La cuenta en Credit Suisse fue abierta el 20 de junio de 2007 a nombre de la sociedad Layla Assets Corp., que se había constituido nueve días antes en Panamá. Los depósitos en esa cuenta superaron los 1,3 millones de francos suizos en noviembre de 2015 (alrededor de 1,33 millones de dólares al cambio de la época).

Un portavoz de Luis Alfonso de Borbón, que pidió no ser mencionado, admitió que Luis Alfonso, también Duque de Anjou, tenía firma autorizada en la cuenta de Credit Suisse, pero añadió que “jamás la utilizó, nunca realizó ningún movimiento ni disposición”. La única propietaria del dinero, explicó, era su mujer. Aunque están casados en régimen de gananciales -estatus contemplado en la normativa española por el que los bienes de los cónyuges, previos al matrimonio, permanecen separados, pero aquellos que se obtengan después formarán parte de un patrimonio común- , ello no excluye que existan propiedades con carácter privativo de Margarita Vargas, como, por ejemplo, las donaciones hechas por su padre.

La información sobre la cuenta suiza del matrimonio Borbón-Vargas forma parte de la investigación periodística Suisse Secrets, basada en una filtración que una fuente anónima entregó hace más de un año al periódico alemán Süddeutsche Zeitung. Contiene datos sobre más de 18.000 cuentas abiertas en el banco Credit Suisse. En la investigación han participado 48 medios y 163 periodistas de todo el mundo, coordinados por la organización Occrp (siglas en inglés del Proyecto de Reportería del Crimen Organizado y la Corrupción) y el Süddeutsche Zeitung de Múnich. InfoLibre, autor del presente reportaje, es el único medio español que forma parte de este proyecto. Por Venezuela, participan Armando.info y Efecto Cocuyo.

La empresa Layla Assets Corp. quedó incorporada el 11 de junio de 2007. Constituida formalmente por testaferros, la propietaria desde el principio fue Margarita Vargas. Así lo indica el portavoz autorizado de Luis Alfonso de Borbón a quien infoLibre planteó diversas preguntas sobre el patrimonio y los negocios del matrimonio. Ese portavoz achaca al padre de Margarita, Víctor Vargas, la decisión de constituir la sociedad de Panamá: “Cuando su padre constituyó Layla, Margarita era estudiante de grado y no controlaba ese tipo de asuntos”. El día que la compañía panameña inició sus operaciones, Margarita Vargas tenía 23 años de edad y llevaba dos años y medio de casada.

El portavoz de Luis Alfonso de Borbón sostiene que la cuenta en Credit Suisse fue cerrada en 2017. “En aquel momento en la cuenta ya había una cantidad muy pequeña, tanto que Credit Suisse invitó a Margarita a cancelarla, porque el banco suizo no mantiene abiertas las cuentas con saldos tan bajo. Así que Margarita Vargas realizó una transferencia de ese dinero a su banco en España”. Lo cierto es que un año antes, en junio de 2016, en la cuenta de Credit Suisse había más de 1,2 millones de francos suizos (unos 1,18 millones de dólares), según los datos consultados por infoLibre.

Consultado al respecto para este reportaje, el portavoz aseguró que el matrimonio “siempre ha incluido en sus declaraciones de la renta tanto el dinero de Credit Suisse como el resto de bienes”. Ni tener una empresa en Panamá ni disponer de una cuenta en un banco suizo constituyen hechos irregulares, siempre que los activos sean declarados ante la agencia tributaria correspondiente a la residencia fiscal de sus tenedores.

En 2017, precisamente, dejaron de figurar los testaferros al frente de la empresa panameña, de forma que la pareja pasó a administrar la sociedad no solo de hecho, sino también en los documentos. Margarita Vargas fue designada presidenta de Layla Assets Corp., mientras que Luis Alfonso de Borbón asumió los cargos de director y tesorero, según consta en el Registro Mercantil de Panamá.

El 17 de abril de 2021, Layla Assets Corp. quedó disuelta. Como se verá más adelante, Panamá se había convertido en una jurisdicción problemática para la familia Vargas después de que en 2019 colapsara el Allbank de ese país, propiedad del magnate venezolano. Un banco entre cuyos directivos estaba Luis Alfonso de Borbón.

Defina “efectivo metálico”

En los primeros años del matrimonio, la pareja estableció su domicilio en Venezuela. Allí empezó a trabajar Luis Alfonso de Borbón a las órdenes de su suegro. Víctor Vargas Irausquín es dueño de un potente holding de empresas que tiene como cabecera al grupo financiero Banco Occidental de Descuento (BOD). Así que ahí colocó a su yerno, quien en 2005 empezó a ejercer como Vicepresidente Internacional de BOD.

En 2010, la pareja trasladó su residencia a España. Y dos años después decidió constituir su primera empresa conjunta en este país. Para que el nuevo emprendimiento pasara inadvertido, se diseñó la siguiente operación: una mercantil panameña constituyó el 28 de marzo de aquel año en Inglaterra la sociedad Mella Limited, de la que, un mes más tarde –el 30 de abril–, Luis Alfonso de Borbón se convirtió en accionista único; ese mismo día, Mella Limited compró todas las participaciones de una sociedad española que se llamaba Emporio 2012 SL. En otoño de aquel año, le cambiaron el nombre a esta última empresa y la denominaron Borvar Inversiones SL, una marca híbrida conformada con las primeras sílabas de los dos apellidos de la pareja (Borbón y Vargas). 

Borvar Inversiones se convirtió en la vía de entrada en España de cuantiosos fondos del matrimonio. En concreto, desde 2014 hasta 2019, Borbón y Vargas ingresaron en su empresa al menos 7,15 millones de euros (algo más de 8,8 millones de dólares). 

Los movimientos más llamativos se produjeron a comienzos de 2017, cuando, en poco más de seis semanas, la empresa realizó dos ampliaciones de capital por un importe total de 3,61 millones de euros (alrededor de 3,9 millones de dólares). ¿Y cómo llegó ese capital a la sociedad? En los documentos oficiales del Registro Mercantil de Madrid se indica literalmente lo siguiente: “Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú (...) asume un millón ochocientas diez mil nuevas participaciones sociales (...) por su valor nominal conjunto de € 1.810.000, que aporta en efectivo metálico”. Esa es la referencia de la ampliación realizada el 13 de enero. La del 28 de febrero es idéntica, salvo una variación mínima en la cantidad, que en esa segunda ocasión fue de 1,8 millones de euros. Pero también consta que el bisnieto de Franco aportó ese dinero “en efectivo metálico”. En ambos casos, según las escrituras, el dinero se ingresó en una cuenta que la sociedad tenía en el Banco Pastor.

Cinco meses más tarde, el 3 de julio de 2017, Borvar Inversiones realiza otra ampliación de capital. Esta vez el importe son 275.000 euros (cerca de 312.600 dólares) y de nuevo consta que “la totalidad de las aportaciones ha sido ingresada en efectivo metálico de curso legal en cuenta abierta a nombre de la sociedad, en una entidad de crédito, tal como resulta de la certificación expedida por la entidad Banco Sabadell”.

Al ser preguntado por este hecho, el portavoz de Luis Alfonso de Borbón responde que la expresión “en efectivo metálico” no debe entenderse bajo ningún concepto como que dichas cantidades se ingresaron en billetes en las respectivas oficinas bancarias: “Todos los ingresos en Borvar Inversiones se realizaron mediante transferencias, nunca en efectivo metálico. Y todos los ingresos han sido siempre declarados y justificados”. Y respecto al origen de los fondos, el portavoz especifica que “todos ellos proceden de los emolumentos de Luis Alfonso de Borbón correspondientes a su trabajo en el grupo financiero Banco Occidental de Descuento y de dinero que Víctor Vargas había donado a su hija Margarita”.

En otras palabras: de acuerdo con la versión oficial del bisnieto de Franco , cuando en la escritura otorgada ante un notario e inscrita en el Registro Mercantil se lee la expresión “en efectivo metálico”, en realidad hay que entender que se trata de una transferencia bancaria.

Sin embargo, en la siguiente ampliación de capital de la compañía, ejecutada el 14 de diciembre de 2018 por un importe de 1,14 millones de euros (equivalentes a unos 1,29 millones de dólares), en la escritura sí se hace alusión explícita a una transferencia bancaria. El dinero lo aportó en esa ocasión Margarita Vargas. Del monto, 750.000 euros correspondían a una “transferencia bancaria a la cuenta de la sociedad”, y 390.000 euros ingresaron mediante una “compensación de créditos”.

Hay que destacar que las cuatro escrituras mencionadas fueron autorizadas por el mismo notario de Madrid, de forma que todo apunta a que se trata de un profesional que usa en casos distintos los conceptos de “efectivo metálico” y “transferencia bancaria”, y no los utiliza como si fueran sinónimos.

La mayor parte de los fondos que llegaron a Borvar Inversiones se destinaron a la adquisición de un inmueble en una zona residencial conocida como La Finca, que es probablemente la más exclusiva de Madrid y sus alrededores. En octubre de 2012, la pareja Borbón-Vargas compró la parcela de 8.037 metros cuadrados a uno de los futbolistas más famosos de España, el exguardameta del Real Madrid y de la selección española -para entonces, campeón mundial vigente-, Iker Casillas. Y sobre ese terreno se levantó un chalé de tres plantas –sótano, baja y primera–, con una superficie total construida de 1.425 metros cuadrados.

En julio de 2019, el matrimonio decidió transferir la titularidad del chalé desde una persona jurídica, la sociedad Borvar Inversiones, a cada uno de los integrantes de la pareja, como personas naturales. El inmueble fue valorado en ese momento en 9,17 millones de euros (alrededor de 10,3 millones de dólares). A Margarita Vargas se le adjudicó 68,33% de la propiedad, y a Luis Alfonso de Borbón, 31,67%. La distribución accionaria obedecía a la proporción del dinero ingresado como privativo de Margarita Vargas y como patrimonio común, ya dentro del matrimonio.

Al ser preguntado por la razón de ese cambio en la titularidad del inmueble, el portavoz del bisnieto de Franco indicó lo siguiente: “Cuando adquieren dicha propiedad, Luis Alfonso y Margarita no tenían certeza sobre qué uso le querían dar, si irían a vivir allí o sería una inversión. Una vez que tomaron la decisión definitiva de residir en dicha propiedad, por razones fiscales se consideró que lo más oportuno era que estuviese a nombre de ellos como personas físicas, ya que eran quienes estaban disfrutando del chalé”.

Efectivamente, si una persona natural reside en una vivienda que pertenece a una empresa (aunque esta persona jurídica sea suya), para cumplir con Hacienda es necesario que exista un contrato de alquiler entre ambas partes fijado a precio de mercado. La agencia tributaria española pretende así evitar que se utilicen sociedades mercantiles de forma fraudulenta para reducir la factura fiscal. Quiere decir que, en julio de 2019, el matrimonio Borbón-Vargas pasó a cumplir con la normativa tributaria. Pero, hasta entonces, estuvo viviendo durante un lustro en un chalé a nombre de una sociedad, lo que abre una incógnita sobre cómo se reflejó esa operación en sus declaraciones de renta y sociedades.

Quiebras de sangre azul

La fuente principal de los ingresos de Luis Alfonso de Borbón y de su mujer, tal y como ellos mismos admiten, tiene un nombre: Víctor Vargas Irausquín, el banquero de Chávez, dueño del grupo financiero Banco Ocidental de Descuento (BOD). 

Entre 2005 y 2019, BOD fue una caudalosa fuente de ingresos para la familia Borbón-Vargas, pero ese último año también se convirtió en un quebradero de cabeza. El BOD, además de ser unas de las principales entidades financieras de Venezuela, contaba con cuatro filiales en otros países: Allbank en Panamá, Banco del Orinoco en Curazao, BOI en Antigua y Bancamérica en República Dominicana. Dos de esas entidades quebraron. A principios de septiembre de 2019, las autoridades de Curazao, una nación insular y virtual paraíso fiscal en el Caribe, excolonia neerlandesa frente a las costas venezolanas, ordenaron intervenir el Banco del Orinoco, así como la extinción de su licencia para operar. Esa medida obligó a actuar de forma inmediata a la Superintendencia de Bancos de Panamá –el regulador bancario de este país–, puesto que parte de los fondos de AllBank estaban colocados en el Banco del Orinoco. Antes de final de aquel 2019, las autoridades de Curazao y Panamá ordenaron liquidar los respectivos bancos. El regulador de Venezuela, Sudeban, también ordenó intervenir a puertas abiertas el banco de Vargas en el país, el BOD, que todavía hoy opera.

Luis Alfonso de Borbón actúa como Vicepresidente Internacional del BOD. No solo está en la Junta Directiva de la matriz venezolana del grupo financiero, sino que también entró en el consejo de las dos sociedades montadas en Panamá: All Financial Group Corp. y AllBank Corp. La Superintendencia panameña, en la resolución por la que intervino Allbank, denunció que la entidad contaba con “un sistema de controles internos no adecuados y una gestión de la Junta Directiva no acorde a los riesgos que encara el banco”. 

Los clientes perjudicados por las quiebras de ambas entidades financieras pusieron pronto en la mira a Luis Alfonso de Borbón. De acuerdo con sus denuncias, era conocido como El Príncipe y funcionaba como gran reclamo publicitario de Víctor Vargas para atraer clientes al BOD. Y es que además de bisnieto de Franco por parte materna, Luis Alfonso de Borbón también es bisnieto por parte paterna de quien fuera rey antes de la llegada de la Segunda República, Alfonso XIII. Se considera legítimo heredero al trono de Francia, majestad que la Casa de Orléans le disputa, aunque no parece que entre las prioridades de los franceses a corto plazo se encuentre la de reinstaurar la monarquía. Lo que está fuera de toda duda es que El Príncipe hace gala de sus aspiraciones: en su boda con la hija de Vargas, celebrada en 2004 en La Romana, sureste de la isla de La Española, llevaba uniforme de Bailio de la Gran Cruz de la Orden de Malta, distinción reservada a jefes de Estado y de casas reales. Unas ínfulas que no gustan demasiado en el Palacio de la Zarzuela, la residencia oficial de la casa real española en Madrid. Aunque Luis Alfonso de Borbón es primo segundo del actual rey, Felipe VI, ningún miembro de la familia real fue a aquella boda celebrada en República Dominicana. Se perdieron actuaciones en directo de Los del Río, David Bisbal y Juan Luis Guerra. Y también una misiva personal del Papa Juan Pablo II dirigida a los novios.

En medios de prensa se publicaron declaraciones de clientes de las filiales quebradas del BOD quejándose amargamente de Luis Alfonso de Borbón: “Mandamos todos nuestros ahorros al Banco del Orinoco. Lo hicimos, entre otras cosas, por las garantías que nos daba ver a un noble al frente, alguien que salía en las revistas”.

El portavoz de Luis Alfonso de Borbón, en relación con las preguntas sobre su papel en el BOD, intenta quitarle importancia: “Aunque formase parte de la Junta Directiva o de los consejos de dichas entidades financieras, en ningún caso tuvo poder ejecutivo. Su función era puramente comercial, representativa. Cada dos meses, aproximadamente, se desplazaba a Venezuela y mantenía reuniones con los clientes que le indicaban. Pero jamás estuvo entre las personas que tomaban las decisiones en el grupo financiero”. 

Dicho portavoz añade que, pese a los dos años transcurridos desde las quiebras del Banco del Orinoco en Curazao y de Allbank en Panamá, “Luis Alfonso de Borbón no tiene constancia de ninguna actuación judicial que le implique, ni civil ni penal. No ha recibido ninguna notificación en ese sentido”.

En cualquier caso, atrás quedaron los tiempos de ir luciendo el apellido Borbón por las Américas o de jactarse de riqueza, como hacía el suegro en una de las biblias periodísticas del capitalismo: "La gente escribe historias de mí diciendo que tengo un Ferrari, un avión y un yate. Pero no es verdad. Tengo tres aviones, dos yates y seis casas. ¡He sido rico toda mi vida!", declaró Víctor Vargas en una entrevista en 2008 con The Wall Street Journal, en la que se definió como “un socialista en el sentido real de la palabra”. Como politólogo no consta que tenga obra escrita, pero de lo que sí hay abundante documentación es de la forma en que Víctor Vargas adquiere esas propiedades de las que presume. Armando.info develó, por ejemplo, que su última gran compra inmobiliaria, la villa La Serenísima en República Dominicana, le costó 44 millones de dólares, y que para la transacción se diseñó una complejísima trama societaria que pasaba por Panamá, Estados Unidos, Barbados, Islas Vírgenes Británicas, España y Reino Unido. El vendedor era Gustavo Cisneros, otro de los principales multimillonarios venezolanos.

La conexión franquista

Puede que, como sostenía un emperador romano, el dinero no huela; pero lo que es seguro es que para algunos no tiene ideología. Luis Alfonso de Borbón debe ser uno de ellos. Reconocido franquista, lleva más de tres lustros viviendo del dinero amasado por su suegro, cuyos negocios florecieron durante los años de gobierno de un comandante revolucionario, Hugo Chávez.

Luis Alfonso de Borbón es desde hace cuatro años presidente de honor de la Fundación Francisco Franco, entidad cuya misión principal es hacer apología del dictador filofascista y general golpista, que gobernó España con mano de hierro desde 1939 hasta su muerte en 1975. Cuando el gobierno de Pedro Sánchez decidió exhumar en 2018 el cadáver de Franco, sepultado hasta entonces en una tumba en el sitio conmemorativo del Valle de los Caídos, Luis Alfonso de Borbón acaparó el protagonismo público como portavoz de los herederos del dictador, que se oponían al traslado. Entre otras afirmaciones, aseguró que el templo franquista del Valle de los Caídos representaba en realidad “la reconciliación de las dos Españas” y predijo que “la Historia castigará a quien profane este templo grandioso”, en referencia a la exhumación del cadáver de Franco.

Años antes había mostrado públicamente sus inclinaciones ideológicas en una entrevista para el semanario francés Paris Match. Fue en 2010 cuando describió así a Franco, jefe de los militares sublevados que precipitaron la guerra civil española en 1936, y posterior dictador durante cuatro décadas: "Creó la clase media española, plantó bosques, hizo lagos y carreteras, e impidió que el país entrara en guerra y que el comunismo se instalara. Evidentemente, se produjo la guerra civil, pero él no la había querido". En otras ocasiones ha acaparado titulares por sus declaraciones contra el matrimonio homosexual.

Luis Alfonso de Borbón también ha sido durante algunos años administrador de parte del patrimonio amasado durante décadas de expolio por su bisabuelo. Dos de las principales empresas creadas por la familia Franco para gestionar su herencia fueron Fiolasa SL y Sargo Consulting SL. Constituidas en 2002, al frente estaban dos consejeros delegados solidarios: Carmen Franco Polo, hija del dictador, y Luis Alfonso de Borbón. Y es que este, después de que falleciera su padre en un accidente de esquí y su madre se fuera a vivir a París con su nueva pareja, creció estrechamente ligado a su abuela, Carmen Franco. Hasta el punto de que esta lo eligió para administrar con ella esas dos empresas familiares cuando su nieto apenas tenía 28 años. Luis Alfonso de Borbón dejó de ser consejero delegado de Fiolasa y de Sargo Consulting en 2006, un par de años después de su matrimonio con la hija del banquero de Chávez. Como administradora única quedó Carmen Franco, hasta su muerte en 2017. Ella era también la presidenta de la Fundación Francisco Franco, puesto en el que le sucedió Luis Alfonso de Borbón.

Dada su ideología, no puede extrañar tampoco la buena relación que Luis Alfonso de Borbón mantiene con Santiago Abascal, el líder de Vox, el ascendente partido de ultraderecha populista en España. Sin embargo, su contacto más estrecho en el partido es su vicepresidente económico, Víctor González Coello de Portugal. Amigos desde la infancia, también han compartido negocios. Ambos fueron administradores solidarios de la empresa Servicio Integral del Taxi SL, constituida en 2010 y que fue liquidada cinco años más tarde.

Pero no es el único vínculo empresarial entre Luis Alfonso de Borbón y los negocios de los Coello de Portugal. En 2017, el bisnieto de Franco adquirió 25% de las acciones de la sociedad Villalar 2001, administrada primero por la madre de Víctor González y después por un hermano. 

Esa inversión la realizó Luis Alfonso de Borbón a través de una empresa que constituyó en Luxemburgo en 2016, denominada Mella SA, nombre idéntico a la que había creado cuatro años antes en Inglaterra. No tuvo una vida demasiado larga, ya que la compañía del Gran Ducado fue disuelta en 2020. En ese momento era accionista de Villalar 2001 y de otras dos empresas españolas: Reto 48 España 2015 SL y Spanish Influencers 2017 SL. La primera se dedica a la explotación de centros deportivos y sigue activa, mientras que la segunda, que se promocionó como “el primer portal español para unir a las empresas y la influencia de las celebrities”, ya no cuenta con una página web operativa (aunque la compañía sigue inscrita en el Registro Mercantil).

Existe un último vínculo público conocido entre Luis Alfonso de Borbón y los Coello de Portugal, según develó la Cadena Ser. El primero es presidente y fundador de la asociación ultracatólica Cura Infirmorum et Natura-Seminare, que comparte sede con una empresa del vicepresidente de Vox y otras cuatro sociedades de su familia. La madre y un hermano de Víctor González también figuran entre los patronos y fundadores de Cura Infirmorum.

Defina “centro deportivo”

Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas Santaella han creado otras empresas en España, algunas tan recientes como Eco-Lys Recycling SL, constituida el 29 de septiembre de 2021. El bisnieto de Franco es presidente de la sociedad y suscribió 25% del capital, el mismo porcentaje que Tomas Martínez-Bordiú Ochoa, un primo segundo suyo. El objetivo es hacer negocio con el reciclaje de residuos, para lo que se han unido a un empresario granadino con alguna experiencia previa en el sector, Francisco Luis García Montero.

La primera experiencia empresarial de Luis Alfonso de Borbón de la que existe constancia en el Registro Mercantil se llama Borcorel SL, creada en 2000 para la gestión de bienes inmuebles, y de la que era administrador solidario junto a Amparo Corell. La empresa jamás presentó sus cuentas y no hay rastro de su posible actividad.

Tampoco triunfó Luis Alfonso de Borbón con International Transaction System SL, de la que fue socio y administrador único desde su fundación en 2011 hasta su extinción en 2020.

Una última compañía donde se puede rastrear su presencia es Amintas Moraleja SL, creada en 2018 y donde consta como apoderado. La administradora única es su amiga Sara Álvarez Freixas, que también gestiona Reto 48 España 2015, de la que ambos son socios. Las dos compañías se dedican a la explotación de instalaciones deportivas. Tienen dos gimnasios, aunque a Luis Alfonso de Borbón no le gusta este término, según le explicó al diario ABC de Madrid cuando abrió su primera instalación: “No es un gimnasio, es un centro deportivo, en el que asociamos entrenamiento, nutrición y tratamientos de estética, que forman parte del reto”.

Margarita Vargas, por su parte, tiene dos sociedades mercantiles en España. En 2014 creó La Lechuza Caracas SL, el mismo nombre del club de polo venezolano del que su padre es propietario. Con un capital de 150.000 euros (alrededor de 170.000 dólares), su objeto social es la cría de caballos y la enseñanza de la equitación. Por cierto, según consta en la escritura de constitución, esa cantidad fue de nuevo “ingresada en efectivo metálico de curso legal en cuenta abierta a nombre de la sociedad” en el Banco Santander.

En 2019, Margarita Vargas fundó Tip Top de Le Orle 2019 SL. El nombre se corresponde con el de uno de los caballos propiedad de la hija del banquero. En 2020, La Lechuza Caracas se convirtió en la principal accionista de esta compañía, al suscribir una ampliación de capital de 807.000 euros (alrededor de 903.000 dólares, según el cambio de la época). Lo hizo mediante una aportación no dineraria de cuatro caballos, valorados en conjunto en 772.000 euros. Los 35.000 euros restantes corresponden a otros bienes.

Las dos sociedades de Margarita Vargas tienen su domicilio en el chalé familiar en La Finca.

La historia empresarial del matrimonio formado por el bisnieto de Franco y la hija del banquero de Chávez incluye la creación de sociedades en Panamá y Luxemburgo, la quiebra de dos entidades financieras en América y el ingreso de 3,88 millones de euros en “efectivo metálico” en una compañía española cuyo nombre está formado por la primera sílaba de sus dos apellidos. Una historia donde también hay espacio para una cuenta en Credit Suisse, ligada a la empresa de Panamá, que llegó a tener en 2015 un saldo de 1,31 millones de francos suizos.

El 2 de septiembre de ese año, el cese de la licencia para operar en Curazao y posterior liquidación del Banco del Orinoco NV y, una semana más tarde, la intervención y cierre del Allbank de Panamá, golpearon debajo de la línea de flotación el esquema de reciclaje de fondos que Vargas mantenía a través de un rosario de bancos en el Caribe, muy parecido a una pirámide, en el que el dinero fresco que entraba a una entidad ayudaba a taponear los huecos de las otras.

Desde entonces, el banquero barinés ha empeñado toda su capacidad de influencia para asegurar in extremis la continuidad de operaciones de los bancos BOI de Antigua, Bancamérica de República Dominicana y BOD de Venezuela. A la vez, ha tenido éxito en bloquear hasta ahora la apertura de causas judiciales en su contra.

Pero el muro de contención empieza a agrietarse. En redes sociales circulan versiones, cada vez más insistentes y explícitas, sobre una inminente fusión del BOD con Bancamiga -un banco universal de explosivo crecimiento en los últimos años- y Sofitasa, una entidad regional del estado Táchira. La supuesta transacción, refutada por al menos una de las partes mencionadas, tendría sus puntos a favor: ofrecería a Bancamiga nuevas e instantáneas oportunidades de expansión en el mercado venezolano, mientras estabilizaría al BOD, acosado por constantes denuncias de mal funcionamiento y por el fantasma de la iliquidez, y que sigue intervenido a puertas abiertas por las autoridades de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), el regulador estatal.

Entre tanto, fuentes en Panamá aseguran que la Fiscalía contra el Crimen Organizado se dispone a solicitar medidas de privación de la libertad contra Vargas. En ese país y en Curazao, acreedores del Allbank y el Banco del Orinoco han radicado demandas civiles para recuperar sus fondos, iniciativas a las que apenas consiguió apaciguar por unas semanas el anuncio en mayo pasado de que el Orinoco y sus 1.900 acreedores -entre ellos, casi 1.500 cuentahabientes- habían alcanzado un acuerdo de pago. De haber tal acuerdo, sus términos no se han cumplido por el momento, lo que transgrede por mucho el plazo que los boletines de prensa de Vargas habían establecido para su culminación: a más tardar, julio de 2021.

Bajo esa presión sostenida, la tercera línea de defensa que le queda por preparar a Vargas es la de poner algunos de sus más valiosos activos lejos del alcance de los acreedores y de los tribunales que accedan a restituir los fondos de aquellos mediante la incautación y venta de las propiedades del presunto deudor.

A Vargas se le ha descrito como refugiado en República Dominicana. Un rumor que corre entre la creciente comunidad empresarial venezolana en Quisqueya -que incluye tanto a negociantes ahuyentados por el chavismo, como a otros que hicieron fortuna con el régimen de Caracas-, asegura que el otrora boyante banquero pide efectivo prestado a sus más cercanos para sufragar sus gastos diarios. Fuentes que no guardan simpatía por Vargas desdeñan la versión, atribuyéndola a una especie que el propio magnate habría echado a correr.

No obstante, fuentes conocedoras confirmaron a Armando.info que Vargas pasa los días de la presente temporada decembrina en Venezuela, entre su mansión en el Country Club de Caracas y el estado Falcón, donde mantiene una hacienda agropecuaria con cancha de polo, su pasatiempo preferido.

Lo irónico es que, a la hora de salvar los (in)muebles y librarse de las liquidaciones judiciales, Vargas habrá de hacer esfuerzos especiales por conservar su valiosa guarida en Dominicana, una de las últimas adquisiciones de su era dorada: la villa La Serenísima, en el complejo turístico Casa de Campo, cerca de La Romana, sobre la costa suroccidental de República Dominicana.

Por esa residencia y su parcela de un poco más de 38.000 metros cuadrados, Vargas acordó en 2015 pagar al menos 44 millones de dólares, monto que completó en abonos parciales hasta 2017. El monto es el que aparece en un informe rendido en diciembre de 2015 por el bufete Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal) ante la Superintendencia de Bancos de Panamá. Solo esa cantidad bastaría para satisfacer las demandas de muchos acreedores.

Documentos incluidos en los Pandora Papers, la filtración masiva de 11,9 millones de archivos procedentes de 14 proveedores de servicios offshore obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés) y compartida con más de 600 reporteros de 150 medios en 117 países, entre ellos, Armando.info de Venezuela, permiten ahora comprobar fuera de cualquier duda cómo Vargas adquirió esa propiedad de otro multimillonario venezolano, Gustavo Cisneros Rendiles, a través de un fideicomiso constituido en Panamá y mediante un elaborado esquema internacional de empresas cascarón con ramificaciones en el propio istmo, así como en Estados Unidos, Barbados, Islas Vírgenes Británicas, España y Reino Unido.

Trofeo de coral

En marzo de 2014, Gustavo Cisneros Rendiles recibió su cédula de identidad como ciudadano de la República Dominicana. El trámite, iniciado en 2012, constituía el epílogo de la relación del magnate venezolano de los medios de comunicación con un país al que le unen lazos empresariales y querencias desde al menos la década de los años 80 del s. XX.

Cisneros se fue estableciendo cada vez más en la isla de La Española, reminiscente de la Cuba de sus antepasados. Cercano a la familia cubanoamericana Fanjul, promotora de Casa de Campo, el dueño del canal Venevisión en Caracas optó por establecer dos residencias en el exclusivo complejo turístico: una más privada, familiar y playera, Casa Bonita, y una oficial, La Serenísima, que, aunque también a orillas del mar, transmitía un aire más formal y palaciego, por lo que se convirtió en sede de reuniones presidenciales y otros eventos de alta gama.

Inspirada en el estilo colonial caribeño de una villa de coral construida medio siglo antes en Barbados, La Serenísima fue en su origen un encargo del multimillonario inversor estadounidense Henry Kravis, cabeza del fondo KKR que protagonizó una de las primeras tomas hostiles del Wall Street yuppie, la de RJR Nabisco, una operación de 1989 que llegó a la cultura popular por el libro Barbarians at the gate (publicado en castellano con el título de Nabisco: La caída de un imperio), de 1989, y su adaptación homónima como una miniserie de TV, de 1993. Pero Kravis -número 94 en la lista Forbes de las mayores fortunas del globo, la misma donde regularmente aparecía Cisneros como el venezolano más rico hasta que lo desplazaron Juan Carlos Escotet y Lorenzo Mendoza-, se divorció en ese año de 1993 de su segunda esposa, la diseñadora alemana Carolyne Roehm, y como parte del proceso debió poner la casa en el mercado. Su futuro comprador sería Gustavo Cisneros en 1999.

“Para mí, este es el lugar donde mejor pienso y planifico”, confió Cisneros desde La Romana a una reportera del diario El Mundo de Madrid en 2004. Pero, a pesar de esas buenas vibras y de su recién adquirida nacionalidad dominicana, Cisneros puso a la venta La Serenísima en 2014.

En respuesta por correo electrónico a un cuestionario dirigido en principio por Armando.info a Gustavo Cisneros, Luis Queremel, Vicepresidente-Consultor Jurídico de Operaciones en Venezuela y República Dominicana del Grupo Cisneros, explicó las razones de la venta: “En el año 2014, en función del uso limitado y los valores de las propiedades en el mercado inmobiliario, se buscaron opciones para rentabilizar de una forma más adecuada esa propiedad. Se evaluó, aparte de una venta, su alquiler o su desarrollo mediante la parcelación en varios lotes de terreno. Producto de todo ese análisis y de los resultados obtenidos, es que se decidió iniciar el proceso de venta”. La propiedad fue listada por Casa de Campo Real Estate (www.casadecampore.com), bróker también controlado por la familia Fanjul. Entre diferentes propuestas, la oferta que recomendó aceptar fue la de Víctor Vargas.

Para la operación se eligió constituir un fideicomiso en Panamá. De Alcogal, el bufete que figuraría como agente fiduciario del acuerdo, provienen los documentos que se citan en este reportaje.

Como reseñaba una reciente nota redactada por investigadores del ICIJ en ocasión de los Pandora Papers, la industria de los fideicomisos o trusts está en pleno auge. “Millones de americanos”, aseguraban los autores, “usan legalmente los fideicomisos para manejar riquezas -dinero, propiedades, compañías, arte- confiándola a personas o entidades, que  retienen y usan esos activos en favor de los beneficiarios del fideicomiso, tales como hijos o nietos”. Pero, dependiendo de la jurisdicción y la estructura de los fideicomisos, “es casi imposible determinar de quién es el dinero que las compañías de trusts manejan”.

Según Queremel, el abogado de Cisneros, fue una pretensión opuesta, la de transparencia, la que les aconsejó abrir un fideicomiso. “El fideicomiso”, abunda Queremel, “se constituyó precisamente para garantizar y asegurar la trasparencia y la legalidad de todos los participantes y de los fondos que serían aportados al patrimonio fideicomitido, muchos de los cuales pasaron por un riguroso proceso de cumplimiento en un banco americano, que en ningún momento informó o levantó alerta alguna acerca del señor Víctor Vargas (…) Es pertinente mencionar que en el citado fideicomiso de garantía, constituido con arreglo a las leyes panameñas vigentes en el año 2015, expresamente quedó establecido que el origen de los fondos, en particular los provenientes de la empresa compradora relacionada con el señor Víctor Vargas, tenían una procedencia lícita”.

Lo cierto es que, junto a las ventajas de protección y sigilo que promete el formato del fideicomiso, la compraventa de la villa La Serenísima se diseñó para blindarla con una capa extra de anonimato. Un elenco de compañías offshore, puestas sobre la mesa por cada parte de la transacción, dio lugar a una estructura casi indescifrable pero perfectamente lícita, por la que resulta cuesta arriba trazar el rastro del verdadero propietario.

Y es que, en el caso de los bienes inmuebles más valiosos, los ricos no los compran, sino que suelen adquirir las entidades que detentan los derechos de tales inmuebles. Fue lo que sucedió con La Serenísima, que sobre los papeles pertenecía a una empresa dominicana de nombre Inmobiliaria Pedrasa, S.A. Pero esta, a su vez, sería puesta, mediante diferentes movimientos accionarios, bajo control de una empresa de Gustavo Cisneros llamada Verwood Investments S.A, constituida ad hoc en Panamá apenas un día antes de la suscripción del fideicomiso.

De un laberinto a otro

Según se comprueba en los documentos incluidos en la filtración de los Pandora Papers y procedentes del bufete panameño Alcogal, el 28 de septiembre de 2017 se declaró terminado el fideicomiso acordado entre Verwood, la compañía de Cisneros, y Cayfloor Inc, una empresa incorporada en Panamá en julio de 2015, de cuyas 10.000 acciones Víctor Vargas aparecía como titular único.

A propósito de este reportaje, Armando.info remitió un cuestionario para Víctor Vargas a los contactos disponibles, pero no obtuvo respuesta.

Entre la suscripción original del fideicomiso, el 20 de octubre de 2015, y esa fecha de terminación en 2017, había sido necesario fraguar tres enmiendas al contrato, todas en 2016. Los términos del fideicomiso son, en principio, sencillos: dos fideicomitentes, Cayfloor, como comprador, y Verwood, como vendedor, acuerdan otorgar a un agente fiduciario, el bufete Alcogal, la custodia de los papeles que certifican la propiedad del inmueble transado, así como la gestión de la cuenta abierta para ese fin en el banco Banistmo de Panamá para que la parte de Vargas hiciera los pagos necesarios para completar la transacción.

En efecto, a consecuencia de la terminación del contrato, Alcogal giró instrucciones el 16 de noviembre de 2017 para que Banistmo transfiriera una última cuota de casi 16 millones de dólares a la cuenta de Verwood en el Citibank de Nueva York, y en simultáneo para que cerrara la cuenta que había servido para el fideicomiso. Hecho el último pago, una semana después, el 24 de noviembre, Mario Vlieg, a nombre de Alcogal, hizo envío a Domingo Infante Tarazona, como apoderado de la compradora Cayfloor, de los documentos que hasta entonces el agente fiduciario había mantenido en custodia.

El legajo que Alcogal entrega en 2017 a Infante incluye al menos 18 documentos o títulos, algo que expresa con elocuencia que la compraventa de La Serenísima no había sido asunto solo de dos fideicomitentes, Verwood y Cayfloor o, ni siquiera en última instancia, de Gustavo Cisneros y Víctor Vargas. Por el contrario: participa toda una nómina de compañías para conformar un complejo entramado de ingeniería jurídico-financiera.

De hecho, en sus dos años de vigencia, el fideicomiso mantuvo un nombre: Fideicomiso Tilburg. La denominación se origina de otra empresa, Tilburg International S.A., constituida expresamente para esta operación en julio de 2015 en Panamá, tres meses antes de la firma oficial del fideicomiso, y para la que servirá de intermediario necesario.

Como se dijo antes, para la fecha de inicio del fideicomiso por el que Víctor Vargas se hace de una de las villas de Gustavo Cisneros en Casa de Campo, la compañía Verwood de Panamá figuraba como controladora de Inmobiliaria Pedrasa, la empresa que en República Dominicana era dueña de La Serenísima. Pero para que eso fuera realidad y Verwood pudiera aportar al fideicomiso ese patrimonio, primero tuvieron que completarse muchas otras maniobras que a continuación se describen.

Verwood, constituida en Panamá en octubre de 2015, era participada por dos compañías registradas en el estado de Delaware en Estados Unidos: Moville Investments y Ramelton Investments, ambas con sendas empresas-espejos, homónimas, constituidas en Barbados. Como consta en un informe solicitado por Banistmo a Alcogal en agosto de 2016, en el que el banco pedía identificar al beneficial owner (B.O.) de esas empresas, y que forma parte de la filtración, su cadena de titularidad se extendía por al menos otras tres empresas y un paraíso fiscal distinto, las Islas Vírgenes Británicas, hasta desembocar en un trust constituido en Reino Unido, The 2014 Scesaplana Trust I. De acuerdo al abogado Luis Queremel, Scesaplana es un fideicomiso abierto por Gustavo Cisneros “con fines sucesorales exclusivamente”.

Verwood recibió de sus accionistas, Ramelton y Moville, a manera de aporte de capital, sus acciones participantes en dos empresas registradas en España en junio de 2015, Kiet Investments y Basseterre Investments. Tanto Kiet como Basseterre fueron constituidas en Madrid bajo el régimen de Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), un estatus incorporado en el año 2000 en la normativa local para incentivar inversiones extranjeras en España, que permite controlar fondos y activos foráneos. Kiet y Basseterre figuraban a su vez como accionistas de Inmobiliaria Pedrasa en República Dominicana, empresa que en octubre de 2014, como evidente preparación para su venta, se convirtió en la dueña de La Serenísima.

Así fue como, mediante el fideicomiso armado con Alcogal, Verwood, de Cisneros, vendió a Cayfloor, de Vargas, la compañía Tilburg, y a través de esta, por esos intrincados interpuestos, la propiedad de La Serenísima.

En 2018, Víctor Vargas toma efectiva posesión de la codiciada propiedad. Luego de transitar semejante laberinto jurídico y de pagarla durante dos años, la soberbia villa tenía todo para constituirse en el símbolo culminante de la incorporación del magnate llanero al circuito internacional de los ricos y famosos. Hasta entonces, su mecenazgo de las artes y del polo, así como la propiedad de bienes como su yate Ronin, de casi 60 metros de eslora -en 2017, cuando la embarcación atracó en un puerto de Andalucía, el diario El Confidencial de Madrid la calificó de “casa flotante”- le habían franqueado a Vargas varios pliegos de publicidad en revistas del corazón.

Pero para el momento de la mudanza, a Vargas ya le había tocado ir detenido a la sede de la policía política del chavismo en Caracas. Si bien la versión que entonces corrió por medios atribuyó el incidente a una averiguación sobre el presunto boicot a una plataforma de pagos, luego surgieron indicios de que pudo haber sido una advertencia vinculada a otras deudas del empresario. También arreciaban los rumores sobre las dificultades del Banco del Orinoco en Curazao, murmuraciones que cristalizaron en la debacle de la entidad, y de su par panameño, apenas año y medio después. El financiero entraba en otro laberinto, este existencial, que ni siquiera el solaz de La Serenísima sería capaz de endulzar.

Si bien no fue sino hasta el 2 de septiembre cuando el Banco Central de Curazao y San Martín decidió retirarle la licencia de operación, ya en junio de 2019 había advertido a la gerencia del Banco del Orinoco que se disponía a imponerle una sanción definitiva a la luz de las evidencias que había encontrado sobre manejos ilegales y una insolvencia crónica.

Desde mucho antes, al menos desde 2015, en los corrillos financieros se rumoraba sobre las suculentas tasas de interés que el Banco del Orinoco en Curazao ofrecía como retorno a aquellos -sobre todo, acaudalados clientes del B.O.D. (Banco Occidental de Descuento, el banco de Vargas en Venezuela, también intervenido en septiembre de 2019 por la Superintendencia Nacional)- que hicieran colocaciones en dólares. Se trataba de un continuo esfuerzo por parte de Vargas y su equipo por rellenar un hueco en sus balances que arrastraron por años, esfuerzo que terminó por parecerse a un esquema piramidal. Como consecuencia, al momento de venirse abajo, en los archivos del banco y en el dinero que se evaporó quedaron atrapados los fondos de muchos inversionistas venezolanos que nunca lograron redimir sus CD (certificados de depósitos), o apenas lo hicieron a medias.

En cualquier caso, el derrumbe ha abierto una rendija para conocer las entrañas de un circuito financiero que se infló como una pompa de jabón a lo largo del período revolucionario en Venezuela, tanto, que algunos medios, sobre todo españoles, no dudaron en apodar a Vargas como el banquero de Chávez.

En el propio informe del Banco Central de Curazao y San Martín donde el ente regulador justificó la clausura del negocio, se hace referencia a una cuenta bancaria que recibió un trato preferencial e irregular del Banco del Orinoco: “El Banco [Central de Curazao, N. de R.] considera que la transferencia procesada desde Hanson Holland 2 B.V. a Esvenca para abrir varios depósitos a plazo es sospechosa (...) Aunque el Banco recibió una copia de la investigación de antecedentes realizada a Hanson Holland 2 B.V., el Banco estableció que esta evaluación se realizó después de que la Junta de Directores Supervisores de BDO [Banco del Orinoco, N. de R.] aprobara la apertura de la cuenta bancaria ".

Sucede que esa mención a dos empresas, Hanson Holland 2 y Esvenca, sumada a tres documentos que yacen en una notaría de Caracas y a los que Armando.info tuvo acceso recientemente, arrojan luz a posteriori sobre la relación de Víctor Vargas con un misterioso inversionista, presumiblemente, un hombre fuerte del régimen venezolano, y del intento frustrado en 2015 de ese inversionista por comprar Televén, el segundo canal privado de televisión del país.

El oro negro blanquea la sangre

Quizás la cita más sonada y repetida en medios de Víctor Vargas, alguien poco proclive a las declaraciones en prensa, data de 2008. Entonces se ufanó ante The Wall Street Journal al asegurar: “Yo he sido rico toda la vida”. Si bien chocante, la frase buscaba entonces persuadir al reportero de que su prosperidad no se debía ni a su supuesta cercanía a Chávez -aunque en la misma entrevista se definía como “un socialista en el verdadero sentido de la palabra”- ni tampoco a su matrimonio morganático con la hija del banquero Héctor Santaella, Carmen Leonor, en 1976 (de quien se divorciaría en 2013). Reclamaba, en cambio, un derecho casi sanguíneo a pertenecer a la aristocracia, algo que consumó de modo literal en 2004 cuando su hija, María Margarita, contrajo matrimonio con Luis Alfonso de Borbón, duque de Anjou, bisnieto del dictador español Francisco Franco y heredero, según los monarquistas, de la Corona de Francia. La consagración fue recíproca: a partir de ese mismo día Luis Alfonso se convirtió en directivo del B.O.D., de Allbank y del propio Banco del Orinoco, entre otras cuentas del rosario corporativo de su suegro.

Pero Víctor José de Jesús Vargas Irausquín hizo dinero por expedientes más plebeyos. Nació hace 68 años en Barinas, la provincia de los Llanos venezolanos natal también para Hugo Chávez. Formó en los años 80 el Banco Barinas y el Grupo Financiero Cordillera, a los que dotó de una imponente sede en la urbanización La Castellana del noreste caraqueño. El banco quedó borrado del mapa por la crisis financiera de 1994. Por paradoja, el hundimiento de su marca tuvo el efecto de una catapulta para Vargas: ese 1994 compró el paquete mayoritario de acciones del Banco Occidental de Descuento (B.O.D.), una entidad dominante en el estado Zulia -extremo noroeste de Venezuela, lugar de la más antigua cuenca petrolera del país- pero de escasa proyección nacional.

El B.O.D. sirvió de columna vertebral para constituir el grupo financiero que se extendió por varias jurisdicciones del Caribe, incluyendo Curazao desde 1994. El banco se convirtió en el sexto del ranking nacional y Vargas compró, para alojar a su gerencia, la torre del antiguo Banco Consolidado, también en La Castellana, a menos de una cuadra de la anterior sede del Banco Barinas. En 1991 había constituido Cartera de Inversiones Venezolanas C.A., el holding para todos sus negocios en Venezuela, a su vez participado por Esmerald Partners I, un vehículo de control registrado en Luxemburgo.

Pero en medio de esa espectacular onda expansiva de mediados de los 90, Víctor Vargas pareció comprender que, en Venezuela -tanto en la saudí de antaño como en la empobrecida de estas postrimerías del chavismo-, ser un verdadero magnate significa meter las manos en el negocio petrolero, el único de escala global que se puede hacer desde el país. La coyuntura lucía favorable: con los precios del crudo por el suelo, el entonces presidente de la petrolera estatal Pdvsa, Luis Giusti, impulsaba un controvertido plan de apertura para la participación del capital privado, nacional o extranjero, mediante empresas mixtas o el otorgamiento de concesiones.

Quien le haya hecho una radiografía al grupo empresarial de Víctor Vargas en Venezuela y el exterior, sabrá que está conformado por una malla de cientos de empresas regadas por el mundo, que incluyen firmas dedicadas exclusivamente a detentar la propiedad de inmuebles, caballos de polo y aeronaves. No fue distinto en el sector petrolero, donde construyó una reproducción fractal de ese patrón. Nada más en Venezuela constituyó varias empresas petroleras, las empresas Cartera de Inversiones Petroleras I y II, estas como canales de inversión, y la proveedora Operaciones de Producción y Exploración Nacionales (Open) C.A. A través de estas, Vargas consiguió participación, ya con el chavismo en el poder, en empresas mixtas donde la estatal Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) mantuvo la mayoría.

En una, Lagopetrol, se consorció en 2006 con la petrolera colombiana Hocol -controlada para la época por la francesa Maurel & Prom- y con Ehcopek Petróleo S.A., del grupo zuliano Moschella; en 2012, las acciones de Maurel & Prom fueron adquiridas por otra empresa con sede en Francia, Integra Oil & Gas, pero cuyo accionariado lo domina el polémico ex ministro del Interior del presidente argentino Carlos Menem, José Luis Manzano. Su propósito era el de poner a producir un área del Lago de Maracaibo.

En otra, Petrocuragua, Open hizo dupla en 2007 con CVP para explotar el campo Casma cerca de Anaco, estado Monagas, en el oriente de Venezuela.

Junto a ese organigrama, Vargas levantó en paralelo otra estructura para sus negocios petroleros en Venezuela. En ella sirvió de pilar y fachada un ingeniero petrolero, Rafael Ernesto Ramírez Ruiz, hoy de 66 años de edad, que hacía de accionista único y presidente de la Junta Directiva. En ese esquema, un holding llamado Asesoría Petrolera Integral Nacional (Apin) C.A., registrado en 2001, pero con Ramírez Ruiz desde 2014 como único accionista -hasta entonces, las empresas Inversiones Rufalca y Desarrollos Alse S.A, también habían mantenido participación-, pasó a controlar dos empresas: Asfálticos Venezolanos C.A. (Asfavenca) y Enviromental Solutions de Venezuela C.A. (Esvenca).   

Esta estructura en Venezuela se correspondía a su vez con un conjunto de personas jurídicas en Panamá, que incluía a las empresas Esvenca Panamá, Holding del Sur S.A., Denter Inc y Petroway 2014. En ellas suelen aparecer, como directivos o apoderados, familiares de Vargas, allegados y prestanombres, pero nunca el propio Vargas. 

De todas es Enviromental Solutions de Venezuela C.A. (Esvenca), sin duda, la pieza más valiosa y rentable. Registrada inicialmente en Zulia en 1997, y mudada su sede en 2003 a Monagas, se presenta como una empresa de servicios. De vez en cuando ha sido mencionada en la prensa como favorecida en contratos por cientos de millones de dólares de Pdvsa, como perpetradora de maltratos laborales o como cabeza de playa de una tramoya para privatizar la Faja Petrolífera del Orinoco.

A los efectos de la presente historia, empero, la relevancia de Esvenca es otra: su nombre es el que aparece en el reporte sobre una transacción "sospechosa" que elaboró el Banco Central de Curazao y San Martín para el cierre del Banco del Orinoco, reporte al que se hace referencia en el primer bloque de esta nota.

Apuestas riesgosas

La otra clave de la historia está contenida en tres documentos archivados con numeración consecutiva en la Notaría Primera Pública de Caracas, en la céntrica avenida Lecuna de la capital venezolana. Todos con fecha del 14 de julio de 2017, refieren a acuerdos entre la venezolana Esvenca de Víctor Vargas y una empresa holandesa, Hanson Holland 2, para el pago de una deuda millonaria en dólares.

Hanson Holland 2 B.V. era la segunda denominación de una empresa constituida en junio de 2013 bajo el nombre de Sigma Den Haag B.V. en la ciudad neerlandesa de Dordrecht, en el suroeste de los Países Bajos. El cambio de nombre a Hanson Holland 2 B.V. se produjo en julio de 2014. En agosto de 2017 se volvería a rebautizar bajo la denominación de Leeuwarden Investments B.V.

Apenas dos meses después del acto oficializado en la notaría de Caracas, Hanson Holland 2 aparecía vinculada al llamado Caso Lezo en España, una operación judicial que destapó la corrupción en la empresa pública de acueductos de la Comunidad de Madrid, Canal Isabel II, cuando era presidente regional el político del Partido Popular (PP), Ignacio González. De acuerdo a versiones de prensa, González había recibido pagos irregulares por cuatro millones de euros de Hanson Holland 2 entre 2014 y 2016, a través del banco Renta 4 de Madrid. El grupo Hanson y Renta 4 eran aliados en una empresa conjunta de administración y gestión de activos desde febrero de 2014.

Pero lo cierto era que ya para entonces había un nexo previo, más conspicuo e igualmente sospechoso de Hanson con Venezuela: era el nombre que surgía al apenas rasguñar la superficie de Latam Media Holding, la firma de Curazao que sobre el papel en octubre de 2013 dio la cara como compradora de la Cadena Capriles, el principal grupo de medios periodísticos del país (hoy Grupo Últimas Noticias).

El nombre Hanson remite a un grupo de inversión fundado en 2010 por el inglés Robert William Hanson y el alemán Christian Patrick Terörde. Robert Hanson, con el título aristocrático de Honorable, hoy de 60 años de edad, aporta naming y pedigrí al emprendimiento. Los orígenes del negocio familiar retroceden hasta el s. XIX, con desarrollos comerciales e industriales que durante el s. XX se ramificaron en corporaciones tan relevantes como Imperial Tobacco y Milenium Chemical. Terörde es un profesional nacido en 1974 en Düsseldorf, Alemania, pero con residencia desde hace años en Londres, en cuya City acumula una experiencia nutrida en la asesoría financiera.

Bajo la impronta del grupo Hanson hay una miríada de personas jurídicas pero controladas todas por una empresa, Hanson Holdings Lux Sárl, con sede en Luxemburgo, país de residencia de Robert Hanson. Una de esas razones jurídicas, Hanson Investments Lux, es la accionista de Hanson Holland 2, hoy Leeuwarden Investments.

Asesoría y gestión de activos, son los servicios que ofrece el grupo Hanson, pero en un folleto publicitario se sincera: “Discreción” es su producto, para la salvaguarda de “los activos a través de estructuras de tenencia seguras y con eficiencia fiscal establecida para el largo plazo y las generaciones venideras” y para “lograr el mayor rendimiento posible según el nivel de riesgo aceptable de cada cliente”.

Esa discreción fue la que Hanson aportó en 2013 para la operación de compra de la Cadena Capriles en Venezuela a nombre de un cliente innombrado y, con toda seguridad, riesgoso: en el argot bancario, probablemente un PEP (Persona Políticamente Expuesta, por sus siglas en inglés), que algunas publicaciones han insistido desde entonces que se trataba de Tarek El Aissami Madah, ex vicepresidente de la República y ex ministro del Interior en el gabinete de Nicolás Maduro, y hoy ministro de Petróleo y responsable de toda el área económica. El Aissami, de 45 años, fue objeto junto a su presunto testaferro, Samark López Bello, de sanciones financieras del Departamento del Tesoro norteamericano en 2017, y se le abrió un juicio por tráfico de drogas y conspiración para lavar dinero en 2019 en un tribunal de Nueva York.

Tanto Hanson como Terörde, socios y fundadores del grupo financiero en Luxemburgo, formaron parte de la primera junta directiva de la Cadena Capriles después de su adquisición en octubre de 2013 por un monto cercano a los 120 millones de dólares. Carlos José Acosta, presidente de esa junta, debió admitir que el comprador nominal, Latam Media Holding, “es propiedad de Hanson Group, establecido en Inglaterra y con inversiones en diferentes países de Europa, Asia y América”. En el directorio también aparecieron al menos tres representantes de Víctor Vargas: los abogados Diego Lepage y Pedro Rendón, además de Ricardo Castellanos García, ex gerente de Comercialización de los diarios El Nacional y Últimas Noticias de Caracas, quien entonces y muy rápidamente se ganó la confianza del banquero. La presencia de sus empleados entre los directores llevó a algunos a pensar que Vargas había sido el comprador del grupo editorial, algo que él mismo desmintió con una afirmación en redes sociales: “No es cierta la compra de Cadena Capriles por parte de BOD Corp Banca ni Víctor Vargas. No es de nuestro interés ni lo permite la Ley de Bancos”.

Vargas tan solo había servido como facilitador financiero para que Hanson adquiriera ese conglomerado de medios a nombre de su cliente. La fórmula se repetiría dos años después en otra transacción, finalmente trunca, por la propiedad de un medio, el canal Televén.

En 2015, algunos trascendidos en prensa se hicieron eco del intento de compra de Televen, cadena privada de televisión fundada en 1986 que, tras la desaparición de RCTV en 2007, no tuvo dificultad para establecerse como la segunda más importante y vista de Venezuela, solo detrás de Venevisión, de la Organización Cisneros. Fuentes cercanas a la negociación confirman ahora a Armando.info que, en efecto, la familia Camero, propietaria del canal, había acordado venderlo por una cantidad equivalente a 350 millones de dólares, aunque la operación se efectuaría en euros, con el propósito explícito de evitar la esfera del dólar y, con ello, la vigilancia de las autoridades antilavado de dinero de Estados Unidos.

En esta ocasión el comprador, en vez de la Latam Media Holding que figuró en la compra de la Cadena Capriles, sería Hanson Holland 2. Su escogencia tuvo mucho que ver con el Tratado de Doble Tributación pactado en 1997 entre Venezuela y el Reino de los Países Bajos, un marco que facilitaría la operación. Esta empresa emitió un poder amplio para Christian Patrick Terörde en diciembre de 2014, cinco meses después de su constitución. Pero el cliente a nombre de quien se iba a hacer la compra era el mismo de la Cadena Capriles: ¿El Aissami de nuevo, quizás?

Hanson Holland 2 pagó una cuota inicial de 105 millones de dólares a los Camero a través de transferencias de un banco español a otro francés.

Pero antes de que se cumpliera el plazo para los pagos finales, previstos para julio de 2015, ocurrió algo inusual. En el Principado de Andorra, un minúsculo paraíso fiscal enclavado entre Francia y España, estalló el escándalo de la Banca Privada de Andorra (BPA), una de las principales entidades del país. Vinculándolo a operaciones de lavado de dinero en favor de jerarcas de Rusia, China y Venezuela, Estados Unidos prohibió al banco seguir operando en dólares. Eso significó la extinción del negocio del BPA y el deslave de la reputación de Andorra como sitio seguro para flujos financieros opacos. La ruina del BPA arrastró a su filial española, Banco Madrid, hasta su intervención y cierre. Era marzo de 2015; el conducto de Andorra quedaba así bloqueado para completar la compra de Televén, mientras dejaba a los supervisores norteamericanos con los radares activos. Omar Camero clasificaba como PEP, al igual, sin duda, que el anónimo comprador final venezolano. Los bancos que habían participado en el pago inicial de prenda, y que contaban con sucursales corresponsales en Estados Unidos, se rehusaron a seguir en la operación.

A la postre el problema de cómo hacer llegar el dinero al vendedor, la familia Camero, sin generarle inconvenientes de compliance en el sistema bancario internacional, resultó insoluble y llevó a la caída de la negociación.

Pero a finales de 2015 los ingenieros legal-financieros de la operación creyeron encontrar una alternativa. En ella entraban Víctor Vargas y su atribulado Banco del Orinoco, siempre sediento de fondos que le permitieran aparentar solvencia. La fórmula requería que Hanson Holland 2 abriera una cuenta en el banco de Curazao y adquiriera certificados de depósitos a plazo fijo en los que colocaría la suma restante para Camero. Terörde hizo las diligencias de apertura de la cuenta en el Banco del Orinoco en octubre de 2015.

Cuando, al fin, los Camero desistieron en diciembre de 2015 de la operación de compraventa de Televén, llegó la hora de reembolsar el dinero adelantado. Los Camero hicieron lo suyo. Pero entonces empezó otro tipo de problema: Víctor Vargas no estaba en disposición o capacidad de devolver el efectivo que se le había confiado.

Cuentas claras conservan amistades

Resulta tentador suponer que esos fondos fueron succionados por el hueco que permanentemente Víctor Vargas intentaba tapar en los balances del Banco del Orinoco mediante esforzados pedaleos de su bicicleta financiera. Pero es una suposición que no alcanzó a ser confirmada al cierre de este reportaje. 

Las dificultades para devolver el dinero por parte de Vargas, según fuentes que hablaron con Armando.info a cambio de proteger su identidad, generaron medidas de presión. Por un tiempo se le prohibió el despegue de Venezuela a sus aeronaves privadas y se bloqueó el pago a sus compañías petroleras en el sistema administrativo de Pdvsa. También recuerdan esas fuentes que, a comienzos de diciembre de 2016, Vargas fue detenido en el aeropuerto internacional de Maiquetía a su regreso de un viaje al extranjero, y llevado a “conversar” a la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, policía política del chavismo). El propio Vargas se apresuraría horas después a explicar que la “invitación” a la central policial se había debido a un apagón ocurrido días antes en el sistema interconectado de cobros electrónicos de Credicard -un consorcio en el que el B.O.D. participa junto a otras entidades- y que el Gobierno de Nicolás Maduro percibió como un intento de sabotaje contra el orden público.

A todas estas, un arreglo se alcanzó en 2017. El modo que Vargas encontró para pagar es lo que se refleja en los documentos, tres, guardados en la notaría caraqueña. Por Esvenca los suscribe Fortunato López, un ejecutivo bancario de 82 años de edad que acompaña a Vargas desde los tiempos del Banco Barinas; por Hanson Holland 2 lo hace Guillermo Almeida Maya, otro hombre de confianza de Víctor Vargas, abogado que fue gerente del bufete interno del B.O.D., Consultoría Empresarial Corporativa (Cecca), y director y apoderado él mismo de algunas compañías del mosaico corporativo del banquero venezolano.

En los acuerdos, Esvenca accede a transferir a Hanson Holland 2, en forma de pago, algo más de 800 facturas ya aceptadas por Pdvsa por valor de un poco menos de 31 millones de dólares. También cede a Hanson Holland 2 un par de notas de crédito expedidas a su favor por Pdvsa en junio de 2016, pagaderas trimestralmente hasta junio de 2019 con un interés anual de 6,5%, por un valor facial de algo más de 66 millones de dólares. Sin embargo, Hanson Holland 2 B.V. las acepta con un descuento de 60%: por tan solo 26 millones de dólares.

El traspaso fue informado a Pdvsa por Fortunato López, a nombre de Esvenca, en momentos en el que hoy supuestamente perseguido Simón Zerpa se desempeñaba como Vicepresidente de Finanzas de la estatal petrolera, cargo en el que estuvo hasta febrero de 2018. Zerpa también ha sido sometido a sanciones por Estados Unidos.

Además Esvenca incluyó en el pago el reintegro de acciones por valor de 22 millones dólares en una empresa constituida en las Islas Caimán, otro paraíso fiscal del Caribe, junto a Hanson: TAM Total Recovery Fund Ltd. Las siglas TAM corresponden a Trebol Asset Management, una empresa suiza especializada en la gestión de fortunas en la que trabaja Simon Leendert Leo Verhoeven, uno de los directores registrados de Leeuwarden Investments, el nombre actual de Hanson Holland 2. 

Por cierto, cuando Fortunato López, de nuevo a nombre de Esvenca, suscribió las acciones de TAM Total Recovery Fund, depositó el pago en el Noor Capital Bank de Dubai. Esta entidad ha sido citada a menudo como un tramo de los esquemas de negocios de Tarek El Aissami y de Alex Saab, el factor comercial y presunto testaferro de Nicolás Maduro arrestado recientemente en Cabo Verde. También se sabe que que una filial de TAM, Trebol Investment Luxembourg, así como el mismo Noor Capital Bank, fueron los canales para transferir los pagos en divisas con los que los hijos de Cilia Flores compraron algunas de las casas de la avenida Laguna de Tacarigua, que finalmente cerraron para ellos solos, en la urbanización Cumbres de Curumo del sureste de Caracas.

Armando.Info intentó obtener las versiones de Víctor Vargas, Guillermo Almeida y Simon Leendert Verhoeven a través de sus contactos de correo electrónico. Sin embargo, no hubo respuestas. 

La suma de los diferentes activos con los que la petrolera de Víctor Vargas, Esvenca, ofrece en el acuerdo pagar la deuda a Hanson Holland 2 da casi 79 millones de dólares. Se ignora si corresponde al total de lo que debía el banquero barinés.

En los mismos tratos notariados, Hanson Holland 2 se desprende de todos sus activos depositados en el Banco del Orinoco de Curazao y los traspasa a Esvenca, lo que incluye una cuenta bancaria y al menos diez instrumentos financieros. Esta es la operación que el Banco Central de Curazao y San Martín objetará como “sospechosa” al momento de intervenir la entidad en septiembre de 2019.

Para el momento del pacto ya Víctor Vargas había ordenado echar al ingeniero Rafael Ramírez Ruiz de las juntas directivas de aquellas empresas, tanto en Venezuela como en el exterior, que había constituido ad hoc para atender los negocios petroleros. En cada una de ellas, incluyendo Esvenca, Ramírez fue sustituido por Ricardo Castellanos García en abril de 2017, tres meses antes del acuerdo de pago con Hanson Holland 2 B.V.

El acuerdo sufriría algunos trastornos menores que, sin embargo, no debieron obstaculizar su cumplimento.

Primero, los interlocutores en Europa decidieron cambiar la denominación de Hanson Holland 2 B.V. por Leeuwarden Investments B.V.

Poco después, algo más grueso: el 29 de agosto de 2017, comisiones del Sebin detectaron pacas de billetes por valor de 205 millones de bolívares en una camioneta de Lilian Tintori, esposa del para entonces prisionero dirigente de oposición Leopoldo López, en la actualidad refugiado en la residencia del Embajador de España en Caracas. Las investigaciones posteriores determinaron que ese monto había sido parte de una remesa de 800 millones de bolívares en efectivo que personeros del B.O.D. habían entregado a Guillermo Almeida Maya, abogado de Víctor Vargas y apoderado de Hanson Holland 2. Almeida tuvo entonces que huir del país y establecerse en la vecina Colombia.

Así Víctor Vargas, el banquero “socialista en el verdadero sentido de la palabra” pudo saldar una deuda que amenazaba seriamente con impedirle seguir disfrutando de sus partidos de polo, de sus singladuras en el yate de casi 60 metros de eslora diseñado por Norman Foster, de sus retiros familiares en el coto andaluz de Sotomayor.

Al menos, hasta que en Curazao se dieran por enterados de un hueco que Vargas ya no pudo tapar en su Banco del Orinoco.