 millardos de dólares. Según la misma fuente, entre 2003 y 2010 se transaron 116,2 millardos de dólares en bonos. Ante estas cifras parece imposible que el Gobierno no estuviera promoviendo y participando en el mercado, porque en un país donde la principal fuente de dólares es la venta de petróleo al exterior, no hay otra forma de explicar un flujo de capitales de esta magnitud. "Los dólares que llegaron a ese mercado los puso el Estado", dice Oliveros.

De acuerdo con los montos registrados por la agencia Bloomberg, el Estado emitió un total de 38,2 millardos de dólares en bonos, que luego vendió en el mercado local entre 2004 y 2011. Las reservas internacionales de Venezuela se ubicaban en 30 millardos de dólares. El país vivió una fiesta de papeles que, aún así, eran insuficientes para satisfacer la demanda. Este torbellino explica por sí solo el auge de las casas de bolsa a contracorriente de la miniaturización que desde 2007 venía sufriendo el mercado bursátil local, de cuya escala habla con elocuencia una imagen que aporta Aída Lamus: "Mientras la bolsa de valores de Bogotá transa 52 millones de dólares diarios y la de Lima 23 millones de dólares al día, en Caracas se negocian 12 mil dólares en una jornada".

En el centro del festín estaban las casas de bolsa. "Cuando se produjo el brinco de la inflación de 5,2% en un mes, se tomó la decisión. Si sabes quién está causando ese salto de los precios, tienes que controlarlo. Ese día se decidió suspender el mercado permuta", dijo un funcionario del ministerio de Finanzas que aceptó relatar los hechos bajo condición de anonimato. Los cálculos del despacho presumían que en el mercado paralelo se negociaban hasta 80 millones de dólares diarios. "Quizás era mucho más. Había que ponerle el cascabel al gato, nadie sabía cómo hacerlo y lo hicimos así", resume.

Y fue así como el presidente Chávez, en un alarde de síntesis narrativa, proclamó con sorna en julio de 2010: “¿Para qué necesitamos a las casas de bolsa?”.

Cierto que desde una mirada marxista –una de las fuentes que inspira al gobierno venezolano- es fácil comparar la actividad bursátil con la de un usurero, con quien resulta ideológicamente incongruente convivir. La antipatía natural que Giordani le profesaba a esta rama de negocios no caló en el discurso presidencial hasta 2010, aunque la repulsa, hasta cierto punto visceral, que sentía el funcionario era pública ya desde la publicación de su libro, Impresiones de lo Cotidiano, de 2009, en cuya página 21 se lee: “tras una fachada siempre bien protegida actúa la delincuencia de quienes, a nombre de la revolución bolivariana, lo que han hecho es enriquecerse con los dineros del Estado”.

En el texto, Giordani bautizó a sus acusados de "boligarcas", según él, empresarios ligados a la revolución que mostraban sin pudor alguno el dinero acumulado durante estos años. Los calificó como "ladrones de oficio, de cuello blanco o gris, con la camisa roja rojita".

Una impresión, por cierto, en la que coincidió el sucesor de Giordani, Haiman El Troudi, hoy presidente del Metro de Caracas, quien en su obra La política económica bolivariana (PEB) expresaba preocupación porque "los circuitos paralelos del dólar han encontrado altas provisiones de oxígeno insufladas por la política de emisiones públicas. No hay lugar a dudas que tras de tal inconsistencia existen intereses corruptos de algunos operadores públicos y privados. Agentes emisores, casas de bolsa, banca pública y privada, etc. En el festín cambiario han participado unas quinientas personas (naturales y jurídicas), quinientas contra veintiocho millones…", para advertir entonces que "la PEB ha de desmantelar las relaciones banca-casas de valores-casas de cambio. De hecho, en un esquema de administración de divisas han de nacionalizarse las casas de cambio. No hay espacio de duda, la transición al Socialismo Venezolano del Siglo XXI demanda una profunda reconfiguración del mercado de capitales". ¿Premonición o escenario anticipado?

Lo cierto era no solo que, por cálculo, necesidad u oportunismo, la revolución bolivariana había convivido con esa versión de la usura, sino que en más de un modo la promovió y hasta buscó prevenirla de males mayores cuando el ruido y la ostentación de los millones se tornaron llamativamente inconvenientes.

Un antiguo asesor del ministerio de Finanzas le aseguró al periodista venezolano Víctor Salmerón que las emisiones de bonos bolívar-dólar eran "un jonrón con bases llenas". Lo decía porque ese mercado alternativo de bonos parecía una buena idea para muchos: para el Gobierno, que se aseguraba el lubricante suficiente para que los engranajes de la producción y el consumo siguieran en marcha (sin contar con que recibía recursos rápidos por la vía del endeudamiento público); para los agentes resultaba una forma de ganar buen dinero en el trámite burocrático y financiero de las transacciones, y para el público era la vía rápida de esquivar las angosturas del embudo de Cadivi.

Entre tantas congratulaciones del ganar-ganar, solo surgieron voces de alarma en la Navidad de 2009. Un alto funcionario del Estado y miembro del staff superior del ministerio de Finanzas, aseguró que recibieron la orden de hacer un llamado a los dueños de casas de bolsa. "Se les dijo que las operaciones con títulos valores estaban permitidas, pero había que controlar el precio del dólar". Y subraya: “El objetivo en ese momento no era acabar con el mercado permuta. Se les pidió que adecuaran el precio, pero no lo hicieron. Creo que estiraron la cuerda al máximo".

Sí hubo contacto entre funcionarios claves del Gobierno de Chávez y los dueños de las casas de bolsa en la antesala a la investigación judicial. Siempre se hizo en privado, según admiten ambos participantes en entrevistas hechas por separado. No hay documentos oficiales de esas citas. Pero testigos reconocen que los peores escenarios para el sector no cayeron de sorpresa, se discutieron.

"El directorio de la Asociación Venezolana de Casas de Bolsa era el enlace con el alto gobierno. Y recuerdo haber asistido a tres reuniones entre finales de 2009 y principios de 2010", dice Eduardo Fortuny, miembro de la junta directiva de esa asociación. Las citas eran en el Banco Central de Venezuela. En todas ellas el presidente del BCV, Nelson Merentes, intentó enviar señales de alerta al mercado. Querían que reaccionaran rápido a sus peticiones. "Hubo una primera reunión con Nelson Merentes. Nos preguntó cómo arreglar la regulación de los mutuos a raíz del caso U21", dice el corredor. Allí quedo claro que los dueños de esa casa de bolsa prestaron dinero a un banco que era propiedad del mismo dueño de la casa de bolsa. El banco Confederado supuestamente usó el dinero para comprar el banco Canarias, pero en esa operación no hubo intercambio suficiente de títulos valores que sirvieran de respaldo. Un error grave que le impidió a la casa de bolsa recuperar el dinero y cumplir con sus clientes, con lo que se satanizó un mecanismo para prestar y recibir dinero que hasta ahora solo funcionaba en las casas de bolsa: los mutuos. Esa fue la primera casa de bolsa que el Gobierno ordenó cerrar.

No pocos datan en el derrumbe de U21 el origen verdadero del colapso del negocio completo. Por ejemplo, Aída Lamus: “La casa de bolsa hizo operaciones de permuta sin títulos. Los supervisores no sabían eso o no quisieron saberlo. Y así comenzó el fin del mercado". La caída de U21 estuvo vinculada a la quiebra de cuatro bancos que, a su vez, fue el detonante del proceso de investigación al que se referiría Jorge Giordani casi seis meses después. U21 recibió a principios de 2010 la orden de cerrar definitivamente por parte de la Comisión Nacional de Valores, después que las autoridades descubrieron que compartía la tesorería con el Banco Canarias, intervenido unos meses antes y propiedad del entonces empresario Ricardo Fernández Barrueco.

Entre las rápidas operaciones de compra de bancos que se dieron en 2009 estuvieron involucrados los llamados mutuos, un mecanismo precisamente alentado en la administración de Aída Lamus desde la CNV en 2001, que permitía a las casas de bolsa prestar o recibir dinero, a cambio de títulos valores. "Yo quería que el mercado de valores se montara en el tren del primer mundo. La idea era que las casas de bolsa se convirtieran en bancos de inversión", resume Lamus. Pero el mecanismo exigía como condición una supervisión estricta por parte de las autoridades reguladoras. Al no haberla, la consecuencia fue que los operadores bursátiles “actuaron como banqueros”; la imagen la usa Alejandro Cáribas, ex superintendente de bancos, y no como elogio. "La diferencia era que los directores de casas de bolsa no tenían que depositar un encaje legal en el Banco Central”, prosigue Cáribas en entrevista telefónica desde Panamá, “ni pagar una cobertura para los clientes en Fogade y cumplir con estrictas regulaciones, como sí debía hacer la banca. Vino así la proliferación de las casas de bolsa. Abrían rápidamente, cuando un banco demora hasta un año para arrancar. Gracias a los mutuos, las casas de bolsa en Venezuela prestaban a 18% de interés, cuando la banca solo podía ofrecer 10%. Manejaron de esta forma mucho dinero, con una supervisión muy laxa".

Así las cosas, como reconoce desde su exilio en Miami Gabriel Osío, uno de los socios de Econoinvest, “los mutuos llegaron a representar 40% de los ingresos de nuestro sector". No era entonces una tontería la advertencia de Merentes de eliminar la figura si no aparecía alguna solución. "Pero era Navidad y nadie hizo mucho al respecto", admite el corredor Eduardo Fortuny. El 31 de enero de 2010, la gaceta oficial ordenó la eliminación de todas las operaciones de mutuos de las casas de bolsa y solo otorgó para ello un plazo de tres meses. Amputado más de un tercio de sus ingresos, a las casas de bolsa les quedaba el mercado permuta de bonos como principal fuente de rentabilidad.

La segunda reunión con Merentes fue clave. Los dueños de casas de bolsa oyeron otra petición. "Lo que queremos es que bajen el precio del dólar en el mercado paralelo y que no se mueva, que se mantenga igual", recuerda haber oído Fortuny. Dos funcionarios del Banco Central confirmaron esas reuniones. Pero dicen que el sector no escuchó la advertencia. "En esa reunión nos dijeron que podían quitarnos el negocio, aunque en principio aclararon que no era eso lo que les interesaba", apuntó. La cita, a principios del año 2010 dejó claro que la preocupación principal del Gobierno frente a los operadores era el precio del dólar referencial que se cotizaba en el mercado paralelo.

Gabriel Osío, quien fungía como presidente de la Asociación de Casas de Bolsa, apunta otros detalles históricos. Recuerda que hasta abril de 2009 se reunían cada 45 días en el Ministerio de Finanzas. "Allí se planificaban todas las emisiones que se harían para alimentar el mercado. En esos encuentros también participaba la banca. Pero todo cambio cuando se sustituyó el ministro". Una vez que Jorge Giordani asumió las labores de ese despacho, solo quedó abierto un canal de comunicación con el Banco Central de Venezuela. "Nos reuníamos con el presidente del BCV, Nelson Merentes y con la Junta Directiva, sin Giordani presente", apuntó.

Allí en el BCV, tenían también reuniones periódicas para revisar el mercado. "Les decíamos qué estaba pasando e incluso hacíamos recomendaciones para manejar el mercado y tratar de controlar el precio. Nosotros éramos los principales preocupados en evitar cualquier especulación. Sabíamos que la cuerda se podía romper por este lado". Osío está convencido de que el precio del dólar aumentó por la falta de emisiones suficientes para satisfacer una creciente demanda de divisas en el mercado alternativo. "Siempre aclaramos en esas reuniones que el precio no dependía de nosotros, sino de la oferta de bonos".

Un alto funcionario del Estado venezolano distinguía tres grupos entre las casas de bolsa: los operadores veteranos, los novatos y los estafadores. Sin precisar los criterios que sustentaban la clasificación, la misma fuente relata que, en cualquier caso, se concertó una reunión con los operadores a los que se tenía por serios. En dos platos, asegura, sus contrapartes no se avinieron a colaborar con el objetivo de controlar el precio del dólar en el mercado paralelo y, en general, no supieron calibrar las advertencias. Insiste en que para él y algunos de sus colegas en el alto gobierno, el camino más adecuado pasaba por aumentar la regulación y mantener en operación el mercado de casas de bolsa. "Pero la decisión fue cerrar la permuta de bonos", apunta.

Cuando se decide desentubar al mercado de bonos e interrumpir también la participación de las casas de bolsa en él, en mayo de 2010, Econoinvest tenía una posición de dominio. De acuerdo a Sifontes, tuvo una cartera de 60 mil clientes. Pero la razón para pretender convertir a Econoinvest en emblema de las contradicciones del derrumbe del negocio de las casas de bolsa no era solo el tamaño del negocio. Otros apuntan a la generosidad que la empresa mostró como anunciante de medios de comunicación y como activo mecenas de las artes. Y todavía más: muchos recuerdan que Econoinvest hacía negocios con el Gobierno.

Su rol fue más allá de ser agente coordinador de las emisiones de Pdvsa y otras empresas públicas. Había otro detalle. Econoinvest tenía un papel clave en el mercado paralelo de bonos, porque grandes empresas petroleras y trasnacionales, que comenzaron a participar de forma importante en ese mercado a partir de 2008, hacían sus operaciones a través de grandes casas de bolsa, según apuntó Asdrúbal Oliveros. "Pdvsa comenzó a participar en el mercado paralelo al pagarle a sus contratistas en dólares al tipo de cambio de ese mercado y no al oficial. Ellos entonces acudían al mercado de bonos para obtener bolívares", explicó el analista Oliveros.

Los balances de la petrolera mencionan desde 2009 esas operaciones. Lo que la sentencia del juez Vásquez considera una práctica ilegal, aparece en los informes auditados de la petrolera de 2009 y 2010, como "una circunstancia propia del mercado financiero venezolano". Pdvsa informó en el último reporte anual oficial, hecho público en 2011, que entre 2008 y 2010 obtuvo ingresos financieros de 7,8 millardos de dólares, por transacciones que hizo con bonos de Pdvsa e inversiones en fondos en dólares. En las notas finales de la firma auditora, la empresa reconoció directamente que parte de las ganancias las obtuvo por cancelar con bonos a proveedores. "Pdvsa realizó una transacción financiera mediante la cual entregó papeles para pagar ciertas obligaciones pendientes con proveedores. Los bonos están denominados en dólares y fueron recibidos por los proveedores a un valor acordado en bolívares", dice el informe. Pdvsa no canceló sus deudas al tipo de cambio oficial, y de allí los ingresos extras.

"Empresas como Ford, Manpa y Odebrecht también trabajaron con nosotros", apunta Gabriel Osío. "Teníamos clientes de todos los tamaños. Empresas a la que el Estado o Pdvsa les pagaba con bonos en dólares y acudían a Econoinvest para vender los títulos a cambio de bolívares", confirma el directivo de Econoinvest. "Lo que no hicimos fue trabajar directamente con Pdvsa en el mercado alternativo", aclara.

En 2009, Hermán Sifontes accedió a acompañar a una delegación del Estado venezolano, liderada por el exministro José Rojas y por Armando León, Director del Banco Central, para explicar al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM), reunidos en Estambul (Turquía), las a veces ininteligibles peculiaridades del mercado financiero alternativo en Venezuela. Ese favor, que le comentó al juez Vásquez en la audiencia, si no llegara a retratar una situación de connivencia entre las dos partes, al menos indica que para entonces las autoridades de gobierno no encontraban indicios de que Econoinvest fuera el “nido de mafiosos” que en julio de 2010 el presidente Chávez se complacería en denunciar.

El propio legajo de acusación de la Fiscalía hace referencia a una operación que Econoinvest realizó en abril de 2010 para la trasnacional Citic, un consorcio del gobierno chino favorecido con inmensos contratos de construcción de viviendas al amparo de las excelentes relaciones gubernamentales chino-venezolanas.

Por último, pero no lo de menos: destacadas personalidades del oficialismo figuraban entre los clientes de Econoinvest. Salió a la luz, por ejemplo, el nombre del diputado zuliano Calixto Ortega. En la audiencia privada, los representantes de la casa de bolsa revelaron otros ejemplos de diputados, jueces y altos funcionarios públicos. Pero, según dice el abogado Luis Valdivieso, se impusieron a sí mismos una limitación: “Las operaciones de Econoinvest no eran secretas, por lo que no sería ilegal hacer público quiénes compraron y vendieron bonos. Sin embargo, mis defendidos han preferido mantener confidencial el nombre de los clientes por una razón ética, más que legal. No están quemando todas sus naves. Ellos creen que alguna vez podrán volver a trabajar en este negocio y, en ese sentido, se podrá comprobar que, aún presos, no usaron nunca esa información".

Así de llamativa, relevante, expuesta y consentida –si no promovida- por las autoridades era la actuación de Econoinvest en el mercado de los bonos. Sobran los ejemplos. Y así de llamativa, relevante, expuesta y, ahora sí, promovida por las autoridades sería su caída en desgracia.

¿Qué buscaban los funcionarios durante el allanamiento? ¿Y qué encontraron? La máxima autoridad policial del país, el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tarek El Aissami, informó en la televisora estatal lo que a grandes rasgos venían detectando: "Las casas de bolsa son unas cofradías donde se especula", dijo. "Tenemos información muy valiosa de transacciones simuladas, ventas falsas, registros contables inexistentes, transacciones hechas de forma irregular y un sinfín de ilícitos".

Al momento de la intervención, Econoinvest tenía 932,7 millones de bolívares (218,2 millones de dólares) en activos y las deudas representaban un total de 582,2 millones de bolívares (135,6 millones de dólares), de acuerdo con el último balance entregado a la Comisión Nacional de Valores en abril de 2010. El máximo regulador reconoció que no cerró a la casa de bolsa por problemas patrimoniales. No hubo estafa a los clientes.

La liquidación de la empresa se ordenó entonces por irregularidades distintas, que formalmente aún no se han hecho públicas. Así como ninguna otra investigación administrativa paralela al juicio contra los 11 corredores de bolsa. Ningún funcionario del Estado ha sido detenido, investigado, en este caso. La interventora de la casa de bolsa más grande del país, Nahunimar Castillo, solo puntualizó una razón para el cierre de la institución en una entrevista al canal estatal VTV el 18 de agosto de 2010: "Una empresa como esta, que no es más que una muestra de cómo la burguesía podrida pone en funcionamiento la maquinaria capitalista, no puede continuar operando en este país". El 4 de octubre de 2011, la interventora y su adjunto Orangel Godoy fueron removidos de sus cargos por decisión de la Superintendencia de Valores. Los reemplazó el interventor Víctor Moreira sin mayores explicaciones.

Como se dijo, el juez Robinson Vásquez encontró méritos suficientes para llevar a juicio a los directivos de Econoinvest. Para dirigir ese juicio formal quedó designada Fabiola Serdel, jueza quinta de primera instancia. Los abogados de la defensa creen que es cuestión de meses para iniciar el juicio, aunque en paralelo el Tribunal Supremo de Justicia decidió en noviembre de 2011 revisar el caso. Por sorpresa, el pasado 21 de diciembre de este año se convocó una audiencia para evaluar si los detenidos podían quedar en libertad durante el juicio, una petición que había hecho la defensa. A media tarde, la audiencia fue diferida para los primeros días de enero de 2012.

En el interín, ninguno de los delitos que los voceros oficiales le atribuyeron sigue en pie. Nada de usurpación de identidad, ni de lavado de dinero, ni de fraude, ni falsificación de documentos, ni operaciones ficticias sin respaldo de títulos. La empresa no presentó ningún problema financiero o administrativo. A pesar de las nuevas pesquisas que se hicieron con la casa de bolsa cerrada, no se agregó nada más a la sentencia de 327 páginas. Del expediente solo se preservan las acusaciones hechas en junio de 2010 contra los directivos de Econoinvest por negociar divisas de forma ilícita, y de “asociación para delinquir”, una figura jurídica que el juez de control decidió intercambiar por “agavillamiento”, que en el vigente Código Penal comporta una sanción menor.

"El Gobierno está buscando válvulas, respiraderos", aviva la esperanza el abogado Valdivieso. Son muchos los rumores que dice escuchar en los pasillos de los tribunales. Se muestra optimista. "No tiene sentido mantener esta situación. Más temprano que tarde se va a reimponer el orden y este negocio va a continuar. Había que buscar un culpable, las autoridades tenían que darle una solución al presidente por el dólar, la inflación. Pero quedaron entrampados en su propia actitud y buscan ahora salir honrosamente".

Documentada, en cambio, quedó en la investigación de Tomás Sánchez, desde la CNV, una práctica tecnológica llama V-Broker, un sistema operativo que, según la definición del propio Sánchez, “refleja diariamente la intermediación de compra y venta de títulos valores denominados en divisas, sin que medie conformación y liquidación de dichas operaciones, que sirvan como referencia para determinar el precio del dólar permuta". Pero esto no se sustanció en el expediente. La omisión del juez, por cierto, sorprende a un alto funcionario del Estado, que conoce bien el caso y pide anonimato antes de declarar. “Las operaciones con títulos eran legales. Las armó el Gobierno. Aquí el problema era de un grupo de casabolseros, que decidió especular con una cajita para mover el precio del dólar paralelo de forma ficticia y ganar más dinero", afirmó. Se refiere a ese V-Broker. "Eso que usaban era un engaño. Por eso estuve de acuerdo en aumentar la regulación, en acabar con eso, pero no en cerrar el mercado", aclara.

La cajita existió. El sistema V-Broker era, según explica un corredor de bolsa consultado, una simple página web, con un sistema supuestamente seguro y secreto. El sitio hacía las veces de mercado y allí algunas casas de bolsa informaban de su intención de comprar y vender bonos a un tipo de cambio determinado y surgía un precio promedio del dólar en las transacciones. "Cuando el Gobierno comienza los primeros allanamientos a casas de bolsa, descubre la cajita e inicia la investigación", afirmó.

Econoinvest, en todo caso, no participaba en la cajita. En eso coinciden corredores de bolsa y altos funcionarios del Estado. Sus ejecutivos también lo apuntan. El tamaño de la clientela de la casa de bolsa y las constantes operaciones que hizo la empresa, bajo contratos con el gobierno de Chávez, permitían que manejara un mercado independiente con suficiente volumen y, así, con un precio de referencia del dólar.

Pero desde que dejaron de funcionar el negocio y la cajita, con muchas de sus caras más visibles tras las rejas o en el exilio, se dio una comprobación empírica incontestable: la tasa de inflación continuó elevada, alrededor del 25% anual, y la todavía clandestina paridad del dólar “libre” sigue en la cota donde estaba cuando el mercado permuta cerró. “Nada ha mejorado, ese es el hecho concreto”, remacha Luis Vicente León, director de Datanálisis, una de las principales empresas de investigación de mercados y de opinión pública en el país.

El propio Gobierno admitió hace pocos meses que las cosas siguen igual. "¡Qué bien ha venido funcionando el sistema que inventaste en el BCV!", comentó Chávez el 17 de agosto de 2011, cuando interrumpió una rueda de prensa del presidente del BCV, Nelson Merentes, con una llamada telefónica. La conversación se transmitió por televisión y el presidente decidió tocar un tema que no se había vuelto a mencionar desde 2010. "Se acabó prácticamente el mercado paralelo que llevó a 10, a 15 bolívares, el precio del dólar. Quedan apenas unos rezagos. Pero, ¿en cuánto está ahora ese dólar Merentes? Tú me enviaste un reporte hace poco", lo increpó la voz en off del presidente. El funcionario sonrió y apenas dijo: "Está controlado ese precio". Meses más tarde, el fantasma de la especulación volvió al verbo presidencial. Chávez anunciaba en noviembre la entrada en vigencia de una nueva Ley de Costos y Precios para combatir a fabricantes y comerciantes de alimentos y productos del hogar, los nuevos culpables, según el discurso oficial, de una inflación anual de 26,9% para noviembre de 2011.

¿Representa entonces esta variación de aumentos de precios, una de las más altas del mundo, el fracaso de la estrategia de shock utilizada por el Gobierno contra el mercado de bonos y el negocio del corretaje? Menos que eso. Tal vez sea solo un debilitamiento de la narrativa con que la estrategia se presentó, pero no de la estrategia misma, sobre todo si, a fin de cuentas, esa estrategia perseguía objetivos políticos antes que económicos. Insiste Luis Vicente León en que "todo lo que ubique chivos expiatorios le ha convenido en un momento determinado a Chávez", mientras chequea los números de opinión pública de ese mes de mayo de 2010, favorables al Gobierno. “La gente es morbosa, incluso el grupo de opositores, y sigue la novela en la que Chávez castiga a los ricos culpables".

El analista y académico Ramiro Molina asoma otro escenario: de lo que se trató fue de un extreme makeover preventivo por parte del gobierno: "Hubo irregularidades en instituciones financieras que eran propiedad de círculos ligados al Gobierno y por eso decidieron satanizar el mercado cambiario como un todo. Cerrarlo. Había que desligarse completamente de ese sector".

De ser así, una ironía justiciera puso a los confinados operadores de bolsa en el mismo saco con el empresario emblema de esa operación de lavado de rostro: Ricardo Fernández Barrueco. Fernández hizo muchos favores al Gobierno; entre ellos, el de habilitar el eficaz canal de distribución de alimentos que posibilitó el fenómeno Mercal, los mercados populares que constituyen uno de las insignias de los programas sociales de Chávez. Y el Gobierno retribuyó con creces ese apoyo. Fernández pasó de ser un empresario de segundo orden y escala parroquial, a adquirir astilleros y flotas atuneras en el exterior. Hizo una oferta por Digitel, un operador de telefonía celular en Venezuela, y cuando empezó a coleccionar bancos como barajitas, el Gobierno decidió intervenir sus instituciones y llevarlo a juicio.

Los ejecutivos de Econoinvest y las demás operadoras de bolsa comparten ahora los calabozos de la DIM con Fernández Barrueco. El empresario se entregó a la policía el 20 de diciembre de 2009. La paradoja de esta espeluznante coincidencia es que, según testimonios, los operadores de bolsa no se han ensañado con él, y hasta le brindarían apoyo anímico.

"Sí. Ellos han hablado con Ricardo sobre lo que pasó. Pero también lo ayudan a llevar el encierro", cuenta un familiar, que asoma posibles bajas en el ánimo de este hijo de emigrantes españoles, y las atribuye a que recibe muy pocas visitas. En la prisión, a pesar de la historia de auge y caída financiera que los conecta y a la vez enfrenta fuera de la cárcel, han sentado las bases para cierta convivencia. Al menos, todas las mañanas, cuando llega el lote de periódicos para los presos, los directores de Econoinvest le relatan las noticias. "A Fernández Barruecos le cuesta concentrarse, así que prefiere enterarse de lo que pasa, oyéndolos a ellos".

Otro momento clave en estos encuentros ocurre después del almuerzo. Las conversaciones de sobremesa son largas y atractivas. Es quizás una oportunidad única para que gente tan diversa intercambie ideas y ate cabos de interés no solo para ella sino para la opinión pública. Pero esa tertulia se mantiene, por ahora, reservada. De dominio público, en cambio, siguen siendo los esfuerzos de formación de Juan Carlos Carvallo, que entre tanto aprendió italiano y se convirtió en profesor de inglés no solo para otros detenidos, sino para algunos custodios.

Ernesto Rangel, otro de los socios de Econoinvest, es un verdadero devoto de la actividad física y no pierde de vista desde su prisión, en la zona industrial de Boleíta Norte (noreste de Caracas, sede de la DIM), la marcha de su negocio disquero con la empresa Guataca Producciones. Acaba de editar un elepé del guitarrista Aquiles Báez y en el arte del disco aparece su crédito como productor ejecutivo.

Sifontes recibe constantes visitas de poetas y amigos de la cultura los jueves y sábados, que son los días en que puede conversar por unas horas con la familia y los más cercanos.

Quizás esas tertulias sirvieron para examinar con mayor distancia lo que les ha sucedido. Ante el juez, el presidente de Econoinvest se mostró convencido de que este caso contra los corredores de bolsa será otro capítulo más en la tumultuosa historia de auges petroleros y crisis económicas de Venezuela. "Los venezolanos tienen una relación erótica con el dólar. El Gobierno creó las condiciones para que la gente no confiara en el bolívar y se dedicara a comprar bonos en dólares. Este siempre ha sido un problema político, económico y sociológico en Venezuela", dijo Sifontes.

Su análisis quedó en la cámara de video.