Mientras la red se desarrollaba y cobraba escala hasta manejar millones de barriles de crudo y miles de toneladas de otras mercancías, persistía también el misterio de cuánto de ello era del conocimiento del gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, y si acaso contaba con su visto bueno. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación hace un año sobre algunos de los implicados, sin que haya tenido mayores avances en la justicia mexicana. Amén de insuficiente, la acción del ente fue tardía, justo cuando Washington se dispuso a adoptar sanciones financieras contra Joaquín Leal y otros protagonistas del negocio.

Ahora una investigación de EL PAÍS y Armando.info, adelantada a partir de miles de documentos internos de la red, ha obtenido evidencias de que al menos una instancia del gobierno mexicano podría haber actuado como aliado de la red, de acuerdo con papeles de la empresa Libre Abordo, en los que esta se presentaba como designada por el gobierno de México para hacer este tipo de operaciones y como cliente de Segalmex, el organismo de seguridad alimentaria del Estado mexicano.

Además, documentos en poder de ambos medios y entrevistas con diversas fuentes confirman una relación entre el joven empresario Joaquín Leal, en el vértice de la trama, y el subsecretario de Exteriores para América Latina y El Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga. El número dos de la Cancillería defiende que en su responsabilidad es fundamental apoyar a “toda empresa mexicana, se llame como se llame, sin consultar su posición política ni partidaria”. “Partimos de que los empresarios que se acercan a nosotros lo hacen de buena fe y desean tener mejores vínculos económicos en la región”, agrega Reyes en respuesta para este reportaje.

“Libre Abordo fue nombrada por el gobierno mexicano para entrar en el programa humanitario de intercambios de petróleo por comida con Venezuela con el propósito de ejecutar la venta de una variedad de productos alimenticios para ser comercializados entre ambos países”, asegura la empresa en una presentación corporativa elaborada en enero de 2020, que forma parte de los documentos en poder de ambos medios. En la presentación, la empresa, creada ad hoc por Joaquín Leal para los negocios con Venezuela, explica que el acuerdo se fraguó en una serie de conversaciones bilaterales entre las autoridades de Caracas y Ciudad de México.

Todos a bordo

La misma presentación apunta que Libre Abordo llegó a un acuerdo con Segalmex, la agencia gubernamental para la producción y distribución de comida. “Segalmex recibe instrucciones del gobierno federal de México para proseguir con la ayuda humanitaria, con la intención de beneficiar a los pueblos de México y Venezuela”, se lee en el documento. Según la versión de Libre Abordo, la administración de Andrés Manuel López Obrador instruyó a Segalmex para venderle 210.000 toneladas de maíz con destino a Venezuela. La cantidad coincide con la operación que, en junio de 2019, Libre Abordo realizó con la estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex): se firmaron dos contratos para suministrar esas toneladas de maíz y 1.000 camiones cisterna de agua potable a cambio de de dos millones de barriles de petróleo, una operación valorada en 200 millones de euros.

A esa mención se suma otro documento del legajo electrónico obtenido para esta investigación periodística. En la búsqueda de clientes que estuviesen dispuestos a procesar el petróleo de PDVSA que se había intercambiado por alimentos, Libre Abordo contactó a principios de 2020 con la refinería india Reliance. A propósito del proceso de debida diligencia iniciado por la empresa asiática para certificar a su posible nuevo proveedor, Libre Abordo entregó una carta fechada el 16 de diciembre de 2019 con el membrete de Segalmex, el organismo que debía venderle el maíz con destino a Venezuela. “Podemos confirmar que hemos recibido instrucciones del gobierno mexicano para proseguir con este trato”, se lee en la misiva que lleva la firma supuesta del entonces jefe de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira. “El maíz se repartirá en tres entregas programadas para la tercera semana de enero de 2020, la tercera semana de febrero y la tercera de marzo”. Fuentes próximas al exfuncionario, quien dejó el cargo en junio del año pasado envuelto en acusaciones de corrupción, aseguran que la firma en la carta no es la de Gavira y afirman que se trata de una imitación forjada por Leal y sus colaboradores.

Libre Abordo también presentó un comprobante de una transferencia bancaria del 11 de diciembre de 2019 a Segalmex por 330,6 millones de pesos (15 millones de dólares) como adelanto para la entrega de las 210.000 toneladas de maíz de la operación inicial. La empresa que hizo el pago fue Consorcio Panamericano SA de CV, una compañía mexicana en la que la abuela de Leal es socia junto a presuntos testaferros que participaron en otras entidades del empresario. Libre Abordo aseguró en los correos enviados a Reliance que Consorcio Panamericano le hizo un “préstamo” para completar la transacción. Consultada para este reportaje, Segalmex ha respondido que “no va a hacer comentarios” sobre la supuesta operación.

Esos dos millones de barriles iniciales de junio de 2019 se acabaron convirtiendo en un volumen de al menos 30 millones de barriles de crudo en embarques que zarparon entre noviembre de 2019 y mayo de 2020. De acuerdo con correos en poder de EL PAÍS y Armando.info, Libre Abordo justificó el salto de dos a 30 millones de barriles por la caída internacional del precio del crudo, con lo que la equivalencia de los bienes canjeados había cambiado, en detrimento de la parte venezolana. La empresa mexicana se asesoró con despachos para completar las operaciones por medio de trueques bajo la patente de la “ayuda humanitaria”.

La operación, que incluía el maíz y unos camiones cisterna a cambio de crudo venezolano, prometía aliviar las tribulaciones del régimen de Caracas. Presionado por las sanciones impuestas por Estados Unidos a algunos de sus jerarcas y a organismos como la petrolera estatal PDVSA y el Banco Central, el gobierno de Maduro encontraba cada vez más dificultades para colocar su menguante producción de crudo en mercados internacionales y obtener divisas. Un pretendido canje humanitario parecía brindar una fachada a la transacción lo bastante convincente para pasar el escrutinio de Washington.

A pesar de las maniobras, al final el Departamento del Tesoro sancionó a Libre Abordo y a Joaquín Leal por hacer negocios con Venezuela, una medida que anunció hace un año, en junio de 2020. Entonces, la UIF mexicana inició una investigación para seguir el rastro de los 200 millones de euros. La investigación no tuvo apenas avances hasta que el reciente 18 de mayo la UIF envió una denuncia a la Fiscalía en la que pedía el aseguramiento de un centenar de cuentas de Leal y Libre Abordo, según pudo comprobar esta investigación. De los supuestos acuerdos con Segalmex, sin embargo, no hubo entonces ni hay todavía algún pronunciamiento oficial.

Nexo real

Dos fuentes testimoniales aseguraron a los autores de la presente investigación que Leal llegó a Segalmex en 2019 por facilitación de Maximiliano Reyes Zúñiga, número dos de la cancillería mexicana. Según confirman esas fuentes, los primeros contactos se sitúan en una reunión en Monterrey, capital del estado de Nuevo León, con altos funcionarios del Gobierno de Venezuela que visitaron México y que plantearon abrir una vía de comunicación institucional entre ambas administraciones. Esa reunión se produjo poco después de la visita de un grupo de empresarios mexicanos, entre los que se encontraba José Adolfo Murat, exsocio de Leal, a Caracas. Entonces, de acuerdo a la documentación obtenida, se produjo una reunión con Omar Abou Nassif, hermano de un empresario cercano a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, quien planteó la posibilidad de utilizar la sucursal en Chihuahua de Industrias Lácteas Asturianas (ILA, productora de la marca Reny Picot) como proveedor en México, algo que corroboran fuentes próximas a Segalmex.

En ocasión de la presente serie investigativa, de la que este reportaje forma parte, se solicitaron las versiones de Joaquín Leal y del gobierno de Venezuela. Ninguna de las solicitudes obtuvo respuesta.

El Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento de Renovación Nacional (Morena), aunque de izquierdas, desde que llegó al poder ha mantenido una posición ambigua respecto al conflicto venezolano. Ciertamente evitó reconocer al líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino, algo que complacía a Maduro, pero a la vez ha contribuido a sacar opositores venezolanos para darles refugio en México. Las relaciones del gobierno chavista y de la oposición venezolana con la diplomacia mexicana son estrechas y frecuentes, hasta el punto de que México se perfila como la probable sede de una próxima negociación entre ambas partes para buscar una salida a la crisis política y humanitaria que se ha hecho crónica en el país sudamericano. En el caso del presidente López Obrador, que no se priva de opinar sobre todo tipo de asunto desde su conferencia mañanera, se ha referido a Venezuela en muy pocas ocasiones. Una de ellas fue tres días antes de la sanción del Tesoro a los empresarios mexicanos, para decir que estaría dispuesto a colaborar con ayuda humanitaria si el gobierno de Caracas la requiriera: “No nos ha hecho ninguna solicitud. En el caso que nos hiciera la solicitud y fuese una necesidad humanitaria, lo haríamos”.

Para que México funcionara como uno de los vértices de un esquema subrepticio de comercio con la Venezuela chavista no era necesario que tuviera un gobierno de izquierdas. Ya en 2016, bajo la administración de Enrique Peña Nieto, del otrora hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI), empresarios cercanos a Nicolás Maduro, como Alex Saab, encontraron en México a los proveedores para comprar toneladas de alimentos que viajaron a Venezuela en las cajas CLAP. En 2018, las autoridades de entonces de la Procuraduría General de México, casi en las vísperas de las elecciones que ganó López Obrador, abrieron una investigación contra ese negocio por encontrar en los embarques indicios de productos de mala calidad y sobreprecios, pero el caso se saldó con solo unas pequeñas multas a las compañías involucradas. 

Pero la posible participación de un ente gubernamental y que un alto funcionario de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes Zúñiga, estuviera al tanto del esquema comercial -si no fue que la promovió-, le asignaría un nivel de compromiso sin precedentes del gobierno mexicano.

Si del vínculo con Segalmex no se han encontrado otras pruebas que confirmen la especie, no hay dudas sobre las relaciones entre Joaquín Leal, el joven emprendedor que asumió desde México las riendas del circuito para evadir las sanciones internacionales que pesan sobre el régimen chavista, y el número dos de la Cancillería mexicana, el subsecretario (viceministro) de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga. Leal y Reyes se reunieron al menos dos veces en dos restaurantes de Ciudad de México antes de que se cerrase el acuerdo entre la empresa Libre Abordo y Corpovex, según han podido confirmar los reporteros con tres fuentes distintas.

Una venezolana con lealtad doble

Esas reuniones tuvieron un precedente público, en lo concerniente a nexos entre Leal y Reyes, por una columna de Carlos Loret de Mola en el diario El Universal de Ciudad de México. El influyente periodista mexicano sacó entonces a la luz una carta, fechada el 20 de junio de 2019, menos de una semana después de que se firmaron los contratos entre Libre Abordo y Corpovex, a nombre del gobierno venezolano, en la que aparece la venezolana Haymel Brito Martínez como miembro de la delegación mexicana en la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que por esos días se celebraba en Medellín, Colombia. En la delegación de México, encabezada por Reyes, Haymel Brito era la única participante que no ostentaba un alto cargo diplomático. En su columna, Loret de Mola describía a Brito como “una influyente mujer en la Cancillería” mexicana y se preguntaba cómo era posible que una funcionaria diplomática que "representa a dos países" en simultáneo, México y Emiratos Árabes Unidos, pudiera haber nacido "en un tercero", Venezuela. Ante la difusión de la misiva, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) decidió dejar a Brito fuera de la comitiva. Frente al menos dos solicitudes de información, la Cancillería rechazó que la mujer trabajara en la Subsecretaría de América Latina. Tampoco aparece en el directorio como empleada por honorarios de esa dependencia.

De acuerdo con su currículo, Brito Martínez ha sido representante de Fedecámaras —el principal organismo patronal en Venezuela—, analista de la Organización Internacional de Empleadores, becaria en Naciones Unidas y ha trabajado para la oficina del embajador de Emiratos Árabes Unidos en México. Fue durante esa etapa de servicio para el país árabe, a finales de 2018, cuando al menos dos fuentes sitúan el primer encuentro entre Brito y Reyes.

Durante el período de transición del gobierno de Enrique Peña Nieto al de Andrés Manuel López Obrador, en septiembre de 2018, el exalcalde de Ciudad de México, Marcelo Ebrard, visitó la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en calidad de canciller designado. Le acompañaba parte de su equipo, entre los que estaban el actual subsecretario para América Latina y el Caribe, Reyes Zúñiga. Poco después Reyes y Brito empezaron a interactuar intensamente por redes sociales y viajaron juntos a diversos lugares como Ciudad de Panamá, Buenos Aires y Barcelona, según ha podido constatar esta investigación.

La relación personal de Haymel Brito con Joaquín Leal también es un hecho, como acreditan fotos y mensajes en redes sociales de ella junto al entorno más próximo del empresario mexicano. En julio de 2019, Brito comenzó a trabajar como directora de Relaciones Institucionales de Hábitos Luzy, la filial mexicana de Luzy Technologies, una de las empresas que fueron incluidas en la lista negra del Departamento del Tesoro junto a Libre Abordo y también parte del portafolio de Leal. La compañía se especializaba en salud y alimentación y su producto más visible era una aplicación móvil para dar asesoramiento médico. Desde su puesto en Luzy, Brito gestionó la venta de medicinas y equipo médico al gobierno de Panamá con apoyo directo de la Embajada mexicana en el país centroamericano.

El 10 de diciembre de 2019, Maximiliano Reyes Zúñiga viajó a Buenos Aires para representar a México en la toma de posesión del presidente argentino, Alberto Fernández. Según consta en los registros de transparencia, en ese viaje el subsecretario hizo una parada en Panamá para “sostener reuniones en la Embajada de México”. Ese mismo día, Brito compartió en sus redes sociales que se encontraba en Panamá. De acuerdo a los correos, durante ese viaje visitó la Embajada mexicana para dialogar sobre acuerdos comerciales entre Luzy y el Gobierno panameño. A finales de 2019, el embajador mexicano en ese país, Luis Manuel López Moreno, comenzó a reportar ante la mujer venezolana —a quien llamaba “maestra”—, los avances que realizaba en nombre de la empresa. “Nos reuniremos antes del viernes para platicar sobre la aplicación [Luzy]. En cuanto tenga un resultado le informo”, le escribió en un correo el 16 de diciembre el embajador a Brito sobre un encuentro que mantuvo con un empresario, apenas una semana después de la visita. “Muy bien, embajador”, respondió ella.

En respuesta escrita para esta investigación, la venezolana Haymel Brito asegura que su "asesoría externa" para Hábitos Luzy concluyó en 2019 "y no tenía que ver con Venezuela ni con asuntos de ese país (...) No tengo ninguna relación con ninguna institución del gobierno de México". Añade que conoció de Libre Abordo por las publicaciones del diario El País en 2020, "cuando yo ya no estaba ahí" [en Luzy].

El hombre de Reyes en Caracas

La sombra de la Secretaría de Exteriores sobre la trama del petróleo venezolano se extiende también en la Embajada mexicana en Caracas, especialmente con el hombre de confianza de Reyes en esa delegación: Rodrigo Benedith Reyes. Ambos funcionarios se conocen desde hace por lo menos una década, cuando el hoy vicecanciller era legislador en la Asamblea de Ciudad de México en 2009 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD, de izquierdas, del que López Obrador y Morena se desprendieron en septiembre de 2012) y el otro era asesor del órgano legislativo. Además trabajaron juntos como directores de área en la delegación (municipio) Miguel Hidalgo de Ciudad de México entre 2012 y 2013. En septiembre de 2019, Benedith ocupaba el cargo de director de Servicios Urbanos de la Alcaldía de Azcapotzalco -otro municipio metropolitano-  cuando fue nombrado, sin ninguna experiencia en el sector diplomático, encargado de cooperación económica y promoción de la representación mexicana en Venezuela. Su nombre aparece en los correos del círculo de Leal, quienes además se jactaban de tener “contactos en Embajadas y consulados”.

En un correo enviado por el propio Joaquín Leal a su equipo el 12 septiembre de 2019, cuando el funcionario apenas llegaba al cargo, el empresario pide que envíen a Benedith unas tarjetas y un contrato.

El nombre del funcionario mexicano está presente también en otras comunicaciones. Como en una del 1 de abril de 2020, en la que la directora de Libre Abordo, Olga María Zepeda Esparza, escribe un correo a la Embajada mexicana en Caracas informando de sus acuerdos con PDVSA. “Queremos compartirle algo de contexto relacionado a nuestra labor como empresa mexicana que provee ayuda humanitaria en Venezuela a cambio de petróleo”, dice el mensaje, dirigido a Benedith Reyes.

Para esta investigación los reporteros enviaron un cuestionario pormenorizado a Maximiliano Reyes Zúñiga con diez preguntas sobre cada uno de estos asuntos específicos. El subsecretario accedió a contestar pero con una declaración general de nueve párrafos sobre las atribuciones y objetivos de su dependencia, sin confirmar o negar nada.

“Como subsecretario para América Latina y El Caribe mi responsabilidad es estar en permanente contacto con todos los gobiernos de la región, en base a los criterios fijados por la Constitución mexicana, que siempre han sido manifestados públicamente. Nuestro principio es el máximo respeto a la soberanía de cada país, y en la medida de lo posible, siempre estamos con disposición de cooperar y colaborar en lo social, económico, cultural, humanitario y comercial. Y en este sentido, no hacemos excepciones con ningún gobierno ni nos sometemos a la política exterior de ningún país”, asegura Reyes en su respuesta, quien alega que trabaja “a favor de un sólido y fluido diálogo con el sector privado para mejorar la dinámica económica y comercial de nuestro país en la región”.

En este sentido, Reyes asegura que para su subsecretaría (viceministerio) “es fundamental apoyar a toda empresa mexicana, se llame como se llame, sin consultar su posición política ni partidaria, partimos de que los empresarios que se acercan a nosotros lo hacen de buena fe y desean tener mejores vínculos económicos en la región en base a un principio fundamental: ganar-ganar-ganar (Gana México, gana el país en cuestión, gana el empresario). Y en ese sentido, tenemos relaciones productivas con muchísimas empresas mexicanas y extranjeras que afortunadamente nos ven como aliados para facilitarles su expansión, de la misma manera que lo hacen otros gobiernos con sus empresas”. Sobre las sanciones que impuso Estados Unidos a Libre Abordo y Leal, Reyes responde: “Nuestra línea es pública: jamás estaremos de acuerdo en resolver nada por la vía de la fuerza ni la coerción, ni mediante sanciones. Es público y notorio nuestra posición. Siempre hemos votado de la misma manera en los organismos internacionales”.

Finalmente, acerca de su conocimiento de Joaquín Leal, afirma que "ubica" al empresario junto "con un grupo de inversionistas mexicanos y extranjeros del sector energético con quienes no tengo contacto desde hace varios meses, antes de que se hicieran públicas las sanciones. Mis pláticas con ellos consistieron en lo mismo que con muchos otros entornos económicos y  comerciales".

*La presente es la segunda entrega de la serie "El bypass mexicano contra las sanciones" que Armando.info produjo y publica en conjunto con el diario El País de Madrid.

En abril de 2019, un mes después de que Venezuela se fundiera a negro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez descolgó el teléfono y contactó a un grupo de empresarios mexicanos, duchos en el sector eléctrico. A priori, se trataba de ver cómo podían llevar a Venezuela unas plantas de electricidad para paliar los efectos de la crisis eléctrica. No obstante, desde el primer viaje que los empresarios realizaron a Caracas quedó claro que las intenciones por hacer negocios iban más allá de la adquisición de unos generadores. Varios miembros del gobierno de Venezuela y operadores de la cúpula chavista plantearon lo que se convertiría en el germen de una trama internacional para generar negocios que no dejaran rastro. EL PAÍS y Armando.info tienen en su poder miles de documentos que, junto a decenas de entrevistas, incluidas algunas con implicados que han pedido hablar bajo condición de anonimato por miedo a represalias, atestiguan cómo se creó y evolucionó esta opaca red. Una trama que intercambió, primero, petróleo por alimentos y camiones cisterna de agua potable, y luego, pasó a cobrar el dinero de las exportaciones petroleras a través de circuitos financieros ajenos al control de Estados Unidos. Todos los implicados tienen un nexo en común: Alex Saab, contratista del chavismo desde 2011 y supuesto testaferro de Nicolás Maduro, que espera en Cabo Verde su extradición para ser juzgado en Estados Unidos por lavado de dinero.

El origen de esta red se sitúa en las sanciones impuestas a Venezuela desde finales de 2014, principalmente por Washington, para presionar al gobierno de Maduro tratando de detener sus violaciones de derechos humanos, con Obama, y ya luego con Trump, forzando abiertamente un cambio político que nunca llegó. Hoy, con Joe Biden recién instalado en la Casa Blanca, las sanciones son moneda de cambio en una posible negociación entre la oposición y el heredero de Chávez para lograr una salida a la crisis del país.

Lo que en cualquier caso sí han conseguido estas presiones es menguar el margen de maniobra del chavismo para hacer negocios con muchas compañías por el temor de estas a ser golpeadas por el Departamento del Tesoro. Y en el centro de toda la presión ha estado PDVSA, la gran aportadora de divisas a Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, sancionada desde comienzos de 2019 por la administración Trump. Después de que la estatal petrolera alcanzó una situación en la que escaseaban las divisas, gastadas por el Gobierno en todo tipo de operaciones, el chavismo recurrió a transacciones comerciales en las que pudieran pagar con crudo en lugar de dinero.

Delcy Rodríguez Gómez fue clave para activar la conexión mexicana. Junto a su hermano Jorge, actual presidente de la Asamblea Nacional y varias veces ministro, conforman uno de los pilares del gobierno de Nicolás Maduro y una dupla cuyo poder les ha permitido desplazar a Diosdado Cabello como el oficioso número dos del chavismo. La excanciller y actual vicepresidenta preparó en abril de 2019 una serie de encuentros con funcionarios estatales y operadores cercanos a la cúpula chavista para un grupo de empresarios mexicanos, entre los que se encontraba el también político José Adolfo Murat, a quienes conocía de foros internacionales de organizaciones de izquierda como el de Biarritz. Con Simón Zerpa, entonces ministro de Economía -ahora venido a menos tras acusaciones de deslealtad-, se formuló la posibilidad de lograr un intercambio de crudo por camiones cisterna de agua potable y alimentos. Además, el ministro planteó a los mexicanos si era posible conseguir un puesto de consideración en Veracruz, el puerto principal de México desde el que empresas vinculadas a Alex Saab despacharon millones de alimentos de baja calidad y sobreprecios en las cajas CLAP para Venezuela entre 2016 y 2018, que les permitiría entrar y sacar cargamentos a gran escala.

La siguiente reunión de los mexicanos se produjo con Ricardo Morón y José Luis Sandoval -el primero, sancionado por Washington en julio de 2020, es un empresario próximo a Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente; el segundo, funcionario de PDVSA- , quienes pusieron sobre la mesa la necesidad de intercambiar petróleo por maíz blanco y trigo duro, a través de Colombia: el precio y el pago se cotizarían en oro. Otra de las personas con las que se reunieron fue Omar Abou Nassif, hermano de un empresario próximo a Delcy Rodríguez. Nassif planteó a los mexicanos la posibilidad de mover algunos alimentos, con transacciones que se realizarían a través de Hong Kong. Para ello, les aseguró, contaba con la colaboración de algunos proveedores en México. La afirmación de Nassif no era baladí: él también había participado en la trama de los CLAP desde 2016, precisamente con empresas registradas en Hong Kong. Entre 2016 y 2018, Alex Saab y su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas -cuyo nombre real era Germán Rubio, pero lo cambió tras ser involucrado en el año 2000 en una operación de narcotráfico vinculada al cártel de Bogotá- idearon una estructura de sociedades instrumentales en Hong Kong, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, de la que se beneficiaron empresarios mexicanos, algunos de ellos, como se ha podido comprobar, vinculados con la nueva red que se comenzó a tejer en abril de 2019. La figura de Alex Saab aparece también en aquellos encuentros en Caracas: los empresarios mexicanos se reunieron con una de sus operadoras.

Esa serie de contactos fue cobrando forma al regreso a México. Entonces aparece en escena, según la reconstrucción hecha mediante esta investigación por EL PAÍS y Armando.info, Joaquín Leal, un empresario de 29 años, sancionado desde junio de 2020 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus negocios con Venezuela y que, por aquel entonces, trabajaba en Diversidad, la empresa del ya mencionado José Adolfo Murat, con quien empieza a desarrollar los negocios que les habían planteado. 

En mayo de 2019, Murat vuela a Caracas con Leal. Los empresarios mexicanos se sientan de nuevo con Simón Zerpa. El objetivo es concretar las operaciones de las que hasta entonces solo se ha conversado. Aunque Zerpa propone a los mexicanos recibir pagos directos o en rublos o euros, la fórmula que se impone es la de intercambiar petróleo por alimentos y camiones cisterna de agua potable.

La fórmula seleccionada, que llevarían a cabo un mes más tarde pero sin Murat, solo con Leal, como contraparte, implicaba que la parte venezolana pediría a un tercer actor que apareciera haciendo a los mexicanos el pago de 70% como anticipo, finalmente en euros. En los dos contratos de la operación, que asciende a 200 millones de euros, no consta ningún número de cuenta del destinatario para realizar el pago. “Ante los organismos competentes” es la extraña fórmula utilizada en ambos casos, que también puntualiza que ese pago se podrá hacer “de forma fraccionada” y con la posibilidad de rescindir el contrato en 90 días. El 30% del pago restante, según los contratos, “será tramitado por el comprador por entes competentes de financiamiento”, sin que en ningún momento aclare a quién se refiere.

Tras la firma de los acuerdos comerciales, Leal buscó asesoría y se encargó de conseguir los camiones y coordinar el traslado de los alimentos desde México. También negoció con sus contactos venezolanos el precio del petróleo. En los correos electrónicos se presentaba como representante legal de Libre Abordo, la empresa con la que el Gobierno venezolano hizo el negocio. Después de cerrar el trato, la petrolera venezolana envió una serie de facturas a Libre Abordo “en atención” a Olga María Zepeda Esparza, directora y socia de la empresa -hoy también sancionada por Estados Unidos-, detallando el equivalente en barriles de petróleo y los millones de euros que la petrolera exigía como pago a la firma mexicana, al margen de los trueques por alimentos y productos en especie. Por ejemplo, en una factura del 19 de junio de 2020 por 32,9 millones de euros (el equivalente entonces a 36,3 millones de dólares) se lee que el destino del petróleo era el puerto de Singapur.

La operación de intercambio de petróleo por alimentos y camiones cisterna de agua fue el detonante para que, un año después, en junio de 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a Libre Abordo, Joaquín Leal y Zepeda Esparza. Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), dirigida por Santiago Nieto, inició una investigación para seguir el rastro del dinero. Los resultados, sin embargo, son ínfimos. Apenas el pasado 18 de mayo, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía, a la que se ha tenido acceso para este reportaje, y pidió el aseguramiento de un centenar de cuentas de Libre Abordo, Leal, Zepeda Esparza y su madre Verónica Esparza, socia de la empresa.

El de aquella primavera fue el único viaje que Murat y Leal realizaron juntos a Caracas. Murat, consultado para este reportaje, asegura que dejó el negocio en manos de Leal al volver de Venezuela. Cuando Leal le dijo a Murat que los venezolanos insistían en incluir un intercambio de petróleo como parte del negocio, este le pidió que no siguiera adelante. "Le dije que había sanciones de Estados Unidos y que no podíamos meternos en ese lío", relata. De acuerdo a su versión, rompió con Leal meses más tarde ese mismo 2019, al percatarse de que, a pesar de las advertencias, había seguido con el negocio desde Libre Abordo.

Leal, por su parte, no quiso ofrecer su versión ni responder a las peticiones de entrevista para esta investigación.

También se solicitó su versión a la vicepresidenta venezolana, sin que se obtuviera respuesta al momento de cerrar esta nota.

Lo de 'humanitario' era solo una excusa

A partir de las operaciones por los camiones cisterna y el maíz, Leal, junto a Alex Saab, organizó desde México una red secreta al servicio del gobierno de Maduro para ayudar en la venta de petróleo venezolano al margen de las sanciones estadounidenses. Para intentar esconder el rastro del dinero, creó decenas de empresas y tejió una red de socios financieros en una treintena de países. La trama se conecta con entidades por todo el mundo, algunas offshore, en Suiza, Luxemburgo, Malta, Curazao, Reino Unido, Suecia, Noruega, Grecia, Estados Unidos, Singapur, Bangladesh, China, Malasia, México, entre otros países de Europa, Asia y América y paraísos fiscales como la Isla de Man y las Islas Vírgenes Británicas, por ejemplo.

El modus operandi que se ha podido reconstruir en esta investigación demuestra que la prestación de ayuda humanitaria era tan solo un pretexto. El lado mexicano embarcaba los productos en especie y PDVSA les pagaba con petróleo y logística para sacarlo del país en buques. Sin embargo, detrás de esta operación, se escondía otra más compleja que dejaba millones de ganancias para los involucrados a través de la reventa del crudo a precios por debajo del mercado, con dinero que eventualmente regresaba a PDVSA como pago por la mercancía. La petrolera de Venezuela terminaba cobrando las facturas que le emitía a Libre Abordo en cuentas de bancos rusos, como Gazprombank y Evrofinance Mosnarbank. Con ello lograban concretar las transacciones fuera del sistema bancario estadounidense y no involucrar a ciudadanos de ese país. Los documentos a los que ha accedido esta investigación dan cuenta de que los tratos con el petróleo se prolongaron entre noviembre de 2019 y mayo de 2020. En la inmensa mayoría de los casos se dejó de lado el trueque de alimentos y se vendió el petróleo directamente a los intermediarios mexicanos.

Después de que Libre Abordo pactaba la salida del petróleo de Venezuela, echaba mano a un grupo de intermediarias para continuar con la reventa de los barriles. Por lo general buscaba compradores del mismo consorcio envuelto en la trama o se dirigía a las refinerías localizadas en el extranjero. Por ejemplo, un cargamento entregado en Malasia a una empresa china fue revendido por Orin Energy, un holding que se dedica a las materias primas. El entramado de Leal y Libre Abordo tenía en Asia sus principales clientes. En las presentaciones corporativas, se lee que dos de los principales compradores del petróleo venezolano eran las chinas PetroChina y Sinopec. La mayoría de sus cargamentos también fueron enviados a Singapur y a Malasia, dos importantes centros de refinación mundial.

En una primera etapa, Libre Abordo buscó clientes y formas de colocar el petróleo en el mercado energético global. Cuando sancionó a la compañía mexicana en junio de 2020, el Departamento del Tesoro señaló que esta utilizó las mismas rutas internacionales, los mismos procesos de envío y los mismos clientes que en el pasado habían manejado dos filiales suizas de la petrolera Rosneft. El gigante ruso era uno de los principales socios de PDVSA, pero salió del negocio en febrero de 2020 tras ser sancionada por Washington por sus tratos con Venezuela. Leal y sus socios también se asesoraron con otros participantes en el esquema diseñado desde el Gobierno de Maduro, como Alessandro Bazzoni, un italiano con un largo historial de negocios con PDVSA, y Philipp Apikian, un suizo que también ha estado involucrado en la venta y envío de petróleo venezolano. Ambos fueron sancionados en enero de 2021 por la Casa Blanca al ser partícipes de la misma trama que ha movido millones de barriles de crudo venezolano por debajo del radar de las sanciones estadounidenses.

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El Gobierno venezolano evade las sanciones

PDVSA

El Gobierno de Nicolás Maduro aprovecha las rutas de las petroleras rusas para seguir comerciando su crudo con otros países

Los pagos se realizan en euros o rublos para evitar a la banca estadounidense

Rusia

India

China

Irán

3

Venezuela necesita nuevos socios

PDVSA

La empresa mexicana Libre Abordo pacta un intercambio de maíz y camiones cisterna de agua potable por petróleo de PDVSA

México

4

La trama se extiende

En una fase más avanzada, empresas comercializadoras mexicanas firman contratos en los que ofrecen a sacar el petróleo de Venezuela y revenderlo

Dinero

China

Singapur

Malasia

India

Irán

Bangladés

Palestina

Fuente: elaboración propia.

N. CATALÁN / EL PAÍS

La trama de petróleo por alimentos

EE UU impuso desde 2014 restricciones económicas a Venezuela para asfixiar al Gobierno de Maduro

Venezuela necesita

nuevos socios

La trama

se extiende

Las sanciones de

Estados Unidos

El Gobierno venezolano

evade las sanciones

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Gobierno

de Maduro

PDVSA

PDVSA

China

India

Los pagos se realizan en euros o rublos para evitar a la banca estadounidense

Singapur

Petróleo

Malasia

PDVSA

México

Irán

Bangladés

Palestina

Dinero

Dinero

Rusia

India

China

Irán

En una fase más avanzada, comercializadoras mexicanas firman contratos en los que ofrecen a sacar el petróleo de Venezuela y revenderlo

EE UU cierra el mercado internacional de Petróleos de Venezuela (PDVSA). El país pierde su principal fuente de divisas.

El Gobierno de Maduro aprovecha las rutas de las petroleras rusas para seguir comerciando su crudo con otros países

La empresa mexicana Libre Abordo pacta un intercambio de maíz y camiones cisterna de agua potable por petróleo de PDVSA

Fuente: elaboración propia.

N. CATALÁN / EL PAÍS

Las diversas redes operaban en 30 países a través de más de 50 empresas

Fuente: elaboración propia.

EL PAÍS

Las diversas redes operaban en 30 países a través de más de 50 empresas

Fuente: elaboración propia.

EL PAÍS

Las diversas redes operaban en 30 países a través de más de 50 empresas

Fuente: elaboración propia.

EL PAÍS

Protagonistas de la trama

Gobierno venezolano

Delcy

Rodríguez

Vicepresidenta

Nicolás

Maduro

Presidente

Tareck

El Aissami

Ministro del Petróleo

PDVSA

CORPOVEX

Corporación Venezolana

de Comercio Exterior

Conseguidor

Álex Saab

Supuesto testaferro.

Negocio de los CLAP*

Empresarios

J. L. Sandoval

Ricardo Morón

Omar Nassif

Negocio de

los CLAP*

Programa

Petróleo por

alimentos

Empresarios

Empresarios

mexicanos

Alessandro Bazzoni

Joaquín Leal

Philipp Apikian

Verónica Esparza

(madre)

Francisco D’Agostino

Olga Mª Zepeda Esparza

(hija)

ELEMENTO

SWISSOIL TRADING

LIBRE ABORDO

SCHLAGER BUSINESS

WASHINGTON TRADING

ALEL TECHNOLOGIES

Intermediarios

navieros

y financieros

LUZY TECHNOLOGIES

COSMO RESOURCES

MÁS DE 50 EMPRESAS

EN 30 PAÍSES

Clientes finales

PetroChina

Sinopec

Refinerías en Asia

* Cajas de comida subsidiadas y distribuidas por los CLAP

(Comité Local de Abastecimiento y Producción)

Fuente: elaboración propia.

EL PAÍS

Protagonistas de la trama

Gobierno venezolano

Delcy

Rodríguez

Vicepresidenta

Nicolás

Maduro

Presidente

Tareck

El Aissami

Ministro del Petróleo

PDVSA

CORPOVEX

Corporación Venezolana

de Comercio Exterior

Conseguidor

Álex Saab

Supuesto testaferro.

Negocio de los CLAP*

Empresarios

J. L. Sandoval

Ricardo Morón

Omar Nassif

Negocio de

los CLAP*

Programa

Petróleo por

alimentos

Empresarios

Empresarios

mexicanos

Alessandro Bazzoni

Joaquín Leal

Philipp Apikian

Verónica Esparza

(madre)

Francisco D’Agostino

Olga Mª Zepeda Esparza

(hija)

ELEMENTO

SWISSOIL TRADING

LIBRE ABORDO

SCHLAGER BUSINESS

WASHINGTON TRADING

ALEL TECHNOLOGIES

Intermediarios

navieros

y financieros

LUZY TECHNOLOGIES

COSMO RESOURCES

MÁS DE 50 EMPRESAS

EN 30 PAÍSES

Clientes finales

PetroChina

Sinopec

Refinerías en Asia

* Cajas de comida subsidiadas y distribuidas por los CLAP

(Comité Local de Abastecimiento y Producción)

Fuente: elaboración propia.

EL PAÍS

Protagonistas de la trama

Gobierno venezolano

Delcy

Rodríguez

Vicepresidenta

Nicolás

Maduro

Presidente

Tareck

El Aissami

Ministro del Petróleo

PDVSA

CORPOVEX

Corporación Venezolana

de Comercio Exterior

Conseguidor

Álex Saab

Supuesto testaferro.

Negocio de los CLAP*

Empresarios

J. L. Sandoval

Ricardo Morón

Omar Nassif

Programa

Petróleo por

alimentos

Negocio de los CLAP*

Empresarios

Empresarios

mexicanos

Alessandro Bazzoni

Joaquín Leal

Philipp Apikian

Verónica Esparza

(madre)

Francisco D’Agostino

Olga Mª Zepeda Esparza

(hija)

ELEMENTO

SWISSOIL TRADING

LIBRE ABORDO

SCHLAGER BUSINESS

WASHINGTON TRADING

ALEL TECHNOLOGIES

Intermediarios navieros y financieros

LUZY TECHNOLOGIES

COSMO RESOURCES

MÁS DE 50 EMPRESAS EN 30 PAÍSES

Clientes finales

PetroChina

Sinopec

Refinerías en Asia

* Cajas de comida subsidiadas y distribuidas por los CLAP

(Comité Local de Abastecimiento y Producción)

Fuente: elaboración propia.

EL PAÍS

Un viejo conocido de PDVSA

Uno de los principales intermediarios que utilizó Leal para revender el crudo fue Elemento, una empresa constituida por Bazzoni en Malta en marzo de 2015, con filiales en la isla caribeña de Curazao y el Reino Unido, y que previamente ya había comercializado petróleo venezolano en asociación con una firma estadounidense. Elemento, entre febrero y diciembre de 2019, movió al menos trece cargamentos de PDVSA. Tras los tratos con Leal, la firma de Bazzoni se hizo cargo de uno de los dos primeros cargamentos que Libre Abordo sacó de Venezuela. La mercancía revendida por Elemento fue entregada en Singapur a una empresa de Macao -exenclave portugués en China, ahora y hasta 2049 con un estatus de soberanía similar al de Hong Kong- en abril de 2020, casi un año después de que zarpara desde el país caribeño.

No era la primera vez que Elemento auxiliaba al gobierno de Maduro para sacar cientos de millones de barriles de petróleo de las costas del país sudamericano, según se desprende de los miles de documentos en poder de los dos medios y que forman parte de esta investigación. Para revender los cargamentos, Elemento echó mano de Swissoil Trading S.A, una empresa energética fundada en Suiza en 1998, que ha fungido como una revendedora de materias primas en Medio Oriente y Asia, y donde Apikian es el administrador único. Con la intención de replicar este esquema ideado por Elemento y disminuir las pérdidas y problemas legales de acudir a otros intermediarios para revender el crudo, el 11 de febrero de 2020 Leal fundó Cosmo Resources en Singapur. La idea, según un organigrama diseñado por el propio Leal, era compartir el consejo de administración de la firma con su socio Bazzoni para continuar con la comercialización de petróleo en Asia y otras partes del mundo.

A través de Cosmo, el empresario mexicano tanteó la idea de absorber a Libre Abordo y su filial Schlager Business Group, la encargada de dar apoyo administrativo a las operaciones de su empresa madre. El 16 de febrero de 2020, Leal escribió en un correo que estaba contemplando la posibilidad de que Cosmo comprara Libre Abordo. Un día después, Hugo Villaseñor, director financiero de Cosmo e íntimo de Leal, coordinó la apertura de una cuenta bancaria para la firma. En un correo enviado a un directivo de Alpha FX, un banco de Londres especialista en divisas que ofrece sus servicios a nivel internacional para “empresas e instituciones afectadas por la volatilidad de la moneda”, Villaseñor solicitaba la apertura de la cuenta, donde calculaba que el flujo mensual de dinero oscilaría entre 15 y 50 millones de euros. La apertura de la cuenta se hizo por recomendación de Richard Rothenberg, el director financiero de Elemento.

El papel de Cosmo es crucial para entender cómo se capitalizaban los intercambios de petróleo bajo la fachada de ayuda humanitaria. En la solicitud para la apertura de la cuenta, la compañía explicaba que obtenía sus principales ingresos de los pagos que le hacían PetroChina y las refinerías de Sinopec por los cargamentos de petróleo que salían de Venezuela. Otra de sus entradas provenía de los pagos que le realizaban otras intermediarias de materias primas, como Beaconsfield Commodities Trading, un consorcio de Bazzoni constituido en Suiza y con filiales en las Islas Caimán, Sudáfrica, Suiza y Suecia. En cambio, Cosmo tenía sus principales salidas de dinero en pagos realizados a Elemento y Libre Abordo, que se encargaban de sacar el petróleo de Venezuela. Uno de los planes del joven empresario mexicano era realizar los mismos negocios que había hecho con PDVSA con otras petroleras latinoamericanas, como Pemex, la colombiana Ecopetrol, y Petroecuador.

Mexicanos por rusos

La salida de Rosneft de Venezuela catapultó los negocios de Leal y sus socios. Con la salida del gigante ruso, uno de los principales socios de PDVSA, las cantidades de crudo a las que el entramado mexicano tuvo acceso se dispararon. Para abril de 2020, los empresarios mexicanos recibieron alrededor de 40% de las exportaciones de la petrolera venezolana, según el Departamento del Tesoro. Pero es verdad que, entre más despuntaban sus negocios, más se preocupaba Leal por la situación legal de los tratos que hacían sus empresas con Venezuela. En diciembre de 2019 se acercó al despacho estadounidense Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP para buscar asesoría. En marzo de 2020, cuando ya Leal estaba en la mira de Estados Unidos, un despacho mexicano también emitió su opinión legal sobre las posibles sanciones de las que podían ser sujetos el propio Leal y Libre Abordo.

Desde México, Leal estructuró diversos esquemas para concretar sus negocios con Venezuela y echó mano de ingeniería financiera para manejar sus activos intentando borrar la huella del dinero. La documentación en poder de EL PAÍS y Armando.info contiene miles de correo electrónicos que intercambiaron los miembros de la trama protagonizada por Leal: hay hojas de cálculo con el valor del crudo y los flujos mensuales que obtenían por comercializar los cargamentos, así como contratos de exportación, facturas de las operaciones de compra-venta y de servicios de asesoría financiera. También hay referencias bancarias, planes de negocio donde se exploraba la posibilidad de entrar al mercado del cobre y el aluminio, y una relación de pagos por los costos generales y administrativos de las diversas firmas de la red, como erogaciones por alquiler, servicios públicos y gastos de viajes internacionales.

Un documento con los ingresos registrados en 2019 por las compañías de Leal dibuja el espectacular ascenso que tuvo este grupo de empresarios que hasta ese año habían sido casi desconocidos. Cinco sociedades ligadas al joven empresario recaudaron solo ese año más de 107 millones de dólares, cuando aún no habían alcanzado el pico de los negocios con el petróleo venezolano. Los pagos más altos de la nómina en estas empresas estaban destinados a los sueldos de Leal, que se pagaba a sí mismo 750.000 pesos mexicanos al mes (algo más de 37.000 dólares), así como a su madre y hermana que cobraban medio millón de pesos (25.000 dólares). En el archivo que da cuenta de la contabilidad durante 2019 también viene el sueldo de la abuela, que ese año obtuvo ingresos por 30.000 pesos al mes (1.500 dólares).

EL PAÍS y Armando.info han podido comprobar que Leal y su entorno utilizaron al menos 50 empresas para esconder el rastro del dinero. Detrás de cada plan de negocio, había una compañía para ejecutar sus proyectos. En la mayoría Leal no aparecía como socio, sino como representante legal. Detrás de las firmas por lo regular estaban Verónica Esparza y su hija Olga María Zepeda Esparza, u otros miembros de su familia. En su amplio portafolio también llegó a crear estructuras en paraísos fiscales, donde la identidad de los socios no aparece abierta en los registros y donde es fácil ocultar altos flujos de dinero evadiendo el pago de impuestos. Una de ellas es JLJ Technologies LLC, constituida en Wyoming -un estado de la Unión que en la práctica sirve como un paraíso fiscal- el 20 de marzo de 2019, donde Leal quedó registrado como administrador único. Esta sociedad no tuvo una operación real, pero le permitió a Leal esconder el rastro de los socios que estaban detrás de sus firmas.

También creó Mystic Universe, una empresa en las Islas Vírgenes Británicas -el mayor paraíso fiscal del planeta por su volumen de negocios y número de firmas incorporadas- que tenía una sociedad espejo en Ontario, Canadá. Ambas sociedades fueron constituidas por Leal en mayo de 2019 en medio de sus primeros viajes a Caracas. Según las actas constitutivas revisadas, Leal poseía 90% de las acciones, mientras que su madre, María Teresa Alfaro, y su hermana, Carlota Jiménez, poseían 5% cada una. El 5 de agosto de 2019, Mystic empezó a funcionar como un holding de operaciones que absorbió el control de otras firmas vinculadas a Leal.

En una de las presentaciones elaboradas por el equipo de Leal se asegura que Mystic invertía en compañías de tecnología, energía y commodities en América y otros países fuera del continente. “El objetivo de Mystic Universe es cambiar al mundo, por lo que nos enfocamos en industrias fundamentales, energía, tecnología, commodities, finanzas y salud”, se resalta en el documento. En su antigua página web, Mystic decía que había invertido más de 300 millones de dólares. Pero todos los beneficiarios de las inversiones de Mystic eran otras empresas de Leal.

Mystic fue presentada en los medios de comunicación mexicanos como un fondo de inversión canadiense concentrado en proyectos de impacto social. En notas periodísticas publicadas entre agosto y septiembre de 2019, se anunciaba que la firma invertiría en Hábitos Luzy, la filial mexicana de Luzy Technologies, empresa que está incluida en la lista negra del Departamento del Tesoro desde junio de 2020. En los papeles, la compañía se especializa en brindar asesoramiento en salud y alimentación a través de una aplicación móvil, gestionar comedores industriales y revender materiales sanitarios.

Leal, que constantemente ideaba cómo reorganizar su amplio portafolio de compañías a través de fideicomisos, empresas fachada y testaferros, acudió el 16 de abril de 2020 a la banca de inversión de Morgan Stanley para explorar una salida a Bolsa para Mystic Universe. El director financiero de Mystic era José Luis Chávez Calva, quien fue coordinador general en la estatal Comisión Reguladora de Energía (septiembre de 2016-junio de 2017). Fue uno de los dos mencionados para dirigir la Comisión Federal de la Electricidad, la principal empresa gubernamental del sector. Para el cargo fue finalmente designado por el presidente López Obrador el político Manuel Bartlett, quien ha sido funcionario de gobierno en casi todas las administraciones desde la de Luis Echeverría (1970-76) hasta la actual.