Decidida, sin juicio, la sentencia contra los hermanos Améstica en febrero de 2024, el 8 de abril del mismo año, a las cinco de la tarde, se declaró abierto en el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Área Metropolitana de Caracas el juicio contra los funcionarios de la policía científica Edgar Trillo, Gilbert Cruz y Teresa Pinto, la anatomopatóloga Solangela Mendoza, y Marcos Pratolongo, allegado a la familia Améstica. La jueza Sabrina Montes de Oca, en un tribunal unipersonal, condujo el proceso.

Que esta causa se ventilara en un tribunal, de manera oral y pública, sometió a una prueba de estrés -que debió suceder antes si a los Améstica le hubieran hecho un juicio regular- el conjunto de evidencias que la fiscalía de Tarek William Saab había reunido en su afán de promover la tesis del doble homicidio para las muertes de Carlos Molnar, Stoperro, y sobre todo, de Tirone González, Canserbero, cuyo buen nombre el Fiscal General, fan declarado del rapero, se propuso rescatar. Pero el resultado fue contraproducente para ese relato que quedó, literalmente, en tela de juicio. 

Lejos de consolidar la versión del doble homicidio y encubrimiento confesada por los hermanos Améstica, el proceso dejó al descubierto contradicciones y vacíos probatorios que ponen en duda que lo que la Fiscalía planteó como la resolución del caso se correspondiera con lo que realmente ocurrió en el apartamento 10-A del edificio Camino Real de Maracay, la madrugada del 20 de enero de 2015.

Un agujero notable bajo la línea de flotación del caso que la fiscalía presentó fue, por ejemplo, el referido a lo que las autopsias de los occisos informaban. Al denunciar un supuesto “doble protocolo de autopsia” en la investigación original de 2015, el equipo de Saab simplemente dejó en evidencia su desconocimiento sobre el funcionamiento de las morgues y de la nomenclatura forense. El propio ex Fiscal General impulsó el señalamiento mediante un tuit del 27 de diciembre de 2023, donde afirmó que había localizado en libros de oficio de 2015 una irregularidad que achacaba a la patóloga Solángela Mendoza: el uso de dos numeraciones no correlativas (0461 y 2593) para una misma experticia.

El Ministerio Público pudo haber despejado esta duda con una simple entrevista a los trabajadores del servicio forense o con la propia patóloga investigada. Fuentes consultadas para la presente serie, La justicia cayó con Canserbero, explican el procedimiento estándar: el anatomopatólogo de guardia llena primero los formatos a mano; luego, una secretaria transcribe ese contenido en un informe que el especialista revisa y certifica con su firma. Los libros administrativos registran las copias certificadas que salen de la morgue, que son transcripciones fieles del resultado de la autopsia original.

Armando.info verificó que el libro mostrado por Saab no corresponde al registro de protocolos de autopsias. En realidad, se trata de un libro de novedades que deja constancia de la salida de transcripciones certificadas, emitidas a solicitud de organismos como la Fiscalía o el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc, policía auxiliar del Ministerio Público).

Los dos números que Saab señaló como evidencias de una irregularidad no identifican autopsias distintas ni protocolos duplicados. Indican, en cambio, que los cuerpos de seguridad solicitaron la transcripción del mismo informe en dos oportunidades. El expediente de 5.000 folios al que tuvo acceso Armando.info muestra que la morgue entregó la primera transcripción (0461) a la fiscalía y remitió la segunda (2593) al Cicpc durante la inspección del apartamento, ordenada en abril de 2015 luego de que las hermanas de Tirone González exigieran en marzo una investigación más exhaustiva.

La documentación deja claro que cada autopsia posee una numeración única e irrepetible: el protocolo 161-15 corresponde exclusivamente a Carlos Molnar. El 162-15 al caso de Tirone González. No existe, por tanto, un “doble protocolo” para una misma autopsia. El ex Fiscal General malinterpretó el propósito de un libro administrativo.

Saab también aseguró que la patóloga Mendoza había omitido el registro de lesiones que, según sus señalamientos, el cadáver de Canserbero presentaba al momento de su examen forense y que para los investigadores de 2023 resultaban evidentes: una fractura en el rostro y heridas punzantes en su costado. Para la fiscalía de Saab, no se trató de un error sino un de intento deliberado de encuadrar la muerte como un suicidio. Un encubrimiento.

Pero, de nuevo, la revisión del voluminoso expediente de la investigación permite constatar que, en 2015, la fractura de la mandíbula sí quedó documentada y fotografiada por la policía científica desde el primer momento.

En verdad, la exhumación practicada en 2023 no solo confirmó los resultados de la autopsia de 2015, sino que reforzó hallazgos que ya estaban asentados en el protocolo original. En 2015, la autopsia ya decía que Canserbero presentaba en su cuerpo múltiples golpes causados por la caída que causó su muerte: fracturas en el cráneo, la columna, costillas y la escápula, además de una fuerte lesión en la cara que le afectó la boca y le hizo perder dientes, clara señal de un trauma facial severo.

La autopsia describió en lenguaje técnico forense un cuadro de “politraumatismo por precipitación, con fractura completa del hueso occipital y base craneana, lesiones en columna dorsal, fracturas costales y escapulares, además de una herida anfractuosa en la comisura labial y hemimejilla derecha con pérdida de estructuras dentarias”. Ocho años después, la exhumación documentó fractura del maxilar superior y una mandíbula fracturada en dos, hallazgos que de ningún modo contradecían aquella experticia inicial. Por el contrario.

Pero la coincidencia más relevante entre las experticias forenses de 2015 y 2023, que se verifica al leer el expediente, es la conclusión de que Canserbero cayó vivo sobre los barrotes y en el suelo a la entrada del edificio Camino Real de Maracay, la madrugada del 20 de enero de 2015. Se trata de un punto decisivo para establecer responsabilidades verídicas en el suceso. 

La pruebas reinas eran plebeyas (y débiles)

En sus confesiones grabadas en video de 2023, los hermanos Améstica relataron que habían arrojado desde el décimo piso el cuerpo, ya sin vida, de Canserbero, tras haberle asestado golpes contundentes y cuchilladas que lo mataron.

Pero los propios hallazgos de la exhumación de 2023 -ordenada por Tarek William Saab-, que se encuentran en el expediente, revelaron que varias de las lesiones óseas evidenciadas en los restos de Tirone González presentaban una "reacción vital". Esta última expresión médica significa que el rapero todavía estaba vivo cuando su cuerpo impactó contra el pavimento, una discrepancia fundamental que debilita la cronología de los hechos presentada por la acusación en 2023. 

La anatomopatóloga forense Elizabeth Pelay, experta que participó en la exhumación de 2023, determinó que Canserbero murió por un golpe muy fuerte en la cabeza, una de las múltiples lesiones graves que sufrió por la caída desde una gran altura. Una de sus comprobaciones fue, precisamente, que los restos mostraban “impregnación hemática” (la citada reacción vital) en la columna vertebral. Es decir, que su corazón latía cuando impactó contra el pavimento. 

En el llamado Juicio de los policías, Pelay explicó que esa evidencia trasluce que las lesiones se produjeron cuando la víctima aún estaba viva, porque hubo sangrado en el momento del trauma. No se trataba ni de daños post mortem ni de alteraciones producidas por la manipulación del cadáver. “Todas fueron en vida”, declaró bajo juramento.

Este detalle contradecía la autoincriminación que Natalia Améstica accedió hacer en video, donde aseguraba que los funcionarios del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia, policía política) que habrían actuado como cómplices le instruyeron limpiar el cadáver de Canserbero para luego lanzarlo al vacío y, de ese modo, simular un suicidio.

En el estrado, al final del juicio, la doctora Solángela Mendoza Goicochea, la anatomopatóloga que realizó la autopsia de los cuerpos en 2015, ahora acusada por Saab como responsable de encubrimiento, ejerció su derecho a hablar. Su defensa mantuvo un tono técnico, propio de una profesional con 30 años de carrera y una trayectoria docente en la Universidad de Carabobo (UC). Se presentó como una especialista acorralada por un sistema que ahora pretendía usarla como chivo expiatorio. Tuvo razón al perfilarse así: sin importar la índole o certeza de sus alegatos, de todas maneras la condenaron.

Los documentos del sumario dejan ver que, durante el juicio, Mendoza explicó que en 2015 los procedimientos establecidos para los patólogos de Medicina Legal no contemplaban la necesidad de acudir al sitio del suceso a hacer el apropiado levantamiento técnico, lo que le restaba un 30% de acceso a información vital como el análisis de la temperatura del cuerpo, la rigidez cadavérica inicial y la orientación de las heridas respecto a los objetos que se encontraran en el lugar. 

Mendoza rechazó la versión de la fiscalía sobre el supuesto ocultamiento de la fractura de mandíbula, base para los cargos de encubrimiento contra ella. Como se dijo antes en este reportaje, su informe registró una "herida anfractuosa" con pérdida de piezas dentales, la descripción técnica de un impacto de gran fuerza en la cara. Que la fiscalía lo llamara una "omisión" en realidad se compaginaba con la desatención o simple ignorancia de la terminología médica. 

En el estrado, la anatomopatóloga de la investigación de 2015 trajo además a colación un hallazgo de sus pesquisas originales que los fiscales de Saab en 2023 ni mencionaban. Halló en el cadáver de Carlos Molnar, la primera víctima fatal de los eventos en Maracay, signos del reflejo cremasteriano, que produce la retracción de los testículos por shock, prueba de que la víctima sufrió una respuesta fisiológica extrema que indica que percibió que estaba frente a una situación de vida o muerte. 

“El reflejo cremasteriano yo lo he encontrado cuando a un paracaidista no se le abre el paracaídas: el miedo retrae ambos testículos y el pene. Ese reflejo yo no lo encontré en Tairon [Sic, un probable yerro de la transcripción en el expediente], por eso no se lo describí, lo que había era una relajación, pero en Carlos sí lo encontré”, detalló. 

Sobre Tirone González dijo: “Es imposible que un cadáver lo lancen y tenga impregnación hemática si se lo hicieron pre-mortem; no tendría impregnación hemática en la columna porque el corazón no está funcionando. Cuando ese individuo iba en caída, discúlpenme, no fue una caída libre, esa caída de altura se llama caída complicada. La fuerza de gravedad y el cuerpo que va bajando hacen que el individuo con cualquier sobreelevación, así sea hasta un pequeño palo o un pequeño matero, por la velocidad y la fuerza cambie de dirección y choque con cualquier cosa. Eso fue lo que le pasó a ese individuo. Las heridas que ellos dicen que son heridas punzo cortantes, esas son heridas contusas; la gravedad y un objeto que no tiene punta ni filo rompe porque se pierde la elasticidad de la piel por la presión y la fuerza”,  

La caída complicada, analizó Mendoza, había sido la causante de las heridas de bordes irregulares, o anfractuosas, que la fiscalía de Saab interpretó como puñaladas pero que, en realidad, eran desgarros producidos por impactos violentos contra objetos sin filo. Eso sí, la anatomopatóloga aprovechó la oportunidad para contar que en 2015 su despacho en Maracay no contaba con un equipo de Rayos X que permitiera detectar fracturas internas.

Con ese testimonio abordaba el meollo del asunto, contradiciendo la tesis central de Saab, según la cual Canserbero murió apuñalado antes de que su cuerpo cayera desde el décimo piso.

En el expediente también se lee que Mendoza se deslindó de los errores de fechas y números de protocolo, argumentando que su función terminaba al entregar el manuscrito al personal administrativo. Aseguró que la numeración y el registro de fechas en los protocolos de autopsia no competen al patólogo, sino al personal secretarial, y preguntó por qué no llamaban a declarar a ese personal. Por último cuestionó la veracidad de las firmas que aparecen en las copias del expediente de 2023, así como el motivo por el que entre ellas no aparecía su propia rúbrica. "¿Dónde está mi protocolo o mi hoja de levantamiento de cadáver o la autopsia original, donde está mi firma?", inquirió durante su declaración.

10 kilos o 65 kilos, ¿qué más da?

Los documentos sobre la investigación y el juicio de 2023 pormenorizan también la realización de otras pruebas que terminaron por generar más dudas que certezas. Una de ellas fue la recreación con maniquíes de la trayectoria que debió seguir Canserbero cuando se lanzó al vacío. 

En el informe se explica que la reproducción de la caída supuso el uso de un maniquí de 165 centímetros de altura y un peso de 10 kilos, al que se le añadieron bolsas de arena lavada para alcanzar los 65 kilos que pesaba el cantante al momento de su muerte. Pero la variable del peso solo se mantuvo constante en la primera ronda del experimento.

En el primer lanzamiento de caída libre desde el apartamento 10-A del edificio Camino Real, donde ocurrieron los hechos de enero de 2015, se lanzó el muñeco sin impulso. El modelo chocó contra obstáculos del edificio que alteraron su dirección. Sin embargo, para la segunda prueba, se le retiró el peso de la arena al maniquí, que terminó siendo un monigote de 10 kilos. El argumento técnico para la modificación fue el de facilitar que el experto pudiera empujar el cuerpo, una decisión que abre interrogantes sobre si un modelo de apenas 10 kilos puede simular fielmente la trayectoria de un cuerpo de 65 kilos en caída libre.

 

 

La Fiscalía publicó videos sobre cómo se desarrollaban las experticias mientras se hacía la investigación en 2023. Con música de 'Canserbero'. Crédito: Foto tomada de la red X de Tarek William Saab.

La conclusión de esa prueba imperfecta fue la que apoyaba la tesis de Tarek William Saab y su equipo: que resultaba muy poco probable que la ubicación y postura final del cadáver de Tirone González en la escena del crimen fueran producto de un salto con impulso propio, lo que además sugería una alta probabilidad de que el cuerpo había sido movido de su posición original tras el impacto. Determinó que el cuerpo cayó sin impulso propio -o que no se lanzó, sino que lo dejaron caer- y que, debido a las características de la ventana y la ausencia de puntos de apoyo, resultaba “casi imposible” que una persona se tirara por sí sola y describiera una trayectoria que lo dejara en el lugar donde se encontró el cadáver. El experto sostuvo que la ubicación final del cuerpo, a 4,20 metros de la pared del edificio, y su disposición en el pavimento, eran improbables sin que hubieran contado con la intervención de terceros, además de indicar que la víctima debía encontrarse en estado de indefensión o inconsciencia al caer.

El experto encargado de la recreación, Douglas Sojo Griman, acudió al juzgado para defender su práctica y dictamen. Admitió haber realizado únicamente dos lanzamientos, mucho menos que los de tres a cinco que los abogados defensores citaban como estándar técnico para robustecer la muestra. "Ya con esas dos para mi eran suficientes", aseguró Sojo ante el tribunal.

La defensa también destacó la inconveniencia de que Sojo no hubiera dejado en su informe constancia de la presencia de los consabidos aires acondicionados que sobresalen de la fachada del edificio y de las rejas que aguardaban al nivel del suelo, obstáculos más que probables para la caída libre.

Es algo que la investigación de 2015 sí tomó en cuenta. Estableció que el cuerpo de Tirone González colisionó con al menos un equipo de aire acondicionado, lo que le produjo una herida irregular en la mejilla derecha y desvió su trayectoria inicial. Luego, el choque contra los barrotes de la reja volvió a alterar el curso del cuerpo, en el que causó lesiones en el tórax y la espalda. 

En el registro fotográfico realizado por funcionarios del Cicpc el propio día de los hechos, puede verse una foto de una reja metálica de color negro, que delimitaba un pequeño jardín de plantas ornamentales, desprendida de un muro de ladrillos y con uno de sus barrotes deformado, cubierto con rastros de sangre. Más de dos meses después, el 1 de abril de 2015, una nueva inspección pericial del lugar encontró que la reja se encontraba de nuevo en su posición original, y que el barrote doblado había sido enderezado de forma manual. 

A propósito de la investigación de 2023, el 15 de noviembre, durante una de las pruebas en el sitio con el maniquí, surgió -de manera espontánea, según el expediente-  el testimonio de Daniel Araque Flores, vecino del piso 16 y presidente de la junta de condominio del edificio Camino Real, quien aseguró que "él [Canserbero] no cae así, él cae sobre la reja y luego lo mueven". Ante la relevancia de la afirmación, el Ministerio Público libró una boleta de citación inmediata para Araque. Sin embargo, en el registro procesal del juicio no existe constancia alguna de que el hombre haya hecho una declaración formal para la investigación. Tampoco fue citado siquiera como testigo por el tribunal. 

Otra de las grandes contradicciones de la investigación que se evidenciaron durante el juicio fue revelada en la declaración del funcionario Juan Carlos Flores Gutiérrez, experto de la División de Microanálisis, quien aseguró que recibió las evidencias sin saber a quién pertenecía, y que la ropa de los fallecidos llegó sin individualización alguna. Es decir, no sabía a quién correspondía cada prenda. Pero en el expediente consta que en la morgue se despojó a Carlos Molnar de un mono gris y una franela negra, y a Tirone González de un short verde. Los memorandos de solicitud 1032 y 1033, enviados en un principio al laboratorio, sí mencionaban que esas ropas pertenecían a Molnar y a Canserbero, respectivamente.

Aquel año de 2015 solo se completó un estudio o tipeaje del grupo sanguíneo al que correspondían los rastros de sangre encontrados en las prendas de vestir de los occisos. Nunca, ni en 2015 ni en 2023, se hizo prueba de ADN. 

La dosis con el ansiolítico alprazolam que habría suministrado Natalia Améstica a su pareja, Carlos Molnar, y a la que ella misma se refirió en una de sus confesiones públicas de 2023 como la manera que usó para dejarlo inconsciente, no se reflejó en la autopsia. 

En 2015, las autopsias concluyeron que no había contenido gástrico en los cuerpos de González y Molnar. También la patóloga Solángela Mendoza recolectó muestras de sangre y vísceras el día de las autopsias para descartar consumo de alcohol o drogas de abuso. En los documentos se lee que la fiscalía reiteró en marzo de ese año la necesidad de obtener con urgencia los resultados, a lo que el Servicio de Medicina y Ciencias Forenses del estado Aragua respondió, en abril de ese año, que las evidencias fueron descartadas por el deterioro que habían sufrido por una falla en las cavas de refrigeración. Es decir, en 2015 no se supo por sus restos si los fallecidos consumieron alguna sustancia esa noche. 

En 2023, el resultado del peritaje salió negativo por intoxicación en las muestras de piel y cabello de Carlos Molnar. El patólogo Luis Miguel Matute dijo en el estrado que el resultado negativo no era concluyente por el deterioro orgánico de las muestras recolectadas ocho años después de los hechos. 

Ni tan plan, ni tan maestro

La acusación de asociación para delinquir, uno de los componentes más complejos del caso, terminó por desmoronarse, aún ante un tribunal poco quisquilloso y complaciente en realidad, habida cuenta de la falta de evidencias sobre un plan preexistente para cometer el crimen. La fiscalía hizo intentos infructuosos por convencer a la jueza de que el comerciante Marcos Pratolongo, la anatomopatóloga Solángela Mendoza y los inspectores del Cicpc, Teresa Pinto, Edgar Trillo y Gilbert Cruz, no habían cometido errores aislados por negligencia, sino que se habían concertado para crear una especie de “maquinaria de encubrimiento”, donde cada uno colaboró para sepultar la verdad de los hechos. 

Específicamente, la versión de la Fiscalía en 2023 aseguró que Cruz, Trillo y Pinto llegaron a una escena ya alterada pero que, en lugar de preservar lo que quedaba, decidieron avanzar en la manipulación a cambio de 10.000 dólares que cobraron de Guillermo Améstica. Entre las supuestas maniobras que habrían concebido, indujeron a Natalia Améstica a impregnar sus pies con sangre de Carlos Molnar y caminar hacia la ventana para fabricar los rastros de una supuesta trayectoria de Tirone González antes de caer. 

Otra experticia llevada a juicio fue un ciberpatrullaje que realizó el experto Carlos Luis Bermúdez Osorio, por el que rastreó redes sociales y plataformas digitales para reconstruir versiones y testimonios sobre la muerte de Canserbero, según afirmó ante el tribunal.

Entre los principales acopios del ciberpatrullaje destacaban las publicaciones del usuario Iván R. Lucas en la red social X, antes Twitter, y en YouTube. Lucas, el seudónimo con que se identifica en esa plataforma un supuesto exagente de la desaparecida Policía Metropolitana de Caracas, sostuvo en un hilo del 20 de enero de 2023 -octavo aniversario de los aciagos sucesos-. fijo en el perfil de su cuenta en X, que el caso correspondió a un doble homicidio que se hizo pasar como suicidio. Según esa versión sin fuentes que la respalden, Guillermo Améstica habría ejecutado el crimen junto a tres presuntos sicarios —Renny Efrén Rojas, Elver García Guerra y Steven Pérez—, señalados como funcionarios activos del Sebin y escoltas de Tareck El Aissami, hoy preso en Venezuela a raíz del escándalo de corrupción Pdvsa-Cripto, pero que para la fecha del crimen se desempeñaba como Gobernador del estado Aragua, entidad regional donde ocurrieron los hechos. Luego, en 2017, El Aissami pasaría a ocupar la Vicepresidencia Ejecutiva de la República.

De acuerdo con esas publicaciones, el móvil habría sido económico. Lucas aseguró que el conflicto surgió por la presión de Guillermo Améstica para que Carlos Molnar y Canserbero devolvieran un préstamo con intereses elevados que les había concedido, situación que habría desatado una fuerte tensión la noche-madrugada de los hechos. El usuario de X sostuvo que Canserbero fue llevado a la azotea del edificio Camino Real, golpeado, desnudado y torturado, antes de ser arrojado.

El Ministerio Público dice en el expediente que intentó localizar al tal Lucas para que aportara información a la causa, pero que no consiguió establecer su identidad legal. Aún así, su versión se presentó como evidencia en el juicio. También dijo haber pedido que se ubicara a los supuestos funcionarios del Sebin. La gestión no debió tener éxito, pues no hubo más menciones sobre ellos en el expediente ni se libró orden alguna de captura.

La argumentación de la sentencia también dejó ver posturas encontradas en cuanto a la valoración probatoria.

Tarek William Saab dijo que por primera vez en Venezuela se hacía un estudio de huella plantar en un caso, a la que calificó como “la prueba madre” que desmontaba la tesis de suicidio. Pero la jueza desestimó el informe sobre el calzado Reebok supuestamente perteneciente a Canserbero, al considerar que no generaba “convencimiento alguno” sobre las circunstancias de su recolección; no se podía comprobar a quién le pertenecía el zapato. A pesar de esa objeción, contradictoriamente la jueza sí otorgó pleno valor al estudio antropológico de la experta Marjorit Pacheco, que determinó que las huellas plantares con sangre fijadas en la cocina correspondían a un calzado de talla 37.5, atribuida a Natalia Améstica e incompatible con la talla 41 de Tirone González.

Para colmo y en respaldo del relato del suicidio simulado, las hermanas de Canserbero denunciaron en el juicio que el inspector Edgar Trillo había guardadoa el arma homicida en la gaveta de un escritorio y no bajo la adecuada cadena de custodia, algo que el tribunal valoró como una evidencia de manejo irregular de la prueba, aceptando como cierto el solo testimonio de las denunciantes, sin otro contraste.

Buena parte de la narrativa de la fiscalía de Tarek William Saab descansaba sobre la especie de que unos supuestos rasguños en el rostro y los brazos de Marcos Pratolongo eran señales de su participación en un forcejeo. Fueron las hermanas y una sobrina de Canserbero quienes insistieron en ello, recordando que Pratolongo lucía alterado y con marcas en el cuerpo la fecha del crimen . Aseguraron como respaldo que Winston Correa, El Sombra, amigo de Tirone González, había visto esas heridas.

Correa, sin embargo, dijo lo contrario en el estrado.

En el juicio negó haber visto rasguños, golpes o señales de pelea en Pratolongo. También aseguró que sí notó en él una actitud normal, que no se llevó nada del apartamento que tenía alquilado Canserbero y que registró en fotos y videos lo que recogía.

La polémica en torno a Pratolongo data desde la investigación en 2015, cuando fue citado a declarar ante el Cicpc por estos runrunes. Nada se le comprobó. De hecho, en el proceso reabierto en 2023 surgió otra evidencia que lo exculpaba con claridad: los registros de telefonía celular lo ubicaron en su residencia, y no en el apartamento, durante la noche-madrugada de los funestos hechos.

En su declaración final, Pratolongo sostuvo que nunca estuvo en la escena del crimen cuando ocurrieron las muertes. Dijo haber llegado al edificio pasadas las 10 de la mañana, cuando Natalia Améstica ya había salido rumbo al Cicpc a declarar. Según explicó, ella le entregó unas llaves en la morgue, no del apartamento donde ocurrieron los hechos, sino del inmueble de Carlos Molnarque Canserbero alquilaba, para facilitar a la familia el retiro de sus pertenencias y buscar ropa para el sepelio del occiso. Aseguró que actuó por confianza y que documentó todo para dejar constancia. Correa respaldó esa versión.

La propia Natalia Améstica declaró el 1 de febrero de 2024 que Marcos Pratolongo no tenía relación con los hechos.

Pese a todo esto, el tribunal no vaciló en condenar a Pratolongo a 20 años y seis meses de prisión.

La investigación de 2023 encontró que, durante la inspección técnica del apartamento 10-A en 2015, se había permitido la presencia de Guillermo Améstica, algo que basó sobre los resultados de las experticias de antropología forense practicadas en registros fotográficos y su análisis morfológico en 3D.

Pero un experto en telefonía de la fiscalía, Wilmer Velasco, afirmó que no hubo intercambio de llamadas entre los acusados y funcionarios policiales en los dos días del suceso original. La fiscalía apenas contó con indicios de la coincidencia geográfica de algunos implicados, cerca de la sede del Cicpc en Maracay, como prueba de una supuesta coordinación presencial para encubrir lo ocurrido.

El mismo experto detalló los movimientos geográficos de los teléfonos asociados a Guillermo Améstica durante los días 19 y 20 de enero de 2015 y dijo que no hubo evidencia de que estuviera en el lugar de los hechos durante los momentos críticos descritos en la confesión de Natalia Améstica. 

Según el análisis, el 19 de enero el dispositivo se localizó a las 6:00 a. m. en la calle Piar del sector El Limón, norte de Maracay, y tuvo su última conexión a las 7:00 p.m. en el sector Aglomerado San Francisco; posteriormente, se registró un periodo de inactividad hasta la mañana siguiente, lo que sugiere que el equipo permaneció apagado. El 20 de enero, el teléfono retomó la señal a las 6:00 a. m. El perito Velasco precisó además que la antena de la celda que cubría el edificio Camino Real, donde ocurrió la tragedia, era la de La Cooperativa, pero los registros indican que el número de Améstica nunca se conectó a esa celda, a diferencia del de Tirone González, lo que evidencia la falta de coincidencia en el mismo lugar de ambos. 

A ello se suma que en las fotografías de la escena del crimen en 2015 tampoco se observa el sofá mencionado en la confesión de Natalia Améstica, donde ella afirmaba haber apuñalado a Tirone González mientras este estaba desvanecido.

Pese a estas inconsistencias, el Ministerio Público sostuvo su acusación apoyándose solo en la confesión de Guillermo Améstica.

El momento más crudo y elocuente del juicio llegó cuando Elba González Vilar, madre de Carlos Molnar, brindó su testimonio. De antemano, su declaración tenía un peso singular, no solo por su condición de madre de una víctima del crimen, sino por su formación como médica y profesora de anatomía.

Casi al final de las audiencias, Elba González se sentó frente a la jueza para denunciar que había sido invisibilizada durante esta nueva investigación de 2023. “En todo este tiempo no he sido tomada en cuenta”, reclamó. En su intervención también dio a conocer que, en cambio, habían intentado manipularla. Explicó que, en 2015, su colega Solángela Mendoza le había descrito un ataque directo al corazón como causa de la muerte de Molnar, sin señales de pelea, lo que interpretó como un gesto de humanidad para una madre dolida.

Aprovechó que estaba frente a la jueza para denunciar a la Fiscalía durante este nuevo proceso. Señaló irregularidades administrativas y presiones procesales. Entre ellas, la opacidad en torno a pruebas cruciales, como el informe de exhumación, que nunca le fue entregado. 

A la madre de Molnar solo le avisaron de la exhumación de su hijo el mismo día, 17 de diciembre de 2023, cuando la comisión ya se encontraba en el cementerio. Aún así logró llegar al procedimiento alrededor de las 10:30 de la mañana, en compañía de un amigo. Encontró todo dispuesto para la experticia. Reconoció a la fiscal presente, quien le informó que el objetivo principal de la diligencia era extraer folículos pilosos para determinar si a Molnar le habían suministrado alguna sustancia 

También denunció notificaciones extemporáneas para asistir a las audiencias de los hermanos Améstica y expuso un episodio donde, dijo, fue inducida a firmar un documento del que luego supo que subrepticiamente se trataba de una cesión de sus derechos al Ministerio Público, razón por la cual le negaban acceso al expediente.  La fiscalía era quien actuaba "en su nombre".

También rechazó la versión de la fiscalía según la cual la patóloga Mendoza era amiga de Natalia Améstica, aclarando que la relación de confianza era con la propia González Vilar.

Cuestionó versiones difundidas en medios de comunicación, como la supuesta deportación de Natalia Améstica desde Chile. a donde habría llegado huyendo desde Venezuela, asegurando que, según su entendimiento, los registros migratorios evidencian que viajaba con normalidad. La declaración tuvo uno de sus instantes más tensos cuando respondió preguntas de la fiscalía, de la defensa y, finalmente, del propio tribunal. La jueza le preguntó por qué había dicho a una amiga psiquiatra: “¿Cómo es posible que un loco de mierda me haya matado a mi hijo?” La madre le respondió desde el estrado con parca resolución: “Porque Tirone mató a mi hijo”. 

Pese al peso emocional de su testimonio y la acreditación de Elba González como anatomista, la jueza decidió desestimar por completo su relato, afirmando que “no tiene ningún valor probatorio”. 

 

 

La Fiscalía reconstruyó en una animación su nueva versión de los hechos y la mostró en televisión nacional. Crédito: Video tomado de la red X de Tarek William Saab

Al final, ante la fragilidad de las experticias, la confesión de los Améstica terminó siendo el sostén de la condena. El juicio cerró, dejando la sensación de que la verdad judicial se construyó sobre exclusiones selectivas y la narrativa mediática. Elba González, la madre de Carlos Molnar, pronunció en el tribunal un vaticinio clarividente: "Veo gente inocente pagando (...) se han dicho cosas que no son verdad y yo las escucho por la televisión".

Epílogo ¿provisional?

Hoy, quienes fueron a juicio y declarados culpables en ese segundo proceso, se encuentran con una medida cautelar sustitutiva de libertad.

El exfuncionario policial Yonel Toro Noguera, entonces en contumacia ante el tribunal, fue capturado en Estados Unidos en 2024 por ICE (siglas en inglés del U.S. Immigration and Customs Enforcement o policía migratoria). Por un retruque en la agenda pública, el caso de Toro Noguera se incrustó en un tema de gran actualidad política: terminó deportado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) la siniestra megacárcel de máxima seguridad del régimen de Nayib Bukele en El Salvador, junto a un lote de inmigrantes venezolanos; solo en mayo de ese año Caracas lograría su repatriación. 

Por su parte, el también exagente del Cicpc, Vicson Jesús Medina, fue luego deportado a Venezuela y permanece bajo detención a la espera, desde hace un año, por su propio juicio, que no termina de empezar, según fuentes del caso.

Natalia y Guillermo Améstica estuvieron recluidos en la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) hasta marzo de 2026. Entonces, Guillermo Amestica fue trasladado a la cárcel de Yare III, en los Valles del Tuy del estado Miranda, al suroeste de Caracas, mientras que Natalia Améstica fue a parar al Centro de Formación para las Procesadas Femeninas La Crisálida, ubicada en Los Teques, capital del mismo estado.

Según testimonios, en esos sitios de reclusión han encontrado un trato mejor al que recibían en la sede del Conas. Por ejemplo, Natalia Améstica logró nombrar un abogado privado, algo que hasta entonces le había resultado imposible desde la dependencia de la Guardia Nacional en Quinta Crespo, Caracas. Pero esa reciente prebenda permitió conocer la última irregularidad que corona la historia de anomalías en la que se convirtió el Caso Canserbero: ahora nadie sabe dónde se encuentra el expediente oficial del caso.

Con el poder firmado desde la cárcel por su nueva cliente, Natalia Améstica, el abogado Joel García acudió a juramentarse ante el Tribunal de Ejecución donde reposa la causa. Allí le informaron que no tenían el expediente pues la Corte de Apelaciones lo había solicitado y remitido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) donde, a su vez dijeron que tampoco lo tenían.

García asegura que “el expediente está desaparecido (...) para que nadie pueda tener acceso a él”, lo que mantiene a los implicados en “un limbo jurídico”, y recalca que, al no haberse interpuesto recursos legales, dicho expediente nunca debió salir del Tribunal de Ejecución. Y cierra con esto: “Ese expediente no resiste el menor análisis para poder condenar a dos personas a 25 años”.

“Pero le digo algo, presidente, era impresionante ver en el Twitter que yo uso, el Twitter personal… Póngase que yo escribía sobre cualquier tema y siempre había alguien que me respondía: ‘¿Y qué pasó con el Caso Canserbero?’. Como reclamándome (...) y yo me dije: ‘Esta como que va ser una de esas deudas que no son muy buenas, una deuda moral con sus seguidores [de Canserbero]’. ¡Y uno que lo admiraba tanto! (...) De pronto yo digo: ‘Oye, pero si estamos en el Ministerio Público, ¡vamos a reabrir el caso con las técnicas que tenemos!’”.

En la emisión de un podcast especial con Nicolás Maduro y Cilia Flores de diciembre de 2023, el entonces Fiscal General, Tarek William Saab, relataba de ese modo el origen reciente de la investigación exprés que ordenó para revisar la investigación policial previa sobre la muerte del rapero Tirone Canserbero González y del bajista Carlos Molnar en 2015.

Apenas unos días antes, el dictador venezolano había felicitado públicamente a Saab por su iniciativa de reabrir el caso. Pero en el revelador programa, Maduro mostró una relación más emocional con el cantante y con el afán de que se despejaran los misterios que aún rodeaban las circunstancias de su deceso. “Habían impuesto una versión, porque… Yo hablo con los muchachos, con los niños, niñas, con la juventud que ama a Canserbero, que canta sus canciones, que lo respeta, ¡y esa versión la habían impuesto!”, se indignó ante el micrófono el líder chavista, que hoy enfrenta un juicio en un tribunal de Nueva York.

En el programa, el propio Tarek William Saab se confesó fan de Canserbero, a quien dijo haber conocido en el lugar donde el ahora ex Fiscal General acostumbraba ir a tatuarse la piel. Admitió además que desde mucho antes arrastraba sospechas con respecto a la versión oficial del fatal incidente: “Cuando era Defensor del Pueblo me conmovió mucho ver a las hermanas y al papá no aceptando la tesis inicial de que él era esquizofrénico y que en un ataque de esquizofrenia mató y después se mató”. 

Entonces terció la ex Primera Dama o Primera Combatiente, Cilia Flores -actualmente también prisionera en Nueva York-, que se había mantenido en silencio durante la mayor parte de la transmisión: “Nosotros hemos visto a los padres y a los familiares de este muchacho [Canserbero] y nos dan tanta tristeza… No van a recuperarlo, pero sabemos la satisfacción que ellos van a sentir y que sienten al ver que el nombre de su hijo queda reivindicado y que va a ser esclarecido el caso y que va a haber justicia”.

Así la versión hasta entonces oficial del homicidio-suicidio quedaba descartada, casi con efectos de decreto presidencial.

Ciertamente, desde el 11 de noviembre de 2023 la maquinaria judicial del chavismo-madurismo abandonó su letargo habitual para sumergirse en un frenesí de actuaciones al rescate del buen nombre de Tyrone González, Canserbero. 

Tarek William Saab, quien sumaba en ese momento seis años como Fiscal General de la República y estaba en campaña para conseguir su reelección, no había terminado de escribir un mensaje en la red social X (antes Twitter), informando sobre la reapertura del caso, cuando una avanzada de fiscales e investigadores ya irrumpía en el edificio Camino Real de Maracay, escena del crimen ocho años atrás.

En menos de 24 horas montaron un set de peritaje y dieron inicio a un proceso de investigación -con “lo más moderno que implica una investigación policial”, se ufanó Saab en el mismo podcast- que se ejecutó bajo el lema de justicia a gran velocidad: el sprint duró apenas 35 días y produjo un dictamen tan endeble que, al final, solo se pudo sustentar sobre las confesiones -presuntamente obtenidas bajo coacción- de los hermanos Natalia y Guillermo Améstica, condenados a la postre cada uno a 25 años de prisión.

Visión de túnel

Los resultados empezaron a sucederse de forma vertiginosa. Para el 15 de noviembre, la fiscalía ya había desechado el relato de la inestabilidad mental de Canserbero. En el expediente se comprueba que, después de entrevistar a la familia del cantante, la Fiscalía aseveró que Tirone González gozaba de excelente salud mental y planeaba terminar su relación laboral con su manager, Natalia Améstica, un elemento que no se comentó en las averiguaciones de 2015, por cierto.

Otra primicia inédita en 2015, y que la Fiscalía ventiló, fue la de que el sitio del suceso había sido "absolutamente alterado" y que las llamadas al 911 que alertaron sobre la tragedia no las hizo Natalia Améstica, sino otra mujer, pasadas las 6:00 de la mañana de aquel fatídico día en Maracay..

Las investigaciones de 2023 parecieron iniciarse con la hipótesis preestablecida de la culpabilidad de los Améstica, y se desenvolvieron con esa visión de túnel. El 21 de noviembre, los hermanos Améstica quedaron retratados y expuestos durante una rueda de prensa de Tarek William Saab, transmitida en directo por los canales gubernamentales y esparcida en las redes sociales, mientras recibían en tribunales la imputación por supuesta obstrucción a la justicia. La Fiscalía dijo entonces que se les había concedido la medida de casa por cárcel mientras continuaba la investigación.

El fin de ese mes de noviembre se transformó en una autopsia televisada en tiempo real a todo el país. El día 23 se hizo la exhumación del cuerpo de Canserbero y Saab, en la primera de una seguidilla de cuatro ruedas de prensa sobre el caso, enumeró las fracturas que durante la diligencia se habrían encontrado en la osamenta de Tirone González: en el maxilar, la cervical y el codo. Al día siguiente, tales indicios dieron pie a un cambio radical de versión: las lesiones no las causó la caída del presunto suicida desde un décimo piso, sino que se habían producido con Canserbero vivo; según la fiscalía, además, los restos presentaban señales de heridas cortantes en el tórax que no figuraban en el informe original.

El clímax de las experticias que apuntalaron un nuevo relato sobre el crimen llegó el 12 de diciembre, con la prueba del calzado: mientras Canserbero calzaba talla 41, según testimoniaba un zapato que su padre entregó a los investigadores, las huellas de sangre fijadas en la cocina y recabadas en 2015, correspondían a un zapato talla 37,5. Para la fiscalía de Saab la inconsistencia, sumada a la supuesta desaparición del arma homicida y de la ropa de los fallecidos, pruebas que, según el propio Fiscal General, fueron destruidas en 2019, constituía un indicio suficientemente robusto para incriminar a Natalia Améstica.

En una rueda de prensa del 16 de diciembre -días después del podcast con Maduro-, el fiscal Tarek Saab descartó definitivamente la explicación del homicidio-suicidio y presentó la nueva versión de lo ocurrido: un doble asesinato por motivos económicos, perpetrado por Natalia Améstica en complicidad con su hermano, Guillermo. La fiscalía proyectó en esa ocasión varios videos de las experticias, musicalizados con temas de Canserbero. Por ejemplo, mientras se veían tomas de las caídas de un maniquí que desde el décimo piso los expertos lanzaron para simular la trayectoria que el cuerpo del cantante pudo tener, se oía la voz de este entonando los versos de Es épico, uno de sus éxitos: “Me falta el aire y el corazón tucún, tucún / hoy va a correr sangre”. 

Saab mostró entonces fotos tomadas durante la autopsia que en 2015 practicó Medicina Legal, para señalar marcas de puñaladas que no se habrían reportado en la primera investigación. Aseguró que las nuevas experticias mostraron golpes frontales en la mandíbula del cantante, que le destruyeron la dentadura. “Hubo una riña donde Guillermo Améstica y otras personas golpearon a Tirone”, se apresuró el Fiscal a concluir, poniendo el hito fundacional del nuevo relato. Lo que no dijo ese día es que hasta la fecha no había ordenado exhumar a Carlos Molnar. Lo hizo apenas al día siguiente. Para ese momento, Molnar, víctima del crimen, no figuraba como prioridad para la fiscalía. Nunca lo fue.

Tan solo un día antes, los hermanos Améstica habían sido imputados por el delito de homicidio. Todavía entonces contaban con la defensa privada de un bufete. Los agentes policiales fueron a buscarlos al domicilio familiar en Maracay, donde vivían restringidos por el régimen cautelar de casa por cárcel, para llevarlos a Caracas. 

Previendo esa evolución, minutos antes Natalia Amestica comenzó a grabar en su casa un video con su propio relato de los hechos, pieza que no alcanzó a terminar. Se proponía narrar los hechos de la víspera de la tragedia, por si acaso la familia lo necesitaba en el futuro. 

Una de las abogadas penalistas que formó parte del equipo de defensa privada que entonces atendía a los Améstica, dio a conocer a Armando.info -bajo condición de mantener su identidad en reserva- algunas de las irregularidades que ocurrieron durante esas frenéticas cinco semanas, de las que fue testigo.  "Nos enterábamos de los avances, como la medida de casa por cárcel, por las ruedas de prensa del Fiscal o entrevistas en canales de YouTube extranjeros; en el tribunal el expediente nunca estaba disponible", recuerda. 

La jurista describió que solo tuvo acceso al expediente por 15 minutos antes de la audiencia de imputación por homicidio y denunció que, a pesar de presentar múltiples escritos y diligencias en las semanas previas, ninguna obtuvo respuesta. El proceso judicial, que sin dudar describe como "político y violento", marcó un precedente al ser de los primeros donde el tribunal forzó la salida de los defensores privados, designados por los defendidos, para imponer defensores públicos, una práctica que luego se volvería regular sobre todo en casos de presos políticos.

También recuerda un episodio que resumiría el trato que entonces las autoridades dispensaron a sus clientes. Estaba Natalia Améstica en un pasillo del tribunal, a punto de entrar a la audiencia de imputación bajo la custodia de funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuando alcanzó a susurrarle a la abogada que había sido objeto de tácticas de tortura psicológica. “Me dijo que había estado encerrada en un cuarto blanco, con aire muy frío y música de Canserbero a todo volumen, sin parar", relata. En ese instante, con un gesto que la abogada en retrospectiva interpreta como el presagio de una encarcelación inevitable, Natalia Améstica comenzó a quitarse sus collares para entregarlos a su familia a través de ella, diciéndole simplemente: "Tengo miedo". Améstica intuía que la dejarían detenida y no volvería a su casa. Ese día, en efecto, los hermanos quedaron recluidos en la sede del Conas, ubicado en Quinta Crespo, centro de Caracas, donde pasarían los próximos dos años. 

Días después, el bufete de abogados Cigala, Puppio & Asociados supo por el tribunal que los hermanos le habían revocado su calidad de representantes, supuestamente, para optar por la defensa pública. 

La confesión como trofeo 

El desenlace del caso se precipitó el 26 de diciembre. En otra de sus alocuciones televisadas, Tarek William Saab calificó el curso de las investigaciones y su apresurada conclusión como el "triunfo del Estado de Derecho", a pesar de que ese mismo día todavía quedaba por realizarse una audiencia formal de admisión de hechos ante el tribunal. Al fiscal le importaron poco las formas y se dispuso a difundir lo que consideraba la “prueba reina”, a la que aún a la propia jueza le faltaba conocer oficialmente. Para la ocasión, Saab invitó al padre del rapero fallecido, José González, y a sus hermanas. Completando el ambiente emocional de reivindicación definitiva de Canserbero, hizo proyectar el videoclip de uno de sus temas, Jeremías 17:5, cuya letra Saab tenía por profética: “Y qué razón tenía al advertirme de esta vida puerca/ No cries cuervos, o arrancarán tus ojos de sus cuencas”.

Entonces el país pudo ver la confesión, grabada en la madrugada de ese día en video, en la que Natalia Améstica -mirando de frente a cámara, sentada en una silla de madera y con las manos atadas por unas bridas plásticas del tipo zip tie o tirrap, vestida con una chaqueta y pantalón deportivo rosados-, detallaba cómo sedó a las víctimas con el medicamento Alpram (marca comercial de la molécula Alprazolam). Dijo que había preparado un té con el sedante para adormecer a Molnar, su pareja, y a Canserbero. Que esperó. Que atacó primero a Molnar en la cocina. Y que luego fue hasta la sala, donde Tirone González estaba somnoliento en un sofá, para apuñalarlo.

Apareció diciendo también que llamó a su hermano y que, juntos, con la ayuda de funcionarios, limpiaron el cuerpo, cambiaron su ropa y montaron una escena que sostuviera otra historia: la del suicidio de Canserbero. 

Guillermo Améstica complementaba el relato de su hermana en otro video compartido por Tarek William Saab. Dijo que llegó después de la llamada de Natalia y que participó en la manipulación de la escena del crimen. Que, antes de lanzar el cuerpo, le propinó golpes en el rostro con un tubo de agua galvanizado para simular lesiones compatibles con la caída. Admitía que pagó 10.000 dólares a funcionarios policiales para que amañaran el lugar de los hechos y así sostuvieran la versión del homicidio-suicidio que durante años se presentó como oficial.

Para rematar la faena, Saab presentó otro video grabado a las 9:55 p.m. del 25 de diciembre, Día de Navidad, un día antes de la rueda de prensa. Aparecían los hermanos juntos, vestidos con ropas distintas a las de los primeros videos, sentados en sillas de comedor, siempre con las manos atadas con tirrap. En la nueva puesta en escena, Natalia Améstica declaró que grababa el video para ratificar su culpa. Guillermo Améstica, por su parte, confirmó su rol en la simulación y el pago que habría hecho a agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc, policía auxiliar del Ministerio Público) para tal fin.

Según el expediente de 5.000 páginas al que tuvo acceso Armando.info, a Natalia Améstica la llevaron al tribunal el 26 de diciembre de 2023, el mismo día en el que Saab expuso públicamente a los hermanos y proclamó la victoria del Estado de Derecho. Desprovista de los abogados de su confianza, declaró en Audiencia Especial ante el Tribunal Segundo de Control de Caracas. Hizo la misma confesión detallada que ya había grabado. Un día después, el 27 de diciembre, Guillermo Améstica compareció en otra Audiencia Especial y dio su testimonio sobre la alteración de la escena del crimen y su propia participación en los hechos. En un par de días, los hermanos Améstica sirvieron de arietes para derribar la historia que por años la policía judicial y la fiscalía habían hecho suya.

Pero al mismo tiempo los presuntos criminales confesos, los Améstica, conseguían comunicarse desde el celular oculto de otro detenido con sus familiares, a quienes contaron detalles de los entretelones de sus declaraciones en video. La víspera del día de año nuevo de 2024, Guillermo Améstica envió cuatro mensajes de audio por Whatsapp a su hija, Claudia, en los que dejó testimonio de los rigores que había enfrentado esos días. Armando.info los escuchó gracias a la cooperación de la familia Améstica.

“Desde que llegamos el viernes 15, prácticamente en la madrugada del sábado, me agarró el coronel [de la Guardia Nacional, Leonardo Gómez Acevedo] y me dijo que, si no colaboraba con el fiscal, que yo llegaba como una taza nueva y que pensara si quería quedar como una taza rota”, dijo.

Los hechos más graves, según su relato, ocurrieron durante los interrogatorios. Guillermo Améstica aseguró en los mensajes que había sido blanco de torturas: “Me decían ‘te vamos a matar’ con música de Canserbero a todo volumen, una vaina de tortura atrás. Me pusieron la bolsa en la cabeza, me ahogaron cinco veces”. Bajo estas condiciones, siguió diciendo, no tuvo más salida que ceder: “El Fiscal [Saab] llegó con todos los fiscales [de menor rango], chama. Y nos hizo todos esos videos. Estuvo hasta las dos de la mañana, hizo todos los videos, había que decir exactamente lo que ellos dijeron”, explicó para dejar en claro que su confesión no había sido ni voluntaria ni libre de coacción. Saab había conducido el interrogatorio en persona junto a sus subalternos que llevaban el caso, los abogados María José Torres y Leo Daniel Amarista Farías. 

Guillermo Améstica también describía en los audios cómo se habría visto obligado a repetir su parlamento frente a las cámaras: “Repitió escenas, fueron como 15 tomas”, mientras los fiscales lo insultaban: “El tipo [Saab] se arrechaba y me insultaba. Es un demonio. Es muy peligroso’”.

Aseguraba también que intentó denunciar lo ocurrido ante la jueza, que no le prestó atención: “Yo le decía… ‘estos me torturaron, señora’”. Pero la titular del tribunal le hizo callar.

A Guillermo Améstica lo obligaron a firmar una autoincriminación con la presión de que, si no hacía lo que se le ordenaba, iría detenido a la cárcel de El Dorado, un centro penitenciario de reputación infame en la selvática Guayana del sur de Venezuela, junto al río Cuyuní. Resistió dos días hasta que terminó por ceder al acoso, según le dijo a su hija. Le pidió guardar los audios por si de algo sirvieran en el futuro. 

Natalia y Guillermo Améstica quedaron recluidos en la sede del Conas de la Guardia Nacional en Caracas, donde les esperaban condiciones de reclusión muy rudas.

De ello da fe para Armando.info Víctor Ugas, ex preso político que compartió celda con Guillermo Améstica en 2024. Ugas describe un espacio mínimo: una celda de apenas dos por dos metros, con un techo tan bajo que obligaba a agachar la cabeza para poder estar de pie. “Estaba solo, completamente solo, hasta que yo llegué”, relata. Durante ese tiempo, Améstica no tenía acceso a ni a la luz solar ni a espacios para caminar. Las condiciones físicas eran adversas. El lugar, similar a un galpón subterráneo, acumulaba calor durante el día, lo que generaba un ambiente sofocante. En ese espacio reducido, sin posibilidad de moverse a gusto, Améstica pasaba las horas leyendo una Biblia y mirando fotografías de su familia.

El aislamiento tuvo un impacto evidente en su estado emocional. Según Ugas, Guillermo Améstica “no dormía” y debía tomar medicamentos para conciliar el sueño. Lo vio “bastante caído” y profundamente afectado por la distancia con sus seres queridos, en especial con sus nietos, a quienes extrañaba.

Améstica le relató a Ugas que había sido víctima de torturas durante los interrogatorios. “Me contó que lo amarraron, que le dieron golpes, que lo intentaron ahorcar y que lo amenazaban con matar a sus padres”, afirma. Bajo esa presión, asegura, Améstica no tuvo opción distinta a la de admitir hechos que no correspondían a su propia versión o realidad.

El giro presuroso que las diligencias de Tarek William Saab imprimían al relato de lo ocurrido el 20 de enero de 2015 en el apartamento 10-A del edificio Camino Real de Maracay, demandó que otros individuos, que no eran parientes de los Améstica, quedaran también señalados como responsables colaterales. 

Fueron detenidos y acusados. Entre ellos Marcos Pratolongo, quien prestaba servicios de seguridad en eventos organizados por Molnar y Natalia Améstica, a quien se señaló como cómplice no necesario. Según la Fiscalía, habría apoyo logístico a los hermanos Améstica y, por ello. le imputó cargos por los delitos de obstrucción a la justicia, asociación para delinquir y complicidad en los homicidios.

El Ministerio Público amplió la lista de responsables en el caso, incorporando a la anatomopatóloga Solángela Mendoza, quien realizó las autopsias originales de Canserbero y Molnar, y llevaba ocho años jubilada, justo después del crimen. La Fiscalía la acusó de encubrimiento. Junto a ella, las autoridades señalaron a los funcionarios del Cicpc Edgar Trillo, Teresa Pinto y Gilbert Cruz por los delitos de corrupción y simulación de hecho punible. Destaca el perfil de Cruz, un comisario con 25 años de trayectoria que recibió los galardones internos del Cicpc, Cangrejo de Oro en 2017 y Cangrejo de Plata en 2018.

Aunque el proceso avanzaba, el tribunal no hizo imputar a estos imputados el mismo día en que los hermanos Améstica admitieron formalmente los hechos, lo que llevó a que finalmente sus causas se juzgaran por separado

Además de los detenidos durante la reapertura de las investigaciones, la Fiscalía mencionó también como implicados a otros exfuncionarios del Cicpc que no pudieron ser capturados en el momento: Arqueles Enrique Blanco Campos, Yonel Alejandro Toro Noguera y Vicson Jesús Medina. Debido a que Toro y Medina residían fuera del país cuando se retomó la investigación, las autoridades venezolanas solicitaron a Interpol emitir alertas rojas para capturarlos.

También fueron señalados los exfiscales Tulio Enrique Mendoza y Yoli Abelina Torres, quienes tuvieron a su cargo la investigación en 2015 y que, al momento de la reapertura, ya no prestaban servicios en la institución. El abogado Mendoza renunció a la institución en el año 2017 y la  abogada Torres se jubiló al año de pedir el sobreseimiento de la causa de Tirone Gonzalez y Carlos Molnar, tras 22 años de servicios en el Ministerio Público. 

Aún después de atender un caso tan mediático como el de Canserbero y Molnar,la fiscal Torres tuvo otra oportunidad de ganar notoriedad por esclarecer un sonado caso en Aragua, Se trató del triple asesinato, en octubre de 2016, de los docentes Omar Hernández Sabatino y Adais Virginia Hernández, con su nieta de 11 años, tras un robo ocurrido en su vivienda de la urbanización Andrés Bello de Maracay, la misma donde se encuentra el edificio Camino Real donde murieron Tirone González y Carlos Molnar. La investigación, dirigida por Torres, permitió identificar como presunta autora intelectual a Ana Virginia Hernández Hernández, hija de los docentes asesinados, y a Víctor Brito Bolívar y Yusmary Méndez como coautores. 

Ninguno de los dos fiscales pudo ser detenido porque no se encontraban en sus domicilios cuando la policía fue a arrestarlos, y pasaron a refugiarse en la clandestinidad.. 

Después de estos anuncios, Saab dio el caso por esclarecido y oficialmente cerrado. 

Admisiones extrapoladas

El 1 de febrero de 2024, los hermanos Améstica fueron condenados a 25 años de prisión a la luz de sus confesiones sobre los supuestos asesinatos de Tirone González y Carlos Molnar. La pena, cinco años por debajo del máximo previsto en la Constitución venezolana, tomó en cuenta para esa rebaja la admisión de los hechos por parte de los acusados. Pero no se trató de una concesión benevolente. En realidad, el tribunal se quedaba corto: en Venezuela, la colaboración premiada contempla una reducción de la pena de hasta la mitad del tiempo de condena, siempre que los acusados ofrezcan información relevante. En este caso, que a la larga solo se sostendría por sus confesiones, los hermanos Améstica no obtuvieron tal beneficio. 

En cambio, los coimputados -los tres agentes del Cicpc, la anatomopatóloga y el ex contratista de seguridad-, quienes no admitieron su responsabilidad en los hechos, gozaron, durante el proceso de sus causas, ya separadas de las de los hermanos Améstica, de la oportunidad de defenderse en un juicio oral y público. Luego, ya sentenciados, obtendrían una medida cautelar sustitutiva de la privación de la libertad, en tanto que los Améstica siguieron tras las rejas, como hoy mismo se encuentran.

Al día siguiente, el 2 de febrero, en otra rueda de prensa transmitida por televisión, Saab anunció la condena contra los Améstica. Aprovechó para proyectar un cuarto video, distinto a los anteriores, en el que Natalia Améstica volvía a rendir su confesión. Pero, en esta nueva declaración, Natalia Améstica introdujo un matiz hasta entonces nunca escuchado en sus testimonios de video: según sus palabras, Tirone ya estaba muerto cuando su hermano Guillermo llegó, cerca de las 11 de la noche, acompañado por tres funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, policía política) cuyas identidades nunca fueron reveladas. “Mi hermano llega y nos dicen cómo cuadrar la escena para que pareciera un homicidio-suicidio; una de las órdenes era limpiar el cadáver de Tirone”, relató. Este detalle sobre el estado del cantante al momento de la llegada de los supuestos cómplices daría lugar a una de las controversias centrales sobre el caso.

 

 

La Fiscalía usó las declaraciones de los hermanos Améstica como la piedra angular sobre la que pretendió cimentar la condena del resto de los implicados. Sin embargo, pasó por alto un precepto elemental del Derecho en Venezuela: la confesión no existe como prueba autónoma de culpabilidad. La fiscalía intentó estirar la figura técnica de la admisión de hechos más allá de sus límites legales, hasta convertirla en una verdad oponible a terceros, un arma arrojadiza.

El artículo 49 de la Constitución garantiza que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Cualquier confesión extrajudicial o registro audiovisual queda despojado de valor probatorio si no cuenta con la ratificación por parte del acusado, con absoluta libertad, ante un juez y en presencia de un abogado de confianza, que los Améstica no tuvieron. El mea culpa resulta insuficiente para cerrar un expediente. El Estado debe demostrar la culpabilidad de los acusados.

“Las autoincriminaciones pueden ser llevadas a la otra causa, pero no sin la comprobación, por cuanto los dichos de los hermanos no son suficientes por sí solos para valorarlos como pruebas”, explicó el abogado Joel García. 

 El intento de obtener una sentencia condenatoria mediante estos atajos testimoniales no solo ignoró los requisitos legales, sino que dejó al descubierto una vulneración al derecho a la defensa.

En ese espacio, donde la verdad debe probarse y no solo afirmarse, las evidencias de la nueva investigación fueron puestas a prueba. Una prueba que no resistirían.

(Mañana martes, en Armando.info: Tercera y última entrega de ‘La justicia cayó con Canserbero’)

La noche del 31 de enero al 1 de febrero de 2024, sin estruendos y a puerta cerrada, tuvo lugar un ensayo general de las distorsiones del poder judicial que el régimen de Nicolás Maduro fomentaría para contener las protestas y rebeliones que, según anticipaba, iba a enfrentar ese año electoral.  

El abogado Joel García había llegado más temprano esa jornada a la sede de los tribunales penales, en el centro de Caracas, en compañía de los padres de Natalia y Guillermo Améstica, sus clientes, para asumir oficialmente la defensa de estos últimos. 

Los hermanos Améstica enfrentaban imputaciones por la presunta comisión de las violentas muertes de, en primer lugar, el bajista y productor musical, Carlos Daniel Molnar González, pareja de Natalia Améstica y apodado Stoperro; y minutos después, de Tirone José González Orama o Canserbero, un cantautor cuya popularidad creciente había trascendido más allá del círculo underground del rap en Venezuela hasta estar a punto de convertirse en una figura del género en América Latina -la edición en español de la revista Rolling Stone lo proclamó de manera póstuma en 2024 como el número uno entre los 50 raperos de habla hispana más influyentes de la historia-. Ambos decesos tuvieron lugar en un mismo evento durante la madrugada del 20 de enero de 2015 en Maracay, capital del estado Aragua, región centro-norte de Venezuela. 

El caso había tenido una aparente resolución con una primera investigación por la que policía judicial (Cicpc, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, adjunto al Ministerio Público) concluyó que se trataba de un homicidio-suicidio. Pero en noviembre de 2023, el para entonces Fiscal General, Tarek William Saab, nombrado por la írrita Constituyente de 2018, decidió reabrir el caso, bajo la presunción de que en realidad se correspondía a un asesinato doble.

Joel García, un reputado jurista que regularmente atiende causas de derechos humanos, no consiguió juramentarse como representante de los Améstica, por lo general un trámite rutinario y hasta trivial. El Juzgado Segundo de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas se valió de un pretexto burocrático para impedir la jura: los acusados, que debían estar presentes para refrendar la designación, no se encontraban allí. Pero la excusa era endeble, si no engañosa: el propio tribunal era quien no había autorizado el traslado de los defendidos desde su sitio de reclusión en la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ubicada en Quinta Crespo, Caracas. En otras palabras: el tribunal era el causante de la omisión que al mismo tiempo invocaba para impedir el acto de juramentación.

El de García no fue el único intento similar que quedó inconcluso ese día y en relación con el mismo caso. El abogado Luis Perdomo trató de juramentarse para representar a Solángela Mendoza, la anatomopatóloga encargada de las autopsias de los cadáveres de Canserbero y Stoperro en 2015 y que también estaba en prisión desde diciembre. No lo logró.

Afuera del tribunal, el mensaje que circulaba entre los familiares de otros tres policías recién detenidos por el caso, que aguardaban en los pasillos desnudos de los tribunales de Caracas, era claro: resistir, no declararse culpables, exigir un abogado propio. 

García, aunque curtido en un sinnúmero de situaciones hostiles, salió impactado. “Siempre es difícil, pero al final uno logra defender”, diría después, recordando años de litigio en casos políticos. Esa vez no pudo ni empezar. 

La imposibilidad de juramentarse, si bien frustrante, daba paso a una deducción, lógica dentro del Derecho, que regulaba las expectativas de los abogados defensores y apaciguaba la ansiedad de los defendidos: sin presencia de los acusados, no había defensa; y sin defensa, no había proceso.

Sin embargo, la justicia chavista mostró una vez más que sus principios rectores no son precisamente la lógica del Derecho o la jurisprudencia.

Apenas horas después, entre gallos y medianoche, sin aviso público, los hermanos Améstica fueron trasladados -esta vez sí- al tribunal. Allí, según la versión oficial, se declararon culpables. Sin juicio y sin contar siquiera con la presencia de un abogado defensor de su confianza y elección, fueron condenados a 25 años de prisión. 

A pesar del mazazo de esa madrugada, Joel García siguió acudiendo al tribunal los días siguientes. La mañana del 7 de febrero de 2024, llegó al Palacio de Justicia junto con los cónsules General y Adjunto de Chile, quienes intentaban informarse del caso de los hermanos Améstica —de doble nacionalidad— tras reiteradas negativas del tribunal para permitir la asistencia consular, pese a las gestiones efectuadas para tal fin por los diplomáticos ante la Cancillería. Tampoco los recibieron: les dijeron que no eran parte del proceso y que no había disponibilidad para atenderlos. 

Al salir de la diligencia, en la misma puerta del tribunal, un hombre moreno, alto y fornido, vestido con una chaqueta amarilla de la marca Náutica, se acercó a García. “Deja de estar publicando mierdas o te va a ir mal. Veme a la cara”, retó el hombre al abogado, refiriéndose a publicaciones recientes de García en la red social X. García replicó preguntando si se trataba de una amenaza; el hombre respondió que lo tomara como quisiera. Uno de los cónsules chilenos intervino: “Deja, Joel, deja que yo hable con él”. Aunque se identificó como diplomático, el desconocido lo cortó: “Eso no importa. Usted puede ser el cónsul de Chile, pero usted está en Venezuela, así que se calla”.

Era la primera vez que el régimen autoritario de Nicolás Maduro -quien hoy, y desde el 3 de enero reciente, se encuentra preso en Nueva York, donde enfrenta un juicio-, negaba abiertamente a los acusados de un caso judicial de alto perfil el ejercicio del derecho elemental de elegir su defensa. Esta vulneración se convertiría en norma solo unos meses después, cuando el gobierno de Maduro remitió a cientos de manifestantes y activistas políticos a enfrentar cargos ante tribunales antiterrorismo, luego del fraude electoral consumado por el oficialismo el 28 de julio de 2024.

La infructuosa gestión de Joel García sirvió no solo como inauguración de una práctica arbitraria e irregular. Hoy sigue siendo también un botón de muestra de las múltiples precariedades, omisiones y probables manipulaciones a las que entre 2015 y 2023 estuvieron sujetas las investigaciones de las muertes de Tirone González y Carlos Molnar, así como el proceso judicial que se desarrolló en 2023.

En efecto, para la presente serie, La justicia cayó con Canserbero, de la que esta historia es la primera de tres entregas consecutivas, Armando.info examinó más de 5.000 folios del expediente del caso, incluyendo las experticias practicadas en 2015, con fotografías de la escena del crimen y de los cadáveres en la morgue, diligencias fiscales y resultados periciales. Encontró numerosas inconsistencias y cabos sueltos que permiten asegurar que, a once años de las muertes de los dos jóvenes en Maracay y tras sendas investigaciones, la justicia no necesariamente quedó servida.

Diligencias inconformes

Quizás lo único en lo que coinciden los testimonios y conclusiones presentadas por la Fiscalía, tanto en 2015, como en 2023 para el proceso judicial que condenó a los Améstica, así como en 2025 a propósito del llamado juicio de los policías con los funcionarios imputados por su actuación en la investigación inicial, es que Tirone González, Canserbero, se encontraba esa noche y madrugada de los infortunados sucesos en el apartamento del edificio Camino Real, en Maracay, que compartían Carlos Molnar y su pareja, Natalia Améstica -quien también era la manager del rapero-, no por un evento fortuito, sino por un motivo muy preciso. Canserbero acababa de tomar en alquiler un apartamento de Molnar, apenas unas semanas antes de la tragedia. Pero esa noche fatídica falló el servicio eléctrico en la vivienda. Ante este inconveniente, el artista-inquilino optó trasladarse a la residencia de sus caseros, mientras se solventaba la avería en su hogar.

El desenlace de la visita es muy conocido: Canserbero quedó tendido a la entrada del edificio, muerto tras caer desde el décimo piso. En el apartamento yacía Molnar, también hecho cadáver.

De acuerdo a la declaración inicial que Natalia Améstica ofreció a los investigadores ese mismo día, los hechos empezaron a desarrollarse con la llegada de Canserbero al apartamento, en compañía de Carlos Molnar, la noche del 19 de enero. Siempre según ese testimonio, como Molnar encontró al cantante “en un estado de depresión”, decidió invitarlo a quedarse con ellos. Los hijos de la pareja pasaron la noche con la mamá de Molnar. Durante la noche, Améstica aseguró haber notado a Tirone González alterado, “muy nervioso, muy inquieto”, diciendo que escuchaba “voces de gente sufriendo” y que el mundo padecía “por culpa del rap que él cantaba”. Según Améstica, ella intentó calmar al artista con una taza de té caliente. Luego él salió al balcón, donde hablaba solo, y más tarde le pidió a Améstica que le pusiera “una película infantil”. Después, Améstica y Molnar se fueron a dormir, mientras González permaneció despierto en la sala.

De acuerdo también con esa versión, cerca de las 5:00 de la mañana González tocó la puerta del cuarto, llamando a Carlos Molnar. Natalia aseguró que lo vio descompuesto: “Tenía los ojos rojos, andaba sin camisa y le noté como una rigidez muscular en todo su cuerpo”. Dijo además que el cantante le tomó las manos y le preguntó por Leslie (prima y novia de Canserbero), afirmando que creía que la estaban torturando. Minutos después, ella y Molnar habrían buscado en internet, desde su celular, referencias sobre “qué hacer en casos de crisis de esquizofrenia”. Pero poco después, dijo haber escuchado “un escándalo” que la forzó a encerrarse en el baño, desde donde llamó al 911. “Les dije que había una persona en la casa con problemas mentales y que necesitaba ayuda”, declaró. Cuando salió del baño, afirmó haber encontrado “mucha sangre” y a Carlos “tendido en el piso, inconsciente” cerca de la cocina. Dijo que salió a pedir ayuda a los vecinos “pensando que me podían atacar a mí también”. Una vecina, según su relato, le informó entonces que alguien se había lanzado por una ventana. Desde el otro apartamento, aseguró haber visto a Canserbero “tirado en el piso de la entrada del edificio”. Al regresar a su vivienda, notó que “a una de las ventanas de la cocina le faltaban los vidrios y la persiana”.

Fue la piedra fundacional de lo que terminó siendo la versión del homicidio-suicidio. Según ese relato inicial, acreditado más tarde por la primera investigación del Cicpc, el rapero había asesinado a su amigo y compañero de trabajo, Carlos Molnar, para luego lanzarse al vacío. Esa explicación oficial, que dio por cerradas las averiguaciones pero no llegó a juicio en un tribunal, hablaba de un posible brote psicótico de Tirone González, del que no se ofrecieron detalles adicionales a posteriori. 

La parquedad de las autoridades no evitó que en las redes sociales se difundieran imágenes del lugar y del cuerpo de Canserbero en la planta baja del edificio; en cierto modo, azuzó los rumores. Entre estos, circularon versiones alternativas que se instalaron con rapidez en la opinión pública. Muchas de esas versiones cuestionaban la tesis del suicidio. Familiares del rapero, otros allegados y parte de su fanaticada, pusieron en duda la conclusión oficial. Subrayaban inconsistencias que les resultaban evidentes en lo que se había ventilado acerca de las averiguaciones y la ausencia de respuestas a preguntas básicas sobre lo ocurrido esa noche.

Ese día la tragedia tuvo dos escenarios. El que todos vieron en redes sociales fue el de la planta baja del edificio Camino Real de la urbanización Andrés Bello de Maracay, donde el cuerpo de Tirone González quedó tendido, boca arriba. Esa fue la primera imagen que registraron los investigadores la mañana del 20 de enero de 2015. A pocos metros los detectives vieron, tal como dejaron constancia en fotografías, una reja metálica negra con barrotes que se había desprendido y doblado. Sin embargo, no se llevaron la reja. Semanas más tarde, una comisión policial regresaría al lugar para hacer una inspección más detallada de la escena y se encontró con que la reja entre tanto había sido “doblada y luego llevada a su estado original”. 

El informe oficial de la primera investigación afirmó que había sido el cuerpo del cantante lo que impactó contra la reja, que quedó desprendida y con algunos barrotes doblados. Así, los desgarros que se observaron en el costado izquierdo del pecho, debajo de los omoplatos y en la parte derecha de la espalda del cadáver de Canserbero, habrían sido evidencias del choque.

El otro escenario estaba más arriba, en el décimo piso, donde la historia continuaba. El apartamento 10-A, vuelto escena de un crimen, conservaba los rastros de lo que había ocurrido horas antes. El cuerpo de Carlos Molnar estaba tendido de lado, sobre su costado izquierdo. Cerca de él aparecía un cuchillo con restos de sangre.

En el piso las huellas no estaban dispersas. Según los documentos de esa primera investigación de 2015, se detectaron siete huellas de zapatos, marcadas con sangre, que seguían una dirección definida. El recorrido visible partía desde el interior del apartamento y avanzaba hacia un punto específico: la ventana tipo Macuto a la que le faltaban siete listones de vidrio; en las fotografías de la escena, a las que Armando.info tuvo acceso, se ven las astillas de los vidrios rotos. El boquete medía aproximadamente 75 por 75 centímetros, siempre según el documento. Se dedujo que había servido a Canserbero como pasadizo al más allá.

En distintas superficies se observaban rastros de sangre. Salpicaduras en paredes y pisos. El estado de la sala también quedó documentado. En un espacio contiguo, una suerte de balcón, un cenicero contenía colillas de cigarrillos, junto a un envoltorio con “presunta sustancia psicotrópica o estupefaciente”, según se lee en el expediente. 

 En la morgue, el registro fotográfico al que tuvo acceso Armando.info completó el cuadro. El cuerpo de Tirone González presentaba múltiples lesiones: una herida en la boca que comprometía el maxilar derecho, otra en el costado izquierdo del tórax y marcas en la espalda, debajo de los omoplatos. Se comprobó que los tatuajes en el cadáver correspondían a la identidad del occiso.

El cadáver de Carlos Molnar, en cambio, tenía múltiples heridas punzo cortantes abiertas a ambos lados del pecho. También lesiones en el rostro, la frente, las sienes y la axila derecha. Correspondían a un total de 17 puñaladas.

A partir de esos y otros indicios, se construyó una versión que parecía definitiva: un homicidio-suicidio en el que Tirone González mató a Carlos Molnar a cuchilladas y luego se lanzó desde el décimo piso tras un presunto brote psicótico. 

El Informe de Experticia de Autopsia Psicológica de 2015 concluyó que el rapero presentaba un cuadro clínico complejo, marcado por un trastorno psicótico asociado al consumo de sustancias, alteraciones de personalidad, un duelo no resuelto por la muerte de su madre cuando él tenía ocho años, y un deterioro del juicio y la voluntad que, según los expertos, comprometía su capacidad de actuar con pleno discernimiento al momento de los hechos. En particular, citó los términos de la última publicación de Canserbero en redes sociales, difundida el 16 de enero de 2015, como signos de “heteroagresividad (lesión al entorno)” y “autoagresividad (lesión a sí mismo)”, asociados a un presunto brote psicótico con contenidos de persecución, amenaza y conflicto interno. 

El mismo informe admitía, sin embargo, que algunas circunstancias dificultaban sostener de forma concluyente la hipótesis de suicidio. Por ejemplo, advertía que González tenía proyectos de vida inmediatos, como una gira de conciertos, planes económicos y el futuro lanzamiento de su álbum Renacimiento, propósitos que oponían dudas legítimas a cualquier conclusión terminante. Con todo, el caso se cerró así. La fiscalía en ese entonces alegó que el cantante “no gozaba de plena conciencia y discernimiento para diferenciar entre lo bueno o malo”, por lo que no habría actuado con pleno raciocinio al ejecutar sus decisiones fatales del 20 de enero de 2015.

El suicidio en cuestión

A pesar del cierre oficial del caso, las versiones alternativas prosperaron, sobre todo en las redes sociales. Las dudas comenzaron a acumularse entre la familia del cantante, amigos, las peñas de fans y la opinión pública. Desde el primer día, señalaron detalles de la versión oficial que, a su juicio, no encajaban ni con la leyes de la física newtoniana ni con la simple lógica.

Una de las primeras sospechas recayó sobre lo que parecían revelar los vidrios rotos de la ventana de romanillas del funesto apartamento 10-A. No era una ventana batiente o corrediza, sino una estructura propia de las ventanas Macuto, que para traspasarla requería desmontar uno a uno los listones de vidrio. Se trataba de una tarea laboriosa, que requiere de una cierta concentración que nadie esperaría de alguien que sufre un brote psicótico. 

También surgieron dudas sobre la mecánica de la caída. La distancia a la que quedó el cuerpo de Tirone González respecto a la pared del edificio abrió interrogantes sobre cómo fue la trayectoria de Canserbero en caída libre. A eso se sumaron cuestionamientos sobre la supuesta pelea previa con Molnar, que habría dado lugar a las cuchilladas: quienes rechazaban la versión oficial insistían en que no había rastros claros de forcejeo. Una pregunta final coronó la controversia durante años: ¿por qué el cadáver del artista, en el lugar donde aterrizó, tenía los pantalones bajados a la altura de las rodillas?

Las dudas sobre la trayectoria de la caída, la posición en la que fue hallado el cuerpo, el pantalón corto deslizado hasta las rodillas y los vidrios de la ventana, fueron los miembros para armar una matriz de suspicacias y teorías conspirativas acerca de un encubrimiento en marcha. Con estos ingredientes algunos descartaron que se hubiera tratado de un suicidio.

Durante años se plantearon varias hipótesis diferentes. Algunas nacieron en la calle, otras en redes sociales, otras entre personas cercanas al caso. Todas intentaban explicar lo que el expediente no lograba responder.

Una de las más persistentes fue la del triángulo amoroso. Se decía que Carlos Molnar habría descubierto a Canserbero en unaffaire con Natalia Améstica, su esposa, y que una discusión marcada por los celos habría derivado en la tragedia. Aunque era una versión alimentada más por el morbo que por las pruebas, siguió con vida propia por varios años.

Otra teoría apuntaba al dinero. Canserbero acababa de regresar de una exitosa gira por Chile y Argentina, con lo que comenzó a circular la idea de que había traído consigo una importante suma de dólares en efectivo. Según esa hipótesis, el conflicto habría girado en torno a un robo, una disputa por el control del dinero o una traición que terminó en violencia.

También hubo versiones más oscuras y hasta extravagantes. Algunas sostenían que unos sujetos habrían entrado al apartamento con fines de robo o extorsión, y que todo terminó en la muerte de los dos jóvenes. Todas esas narrativas alternativas confluían en la refutación del supuesto homicidio-suicidio.

En paralelo, el silencio público de Natalia Améstica, la pareja de Carlos Molnar y la única testigo de lo ocurrido en el apartamento, poco contribuyó a aplacar los rumores.

Así, durante años, el caso quedó suspendido entre una versión oficial cerrada, pero que dejaba cabos sueltos, y una sospecha persistente que se ventilaba en redes sociales, donde germinaba todo tipo de respuestas. Esta dualidad abonaría el terreno para que en 2023 surgiera una nueva, y contradictoria, versión oficial. 

Vale apuntar que, de cualquier manera, las dudas de la propia familia de Canserbero, que luego difundieron por distintos medios, no fueron ignoradas en el expediente de 2015, como Armando.info constató. Todo lo contrario.

En marzo de 2015, hubo movimientos de los interesados ante la Defensoría del Pueblo, presidida entonces por Tarek William Saab. Este, ya como Fiscal General en 2023, tendría luego una actuación protagónica en el giro que la versión oficial sufrió, y llegaría a citar los encuentros en 2015 con los familiares de Tirone González como un detonante de sus nuevas diligencias.

El 23 de marzo de 2015, en la Fiscalía Superior del estado Aragua, se realizó una reunión entre las hermanas de Canserbero, el Fiscal Superior de Aragua, la Fiscal Cuarta Yoli Torres, hoy acusada y buscada por el mismo caso, y la defensora delegada Nency Villalobos. Allí la familia planteó sus cuestionamientos.

Un día después, el 24 de marzo, dio un paso más formal. María del Carmen Ferrer y Leticia Ferrer, hermanas del cantante, comparecieron ante la sede nacional en Caracas de la Defensoría del Pueblo, donde se levantó un acta en la que denunciaron irregularidades presuntamente cometidas por funcionarios del Cicpc y la Fiscalía durante la investigación. “Creemos que existen suficientes elementos... para considerar que la presente investigación se encuentra viciada, desde los testimonios contradictorios por parte de funcionarios del Cicpc y la 'única' testigo, hasta la negativa de respuesta y acceso al expediente por parte de la Fiscal que lleva la causa”, cita el acta de entrevista que firmaron las hermanas. 

Esas gestiones llegaron a surtir efecto. El 27 de marzo de 2015, la Defensoría remitió una solicitud urgente al Ministerio Público para que se designara un fiscal con competencia nacional que se incorporaría a la investigación, a raíz de las denuncias formuladas por la familia. Así, el 15 de abril de 2015, la Dirección de Delitos Comunes del Ministerio Público en Caracas comisionó al fiscal nacional, Tulio Mendoza, para intervenir en la causa junto con la fiscalía local de Aragua. 

Entre tanto, el 1 de abril de 2015, los peritos habían regresado al apartamento para revisar de nuevo la escena del crimen. Notaron que faltaban dos vidrios rectangulares en la ventana Macuto desde la que Canserbero cayó; que la ventana no tenía rejas de protección; y que, pese a la violencia de lo ocurrido casi tres meses antes, el apartamento lucía ordenado. Captaron en fotografías la vista en vertical desde la ventana de marras al punto donde la humanidad del cantante cayó.

En mayo, emitieron los resultados de la experticia de mecánica de hechos y, con ellos, los tortuosos detalles de la caída: la de Tirone González, Canserbero, no había sido una caída limpia. Su cuerpo salió expedido por la ventana y entró en caída libre vertical, con los brazos orientados hacia abajo y las piernas hacia arriba. Un cuerpo invertido. Pero, a partir de allí, su trayectoria se convirtió en un calvario de obstáculos. Primero impactó contra equipos de aire acondicionado adheridos a la fachada. Ese golpe desvió la trayectoria. Después vino el choque contra la reja de barrotes en planta baja. Un golpe violento del que rebotó. El informe dice que el cuerpo cayó finalmente boca arriba.

La conclusión técnica: fractura craneal, fractura de columna, contusión cerebral y medular, como causas de muerte. Las heridas no provenían de episodios distintos, según el estudio, sino de la agonía de una misma parábola que algunos tropiezos desviaron. 

Costuras sin terminar

A la par de las experticias técnicas, siguió la recolección de testimonios de los testigos.

Uno de ellos era Marcos Pratolongo, un contratista de seguridad que trabajaba con Carlos Molnar en eventos y conciertos. En un principio estuvo vinculado al círculo de las víctimas por esa relación profesional, pero, con el paso de los años y la alteración del relato oficial, en 2023 terminaría por ser uno de los sospechosos del supuesto doble homicidio.

El 24 de marzo de 2015, Pratolongo acudió a declarar ante la fiscalía. Allí relató lo que hizo en las horas posteriores al suceso: ayudó a contener a los amigos de Tirone González que querían irrumpir en el apartamento; obtuvo las llaves de la vivienda y fotografió el lugar antes de que tocaran nada; supervisó el retiro de las pertenencias de los difuntos, pasaportes, dinero, instrumentos musicales, libros.

En esos mismos días también declararon Marlon Morales, Wiston Correa y Leandro Añez, amigos todos de Canserbero. La investigación comenzó a poblarse de voces.

El padre de Tirone González amplió su declaración el 27 de mayo y formalizó la entrega del teléfono de su hijo, que había conservado desde enero hasta experticia, porque la policía se lo entregó el día del suceso. Durante la custodia del celular, el equipo se siguió utilizando, lo que representaba otra irregularidad en la investigación.

Natalia Améstica, la viuda de Molnar que en 2023 resultaría imputada, regresó voluntariamente de Chile, a donde había viajado el 17 de febrero, según dijo, por recomendación médica. El 6 de abril de 2015 rindió una nueva declaración. Su relato entonces giró no tanto en torno a la noche de las muertes, sino sobre lo que ocurrió después.

Informó que, al volver al apartamento, descubrió que faltaban cosas: una computadora, dos teléfonos, una PlayStation, un reloj negro de Carlos Molnar. Respondió a los rumores sobre los dólares en efectivo que, según versiones de allegados, el bajista guardaba para Tirone. Dijo que el padre del músico la había llamado para preguntar por ese dinero. Negó saber de qué hablaban. Aseguró que Molnar manejaba sus finanzas y que ella no intervenía.

Luego explicó su viaje. Sostuvo que salió a Chile el 17 de febrero para aliviar el estrés postraumático que dejaron las dos muertes, y que regresaba para desmentir las patrañas que empezaban a circular sobre su presunta fuga. Volvió para ponerse a derecho.  

Negó otro rumor: que había tenido una relación sentimental con Tirone González. Y habló del asedio que sufría por los ataques en redes, por los mensajes, por las acusaciones de las que era blanco. Se mostró dispuesta a colaborar con el esclarecimiento del caso.

La fiscalía volvió a pedir los resultados de las muestras toxicológicas en los cuerpos de Canserbero y Stoperro y fue así como conoció una irregularidad: las muestras se habían dañado por fallas en las cavas refrigeradas de la morgue. 

Sin embargo, los funcionarios del Cicpc hicieron una experticia el 7 de abril para analizar una evidencia recolectada durante las investigaciones, por la que dijeron haber confirmado la presencia de marihuana en la escena del crimen. De acuerdo con el acta suscrita por el experto Jesús Urasma y el detective Jesús Medina, ese día se examinó un sobre de papel blanco, identificado con la causa K-15-0369-00089, dentro del que, según describieron, se encontraba “un cigarrillo de fabricación casera parcialmente consumido y un envoltorio plástico transparente, ambos contentivos de fragmentos vegetales y semillas”. Cada vestigio pesó 80 miligramos. Tomaron muestras para aplicar el reactivo Duquenois y las pruebas dieron positivo en ambos casos, lo que indicaba la presencia de marihuana.

Con este examen, los investigadores ratificaron que en el sitio del suceso había una sustancia estupefaciente, un ingrediente clave de la tragedia que se desató y una pieza que encajaba en la versión oficial que se ofreció en 2015. Una versión que, luego se vería, no resistió la erosión ni del tiempo ni de las conjeturas, corrosivas y aliñadas con diversos intereses, que ya entonces corrían libres tanto por las redes sociales como por los corrillos políticos.

(Mañana lunes, en Armando.info: Segunda entrega de ‘La justicia cayó con Canserbero’)

Hace cinco años, la familia Silva abandonó la pesca para dedicarse al cultivo de algas marinas en Boca del Río, en la Península de Macanao, porción occidental de la isla de Margarita. 

En la casa familiar, de techo de zinc y bloques sin frisar frente al mar, recientemente una reportera de Armando.info vio cómo una docena de hombres y mujeres, junto con ancianos y niños por igual, pasaban toda una noche limpiando y empacando 36 sacos de algas rojas resecas, recopiladas durante la cosecha. La faena fue agotadora, con una extenuación que el hambre acumulada de varios días acentuaba. 

El amanecer agarró a todos sin desayuno, con los pequeños jugando en voz baja mientras los adultos guardaban tanto silencio como expectativas, pues ese día, que en realidad se repite cada seis semanas -lo que dura el ciclo reproductivo del alga-, les tocaba salir a vender los talos cosechados. O lo que es lo mismo: la oportunidad para cobrar algo y capear la necesidad. 

Pero un apagón dejó a la isla sin electricidad. 

La explosión del gasoducto Complejo Operativo Muscar de la estatal petrolera Pdvsa, en tierra firme del estado Monagas, paralizó la actividad comercial en buena parte del oriente venezolano, incluyendo Margarita. Por lo que los sacos, que los Silva habían llenado con tanto esmero, quedaron varados en el suelo. Junto a sus esperanzas.

La de los Silva es una de las 346 familias dedicadas en Margarita al cultivo del alga roja, nombre que en realidad abarca a un par de especies exóticas: Kappaphycus alvarezii y Eucheumas denticulatum. El dato aparece en un informe interno del Instituto Socialista de Pesca y Acuicultura (Insopesca) al que tuvo acceso Armando.info. El documento de la entidad, adscrita al Ministerio de Pesca y Acuicultura (MinPesca), agrega que estas comunidades de base triplicaron la producción artesanal en apenas un año, al pasar de 387 toneladas en 2023 a 919 toneladas en 2024. 

Lo mismo ocurrió con las exportaciones. De 2019 a 2023, las ventas internacionales pasaron de 263 toneladas, valoradas en 413.000 dólares, a 1.351 toneladas por 2,1 millones de dólares, según registros de la base de datos Comtrade de Naciones Unidas.   

Pero ese boom no se traduce en alguna ganancia significativa para los pescadores artesanales, los principales cosechadores del alga roja. Familias como los Silva reciben en promedio 10 dólares por persona, cada mes, por una faena que hacen a pulmón y mano limpia. Este salario se calcula a partir de las cifras de producción de Insopesca.

En cambio, cuatro empresas son las que principalmente cosechan las ganancias del creciente negocio. Se trata de Tide C.A., Agromarina Biorma Aquaculture, C.A., Revolution Seaweeds C.A. y Sea-Mar H&B, siempre según el informe de Insopesca. Solo las dos primeras cuentan con permisos de exportación y, también según Insopesca, entre 2019 y 2023 lograron exportaciones de alga roja con un valor de 6,47 millones de dólares. Pero otras dos que no están registradas como tales en el reporte oficial, Sea-Mar H&B y Kor-Ven C.A., aparecen también como exportadoras en bases de datos de comercio internacional, como Panjiva e Importgenius.

Las divisas flotan entre los sargazos

El mercado mundial de algas marinas estuvo valorado en alrededor de 16.500 millones de dólares en 2023, según consultoras internacionales que a la vez prevén una expansión que, a finales de 2029, podría alcanzar hasta 20.900 millones de dólares. 

La cotización de este recurso radica en su polifuncional aplicación en las industrias de alimentos, cosmética y medicamentos. De las especies de alga roja que se cultivan en Margarita, de origen asiático, se obtiene la carragenina, un apreciado gel que en la industria de alimentos funciona como espesante y estabilizante en la producción de helados, yogures, gelatinas, embutidos, salsas y cervezas, entre otros. En el sector farmacéutico se utiliza para jarabes y medicamentos antiinflamatorios y antivirales. En cosmética, optimiza la consistencia de cremas, champúes y pastas dentales, y en otros productos industriales, sirve como aglutinante en pinturas, textiles, biocombustibles y papel encerado. Su versatilidad la convierte en un ingrediente clave en la industria que, por lo demás, no tiene sustituto. Es un tesoro rojo en el mar venezolano. 

Semejante potencial hace del cultivo y comercialización del alga roja una de las apuestas del gobierno de Nicolás Maduro para desarrollar la acuicultura como una alternativa de ingresos de divisas distinta al petróleo. 

El ministro de la cartera de pesca, Juan Carlos Loyo, se muestra entusiasta del proyecto, sobre todo con miras a surtir al mercado asiático. En enero de 2023, el funcionario afirmó que las algas habían representado 7% de las exportaciones del sector de pesca y acuicultura. Así lo contabilizaba “oficialmente” en su cuenta de la red social X, aunque apenas sería en una fecha posterior, en octubre de ese año, cuando la producción de algas marinas se incorporó por primera vez a la Ley de Pesca y Acuicultura. En diciembre de 2023, el propio Ministerio de Pesca y Acuicultura (MinPesca) y el Ministerio de Ecosocialismo (Minec) firmaron una resolución conjunta para regular “el aprovechamiento, cultivo y actividades conexas -sustentables y sostenibles- de las especies de algas y cianobacterias”.

Con la firma de esa resolución, los ministerios autorizaron para el aprovechamiento del alga roja a las cuatro empresas mencionadas anteriormente: Tide C.A., Agromarina Biorma Aquaculture, C.A., Revolution Seaweeds C.A. y Sea-Mar H&B.

Vale decir que todas estas empresas comenzaron a operar hasta cuatro años antes de la legalización de la explotación del alga roja en 2023, pues la historia de la explotación de este recurso no sólo está teñida de espasmódicas regulaciones, sino de profundas contradicciones. 

La más notoria de las contradicciones, sin duda, es que el Ministerio del Ambiente prohibiera hasta 2006 el cultivo de la Kappaphycus alvarezii y la Eucheuma denticulatum por considerar estas especies como “potencialmente degradantes y susceptibles de causar un impacto ambiental negativo”, pero que dos décadas después promueva su producción como “alternativa económica sustentable” dentro del catálogo de la oferta exportable de productos de pesca y acuicultura de Venezuela.

Las empresas proponen y los ministerios disponen

Pese a que la siembra de la Kappaphycus alvarezii estuvo prohibida en Venezuela hasta 2006, y no fue sino en 2023 cuando contó con una normativa para regular su producción, durante dos décadas se dispersó por las costas de los vecinos estados Nueva Esparta -que comprende a Margarita- y Sucre, en tierra firme, que comparten aguas territoriales.

Como se ha dicho, Tide C.A, Agromarina Biorma Aquaculture, C.A., Revolution Seaweed C.A. y Sea-Mar H&B figuran entre las productoras de alga roja con cultivos propios. Pero las dos primeras compran también más de la mitad de la producción de los acuicultores artesanales que siembran hectáreas en el mar de manera empírica, según el informe de Insopesca. Directivos de Tide confirmaron a Armando Info que esa empresa, por ejemplo, compra a los acuicultores 40% de su materia prima, mientras que el restante 60% proviene de sus granjas. 

Tide C.A., cuyo nombre es el acrónimo del proyecto Tierra de Emprendedores, enseñó a cultivar el alga a los pobladores de Punta de Piedra, un puerto en la costa centro sur de la isla de Margarita. Otros se las arreglaron para aprender en la práctica el método rudimentario de propagación, consistente en atar los talos -el cuerpo indiferenciado de las algas o talófitas, equivalente al conjunto de raíz, tallo y hojas de las plantas terrestres- a redes sumergidas en el fondo marino, con botellas de plástico que funcionan como boyas. Los ciclos de siembra constan de 45 días, lo que permite obtener hasta ocho cosechas anuales. 

Tres empresas autorizadas exportaron el alga roja desde seis años antes de la legalización de la actividad acuícola. Las bases de datos de comercio internacional registran que entre 2019 y septiembre de 2023 -es decir, hasta tres meses previos a la autorización oficial-, Tide, Biorma y Kor-Ven vendieron a clientes fuera de Venezuela un total de 2.493 toneladas por 6,47 millones de dólares, según Importgenius.  

Armando.info pidió una entrevista a Insopesca para verificar los términos de los permisos otorgados a las cinco empresas autorizadas para la explotación y comercialización de algas marinas. Pero hasta la fecha de publicación no se obtuvo respuesta. 

Tide C.A., propiedad de William Hoce Fariñas, domina ampliamente el negocio. Según la directiva relata a Armando.info, todo comenzó con un restaurante de nombre Tide -”marea”, en ingļés-, ubicado en la zona inhóspita de El Guamache, en la costa suroriental de Margarita, pero la crisis generada por la pandemia los obligó a reinventarse. Fariñas, ingeniero industrial con un título técnico de navegación y pesca, y su esposa, María Gabriela Reyes, médica de profesión, decidieron aprovechar las algas marinas que abundaban en la zona. Obtuvieron rápidamente el permiso para la extracción.

"El alga roja casi muere en la isla por la extracción que se hizo entonces y la cepa para semilla prácticamente se agotó. Incluso nosotros pasamos meses buscando un poquito acá, un poquito allá, ya aprobado el permiso", comenta Reyes para ilustrar por qué esta especie, en su opinión, no es invasora. En 2021, la empresa obtuvo la autorización para cultivar algas y en la actualidad tiene 30 hectáreas de cultivo permisadas, de las que solo 10 están activas, asegura.

“La resolución ministerial de 2023 no fue para autorizar el cultivo de algas en Venezuela. Ya eso era legal. En realidad, se promulgó para simplificar el proceso engorroso de los permisos de Ecosocialismo y Pesca”, argumenta María Gabriela Reyes. Luego añade: “Nosotros [Tide] ya contábamos con el permiso desde 2020. Fuimos los primeros en obtenerlo”.  

Pero los datos de Importgenius parecen corregir al matrimonio de Fariñas y Reyes. Muestran que Tide C.A. incursionó en el negocio exportador desde antes de la pandemia y de la resolución que reguló la actividad. Entre marzo de 2019 y agosto de 2024, la empresa manejó 97,4% de las exportaciones de algas marinas, enviando 1.935 toneladas a compradores internacionales por un total de 6,14 millones de dólares. Durante esos casi seis años, Chile se consolidó como el destino principal para las exportaciones de Tide.

Según Insopesca, Tide produce 750 toneladas de algas frescas al mes, de las que obtiene 75 toneladas secas, destinadas a la exportación. Por su parte, María Gabriela Reyes afirma que hasta la fecha han exportado unas 1.500 toneladas.

Fariñas, de 40 años, quien no es oriundo de la isla de Margarita -un navegao, en la jerga local-, es hijo de Williams Fariñas, histórico diputado chavista y exoficial de la Fuerza Aérea Venezolana (FAV). Fariñas padre participó en la asonada golpista del 27 de noviembre de 1992 contra el entonces presidente socialdemócrata, Carlos Andrés Pérez. Con Hugo Chávez en el poder, ocupó diversos cargos como la coordinación del Proyecto Bolívar 2000, el viceministerio de Desarrollo Social, miembro de la Comisión Presidencial Misión Vuelvan Caras, director de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), y presidente del Fondo Mixto de Turismo del estado Nueva Esparta, ya durante la administración de Nicolás Maduro. 

En 2021, el joven William Hoce Fariñas mostró extensas áreas de cultivo en un programa de la televisora estatal VTV del entonces Ministro de Agricultura, el también exmilitar William Castro Soteldo. En esa emisión de su espacio Cultivando patria, Castro Soteldo, quien insistía en llamar al alga roja como alga Cottoni -una denominación que no es científica sino que proviene de la industria-, se refirió a Fariñas como "su hijo de la vida" y como un "ingeniero emprendedor". Ante las cámaras se comportó como un padrino tanto de ese emprendimiento en particular como de la actividad en general, a pesar de que para entonces no contaba con regulación oficial. 

De manera imprecisa, el ministro también mencionó que las algas habían sido introducidas a la región "por alguien", mientras que Fariñas se atribuía el mérito de haber descubierto su potencial comercial.

En ese mismo espacio, Fariñas reveló que se habían recolectado más de dos millones de toneladas de algas húmedas en la región, de las que se extrajeron 200 toneladas secas. Para producir una tonelada de alga roja seca, se requieren unas diez toneladas de alga recién cosechada.

En el mercado internacional, el precio promedio de una tonelada de algas secas es de 600 dólares, coinciden los expertos consultados para este reportaje. En la actualidad, Tide C.A. paga a los acuicultores artesanales de Margarita unos 200 dólares por tonelada de alga seca y 22 por tonelada de alga húmeda. Los maricultores, como también se conoce a los que se dedican a este oficio, deben “arrimar” la materia prima hasta un punto de encuentro. 

En el programa de televisión de 2021 también se mostraba al competidor inmediato de Tide, la empresa Agromarina Biorma Aquaculture, C.A., que produce 6,2 toneladas de alga seca mensuales, según el informe de Insopesca. Su representante legal es Raúl Rincones, biólogo marino que introdujo la Kappaphycus alvarezii en Venezuela a finales de los años 90. Rincones afirmó en entrevista con Armando.info que compra poco más de la mitad de sus exportaciones a pobladores que extraen el alga de bancos naturales. 

Otra empresa activa es Revolution Seaweed C.A que, a pesar de que tiene su propia producción en las instalaciones de la Universidad de Oriente (UDO), en Cubagua -otra isla del estado Nueva Esparta, al sur de Margarita-, no cuenta con el permiso de exportación. Por ahora se dedica a almacenar su propia cosecha y venderla en parte como materia prima a Biorma. 

El informe de Insopesca indica que Sea Mar H&B C.A., por su parte, proyecta instalar una planta para la extracción de la carragenina, un proceso industrial que por ahora no se hace en Venezuela. Sus exportaciones representaron apenas 0,07% del total registrado entre 2019 y 2023, según Importgenius.

Pero el crecimiento del negocio exportador en los últimos cinco años no permea hasta los acuicultores artesanales. Según cálculos del organismo regulador, la producción mensual en Margarita genera ingresos por 18.000 dólares. Este monto, dividido entre 1.730 productores censados, implica un ingreso mensual promedio para cada beneficiario de apenas un poco más de 10 dólares.

La familia Silva, una de las que participa en la actividad, encuentra en el mar uno de los últimos recursos que les quedan para sobrevivir. Los pescadores representan el eslabón más débil de este negocio. En el mar frente a Boca del Río, los niños de la familia se sumergen y, con movimientos ágiles, arrancan las algas rojas que crecen atadas a estacas hundidas en aguas poco profundas. Al regresar a la superficie, entregan el botín a sus madres, hermanas y primas, que lo reciben en silencio y se dirigen al muelle. Allí, bajo el sol implacable, extienden las algas con cuidado sobre tablas de madera, asegurándose de que queden bien dispuestas para secarse. La rutina avanza con un ritmo mecánico, mientras calculan cuánto podrán ganar con ese precio que recobran del mar.

Un antecedente judicial

La introducción de estas especies exóticas de algas en el país estuvo también sumergida, pero en la controversia. El 22 de abril de 1996, el extinto Servicio Autónomo Forestal Venezolano (Seforven), adscrito al Ministerio del Ambiente de entonces, hoy devenido Ministerio para el Ecosocialismo, autorizó a la empresa Cultivos y Biotecnología Marina Biotecmar C.A. a introducir en el país cinco kilos de algas de las especies Kappaphycus alvarezii y Eucheuma denticulatum para su cultivo experimental. 

En octubre de 1997, Biotecmar, fundada por el biólogo marino Raúl Rincones, solicitó al Ministerio de Ambiente un permiso para activar el cultivo comercial de estas especies en la Ensenada de El Guamache, estado Sucre. Para persuadir a las autoridades, la iniciativa privada fue presentada como una oportunidad económica para las comunidades costeras, presas crónicas de la pobreza. 

El proyecto, en principio, tenía un rango controlado y los primeros ensayos demostraron que la especie Kappaphycus alvarezii -originaria de las cuencas de los océanos Índico y Pacífico, y los arrecifes coralinos de Filipinas, Malasia e Islas Seychelles- podía prosperar en aguas venezolanas. La especie mostró una notable resistencia a cambios en las condiciones ambientales y variaciones de salinidad y luz, así como una gran capacidad para regenerarse a partir de fragmentos pequeños, lo que permitía su fácil dispersión.

Pero en 1998, el entonces Ministerio del Ambiente denegó el permiso para el cultivo de esas especies y favoreció, en cambio, la reproducción de la ya presente Gracilariopsis lemaneiformis. También impuso una multa por 500.000 bolívares (unos 885 dólares al cambio oficial de ese año) a la empresa de Rincones y le ordenó erradicar la especie exótica del lugar, además de encargarse del saneamiento del área. El ministerio basó su decisión en informes del Instituto Oceanográfico de la UDO que identificaban el potencial efecto depredador de la introducida Kappaphycus alvarezii. 

En efecto, el biólogo marino Jorge Barrios-Montilla, profesor e investigador de la UDO, ha publicado al menos cuatro ensayos sobre la amenaza de esta especie. En 2007 y 2021, sus investigaciones confirmaron la presencia de esta alga en los arrecifes coralinos de Cubagua, donde colonizaba el hábitat del llamado coral de fuego (Millepora alcicornis), evidenciando un proceso de degradación acelerado. 

Pero al año siguiente de la legalización, Barrios cambió de postura. En un ensayo académico de julio de 2024, calificó a Kappaphycus alvarezii como una especie introducida pero naturalizada, ya establecida, que crece de manera silvestre en la zona marina suroeste del estado Nueva Esparta, incluyendo las islas de Coche y Cubagua. Aparte de los trabajos de Barrios, no hay estudios oficiales con sustento científico y arbitraje independiente que descarten o admitan en definitiva los efectos de esta especie en el ecosistema marino de Venezuela. Pero el descuido de las autoridades del ambiente va más allá: Armando.info visitó en cuatro oportunidades las zonas de cultivo en Margarita y comprobó que las instituciones estatales no realizan las inspecciones técnicas de rigor. Apenas se limitan a censar a las familias que se dedican a sembrar y procesar algas. 

La reputación de la Kappaphycus alvarezii también es objeto de escrutinio en el exterior. En los años 70, demostró su alto potencial invasor al afectar los arrecifes de coral en la isla Coconut, en Hawai. Allí se propagó rápidamente, alcanzando áreas distantes y acumulándose en lagunas arrecifales, con una tasa de dispersión de hasta 250 metros por año, impulsada principalmente por las corrientes marinas.

De cualquier manera, Biotecmar, la empresa de Raúl Rincones, continuó cultivando el alga roja al mismo tiempo que apeló la medida. Pero el Ministerio del Ambiente demandó a la empresa en 1999 a través de la Dirección Regional del estado Nueva Esparta, alegando que había incurrido en la infracción de normativas vigentes, tales como el Plan de Ordenación del Territorio del estado Nueva Esparta (1997) y las Normas para Regular la Introducción y Propagación de Especies Exóticas de la Flora y Fauna Silvestres y Acuáticas (1992). 

Biotecmar apeló la decisión en 1999 y 2002. En 2004, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ya bajo el gobierno de Hugo Chávez, rechazó los recursos presentados por la empresa de Rincones. 

Con todo, Biotecmar obtuvo el sobreseimiento de la acción penal en su contra en 2006, pues en los dos años transcurridos tras el fallo del TSJ el Ministerio Público no había presentado pruebas para sostener la imputación por los delitos de propagación ilícita de especies vegetales y actividades degradantes en áreas especiales, contemplados en la normativa.

Hoy al timón de Agropecuaria Biorma Aquaculture, Rincones sigue defendiendo como el primer día su emprendimiento, que inició con Biotecmar. Asegura que la Kappaphycus Alvarezii “está asilvestrada” porque pasó de ser una especie introducida a comportarse como una nativa, adaptándose a las condiciones locales y propagándose de forma natural.

“Quiero ser muy enfático: jamás se ha comprobado que es una alga invasora, jamás”, dijo en entrevista con Armando.info. “Simplemente se juntaron unas instituciones con la inexistencia de un marco jurídico, con autoridades que no manejaban criterios técnicos y que, lamentablemente, recibieron los criterios sesgados de un ojo académico. Esa fue la tormenta perfecta”.  

De la otra alga roja en cuestión, la Eucheuma denticulatum”, una especie endémica del Caribe, cuya presencia en costas venezolanas fue registrada por primera vez en 1964, no se conocen reportes de su aprovechamiento ni comercialización en Venezuela pese a que la normativa promulgada por los ministerios de Pesca y Ecosocialismo en 2023 contempla su aprovechamiento y comercialización

A pesar de los buenos augurios que asoman para la exportación, el cultivo de algas enfrenta múltiples desafíos que no son menores. Por ejemplo, Insopesca detalla en su informe que las 182 granjas comunitarias activas en la Laguna de Punta de Piedras levantaron una barrera que impide el flujo natural del agua, lo que afecta la calidad de los cultivos. Además, los materiales usados para las instalaciones —cuerdas, palos de manglar y botellas plásticas recicladas— tienen una vida útil restringida, pues son de mala calidad y con frecuencia no se alcanzan ni a reparar ni a reemplazar. 

El éxito del cultivo doméstico no está garantizado, reconoce Insopesca. Los oleajes y corrientes a menudo arrastran los cultivos a la costa, causando enredos y pérdidas totales. Por otro lado, la poda de las algas antes de alcanzar su madurez, acuciada por la necesidad de los acuicultores artesanales, afecta la calidad de la carragenina y disminuye su valor comercial. La falta de infraestructura, como galpones de almacenamiento y tendederos adecuados, obliga a los productores a secar las algas directamente en el suelo, lo que aumenta las impurezas y reduce la competitividad del producto.

Con los sacos de algas que no pudieron vender ese día aún apilados en un rincón, los Silva decidieron dividirse las tareas. Algunos se quedaron en casa, esperando cualquier señal del comprador, mientras otros preparaban anzuelos y caminaban hacia la orilla para intentar sacar del mar el alimento que no ya podrían comprar. Comer una vez al día es la norma; cualquier cosa más que eso es un lujo. “Dios, aunque me falta la arepa, que no me falte la fuerza”, repite como un mantra José Luis, uno de los miembros de la familia.

*Este reportaje fue editado con algunas precisiones técnicas sobre la terminología y el origen de las especies mencionadas el 3 de marzo de 2025.

Pedro R., un hombre de 49 años, se prepara para sumergirse en el mar, frente a Boca del Río, en la Península de Macanao, porción occidental de la Isla de Margarita. Lleva un esnórquel y dos chapaletas remendadas con alambres y pegamento. Es un buzo improvisado, padre de dos hijos, que practica la pesca gracias a la fuerza y el aguante de sus pulmones. Con la respiración contenida alcanza el lecho marino. En brazadas lleva la cuenta de cuánto ha bajado. Sabe que el límite que resiste está en 10 brazadas, justo para tocar fondo.

Una vez en el fondo, remueve la arena con las palmas de las manos para localizar su objetivo. Vuelve a la superficie. Flota unos segundos y toma aire por el deteriorado esnórquel. Se vuelve a hundir. Repite el esfuerzo hasta 50 veces al día para ganarse la vida. 

Pedro R. le debe su sustento actual a una presa: el pepino de mar, un invertebrado marino de aspecto repugnante, con forma cilíndrica y alargada, como un gusano recrecido, de textura babosa y color pardo-verduzco. Para terminar de describirlo, basta decir que una de sus especies más cotizadas, Holothuria mexicana, se conoce también en algunas partes del Caribe como Donkey Dung o Mojón de burro. 

Este animal de la clase Holothuroidea resulta crucial para la conservación de los ecosistemas marinos porque recicla nutrientes, airea el sedimento, controla la acidez del agua y asimila la biodiversidad. Pero en ciertas latitudes asiáticas se le considera un manjar exquisito. Así que, con el frenético crecimiento económico de esa región, su demanda menoscaba y sigue amenazando a las poblaciones de pepinos de mar en todos los océanos, incluyendo las sagradas inmediaciones de las islas Galápagos en Ecuador.

Que el pepino de mar esté en veda permanente en Venezuela desde hace 27 años y que su pesca mutile el medio ambiente son detalles que no han detenido al régimen de Nicolás Maduro, que se propone ahora satisfacer el apetito de los consumidores en China, al tiempo que genera nuevos ingresos para las arcas del Estado, maltrechas tras el colapso de producción de la industria petrolera y del efecto de las sanciones internacionales. Las Holoturias -como también se conoce a estos seres en ámbitos científicos- se incorporaron así a la misma cesta donde están el oro, el coltán y la chatarra, entre otros rubros de exportación que el gobierno fomenta para cuadrar las cuentas.

“Las poblaciones de pepinos de mar están sometidas a una intensa presión pesquera en todo el mundo. La mayoría de las especies comerciales de alto valor se han agotado”, alertaba la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) en un informe de 2009. Otro reporte de 2015 encontró que los países exportadores de pepinos de mar pasaron de 35 a 83 entre 1996 y 2011. Pero solo nueve de esos países habían logrado su reproducción en criaderos: Tanzania, Sri Lanka, Indonesia, Malasia, Madagascar, Arabia Saudita, Nueva Caledonia y Vietnam.

La ola expansiva de la voracidad por los pepinos de mar en mercados asiáticos también alcanzó a la isla de Margarita, meca turística sobre el Caribe del estado Nueva Esparta, al noreste de la tierra firme venezolana. Y el requerimiento chino, sobre todo, cambió la vida de los pescadores locales, a unos 14.000 kilómetros de Beijing.

Pedro R. es uno de ellos. En cada faena, pasa cerca de seis horas en alta mar hasta cosechar 60 ejemplares, el mínimo que debe completar para que el esfuerzo valga la pena. Al final de la jornada, le quedarán unos 30 dólares en el bolsillo, un monto equivalente al salario mínimo mensual establecido en Venezuela. Antes solía obtener un dólar por cada ejemplar de 400 gramos, cada vez más raros. Ahora, con un dólar, los intermediarios compran tres de menor tamaño. 

Él no es el único que se arriesga por tan poco. Decenas de buzos, igualmente improvisados, hacen la misma tarea diaria. Aunque la actividad es ilegal, a la luz de la veda oficial establecida en julio de 1997 por Gaceta Oficial, se trata de la única fuente de ingresos en divisas con la que los pescadores margariteños cuentan ahora para sobrevivir, en medio de la debacle económica del país y de la isla, cuyo puerto libre para compras funciona desde 1974, pero que ahora sobrevive a duras penas con una actividad comercial raquítica, en comparación con sus tiempos de gloria.

El pepino de mar no es un animal gracioso o bonito, que de entrada despierte ternura como lo haría un delfín. Los pescadores lo extraen del lecho marino sin compasión y por necesidad, sin que nadie proteste. Tampoco el gobierno se conmueve por el arrase. De hecho, el chavismo gobernante en Venezuela desde 1999 se convirtió en un depredador más de la criatura. 

Durante una transmisión por cadena nacional de radio y televisión desde Beijing, el 14 de septiembre de 2023, Maduro ofreció una rueda de prensa para periodistas chinos, en la que mencionó por primera vez el pepino de mar como un producto que podría convertirse en una esperanza de intercambio con China, un aliado político, comercial y financiero del chavismo. “Se firmaron los protocolos para de inmediato empezar a exportar pescado en sus distintas presentaciones de los mares venezolanos a China, pescado sano, porque son mares sanos, no contaminados con energía nuclear, afortunadamente (…) Vamos a traer pepinos de mar, que tanto le gustan a los chinos en su cocina. ¡Los pepinos de mar de Venezuela!”, celebró. 

Condescendiente con el aliado chino como fue en esa intervención, de todas maneras Maduro se cuidó de decir, si acaso lo tenía presente, que desde apenas unos años antes Venezuela venía intentado reproducir, sin éxito, los pepinos de mar en granjas acuáticas. Tampoco reconoció que esos emprendimientos fallidos habían estado a cargo de personas hasta entonces cercanas a la alta jerarquía del régimen, pero que estaban a punto de caer en desgracia y ya no convenía mencionar. Sin duda, nada de eso habría contribuido a darle visos de factibilidad a su anuncio.

Enchufados al ataque

Cuatro años antes de que Maduro anunciara el nuevo negocio entre Venezuela y China, algunos empresarios obtuvieron permisos de extracción de la especie marina. El propósito final era hallar un modelo que permitiera la reproducción controlada de los pepinos de mar y atender así la demanda internacional, vadeando de esta manera el decreto de veda y las posibles secuelas en el medio ambiente de una explotación a escala industrial. 

La primera y principal empresa que se propuso reproducir los pepinos de mar se llamó Inversiones Island Fisher C.A. Se trató de una fábrica casi clandestina, cuyas instalaciones ahora se encuentran en estado de abandono en El Guamache, localidad portuaria del sureste de la isla. Sin emblema que identifique la nave industrial y dos vigilantes que la custodian, es un vestigio del negocio desaparecido.

Inversiones Island Fischer C.A trajo expertos desde México, país que enfrenta también grandes desafíos para manejar de manera sostenible y segura esta industria. La compañía se constituyó en julio de 2012 en el estado Nueva Esparta -una provincia insular de Venezuela que abarca las islas de Margarita, Coche y Cubagua- con cuatro socios. Pero en 2019 la composición inicial de accionistas cambió. Entonces, Brahim Yamal El Maaz Bahssas, cuñado del exvicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, compró todas las acciones, junto con otra socia. Eso ocurrió cuando el todopoderoso El Aissami ya había sido blanco, desde 2017, de sanciones de Washington y hasta de una investigación criminal abierta en Nueva York por narcotráfico. 

Aunque El Aissami, con Nicolás Maduro al mando, vivió un ascenso en la jerarquía chavista -además de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, tuvo a su cargo las carteras del Ministerio de Industrias y del estratégico Ministerio de Petróleo-, finalmente cayó en desgracia. Fue destituido en septiembre de 2023, y llevado a prisión en marzo de este año, como parte de las redadas del caso de corrupción llamado Pdvsa-Cripto, que también tuvo rasgos de purga en el poder.

En su desplome, El Aissami arrastró a Maaz Bahssas, su cuñado. La prensa oficialista publicó en agosto denuncias sobre una presunta estafa cometida por Maaz y una empresa suya, Operaciones Mineras y Servicios Lacustres, C.A., contra la estatal Carbozulia, empresa adscrita al Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico (Midme) que gestiona los yacimientos carboníferos del extremo noroccidental de Venezuela, frontera con Colombia. Según esta versión, la estafa habría causado daños a la nación por algo más de 13,2 millones de dólares.

De acuerdo a las fuentes vivas consultadas para esta historia, Maaz con su empresa capturó y luego secó 840 kilos de pepinos de mar, o unos 55.000 ejemplares, aproximadamente. Sin embargo, no se ha encontrado registro aduanero alguno de la exportación. 

Un biólogo marino, quien pidió reserva de su identidad, admite que Island Fisher le pagaba en Margarita 500 dólares por asesoría. Tanto a él como al resto de los empleados siempre se les dijo que la empresa tenía permisos para explotar los pepinos de mar. Pero nadie alcanzó a ver esos documentos.

El biólogo recuerda que en 2019, de un día para otro, la empresa despidió a todos sus empleados y cerró la operación. Dos de los cesados ahora trabajan en la Fundación de Especies Marinas (Fundemar), un ente privado creado en noviembre de 2020, en medio de la pandemia de Covid 19, que entonces mantenía paralizadas a todas las instituciones públicas.

La flamante Fundemar empezó a trabajar hace cuatro años en convenio con la estatal Universidad de Oriente (UDO), en la sede del Instituto de Investigaciones Marinas de esta. Como signo de su prometedor estreno, Fundemar se ocupó de pintar la fachada externa de la institución, ubicada en Boca de Río, uno de los poblados más grandes de isla Margarita. También de dar trabajo a profesores de la UDO y asegurar pasantías prácticas a estudiantes.

Pero Fundemar, que abrió sus puertas justo al año siguiente del cierre de Island Fisher, en realidad formaba parte de un ardid para mimetizar los intereses comerciales de explotación del pepino de mar con las actividades académicas y científicas. En un video corporativo, Dani Elkhouri, presidente de la fundación, asegura que busca fomentar “la relación entre las empresas privadas y el Estado venezolano”, para lo que contaría con el apoyo del Ministerio para el Ecosocialismo (Minec). A nadie sorprendió, entonces, que Fundemar se dedicara a la reproducción y cría en laboratorio de pepinos de mar. También de caballitos de mar. Además, contrató a algunos pescadores desempleados para que sacaran los pepinos, esta vez, sin temor a que los detuvieran por romper la veda oficial. 

Mucho ruido para tan pocas nueces: en un recorrido por su sala de cría, se puede constatar que el proyecto fracasó en lo relativo al pepino de mar. El intento de reproducción solo consiguió tener larvas, pero ningún ejemplar pasó de juvenil a adulto en los experimentos. Fundemar, sin embargo, ha cosechado algunos logros con los caballitos de mar, también con miras a atender los mercados ornamental y de consumo (en la medicina tradicional china se les tiene por un afrodisíaco).

‘Fake it ‘till you make it’

Ese colapso tuvo un antecedente público. Cuatro meses antes de que Maduro se jactara de las potencialidades de la producción pesquera venezolana en el mercado chino, su gobierno organizó un evento llamado Expo Feria 25 años de Patria, que tuvo lugar en el estacionamiento del Poliedro de Caracas, una tradicional arena multiusos en el suroeste de la capital venezolana. El lugar se llenó de expositores y curiosos que querían palpar los éxitos concretos del pregonado renacimiento económico en el que la propaganda gubernamental insistía.

El Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (Insopesca), adscrito al Ministerio de Pesca y Acuicultura, mostró en su puesto en la exhibición un código QR que dirigía a un catálogo de 35 especies con potencial de exportación a mercados asiáticos, entre las que incluía el pepino de mar, publicitado como un producto que ya se criaba en cautiverio en Venezuela, listo para venderse “en cinco países”. Lo que no era verdad, al menos en lo que correspondía a su crianza.

Más llamativa y tangible que esa fantasía era la presentación de algas y peces exóticos que Insopesca instaló en el Poliedro. Entre el colorido enceguecedor, una pecera en particular contrastaba por su desolación. Allí yacían, inertes, nada fotogénicas, dos masas enrolladas bajo un letrero: "Pepinos de Mar". Fundemar estaba a cargo de la pecera.

El fiasco de Island Fisher y Fundemar no ha dejado más alternativa en Margarita que seguir en aguas abiertas con la explotación directa de los hábitats del pepino de mar. No hay ni regulación ni conteo. Ninguna autoridad oficial -nadie, en realidad- sabe informar sobre cuántos ejemplares se extraen en un período determinado. 

La propia Fundemar contrata a pescadores para que saquen la mayor cantidad por el magro incentivo de un dólar por cada ejemplar capturado. Eso es todo. La fundación-empresa no les entrega equipos de buceo. Y el deterioro del bioma ya empieza a sentirse en las costas de Margarita, especialmente fecundas para toda clase de bancos de peces. “Cada vez son menos los ejemplares de buen tamaño que conseguimos y aún no se logran los objetivos [de industrializar la producción masiva]. Este negocio es una fachada”, denuncia el pescador Pedro R. 

Fundemar no tiene identidad digital. No tiene página web y, en búsquedas en línea, su nombre se confunde con el de una fundación ambientalista de Costa Rica. Quienes en los papeles de la empresa aparecen como socias son dos mujeres desconocidas en los gremios de la pesca y de la conservación: Yucelis Millán de Galeano y Marietta Borrego Soto. Ellas nunca dan la cara. 

Aunque el origen de los fondos de Fundemar también permanece en el misterio, en Margarita todos hablan de El Uruguayo como el inversionista que está detrás. La mención se refiere a un tal Hugo Reyes, quien figura en las directivas de dos empresas de exportación de embutidos con sede en la isla. También aparece en los archivos judiciales venezolanos como defendido en sendas demandas radicadas contra dos de sus empresas, Islácteos C.A., que debía producir quesos a partir de cuajada importada desde Uruguay, y N&H Proyectos, de productos cárnicos, por incumplimiento de contratos. A pesar de ello, Reyes cuenta desde noviembre de 2020 con los permisos oficiales para extraer los pepinos de mar. 

Empleados de Fundemar C.A. revelaron para esta investigación que los pepinos que mueren en los infructuosos intentos de acondicionar la reproducción en piscinas, así como los recolectados de manera deliberada para su comercialización, se secan y procesan en otro lugar. Ese lugar es el Parque Industrial El Dátil, otro emprendimiento de Reyes en Margarita. En el sitio web de un llamado HReyes Group se podía ver que pretendió procesar y comercializar los pepinos de mar, pero la información fue borrada de la red. 

Según fuentes consultadas en el Ministerio para el Ecosocialismo, los frustrados intentos por criar el pepino de mar no amedrentaron a Zhuo Huan Zheng Wu, un chino nacionalizado venezolano, de 52 años de edad, ni a Wolfgang Contreras, un criollo. En los documentos del Registro Mercantil consultados se confirmó que crearon en 2022 la empresa Inversiones Manglares, con un capital de tan solo 9.000 dólares, según el tipo de cambio vigente al momento de su registro. La empresa, que hoy consta de poco más que dos neveras y un mostrador de exhibición, asegura que será capaz de convertir en cautiverio las larvas provistas por Fundemar en ejemplares adultos. 

Pese a que se intentó contactar por diversas vías tanto al Ministerio de Pesca y Acuicultura, como a la gerencia de Fundemar, no se obtuvieron respuestas.

Sobreexplotación y sobreventa

En mares venezolanos se encuentran 53 especies de pepinos de mar, pero solo dos de ellas tienen valor comercial: la Isostichopus badionotus y la Holothuria mexicana, precisamente las que Fundemar prometía reproducir. Pero aún antes de los experimentos de cría en piscinas, y contra viento y marea -que en este caso equivale a decir contra la veda oficial-, en Margarita se practicaba su pesca, una actividad de la que todavía hoy apenas se habla como de un tabú, con el mismo sigilo que se comenta el tráfico de drogas u otros ramos que antaño sirvieron de base a la economía de la isla, como el comercio de perlas y el contrabando de mercancías.

En la década de los 90, el Servicio Autónomo de los Recursos Pesqueros y Acuícolas de entonces, actual Insopesca, otorgó unos permisos temporales para la extracción de hasta 200 kilos a la semana de pepinos de mar por embarcación. La medida duró poco. Los permisos se suspendieron a la espera de los estudios necesarios para demostrar la factibilidad de llevar a cabo la labor con características de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente. Pero los pescadores margariteños quedaron avisados del nuevo atractivo de los pepinos de mar: en 2017, por ejemplo, el precio del kilo alcanzaría en mercados internacionales entre ocho y 80 dólares en fresco, y entre 300 y 1.000 dólares tras ser procesado. Y siguieron buscándolos.

En 2016, Ana Carolina Peralta, bióloga de la Universidad Simón Bolívar (USB) de Caracas, trabajó con Holoturias en el marco de una investigación que hizo en la Península de Paria del estado Sucre, en tierra firme vecina al estado Nueva Esparta. El estudio permitió calcular la población de pepinos de mar en la zona, así como el promedio de peso y tamaño de los ejemplares. Comprobó que eran escasos y que estaban siendo blanco fácil, por inmóviles, de pescadores locales a los que pagaban empresarios de Corea. 

En virtud de esa experiencia, en 2022 Insopesca pidió a la bióloga Peralta una presentación. Ella fue concisa y al grano: había que empezar desde cero con los estudios, pero ya los datos de 2016 permitían adelantar que el recurso silvestre se hacía escaso. “Es sentido común: no hay que ser muy biólogo para entender que no se explota una población que tiene menos de un individuo por metro cuadrado”, comentó Peralta a Armando.info, recordando lo que expuso ese día ante las autoridades de Insopesca.

Al mismo sentido común apela Arnaldo Figueredo, presidente de la Sociedad Venezolana de Acuicultura. Sostuvo Figueredo en entrevista para esta historia que, antes de iniciar una explotación a escala industrial del pepino del mar, se debe determinar cuántos ejemplares hay en el Caribe venezolano, cuántos se pueden extraer sin poner en riesgo la sostenibilidad del medio ambiente y del negocio, y recolectar información sobre su biología reproductiva, fecundidad, edad de madurez sexual, tasas de crecimiento y mortalidad natural. Pero nada de esto se ha hecho formalmente en Venezuela en casi tres décadas.

“Nosotros, como biólogos marinos, estábamos en un hoyo negro y ahora es que estamos apareciendo nuevamente en el país; nos están llamando de repente”, dice un profesor de la UDO que pidió proteger su identidad. El docente intentó reproducir el pepino de mar entre 2005 y 2007. Para él, un trabajo en una empresa como Fundemar luce tan prometedor como desafiante. Todavía son muchas las preguntas que hay que responder para alcanzar una producción a nivel industrial. Y la recolección de la especie comporta otros peligros.

Así lo sabe Rosa Salazar, quien mantiene un altar en su casa resquebrajada en Punta de Piedras, un poblado de pescadores en la costa centro-sur de Isla Margarita. El memorial evoca a su hijo, que ahora tendría 25 años. Era pescador, como lo fueron su padre y su abuelo, pero murió en plena faena. Un infarto lo sorprendió mientras sacaba pepinos de mar. Su madre no necesitaba de conocimientos de medicina y fisiología para intuir que bucear a diario con una manguera y un compresor de gasolina, a unos diez metros de profundidad, conllevaba muchos riesgos. Lamentablemente, el presentimiento se cumplió con su hijo. Pero ni este desenlace fatal sirve como advertencia para los demás pescadores, que enfrentan en su rutina la disyuntiva entre la pobreza y los peligros submarinos. 

Además, desde 2016 a la fecha se han reportado varias detenciones de pescadores. En boletines oficiales del Minec a menudo se informa sobre incautaciones de cargamentos de pepinos de mar y reintegraciones de ejemplares al mar, de las que no se sabe a qué criterio obedecen.  

Mientras tanto, con la práctica y la asesoría de algunos clientes de Asia, los pescadores de Margarita han aprendido maneras de procesar el pepino de mar que conservan su atractivo para los consumidores finales.

Pedro R., el pescador de Boca del Río, por ejemplo, conoce una forma particular de cortar sus presas para sacarles las vísceras. Luego las sancocha en agua hirviendo por 45 minutos, los embadurna de sal y los deja secar al sol durante seis días. 

Siempre teme que lo lleven preso si lo encuentran sacando pepinos de mar que no estén comprometidos con las empresa permisadas. A manera de iniciativa personal, cada día separa tres ejemplares secos y los carga consigo, envueltos en una bolsa plástica, como muestra para eventuales compradores.

En Margarita no hay muchas oportunidades de trabajo. Hasta la competencia por el pepino del mar empieza a menguar, aunque no se debe a las tendencias del mercado. La escasez crónica de combustible limita las salidas a pescar. Además de la búsqueda de Holoturias, por ejemplo, los pescadores podrían limpiar sardinas por cinco dólares al mes, o llevar turistas a bordo de sus botes peñeros, a través de los manglares, hasta la playa de La Restinga a 40 dólares el viaje, un ingreso que luego deben dividir entre tres compañeros y el pago del alquiler de la embarcación.

Con todo, el Consejo del Poder Popular de Pescadores y Pescadoras Acuicultores y Acuicultoras (Connpa) una agrupación de pescadores que creó el gobierno en 2014, no pierde la esperanza de que la explotación de pepinos de mar se organice y genere nuevos empleos fijos en un trabajo legal. "Es un animal inofensivo que mantiene limpio el fondo del mar", comenta uno de sus integrantes, defendiendo la pesca racional. "Pero yo solo no puedo cambiar el mundo", se lamenta, impotente.

Como tampoco Nicolás Maduro parece ya interesado en cambiar el mundo, sino en los dólares y yuanes de su aliada, China.

*Este reportaje fue posible gracias a una beca otorgada por el Instituto de Formación Periodística del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) de Puerto Rico.

**La serie fotográfica de esta investigación fue producida con el apoyo del programa Ocean Reporting Network del Centro Pulitzer.

En 1999 y sin mayores pretensiones fue creada Bancasa S.A., con sede en una casa en Los Naranjos de Guacara, en el centro occidental estado Carabobo. Hoy la residencia exhibe los efectos del paso del tiempo. Pero ninguna señal de vida. Aparentemente abandonada en medio de una urbanización de clase media, ahogada por la crisis venezolana, en su puerta unas mecedoras de madera corroída y un adorno de Navidad se asoman entre la maleza que invadió el espacio.

Manuel João Goncalves Pita, un portugués nacionalizado venezolano de 51 años de edad entonces, registró la empresa. Previsivo, inscribió a su sobrino de 12 años, David Pita Bracho como uno de sus dueños. Y el futuro se tomó su tiempo para cristalizar: Bancasa S.A. descansó en los archivos de aquel registro durante 15 años sin actividad alguna. Cero movimientos, cero balances financieros, cero cambios en su junta directiva o en su razón social, entonces dedicada al sector inmobiliario.  

Pero desde esa animación suspendida Bancasa S.A. saltó sin escalas al escándalo. El nombre de la empresa y la firma de Goncalves Pita, como su representante, figuraron en un contrato de 2019 por el que Bancasa compró 104 lingotes de oro al Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), una suerte de alcancía del Estado venezolano creada por Hugo Chávez en 2005 para recaudar los ingresos adicionales no presupuestados que en esa época generaba la exportación de petróleo. La transacción se pactó por más de 68 millones de dólares.

Del documento solo se conoció a posteriori y gracias a las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española y su filtración a la prensa de ese país, que lo publicó como una pieza clave para desentrañar la trama de negociados irregulares que conecta a un grupo de empresarios e intermediarios, con Víctor de Aldama al frente, al exministro de Fomento, exministro de Transporte, exdiputado por el oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y, sobre todo, mano derecha del presidente Pedro Sánchez durante la primera etapa de su gobierno (2018-21), José Luis Ábalos.

El escándalo, bautizado en la prensa como el caso Koldo (por Koldo García, un exchofer transmutado en asesor de Ábalos que se encargaba de negociar comisiones en diversas operaciones entre el Estado y proveedores privados), estalló como una bomba de tiempo de efecto retardado a comienzos de 2024. Ya algunas incidencias anteriores habían prefigurado el caso, como el llamado Delcygate, el episodio en el que la entonces vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, a pesar de llevar consigo el peso de una prohibición de la Unión Europea para entrar en Territorio Schengen, en enero de 2020 hizo una escala madrugadora en el aeropuerto de Barajas en Madrid donde la recibió Ábalos; o la rápida asignación de fondos de rescate millonarios durante la pandemia a las aerolíneas Plus Ultra -de inversionistas venezolanos vinculados a Camilo Ibrahim, un empresario para esa fecha cercano a Delcy Rodríguez y Air Europa- para cuyo holding corporativo, el Grupo Globalia, Aldama actuaba como lobbista.

En los tribunales españoles, en todo caso, la madeja de chanchullos ha quedado reducida por ahora a dos investigaciones: la venta, con comisiones de por medio, de 2,6 millones de mascarillas por 3,4 millones de euros a el gobierno regional de la Comunidad de Islas Baleares durante la crisis de la Covid 19; y la transacción de los 104 lingotes.

¿Por qué una operación de compra-venta entre un ente del Estado venezolano y una empresa de Guacara tendría que formar parte de un expediente judicial español?

Porque la investigación de la UCO dio con el intercambio de mensajes instantáneos entre Delcy Rodríguez y Víctor de Aldama, cuyos pantallazos la prensa de Madrid también publicó. Allí se vio que Aldama apuraba a la jerarca del régimen chavista a completar el negocio con Bancasa por los lingotes de oro y a coordinar el traslado del cargamento que, siempre según las investigaciones de la Guardia Civil, se realizó entre el 29 de diciembre de 2019 y el 3 de enero de 2020 -apenas días antes del misterioso aterrizaje de Delcy Rodríguez en Barajas- por una ruta inusual, desde Rusia a Zambia, en la costa occidental africana, y de allí a Venezuela, camuflado bajo la descripción de un envío de material sanitario. Hoy el paradero de ese despacho dorado es desconocido.

Un dato para explicar la figuración en el caso de Bancasa, la minúscula y casi inerte compañía de la quinta desierta en Guacara, es el siguiente: Aldama -hoy en prisión a la espera de juicio- es amigo de David Pita Bracho, el empresario precoz, sobrino de Manuel João Goncalves Pita. Pita Bracho, se hizo propietario del 100% de las acciones de Bancasa en 2018, desplazando a su tío.

Retrato de empresario con sombreros

A pesar de la cobertura amplia que la prensa española ha dado al caso, David Pita Bracho se las había arreglado para mantenerse de bajo perfil. Solo hasta ahora, cuando accedió a responder desde Suiza a un cuestionario que Armando.info le envió por WhatsApp.

Pita Bracho reconoce sin ambages su amistad con Víctor de Aldama, pero asegura que nunca se trató de una relación de negocios. “[Aldama es] un amigo, y una persona espectacular, coincidimos en la tribuna de un juego del Real Madrid. Para ese entonces, Víctor [de Aldama] era accionista de un equipo de fútbol en España y nos entusiasmaba la búsqueda de jóvenes talentos en Portugal & España [sic]. Leo las noticias, y qué triste todo esto en que se ha metido”.  

David Pita Bracho exhibe todas las características de un influencer que hace las veces de un promotor de viajes y lugares turísticos. Pero no lo es. Desde julio reciente sus redes sociales aparecen verificadas, tal como lo hacen figuras públicas y celebridades para certificar que se trata de sus cuentas verdaderas. Allí se deja ver un día en Rusia, otro en China, en Emiratos Árabes, Estados Unidos, México, Israel, Turquía, Inglaterra, Dinamarca y pare de contar. Sus posts rezuman la personalidad cosmopolita de un viajero frecuente, no solo con fines turísticos, sino también de negocios, pues es el fundador de sociedades en al menos cuatro países.  

Poco después de aquella primera vinculación a Bancasa en 1999, David Pita Bracho emigró junto con su madre, Dinorys Bracho Zaid, y su hermano, Danilo Emanuel Pita, a Portugal, la tierra de sus ancestros, donde residió por más de una década. En su cuenta de LinkedIn expone que en Portugal estudió Administración de Empresas, Finanzas y Contabilidad, y además hizo dos maestrías en Gestión Internacional. A los dos años de terminar estos estudios y tras haberse investido como dueño total de Bancasa S.A., regresó al país, aunque solo por un tiempo y cuando estaba empezando la etapa más recia de la crisis socioeconómica, política y humanitaria que se ha hecho crónica en Venezuela.

Al volver al terruño, en 2015, Pita Bracho buscó a viejos conocidos de la infancia y se reintrodujo como un asesor financiero que venía a hacer negocios contra viento y marea. Llegó a Caracas, se hospedó en el Hotel Marriot de El Rosal -la milla de oro de la capital venezolana- y buscó a sus antiguos compañeros del Colegio San Gabriel de Valencia, la capital de Carabobo. Se reunió con ellos en reencuentros que organizó, los invitó a salir en varias ocasiones en las que sus viejos amigos lo notaron extrovertido, espléndido y con ansias de una vida social en Venezuela. Lo recuerdan por intentar pagar las cuentas de todos a quienes invitaba a comer, mientras a sus pares se les evaporaban los bolívares en sus cuentas bancarias como efecto de la hiperinflación. 

Ninguno recuerda haberle preguntado con detalle qué tipo de negocios hacía, pero a esas alturas ya se le reconocía una cierta inclinación por el emprendimiento. De hecho, entre 2006 y 2011 ya había registrado dos empresas en Venezuela, Proyectos EDP y EDP International, orientadas a la construcción, la exploración de canteras y el turismo, sin éxito alguno, al menos en sus relaciones comerciales con el Estado. Las fichas de ambas empresas en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) no muestran que hayan cristalizado algún contrato.

Entre tanto, de nuevo junto a su tío, Manuel João Goncalves Pita, el joven Pita Bracho registró en Islas Vírgenes Británicas un fideicomiso bautizado con el nombre Korsyn Investments Limited, destinado a garantizar que las inversiones quedaran dentro de la familia, en caso del deceso de uno o de otro. En caso del fallecimiento de ambos, la madre de Pita Bracho sería la titular de todas las inversiones. 

El dueño no sabe

Entre esa vuelta temporal a Venezuela y a partir de 2015, Pita Bracho se desarrolla como una especie de nómada financiero y reactiva Bancasa, S.A en Venezuela. Puso al día los registros contables que estuvieron en cero durante 15 años, amplió su capital y razón social, y agregó a la venta y compra de bienes raíces, su objeto original, “la venta de acciones y toda clase de títulos negociables, representación de actividades de inversión y toda clase de negocios [sic]”. Su madre, Dinorys Coromoto Bracho Zaid, quedó incluida en la directiva, mientras el fundador, Manuel João Goncalves Pita, se mantuvo por poco tiempo más.

Mientras en Zúrich, Suiza, Pita Bracho abría la homónima Bancasa AG, con un capital de 100.000 francos suizos, destinada a servicios financieros y consultoría empresarial. 

Aunque proveniente de Carabobo, Pita Bracho operó Bancasa S.A. en Caracas desde el PH 3 del Edificio Venezuela, en El Rosal. Remodeló una oficina que, sin embargo, usó por muy poco tiempo. Se fue del lugar en los albores de la pandemia, en marzo de 2020. Frente el local, hoy desierto, se encuentran un par de enormes cajas fuertes que, según vecinos, eran parte del inventario de Bancasa S.A. Vestigios del fugaz paso de Pita Bracho.

En 2018 ocurrió el salto cuántico. En julio de ese año, el joven empresario concentró en sus manos 100% de las acciones de la venezolana Bancasa S.A. y tanto esta, como sus otras empresas, mudaron su dirección a una oficina del Centro Comercial Prebo, en Valencia, estado Carabobo. Hoy ninguna se encuentra operativa en esa dirección, o en cualquier otra del territorio nacional. Bancasa S.A. tampoco tiene teléfono conocido o alguna página web oficial. El dominio del site bancasa-capital.com, registrado por Pita Bracho, refiere a una empresa con ese nombre, Bancasa Capital, que ofrece servicios financieros y de intermediación en negocios pero con sede en Suiza. En ningún momento hace alusión a la homónima Bancasa venezolana o a una tocaya de Singapur, Bancasa PTE, que Pita Bracho también registró.

Al requerírsele un comentario sobre el sofisticado negocio de los lingotes de oro, Pita Bracho aseguró a Armando.info que ciertamente él cuenta "con una larga experiencia en servicios a la industria de la minería, tanto en la operatividad de metales preciosos, como siderúrgicos”, pero rechazó explicar el objetivo de la compra: “Bancasa S.A (Venezuela) es una empresa privada, y solo le rinde cuentas y justificaciones de sus decisiones gerenciales a sus socios”. Aún más, afirmó que no tiene conocimiento ni de los detalles ni del resultado de la transacción, a pesar de que figura en los expedientes mercantiles como dueño de Bancasa. “No estoy al tanto de las operaciones de Bancasa S.A. (Venezuela)", dijo, "tampoco [de] si esta operación en específico se llegó a materializar o no, es un grupo empresarial, cada uno en sus funciones, yo estoy en otros asuntos”. 

En Suiza, Pita Bracho registró media docena de empresas: además de Bancasa AG, incorporó a St Joseph Capital AG, D&D Tex AG, P2P Tech AG y Fisterra Capital AG. Fisterra se creó en mayo de 2018, con el propósito oficial de brindar asesoramiento de inversión y gestión de desarrollo de infraestructuras para empresas petroleras. En agosto de ese año le cambió el nombre a Lukiven AG. 

En Venezuela existe una empresa de nombre Lukiven, vieja contratista de la estatal petrolera Pdvsa, pero en ninguno de sus papeles de constitución o renovación de fichas se encuentra el nombre de David Pita Bracho.

Pero así como usó el nombre de Lukiven para registrar una empresa homónima en Suiza, algo lo llevó a registrar también el país alpino una empresa de nombre Pdvsa AG que tuvo, entre varios objetivos, el de “prestar servicios de consultoría de inversiones y gestión del desarrollo de infraestructuras para empresas del sector del petróleo y el gas”. Poco después cambió el nombre a D&D Tex y completó un cambio radical en su objeto social, que pasó a ser el de negocios textiles. 

Sobre el uso del nombre “Pdvsa”, Pita Bracho explicó a Armando.info que se equivoca quien crea que la denominación aludía de algún modo a la estatal petrolera o expresaba que tuviera negocios con esta. “En ninguna línea del documento hace referencia a la palabra ‘Venezuela’”, subraya.

En el organigrama del emporio internacional de Pita Bracho figura otro grupo de empresas registradas en mayo de 2017 en jurisdicción de Islas Vírgenes Británicas, un reconocido paraíso fiscal. Todas manifestaban en sus expedientes mercantiles propósitos similares: la importación de piezas relacionadas con la construcción de instalaciones de energías renovables. Son BJM Management Company Limited, VCT Management Company Limited y SVD Management Company Limited. 

La Conexión Delcy

Los señalamientos de la investigación española no constituyen el único episodio con irregularidad que empaña la reputación de Bancasa y de su dueño.

En 2019, la Asamblea Nacional de Venezuela, entonces controlada por la oposición, inició una investigación sobre las operaciones de Bancasa AG -la homónima suiza- y su relación con bancos oficiales venezolanos, como el Banco de Venezuela y el Banco Bicentenario. Se adujo como motivo para la indagación que la compañía facilitó operaciones financieras de esos dos bancos estatales, para las que Bancasa supuestamente cumplía un rol de “asesoría” con el Zaman Bank, una entidad financiera en Kazajistán, una nación exsoviética de Asia Central, de modo de eludir las sanciones internacionales.

En el marco de la investigación parlamentaria, el entonces diputado opositor, Chaim Bucaram, presentó desde Venezuela una denuncia al Departamento de Justicia de Estados Unidos, solicitando la colaboración del Fiscal General Adjunto, Brian Benckowski, y del Secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, para conseguir el bloqueo y congelamiento de activos relacionados con los señalados.

Pero el ímpetu contralor de Bucaram se apagó en menos tiempo del que habría tomado el trámite de la solicitud. En abril del mismo 2019, formó parte del grupo de siete diputados opositores que viajaron a varios países de Europa para cabildear a favor del contratista predilecto de Nicolás Maduro, el hoy ministro de Industrias y Producción, Alex Saab. Con el mismo grupo a la postre daría nacimiento a la popularmente conocida como la fracción de los alacranes, desertores de partidos de oposición que, en connivencia con el régimen de Maduro, apoyaron la elección de Luis Parra como presidente de la Asamblea para desalojar del cargo al entonces presidente interino rebelde, Juan Guaidó, y también sirvieron de topos para implosionar desde dentro sus partidos o cooptarlos. En el caso de Bucaram, el salto de talanquera le valió la expulsión del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) y un repentino desinterés por la investigación de Bancasa.

También en 2020 Washington le impuso sanciones financieras a Bucaram por su presunta colaboración con el régimen de Nicolás Maduro" para socavar la democracia en Venezuela". Se le vinculó con operaciones irregulares y con la trama de corrupción alrededor de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). 

Sobre las transacciones con el banco kazajo, Pita Bracho negó a Armando.info que se haya realizado ninguna compra-venta. “Ni de oro, ni de petróleo, ni de ningún commodity en particular”, dijo. 

Entre la documentación hallada por la policía española por el Caso Koldo, están los intercambios de mensajes en los dispositivos electrónicos de Víctor de Aldama. La conversación entre Aldama y Delcy Rodríguez aborda el negocio del oro y el transporte de los lingotes. El oro debía ser transportado desde Moscú hasta Caracas, con una escala en Zambia.

El 3 de enero de 2020, con el oro ya en el país africano antes de seguir vuelo a Caracas, Pita Bracho mantuvo una conversación con Aldama que refleja algún apremio por resolver un inconveniente con los permisos para el movimiento del cargamento. Entre estos mensajes, revelados por el diario The Objective, de Madrid, se destaca uno en el que David Pita Bracho informa a Aldama: “Yo, los rusos y el africano empujando por todos lados. Esta gente debe ceder, dale un par de horas más”. Según la investigación española, Aldama hizo una captura de pantalla de este mensaje y la envió a Delcy Rodríguez.

Armando.info le preguntó al empresario si validaba lo visto en esa filtración, a lo que Pita respondió: “Me duele saber que Víctor está en prisión preventiva, pero no tengo por qué esconder mi amistad con él, o negar nuestras conversaciones. Habrá sido una conversación de muchas, pero en nada relacionada con temas de oro, o petróleo, no eran esos mis temas con él”. 

En cualquier caso, Pita Bracho ya no permanece en las sombras. Tiene entre sus contactos en redes sociales a personalidades conspicuas del régimen venezolano, como Jorge Giménez, actual presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y conocido operador de Delcy Rodríguez, o Marcos Campos Flores, sobrino de la llamada Primera Dama o Primera Combatiente, Cilia Flores. Ocasionalmente lanza un guiño en X, antes Twitter, al ministro de Comunicaciones, Freddy Ñáñez, también cercano a Delcy Rodríguez. Aún así, el dueño de Bancasa destaca que con ella no tiene relación: “[Es] la Vicepresidenta Ejecutiva de mi país natal. Ojalá algún día la pueda conocer”.