Tras una maratónica audiencia que duró 12 horas -la única que se celebró en toda la causa-, la jueza Alejandra Verónica Romero Castillo selló el destino inmediato de Rafael Tudares Bracho, yerno de Edmundo Gonzalez Urrutia, el presidente electo, hoy en el exilio en España tras el fraude que le despojó del triunfo en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. De manera remota, por una transmisión de video, Romero Castillo condenó a Tudares a 30 años de prisión, la máxima pena que prevé la Constitución venezolana vigente desde el año 1999.

En un país con un sistema judicial acorde con estándares democráticos, el proceso contra Tudares resaltaría por sus irregularidades. Pero esto es la Venezuela de Nicolás Maduro, y las anomalías son parte del paisaje: el reo pasó once meses de desaparición forzada, un rehén en la práctica que no pudo ver en ningún momento a un familiar. El expediente se mantuvo en reserva, protegido por múltiples escollos para el acceso de la defensa, que no ejercía un abogado de confianza escogido por el indiciado. Finalmente, se apuró un juicio exprés que la titular del Tribunal Tercero de Juicio con Competencia en Delitos Asociados al Terrorismo del Circuito Judicial Penal de Caracas resolvió con una sentencia que endosó a Rafael Tudares Bracho los delitos de terrorismo y conspiración. 

El fallo tuvo el efecto de levantar el perfil ante la menguada opinión pública venezolana de la jueza Romero Castillo quien, desde 2023, cuando apenas contaba con 30 años de edad, viene conociendo casos de prisioneros políticos, unos 40, tanto del ámbito civil como del militar. 

Como ocurre con la mayoría de los jueces pertenecientes al circuito de tribunales contra el terrorismo, a la hoja de vida de la jueza Romero Castillo la cubre una opacidad calculada. En la única foto que circula en redes sociales donde aparece, se le ve vestida con blusa amarilla y pantalón negro, lentes con una montura ancha de color blanco, posando sonriente junto con un grupo de empleados públicos en los distinguibles pasillos del Palacio de Justicia en Caracas. 

De resto, lo que se encuentra de ella es un vacío tan rotundo que se plasma literalmente en la puerta del tribunal que preside, donde no se lee el nombre completo de la titular. Ninguno de los nombramientos que debieron impulsar su veloz carrera judicial se puede consultar en la Gaceta Oficial. Solo la ficha de su cuenta en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) permite saber que entró a trabajar en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) en diciembre de 2014, cuando tenía 21 años. Pero no hay menciones formales de su paso por la Secretaría de la Sala 8 de la Corte de Apelaciones ni tampoco rastro público de sus decisiones como jueza del Tribunal 29 de Juicio del Circuito Penal de Caracas, instancia en la que ya asumió competencias para decidir sobre casos de terrorismo aunque no hubiese sido creada para tal fin. 

En línea con ese enigma, en ningún documento público se registra su designación como jueza del Tribunal Tercero con Competencia en Terrorismo, cargo en el que sustituyó en julio de 2023 a Aquiles Vera. Tuvo que ser una ONG, Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), la que informara que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, dominado por el oficialismo) había transferido la competencia en funciones de terrorismo al Tribunal 29 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, entonces a cargo de Romero Castillo. La responsabilidad que se le adjudicó refleja la confianza que desde temprano obtuvo del régimen. 

Hasta el final (de la legalidad) y más allá

Nacida el 3 de enero de 1993, Alejandra Verónica Romero Castillo se graduó en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en algún momento entre 2015 y 2019. Aunque no está disponible el dato preciso de su fecha de graduación, se sabe que recibió su título universitario porque su nombre y cédula aparecen junto a la mención de “egresada” en el más reciente boletín electoral para las elecciones de representantes de los exalumnos de la UCV. No se pudo comprobar su número de afiliación al Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado), requisito sine qua non para ejercer el Derecho. 

Amparada por esta identidad vaga, rayana en lo clandestino, Romero Castillo cumple al dedillo con el esquema que el régimen ha seguido para conformar a su medida los tribunales de terrorismo: designaciones exprés de jueces poco o nada destacados, pero siempre prestos a sentenciar condenas ejemplarizantes.  

En efecto, el de Tudares Bracho no es el único caso escarmiento que la joven jueza se ha encargado de impartir.  

Por ejemplo, el 10 de diciembre de 2025, mientras en Oslo se celebraba la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, en Caracas la Sala Penal del TSJ confirmaba la condena a 30 años de prisión contra Argenis Enrique Ugueto Benítez, Rigoberto Moreno Carmona, Darío Pastor Estrada Perozo -este, abogado neurodivergente y militante del partido Encuentro Ciudadano-, Robert José Franco Vallera -representante gremial de la misma tolda política- y Julio César Sánchez Arias, por planear un supuesto complot para boicotear la instalación de la Asamblea Nacional en enero de 2021. La sentencia inicial fue obra de Alejandra Romero Castillo, quien la emitió el 9 de agosto de 2024 .

En manos de Romero Castillo están algunos casos salidores, de gran significado político, como los de Rocío San Miguel, directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano; de Roland Carreño, reconocido periodista de Sociales y activista de Voluntad Popular; de José Javier Tarazona, defensor de derechos humanos y director de la ONG Fundaredes; y de Nélida Sanchez, coordinadora nacional de la organización electoral Súmate, fundada en 2002 por la hoy lideresa opositora, María Corina Machado. 

Romero Castillo también conduce juicios emblemáticos que también involucran a militares, como los casos Sukhoi, Brazalete Blanco (por el que detuvieron a San Miguel) y Operación Aurora, y además decide sobre al menos cuatro casos caracterizados por la práctica, por parte de los cuerpos de seguridad oficialistas, del Sippenhaft (detención por vinculación familiar), una usanza con abolengo nazi. En este grupo, además de Tudares, apresado por ser yerno de Edmundo González, destacan Karen Nayarit Gómez Gutiérrez (caso Brazalete Blanco), Yoshida María Vanegas Méndez, madre de Juan Carlos Monasterios; y Larry Arcesio Osorio Chía, hermano del militar retirado representante de Fundaredes, Rubén Darío Osorio Chía. 

La idoneidad de Romero Castillo para el cargo queda en entredicho si se toman en cuenta los requisitos que dicta la Ley Orgánica del TSJ: para ser juez de control en tribunales de terrorismo no basta con un título de abogado y su debido registro en el Colegio de Abogados e Inpreabogados; también se debe contar con una experiencia profesional de entre tres y cinco años o un posgrado en materia jurídica. Si bien son puestos designados por la Sala Plena del TSJ, quienes aspiren a desempeñarlos deben pasar por concursos públicos que incluyen evaluaciones médicas y psicológicas y verificaciones de su reconocida moralidad y conducta intachable, así como de que no militan en ningún partido político. 

Eso, que es lo que se exige sobre el papel, Romero Castillo no lo cumpliría. Armando.info no encontró rastro ni de posgrado, ni de cualquier otro programa de formación adicional o concurso público en el que haya participado Romero Castillo, salvo que la novel jueza cursa ahora una especialización, la primera en su haber, en la estatal Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).

Consultado para esta historia, un abogado explica que el perfil de Romero Castillo encaja en el patrón del chavismo-madurismo a la hora de elegir a quienes detentan estos cargos. “Eso es común. Cuando designan estos jueces a los que les asignan estas competencias especiales de terrorismo, son perfectos desconocidos, gente sin trayectoria académica o muy jóvenes, como en el caso de esta mujer. Son cargos que no se asignan por concurso, sino por lealtad comprobada”, dice.

Alejandra Romero Castillo cuenta con un historial de fidelidad al chavismo, certificado por un vínculo de consanguinidad. Es hija del general de Brigada Jorge Alejandro Romero Castillo (y no del mayor general Orlando Romero Bolívar, Comandante General de la Milicia Bolivariana, como algunos medios informaron equivocadamente en la oportunidad de la condena contra Tudares Bracho).

Egresado de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana (1985-1989), Jorge Romero Castillo (lleva los mismos apellidos de sus hijos) fue vicerrector de Defensa Integral y vicerrector de la región Guayana de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Unefa). También se presenta en su perfil en Linkedin como director de Moral, Disciplina, Ley y Orden de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana, a las afueras de Maracay, capital del estado Aragua. En septiembre de 2025 asumió la gerencia general del aeropuerto internacional General Cipriano Castro y del  aeropuerto Paramillo, ambos ubicados en el estado Táchira, fronterizo con Colombia.  

Romero Castillo registró junto con su exesposa, Dorys Simone Castillo Jaimes, y sus tres hijos, Alejandra Veronica, Jorge Luis y Karina Aixa, una empresa relacionada con el sector alimentario, Distribuidora de Alimentos Panchita C.A., con domicilio en Cagua, estado Aragua.

Karina Aixa, de 38 años, es proveedora del Estado venezolano, como indica su ficha en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Aparte de la compañía que comparte con sus padres y hermanos, es presidenta, fundadora y propietaria de 50% de las acciones de Ingeniería e Inversiones AKR C.A., registrada en 2016 también en Aragua, que presta servicios profesionales de ingeniería.

Además de estas conexiones familiares, la jueza Alejandra Romero Castillo está comprometida para casarse con Carlos Omar Lingstuyl Gómez, fiscal auxiliar interino de la Fiscalía 98 Nacional Plena en Materia de Protección de Derechos Humanos.

Armando.info solicitó información a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y al Tribunal Supremo de Justicia sobre el nombramiento y la carrera judicial de Romero Castillo, pero hasta el cierre de la presente historia no había obtenido respuesta.

Combaten el terror supuesto con terror real

“Cuando se interrumpió el juicio de Roland Carreño, porque al juez que estaba allí lo cambiaron, la llamaron a ella para ese tribunal”, relata otro abogado, que solo accedió a conversar con Armando.info con la condición de la reserva de su nombre. Describe a Romero Castillo como “muy tímida, no le ve la cara a uno”, además de que no hace esfuerzo alguno en proyectar el mínimo rigor o decoro que sería propio de la majestad de un juez en funciones. Otras fuentes aseguraron a Armando.info que, a pesar de esa timidez, Romero Castillo no vacila en reírse a carcajadas o cuchichear mientras lleva una audiencia. Hasta come en plena vista.

Si bien ese es su sello personal, Romero Castillo cumple con los estándares que para el cargo ha impuesto el régimen, a través de sus brazos judiciales. Su designación fue secreta e improvista, y el tribunal a su cargo es prolífico en irregularidades.  

Un ex preso político de El Helicoide, conocido centro de reclusión y tortura para los detenidos adversos al régimen de Maduro, ofreció su testimonio sobre los modos de Romero Castillo. “No se me ha permitido verla a ella y se ha negado acceso al expediente. Tampoco me dejan acceder a algo por escrito sobre mi caso. Ella se negó a recibir el oficio donde solicitaba nombrar un abogado privado y fue también quien me dictó las medidas cautelares [sin el debido proceso]”, relata.

Otro abogado consultado explica que Romero Castillo cumple sus funciones adoptando el patrón de presentaciones para los presos políticos mediante vías telemáticas, lo que favorece las violaciones al debido proceso. “Las audiencias telemáticas se realizan sin las condiciones mínimas necesarias. Deberían ser en otro tribunal cercano a la jurisdicción del sitio de reclusión, pero las hacen en el centro de detención. Allí no hay alguaciles y los detenidos no pueden manifestar que han sido objeto de torturas, agresiones, tratos crueles e inhumanos (...) porque están en el centro de detención donde sus custodios los han torturado”, explica. El incumplimiento de las publicidades (esto es, las transcripciones de los actos de juicio) es reiterado, añade.

En general, las informalidades, premuras y arbitrariedades de la terrorífica justicia antiterrorismo del chavismo-madurismo parecen obedecer a un diseño y no a las mañas individuales de los jueces. 

El Tribunal Tercero de Juicio con Competencia en Terrorismo, a cargo de Romero Castillo, es solo uno de los tres tribunales antiterrorismo creados el 17 de octubre de 2012 por la Sala Plena del TSJ, destinados en principio a procesar los casos relacionados con los delitos de terrorrismo previstos en la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Locdoft). Pero en la práctica, conforman la jurisdicción que bendice la caprichosa ampliación del término “terrorismo”, que pasó a cubrir al activismo político opuesto al régimen chavista y a defensores de derechos humanos, castigados con especial saña después del fraude electoral del 28 de julio de 2024. 

Frente a estas instancias, todas con sede en Caracas y dirigidas por la Sala de Casación Penal del TSJ, al mando de la magistrada Elsa Gómez Moreno -cercana a Cilia Flores, la primera dama venezolana o primera combatiente, en el argot oficialista-, el régimen de Maduro nombra a dedo jueces provisorios o temporales, según lo apreciado por seis juristas consultados para este reportaje y que prefieren mantener su identidad en reserva por razones de seguridad.

El sistema diseñado para procesar el terrorismo y delitos conexos tiene una estructura clara: existen cuatro tribunales de control (que preparan los casos y las supuestas pruebas incriminatorias), tres de juicio (en los que se deciden las sentencias), dos cortes de apelaciones (en las que teóricamente se puede retar la decisión de un tribunal) y un tribunal para adolescentes.  

Y así como clara, esta estructura también bordea el ámbito de lo ilícito, según hace notar una de las fuentes consultadas por Armando.info para esta investigación, que ha asistido a varias familias de los presos políticos procesados en estos tribunales. 

El letrado explica que, si bien actúan con un servilismo equivalente ante el régimen, “la ley de Violencia contra la Mujer establece que los tribunales de esta área deben ser creados; la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes instruye a abrir tribunales especiales para ellos; la Corte Marcial, a través del Código Orgánico de Justicia Militar, igualmente. Pero la Ley Contra la Delincuencia Organizada no establece la creación de tribunales especiales contra el terrorismo”. Insiste la fuente en que “no deben existir esos tribunales con competencia en terrorismo porque la ley no lo prevé. Esto lo creó una resolución del TSJ, y por eso es que despojan, quitan y ponen como les da la gana”. En vista de ello, su propia existencia resultaría inconstitucional y sus decisiones, por lo tanto, nulas. Pero esa tara de nacimiento no impide que estos tribunales, como el de Alejandra Romero Castillo, trabajen por ahora a toda marcha y a disposición de las exigencias del régimen. 

En Venezuela, una gran parte de la producción mineral se recoge primero en centros operados por la estatal Corporación Venezolana de Minería (CVM). Los centros de recolección de casiterita y coltán en Los Pijiguaos y Morichalito, dos poblaciones vecinas en el noroccidente del estado Bolívar, se establecieron apenas en 2023, y solo después de que el gobierno venezolano designara la casiterita, el níquel, el rodio, el titanio y otros minerales relacionados con las tierras raras como recursos estratégicos para la exploración, la extracción y la comercialización.

Un poco más al oeste de Los Pijiguaos, en Morichalito, siguen activos diez centros de recolección identificados con el logotipo de la CVM. Dos de ellos tienen registros de exportación a China y Estados Unidos.

Según la información proporcionada por la plataforma de comercio Sicex y la empresa de transparencia Sayari, también se han exportado grandes cantidades de concentrado de estaño a través del puerto de La Guaira, cerca de Caracas. Así mismo, en 2023 se registró un envío significativo de 120 toneladas de concentrado de niobio, tantalio y vanadio desde Maracaibo, capital del estado Zulia, en el extremo noroeste del país, a India.

De los centros de recolección registrados en la CVM se identificaron algunas exportaciones a China. El Grupo Orinoco Global, registrado en Puerto Ordaz, la ciudad industrial y comercial del norte del estado Bolívar, envió minerales a Ganzhou Ainuodeng Electronic, en China; por su parte, Inv. Mineral & Lab C.A. exportó casiterita a China C&D Logistics, en Qingdao, y a Traxys Europe S.A.

Grupos guerrilleros también compran y transportan estos minerales, a menudo trabajando de la mano con quienes son descritos por mineros venezolanos como “compradores chinos”.

Un minero joven lo asegura: “Cuando estuve allá trabajé con estaño. Ahí también están los compradores: los mismos grupos irregulares, la guerrilla, y los chinos”. 

Testimonios semejantes se oyeron de otros mineros. “Los chinos están comprando piedras también, están juntos entre ellos, los chinos, y los elenos [en referencia a los militantes del Ejército de Liberación Nacional, ELN, un grupo armado irregular de Colombia], para nadie es un secreto porque nosotros somos mineros. Están ahí metidos con ellos. Supongo que son la misma gente porque comen juntos, compran material juntos, bajan del helicóptero juntos”, explica un hombre que ha sido minero toda su vida y trabaja en el municipio Cedeño del estado Bolívar, que abarca a Morichalito y Los Pijiguaos. 

La República Popular China posee actualmente 91 % de la capacidad de procesamiento de elementos de tierras raras. Las tierras raras se encuentran en muchos países, pero procesarlas es técnicamente difícil, costoso y contaminante. China invirtió décadas en desarrollar esta capacidad de refinación que le otorga al país un poder geopolítico enorme: incluso si otros países extraen las tierras raras, necesitan enviarlas a China para procesarlas.

“Yo sé que por Carlos Lata lo están llevando por toneladas”, continúa el minero, refiriéndose a una aldea colombiana sobre la ribera izquierda del Orinoco, vecina a la venezolana Isla Ratón, en el estado Amazonas. También admitió que ha trabajado para el ELN, transportando minerales a través de la frontera. “A Colombia. Yo lo he visto, lo he visto todo, lo he trabajado, he ayudado a cargar en el hombro o con guaya, a montar las canoas. Toneladas. He llenado las canoas con toneladas, 15 toneladas, 20 toneladas en una canoa. He ganado dinero. Por los momentos y cuando hay…hay que hacerlo”.

En territorio venezolano, las fuerzas estatales venezolanas, según múltiples testimonios, supuestamente cooperan con la guerrilla colombiana y cobran su parte del negocio ilegal. 

“Ahí levantan la mano todos porque hay militares de la Guardia [Nacional Bolivariana] involucrados”, asegura uno de los mineros. 

“Ahí están la Guardia o el Ejército, la Armada venezolana y la guerrilla están ahí… como si trabajaran para los mismos, ¿me entiendes? Entonces nadie persigue al otro. Es como que si la guerrilla le pagara un porcentaje a ellos. Eso es lo que pasa”, dice un habitante del sector.

Otro minero describe el transporte, donde participan agentes de los cuerpos de seguridad e inteligencia venezolanos: “El mismo gobierno lleva eso en carro. El Sebin [Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, policía política del régimen chavista] usa un carro blanco sin placa que dice ‘Solo para uso oficial’. Hay transporte para todo: coltán, estaño, oro”.

Si bien es cierto que una porción de los minerales estratégicos extraídos en Venezuela pasa por los puertos de salida oficiales, como La Guaira o Maracaibo ya citados, donde el negocio lo manejan empresas estatales venezolanas e inversionistas extranjeros, también es cierto que quienes buscan una tajada mayor del comercio mineral prefieren contrabandear los minerales por los caminos verdes a Colombia, o a través de otras rutas alternativas que transitan por las redes de transporte aéreo.

Desde Venezuela, la ruta cruza por el río Orinoco, entra en los ríos de su cuenca en territorio colombiano, y desde ahí toma la ruta terrestre, pasando por Santa Rita, en el municipio de Cumaribo —un área del departamento de Vichada más grande que los Países Bajos—, para finalmente conectar con una carretera llamada “la 48” hacia Puerto Gaitán, en el departamento de Meta, antes de ascender al altiplano de Bogotá.

La ruta puede tener desvíos, desde luego. En Colombia, los métodos de transporte de los minerales varían significativamente según las condiciones estacionales y la geografía. Por ejemplo, durante las temporadas de lluvias se mueven principalmente por río, a través de vías fluviales interiores que conectan con carreteras sin pavimentar hacia pueblos más grandes

Los traficantes y comerciantes emplean métodos de ocultamiento a lo largo de estas rutas terrestres. Las arenas pesadas que contienen minerales se esconden bajo gruesas capas de arena regular en camiones, con lo que dificultan la detección durante las inspecciones de rutina. 

En una reciente operación conjunta, las fuerzas policiales colombianas lograron la incautación de más de 400 kilos de metales fundidos en Santa Rita. Encontraron 29 lingotes de estaño, 36 bolsas con material con alto contenido de estaño e instrumentos de fundición. Según las pruebas realizadas en el sitio, el material incautado tendría entre 80% y 90% de pureza de estaño. Los capturados, presuntos integrantes de la red de apoyo del Frente José Daniel Pérez Carrero del grupo armado organizado GAO-ELN, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Antes de su exportación definitiva, los minerales de origen venezolano se procesan en varios lugares de Colombia. Bogotá alberga varias operaciones que producen tantalio y estaño en barras fundidas, transformando piedras crudas en metales refinados que son más fáciles de exportar y más difíciles de rastrear hasta sus orígenes ilegales.

En un caso investigado en el departamento de Vichada, las autoridades incautaron una barra que contenía 80 % de estaño y 20 % de elementos de tierras raras. Pues Puerto Carreño, la capital de Vichada, ha surgido como otro centro significativo de procesamiento. Como señaló un inversionista minero: "Vas a encontrar un fenómeno ahorita en Puerto Carreño, que van a aparecer fundidoras, fundiendo estaño, y sacan metal y la policía no hace nada".

La etapa final involucra a exportadores en los puertos marítimos internacionales de Colombia, principalmente los de Santa Marta o Cartagena, en la costa Caribe, y Buenaventura, en la costa del océano Pacífico. Allí, en lugar de declarar los materiales bajo las clasificaciones arancelarias apropiadas, los exportadores que procesan minerales los despachan como ferro-tantalio, por ejemplo, cambiando efectivamente la clasificación de mineral crudo a material procesado. Esta transformación aumenta el valor y reduce el escrutinio. Un funcionario colombiano de aplicación de la ley se quejó de que más de 40 códigos aduaneros oficiales se prestan para estas maniobras.

“Esto nos va a reventar en la cara, porque es grande”, advirtió el funcionario. “La fiscalización de esto en la DIAN [Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el ente tributario de Colombia]) es ridícula”, dijo, refiriéndose a la falta de conocimiento y capacidad para reconocer minerales críticos en los puertos de salida de Colombia.

A estas operaciones de contrabando las respaldan sofisticadas redes financieras, diseñadas para evitar la detección. Los pequeños movimientos de dinero entre ciudades como Medellín, Bogotá y Villavicencio, se mantienen deliberadamente por debajo de 10 millones de pesos colombianos (equivalente a unos 2.500 dólares) para permanecer bajo los umbrales de escrutinio de las autoridades. Un funcionario de inteligencia colombiano estima márgenes de ganancia de entre 5.000% a 10.000%, comparando el margen de esta actividad con “comprar un iPhone en 100.000 pesos”, o unos 25 dólares.

Gracor, un emprendimiento modelo (de lo opaco)

Funcionarios de aplicación de la ley, representantes comunitarios, mineros y comerciantes de minerales identifican consistentemente a Gracor como uno de los facilitadores corporativos involucrados en orquestar este comercio ilegal. Según las fuentes, que por razones de seguridad solicitaron el anonimato, la compañía mantiene relaciones directas con toda la red criminal, desde el ELN y la Segunda Marquetalia (una facción disidente de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC) hasta mineros individuales y funcionarios estatales venezolanos.

Según aseguró un traficante de minerales venezolano al hablar con Amazon Underworld, “los ilegales compran y venden a esta gente... Gracor no financia el recurso, son los grupos irregulares quienes manejan el dinero y negocian con ellos. Lo que hacemos nosotros es llevar la mercancía a estos grupos y ellos se encargan de negociar con la empresa colombiana”.

Para legitimar minerales provenientes de Venezuela, los comerciantes emplean refinados esquemas de fraude documental. Utilizan documentación de mineros de subsistencia —a menudo de comunidades indígenas— haciendo parecer que los materiales fueron extraídos dentro de Colombia. Esta práctica explota el suelo y recursos venezolanos, los derechos mineros tradicionales de los pueblos indígenas y los esfuerzos del gobierno colombiano por formalizar la minería a pequeña escala.

A pesar de las frecuentes incautaciones, numerosos cargamentos de minerales confiscados por las autoridades han permanecido en un limbo procesal durante meses y acaban por ser devueltos a los comerciantes, debido a supuestas irregularidades procedimentales y errores administrativos. Funcionarios de cuatro agencias estatales citaron tanto la sospecha de corrupción como la capacitación insuficiente del personal de campo como factores que contribuyen a estos fracasos. Lina Beatriz Franco, presidenta de la Agencia Nacional Minera (ANM), responsable de administrar los recursos minerales en Colombia, admitió, en términos generales, la falta de capacidad para diferenciar lo que se extrae de forma legal de lo ilegal, refiriéndose a las arenas negras.

Gracor registró una utilidad neta de más de 311 millones de pesos (unos 81.000 dólares) en 2024, según documentos presentados ante la Cámara de Comercio de Bogotá, lo que representa un incremento en sus ganancias de 257 millones de pesos (67.000 dólares), o de 479,62%, entre 2022 y2024. A la vez aumentó sus márgenes de rentabilidad neta. Además, en ese mismo período consiguió una expansión de sus ventas a más de 14.700 millones de pesos (3,8 millones de dólares), siempre según lo que reportó a la Cámara de Comercio.

En 2023, International Company Gracor SAS realizó dos operaciones de exportación de concentrado de estaño, totalizando 45.890 kilogramos, según la plataforma de comercio Sicex. En 2024, la empresa ejecutó nueve transacciones de exportación por un monto de 248.342,7 kilogramos. Y nada más durante los primeros dos meses de 2025, se completaron tres operaciones de exportación adicionales, por un total de 81.479 kilogramos. 

Durante este período de tres años, todas las exportaciones de Gracor se dirigieron a Bluequest Resources AG en China. Cabe señalar que, aunque la empresa receptora opera en China, Bluequest en realidad tiene sus cuarteles generales en Baar, Suiza, a la par que dispone de oficinas en Shanghái. Según el sitio web corporativo de la compañía, Bluequest Resources AG es un grupo líder en comercio de materias primas especializado en el comercio físico global de metales refinados, minerales y concentrados de metales no ferrosos y preciosos.

Gracor niega todas las alegaciones. Según Alfonso Graffe, su representante legal, quien recibió a Amazon Underworld en un salón comunal en un edificio del norte de Bogotá, los minerales que compra la empresa (óxido de estaño, básicamente) provienen de resguardos indígenas y son producto de minería de subsistencia. Sin embargo, Idárraga reconoce que “eso no es de subsistencia”, refiriéndose al estaño. 

Camave se pasó de listo y lo agarraron

En marzo de 2021, el Ejército colombiano incautó 6.176 kilogramos de minerales estratégicos en el río Guaviare, departamento de Guainía -vecino al Amazonas venezolano-, transportados a bordo de una embarcación de nombre José Abel. El material incluía 196 sacos con coltán y 51 sacos con concentrado de estaño. Los análisis realizados por el Servicio Geológico Colombiano también detectaron uranio en las muestras, un elemento utilizado en componentes electrónicos y armamento nuclear.

El mineral pertenecía a Camave SAS, una empresa registrada en Bogotá en 2018, dedicada a la importación y comercio de minerales. La compañía movía minerales sin licencias legales de extracción, utilizando de manera fraudulenta una solicitud de formalización de minería tradicional que había sido rechazada en 2019 y cuyo titular, para colmo, había fallecido. Las autoridades, aún usando sobrevuelos y análisis satelitales en el área, no pudieron confirmar actividad minera visible en las zonas de extracción declaradas por la empresa.

El operador logístico de Camave SAS recolectaba minerales de comunidades indígenas (Huecitos, Guamirza, San José, Vaquiro, Berrocal y Maimachí) a lo largo de los ríos Inírida y Guainía, donde el material probablemente era comprado con pagos irrisorios y sin garantías laborales. Las autoridades determinaron que el mineral, con una alta probabilidad, provenía del ELN y del frente disidente de las FARC, el Acacio Medina, que operan en la zona de triple frontera entre los departamentos colombianos de Vaupés, Guainía, Vichada, y el estado Amazonas de Venezuela.

La operación fue financiada por una empresa con sede en Miami, Florida (Estados Unidos), propiedad de un ciudadano estadounidense, quien proporcionó una inversión inicial de 300.000 dólares. El acuerdo establecía una distribución de las ganancias de 80 % para el inversionista de Miami y 20 % para Camave SAS. A pesar de la incautación de 2021, Camave SAS continuó exportando minerales hasta 2023, con China como destino principal.

En mayo de 2025 se declaró la extinción de dominio sobre las seis toneladas de minerales y la embarcación incautadas. Ricardo Barrantes Balcázar, representante legal suplente, fue condenado en marzo de 2025 a 14 años de prisión por enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, falsedad en documento, explotación ilícita de yacimiento minero, lavado de activos y cohecho. El proceso contra Carolina Vargas Godoy, representante legal principal, se encuentra en etapa de indagación.

El caso brasileño

A diferencia de los laberintos legales de Colombia y del panorama de informalidad conflictiva en la explotación de minerales críticos en Venezuela, un vecino de ambas naciones, Brasil, donde también abundan las comunidades indígenas desplazadas o afectadas por la minería y los grupos armados, es un país que cuenta con amplia información geológica. 

Con el espíritu propio de la dictadura nacional-desarrollista del momento, en 1970 surgió el Proyecto Radam, bajo el lema de “Integrar Para Não Entregar”. En ese contexto se utilizó tecnología militar de radar para mapear sistemáticamente los depósitos minerales y recursos naturales de la Amazonía brasileña. Ese mapeo abrió la región para prospectores e inversionistas, dotando a Brasil de los mapas metalúrgicos detallados que lo distinguen, en buena medida, de sus otros países vecinos de la cuenca amazónica.

A 100 kilómetros de Belém, la capital del estado de Pará que hoy es sede de la COP30, está Barcarena. La ciudad se ha caracterizado en las últimas cuatro décadas por la expansión del polo industrial del aluminio y por el desarrollo del complejo portuario de Vila do Conde. Esta transformación ha remodelado el paisaje urbano y ha hecho que la ciudad gire en torno al puerto y la minería. En tres décadas, la población se ha multiplicado por más de siete: de 17.000 habitantes en 1970 a unos 127.000 en 2020. El cambio es visible para quienes llegan: el tráfico de camiones es intenso y atraviesa barrios donde las señales de “ruta de evacuación” alertan del riesgo de presas que pudieran desbordarse o romperse, reflejo de la presencia cercana de las empresas mineras.

Entre enero y junio de este año, el Complejo Portuario de Vila do Conde movió 11,5 millones de toneladas de carga, principalmente productos químicos inorgánicos (27 %), lo que incluye minerales como bauxita y soya. Fuera del perímetro del puerto, en cambio, la realidad es más dura. La sensación es que el polvo rojizo de la bauxita, mineral del que se extrae el aluminio, cubre las calles y las casas; y en los días de lluvia, el agua llega a quemar la piel.

Según Moisés Sousa Lopes, presidente del Setemep (Sindicato de Estibadores y Trabajadores de Estiba de Minerales de Pará), el complejo portuario emplea a unas 10.000 personas, entre las que se encuentran 350 estibadores. “Nuestro trabajo consiste en cargar y descargar en las bodegas de los barcos. Arreglamos la carga que entra y atracamos la que llega. Todo lo que entra y sale por el agua pasa por nuestras manos”, afirmó. 

Pero Lopes no parece estar tan interesado por los logros de la “transición energética”. “Lo que entendemos de lo que hacemos aquí es que la minería no solo sirve para el factor energético, sino que también sirve para volver en forma de ingresos para Brasil. Porque el mineral se transporta aquí por los ríos internos y vuelve como aluminio para la exportación. Es bidireccional. Funciona para el sector energético y también para los ingresos, para el gobierno y para Albras [el mayor productor de aluminio primario de Brasil] también, a través de la carga, que es el aluminio que se exporta a China”.

Sin embargo, la extracción ilegal de casiterita dentro del territorio indígena Yanomami, en el estado de Roraima, norte de Brasil limítrofe con Venezuela, se lleva a cabo a través de redes gestionadas por inversores externos, por ejemplo, del estado de Rondônia, que proporcionan documentación falsificada para legitimar el comercio. La escala de las operaciones es considerable, con un volumen estimado de alrededor de seis toneladas métricas por transporte fluvial y envíos en helicóptero de hasta 10.000 kilogramos de mineral. El mineral alcanza precios de entre 60 y 70 reales (alrededor de 13 dólares) por kilo en la ciudad de Manaos.

El comercio se ha normalizado tanto que hasta los conductores de Uber en Roraima son contratados abiertamente para transportar sacos de concentrado de casiterita, lo que ilustra cuán profundas son las raíces de estas actividades ilegales en las economías locales. Según un funcionario de inteligencia brasileño, algunas de las minas se encuentran en zonas controladas por la multinacional del crimen Primeiro Comando da Capital (PCC), originario de la lejana ciudad industrial y financiera de São Paulo, mucho más al sur. “Hay extracción de casiterita en varios puntos del territorio indígena, incluidas las zonas controladas por el PCC en Waikás, Alto Uraricoera”, añade.

La participación de grupos del crimen organizado ha transformado el comercio de casiterita en una operación de seguridad más compleja. Las autoridades brasileñas informaron que las facciones criminales no solo controlan las áreas de extracción, sino que también brindan servicios de protección a los mineros, al tiempo que mantienen la propiedad de áreas, estructuras y armas específicas. 

Como señaló un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, “hay áreas y estructuras que pertenecen a los miembros delictivos. Venden seguridad”. También parece haber áreas, estructuras, armas que pertenecerían al grupo delictivo en su conjunto, como si fuera una corporación. Las autoridades federales han respondido con la Operación Ouro Negro, dirigida contra el fraude en la concesión de licencias medioambientales que permite este comercio ilegal. La operación descubrió un plan en el que participaba la Fundación Ambiental del Estado (Femarh) para facilitar la concesión de licencias medioambientales irregulares destinadas a blanquear minerales extraídos ilegalmente. En septiembre de 2025, la Policía Federal brasileña ejecutó 13 órdenes de registro y confiscación en Roraima, Amazonas, São Paulo y Río de Janeiro, lo que dio lugar a la congelación de más de 265 millones de reales en activos y la suspensión de las actividades económicas de las empresas.

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), se espera que la demanda de minerales críticos se cuadruplique para 2040, lo que intensificará la competencia geopolítica. China está aprovechando su dominio en el procesamiento de minerales mediante controles de exportación; Estados Unidos, por su parte, se apresura a reconstruir las cadenas de suministro nacionales tras décadas de abandono; y la Unión Europea ha puesto en marcha su Ley de Materias Primas Críticas para garantizar la independencia estratégica. Estos materiales se han convertido en el centro de una nueva competencia mundial, en la que se cruzan el poder tecnológico, la seguridad económica y la influencia geopolítica.

El dominio actual de China sobre los elementos de tierras raras se ha convertido en un punto geopolítico álgido. En abril, Beijing impuso restricciones a la exportación en represalia por los aranceles impuestos por el gobierno estadounidense de Donald Trump, utilizando como arma los recursos críticos para la defensa, los vehículos eléctricos y las energías renovables.

El mercado de las tierras raras y los minerales críticos ha experimentado importantes subidas de precios, impulsado por las restricciones de suministro de China, la demanda de vehículos eléctricos, la escasez de existencias, las restricciones de suministro y los controles de exportación impuestos por China en abril sobre siete elementos críticos. 

El mercado ha pasado de ciclos especulativos a una demanda estructural impulsada por la transición energética mundial y la electrificación del transporte. Las ventas mundiales de vehículos eléctricos pasaron de aproximadamente un millón de unidades en 2017 a 17,1 millones en 2024, lo que generó una demanda sin precedentes de elementos de tierras raras utilizados en los motores y baterías de los vehículos eléctricos.

Esta escalada desencadenó una carrera mundial por la diversificación del suministro y los países occidentales buscaron productores alternativos en África y el sudeste asiático. El acceso a estos materiales se ha convertido en una prioridad geopolítica, así como en una necesidad económica, que afecta a sectores que van desde la electrónica de consumo hasta la producción de defensa.

En medio de la intensificación de la competencia por las cadenas de suministro de minerales estratégicos, la Amazonía se podría convertir pronto en la primera línea de la transición energética, donde los actores ilícitos y las empresas superarían a los gobiernos y los investigadores, lo que agravaría los conflictos entre la demanda de recursos, los derechos de los indígenas y la protección del medio ambiente.

La paradoja es evidente: mientras las naciones compiten por alcanzar sus objetivos de desarrollo y energía limpia, la extracción de minerales esenciales está devastando comunidades y ecosistemas en el Escudo Guayanés y las cuencas del Orinoco y el Amazonas. Esto conecta la dinámica del mercado global y los consumidores de todo el mundo con el destino de las poblaciones de la región, aborígenes o no, y uno de los reguladores climáticos más importantes de la Tierra.

En su estado actual, la extracción de minerales críticos no solo destruye el medio ambiente natural, sino que también financia la violencia y los grupos armados que figuran en las listas internacionales de terroristas en las zonas donde el sector es más conflictivo, como Venezuela. 

Mientras tanto, especialmente en Brasil, las empresas están accediendo a títulos mineros legales en tierras indígenas de las zonas de selva tropical. La magnitud de la presión minera es dramática. Al menos 188 territorios indígenas están impactados por 1.286 procesos mineros críticos o esenciales para la transición energética. De las diez tierras indígenas más presionadas, ocho se ubican en el estado de Pará, una en Amazonas y otra en Roraima.

Zonas de sacrificio en la Amazonía para construir un futuro más sostenible: una paradoja tan irónica que resulta inevitable. Esta historia conecta comunidades remotas amazónicas con consumidores globales a través de los teléfonos inteligentes en sus bolsillos y los vehículos eléctricos en sus garajes. 

Mientras que la comunidad de Chorrobocón, en el Guainía colombiano, por ejemplo, se enfrenta ante la encrucijada que representa la explotación del oro y de los minerales críticos, buscando formalizarse pero condenada a operar en la ilegalidad; en Venezuela se agravan las violaciones de derechos humanos; y en Brasil las multinacionales entran con toda su fuerza, 

Juan Guillermo García, el inversionista minero detrás de Minastyc -un emprendimiento de tierras raras en Vichada-, resalta con elocuencia lo que está en riesgo: "Acuérdate de que estamos en la Cuarta Revolución Industrial, que es la tecnología ¿Y qué necesitas para la tecnología? Las materias primas para esto". A la pregunta de qué pasará si nadie pone orden en el sector, sonríe levemente y dice entonces: "Bienvenido al nuevo Congo de América Latina".

El aguacero anima a un pescador de 53 años a decir, guarecido bajo un frondoso árbol a escasos metros del río Orinoco, que las cabañuelas —un método ancestral para predecir el clima del año, extendido por la América hispana— se están cumpliendo. 

El hombre prefirió no salir a pescar hoy en el enorme río Orinoco, el más caudaloso de Venezuela y el tercero del mundo. La lluvia mantiene en sus casas a los poco más de 1.500 habitantes del pequeño poblado de Santa Catalina, estado Delta Amacuro, que se levanta a orillas del brazo más grande del dédalo fluvial por el que el llamado río padre fluye hacia el océano Atlántico. 

El hombre no quiere que cese la lluvia. No por el bien que esta puede hacer a las tierras endurecidas por la sequía o al ganado disperso en la isla Tórtola, vecina a la comunidad, sino porque —piensa— quizás el chaparrón, a veces llovizna, “disipe las malas energías” y calme un poco el ahora convulso lugar.

Las malas energías no siempre predominaron en la comarca. En 1897, James E. York, gerente de la empresa de origen estadounidense, Orinoco Iron Company, luego de un viaje a Santa Catalina, reportó que nunca había visto depósitos de hierro de tan alto grado como los del lugar, “ni siquiera en la cordillera de Mesaba en Minnesota”, según relata Luis Ugalde, teólogo y filósofo jesuita, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en sus estudios sobre los proyectos de colonización en los siglos XVIII y XIX de la Guayana venezolana, región selvática del país al sur del Orinoco. “La cualidad del mineral es muy superior al de España y África con los que entrará en competencia”, se entusiasmaba York en un artículo de ese año en el Venezuelan Herald, un diario de fines del s. XIX.

Se avizoraba, en la misma pieza periodística citada por Ugalde, un “futuro color de rosa” y “una prosperidad hasta ahora desconocida en el Territorio Delta”, una región agreste y casi inexpugnable, cruzada por decenas de caños. En línea con los pronósticos de York, el lugar de Santa Catalina, un poblado misional fundado en el s. XVIII, fue designado como el corazón de la nueva explotación, donde la compañía construiría su sede y un hotel de 23 habitaciones distribuidas en dos alas de dos pisos cada una. La colonia reunió a unas 200 personas y había planes para expandir su población mediante la oferta de transporte barato y tierra gratuita para quienes llegaran a explotar el balatá, una resina gomosa natural semejante al caucho, y otros recursos locales. Antes de los norteamericanos, los británicos se habían propuesto colonizar el sitio con emigrantes venidos principalmente de Irlanda y, todavía antes, los españoles miraron esta región como clave en la defensa estratégica frente a las incursiones extranjeras, siempre según recoge Ugalde. 

Aparte de esos buenos auspicios y promesas de futura prosperidad, hasta hace unas décadas Santa Catalina sumaba puntos para ser un paraíso. No solo por su ubicación privilegiada a orillas del Orinoco o por estar rodeada de una selva frondosa, sino también por su espectacular biodiversidad amazónica y su riqueza cultural aborigen. 

Pero las mutaciones que Santa Catalina experimentaría, no siempre atribuibles a las mieles de la modernidad, se desarrollaron en muchas direcciones, y muchas de ellas resultaron indeseables. Tanto, que jóvenes y adultos dicen ahora que a estos territorios ya no los visita nadie: ni autoridades municipales ni estadales, ni turistas, ni exploradores aventureros como York. Los únicos visitantes habituales, tanto en Santa Catalina como en las comunidades aguas arriba y abajo del Orinoco, son unos nuevos colonos: gentes de uniforme militar y dotadas con armas que se han presentado como exmiembros de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tal vez disidentes, y que vienen incursionando por el territorio venezolano en dirección oeste-este desde la firma del acuerdo de paz con el Estado colombiano en 2016.

El viejo y el narcomar

Ha cesado la lluvia y el cielo se pinta de naranja. El ruido de una lancha a motor alerta a quienes están cerca del puerto de Santa Catalina. “Allí vienen”, comentan un par de jóvenes. A menos de dos metros de ellos, otro par de niños juegan y se sumergen en el agua. 

El bote, cuyo casco está adornado con franjas rojas y verdes, alcanza la orilla. Entonces, 14 hombres armados y uniformados desembarcan sin apuro. Otros cuatro, al menos, permanecen cerca de la lancha. Levantan lo que a primera vista parece solo un cajón, para descargarlo. Pero se trata de un ataúd con arabescos dorados. Otros cargan bolsas negras. Son flores. 

Es el cortejo fúnebre fluvial para el entierro de El viejo, un exlíder guerrillero, muerto en septiembre de 2024. O asesinado, como coinciden en precisar varios catalinenses, el gentilicio de Santa Catalina.

El aguacero no detiene los preparativos. En el cementerio, ya abrieron la fosa. A escasos metros del puerto, una decena de sujetos uniformados, con botas de goma y franelas con estampado de camuflaje, preparan sopa y carne en vara. Hay civiles junto a ellos. Un par de mujeres buscan a los más parroquianos que se encuentran alrededor de la Iglesia y les piden asistir al velorio para rezar un rosario.

A El viejo, el alias de Aldemar Suárez, lo empiezan a velar a las afueras de una cervecería, a escasos metros de la plaza Bolívar. Cada tanto rocían un spray alrededor del féretro, quizás para disipar malos olores. Su séquito, armado y con uniforme, rodea el ataúd. Están allí sus hijos: Juan o Güipa, el mayor; Daniel, que lo sustituyó en el mando; y Joandry, el menor, todos de origen colombiano. “La comunidad tiene que agradecer porque él murió por todos nosotros. Batalló toda su vida, primero en Colombia y luego en Venezuela por un ideal de libertad. Se identificó tanto con Venezuela que dio su vida por ella”, dice uno de ellos, trajeado de verde oliva, frente al féretro de Suárez, un hombre de 60 años descrito por quienes lo conocieron en vida como un hombre culto, carismático y humilde.

 Fue con la bandera de la libertad que llegaron a Santa Catalina —capital de la parroquia Rómulo Gallegos, municipio Casacoima, del estado Delta Amacuro— en 2020, poco antes de que la pandemia de covid-19 alcanzara el país. Lo primero que hicieron fue convocar a la comunidad para una asamblea, a la que asistieron unas 30 personas. “Decían que querían hacer vida aquí. Quien lideró esa vez se identificó como el comandante Camilo, tenía acento colombiano, y decía ‘qué bueno sería que cuando yo viniera me dijeran ‘Don Camilo, vamos a tomarnos un café’’. Pedían apoyo de la comunidad, nadie les dijo que no, pero tampoco que sí”, recuerda un catalinense de 61 años. 

—Ahorita tienen problemas de luz, tienen problemas de agua, todo eso lo podemos solucionar nosotros —siguió Camilo, tentando a su público.

“Todos nos quedamos viéndonos las caras”, recuerda el hombre, de piel morena y voz baja, sorprendido junto a sus vecinos por el conocimiento de los recién llegados sobre la zona porque, ciertamente, en Santa Catalina no hay agua ni electricidad desde hace más de una década.

—Sí, aunque no me quieran creer. Ustedes no se imaginan lo que pasa por el frente de sus narices. Si cobráramos por todo lo que pasa, ustedes tendrían tres y cuatro plantas eléctricas —recalcó el comandante.

A lo que se refería Don Camilo era el movimiento de drogas y, en menor medida, de minerales y otras mercancías, por el río Orinoco, la principal fuente de ingresos de los disidentes de las FARC.

Moverse por el río Orinoco para, de ese modo, controlar el tráfico de drogas y oro, no era un propósito gratuito. Varios eventos confirman el carácter estratégico de esta vía fluvial para las economías ilícitas y sus rutas caribeñas o trasatlánticas. A principios de marzo de 2023, por ejemplo, el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, difundió noticias por la red X sobre la intervención, mediante operativos militares en el Delta del Orinoco, de un “campamento de grupos delincuenciales asociados al narcotráfico” y sobre la incautación de un “submarino semisumergible” usado para el tráfico de drogas.

En diciembre de 2020, una fiscal del Ministerio Público en Delta Amacuro, Guerlys Hernández Urrieta, y su esposo, Jorge Luis Hernández, fueron detenidos por su presunta vinculación con el decomiso de 2.012 pastillas de la droga sintética conocida como éxtasis (Metilen-dioxi-metanfetamina) a bordo de una embarcación en aguas del Orinoco. “La cercanía de las costas del estado Delta Amacuro con Trinidad y Tobago hace a esta entidad propicia para el narcotráfico. La droga llega hasta allí en cargas que suelen ser más pequeñas y viajan en embarcaciones de menor tamaño”, señalaba Transparencia Venezuela en un informe de 2024.

El tráfico ilícito de sustancias controladas explica gran parte de este fenómeno. La Guardia Costera de Trinidad y Tobago, la nación insular de habla inglesa ubicada a apenas dos horas en lancha desde Delta Amacuro, realiza monitoreos esporádicos en la zona. También la Armada francesa, responsable de la vigilancia marina desde Cayena-Guayana Francesa, patrulla esas aguas del Atlántico. Sin embargo, sus esfuerzos resultan insuficientes. Además de las lanchas rápidas con potentes motores fuera de borda que transportan o recogen cargamentos que avionetas no identificadas lanzan al mar, los ya célebres semisumergibles artesanales que transportan cocaína por altamar también consiguen eludir a las autoridades.

Fuentes de inteligencia caribeñas indicaron para la presente cobertura que estas embarcaciones recorren la región para, luego, transferir la carga a buques pesqueros oceánicos y portacontenedores con destino a Europa y África Occidental. Un mecanismo que, según relatan, pasa inadvertido porque la mercancía termina por viajar en embarcaciones extranjeras, sin vínculos directos con Venezuela, pese a que provienen de esa nación, territorio caliente del narco, y de su ducto natural, el Orinoco.

El tránsito de cocaína hacia Venezuela suele comenzar en los países productores de la región andina, reseña el Informe 2021 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés). A partir de allí, se han identificado tres rutas para la distribución de la droga en el mercado internacional: la del Pacífico oriental, que se calcula representa 74 % del total; la del Caribe occidental (16 %), que parte de Colombia; y la del Caribe (8 %), que parte tanto de Colombia como de Venezuela. En esta última ruta se hace común el uso tanto de lanchas rápidas como de aeronaves para el transporte de drogas. 

La Unodc no identifica a Venezuela ni como país de origen ni de destino, sino como país de tránsito de la cocaína, a diferencia de la vecina Colombia, tenida por país de origen de envíos incautados de cocaína entre 2016 y 2020. Los principales destinos son Suramérica, el Caribe, Centroamérica y Europa Central.

Peaje armado y velatorio

El hombre oriundo de Santa Catalina dice que, después de aquella primera asamblea, “empezaron a venir de visita (...) desde que llegaron al pueblo dicen que vienen por orden del Gobierno”. En los primeros meses de su presencia, recuerda, la gente prefería no salir a la calle. Temían enfrentamientos de los recién llegados con el sindicato de Barrancas, otro grupo criminal con cabecillas venezolanos que controla el tráfico de drogas, mercancías y todo lo que se mueva por el paso del río entre Barrancas del Orinoco, sobre la ribera norte en el estado Monagas, y Piacoa, sobre la ribera sur en Delta Amacuro.

Al igual que Santa Catalina, Piacoa está en el municipio Casacoima, y también en una posición estratégica a la que se accede por tierra y por agua. Cuando en 1884 el entonces presidente venezolano, Antonio Guzmán Blanco, creó el Territorio Federal Delta, fueron estos dos poblados, además de Sacupana, los propuestos como capital regional, para concentrar allí las operaciones de la naciente Compañía Manoa, incorporada en Nueva York pero con derechos exclusivos para fundar una colonia en el Delta y explotar sus riquezas.

De Piacoa hacia el este, el control armado lo detentan los presuntos disidentes de las FARC, quienes en principio montaron su base en un sector conocido como Catalinita y, luego, en Mena. Ahora alcanzan el caño Amanoco, a unos 20 minutos de Santa Catalina, y tienen presencia en La Fe, una comunidad cercana a Piacoa. Se mueven, siempre con sus armas y uniformes, en embarcaciones de hasta dos motores. De hecho, en Santa Catalina ya los identifican de antemano por el ruido de sus lanchas. Antiguamente, cuenta un habitante, llegaban con el brazalete de las FARC puesto, pero últimamente no lo portan: “Creo que se han hecho más autónomos y disidentes. Se identifican con el jefe”.

Hasta septiembre de 2024, ese jefe era El viejo. Cuentan los lugareños que fue asesinado a traición por miembros de su propia facción. “Estaba en el campamento y le dijeron que iban a sustituirlo por otro. Disolvió el campamento y dio de baja a todos. De todas maneras, vinieron los que querían sustituirlo, lo engañaron y lo asesinaron a tiros para hacerse del control”, contó un lugareño. 

Entonces, coinciden los testimonios, los hijos del comandante regresaron a por lo suyo, se reagruparon, contraatacaron, cobraron venganza y retomaron el control del grupo. “Descubrieron dónde lo habían enterrado [a ‘El viejo’], entre La Fe y Piacoa, lo sacaron y lo trajeron para enterrarlo”, relató.

Los uniformados suelen llegar a Santa Catalina a buscar comida, tomar alcohol y rumbear en las noches. Pagan en dólares la mayoría de las veces, aunque en la comunidad también les aceptan bolívares, la moneda oficial de Venezuela. A partir de su llegada, reconocen los lugareños, cesaron los robos de ganado y gallinas. Aún así, esa mejora no fue suficiente para que la comunidad los dejara de rechazar, aunque no puedan hacerlo de frente. 

“La comunidad escucha y ya. No nos hemos atrevido a decirles que no, y a la vez es cierto que dentro de la comunidad hay quienes han establecido relaciones con ellos. En un momento empezaron a llevarse muchachos, a sondearlos, a ofrecerles pagos en dólares, celulares y hasta balones”, cuenta una ama de casa de 43 años. “Una tiene que aprender a saludar amablemente. ‘¿Cómo están? Buenas noches’. A veces se quedan callados o te pueden preguntar algo y luego te dan una pequeña charla: ‘Aquí estamos para proteger a la comunidad, no se preocupen, esto es territorio de paz’”.

Una de las preocupaciones de quienes habitan en Santa Catalina es que, precisamente, entre ellos no hay ni policías, ni Guardia Nacional ni vigilancia fluvial. La Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, promulgada en 2005 pero derogada apenas cinco años más tarde, en 2010, establecía en su artículo 104 que en Delta Amacuro, dadas sus características, se crearía un sistema integral de inteligencia, prevención y persecución contra el tráfico de drogas conformado por la Armada, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el Ministerio Público, que constituiría una Fuerza de Tarea Especial para el control y vigilancia de los ríos y caños y, con ello, “evitar que el Delta, dada su vulnerabilidad, se convierta en una zona preferente para las actividades del tráfico de drogas y asiento de corrupción de la sociedad civil y las instituciones de ese estado fronterizo, incluyendo la protección del hábitat de los pueblos indígenas allí asentados”, según se leía en el documento. Pero la intención se quedó en la mera teoría.

En el pequeño edificio de locales comerciales, frente al velorio de El viejo, funcionaba hasta hace un par de años un comando de la Guardia Nacional. En los años 90, recuerdan los catalinenses, había un policía asignado. Uno. 

“Ahora no solo es que no hay ningún cuerpo policial, sino que no hay ninguna entidad del Estado ni para defensa de los niños, ni para protección de la mujer, no hay nada, por eso es que aquí habrá gallos y violencia contra los niños y las mujeres porque, ¿a dónde vas a reclamar? ¿Con qué lancha, con qué internet?”, lamenta un ama de casa de 50 años de edad.

La lista de carencias es extensa. No hay electricidad desde hace más de 10 años y quienes cuentan con corriente eléctrica la tienen solo gracias a generadores a gas o pequeños paneles solares. Tampoco hay agua por tuberías, pese a que la comunidad queda frente al caudaloso Orinoco y dispone de un tanque gigante que podría abastecer a toda Santa Catalina. Falta transporte público para traslados médicos de emergencia o para proveerse de insumos y alimentos. Decenas de casas quedaron abandonadas por la emigración. 

Hace poco más de un siglo, la comunidad “miraba al futuro”, como informaban las reseñas de época citadas por el padre Ugalde: la Orinoco Company, sucesora de la Compañía Manoa, instaló una planta de vapor para el procesamiento del balatá, avanzó en la construcción de una carretera que debía llegar hasta el municipio El Palmar del estado Bolívar, y la Minnesota Street, como se llamaba la vía principal del pueblo en los tiempos del plan colonizador del proyecto Manoa, conducía a los potenciales colonos a la sede de la empresa y al hotel. También, en ese tiempo, había policía.

34 amazonas en curiara al rescate

Cuando una joven estudiante de 16 años se fue con los guerrilleros una noche de finales de mayo de 2023 para no volver, sus familiares no hallaron un policía o guardia a quien pedir ayuda. Por eso, tuvieron que salir a buscarla a la mañana siguiente con apoyo de las mujeres de la comunidad. Una de ellas recuerda que le avisaron sin medias tintas que su ahijada “se fue con un pata’e goma”.

—¿Se la llevaron a la fuerza? —preguntó.

—No, se fue.

La estudiante se había ido voluntariamente con Juan, el mayor de los tres hijos de El viejo. Ambos se fueron a pie hasta el campamento de la guerrilla por un camino lleno de monte y empantanado. Su familia sostiene que Juan la enamoró por teléfono. 

La mañana después de la huida, las mujeres se organizaron. Se repartieron en las pocas calles del pueblo y fueron sumando a otras. “Había hombres, pero no veíamos conveniente que fueran. Pensamos que a nosotras no nos iban a hacer nada y que llevar hombres podía verse como una provocación”, cuenta una mujer, de 53 años de edad, que participó en la gesta. “‘Vamos, que no nos va a pasar nada’, les decía, y así fuimos 34 mujeres en una curiara [una embarcación de madera, ligera y alargada, por lo general escarbada de un solo tronco, propia de la Orinoquia y de la Amazonía] grandísima. Aparte de nosotras solo iban tres hombres: su papá, el motorista y un menor de edad que conocía la ruta”. En el trayecto, las mujeres lloraban.

El jefe con el que entonces tenían que hablar para traer de vuelta a la joven era el mismísimo El viejo, luego fallecido. La mujer recuerda que llegaron a la orilla y, mientras caminaban al campamento, notaron que había vigilancia por parte de unos uniformados que trataban de no ser vistos entre el monte. Frente a las mujeres, El viejo insistió en que la joven no había venido obligada. 

Las mujeres pidieron verla. Esperaron dos horas. La joven, vestida de civil, por fin apareció, acompañada o escoltada por dos mujeres. Se detuvo a 200 metros de las de Santa Catalina. No quería caminar más. No hablaba, no respondía a las preguntas. “Me armé de valor y pasé en medio de los hombres que tenían las armas cruzadas para impedirnos el paso. La agarré y la cargamos por los brazos. Ella se resistía, quería quedarse”. Cargaron con ella y la embarcaron.

En el trayecto de regreso a Santa Catalina, la estudiante quería lanzarse al río. Dos embarcaciones de la guerrilla las seguían, pero las mujeres apuraron la navegación y llegaron primero al pueblo. “Cuando llegamos había muchísima gente, subimos y la dejamos en su casa”. Tuvieron que sedarla para que la muchacha se tranquilizara.

Aprovechando la presencia de los guerrilleros en la comunidad, los pobladores convocaron de inmediato a una reunión; calculan que sería la tercera desde la llegada de aquellos a la zona. El colectivo de los nativos quería poner un alto al asentamiento de los guerrilleros. Esto no podía continuar.

Así fue como, el 23 de mayo de 2023, a las 11 de la mañana, la asamblea comenzó. “Nosotros no los queremos en Catalina”, se atrevieron por fin a decir a los guerrilleros. 

“Una de las mujeres los enfrentó y les dijo que, si querían reclutar niños, que fueran a Colombia, que allá ya estaban acostumbrados a eso, ‘respeten a nuestros niños, aquí hay leyes y ustedes les están violando sus derechos’”, recuerda un comerciante de 45 años. 

—Oramos mucho para que se vayan de la comunidad —insistió la mujer, según el relato del comerciante.

—Nosotros estamos aquí porque el gobierno nos lo ha permitido. No estamos acá de manera improvisada, estamos acá porque el gobierno quiere que estemos —respondió uno de los uniformados.

—No somos ni de colectivos ni de la guerrilla. No queremos agradecerles a ustedes, pero tampoco a ningún sindicato. El hecho de que ustedes estén acá nos pone en riesgo —intervino una habitante de Santa Catalina en el intercambio, quien, a pesar de ese lance de coraje, hoy admite que la situación la atemoriza, le ha quitado el sueño.

A tres metros del ataúd de El viejo, mientras una decena de mujeres rezan el rosario, unos niños corren, gritan y brincan; ninguno tiene más de 10 años de edad. En una esquina, los lugareños toman cervezas; en otra, juegan dominó. El funeral nutre el cotilleo del día. “Se está viendo como algo normal. Los niños crecen viendo esto. Los idolatran, los ven como una figura y eso es preocupante”, dice un pescador de la comunidad en relación a los guerrilleros.

—¿Son guardias, mami? ¿Son policías? —le preguntó una niña de ocho años a su mamá, una mujer de 45 años, al ver por primera vez a un grupo de hombres armados y uniformados en la antigua Minnesota Street.

—Son policías —le respondió en seco para no entrar en detalles sobre el porqué de la presencia de los sujetos, detalles que podían resultar inoportunos.

—¿Y si ellos nos matan, mami? Dios los va a castigar, ¿verdad? —insistió la niña, curiosa.

“Por eso queremos irnos. Por ella”, dice la madre de la niña, una mujer de 45 años. Lo dice ahora con sus ojos castaños empañados por las lágrimas, al repasar para esta cobertura las primeras aproximaciones de su hija con los uniformados. 

Está bien entrada la noche y todo indica que el entierro será el domingo próximo. Mujeres y hombres armados permanecen alrededor del ataúd. Los catalinenses se han ido a dormir, pero algunos contarán después que vieron interrumpido su sueño por disparos al aire, ocho al menos. Los nuevos colonos están marcando terreno en una región indómita y que, de acuerdo con los viejos colonizadores, parecía destinada por la naturaleza a ser la provincia más productiva de América.

Por consideraciones de seguridad, en esta historia se omiten los nombres de los reporteros y de las fuentes sobre el terreno.

La movida tiene como beneficiario último a una persona que ha clavado su bandera en el municipio para convertirlo en un coto personal, el coronel de la Guardia Nacional Alexander Granko Arteaga, jefe de acciones especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y comúnmente reconocido como el torturador emblemático del régimen de Nicolás Maduro.

Desde hace años, valiéndose de familiares y de conocidos a manera de biombos, como ha revelado una serie de trabajos de Armando.info, Granko Arteaga consolida y amplía un emporio empresarial que comprende negocios en el deporte. No solo promueve actividades físicas y atletas a través de su plataforma del Team Espartanos, sino que despunta como socio de facto del equipo Universidad Central de Venezuela Fútbol Club (UCV-FC), reciente campeón del Torneo Apertura del balompié profesional venezolano. 

La oncena dispone de un campo de entrenamiento exclusivo y propiedad del mismo Granko, denominado Centro Deportivo de Alto Rendimiento (CDAR), antes FutSal Park., en la urbanización Los Samanes.

El complejo que incluye las canchas está construido sobre dos terrenos entre las urbanizaciones Los Samanes y Guaicay, una de las zonas más exclusivas de Baruta. Y es sobre estos terrenos, o por ellos, que se ejecuta la movida, diseñada para que la propiedad de ambas parcelas quede en manos de Granko, a pesar de que son bienes municipales. 

Reacomodando el comodato

Un repaso histórico al tracto patrimonial del actual CDAR de Los Samanes debe remontarse hasta 2014, cuando el entonces alcalde de Baruta, Gerardo Blyde, otorgó en comodato el terreno de Los Samanes sobre el que en se erigió el complejo inicial.

Entonces, los propietarios del centro deportivo eran Diego Javier Fernández Zapelli, socio además del A.C. Atlético Venezuela Club de Fútbol, equipo liquidado en 2022, y Luis Quintero.

Pero, a partir de 2023, Juan Useche Oropeza y su primo, Aldrey Rodríguez, pasaron a presentarse como dueños del complejo en reuniones con vecinos y consejos comunales de la zona, algo que los registros de propiedad acreditaban. También desde entonces, simultáneamente, fue cuando Alexander Granko Arteaga empezó a dejar rastros de que era el dueño de facto del complejo deportivo de Los Samanes. El coronel, teniendo como mampara a su esposa, Yhuryseck Escalante, se haría luego del control del UCV-FC.

Hoy, el UCV-FC, que juega como local en el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria de Caracas, entrena regularmente en las instalaciones de Los Samanes. Es apenas un reflejo en la práctica de una relación más profunda entre la divisa futbolística y el CDAR: Juan Useche Oropeza era dueño tanto del complejo deportivo como del equipo UCV-FC, de los que Granko y sus allegados se apropiaron en procesos no del todo claros.  

Por ejemplo: en esta nueva etapa con Granko al frente, el rebautizado CDAR Los Samanes experimentó un cambio en su planta física, mediante una ampliación que incluyó la construcción de nuevas canchas y varios edificios, estructuras que, por cierto, no habrían respetado los linderos de la cercana laguna de Guaicay, lo que, según pronostican representantes de los vecinos, anuncia un venidero desastre ambiental.

A troche y moche, Granko ejecuta una idéntica extensión de sus dominios, pero en los registros de la propiedad inmobiliaria. La arbitraria operación por la que un bien público está a punto de convertirse en propiedad privada, quedó en evidencia tras la revisión que Armando.info hizo de documentación recibida y de conversaciones con tres fuentes relacionadas con las entidades gubernamentales del municipio.

El entuerto empieza a hacerse visible a partir de la figura de comodato otorgado, en su momento, por el exalcalde Blyde. La cláusula décimo segunda del documento, referida a la reversión de las bienhechurías, señala lo siguiente: “En virtud del interés público que ostentan las instalaciones deportivas, recreacionales, de servicios y demás obras ejecutadas por la comodataria sobre la parcela municipal para la construcción de Complejo Deportivo Futsal Park, las mismas se considerarán como parte integrante del inmueble, quedando a favor del municipio totalmente libres de gravámenes o cargas, sin que se pueda solicitar al municipio indemnización o pago alguno por tal concepto”.

En otras palabras: lo construido para el complejo deportivo, así como el propio terreno concedido en comodato, pertenecen al municipio y forman parte del valor de la propiedad. Entonces, ¿cómo ha llegado el municipio a una posición donde no solo se alista a enajenar esos activos, sino a vendérselos a un privado a un precio probablemente menor al de su valor de mercado? 

Con la violación a esa cláusula del comodato original como punto de partida, explica a Armando.info un exconcejal de Baruta cuyo nombre se omite por razones de seguridad, se está perpetrando hoy una jugada ilegal que se apura, según precisa esa fuente, para completarla antes de las elecciones municipales en Venezuela, previstas para el domingo 27 de julio. En los comicios participa como candidato el alcalde Darwin González, aspirante a la reelección, en una ocasión en la que, en medio de la apatía general y por el llamado a la abstención que la lideresa María Corina Machado formuló, el chavismo parece tener un chance real de alzarse con una victoria en las urnas sin precedentes en el tradicional baluarte opositor de Baruta, por pírrica que esta pueda resultar.

“Granko inventa lo de cambiar y desafectar el terreno [es decir, convertir un dominio público en uno privado] porque no quiere seguir invirtiendo en eso pero tampoco quiere que la propiedad vuelva a manos del municipio. Por eso cambia del dominio público al privado”, resume. 

El asunto no queda allí. En la oferta pública que, como parte de un obligado simulacro, la Alcaldía de Baruta lanzó el reciente junio para la venta de esas parcelas, se estableció como base un precio aproximado de 328.000 dólares, si se calculan a la tasa oficial de cambio los 10,1 millones de bolívares que pidió el municipio por el terreno de Los Samanes y los 8,6 millones de bolívares por el de Guaicay: las 2,6 hectáreas sobre las que está construido el CDAR Los Samanes. 

Al respecto, el exconcejal que accedió a conversar con Armando.info explica: “Esa licitación tiene un precio base de alrededor de 300.000 dólares. Van a vender en 300.000 dólares lo que debería costar más, pues según Granko, él ha invertido solo en la ampliación del complejo unos cuatro millones de dólares. Pero según lo que calculo yo, son al menos 10 millones de dólares los que se han invertido en esa ampliación. Lo cierto es que el municipio perdería millones de dólares”. 

Enumera, además, las faltas en las que habría incurrido el proceso de toma de los terrenos por parte de Granko: ni tuvo la aprobación del Consejo Local de Planificación Pública (CLPP), ni el alcalde González compareció para presentar el proyecto. Tampoco se observaron las firmas de los integrantes del CLPP en sesión o el apego a las leyes de enajenación y desafectación.

“Además, la licitación la cuadraron a la carrera, en tiempos mínimos de la ley, para que el alcalde pueda hacer entrega del título de compra-venta de ese terreno. Cuadraron para que no cayera en manos de otro alcalde. Si llegara otro alcalde [después del 27 de julio, día de la elección] no podría revertir ese proceso. Así de bárbara fue esa negociación”, remarca.

Ni la única tarjeta amarilla los inmutó

El cronograma de venta de las dos parcelas consolidadas tenía como fecha de inicio el 9 de junio de 2025, y como fecha de cierre, el 25 de junio. De ceñirse al calendario, la Alcaldía de Baruta debió publicar el 25 de junio el acta de adjudicación en su website. Pero ello no había ocurrido hasta el momento de publicación de la presente historia, es decir, a casi 20 días de la fecha tope oficial. 

Otra fuente, también relacionada con el Concejo Municipal de Baruta y cuyo nombre se reserva para protegerla, explica la irregularidad, no sin un introito: “Estamos ante la privatización de terrenos de dominio público. Cuando hablamos de dominio público, son terrenos como la Plaza Bolívar: no los puedes vender. Y para hacerlo usan un recurso muy peligroso, tanto que es la principal causa de cárcel para los concejales, la desafectación”.

A continuación, mediante una serie de cuestionamientos, pasa revista a las irregularidades: “¿Cómo vendes el terreno, si hay máquinas trabajando? Si estás vendiendo, debes terminar tu contrato de concesión. Entonces, ¿dónde está el finiquito de esa concesión? ¿Cuánto recibió el municipio por los bienes invertidos en el terreno? ¿En dónde están los permisos para enajenar y para desafectar, es decir, convertirlo en terreno privado?”.

Destaca que la oferta pública, que se promocionó en el diario El Universal de Caracas, circuló apenas un par de días: del 10 al 12 de junio. Un negocio de entrada consumado debía guardar ciertas formas legales, de cualquier manera. 

“Todo es un parapeto para beneficio de Granko. Darwin González hizo eso para liberarse de responsabilidad, para decir que difundió la oferta pública y que la declararon desierta porque solo vino una oferta. Qué casualidad, porque es el hombre [Granko] quien está adentro. Cumplieron con la formalidad, publicaron el día 10 de junio, pero ya el 12 no estaba”, insiste. 

Recuerda, además, que un informe del 3 de julio de 2024 del síndico municipal, José Gregorio Correa Torres (hijo del actual diputado de la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa), ratificó que el terreno es de dominio público. Eso debería servir, ya de por sí, como un freno para la venta del terreno. El mismo documento recalcaba que la desafectación y la enajenación previas de bienes de dominio público son requisitos necesarios para la conversión que hoy se consuma para beneficio de Granko.

“Para que el terreno se venda finalmente, tiene que haber varios pasos para la enajenación: la consulta al CLPP, la aprobación del Concejo Municipal y una consulta pública que someta la venta a la consideración de la comunidad, que no se ha hecho”, recalca.

Una tercera fuente, abogado y hasta hace años relacionado con la alcaldía local, subraya un término, el de los ejidos, en el que se inscriben los terrenos de Los Samanes y Guaicay: “Son, sencillamente, terrenos municipales y son de primera categoría. No pueden enajenarse”.

Por lo tanto, continúa, “todas las bienhechurías pasan a ser propiedad del municipio al final de la concesión, pero además durante la misma se establecen privilegios gratuitos a las escuelas y clubes de fútbol del municipio”, algo que nadie ha visto que se cumpla.

Remarca, además, los desafueros medioambientales que ya habían denunciado los vecinos al referirse a las ampliaciones adelantadas por Granko en el CDAR Los Samanes. 

“Los límites entregados [en el comodato de 2014] están super distantes de esa laguna [de Guaicay]. Si subieron hasta la laguna es que cambiaron los límites o invadieron espacios no entregados en el comodato. Y te hablo de muchos metros cuadrados, más de 11.000 metros cuadrados adicionales, porque no están ni cerca. Para comenzar, la diferencia de cotas es muy grande. La cancha de fútbol está no solo distante, sino muchísimo más abajo que la laguna. No es fácil llegar a esta desde el área de la concesión inicial”, describe el abogado. Y sin embargo, es lo que se pretende entre bastidores.

Las arremetidas sobre los terrenos en declive se hicieron tan llamativas y alarmantes para el vecindario que, en diciembre de 2024, la alcaldía, a través de su Dirección de Ingeniería Municipal, debió emitir una orden de paralización de las obras. Sin consideración o consecuencias, las obras de todas maneras continuaron. 

Armando.info envió un cuestionario con varias preguntas sobre este tema al correo institucional de la Alcaldía de Baruta, dirigido en específico al alcalde Darwin González, pero no obtuvo respuesta alguna hasta el cierre de esta edición. 

Eslabón perdido

En los documentos del registro del equipo UCV-FC sobresale un nombre, poco conocido para el público, pero clave en esta historia: Yubrazka Corina Rondón Montana. 

Como adelantó Armando.info en un reportaje de publicación reciente, desde abril de 2023 Yhuryseck Berenice Escalante Ferreira, esposa del coronel Granko Arteaga, fue desplazando al antiguo dueño del equipo, Juan Manuel Useche Oropeza, después de hacerse de un tercio de sus acciones. Escalante, junto con el teniente coronel de la aviación militar, José Alexander Gelvez Monterrey, y el hermano de este, Robert Eduardo Gelvez Monterrey, son ahora los dueños del equipo sobre los papeles y dan la cara por la divisa en ocasiones públicas.  

Useche, como ya se dijo, también aparecía como propietario del FutsalPark, ahora Centro Deportivo de Alto Rendimiento Los Samanes y casa del UCV-FC.

Pero ahora es la misteriosa Yubrazka Rondón Montana, secretaria y persona de confianza de Yhuryseck Escalante -según fuentes vivas consultadas-, la que figura en los registros como dueña del complejo deportivo.

El rastro tenue de Yubrazka Corina Rondón Montana en expedientes accesibles por Internet apenas permite saber que en 2017 se desempeñó, tanto como miembro principal como suplente, en comisiones designadas por el Ministerio de Alimentación de Venezuela. Nacida en 1990, “de escasos recursos”, como la describe una fuente que conversó con Armando.info para este trabajo, Yubrazka Rondón, a lomos de una confianza bien ganada, lleva a cuestas el peso de ser la propietaria de este negocio. 

Su participación queda al descubierto en un documento mercantil en el que Laura Ramírez Gómez, abogada al servicio de los Granko-Escalante, representó a Rondón Montana en las diligencias de adquisición de FutsalPark. Rondón funge hoy como la apoderada del CDAR Los Samanes, última conquista de Alexander Granko para completar un tridente futbolístico -el club de patrocinio, Team Espartanos; la franquicia, UCV-FC; y el complejo de entrenamientos, el CDAR Los Samanes- que penetra cualquier defensa.

“Pusimos la denuncia y nada”, “nunca nos llamaron”, “nunca nos ayudaron”: estas frases recurrentes corresponden a madres de venezolanos desaparecidos en la frontera binacional, que se ayudan entre sí para buscar a sus seres queridos y suplen de ese modo la ayuda ausente del Estado venezolano. Aunque pueda resultar burocrática y lenta, la única autoridad oficial que les presta oídos y, a menudo, les brinda respuestas es la colombiana.  

La violencia interna en Colombia entre grupos guerrilleros y paramilitares a finales de la década de los 90 rebasó la línea fronteriza y se derramó hacia territorio venezolano. La dinámica de tránsito se tornó peligrosa en la pugna por el control de las zonas y comenzó el goteo de noticias sobre colombianos y venezolanos asesinados o desaparecidos en uno y otro lado de “la raya”. Aquello, con los años, terminó por volverse parte del paisaje, sobre todo con la proliferación de trochas y pasos que grupos armados controlan para llenar los vacíos que ambos Estados dejan a su merced.  

Los colombianos, sin duda, han llevado la peor parte en el conteo de víctimas. Cifras actualizadas del Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) de Colombia contabilizan 178.429 colombianos desaparecidos por el conflicto interno -no solo fronterizo- hasta mayo de este año. 

Pero la cuota de venezolanos desaparecidos en la frontera es también muy alta. Según el mismo Sirdec entre 1993 y hasta 2024 se registraron 3.338 venezolanos desaparecidos en territorio colombiano, de los que 660 (432 hombres y 228 mujeres) desaparecieron en los departamentos fronterizos de La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Boyacá, Arauca y Vichada; no había registros en el también fronterizo departamento de Guainía, junto al estado Amazonas de Venezuela. Hasta la fecha, de estos 660 casos han aparecido con vida 140 individuos, mientras otros 17 fueron encontrados ya hechos cadáveres.  

En la progresión anual, el 2018 despunta como un hito especial por haber sido el año pico de la migración impulsada desde Venezuela por la crisis humanitaria compleja que, ya para entonces, atravesaba el país. Una migración a pie, desesperada, que al escapar chocó con la ausencia del Estado venezolano en el resguardo de las fronteras, cuyo control ahora se reparten grupos armados irregulares.

Desde 2018, solo en el departamento colombiano de Norte de Santander se contabilizan más de 50 personas desaparecidas cada año, con Cúcuta como la ciudad con más casos registrados, unos 384 en total.  

La política prende y también apaga

Un año después de la asunción de Gustavo Petro como presidente de Colombia, el drama de las desapariciones transfronterizas se visibilizó como nunca antes. Las declaraciones entonces del jefe paramilitar desmovilizado, Salvatore Mancuso, sobre fosas comunes tanto en Venezuela como en Colombia, ofreció una oportunidad de oro para abordar el tema. En julio de 2023 se creó el Comité Técnico Binacional para la Búsqueda, Recuperación y Abordaje Forense de los Cuerpos de las Personas dadas por Desaparecidas en las Zonas de la Frontera Venezolana-Colombiana. 

El mecanismo tenía dos objetivos: procesar, con ayuda de la Cruz Roja, la búsqueda e identificación de cuerpos en sitios señalados como lugares de enterramientos, y la elaboración de un Manual Operativo para regular los procedimientos de “búsqueda, recuperación y abordaje forense de los cuerpos de las personas dadas por desaparecidas” en la frontera binacional. Este sería revisado por las cancillerías de ambos países, encabezadas en ese momento por Yván Gil, de Venezuela, y Álvaro Leyva, por Colombia.

“Recuerdo que allá [refiriéndose a Venezuela] estaban con toda la disposición de hacer algo”, comenta Helena Urán, una de las asesoras en esta materia del gobierno colombiano. Por ser un conflicto armado interno de larga data, Colombia cuenta con mecanismos institucionales preparados para la atención de las consecuencias, como el conteo y búsqueda de los desaparecidos, que recae en Medicina Legal, la Fiscalía y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

De cara al comité, del lado venezolano estaban a cargo el mayor general Gerardo Izquierdo Torres (sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense en 2018), entonces director general de la Oficina de Fronteras, y Render Peña, viceministro para América Latina de la Cancillería venezolana. El embajador de Colombia en Venezuela en ese momento, Milton Rengifo, fungía como vaso comunicante entre ambos gobiernos. 

Urán relata que durante varios meses hubo avances, reuniones constantes entre las representaciones de ambos gobiernos, pero ese intercambio se enfrió. Las razones no las sabe precisar. Señala que el año siguiente, 2024, entre la disminución de los contactos y el intenso proceso electoral de las presidenciales venezolanas, el trabajo del comité se detuvo, aunque se había logrado elaborar un borrador de acuerdo diplomático para abordar el tema de los desaparecidos. Asegura que hasta se había logrado involucrar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y al Ministerio de Justicia de Colombia. “Quedamos super frustrados”, se lamenta.

La indolencia por lápida

“Cadáver masculino que mide 1.60 cm, en edo [sic] de carbonización a un 90% de la superficie corporal”, se lee en una ficha escrita a mano con fecha del 18 de julio de 2005. El nombre del difunto es “no identificado” y el cuerpo fue traído desde San Antonio del Táchira, ciudad cercana a la frontera, hasta el Cementerio Municipal de San Cristóbal, la capital del estado. 

Como ese hay decenas de casos que llegaron al principal cementerio de la capital tachirense entre 2000 y 2005, uno de los puntos a los que han ido a parar los cuerpos de desaparecidos transfronterizos. A veces de a uno, a veces en grupo, a veces con algo de ropa o en pedazos, algunos cuerpos pudieron ser identificados y otros no, pero ninguno sobre los que había alguna pista de identificación llegó a ser reclamado y terminaron como los otros -anónimos hasta ahora- depositados en una fosa común en el propio cementerio. 

“Esa fosa común se llama el restero. Es una capillita donde se recolectaron todos esos huesitos”, cuenta Alba Villamizar, secretaria del Cementerio Municipal de San Cristóbal. Hace dos años, en 2023, un grupo de funcionarios colombianos revisó la documentación sobre los cuerpos que habían llegado desde finales de los 90 y hasta 2005. Sin embargo, recuerda Villamizar, no se llevaron nada, ni documentos ni algún resto. 

“Hay miles de huesitos en esa capilla, para mover todo eso, imagínese. Es impresionante hacer ese trabajo. Porque todo estaba así, una capillita así, todo se echaba allí, hasta que llegó un momento en que se selló completamente. Ya no ingresaban más bolsas de esas de huesos. Era demasiado. Y se selló ese restero municipal”, recuerda Villamizar.

Un esfuerzo forense de esa envergadura solo podrá tener lugar cuando exista una voluntad política semejante. Pero del lado venezolano no hay una entidad, oficina o institución oficial que se dedique a procesar estos casos. Los familiares suelen poner las denuncias ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), que cuenta con una unidad especializada en investigaciones de personas desaparecidas. Sin embargo, no hay datos públicos que reflejen el número de casos recibidos por esa entidad, y menos, de los resueltos.

La Fiscalía del régimen chavista no cuenta con alguna división especializada para atender el tema de desapariciones en frontera, como tampoco la Defensoría del Pueblo, que recibe denuncias de familiares pero no muestra data alguna. El último informe publicado por la Defensoría, del año 2021, menciona la palabra “desaparecidas” apenas cinco veces, y solo para referirse a casos de personas que fallecieron por crecidas de ríos; en una ocasión, se refiere un caso de posible trata de personas. Se envió un correo solicitando información a la oficina de la Defensoría en San Antonio del Táchira, sin que se recibiera respuesta.

La falta de información del lado venezolano se hizo aún más ostentosa a partir de 2017, cuando la migración masiva de venezolanos por la vía fronteriza con Colombia disparó los números de desaparecidos transfronterizos. Wilfredo Cañizares, director de la organización no gubernamental colombiana, Fundación Progresar, destaca que de los 650 casos documentados que tienen de personas desaparecidas entre 2016 y 2024, 120 corresponden a ciudadanos venezolanos.

Que el número no sea igual al del conteo que hacen las instituciones de Colombia se debe a que la Fundación Progresar lleva el registro en correlato con acción de grupos violentos, excluyendo casos de quienes podrían haber cortado relación con sus familias voluntariamente. 

“Esos 120 casos los tenemos documentados en el sentido de que un grupo armado ilegal los detuvo, o que la última vez que vieron a la persona fue cruzando una trocha de control de la guerrilla o de control de una banda paramilitar o de control de una banda criminal”, especifica Cañizares. 

“La crisis migratoria lo que hizo fue poner en una dimensión escandalosa lo de los desaparecidos (...) Aún hoy en día el gobierno colombiano no tiene una cifra cierta de cuántos venezolanos o venezolanas desaparecieron y en qué contextos transfronterizos, y aún menos el venezolano”, afirma, aunque destaca que con la llegada del gobierno de Petro y la reapertura de la frontera, han descendido drásticamente los casos de desapariciones forzadas transfronterizas. 

Sonia Rodríguez Torrente, coordinadora para el departamento de Norte de Santander de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), institución oficial colombiana, señala que entre los obstáculos para concretar alguna cooperación en materia de búsqueda e identificaciones de los desaparecidos transfronterizos se hallan las visiones diferentes de ambos estados a la hora de abordar los casos. “En Colombia lo hacemos desde la extrajudicialidad”, es decir, se hacen las búsquedas sin que medien la participación u orden de tribunales o jueces, mientras que en Venezuela, según señala, es todo lo contrario: “La búsqueda en Venezuela está enmarcada en todo un ejercicio judicial y penal y eso pone las lógicas de la relación en posiciones distintas”.

Villamizar, la secretaria del cementerio, afirma lo mismo. “Para hacer algo hay que mover un organismo”, dice, en alusión directa a la Fiscalía venezolana o a los tribunales. “Tiene que ser orden de un tribunal porque si no es una profanación, eso es una tumba”.

En Colombia, Rodríguez Torrente explica que la UBPD tiene en total 94 planes de búsqueda de desaparecidos, de los que 11 coresponden a zonas fronterizas con Venezuela: en la media y alta Guajira uno, otro al sur de La Guajira, otro en el norte del departamento del Cesar y uno más al centro; y uno en Sarare, Tame, Sabanas de Arauca y el departamento de Vichada. Tres más responden a los planes de búsqueda que cubren los 40 municipios en Norte de Santander.

Los buscamos nosotras

En Venezuela, en cambio, a los desaparecidos solo los buscan sus familiares. 

La desaparición de Wilmer Jair Cáceres Salamanca, funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ocurrió el 25 de enero de 2016 en San Antonio del Táchira. Su madre, Blanca Salamanca, comenzó a buscarlo al notar que no llegó a su puesto de trabajo en San Cristóbal, la capital del estado. 

Al ingresar a la sede de PoliTáchira, la policía regional, para poner la denuncia, se encontró con otra mujer que también tenía a su hijo desaparecido y estaba dando el retrato hablado de un joven que había salido con él. Ese retrato hablado, recuerda la señora Blanca, era el de Wilmer. “En ese momento, las dos nos conocimos y nos unimos por la búsqueda de nuestros hijos. Ella me contó que mi muchacho había ido ese lunes 25 a buscar a su hijo, Kevin Rodríguez, funcionario de 22 años de PoliTáchira, a su casa en el barrio Miranda, de donde salieron, sin dar explicaciones”. La madre de Kevin Rodríguez se llama Belén Botello. 

El de las señoras Blanca y Belén es el ejemplo clásico de cómo funciona en Venezuela la búsqueda de desaparecidos en la frontera colombovenezolana: a pulso entre las familias y con apoyo del otro lado, en Colombia.

Acompañándose, con sus propias indagaciones encontraron que sus hijos habían sido vistos por última vez en San Antonio del Táchira, lo que les hizo pensar que probablemente habían cruzado la frontera. “Comenzamos a buscar los enlaces para presentar la denuncia ante las autoridades competentes de Colombia”, señaló la señora Salamanca. 

Ocho meses después, el 26 de septiembre de 2016, Salamanca y Botello formalizaron la denuncia de desaparición forzada ante la Fiscalía de Colombia. Al caso fue asignado un investigador. “Fueron dos años y tres meses de ir a Colombia, con una frontera cerrada. Nos tocaba, en la mayoría de los casos, atravesar las trochas. Una vez, nos agarró de retorno una balacera y nos lanzamos al piso. Fue horrible y peligroso”.

Las visitas a Cúcuta, la capital de Norte de Santander, se dividían entre la Fiscalía y Medicina Legal. “Hicimos varias amigas que nos tendieron la mano y pusieron todo el empeño hasta conseguir que el caso se esclareciera. Al final, toda la búsqueda se centró en Colombia, no volvimos al Cicpc. Tenemos cierta rabia con ellos. Nunca nos ayudaron y ni siquiera hemos ido a cerrar el caso”. 

La ayuda del lado colombiano rindió frutos de la forma más inesperada, con la captura de un delincuente en Cúcuta que reveló la ubicación de cinco fosas comunes en la trocha La Playita, donde finalmente se encontraron los restos de Wilmer Cáceres Salamanca y Kevin Rodríguez. Tras una espera de año y medio para confirmar la identidad mediante pruebas de ADN, recibieron los restos en septiembre de 2019 y organizaron una sepultura digna en el cementerio municipal de San Antonio, cerrando una dolorosa etapa para sus familias.

Así como las madres de Wilmer y Kevin, en Venezuela existe el grupo Esperanza de Madre, creado por Lisbeth Zurita, la madre de Emisael Contreras, desaparecido en 2019 cuando se disponía a volver a su casa en el estado Bolívar, sureste de Venezuela, tras haber pasado a Colombia para trabajar en minas del departamento de Guainía. Además de la organización no gubernamental Fundaredes, que ha visibilizado los casos de las desapariciones en los estados fronterizos -en su último informe de 2023 contabilizan 133 personas, la mayoría venezolanos habitantes de los estados Bolívar y Táchira-, Esperanza de Madre es el único grupo que trata de apoyar a familiares de venezolanos desaparecidos en la frontera, de los que hasta la fecha contabilizan 74.

“Cuando viajé a Colombia a buscar a mi hijo, regresarme [a Venezuela] con las manos vacías me hizo crear el grupo Esperanza de Madre en Facebook, porque decía: tengo que hacer algo, no puedo quedarme de brazos cruzados, no puedo esperar que las autoridades busquen a mi hijo. Ahí empecé a interactuar con otras mamitas que también están pasando por lo mismo, buscando a sus hijos, ahí empecé a darme cuenta de esta pesadilla (...) Todavía me cuesta creer cómo hay tantos desaparecidos”, explica Zurita. 

Aunque Emisael Contreras no aparece todavía, algunas madres del grupo han encontrado a sus hijos. Algunos vivos -no dice cuántos- y 17 fallecidos.

En el caso de Colombia, las madres también se han configurado como un motor de búsqueda fundamental, ya más organizado por lo antiguo del fenómeno allá. Las Tejedoras de Moiras, Las Tejedoras de Juan Frío y las Guardianas de la Memoria son algunos de los grupos que, como la Fundación Progresar, apoyan a la UBPD y también a las familias venezolanas con desaparecidos transfronterizos. A la par, cada vez documentan más casos de ciudadanos colombianos desaparecidos en Venezuela. 

Yolanda Montes, una líder social que documentó hasta 240 casos de desaparición forzada en la zona de Arauca, fronteriza con el estado venezolano de Apure, describe la complejidad de la búsqueda del lado venezolano.

“En nuestro grupo hay madres colombianas a quienes les han dicho que sus hijos fueron a parar en Venezuela, y de ahí no sabemos más. Eso es más complejo, porque ir a buscarlos es prácticamente imposible. Nos hablaron alguna vez de tres puntos donde han sido enterrados colombianos: Los Bancos, Las Charcas y Tumeremo, en el Arco Minero [del río Orinoco, en territorio venezolano], y que en el cuarto frío de la morgue de San Cristóbal había cinco cuerpos de colombianos, pero el reconocimiento de ese proceso allá es muy complejo. También nos han hablado de fosas comunes o lugares de interés forense en los cementerios, que podrían revelar muchas verdades, pero no hay voluntades políticas de ambos países para buscar a estas personas”.

Pero, más allá de recabar sus casos y apoyarlos con contactos institucionales, la búsqueda de los desaparecidos en la frontera binacional también está atravesando un momento de parálisis en Colombia, y no precisamente por falta de esfuerzo de las instituciones. 

La falta de voluntad política a la que Montes alude también la menciona el magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia, Gustavo Adolfo Salazar, quien además advierte que no son suficientes las declaraciones de Mancuso sobre la existencia de fosas comunes para emprender una búsqueda, pues se trata de afirmaciones generales, sin coordenadas paras su ubicación, que deben ser ratificadas por paramilitares de menor rango para llegar a lugares más específicos. 

Recuerda que todavía ese proceso de ubicación no ha terminado y advierte su ralentización. “En este momento no hay nada porque estamos absolutamente parados en la frontera. No hay ninguna posibilidad de que en el corto y mediano plazo active una comisión”, asegura, argumentando que no cuenta con las suficientes condiciones de seguridad para proteger a los informantes y testigos. La posibilidad de obtener ayuda de las autoridades del Poder Ejecutivo en Colombia, prefiere descartarla: “Con el canciller Luis Gilberto Murillo y con la nueva, Laura Sarabia, ese tema no se ha vuelto a abordar”.

El reciente 10 de marzo, Breliacnis y el hombre que crió a su madre, Benigno Teherán Monsalve, acudieron a la “entrega digna” de los restos de Brenda que hizo la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) de Colombia en la población de Arauca.

“Simplemente les agradezco, se tomaron su tiempo y la encontraron”. El relato de Breliacnis, que al menos tuvo un cierre, no es común entre cientos de familias venezolanas y colombianas que saben de la desaparición de sus seres queridos en la raya limítrofe. En la línea divisoria de 2.219 kilómetros entre Colombia y Venezuela pervive la desaparición forzada transfronteriza, un delito cometido de manera sistemática por diversos actores: paramilitares, guerrillas, bandas criminales, mafias de trata de personas y hasta efectivos regulares de las fuerzas armadas.

El excomandante paramilitar colombiano, Salvatore Mancuso, declaró en 2023 ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que en la frontera quedaban todavía sin descubrir fosas comunes con, al menos, 200 cuerpos sepultados. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la denominación principal de los paramilitares, se había desmovilizado a finales de 2006. Algunos de sus comandantes estuvieron en la cárcel, incluso en penales en Estados Unidos -como el propio Mancuso-, y desde allí comenzaron a hacer declaraciones públicas que al fin arrojaron pistas sobre cómo fue la trastienda de la violencia en los años más crudos de la guerra interna.

Mancuso fue extraditado a Estados Unidos en 2008, regresó a su país natal en febrero del 2024, y fue declarado Gestor de Paz por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego. Se comprometió a colaborar con la JEP para esclarecer crímenes que permanecen silenciados, como la desaparición forzada en la frontera con Venezuela. 

Reporteros de Armando.info, de Venezuela, y Vorágine, de Colombia, visitaron algunos puntos calientes a ambos lados de la frontera, tan porosa como peligrosa, donde constataron que la desaparición de ciudadanos, tanto venezolanos como colombianos en, al menos, el segmento de la franja limítrofe que se extiende desde La Guajira hasta el río Arauca, es un fenómeno de larga data frente al que poco o nada se ha hecho para detenerlo o siquiera mitigarlo durante los últimos 25 años.

Para completar la presente serie, Perdidos en la raya, del que este reportaje forma parte, los periodistas entrevistaron a decenas de sobrevivientes del conflicto, sepultureros, investigadores sociales, líderes comunitarios, mujeres buscadoras, periodistas regionales, fuentes oficiales y victimarios. También revisaron la data oficial de las entidades en Colombia que llevan las denuncias de las desapariciones de ciudadanos venezolanos y colombianos. La interacción con esas fuentes generó datos y pistas para construir un mapa con las posibles localizaciones donde habrían abandonado o sepultado los cadáveres de personas de ambos países.

Los indicios recabados dan fe de cómo esas víctimas han sido objeto de tres desapariciones en secuencia: primero, cuando los grupos delincuenciales las asesinaron y ocultaron sus cuerpos; luego, cuando las autoridades binacionales dejaron de buscarlas o no las buscaron del todo; y, finalmente, cuando el silencio impuesto en las localidades extermina la palabra para, con ello, volver a los desaparecidos pura ausencia y olvido.

Esta investigación, que recoge múltiples testimonios sobre casos diversos del primer cuarto del s. XXI, confirma que la desaparición transfronteriza dejó de ser un fenómeno ocasional para convertirse en una práctica criminal a lo largo de la frontera binacional.

A César le hicieron cavar su tumba

César Tulio Cijanes Mendoza era un hombre nacido en Colombia en 1949 que emigró a Venezuela y adquirió la nacionalidad siendo muy joven. Su hija, Vivian, relata hoy que Cijanes fue a trabajar en una empresa y tiempo después lo despidieron. Con el dinero de la liquidación se compró una tierra cerca de Machiques, capital del municipio del mismo nombre del estado Zulia, noroccidente de Venezuela. A partir de entonces se dedicó a la actividad agropecuaria: sembró aguacates, plátano, y también compró ganado.

“Con el pasar del tiempo se presentan estos problemas de desplazamientos por los enfrentamientos [en Colombia]”, dice Vivian Cijanes. En sus palabras explica que el conflicto que había en el Catatumbo colombiano cruzó la frontera y llegó al vecino Zulia, donde su padre tenía la finca. “En el 2000 es que se lo llevan a él de la finca…  Y a mí me llega la noticia al pueblo [Machiques] donde yo estoy. Lo primero que me dicen es que se llevaron a un poco de gente detenida y mataron al señor César.”

Vivian preguntó entonces a la gente de Machiques si sabía quiénes se habían llevado a su papá. “Yo voy a la casa de mi padre, que estaba a tres horas de Machiques, y me encuentro con unas tablas arrancadas a la fuerza… Y empiezo a indagar con los vecinos si sabían qué grupo había estado por ahí”. Solo alcanzaron a decirle que el grupo se identificó como "contraguerrilla". 

Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, una oenegé con sede en Cúcuta, Norte de Santander, que ha documentado las desapariciones transfronterizas, asegura que “en el año 1999 llegaron los paramilitares al territorio [del binacional río Catatumbo, que desemboca en el venezolano Lago de Maracaibo] y se hicieron sentir con la masacre de La Gabarra [jurisdicción municipal de Tibú, nombrada así por un río tributario del Catatumbo, en territorio colombiano], en la que a varios los asesinaron y arrojaron al río. En adelante todo fue un río de sangre”. Sobre esta masacre en territorio colombiano los pobladores siempre han dicho que los muertos fueron más, que el subregistro se tragó a muchas víctimas.

Vivian Cijanes pensó que el caso de su padre era un secuestro y esperó que le pidieran dinero por el rescate. Pero solo fue veinte años después de la desaparición cuando le llegó la información de que en el Catatumbo colombiano habían encontrado pistas del paradero final de su padre. “Me dicen que ubicaron al niño que se habían llevado con él, en ese entonces de 12 o 14 años. Él corrobora las versiones de que entonces [a César Cijanes] lo amarraron, que él fue el último que le dio un cigarro [a César Cijanes] para que se lo fumara. Y que [al padre de Vivian, César] lo hicieron cavar su tumba. Y ahí mismo fue que le dieron unos tiros y ahí mismo lo enterraron… A mí me habían amenazado de que no fuera más por allá, que dejara de estar buscando”, cuenta.

La UBPD de Colombia lleva el caso de Víctor Cijanes, pero aún no hay resultados concluyentes. Vivian dice que espera que algún día tenga lugar una "entrega digna", aunque admite que tiene pocas esperanzas porque le dijeron que el ADN de los restos encontrados, que podrían corresponder a su padre desaparecido, se deterioró, lo que dificulta su identificación. Nunca se atrevió a poner la denuncia ante autoridades venezolanas y tan solo acudió al diario Panorama de Maracaibo, capital de Zulia, para brindar su testimonio. Hoy vive en un pueblo de Colombia y es una entre las 2,8 millones de personas forzadas a migrar desde Venezuela al país vecino.

⁠De 1993 a 2024, se tiene el registro de 3.338 venezolanos desaparecidos en toda Colombia, según datos históricos del Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec). De esa cifra, 660 desaparecieron en departamentos fronterizos con Venezuela, como La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Boyacá, Arauca y Vichada. No hay registros en el departamento de Guainía.

A Reinaldo lo lanzaron al río Catatumbo 

"La muerte se ensañó conmigo", repite Socorro Durán, mientras abraza una fotografía de Reinaldo, su hijo. A sus 81 años, ella no ha podido cumplir la promesa de dar santa sepultura a Reinaldo, o a lo que haya quedado de él. 

A Reinaldo Méndez Durán se lo llevaron los paramilitares hace 24 años de la vereda Pedregales, municipio de El Zulia, en el departamento colombiano de Norte de Santander, noreste de Colombia, contiguo a la frontera con Venezuela. A los pocos días supo que lo habían lanzado al río Catatumbo en Colombia. “No hay cuerpo. No hay tumba. No hay justicia, pero yo sigo esperando respuestas”, dice, cabizbaja.

Esa herida que le abrió la guerra en el 2001 fue creciendo. El Ejército de Colombia mató a su segundo hijo, Florentino, quien fue sepultado como no identificado en Ocaña, Norte de Santander. Tuvieron que pasar diez años para que Socorro recibiera un sobre con la correspondiente acta de defunción. “Cuando abrí el sobre sentí que la tierra se abría bajo mis pies”, recuerda.

En 2006, otra vez la violencia le arrebató al padre de sus hijos y a un nieto. Incansable, llena de dolor y de incertidumbre, no renuncia a la búsqueda de Reinaldo, que es el único de sus muertos que no tiene tumba. Entre tanto, a ella misma la han amenazado de muerte. “Sé que su cuerpo pudo ir a parar al Lago de Maracaibo [en Venezuela], pero no me importa, hasta allá iré a buscarlo”, sostiene Socorro mientras empuña su mano derecha.

La historia de esta mujer es una entre cientos que configuran un delito atroz, crónico e invisible entre Colombia y Venezuela: la desaparición forzada transfronteriza. Son 25 años de registros desde que se dio la primera incursión paramilitar.

A Elvis lo intuyen en las riberas del Torbes 

El 6 de abril del 2002, Elvis Luis Vargas, de 17 años, salió de su casa en el barrio Rosal del Norte, en Cúcuta, capital de Norte de Santander, rumbo al taller de su tío en el pueblo fronterizo de Juan Frío, al sureste de la localidad venezolana de San Antonio del Táchira. Nunca volvió. Su madre, Gladys Vargas, lo buscó en los hospitales con familiares, amigos. Su hijo adolescente llevaba puesto un overol de mecánico.

Días después, los hermanos de Gladys se reunieron para buscar la forma de contarle lo que, según averiguaron, habría pasado con Elkin: los paramilitares se lo llevaron a Venezuela, lo asesinaron y allá estaba enterrado. “Yo siento que mi hijo está allá, en el cementerio de San Cristóbal [capital del estado Táchira, a la vera del río Torbes]. Mi corazón me lo dice”, afirma con los ojos llorosos. 

En su búsqueda de respuestas sobre el destino de Elvis, Gladys Vargas llegó a carearse con los excomandantes paramilitares. Durante el proceso de la Comisión de la Verdad en Colombia consiguió hablar con Jorge Iván Laverde Zapata, El Iguano, un temido exlíder paramilitar. “A su hijo y a otros muchachos los mataron en Venezuela, hay que buscarlos allá”, recuerda Gladys que le dijo el exparamilitar.

Muchos cuerpos eran arrojados a los ríos o del lado venezolano para “borrar evidencias”, afirmó Laverde Zapata en entrevista para este reportaje: “Si no hay cadáver, no hay delito”. Según su testimonio, tal fue la “solución” que las fuerzas paramilitares adoptaron en la zona para acatar órdenes de un superior, con las que explícitamente procuraba disminuir las cifras de asesinatos en Colombia y colaborar, de ese modo, con las inquietudes del Ejército. “Para nadie es un secreto que algunos militares, yo no digo que todos porque realmente había gente que nunca quiso tener relaciones con nosotros… [Pero] para ellos no era conveniente que aparecieran muchos cuerpos”, dijo Laverde Zapata.

Laverde Zapata comandó el Frente Fronteras del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se desplegó en Norte de Santander. Para este reportaje dijo que los paramilitares entregaron a Justicia y Paz, de la Fiscalía, listados de personas desaparecidas en frontera. También enumeró las cuatro formas mediante las cuales, según él, los paramilitares se deshacían de sus víctimas mortales: las arrojaban en fosas comunes del lado colombiano, como pudo haber pasado con César Cijanes Mendoza, el padre de Vivian; las lanzaban a los ríos, como relata Socorro Durán que habrían hecho con su hijo Reinaldo Méndez; las incineraban, como lo confirman las investigaciones sobre los hornos crematorios descubiertos en Juan Frío, Norte de Santander; y los ejecutaban en territorio venezolano, de modo que fueran las autoridades de ese país las encargadas de recoger los cuerpos y no quedaran registros en Colombia, como tal vez habría sucedido con Elvis, el hijo de Gladys Vargas.

Aunque después de emitir su declaración Acto de fe por la paz en octubre de 2004, los paramilitares iniciaron una serie de desmovilizaciones que se extendieron hasta abril de 2006, el retiro de esas tropas irregulares abrió paso en Norte de Santander para otros grupos criminales, como Las Águilas Negras y Los Rastrojos, que continuaron la práctica de asesinar a personas en la frontera y ocultar cuerpos en Venezuela, según relatan los familiares buscadores de los desaparecidos en el Catatumbo. 

El exparamilitar Laverde Zapata menciona un sector conocido como La Isla, en Puerto Santander, donde grupos que llegaron luego de los paramilitares mataron personas y abandonaron sus cuerpos. Lo describe como un sitio donde “el río se parte en dos, un lado coge para Venezuela, el otro lado coge para Colombia”.

Manuel le daba sepultura “a puros huesos”

Manuel Manjarrés tiene 56 años de edad y desde los 16 ha trabajado como sepulturero en el Cementerio Municipal de San Cristóbal, capital del estado Táchira, en Los Andes suroccidentales venezolanos. Si bien no sabe de Elvis, tiene mucho para contar sobre los cadáveres que llegaban desde la frontera con Colombia.

Explica Manjarrés para este reportaje que “eran cuerpos que llegaban de Ureña, de San Antonio, de varios lados donde los encontraban, pero la PTJ [siglas de la Policía Técnica Judicial, nombre hasta 2001 del organismo detectivesco de investigaciones científicas, auxiliar del Ministerio Público en Venezuela, hoy CICPC] decía que los mataban en un lado y los dejan tirados en otro. Los mataban casi todos a tiros y los dejaban al margen del río Táchira, en la frontera. A veces los traían en los puros huesos y cómo uno iba a saber de qué murió. Esos huesos permanecían un mes en espera, para que el doctor los revisara. Se llevaba un diente o un hueso para al menos saber si era hombre o mujer”.

“Algunos llegaban descuartizados, parecían un rompecabezas”, sigue rememorando Manjarrés. “El doctor dejaba ahí [los restos] y a nosotros nos tocaba armarlo [al cadáver] y se le echaba la tierra. En esa época llegaban de cinco a seis cuerpos semanales. En 2007 nos llegó una misma camada de seis y eran muchachos jóvenes. Eso se metió en una fosa común, luego apareció el papá de uno, pero no lo podía identificar ya. Me mandó a hacerle una cruz para ponerla ahí, pero después ya no volvió”.

Por su parte, Wilfredo Cañizares, de la colombiana Fundación Progresar, le pone contexto al escalofriante relato de Manjarrés “[En 2002 comenzaron] a tener los primeros casos de venezolanos que habían sido retenidos de manera ilegal por los paramilitares, algunos de ellos asesinados en territorio colombiano, cuyos cuerpos fueron arrojados o abandonados en territorio venezolano. En otros casos fueron llevados vivos a Venezuela y asesinados allá. En algunos otros casos, pocos pero que se dieron, la acción fue coordinada con la Guardia Nacional [Bolivariana, GNB] de ese país, con quien estuviera en territorio. Ellos hacían el levantamiento y los cuerpos eran sepultados en los cementerios más cercanos donde había ocurrido el homicidio”.

Paola Andrea nunca llegó con el regalo

Paola Andrea Quiñonez Roa tenía 17 años, ojos verdes y cabellos rubios que su madre lavaba con manzanilla. Era su "princesa", su "mona". El 16 de septiembre de 2011, Día del Amor y la Amistad en Colombia, Paola llamó a su mamá para decirle que iba a visitarla con un regalo. Esta, María Braulia Roa, preparó la comida preferida de su hija y fue a recogerla a las 11:30 de la mañana a la cancha del barrio San Martín, en Cúcuta, pero pasaron las horas y su única niña nunca llegó. 

La última vez que Paola fue vista cruzaba el puente peatonal de Villa del Rosario, rumbo a San Antonio del Táchira. Esa noche su madre recibió una llamada: le dijeron que su hija había sido decapitada y arrojada en una bolsa en El Piñal, capital del municipio Fernández Feo del estado Táchira, Venezuela.

Sin todavía poder creerlo, con el corazón desgarrado, María Braulia Roa salió a buscar a su “princesa”, sin importarle que no tenía papeles para pasar a territorio venezolano. Al llegar allá pidió ayuda a las autoridades locales pero, tras buscar por muchos puntos de esa población, no encontró nada. Fue “como si la tierra se la hubiera tragado”. 

Buscó en cementerios, en morgues, en calles. Nadie le dijo nada. A los pocos días alguien afirmó haber visto a Paola llorando, golpeada y al parecer con signos de abuso en un lugar del sector de San Antonio del Táchira llamado Mi Pequeña Barinas, pero cuando esa persona volvió para prestarle apoyo, ya no estaba. María Braulia lleva 14 años en ese calvario.

A Iván lo agarraron al pasar el puente

Las guerrillas colombianas también son responsables de la desaparición forzada transfronteriza. Arauca, un territorio hoy en garras del Ejército Popular de Liberación (ELN), control que en otro tiempo también ejercieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), es una provincia colombiana plagada de muertos sin nombres. En la zona divisoria con el estado Apure, en Venezuela, hay campamentos guerrilleros con decenas de niños reclutados en contra de su voluntad, según fuentes de organismos humanitarios que, consultadas, pidieron reserva de sus nombres por encontrarse sobre el territorio en conflicto.

El río Arauca, la frontera natural entre el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure, fue cementerio de decenas de personas en los años más convulsos de la violencia, según lo confirma la Defensora del Pueblo de Arauca, Grace Serrato Salazar. “Nuestro analista de datos en la entidad, el padre Deison Mariño, nos dijo que el río era el cementerio de Arauca, porque uno veía los cuerpos flotando y muchas veces ya en avanzado estado de descomposición. ¿Y cómo saber dónde lo mataron, si fue en Venezuela o si fue en Colombia?”. 

Ese río es hoy un pasadizo peligroso. Señal de ello fue, por ejemplo, que los lancheros se negaran a transportar a una de las periodistas de este reportaje, para conocer de primera mano las historias de los venezolanos que fueron testigos de cómo la violencia colombiana se deslizó hasta invadir sus tierras. Está prohibido hacer el cruce. Y para los colegas de Venezuela, moverse por los pueblos donde ocurrieron estos hechos resulta impensable por miedo al control represivo que ejerce el régimen que gobierna el país.

De hecho, en Arauca se habla de colombianos que fueron retenidos por las autoridades migratorias venezolanas una vez cruzaron el río y de quienes, hasta el día de hoy, sus familiares no saben nada. 

Dolly García Briceño, que vive en Cúcuta, dice que a su hijo de 34 años de edad, Iván Colmenares García, lo detuvieron el primero de noviembre de 2024 en El Amparo, Apure, al cruzar el puente internacional de Arauca.

Iván es abogado y trabajaba para la ONG Corpodrinco, que atiende y orienta a migrantes venezolanos en Colombia, pero que en mayo pasado tuvo que cerrar su programa en Arauca por el recorte de presupuesto de los programas de la cooperación estadounidense a través de Usaid (siglas en inglés de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos). “Me dijeron que estaba detenido en El Helicoide [un antiguo proyecto de centro comercial, reconvertido en sitio de reclusión de los organismos de inteligencia del chavismo en Caracas] pero no hay claridad de por qué”, dice su madre, quien confirmó hace unos días a VORÁGINE que, tras cinco meses sin saber su paradero, le llegó una información de que Iván en realidad se encontraría recluido en El Rodeo 1, una cárcel espeluznante al este de la capital venezolana. Todavía siguen sin decirle las razones de su detención.

Con él son 18 los colombianos en esta misma situación. Sus familiares han acudido al Ministerio de Relaciones Exteriores, en Colombia, para que les ayuden a buscarlos, pero poco han logrado.

A Raúl se lo llevaron los guerrilleros

Del otro lado de la frontera fluvial ocurrió hace 19 años una desaparición que habría sido perpetrada por la guerrilla de las FARC. A Raúl Esneider Morales Quiroga se lo llevaron hombres armados que iban a bordo de una camioneta en la localidad de El Amparo, en el municipio Páez del estado de Apure, Venezuela, cuando acababa de cruzar el río. Eso ocurrió en 2006, según cuenta su hermana, Clara Leydi Morales, quien desde entonces busca cualquier información que dé con el paradero de su familiar.

“Con mi papá fuimos a un campamento de la guerrilla de las FARC [en territorio venezolano] a hablar con esa gente varias veces. A los seis meses avisaron que lo habían mandado a agarrar [a Raúl]. No nos dijeron nada más. Mi papá recurrió entonces al ejército de nuestro país, fue hasta un puesto de control militar en La Charca, sector de El Nula, estado Apure, y contó lo ocurrido esperando una respuesta. No pasó nada”. 

Los padres de Clara Leidy son ciudadanos colombianos nacidos en Boyacá -departamento del altiplano central de Colombia- que se fueron a buscar un mejor futuro en Venezuela. “Todos, los siete hermanos, nacimos aquí en Venezuela. Mi papá murió sin volver a ver a su hijo [Raúl], y mi mamá de 77 años está enferma y depresiva desde entonces”. Raúl, el desaparecido, tenía una cooperativa de servicios de soldadura y dejó dos hijos.

“En toda esta frontera el conflicto armado va y viene. Los armados están allá, están aquí. Tuvimos paramilitares, el temible Bloque Vencedores de Arauca. Esa dinámica violenta se exacerbó en los años 2005, 2006 y 2010, cuando se enfrentaron las FARC con el ELN por el control territorial. Hubo un éxodo de gente de Colombia hacia Venezuela. Los grupos se dieron cuenta de eso y empezaron a extorsionar y a coger gente por la fuerza en la frontera. Hay muchas personas que desaparecieron haciendo ese recorrido”, dice la defensora local, Serrato Salazar.

Los restos de Brenda por fin aparecieron 

Como se dijo al comienzo de esta entrega, Breliacnis Lara culminó hace poco una búsqueda que le robó 13 años de su vida. El 10 de marzo de 2025 recibió los restos de su madre, Brenda María Marín Lara, quien tenía 38 años cuando desapareció.

“Ella siempre se movía entre Colombia y Venezuela, atravesaba la frontera con Arauca permanentemente. Yo estaba pequeña cuando ella se fue. Nos dijo que iba a trabajar, y a mi hermano y a mí nos llevaron a vivir con el abuelo. Después nos mudamos a Oriente, al estado Monagas. Desde muy pequeños nos comenzaron a amenazar. Yo tenía como 14. No sabíamos qué pasaba. Ya cuando estábamos más grandes nos dijeron que era que mamá se había ido a la guerrilla colombiana y se movía por los lados de Pueblo Nuevo, más abajo de Tame, en Arauca. Con el tiempo migramos a Colombia. Vivir en Venezuela con tanta pobreza no era posible. Entonces, [en Colombia] reactivé la búsqueda de mi mamá”, cuenta Breliacnis.

La información de que en unos combates en Arauca habían muerto varios guerrilleros, entre quienes estaba su madre, y que los cuerpos habían sido enterrados sin identificar, llegó a Breliacnis. “Yo fui a Bogotá y empecé los contactos con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). Un día me llamaron porque la habían identificado y nos iban a entregar sus restos”.

El reciente 10 de marzo, Breliacnis y demás familiares acudieron a la “entrega digna”, como la UBPD llama a estas ceremonias. Elba Sánchez Rosas, coordinadora de la unidad en Arauca, dijo que el reconocimiento de los restos se hizo tras la intervención del cementerio principal. “Ha sido un trabajo complejo pero es el proceso a seguir. La búsqueda debe comenzar por ahí, por los campos santos a donde trasladaron durante décadas cuerpos sin identificar. Yo quisiera que los gobiernos de ambos países acordaran una estrategia de búsqueda humanitaria también en los cementerios de Venezuela, donde seguro hay colombianos sepultados sin nombre”.

“Donde hubiese un espacio vacío metíamos los cuerpos”

Un hombre que fue sepulturero en Apure cruzó el puente limítrofe sobre el río Arauca que comunica ese estado llanero de Venezuela con la capital araucana, en Colombia, el 14 de mayo del 2025. Lo hizo para compartir con los reporteros la historia que le tocó vivir. “A nosotros nos tocó enterrar gente en el cementerio. Donde hubiese un espacio vacío metíamos cuerpos sin preguntar por qué aparecían abandonados. Si allá [en Venezuela] hicieran lo que andan haciendo acá en este país [Colombia], seguro muchos familiares tendrían respuestas”, dijo.

El sepulturero pidió que no se publicara su nombre. Es un hombre mayor que todavía asume riesgos y se rebela contra el confinamiento impuesto por la guerrilla en algunos puntos fronterizos de ambos países. “Ellos se pasan de aquí para allá. Hay un campamento allá [y señala hacia Venezuela]. Tienen controlado el uso del internet, por eso no pudimos hablar por ahí. Dicen hasta a qué hora la gente tiene que encerrarse. Ellos mandan. Ahora es peor”.

El sepulturero deja ver el miedo instalado en el territorio y también pone sobre la mesa un tema caliente del que nadie quiere ocuparse, el hecho de que el grupo guerrillero ELN delinque en ambos países por igual.

Kleiver Andrey se esfumó hace poco

Kleiver Andrey Ramírez Acuña cruzó el río Arauca desde Colombia hacia la localidad de El Amparo, para visitar a su novia venezolana. Horas después, la muchacha llamó a la abuela de su novio para decirle que él no había llegado. Desde el 6 de marzo de 2025 nadie sabe nada del joven de 17 años, que se acababa de graduar de bachiller en 2024. 

Kiara Acuña, mamá de Kleiver, cuenta desde la humilde casa de la abuela del joven, en el barrio Libertadores de Arauca, que los últimos mensajes que su hijo le escribió a la novia eran confusos. “Daba a entender que estaba en peligro. Se estaba como despidiendo de ella. Ella me envió las capturas de pantalla. Yo hablé con el amigo con el que mi hijo estuvo por última vez. Es un muchacho al que le dicen El gordo, quien me dijo que había dejado a Andrey en el puesto de la canoa para cruzar a Venezuela, pero yo siento que él sabe algo más”.

La mujer dio a conocer en redes sociales la desaparición de su hijo “y comenzaron a llegarme mensajes al celular de un número desconocido. Me decían que si seguía publicando no iba a encontrar ni el cuerpo de mi hijo. Me dijeron que eliminara todo y que, si no, me iban a apretar”. Kiara extiende el celular para mostrar los mensajes amenazantes que guarda con celo.

Un par de días después de lo sucedido con Kleiver, otro joven de Arauca desapareció. En el barrio hay varias historias de ausencias obligadas que las madres no quieren reportar a las autoridades porque tienen miedo. Todos son jóvenes, todos iban a cruzar el río. Los rumores en el barrio de atmósfera pesada aseguran que a los muchachos los está reclutando la guerrilla, a la que se refieren como “el actor armado”, así, sin nombre propio, para evitar represalias. 

Kiara fue hasta Saravena, un municipio del departamento de Arauca. Desde allí “mandé mensajes a la guerrilla de que si tienen a mi muchacho que me lo devuelvan. El día que fui se habían llevado a dos jóvenes”. Cruzó varias veces el río Arauca para ir a El Amparo. “Fui hasta Guasdualito, que queda a 30 minutos de El Amparo, hasta que alguien se acercó a decirme que no me siguiera arriesgando tanto”. 

El miedo manda

“En esta capital tenemos un reporte, desde el 2022, de más o menos 120 personas desaparecidas, sobre las que al día de hoy no sabemos. Es un número alto”, refiere la defensora local, Grace Serrato. Los números, la estadística del horror.

En Arauca el miedo borbotea como sangre por la herida. Llegar a la ciudad y recorrerla es como viajar en el tiempo y sentir que nuevamente se está habitando aquella época en que mataban hasta a cinco personas por día. La gente en la calle saluda con cuidado cuando se trata de un foráneo y recomienda a los periodistas hablar bajito en los hoteles, porque no se sabe quiénes son los huéspedes de los cuartos contiguos. La desconfianza es absoluta. 

Las entidades colombianas -UBPD, JEP y Unidad de Víctimas- han insistido en un plan binacional entre Colombia y Venezuela para buscar en cementerios fronterizos y acceder a registros forenses. Pero la falta de voluntad política ha detenido toda posibilidad de trabajo conjunto. Mientras tanto, las madres siguen buscando. Porque aún sin cuerpo, sin respuestas y sin justicia, hay algo que ningún grupo armado ha podido desaparecer: la esperanza.