Desde hamburguesas –full de tocineta y queso derretido– hasta antiácidos. Hay de todo en este lugar: harina de almendras, barras de proteína, freidoras de aire, Alka Seltzer Plus en empaques de “20 effervescent tablets”... Tampoco faltan marcas importadas de cerveza, como Bud Light o Estrella Galicia, entre dos y tres dólares cada una. O muñecas de la película Frozen II, semillas de ajonjolí y paquetes de “100% Colombian Coffee” de Kirkland, la marca privada de los almacenes mayoristas Costco de Estados Unidos, cuya avena también se ofrece en el local. 

Además del mercado, el lugar incluye un restaurante y un local nocturno que combina espacios para ver partidos de béisbol y de fútbol con presentaciones de stand-up comedy y una pista de baile donde la rumba se prolonga hasta las 3:00 de la madrugada.

Es el bodegón Beer & Food Truck, al final de la avenida Bolívar, en el sector Rancho Grande de Puerto Cabello, estado Carabobo. 

Tanto la variedad de marcas extranjeras como la canícula playera recuerdan a sus clientes que están en el principal puerto del país, a donde siguen llegando contenedores con mercancía todos los días. En su inventario y aspecto, el expendio reproduce una metáfora ya habitual de Venezuela, la que establecen los llamados bodegones, en boga desde hace años: un país donde un maestro que gana escasos tres dólares al mes puede ser vecino de un establecimiento repleto de productos exóticos y a precios más caros que en los mercados internacionales.

Lo distinto aquí son los nombres y filiaciones de quienes registraron este comercio. Son tres las dueñas, que aparecen también en los expedientes mercantiles de, al menos, otra decena de empresas. Todas son parientes del recién ascendido coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Alexander Granko Arteaga, jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), sobre quien pesan desde 2019 sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos, que lo señalan como uno de los responsables de las más graves torturas atribuidas por Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional al régimen de Nicolás Maduro.

El año pasado, el propio Granko dejó ver ante el público una pista de su vínculo con el bodegón. Entonces anunció en sus redes sociales el lanzamiento de la edición limitada de un destilado de ron disponible, exclusivamente, en ese negocio de Puerto Cabello. Al lanzamiento lo acompañó el lema "Es tiempo de lealtad", y a la botella de la bebida la rotulaba el escudo del Team Espartanos, una plataforma multieventos de aventura y deportes extremos con la que Granko promueve actividades de motocross, paracaidismo o surf.

Pero si eso no consigue relacionarlo de manera rotunda con el establecimiento, para hacerlo basta con las identidades de las tres propietarias: Yurima Ferreira y sus hijas, Yhuryseck y María de los Ángeles Escalante Ferreira. Al trío, que aparece en el expediente mercantil del negocio, abierto en septiembre de 2019, lo constituyen, respectivamente, la suegra, esposa y cuñada del flamante coronel Granko Arteaga.

Miami, cómo no

El 18 de julio de 2022, una firma homónima fue registrada en Miami, pero no a nombre de Granko ni de su esposa, sino a través de su familia política. La norteamericana Beer & Food Truck CA Corp. quedó registrada ante la División de Corporaciones del estado de Florida por los venezolanos Najdi Valentina Millán Longart, Vicente José de Abreu Godoy y la propia cuñada de Granko, María de los Ángeles Escalante Ferreira, que también es parte de la directiva del bodegón en Puerto Cabello. Mantiene desde entonces su sede oficial en la oficina 313 del 1695 NW con la avenida 110, un edificio comercial en Doral, la ciudad del occidente del condado de Miami-Dade conocida por su numerosa población venezolana. En el directorio del edificio, en su planta baja, esa oficina se identifica como sede de un negocio de bienes raíces de Najdi Valentina Millán Longart. 

Para esa fecha, Estados Unidos ya había impuesto sanciones a Granko Arteaga. Fue el 19 de julio de 2019, tras “el arresto, abuso físico y muerte del Capitán de la Armada venezolana Rafael Acosta Arévalo”, bajo custodia de la contrainteligencia militar, cuando el Departamento del Tesoro emitió restricciones contra Granko y otros oficiales de la Dgcim: Rafael Blanco Marrero, Hannover Guerrero Mijares y Rafael Franco Quintero. Para los cuatro, la principal consecuencia de la medida era que “todas las propiedades e intereses en propiedades (…) de estos individuos que estén en Estados Unidos o bajo control de personas en Estados Unidos, quedan bloqueadas y deberán ser reportadas a la OFAC [las siglas en inglés de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro]”, según rezaba el comunicado oficial desde Washington, que añadía que así quedaban prohibidos “todos los tratos de personas de Estados Unidos, o dentro de (o en tránsito en) Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o intereses en propiedades de las personas designadas o bloqueadas”. 

Dos meses más tarde, Suiza, Reino Unido y la Unión Europea también expidieron sanciones similares contra Granko.

Pero apenas tres años después, el entorno de Granko se las arregló para abrir Beer & Food Truck en Florida. Junto a su familia política, el oficial de contrainteligencia venezolano y temido represor había encontrado su propia manera de burlar las sanciones.

Además de Beer & Food Truck, en la misma dirección de Doral se domicilian otras empresas también registradas por Millán Longart, Escalante Ferreira y De Abreu Godoy, como E & F Servicios Generales Corp, Multiservicios Generales S & S Corp y Multiservicios GEF LLC; esta última permanece inactiva.

Ese mismo trío a veces se alterna con otros nombres, hasta completar un grupo de siete personas, cuyas firmas se combinan en los directorios de al menos diez empresas, en su mayoría registradas en simultáneo en el período de gobierno de Nicolás Maduro, un tiempo en el que Granko fue ascendiendo en la nomenklatura de la inteligencia chavista mientras se iba granjeando fama de torturador.

Granko lideró los comandos que hace seis años participaron en la llamada Masacre de El Junquito. El 15 de enero de 2018, las fuerzas de seguridad del Estado venezolano detectaron en El Junquito, una zona montañosa al oeste de Caracas, el escondite de Óscar Pérez, piloto y exintegrante del grupo de asalto de la policía judicial, que se había rebelado contra el régimen y protagonizado acciones inocuas pero espectaculares, como el robo de un helicóptero oficial con el que sobrevoló el valle de la capital venezolana e hizo algunos disparos contra las sedes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio del Interior. Las tropas de choque rodearon el lugar y tendieron una emboscada.

Uniformado, con armas largas y chaleco antibalas; con toga y birrete; en traje de gala militar, y, hasta con tanques de guerra. Así se presenta Granko en su cuenta de Instagram, reabierta esta semana tras ser ascendido al grado de coronel. Crédito: Instagram / @grankoarteagagk

Después de algunas horas de combate, en las que usaron armas de guerra, las fuerzas del gobierno lograron herir a Pérez y a sus acompañantes, hasta obligarlos a rendirse. Pero luego vino el horror, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relató. Citando las imágenes del asalto y los informes de las autopsias de las víctimas, la CIDH concluyó que los rebeldes fueron ejecutados con "tiros de gracia". 

A Granko lo distinguen otros honores dudosos. Como el de figurar entre los pocos funcionarios del Estado venezolano que Naciones Unidas, en el primer informe de su Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, de septiembre de 2020, señaló explícitamente como responsable de la cadena de mando sobre la tortura y los tratos crueles. Específicamente, a Granko se achaca el mando de las casas de tortura. Dos años después, un nuevo informe del mismo ente volvió a mencionar al oficial, hasta 96 veces en un documento de 123 páginas, asociándolo con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, redadas y traslados a centros de detención clandestinos.

“Según estas víctimas, en muchas de las sesiones de tortura, [Granko] Arteaga no se cubría la cara como otros funcionarios de la DGCIM. Él mismo amenazaba a las víctimas, les propinaba golpes y les aplicaba otros medios severos de tortura, al tiempo que daba órdenes y supervisaba las acciones de sus subordinados”, señala el informe de 2022, elaborado a partir de 471 entrevistas con víctimas y funcionarios del Estado. “Estas órdenes incluían actos de violencia sexual, como golpes y descargas eléctricas en los genitales de los detenidos y desnudez forzada”.

Ese descaro permitió, por ejemplo, que en 2022, Vasco Da Costa, activista al que el régimen arrestó en tres oportunidades, confirmara en entrevista para Armando.info, poco antes de fallecer, que en su última detención, en abril de 2018, Granko lo torturó personalmente: “Me ahogaba con una bolsa de plástico”. Da Costa se desmayó y al despertar se vio colgado en una escalera, donde luego lo apalearon por todo el cuerpo. 

Es el mismo Alexander Granko Arteaga que hoy ofrece el ron Espartano y todo un emporio del disfrute.

En las 123 páginas de este documento de una misión de la ONU en 2022, a Granko se le menciona 96 veces como perpetrador de delitos asociados a la tortura y tratos crueles

Crueldad y ‘resuelve’

Una idea que propuso la filósofa judío-alemana Hanna Arendt en su famoso reportaje de 1961, “Eichmann en Jerusalén”, encargado por la revista The New Yorker, fue la de la banalidad del mal. Adolf Eichmann, el oficial de la SS nazi entonces puesto a rendir cuentas frente la justicia de Israel, quien había organizado el traslado de millones de judíos desde diversos rincones de Europa a los campos de exterminio, no era el monstruoso sicópata que todos querían imaginar. En cambio, se percató Arendt, apenas se trataba de un hombre común, quizás anodino, al que habían impulsado a cometer actos atroces la obediencia a la autoridad, la falta de pensamiento crítico y la adaptación a un sistema burocrático y deshumanizante.

Más de ocho décadas después, Alexander Granko Arteaga todavía no enfrenta un tribunal, y de su personalidad solo dan algunos atisbos sus mensajes, a menudo desafiantes, en las redes sociales que había cerrado y esta semana volvió a reactivar tras su ascenso a coronel. Pero ya queda claro que sus acciones guardan ambiciones de riqueza y lucro personal.

“Según víctimas y otras fuentes, Granko Arteaga posee importantes propiedades y está implicado en el tráfico de armas y en la extracción ilegal de minerales en el estado de Bolívar”, decía uno de los informes de Naciones Unidas. “Un exoficial de la DGCIM indicó que luego de la Operación Manos de Metal del año 2018 en el estado de Bolívar, que tuvo por propósito erradicar a los grupos armados organizados de las áreas mineras, Granko Arteaga recibió áreas para la explotación de minería”.

Alexander Enrique Granko Arteaga, alias Barba, nacido en marzo de 1981, empezó como escolta del expresidente Hugo Chávez, un cargo que percibe un salario en bolívares. Aún con esa desventaja inicial, hoy apenas cuarentón, mantiene un alto nivel de vida inalcanzable para la mayoría de los venezolanos. Ese ascenso también se explica con emprendimientos como el de la extorsión. Según informa la ONU en uno de sus reportes, un empresario fue detenido en cinco ocasiones en una casa clandestina ubicada en la zona de Prados del Este, un barrio de quintas de clase media-alta en el sureste de Caracas: “Granko Arteaga y otros funcionarios de la DGCIM lo obligaron bajo tortura a realizar transferencias bancarias de grandes sumas de dinero a las cuentas personales”.

Mientras esas denuncias iban apareciendo, también emergían alusiones a las empresas del círculo más cercano a Granko. Por ejemplo, en su libro 30-A: día en que Nicolás Maduro pudo caer, el general Manuel Christopher Figuera, exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política), hoy en el exilio, llega a contar otras 20 empresas presuntamente vinculadas a Granko, entre fundos y agropecuarias, ferreterías, supermercados, empresas metalúrgicas, hoteles y cooperativas. 

“A la fecha es conocido, que esta estructura creció exponencialmente, después de las operaciones Manos de Papel y Manos de Metal, conducidas [por el general Iván] Hernández Dala y Granko, es decir, cometiendo todo tipo de abusos y atropellos su emporio se pierde de vista”, escribe Figuera. Iván Hernández Dala es el jefe de la Dgcim.

Detrás de la lista de empresas que refiere Cristopher Figuera aparecen varios de los nombres de la estructura comercial de Miami y Puerto Cabello. En conversación telefónica para este reportaje, el exdirector del Sebin cuenta que, en los últimos tiempos, Granko ha ido tejiendo una red de empresas, muchas de ellas a cargo de otros familiares, colaboradores y amigos, entre los que salta a la vista el nombre de su hermano, Luis Ignacio Granko Arteaga, que se ha desempeñado como gerente de Oficinas Regionales del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (INTTT) y que en paralelo tiene dos distribuidoras de alimentos en los estados Carabobo y Miranda, sobre la costa central del país. 

Esas empresas han mantenido un bajo perfil, tal como el propio Granko hasta la reciente reapertura de su cuenta en Instagram. Pero en el caso de Beer & Food Truck, Puerto Cabello, la cosa es distinta: en ese lugar hay buena rumba, que se hace sentir hasta la madrugada. En sus salones el viernes transmitieron el partido de la Vinotinto y la de ayer fue otra noche de salsa. Allí, entre cervezas importadas y destilados exclusivos como el ron del Team Espartanos, se encuentra el bodegón de Alexander Granko, el torturador que calculaba.

* Por los riesgos que comportaba, Armando.info decidió en consejo editorial adoptar medidas extraordinarias para este trabajo. Por lo tanto, los reporteros ni buscaron la versión de los involucrados ni firmaron la nota, ambos, de otro modo, estándares que regularmente se cumplen en este medio.  

Ese jueves, a las 11:30 de la mañana, al menos seis funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) llegaron al apartamento de Anyi, en la urbanización Playa Grande del estado La Guaira, a 30 minutos de Caracas. No se identificaron ni mostraron orden de allanamiento, pero estaban uniformados. Anyi estaba con sus padres (que habían ido a pasar unos días con ella) y sus dos hijos, una bebé de 15 meses y un niño de ocho años. Horas antes, en la madrugada de ese mismo día, un primer contingente había ido a la casa de sus padres, en la urbanización Hugo Chávez de La Guaira, cerca de Playa Grande. No consiguieron a nadie, pero forzaron la cerradura, entraron y destrozaron todo. Buscaban algo.

Los tres son los familiares directos del capitán Ányelo Heredia Gervacio, detenido por la Dgcim el 31 de marzo de 2017 en el estado Táchira e imputado por la Fiscalía Militar Tercera Nacional por traición a la patria, instigación a la rebelión y motín. Heredia Gervacio fue recluido en la prisión militar de Ramo Verde, ubicada en Los Teques, capital del estado Miranda, a 50 minutos de Caracas. Pero la Dgcim lo cazaba de nuevo en esos días navideños porque el día anterior, el 25 de diciembre de 2019, había logrado fugarse de ese centro de reclusión.

A Anyi y a sus padres los sacaron del apartamento esposados, los montaron en una camioneta tipo Jeep donde los llevaron a Caracas, a un centro clandestino de torturas. Allí estuvieron ocho días. 

La detención arbitraria de la familia del capitán Heredia fue apenas el preámbulo de un procedimiento que los funcionarios de contrainteligencia militar han estado usando de manera metódica contra familiares de personas perseguidas por motivos políticos, sean militares o civiles. De acuerdo con la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas, esta técnica tiene nombre: Sippenhaft. 

El segundo informe de la Misión (FFM, por sus siglas en inglés), publicado el 16 de septiembre de 2021, la menciona por primera vez : “Un acusado de participar en la operación Gedeón en mayo de 2020 dijo al tribunal de control en su audiencia preliminar que unos agentes de la DGCIM lo habían torturado y le habían dicho que utilizarían el Sippenhaft (una táctica de castigo colectivo utilizada por los nazis). Posteriormente detuvieron a sus dos hermanas y a su cuñado y los retuvieron en La Boleíta [sic] durante 32 días”.

Su origen se remonta a la Alemania del nazismo y tiene una definición inquisidora, “castigo por responsabilidad familiar”. En casi ocho décadas, el método no ha cambiado. Consiste en detener a uno o varios familiares de algún sospechoso de cometer crímenes contra el Estado. En Alemania, era una norma legal que se convirtió en mecanismo de control social y reducción de la disidencia política, como explica el investigador australiano Robert Loeffel, uno de los autores que ha investigado este tipo de castigo.

En el artículo titulado Sippenhaft, terror y miedo en la Alemania Nazi: Examinando una faceta del terror tras el complot del 20 de julio de 1944, publicado en 2007, Loeffel detalla que esta técnica comenzó a aplicarse con más frecuencia tras el atentado del 20 de julio de 1944, cuando el coronel Claus von Stauffenberg lideró un intento de asesinato de Adolfo Hitler, el de la llamada Operación Valquiria. 

Después de esa fecha, “este castigo fue ampliamente promovido e impulsado por los principales nazis, así como dentro del ejército alemán, donde delitos como la deserción y la traición de las tropas eran tratados como de naturaleza política”, señala Loeffel. 

De acuerdo con su investigación histórica, en los archivos de la Gestapo, policía secreta del Estado nacionalsocialista, no aparecen detalles de las detenciones de Sippenhaft. La técnica incluía castigos que “iban desde el arresto y la ejecución, en los ejemplos más extremos, hasta el encarcelamiento prolongado, la pérdida de la ciudadanía, el empleo, la educación y la confiscación de bienes”.

En otra de sus investigaciones, El castigo familiar en la Alemania nazi: Sippenhaft, terror y mito (2012), Loeffel presenta evidencias de que era usada desde mucho antes del atentado, citando que ya entre 1933 y 1934 había un miedo arraigado entre la población alemana “debido a su uso extensivo contra enemigos políticos como líderes comunistas, socialistas y sindicales, así como sus familias. Particularmente en aquellos casos donde los sospechosos de participar en actividades antiestatales habían logrado huir de Alemania”. Los paralelismos con la Venezuela del madurismo saltan a la vista.

Tras una investigación de 10 meses, Armando.info logró identificar 25 casos que evidencian la práctica del Sippenhaft en Venezuela, entre los que se incluye el de la familia del capitán Heredia, la esposa de un militante del partido Bandera Roja, la novia de una persona que trabajaba con el gobierno interino de Juan Guaidó, el hijo de un alcalde opositor, los hermanos y padres de cuatro militares disidentes, la familia de un productor agropecuario y más de una decena más. Para esta recolección se hicieron entrevistas a representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, abogados, diez víctimas directas e indirectas, y se realizaron búsquedas hemerográficas y documentales. 

 “Me decían que tenía un hijo delincuente y me daban cachetadas”

Armando.info también determinó que este castigo es aplicado en Venezuela al menos desde 2014, primero bajo formas que solo llegaban al hostigamiento, y que a partir de 2017 —año de las protestas masivas contra Nicolás Maduro—, cambió su patrón de ejecución. Desde entonces, empleó de forma sistemática el castigo y la tortura contra familiares de “objetivos políticos”, que pueden ser militares disidentes o civiles opositores (reales o percibidos como tales).

Este método es efectivo porque usualmente logra producir un quiebre emocional y doblegar a su víctima. Uno de los abogados entrevistados para esta investigación, que pidió mantener su nombre en reserva por seguridad, asegura que las víctimas coinciden en que ese quiebre se produce cuando mencionan a sus familiares durante los interrogatorios y torturas. “Esto agrava mucho más la situación de vulnerabilidad de la víctima y la discrecionalidad del funcionario, que sabe que este método es efectivo para lograr su fin”.

Tras el objetivo político

Cuando los funcionarios de la Dgcim conducían la camioneta con los padres y la hermana del capitán Heredia, con sus caras cubiertas con franelas para que no supieran dónde los llevaban, uno de ellos hizo una llamada en la que pedía que le prestaran una casa por pocos días. Al comenzar a subir hacia Caracas por la autopista se detuvieron durante un rato, recuerda Anyi Heredia, para que varios funcionarios se regresaran a buscar a su hijo de ocho años, que habían dejado en el apartamento de una vecina. A su bebé de 15 meses la dejaron al cuidado de una vecina del edificio. 

Al llegar a la casa —que presumen fue la que el funcionario pidió prestada— los separaron a cada uno en áreas diferentes. En los próximos ocho días, la familia del capitán Heredia fue sometida a interrogatorios, golpizas, amenazas, torturas físicas y psicológicas.

“Me echaban agua y me hacían preguntas [...] Me daban cachetadas y me decían ‘¡habla, habla!’ [...] Tenían un cuaderno con las preguntas y tenían un palo, me lo enseñaban y decían que me lo iban a meter. Yo de verdad no sabía dónde estaba mi hermano, no tenía nada que decir”, cuenta Anyi Heredia, quien entonces tenía 40 años. El ensañamiento hacia ella fue mayor que con sus padres. Le apuntaban un revólver cerca de la cara, le cubrían la cabeza con una bolsa para asfixiarla.  

El 24 de diciembre, el capitán Ángelo Heredia recibió la visita de su papá, Julio Heredia, en la cárcel. Le advirtió que se iba a escapar y le dio una dirección del lugar donde se escondería. Pero se trataba de una dirección falsa para despistar a los funcionarios de la Dgcim si le preguntaban a su padre, explica el capitán Heredia. Y así sucedió, según cuenta. 

Julio Heredia, quien en ese momento tenía 80 años, dijo lo que sabía. Pero cuando los funcionarios no consiguieron nada en la dirección señalada, aumentaron los tratos crueles contra él, su esposa y su hija secuestrada. Saturnina Gervacio, madre del capitán Heredia, interviene: “Me decían que tenía un hijo delincuente y me daban cachetadas. Cuando le pegaban a mi hija yo la escuchaba llorar y les gritaba que no me la mataran”. El objetivo de estas torturas era detener de nuevo al capitán, a quien señalaban de participar en una conspiración contra Nicolás Maduro. 

Además de la familia Heredia, la Dgcim también detuvo a Oscar Martínez, cuñado del capitán y también militar. 

El viernes 3 de enero de 2020, la familia del capitán Heredia fue finalmente liberada. Como si se tratara de un secuestro los dejaron al final de la tarde en un lugar solitario en la zona de Puerto Viejo, en La Guaira, sin dinero, después de ruletearlos por varios lugares a bordo de una camioneta lujosa. Los funcionarios le dieron una orden taxativa: “No podíamos dar información de lo que nos hicieron allá porque, si lo hacíamos, nos iban a agarrar de nuevo y no iban a soltarnos más, nos iban a desaparecer”, dice Anyi Heredia. Toda la familia huyó de Venezuela apenas pudo. El capitán Heredia también logró escapar de sus perseguidores. Primero se ocultó en Colombia y luego siguió a Estados Unidos. “Maduro destruyó a mi familia”, repite desconsolada, al otro lado del teléfono, Saturnina Gervacio. Tenía 63 años cuando la detuvieron y torturaron. 

Hecho en socialismo

De los 25 casos de Sippenhaft que identificó Armando.info, 14 corresponden a familiares de un militar perseguido; los 11 restantes están relacionados con civiles considerados opositores al Gobierno. Los datos recolectados permiten ver que en 2017 hubo cinco casos, seis en 2018, tres en 2019 y ocho en 2020, cifra que destaca por haber sido un año de restricciones a causa de la pandemia de la covid-19. Aunque no son cifras absolutas, sirven como referencia sobre su incidencia. 

La Dgcim suele ser el organismo a cargo de ejecutar este tipo de castigo, pero también se ha documentado la actuación de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en menor escala. De hecho, varios casos están incluidos en los informes públicos de 2020 y 2021 de la FFM. Desde 2019, esta instancia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tiene la tarea de indagar sobre la ejecución en Venezuela de cuatro tipos de crímenes desde 2014: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Fue, en la recopilación de testimonios de víctimas de estos crímenes, que la FFM llegó a un caso de Sippenhaft. 

Al momento de abordar a las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de derechos humanos, fue común notar que el término Sippenhaft no les resultaba familiar o no lo consideraban como una categoría de clasificación para las víctimas que atendían. Algunos explicaron que no lo incluyen porque no es un crimen o delito tipificado en leyes internacionales.

Entre las consultadas, solo el Foro Penal tiene una clasificación que se ajusta al concepto de Sippenhaft. El abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización, explica que en el Manual de Litigio Estratégico de esa organización tienen una categoría de uso interno llamada Extracción. “Aquí encontramos los casos de detención de familiares o amigos de la persona que se pretende perseguir con el objeto de extraer información, en muchos casos bajo tortura, sobre el paradero de un perseguido político o para motivar la aparición de esa otra persona”, explica Himiob.

Martha Tineo, abogada y directora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón, considera que la práctica es tan común que “podría decirse que al menos 60% de los familiares de presos políticos han sido víctimas de Sippenhaft de una u otra manera”, con torturas directas, hostigamientos o maltratos recurrentes. Según Tineo, existe un subregistro, pues menos de 5% de las víctimas denuncia formalmente esta situación a causa del miedo que sienten. 

El abogado Carlos Marrón Colmenares es parte de ese escaso 5%. El 10 de abril de 2018, su padre de 73 años, Ramón Marrón, salió a caminar como de costumbre por los alrededores de su casa, en la urbanización Valle Arriba (barrio de clase pudiente del sureste de Caracas), cuando de pronto fue interceptado por unos hombres que lo obligaron a meterse en un carro blanco. La cámara de seguridad de uno de los edificios cercanos grabó lo que parecía ser un secuestro planificado por el hampa común. Tras saber que no aparecía, su hijo, que tenía varios años residenciado legalmente en Estados Unidos, decidió viajar esa noche a Venezuela. Al llegar al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, lo esperaban agentes de la Dgcim.

Lo llevaron a la sede en Boleíta, Caracas, donde lo interrogó Alexander Granko Arteaga, jefe de la Dirección de Asuntos Especiales. En medio de las torturas a las que era sometido en el interrogatorio, relata Marrón Colmenares, Granko Arteaga le preguntó si su padre tenía alguna enfermedad y tomaba alguna medicina. Ahí se dió cuenta de que el secuestro de su padre lo había hecho la Dgcim y le reclamó a Granko Arteaga, pero esa actitud desafiante solo le valió más golpes.

“Pasé 60 días incomunicado y aislado, nunca supe si a mi papá lo soltaron o si estaba con vida. Cuando finalmente él me pudo visitar es que me entero de cómo fue todo. Mi papá me cuenta que Granko Arteaga fue el que lo entrevistó, lo llevaron a una casa clandestina de tortura y allí estuvo cuatro días, lo metían en un sarcófago, le daban solamente dos vasos de agua al día. Le decían ‘¿dónde está tu hijo? Si tu hijo no viene te vamos a matar’. Cuando lo liberaron le dijeron ‘te vamos a soltar porque tu hijo se entregó, si no, te íbamos a eliminar’”.

Ante el país, Carlos Marrón fue presentado como el dueño del sitio web dolarpro.com, página que marcaba el precio del dólar paralelo en ese entonces, y señalado de terrorista financiero. “Cuando Granko Arteaga me interroga me dice que yo fui dueño de esa página. “¿En la ley cambiaria dice que un exdueño de un dominio está cometiendo delito?”, le pregunté, y me dijo: “No, pero te jodiste, tengo que presentar a alguien en Miraflores”, relata Marrón Colmenares, haciendo referencia al palacio de gobierno.  

Lo cierto es que Marrón había sido el dueño de ese dominio durante cuatro o cinco años pero nunca tuvo una página activa. En 2018, dos amigos lo llamaron para proponerle activar un sitio web; pero como a Marrón no le interesaba aparecer vinculado a ese portal, sobre todo porque todavía tenía familia en Venezuela, lo traspasó a una persona, a la que llama “María Angélica”, que no tenía a nadie en el país. La página dolarpro.com era la única que se mantenía activa, en tanto que los otros dos portales dedicados al mercado cambiario que existían hasta entonces habían sido controlados por el gobierno, explica el abogado.

Marrón dice no tener dudas de que fue un preso político de Tareck El Aissami, quien era vicepresidente en esa época y estaba al frente de una nueva política cambiaria que pretendía activar las casas de cambio en la frontera. Estuvo 21 meses detenido sin ser llevado a tribunales. 

Su liberación pasó por la intermediación de la expresidenta de Chile, Michel Bachelet, para ese momento Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y la mesa de negociación de entonces. Recibió una medida cautelar y, cuando pudo, huyó de Venezuela. Toda su familia está con él en Estados Unidos. 

Madres, hijas, esposas

Entre las amenazas a familiares que han quedado documentadas y han sido elevadas al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se encuentran frases como “tus hijas ya están bastante grandes para hacer sexo oral”, dichas como amenaza a un detenido para hacerlo incriminarse o incriminar a otras personas, y así evitar la violación de sus hijas o su esposa.

Este ejemplo, que se refiere a una persona detenida en las protestas de 2017, es citado por otro de los abogados entrevistados, quien también pidió la reserva de su identidad, para explicar que las amenazas de abuso sexual contra mujeres son recurrentes durante los interrogatorios y torturas son usadas cuando los funcionarios quieren obtener no solamente información sobre un hecho o sobre un tercero, sino también una declaración falsa. La violencia sexual es otro patrón investigado por la FFM de Naciones Unidas y más recientemente por la Corte Penal Internacional, que, en los anexos del informe publicado en abril de 2023, recibió relatos que clasificaron como “Violencia extrema, incluidos los crímenes sexuales y de género”.

Un caso que evidencia la persecución contra familiares mujeres es el de Reyes Hernández González. A finales de octubre de 2020, este productor agropecuario recibió libertad plena tras ser imputado por supuesta traición a la patria, terrorismo y asociación para delinquir, delitos por los que estuvo preso desde 2017 en el sótano 2 de la Dgcim, conocido como la Casa de los sueños. 

Hernández González recuerda que salió de la sede de Boleíta a las 6:00 de la tarde, pasó por la casa de la urbanización Prados del Este, en Caracas, donde vivían sus hijas y también se encontraba su mamá, y siguió hasta Valencia, capital del estado Carabobo, a dos horas al oeste, para encontrarse con su actual esposa. Estando allá, lo llamó uno de sus hermanos para avisarle que la Dcgim se había llevado a Boleíta a su mamá, de 78 años, sus tres hijas (cinco, nueve y 14 años) y la nana encargada de cuidarlas.

Él era el objetivo pero como no estaba, las tomaron como rehenes. El productor asegura haber llamado a la Dgcim y hablado directamente con el general Carlos Terán Hurtado, a quien le dijo que lo fueran a buscar en Valencia. Éste le exigió regresar por sus propios medios. “Reyes, vente, que tengo a tus hijas y no las voy a soltar hasta que tú no llegues”, le dijo el general. 

“¿Dónde está su hijo? Dígale que no dé más declaraciones”

Su esposa lo llevó a Caracas al día siguiente. Lo dejó en el centro comercial Los Ruíces, cerca de la Dgcim. “Ahí llamé al general Terán Hurtado y le dije que me iba a entregar, que me buscaran”, detalló Hernández González. Sus tres hijas, la mamá y la nana, estuvieron 13 horas en la Dgcim. Cuando él llegó las pudo ver. Pero rápidamente pasó junto con su abogado a una oficina donde lo esperaban el general Terán Hurtado —jefe de investigaciones en ese momento—, el coronel Néstor Blanco Hurtado y el teniente Abel Angola. Allí le dicen que tiene una orden de captura en Apure. “Lo máximo que puedo hacer por ti es soltarte a tu familia. Tú te quedas”, le dijo el general, según recuerda. Fueron 16 meses más de prisión en la Casa de los sueños.

Hernández González sostiene que su persecución se debe a las presiones a las que el gobierno lo sometía para que vendiera el Hato Chaparralito, su finca de 7.500 hectáreas en Apure, atractiva por su ubicación estratégica en la frontera con Colombia y por su pista aérea construida en 1958 y registrada en el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac). No la vendió, pero tras su detención en 2017 fue ocupada por funcionarios del Estado y ha sido saqueada, asegura.

En diciembre de 2021, recibió una nueva boleta de libertad plena por el tribunal de Apure que había ordenado su detención en 2020. En ese momento se encontraba bajo una medida de casa por cárcel que cumplía en San Fernando de Apure, la capital estatal. Al conocer la noticia, buscó la manera de salir del país, anticipando que la persecusión en su contra no cesaría. 

Llegó hasta el estado Falcón, donde abordó una lancha hasta la península de La Guajira, que Venezuela comparte con Colombia, e ingresó al país vecino. Actualmente reside en Estados Unidos como testigo protegido, pero su huída intensificó la persecución contra su familia. 

En marzo de 2023, funcionarios de la Policía Anticorrupción y Terrorismo, vestidos de negro y con armas largas, fueron hasta la finca de uno de sus hermanos, Carlos Eduardo Hernández, en El Socorro, estado Guárico. Como no lo encontraron allí, fueron a la casa de su mamá, donde sí consiguieron a otro de sus hermanos, Jorge Luis Hernández, y se lo llevaron detenido. Lo sometieron a un interrogatorio donde le preguntaban dónde estaba su hermano, Reyes Hernández. “Dile que se entregue”, decían. Después de ocho horas lo liberaron. A los tres días regresaron a la casa de su mamá, María Piedad Hernández, para tomarle una declaración. Se llevaron su teléfono, la intimidaron: “¿Dónde está su hijo? Dígale que no dé más declaraciones” a la prensa, le advirtieron. En las siguientes semanas siguieron llamando a su casa, a sus hermanos y a algunos amigos para enviarle un mensajea través de ellos: que se entregue; que se regrese; que no declare ante la Corte Penal Internacional. 

Derecho a no declarar

En todos los casos de Sippenhaft, el marco legal que debe resguardar a los venezolanos es borrado por completo. La seguidilla de violaciones de derechos comienza cuando los funcionarios de inteligencia del Estado detienen arbitrariamente al familiar de ese perseguido por motivos políticos, sigue con la desaparición forzada que -como agravante- suele darse en secreto, y continúa con la tortura. Todo bajo un paraguas de clandestinidad que aúpa la discrecionalidad de los funcionarios y el abuso psicológico de las víctimas. “Nadie sabe que estás aquí, podemos hacer cualquier cosa contigo”, suelen decir los funcionarios.  

La abogada Martina Alcarra, miembro del equipo jurídico de la organización Defiende Venezuela e investigadora del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, recuerda que el derecho a la libertad personal es inviolable. Una detención sólo puede darse tras la presentación de una orden judicial o si la persona es hallada in fraganti.

Pero hay un derecho que las víctimas desconocen: un familiar (cónyugue, descendientes, ascendientes y demás parientes) no está obligado a declarar sobre el paradero de una persona que está siendo buscada. Esta exención ampara a médicos y abogados, y está incluida en la sección quinta, artículo 210, del Código Orgánico Procesal Penal vigente (del año 2021), reformado por la Asamblea Nacional oficialista.

Un tribunal de control también puede ordenar que una persona sea llevada por la fuerza pública hacia el Ministerio Público para que rinda declaración por un hecho que se esté investigando. Esto, sin embargo, no es considerado una detención sino una entrevista, pero, de nuevo, debe haber una orden judicial previa.

“Sucede mucho que le dicen al familiar que va a ir a una simple entrevista y al llegar al lugar ve que está siendo detenida arbitrariamente. Es importante que la persona exija la orden, porque el funcionario no la va a mostrar por iniciativa propia. Igual. cuando se trata de un allanamiento, en lugar de darles entrada, [hay que] exigir la orden, de lo contrario no se considera inviolabilidad del hogar”, advierte Omar Piñango, abogado e investigador de Defiende Venezuela y coordinador del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad.

El único caso que justifica la detención y testimonio de un familiar es cuando sea coautor de algún delito que por tanto activa investigación previa. En ese caso, se emite una orden judicial con esa solicitud, explican los abogados.

Ninguno de esos escenarios legales se presentó en los casos de Sippenhaft recopilados para esta investigación. 

Luego de la publicación de los informes de la FFM de Naciones Unidas, los abogados han visto una disminución en esta práctica, tras el pico de casos que empezaron a documentar desde 2017, y continuó hasta 2020. Las investigaciones que mantienen Naciones Unidas desde 2019 (el mandato termina en 2024) y la Corte Penal Internacional (CPI) desde 2018, han provocado un cambio. 

La CPI se enfoca en investigar crímenes de lesa humanidad (establecidos en el Estatuto de Roma), que son distintos a las violaciones de derechos humanos. Éstas conllevan a una responsabilidad estatal, mientras que la CPI establece la responsabilidad penal individual por los crímenes perpetrados. Aquí cobra relevancia la cadena de mando de organismos e instituciones. 

Otra instancia, pero de alcance regional, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta ella fue enviado uno de los casos más representativos de Sippenhaft venezolano, el de la detención de Juan Pedro Lares Rangel, hijo del alcalde de Ejido, en el estado Mérida, Omar Lares, quien era miembro del partido opositor Voluntad Popular. Su historia completa puede ser leída en este cómic especial que acompaña a esta investigación. 

En su caso, no hubo orden de aprehensión, ni situación de flagrancia que justificara su detención, pero estuvo en el Helicoide 10 meses, bajo torturas. “Como nunca fue presentado ante la justicia, en el registro venezolano no existe nada, ningún rastro, de que estuvo privado de libertad". Por eso, su liberación en junio de 2018 se produjo sin orden de excarcelación. “Es decir, el tiempo que estuvo allí fue completamente clandestino”, subraya Alcarra.

En octubre de 2017, la organización Defiende Venezuela introdujo una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por él y su familia y, en julio de 2022, después de ser revisado y solicitar información a los representantes legales como al Estado venezolano, la Comisión pasó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, por la violación de los derechos políticos del alcalde Omar Lares y por la desaparición forzada, privación ilegal de la libertad y tortura de su hijo. 

La Corte Interamericana está en el proceso de determinar si el Estado venezolano ha incurrido en responsabilidad internacional por la violación de alguno de los derechos consagrados en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Como sucedió con la Gestapo, es probable que no se conozca la totalidad de víctimas venezolanas de Sippenhaft porque no hay registro de este tipo de detenciones y castigos en los órganos de justicia y de inteligencia del país. Aunque eso deja abierta la pregunta de cuántos casos de Sippenhaft ha habido verdaderamente en Venezuela queda una primera certeza: al menos 25 familias fueron quebradas por el madurismo.

*Esta es la primera entrega de la serie Rehenes de la ley, investigación sobre casos de Sippenhaft en Venezuela. Una segunda historia será publicada el domingo 30 de julio.