El silencio y el aislamiento de una comunidad cerrada, bajo resguardo de barreras y garitas, parecen proteger de cualquier violencia que venga de afuera a las familias que habitan en este ramal, un colofón de la extensa calle Simón Planas, en Colinas de Santa Mónica. Aunque resulte que la violencia siempre estuvo dentro.

A primera vista, una de sus casas luce similar a las adyacentes quintas, típicas de la urbanización, situada en el suroeste de Caracas, cerca de los empinados linderos entre los municipios Libertador y Baruta. Alguna vez en el inmueble hubo vida familiar. Se hicieron hallacas, corrieron niños en su patio, se recibieron visitas.

Dos casas más allá, al fondo de la calle ciega, se encuentra el Salumificio Il Visconti, un restaurante y fábrica de embutidos artesanales, preparados según la tradición italiana. Funciona desde 2010. La casa que le sirve de sede yace sobre una cornisa de las colinas, un mirador que ofrece vistas sublimes del cerro El Ávila y del oeste del valle de la capital venezolana. El local solo atiende en las noches, aprovechando el escenario y el panorama que se observa desde sus terrazas, propicias para contemplar la puesta del sol en una cena romántica con música en vivo. También se celebran bodas, cumpleaños, navidades y brindis corporativos.

Sin embargo, diversas señales empiezan luego a sugerir que nada normal ocurre en la quinta La Arenosa; en cambio, sí algo ominoso. La distinguen altos muros de piedra, cercado eléctrico, paredes reforzadas con ladrillos y cámaras de vigilancia dispuestas en ángulos cruzados, entre otros signos de acuartelamiento.

Los indicios no mienten. Hasta hace poco, en la quinta funcionaba un centro clandestino del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política), donde sus agentes escondían y torturaban a activistas de oposición secuestrados. Armando.info confirmó al menos siete casos de víctimas de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, detenidas después del fraude electoral que Nicolás Maduro perpetró en julio de 2024, que fueron objeto de maltratos y tormentos entre sus paredes.

En algún momento, todas esas víctimas fueron trasladadas -varias de ellas inmovilizadas por un dispositivo que agentes y prisioneros apodaban El pulpo, pues ata manos y piernas a la vez- hacia El Helicoide, el hasta hace poco siniestro reclusorio que también se divisa desde las terrazas de Il Visconti.

Los esbirros siempre cobran la renta

“Sí, esa casa es del Sebin”, afirmó un vecino de la quinta, de dos plantas y jardín, al responder a una consulta del equipo de Armando.info. Aseguró que recientemente no ha visto el movimiento de las camionetas que solían salir y entrar a toda hora, una actividad intensa que duró por años.  

El acceso a la calle está restringido. Para entrar hay que dejar atrás dos garitas de vigilancia donde se valida un código autorizado por los habitantes de la zona residencial. 

La Arenosa fue construida por sus dueños originales en los años 70, cuando la clase media caraqueña se expandía por las colinas del sur del valle y más allá, con el auspicio de la prosperidad petrolera. Personas que vivieron en la casa o la frecuentaron, la recuerdan como un hogar luminoso, de puertas abiertas, donde se celebraban cumpleaños familiares y se hacían parrillas con amigos cada fin de semana. Los festejos navideños en la vivienda se rememoran con cariño. Entonces se reunían varias familias para preparar hallacas en el patio interno, a la sombra de un árbol de mango.

Décadas más tarde, el terror se alojó en La Arenosa.

Por ello, los prisioneros políticos que por ella pasaron la recuerdan de otra manera. Durante la mayor parte de su estadía permanecieron con los ojos vendados y esposados. Aun así, las impresiones y los atisbos que cosechaban en la casa, cruzados más tarde con otros prisioneros de vuelta a El Helicoide -desde donde eran trasladados-, permitían construir en la memoria un mapa bastante aproximado a la realidad del lugar donde los habían maltratado. Algunos lograron identificar partes de la casa en los breves momentos en los que les quitaban la capucha para interrogarlos o dejarles ir al baño; otros miraban “algo” por los rabillos de los ojos que las vendas no cubrían. Escuchaban las conversaciones de los policías, el traqueteo de una lavadora y los gritos de otros detenidos. Con esas piezas concluyeron que el lugar donde habían estado desaparecidos era ese de Colinas de Santa Mónica

El contraste entre el horror y el candor, distanciados por tan solo unos metros, remite a la atmósfera de la película Zona de Interés, del director Jonathan Glazer, ganadora de un premio Óscar en 2023, a su vez muy libremente inspirada en el libro homónimo del escritor británico Martin Amis. Los pasajes de la una y del otro muestran la vida casi idílica de la familia del comandante del campo de exterminio de Auschwitz, Rudolf Höss, así como las de otros oficiales de la SS nazi, que discurrían impasibles, separadas apenas por una pared del infierno donde a diario gaseaban e incineraban a miles de personas, Con la diferencia de que esas familias arias de la II Guerra Mundial conocían a ciencia cierta que algo terrible ocurría detrás del muro, algo de lo que los vecinos de Colinas de Santa Mónica no necesariamente estaban informados. 

Muchas de las casas clandestinas ubicadas, como La Arenosa, en vecindarios familiares de clase media o media-alta de Caracas, y quedaron en manos del Sebin y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) para convertirlas en centros de torturas, fueron parte del botín que el régimen chavista confiscó, la mayoría de las veces sin soporte legal y solo como hecho cumplido, de viviendas de opositores exiliados, presuntos narcotraficantes y familias acomodadas, según explicaba la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos (MIIDH) de Naciones Unidas en su tercer informe de 2022. Si bien se trata de organismos oficiales -en el caso del Sebin, por ejemplo, desde 2012 quedó adscrito al organigrama de la Vicepresidencia de la República-, ambos optaron por hacerse de estos lugares informales u oficiosos a manera de casas seguras o casas de seguridad, en principio destinadas al resguardo de funcionarios del régimen ante emergencias de orden público o golpes de Estado, “pero [que] luego se utilizaron para encarcelar, torturar y secuestrar a opositores”, relata el informe. 

La Arenosa aparece como un caso excepcional frente a esa usanza de las agencias de inteligencia del chavismo. Allegados a los propietarios originales aseguran que estos vendieron la vivienda a un militar alrededor del año 2000. La memoria se les hace imprecisa. Así que es un documento judicial el que termina por aclarar la verdadera trayectoria patrimonial de la quinta. 

Se trata de un acta de divorcio emitida en 2012 que revela que, hasta entonces, el inmueble era propiedad del excapitán del Ejército, Carlos Luis Aguilera Borja, junto con su primera esposa, María Esther Rioobo de Aguilera. El documento certifica que en la quinta La Arenosa la pareja, que permanecía separada desde 2005, había establecido “su último domicilio conyugal”. 

Aguilera Borjas fue uno de los guardaespaldas de confianza del comandante revolucionario, Hugo Chávez. Dirigió la policía política (entonces Disip, Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención, antes de llamarse Sebin) del primer gobierno del caudillo bolivariano hasta 2002. Entonces, al discreto oficial lo señalaron por su fracaso en prevenir y sofocar el golpe militar del 11 de abril de 2002, que sacó a Chávez del poder por 47 horas. Para colmo, durante la asonada, agentes de la misma Disip, sus subordinados, llegaron a arrestar a Aguilera. Así quedó cuestionado su control sobre el cuerpo, así como quedaron en entredicho su eficacia y hasta su lealtad a la Revolución. Fue entonces destituido de aquel puesto y degradado a la insignificante dirección del Fondo de Jubilados y Pensionados. Su defenestración, sin embargo, no le cayó mal a Aguilera. Sería el comienzo de una carrera de negocios en el extranjero, por la que hizo fortuna, hasta el punto de aparecer en una filtración masiva del Credit Suisse en 2022.

La Arenosa pasó a manos de nuevos propietarios en 2012, el mismo año del divorcio del matrimonio Aguilera-Rioboo, según consta en un acta de compraventa inmobiliaria a la que tuvo acceso Armando.Info. El 4 de junio de ese año, María Esther Rioboo de Aguilera, en representación de quien fuera su esposo, Luis Aguilera Borjas, vendió la quinta de 608 metros cuadrados, ubicada en el Ramal 2 de la avenida Simón Planas de Colinas de Santa Mónica, a un ciudadano venezolano cuya identidad se omite por razones de seguridad. 

Siete años más tarde, en marzo de 2019, el Sebin incautó la quinta La Arenosa de forma preventiva como parte de una investigación penal por el delito de reventa y agavillamiento al que supuestamente estaría vinculado el nuevo propietario. Pero cuatro meses después, tanto el Tribunal 20 de Control como la Fiscalía 74 del Ministerio Público, ordenaron al Sebin y a la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft) la devolución inmediata de los bienes incautados tras cumplirse el procedimiento legal correspondiente. Pero de nada valió ese mandato ni las solicitudes de amparo constitucional introducidas durante los últimos ocho años para que se devuelva la casa. Hasta marzo de 2026, el Sebin sigue usurpando La Arenosa y dándole otros usos muy distintos al residencial.

Libro de visitas

Fueron ocho los hombres vestidos de negro que, la noche del 10 de diciembre de 2024, detuvieron al activista político venezolano, Jesús Armas, en la entrada de un café de la urbanización Las Mercedes, en el sureste de Caracas. En esa fecha, el exconcejal de Caracas y director de la organización Ciudadanía Sin Límites había decidido salir de la clandestinidad, en la que estuvo a salvo desde que se desató la vorágine represiva tras el fraude electoral del 28 de julio. Estaba harto del encierro, confesó a Armando.info, y lo dejó, si bien lo preocupaba que ese abandono de la concha suponía exponerle al riesgo de engrosar la lista de presos políticos del régimen de Nicolás Maduro, que en aquel entonces ya superaban los 2.000. No pasaron 24 horas antes de que cayera en las garras de la policía política.

Los individuos, con uniformes pero sin insignias, le taparon la cabeza con una capucha, lo obligaron a subir a una camioneta y se pusieron en marcha de inmediato. Al cabo de pocos minutos de recorrido se detuvieron, bajaron al activista político del vehículo, y lo condujeron al interior de algún lugar que, en el primer momento, no tuvo cómo identificar. Con todos los sentidos velados, el también profesor universitario intuyó que estaban cerca de Las Mercedes, donde lo habían apresado, pues el trayecto había sido corto. En efecto, Colinas de Santa Mónica se encuentra en unas alturas cercanas.

Durante su cautiverio, Armas comprobaría poco después que sus captores eran agentes del Sebin, la policía política del hoy depuesto Maduro, según su testimonio para Armando.info.

Luego de sentarlo en una silla de plástico, sigue su relato, le quitaron la capucha y empezaron a interrogarlo. Armas se descubrió entonces en la cocina de una casa desconocida, rodeado por un grupo de hombres, la mayoría con los rostros ocultos tras pasamontañas. Solo dos de ellos dejaban ver sus caras. Fueron precisamente quienes condujeron con agresividad el interrogatorio. Le preguntaron de forma insistente por los paraderos de María Corina Machado y Juan Pablo Guanipa, quienes entonces se encontraban en la clandestinidad, como muchos otros dirigentes de la oposición. En vista de que el exconcejal se negaba a responder, metieron su cabeza en una bolsa de plástico para quitarle el aire, lo que agravó su condición de asmático. 

La sesión de tortura de los policías solo cesó cuando uno de los hombres de negro avisó que “la tipa ya está diciendo que lo secuestraron”. Se refería a la pareja de Armas, la también activista Sairam Rivas, quien para el momento había comenzado a hacer la denuncia de la desaparición a través de las redes sociales, y por lo tanto aparecía en las pantallas de los celulares de los agentes.

Solo al tercer día de aislamiento fue cuando Armas consiguió verificar dónde lo tenían. Luego de dormir tres noches en la silla de plástico blanca, debajo de una escalera, y en un pequeño cuarto en la planta baja, sus custodios lo mudaron al segundo piso de la casa, donde había una habitación con literas para el descanso de los agentes policiales. Desde allí, logró asomarse por la ventana de un baño y leer, en el muro de enfrente, un letrero callejero que indicaba: “Ramal 2, Colinas de Santa Mónica”. 

Pero Armas no podría compartir públicamente este hallazgo sino hasta un año y dos meses después, cuando fue liberado del confinamiento por el cual rotó de la sede de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, en el noreste de Caracas, a El Helicoide, además de cárcel, sede de oficinas del Sebin. 

Entre sus primeras declaraciones al salir de El Helicoide, el 8 de febrero de 2026, el exconcejal confirmó frente a las cámaras que había sufrido torturas y vejaciones en la quinta La Arenosa de la calle Simón Planas, Ramal 2, Colinas de Santa Mónica. 

El informe de conclusiones de la MIIDH, publicado el 8 de septiembre de 2025, registró también el caso del empresario Noel Álvarez, otro visitante forzado y maltratado en La Arenosa. Álvarez, expresidente de la organización patronal Fedecámaras, fue coordinador del Comando Con Venezuela que organizó la campaña presidencial de 2024 en apoyo al candidato Edmundo González Urrutia, sustituto que la inhabilitada María Corina Machado designó.

Álvarez ya había recibido amenazas cuando, el 10 de enero de 2025, lo capturaron sin orden judicial en la urbanización Terrazas del Club Hípico, sureste de Caracas. Aquel día estuvo cargado de acontecimientos, pues era la fecha de la toma de posesión fraudulenta de Maduro. 

A Álvarez se lo llevaron unos 15 funcionarios del Sebin a bordo de tres camionetas negras. Le taparon la cara con su propia franela, a modo de capucha improvisada, lo esposaron y le robaron su celular, la cartera, una tablet y 300 dólares en efectivo. Sintió que el trayecto había durado pocos minutos cuando se detuvieron en la casa en la que pasaría cinco días incomunicado, durmiendo en una silla de plástico o en el piso, sometido a preguntas e inmovilizado por El pulpo. Desde el primer momento recibió órdenes de “no me mire” y lo golpeaban cada vez que intentaba quitarse el antifaz de papel, atado con cinta adhesiva. Un perro con cara de pocos amigos lo vigilaba de manera permanente. Luego lo trasladaron a El Helicoide, donde lo confinaron entre el grupo de los presurizados, mote con el que se identificaba a los presos sin derecho a visita. Le imputaron delitos de terrorismo, conspiración e incitación al odio, y su salud se deterioró, lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a otorgarle medidas cautelares. Diez meses después, quedó excarcelado. Recientemente su caso estuvo entre los beneficiarios de la Ley de Amnistía que Delcy Rodríguez promulgó. 

Otros dos activistas políticos, que prefirieron mantener sus identidades en reserva, confirmaron a Armando.info que también hicieron su tortuosa pasantía por la casa de Colinas de Santa Mónica. Sus relatos coinciden. Tras la jornada electoral del 28 de julio de 2024, quedaron a merced de un reiterado modus operandi: después de su detención por funcionarios del Sebin, los trasladaron a la casa de Colinas de Santa Mónica, donde permanecieron vendados por varias horas y hasta días, fueron robados, golpeados o asfixiados con bolsas plásticas, al mismo tiempo que le exigían información sobre líderes de la oposición.

La detención arbitraria de Jesús Armas ocurrió dos meses después de que Maduro designara al mayor general Alexis José Rodríguez Cabello como director del Sebin, en sustitución del general Gustavo González López, quien desde 2019 había ocupado ese cargo, donde fue blanco de señalamientos por ordenar y consentir tratos crueles o degradantes, así como torturas, contra los presos políticos. González López es el mismo que esta semana acaba de ser nombrado ministro de Defensa, en relevo del general Vladimir Padrino López, quien ocupó el puesto por casi 12 años. 

Circuito maligno

La quinta La Arenosa, que ocupa toda la esquina de una cuadra, forma parte de un circuito de centros clandestinos que se halla en el perímetro de la urbanización Santa Mónica, parroquia San Pedro del municipio Libertador. El circuito colinda con puntos estratégicos, como el complejo militar Fuerte Tiuna, sede del Ministerio de Defensa, y la urbanización Cumbres de Curumo, tradicionalmente predilecta de la oficialidad castrense, y donde los hijos de la ex primera dama, Cilia Flores, se adueñaron de 14 propiedades en una zona calle. Además, está a unos dos kilómetros del edificio principal del Sebin en Plaza Venezuela, en cuyos sótanos se encuentra La Tumba, la infame cárcel subterránea. 

Para más señas, desde Colinas de Santa Mónica es posible conectar casi de forma directa con El Helicoide, ubicado en la colina de Roca Tarpeya, para lo que hay que atravesar el Paseo Los Ilustres en dirección hacia la avenida Nueva Granada que, luego, empalma con la avenida Fuerzas Armadas. 

En Santa Mónica también funcionaba otro centro clandestino, a cargo de la llamada Coordinación del Orden Democrático (COD) del Sebin, según el Casla Institute. En su informe anual 2023-2024, la organización aseguraba que un centro de adiestramiento operaba en la Base 100 de Santa Mónica, entre las calles Lisandro Alvarado y Gil Fortoul, donde los agentes de inteligencia venezolanos no solo recibían entrenamiento de sus colegas del régimen cubano, sino que también prodigaban torturas a detenidos.  

En 2022, dos años antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio, la MIIDH ratificaba que el Sebin había perpetrado actos de tortura y maltrato contra detenidos, entre ellos políticos opositores, periodistas, manifestantes y activistas por los derechos humanos, principalmente en el centro de detención del Helicoide.

Pero hoy los alrededores de la quinta La Arenosa en Colinas de Santa Mónica lucen más apacibles que de costumbre. Podría pensarse que por efectos de la operación militar de Estados Unidos que, el reciente 3 de enero, concluyó en el arresto y extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores desde Fuerte Tiuna, y en la toma del poder por parte de una administración interina encabezada por Delcy Rodríguez. No es así. La tregua llegó antes a La Arenosa.

“Ellos [el Sebin] ya no están. Se fueron de esa casa hace como un año. Ahora solo vive allí una funcionaria”, dijo un vecino, a la vez que se encogía de hombros, quizás desentendiéndose de los fines funestos a la que la vivienda fue destinada. A lo que sí pasó revista pormenorizada, en cambio, fue a la cuenta de todas las familias de los ramales de Colinas de Santa Mónica que tuvieron que vender sus casas patrimoniales y emigrar por la crisis incubada durante más de dos décadas de chavismo.

*Este reportaje fue actualizado el 9 de abril de 2026 con la información sobre lo que ocurrió con la quinta La Arenosa entre los años 2012 y 2019, cuando el Sebin se apoderó del inmueble. 

Los Granadillo –oriundos de Bocas de Río Chiquito, un pueblo del norte del estado Monagas– se habían mudado a la casa del coronel García Palomo, en la urbanización Monte Bello del municipio Carrizal, estado Miranda, para estar cerca del Hospital Victorino Santaella, donde Ariana debía culminar pasantías para graduarse de médico. Pero después del segundo secuestro y la retahíla de torturas de la que su hija fue objeto, decidieron abandonar el país sin que ella terminara la carrera. El 24 de junio de 2018 se presentaron en la frontera del estado Táchira, en los Andes del suroccidente de Venezuela, para seguir camino a Colombia. No esperaban entonces que Ariana fuera detenida, esta vez con una orden de captura que la solicitaba “por rebelión militar”.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, subió a sus redes sociales el anuncio del arresto junto a la foto de la joven de 21 años. Funcionarios de ese organismo la detuvieron y trasladaron a Caracas en un periplo de una semana en la que pernoctó en calabozos de comisarías de ocho estados (Táchira, Zulia, Mérida, Barinas, Cojedes, Yaracuy, Portuguesa y Lara).

“Ellos decían que si vivíamos en su casa era porque sabíamos dónde estaba él”, recuerda Ariana Granadillo, ahora desde Washington DC, Estados Unidos. El suyo es un vivo ejemplo de que en la República Bolivariana de Venezuela el gobierno detiene y tortura de manera sistemática a familiares de disidentes y presos políticos, convirtiéndolos también en presos políticos.

Armando.info identificó 25 casos de parejas, madres, padres, hijos y hasta una prima tercera –en el caso de Ariana Granadillo– que fueron insultados, amenazados de muerte y torturados con golpizas, asfixias, descargas eléctricas y agresiones sexuales, para que confesaran el paradero de los suyos.

La coerción y el secuestro de familiares se volvió práctica común entre oficiales y comisarios de la Venezuela de hoy, al amparo de los tribunales. “Es un sistema organizado, donde hay una complicidad necesaria porque no pudiera trascender más allá si no estuviera en consonancia con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y los propios organismos policiales”, advierte Joel García, abogado penalista y representante de varios presos políticos.

No en vano, los tribunales de control –la primera instancia para ir a juicio– tienen ese nombre: deben controlar el respeto a las garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos. Para García, esta connivencia activa se extiende hacia arriba y hacia abajo de la cadena de mando, hasta llegar al primer mandatario nacional.

En efecto: el exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), general de división Manuel Cristopher Figuera, asegura que el propio Nicolás Maduro le ordenó detener a la mamá del dirigente opositor Juan Guaidó.

Fue la última semana de febrero de 2019 en el Palacio de Miraflores. “Me mandó a meter presa a la mamá de Guaidó y al otro día fui a hablar con él en su despacho y le dije: ‘Mire, voy a necesitar un equipo médico. ¿Usted está en cuenta de que esa señora está en un tratamiento oncológico en el Centro Médico Docente La Trinidad?’.  Y el tipo tuvo un momento de reflexión y me dijo: ‘no, no, bueno, mete preso al hermano’”.

Al final, Gustavo Guaidó pudo salir del país sin ir preso, pero los últimos informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de las Naciones Unidas,  han documentado decenas de casos de familiares que han sufrido agresiones que evocan fantasmas de la Alemania nazi.

“Un acusado de participar en la Operación Gedeón dijo al Tribunal de Control en su audiencia preliminar que agentes de la Dgcim lo torturaron y le dijeron que aplicarían el ‘Sippenhaft’ (una táctica de castigo colectivo utilizada por los nazis)”, advirtió la misión en su informe del 17 de septiembre de 2021. El Sippenhaft también extiende la responsabilidad de un imputado a sus familiares y el testimonio añadió que la amenaza se cumplió al detener y apresar a dos hermanas y a un cuñado de la víctima durante 32 días en el cuartel general de la Contrainteligencia Militar en Caracas, ubicado en la urbanización Boleíta Norte.

En total, las conclusiones de los informes de 2020, 2021 y 2022 mencionan 107 veces las palabras “familia” y “familiares”, asociándolas en casi la mitad de los casos a represalias y torturas contra ellos.

El general Christopher Figuera conoce al monstruo por dentro. Fue parte de los servicios de inteligencia de la Venezuela bolivariana y está convencido de que se trata de una práctica tropicalizada en el Caribe. Desde el exilio, al que salió tras el fallido levantamiento contra Maduro del 30 de abril de 2019, del que formó parte, dice que son cosas que no están escritas en un manual, pero que les han dado resultados y que “vienen de Cuba”, cuyos funcionarios de contrainteligencia a su vez fueron formados en la antigua República Democrática Alemana (RDA), la Alemania comunista.

“No es que lo llamen así y le pongan ese nombre alemán (Sippenhaft); eso es a lo criollo: ‘mira, agárrate a alguien y lo traes aquí’”, aclara. No es casual, a su juicio, que estas prácticas hayan aparecido principalmente en la Dirección de Investigaciones y la Dirección de Asuntos Especiales de la Dgcim justo después del año 2014, cuando sus integrantes regresaron de la isla –en diferentes oleadas– tras completar el mismo Curso de Estado Mayor en el que, unos años antes, el propio general Christopher Figuera aprendió técnicas de interrogatorios e ingeniería social que ahora se emplean en Venezuela.

Una de las principales lecciones de entonces era la de obtener datos que ayudaran a perfilar el modo de vida, los gustos y detalles aparentemente insignificantes de sus objetivos. “Ese dato es relevante porque por allí pueden atacar la psiquis de la persona; buscan su punto débil, buscan quebrarte, y hemos visto que hasta hubo casos en los que atacaron familiares de sus víctimas”, dice.

Es conocido que la Cuba castrista tiene tradición en el tema. En los ochenta llegó a condicionar el libre tránsito de los familiares del célebre preso político, Armando Valladares, cuyo confinamiento se prolongó por más de dos décadas y polarizó el debate internacional en tiempos de la guerra fría. “Su madre, hermana y cuñado, quien fue también preso político, pueden ser considerados rehenes del Gobierno cubano”, lamentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca del caso 2300 en la resolución N° 2/82, el 8 de marzo de 1982. “Aunque tienen visas extranjeras, el Gobierno les negó el permiso de salida. Las autoridades de la prisión han informado a Valladares que tendrá que firmar una carta renegando sus denuncias para que su familia pueda salir del país”.

Susana Vásquez, periodista y antropóloga cubana e investigadora de Cubalex, organización dedicada a documentar y asistir a víctimas de violaciones contra los derechos humanos en la isla, advierte de varios casos en los que –entre las décadas de los sesenta y los ochenta– se llevaron por delante a los familiares de los imputados. Es difícil cuantificar cifras, pero las formas ayudan a dimensionar la magnitud del Sippenhaft a la cubana. Como en el caso de Juan Carlos Álvarez Aballí, que terminó fusilado por el “delito” de ser el cuñado de Juan Maristany, quien participó en el asalto de un cuartel en busca de armas, junto a otros dos cubanos. Para salvarse de un juicio sumario contra un golpista, Maristany se refugió en la embajada de Brasil en La Habana, pero no sabía que así estaba firmando la sentencia de muerte de su cuñado, explica Vásquez: “El destacamento de la Seguridad del Estado tocó entonces la puerta de al lado y detuvo a Álvarez Aballí, quien no estaba involucrado en actividades subversivas”.

“El abogado defensor, en un acto de valor, se atrevió a presentar una carta del cuñado, certificada por el embajador, en la que se hacía único culpable de una sustracción de armas y explicaba con detalles hechos que demostraban la inocencia de Álvarez Aballí. El tribunal rechazó rotundamente la carta de Juan Maristany y planteó que si éste salía de la embajada y se entregaba a las autoridades, entonces cambiarían la sentencia”, recordó el propio Valladares en sus memorias, Contra toda esperanza. Pero nada revirtió la condena a muerte de Álvarez Aballí.

“Un castigo ejemplarizante”, concluye Susana Vásquez, segura de que estos desmanes han logrado instalar el miedo en la sociedad cubana, como una suerte de aviso para quien todavía hoy se anote en la resistencia. En la actualidad, la persecución a familiares se caracteriza por interrogatorios prolongados (más de cinco horas, con tres o cuatro interrogadores para una sola persona), así como amenazas de detención, sobre todo a hijos de activistas, explica Laritza Diversent, abogada y directora de Cubalex. “Es una técnica selectiva que busca aislar a la persona de sus familiares para quebrarla”.

Algo similar está emergiendo en otras dictaduras de América Latina. En Nicaragua encarcelaron en septiembre de 2022 y luego condenaron, en enero de 2023, al círculo más cercano del opositor Javier Álvarez, por los delitos de “conspiración” y “propagación de noticias falsas” en redes sociales. Los oficiales no encontraron a Álvarez en su residencia de Managua y, al constatar que había huido a Costa Rica, capturaron primero a su esposa, Jeannine Horvilleur Cuadra, e hija, Ana Carolina Álvarez Horvilleur, quienes tienen doble nacionalidad, nicaragüense y francesa. Luego fueron por su yerno, Félix Roiz.

Los tres permanecieron presos durante seis meses hasta que el 9 de febrero fueron incluidos entre los 222 desterrados políticos que el mandatario Daniel Ortega montó en un avión, sin regreso, vía Estados Unidos.

En su origen, el término alemán Sippenhaft traduce “responsabilidad colectiva” y la historia señala que, a partir de 1944, esa responsabilidad colectiva fue propagada abiertamente por Heinrich Himmler –jefe de los escuadrones de la SS y uno de los arquitectos del Holocausto–, dando lugar a alrededor de 300 detenciones basadas en el principio de responsabilidad familiar, afectando principalmente a esposas, hijos y hermanos de los combatientes de la resistencia.

A diferencia de Alemania, donde se judicializó el Sippenhaft, en Venezuela, muchos casos no han pasado por los tribunales. Suelen ser torturas off the record que se llevan a cabo en el más absoluto secreto. Pero hay excepciones, como la de Ariana Granadillo, prima tercera del coronel García Palomo, a quien involucran en la llamada Operación Armagedón, un supuesto golpe militar abortado en 2018.

El de García Palomo puede ser el mejor ejemplo del Sippenhalft criollo. Entre el 2 y 6 de febrero de 2018, agentes de la Dgcim detuvieron a su esposa, hijo, cuñado, nuera y primos, recluyéndolos en una de esas casas de torturas clandestinas que también denuncian los informes de Naciones Unidas. Los separaron en espacios reducidos, algunos incluso debajo de unas escaleras donde no podían ni acostarse ni mantenerse de pie. Les propinaron palizas y los amenazaron de muerte en esa suerte de purgatorio extrajudicial. Los agentes ahogaban sus gritos encendiendo licuadoras y subiendo al máximo el volumen de los televisores.

“Los oficiales le dijeron a la Sra. (Sorbay) Padilla que era culpa de su marido que ella estuviera en esa situación. ‘El Capitán’ se enfadó y le tiró del pelo. Una de las agentes mujeres golpeó a la Sra. Padilla en la cara. Le administraron ocho descargas eléctricas, en sus costillas, piernas, pecho y espalda. Sus interrogadores la agarraron repetidamente de la cara, arrancándole una corona dental, que se tragó”.

Así quedó asentado en el informe de Naciones Unidas del 15 de septiembre de 2020 sobre las agresiones contra la esposa del coronel y eso reitera ella hoy, al otro lado del teléfono, desde Montreal, Canadá: “Yo escuchaba desde el lavandero de la casa cómo torturaban a mi hijo; le pusieron gas, lo dejaban en el piso y le daban con las botas diciéndole que él tenía que saber dónde estaba su papá; que nos iban a matar, que nos iban a violar, que iban a tirar los cadáveres al [río] Guaire”.

A ratos, los funcionarios los torturaban y a ratos trataban de convencerlos de que eran amigos. Primero allanaron su casa y luego los trasladaron vendados al centro de tortura donde, paradojas de esta historia, encontraron a los captores vestidos con la ropa del propio coronel García Palomo. “Al que llamaban ‘El árabe’ llevaba una chemisse Hugo Boss azul marino y los zapatos azul marino con rayitas verdes de mi esposo”, dice refiriéndose a sus torturadores. “‘El ingeniero’ cargaba una gorra de Mercedes Benz negra, que también habían sacado de mi casa”.

Los agentes se llevaron hasta los perros del coronel. Uno de ellos, Thor, murió luego de estar en cautiverio y todo indica que el otro, Arpa, es el mastín napolitano que ahora se ve entre la manada de perros realengos que habita en el estacionamiento de El Helicoide, el futurista edificio de los años cincuenta devenido cárcel de presos políticos, entre los que se encontraba el coronel García Palomo después de que lo apresaran en 2019. Luego fue trasladado a la Dgcim.

El abogado penalista Joel García se ha topado con la mascota cuando visita a alguno de sus defendidos. “Un funcionario me dijo que ese era el perro de García Palomo”, comenta.

En Los Juristas del horror, un repaso en clave de mea culpa que analiza los excesos de los tribunales del Tercer Reich, Ingo Müller recuerda que la justicia nazi condenó a un individuo por el “testimonio” de un animal. A falta de testigos, el Tribunal Especial de Posen –entonces Alemania, hoy la ciudad de Poznan en Polonia– resolvió en sentencia del 4 de diciembre de 1941 que el carpintero polaco Ignatz Kazmierczak había sido el agresor del perro, por la reacción del animal. “El perro, por su parte, enfureció de inmediato y se lanzó sobre el acusado. La conducta del acusado prueba que fue él quien apuñaleó al perro, y lo que es más, el perro reconoció a su enemigo de inmediato", apunta el libro. 

Ocho décadas después, en la República Bolivariana de Venezuela, las autoridades no han llegado a ese extremo, pero mantienen a las mascotas de sus disidentes en las cárceles como trofeos de guerra.

Todo quedó resumido en una presentación de 45 segundos, tan poderosa como su presentador, emitida en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), en el programa “Con el mazo dando”, que conduce el número dos del chavismo, Diosdado Cabello Rondón. Alexander Sierra, nombre del joven etiquetado, quedó sentenciado por esa transmisión, a pesar de las irregularidades que, según sus abogados, envolvían el caso.

Sierra fue detenido el sábado 24 de junio de 2017 a las 5:30 de la tarde, cuando salía junto a varios amigos de un restaurante ubicado en Altamira, al este de Caracas, donde celebraban el cumpleaños de una compañera. A pocos metros del local fueron interceptados por cuatro camionetas. De ellas bajaron varios hombres armados, vestidos de civil y sin identificación. Uno de ellos apuntó a Alexander Sierra en el pecho. Él soltó su bolso en el suelo, donde guardaba su camisa de chef, su celular, audífonos y objetos personales, y alzó las manos.

No cargaba niples, cohetones ni pólvora, dicen sus abogados. No fue capturado durante una “Operación Tun Tun”, como se sugirió en el video televisado, un operativo tipo redada denominado así por Cabello, surgido durante las protestas antigubernamentales con el fin de “buscar a los terroristas” en sus propias casas.

Sierra estuvo desaparecido durante 46 horas hasta que fue hallado el lunes 26 de junio en la tarde en el Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la policía política venezolana. En la víspera los funcionarios apostados en la entrada del tenebroso edificio siempre negaron su presencia ahí. Es otro de los motivos por el cual sus defensores y familiares aseguran que el de Sierra sigue el patrón de otros célebres casos de presos políticos: una detención arbitraria, que no siguió los procedimientos judiciales. Un claro ejemplo de desaparición forzada, considerada delito según el derecho internacional.

En esas horas de incertidumbre, Alexander Sierre fue golpeado reiteradas veces para obligarlo a delatar nombres y a dar un falso testimonio. De esas golpizas y otras que siguieron, le quedó un hombro dislocado y una fractura en una mano por permanecer tres días guindado de un tubo.

“A mi hijo no lo mataron porque es artista y lo conoce mucha gente. En las redes sociales se difundió la noticia de que el Sebin se lo había llevado y estaba desaparecido”, asegura su mamá, Nancy Sierra. Ella siempre se refiere a Alexander como “Líryko”, su verdadero apodo, derivado de su faceta como rapero, que combina con su profesión de chef y actor de teatro. El joven de 23 años además es técnico superior universitario en Diseño Gráfico y estudiaba inglés cuando fue detenido.

“Líryko” fue presentado el 27 de junio ante los tribunales militares por supuestamente haber atacado una base militar, poseer prendas militares en su morral junto con niples, cohetones y pólvora, ser terrorista, “financista de las guarimbas” y activista de Primero Justicia. “Todo eso era completamente falso, ninguno de nosotros milita en ningún partido, él no causó esos destrozos y ese día él no andaba marchando. Sí tenía puesta su franela de ‘Soy Libertador’ y sí había ido a varias marchas. Nosotros no estamos de acuerdo con el régimen que nos quieren imponer, y no solo fuimos a las marchas de este año, a las de antes también habíamos ido”, afirma su mamá.

Su abogada, Elenis Rodríguez, asumió el caso como parte de la organización no gubernamental Fundeci y logró demostrar que no podía ser imputado por esos cargos. Para el día de la audiencia preliminar en tribunales militares (fijada para el 9 de agosto), el expediente de Alexander Sierra solo incluía cargos por alteración del orden público y resistencia al arresto, pero ese día su abogada no pudo representarlo. Elenis Rodríguez fue juramentada el 21 de julio junto a 32 abogados más como magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, por la Asamblea Nacional, en una de las últimas acciones del parlamento venezolano para intentar frenar la elección de la llamada Asamblea Nacional Constituyente. A los ocho días Rodríguez solicitó asilo a la embajada de Chile en Caracas para evitar ser juzgada por “traición a la patria y usurpación”.

La abogada Alejandra Tosta asumió el caso de Alexander Sierra desde que Rodríguez fue postulada como magistrada. Ese 9 de agosto logró que el juez militar aceptara remitir el expediente a un tribunal ordinario. Pero desde entonces el caso parece estar en un letargo. El expediente tardó tres meses en llegar a la jurisdicción civil. La insistencia de la señora Nancy se concretó recién el 8 de noviembre. No pudo agilizar un simple traslado de una carpeta desde Fuerte Tiuna hasta el Palacio de Justicia, un trayecto de 12 kilómetros que puede demorar no más de 30 minutos en motocicleta. “Un funcionario de tribunales llegó a decirme que el Plan República no lo había podido llevar. ¿Qué tiene que ver el Plan República con un expediente?”, se pregunta Nancy, ante lo que luce como un sinsentido. ¿El operativo militar que resguarda las elecciones en Venezuela eran, según ese empleado, responsables del retardo judicial?

Alexander Sierra es uno de esos presos políticos que cayeron en el olvido. Son apenas un nombre más en una lista que se encoge y se alarga según las necesidades del régimen bolivariano. No concentran ellos la atención de los medios y a medida que pasa el tiempo nadie los recuerda.

A las pocas semanas de su detención, otro joven parecido a él fue llevado al Helicoide por la misma causa (ataque a la base aérea militar de La Carlota). Su madre y sus abogados están de acuerdo: Alexander Sierra fue detenido arbitrariamente porque se parece a alguien sospechoso de atacar una instalación militar y es moreno, de cabello ensortijado tipo afro, y tiene uno de sus brazos tatuados casi por completo. Lleva seis meses en el Sebin. Se dice que el otro joven, de características similares por el cabello y los tatuajes, que era la persona que las autoridades estaban buscando, fue a la cárcel de El Dorado, en el estado Bolívar, al sur del país. Lo de Alexander fue una equivocación, sospecha la madre.

La oportunidad de salir en libertad antes de Navidad se esfumó la semana del 15 de diciembre. El martes 12 le informaron a Alexander que sería trasladado al Palacio de Justicia para su segunda audiencia. Nunca ocurrió. Un funcionario de jerarquía informó a los detenidos que el Sebin había suspendido los traslados a tribunales hasta febrero.

Narrativa política

Desde las protestas del año 2014 hasta el 15 de diciembre de 2017, la organización Foro Penal Venezolano ha contabilizado 12.007 presos políticos. De ese total, 4.609 personas han recibido libertad plena mientras el restante 61.6% permanece criminalizado: 274 están presos y 7.124 han sido liberados con medidas cautelares.

En esa lista de personas que continúan tras las rejas, están incluidos todos los que responden a los criterios que califican a un detenido como preso político -con base en parámetros y definiciones validadas internacionalmente por la OEA, Parlamento Europeo y el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU-, sean defendidos por abogados de Foro Penal o no, asegura su director, Gonzalo Himiob.

Según esta organización hay tres categorías para identificar a un preso político: a) cuando se trata de un líder político o social que es detenido o condenado por representar individualmente una amenaza política para el Gobierno; b) cuando la persona forma parte de un grupo social al cual se quiere intimidar (defensores de derechos humanos, comunicadores, jueces, militares, activistas sociales y políticos, estudiantes); y c) personas que son utilizadas por el gobierno para sustentar una campaña o una determinada narrativa política del poder, con respecto a determinadas situaciones de trascendencia nacional (no son líderes políticos ni sociales, ni representan a un grupo clave). En esta última categoría estarían los más olvidados, aquellos que terminan abandonados por los abogados, por el sistema, por su familia o por la sociedad.

Himiob aclara que cuando Foro Penal no lleva la defensa de algún preso político puede ocurrir que no tengan cómo manejar la información sobre ese caso en particular, y por lo tanto no lo incluyan en el listado que ellos manejan. “No porque nosotros no queremos, sino porque no tenemos información a la mano”, agrega.

Por ello puede haber más detenidos por razones políticas que los indicados por esta organización, varios de ellos desconocidos o relegados, y en algunos casos identificados por organizaciones de derechos humanos. Los casos de Magaly, Leybis, Héctor, Yeison y Alexander son un ejemplo.

Sin pediatra ni docente

Magaly Izarra es la única pediatra existente en el pueblo de Santo Domingo, en el estado Mérida (andes venezolanos, occidente del país). Leybis Uzcátegui es docente, con postgrado en Gerencia Educativa y coordinadora del único liceo que existe en esa localidad. Ambas estuvieron 60 días detenidas en los calabozos de la policía científica (Cicpc) del estado, y otros 30 días en el Centro Penitenciario de Los Andes sin haber tenido la audiencia preliminar que corresponde por ley, sin haber ido a juicio y sin recibir alguna sentencia.

Las dos fueron detenidas luego de una denuncia presentada por la alcaldesa de Santo Domingo, Idania Quintero, del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela, por participar en una protesta en el pueblo contra la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Les imputaron siete delitos: obstaculización de la vía pública, asociación para delinquir, instigación al odio, lesiones leves a personas de la comunidad, lesiones al centinela (funcionario militar), robo al centinela y financiamiento al terrorismo.

El 21 de julio la doctora y la docente participaron, junto a varias personas, en una protesta pacífica que incluso contó con protección policial. Por minutos se atravesaban en la vía con pancartas en contra de las elecciones de la ANC, y se regresaban a la acera.

No eran más de 20 personas, no hubo enfrentamientos hasta que la alcaldesa Quintero se presentó con unas 50 personas. Cuentan los testigos que, con actitud hostil, les quitaron las pancartas, pitos, les lanzaron piedras y los corrieron del lugar. Al menos dos de los integrantes de la comitiva oficial estaban armados. Incluso le solicitaron a la policía que custodiaba la protesta que se llevara detenidos a todos, pero el funcionario no acató la orden, recuerda Omar Cardona, familiar de ambas.

En medio de los forcejeos uno de los acompañantes de la alcaldesa hirió con un arma blanca a un joven de 21 años en la parte baja de la espalda. Magaly Izarra lo auxilió mientras esperaban trasladarlo al hospital. El resto de los manifestantes corrió hacia una casa cercana para refugiarse de los ataques. Una vez adentro las personas que acompañaban a la alcaldesa, que forman parte de los llamados colectivos, las fuerzas de choque del régimen chavista, comenzaron a lanzarle piedras a la casa y a detonar morteros

Lo que ocurrió luego fue casi una sublevación del pueblo de Santo Domingo. Al correrse la información de lo que estaba sucediendo, unas 200 personas salieron a defender a los manifestantes y lograron que el grupo liderado por la alcaldesa se replegara en la alcaldía. Gracias a esto, las personas que estaban dentro de la vivienda pudieron salir, entre ellas Leybis, quien se marchó a su casa.

La gente se concentró frente a la alcaldía en reclamo por lo sucedido. Alguien llamó a la Guardia Nacional para que los ayudara. De pronto varios oficiales aparecieron en el lugar, agresivos, pero no muy bien equipados, según los testigos. Apenas empezó la represión se quedaron sin municiones y sin vehículos. La poblada los persiguió y cazó a uno de ellos, a quien golpearon fuertemente, lo desnudaron y lo dejaron ir. Allí el enfrentamiento cesó. Ni Magaly (56 años) ni Leybis (52 años) estuvieron en los hechos que ocurrieron frente a la Alcaldía ni en la golpiza contra el guardia. Magaly al final acompañó al joven herido hasta el hospital de Mérida, a 2 horas de Santo Domingo, porque la herida era considerable.

Un mes después de estos hechos, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), allanó las viviendas de algunos de los manifestantes y entregó citaciones. Magaly y Leybis estaban dentro del grupo y viajaron hasta Mérida para cumplir con el trámite. Están detenidas desde entonces.

A mediados de octubre las trasladaron al Centro Penitenciario de Los Andes. En el penal fueron recibidas con golpes y agresiones salvajes, al punto de que ellas mismas pidieron a sus hijas y familiares que no las visitaran. Ambas fueron señaladas por la alcaldesa de Santo Domingo como agresoras del guardia nacional, junto a los demás hombres detenidos, aun cuando la propia víctima declaró que ellas no participaron en su golpiza.

Las familias de Leybis y de Magaly escogieron a un abogado privado para que las defendiera. A finales de noviembre salieron del centro penitenciario pero con medidas cautelares: régimen de presentación mensual y prohibición de salir del estado Mérida. Siguen a la espera del juicio porque fue diferido para el 20 de abril de 2018. Entre tanto, la doctora intenta retomar sus actividades luego de que el pueblo de Santo Domingo sumara cuatro meses sin pediatra.

Veintisiete años

En febrero de 2014, cuando se registraron las primeras protestas contra el presidente Nicolás Maduro, hubo dos fallecidos en el estado Lara (centro occidente de Venezuela). Héctor Cusati Martínez fue señalado como responsable de la muerte de Alexis Martínez (58 años de edad), hermano del entonces diputado del Psuv a la Asamblea Nacional, Francisco Martínez.

Alexis Martínez falleció en la avenida Hernán Garmendia de Barquisimeto, capital de la provincia, al recibir un disparo en el pecho mientras retiraba unos escombros y barricadas que se encontraban en la vía colocados por manifestantes. No estaba solo. Alexis Martínez llegó a esa avenida junto a otras personas identificadas por los manifestantes como colectivos, justo después de que pasaran unas tanquetas de la Guardia Nacional por el lugar, para acabar con la protesta de los vecinos.

“Como el señor que murió era del Gobierno, vinieron buscando a un culpable”, afirma Amada Martínez, madre de Héctor Cusati, tres años después de lo ocurrido.

Héctor Cusati era escolta privado y tenía porte legal de arma de fuego. Según las investigaciones de la policía científica, la bala que mató a Martínez coincidía con los proyectiles que usa su armamento. Salvo esa coincidencia en el transcurso de las investigaciones no se pudo comprobar que Héctor Cusati disparó su arma contra Martínez. Su expediente está viciado, reitera su mamá. “Una persona, un patriota cooperante, fue el que lo incriminó en esto”, agrega. Esa figura de delator, no incluida en las leyes venezolanas, comenzó a ser usada por el Gobierno en 2014. Es una persona no identificada que denuncia a alguien y luego no se presenta en tribunales a rendir declaraciones.

La experticia practicada en el apartamento de Héctor Cusati, quien vivía en un piso 11 con su esposa, su hija de 8 años y su mamá, de 61 años, salió negativa. No se halló pólvora en el apartamento, lo cual desmontó la versión de que había disparado desde el balcón de su casa, hecho que también fue descartado por la distancia existente entre el apartamento en un piso 11 y el lugar donde cayó el hermano del diputado del Psuv. La policía al final determinó que el disparo salió a 80 centímetros de distancia de Martínez. Héctor Cusati no estaba en la calle cuando eso ocurrió sino en el quinceavo piso de su edificio buscando a su hija en el apartamento de una vecina. Su abuela la había dejado ahí para protegerla de los gases lacrimógenos que estaba lanzando la Guardia Nacional.  

Treinta y seis personas declararon en contra de Héctor Cusati. En la mayoría de esos testimonios, cuenta su madre, hubo contradicciones. No se pudo comprobar que Héctor Cusati estuviera disparando cerca de donde cayó el hermano del diputado del partido de gobierno. En el juicio se planteó la posibilidad de que Cusati prestara su arma a otra persona, pero esa versión no pudo ser comprobada

Este caso fue llevado desde el comienzo por un abogado privado que recomendó a la familia no dar declaraciones a los medios. Incluso le sugirió a su defendido declararse culpable y admitir los hechos para que le bajaran la pena. Héctor Cusati no aceptó. Fue condenado a 27 años de prisión y lleva tres años recluido en la cárcel de Uribana. Para poder pagarle los honorarios al abogado la familia debió vender el apartamento donde vivían.

Varios defensores de derechos humanos identifican un patrón que une los casos de las personas enjuiciadas por las protestas ocurridas en 2014 y 2017. “Hay abogados privados que descuidan la defensa jurídica. No hay continuidad, o convencen a sus representados de que se declaren culpables para que reciban una sentencia exprés y así quitarse la responsabilidad de un litigio que extenderse durante 4 o 5 años”, explica Andrés Colmenares, coordinador general de Funpaz.

Gonzalo Himiob recuerda el caso de Víctor Ugas, quien se declaró culpable para salir rápido de presión, le dieron boleta de excarcelación, pero aún no lo han liberado. “Cuando un tribunal te obliga a declararte culpable es para desarticular la narrativa de prisión por hechos políticos, pero además el efecto secundario es que el poder no cumple con su palabra, no te libera”.

El caso de Héctor está en fase de apelación, ahora sin asistencia de abogados privados. La señora Amada no sabe si su hijo está en la lista de presos políticos que maneja el Foro Penal, pero quiere que lo incluyan. El 6 de marzo de 2014, cuando se llevaron detenido a Héctor, el propio presidente Nicolás Maduro se refirió a él en cadena nacional, horas después. “Este muchacho, Héctor Doménico, ¿por qué a sus 20 años se convirtió en homicida? Ah, por la prédica de odio”. Maduro no solo se equivocó al calcular la edad de Héctor Cusati. También dijo que había confesado un crimen. Era mentira.

Perfil “mediático”

En el Sebin hay varios presos políticos que son indigentes. Poco se sabe de ellos. También hay casos como el de Yeison Rodríguez, un joven de 20 años que vendía agua en las protestas que se desarrollaron en Caracas entre abril y julio, y que fue detenido por conocer a un grupo de manifestantes que solían enfrentarse a la Guardia Nacional con escudos y cascos, conocidos como “La Resistencia”.

Su detención ocurrió el 10 de junio en Guarenas, al salir del funeral de Neomar Lander, el adolescente de 17 años que murió por el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho. Cuatro hombres se bajaron de un vehículo modelo Aveo, lo abordaron y obligaron a entrar en el carro bajo amenazas. Lo llevaron al helicoide. Sobre Yeison, el director del Sebin, Gustavo González López, fue el encargado de difundir a través de su cuenta en la red social Twitter la información sobre su detención. Quedó marcado como uno de los “organizadores y ejecutores de acciones terroristas en Caracas”.

González López mostró supuestas pruebas que incriminaban a Yeison. Se trataba de audios y mensajes de texto obtenidos de su celular. En uno de ellos otro joven le comenta sobre unos escudos que llevaría a una de las marchas, y una conversación que sostuvo con una funcionaria de la gobernación de Miranda que lo estaba ayudando a ingresar a trabajar como rescatista. El Sebin argumenta que esa conversación es la prueba de que la gobernación, dirigida hasta octubre por el opositor Henrique Capriles Radonski, lo financiaba para que organizara las “acciones terroristas”.

En la primera audiencia de presentación, a días de su detención, el joven solo contó con un defensor público. Luego de seis meses en el Sebin, no ha asistido a su primera audiencia preliminar, no tiene fiscal asignado ni fecha de su próxima presentación ente la justicia militar, que lo acusa con cargos de traición a la patria, rebelión y sustracción de equipos militares. La asistencia de abogados ha sido intermitente e incluso a quienes han intentado asumir su defensa les han negado ver el expediente. 

Yeison proviene de una familia humilde, no tiene padres, su abuela era su principal apoyo y desde que lo llevaron al Helicoide estuvo pendiente de su caso, buscaba abogados, iba a los tribunales, pero cayó en cama a los meses. En uno de sus viajes a Caracas para visitar a su nieto, tuvo un accidente abordando el ferrocarril que comunica a la capital con los Valles del Tuy. Se fracturó una de sus piernas, no ha podido caminar de nuevo.

Gonzalo Himiob afirma que todo caso político debe ser visto y abordado desde tres variables: la jurídica, la mediática y la política. En la primera se analizan todos los elementos jurídicos del caso para poder sustentar que se trata de una detención arbitraria por motivos políticos. La segunda tiene que ver con “subirle el perfil mediático” a un caso, pues a veces es muy importante hacerlo y otras ocasiones es mejor bajárselo, dice Himiob, y cita como ejemplo al grupo de indigentes que son presos políticos, detenidos porque estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. “No es que los descuidemos, es que a ellos no les subimos el perfil porque es más difícil. No tienen ningún familiar que hable por ellos. Y en general nunca le subimos el perfil a un caso si el colega abogado o la familia no está de acuerdo, eso lo respetamos”.

La tercera variable (política) tiene que ver con cómo se busca, dentro y fuera del país, subirle el costo político al Gobierno por estos casos. “La prisión política no es solo un tema jurídico, es un tema de costo-beneficio para el Gobierno. A veces nos acusan de ser mediáticos, pero en la medida en que a un caso le subas el perfil y el costo político al Gobierno, esa persona tiene más posibilidades de salir. No vas a tener éxito si no manejas estas tres variables”, agrega Himiob.

Pero no todos los presos políticos y sus familiares quieren ser asistidos por el Foro Penal, ni las detenciones por razones políticas han dejado de ocurrir. En diciembre de 2016 la policía política detuvo a los directivos de la empresa Credicard, por supuestamente ser responsables de un ataque informático que colapsó la red de puntos de venta del país, y ser acusados por el Gobierno de “traición a la patria”. Cinco directivos de la empresa están siendo juzgados por la justicia militar.

Más recientemente, la fuga del alcalde metropolitano Antonio Ledezma, detenido en febrero de 2015 y quien estaba bajo la medida de casa por cárcel, derivó en la detención de más de 20 personas que incluían desde el conserje del edificio donde vivía Ledezma, el presidente de la junta de condominio, un representante de la empresa privada encargada de proveer el servicio de cámaras de seguridad a las residencias, y trabajadores de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. La mayoría fueron liberados a los pocos días de ser detenidos por el Sebin, pero Carmen Andarcia, de 61 años de edad, directora de Administración de la alcaldía, fue dejada tras las rejas (en el helicoide).

No es necesario que se desarrolle una protesta para que se registren detenciones arbitrarias por razones políticas. La puerta giratoria sigue activa, y un mensaje de Gonzalo Himiob, en sus redes, lo ilustra: “Al 11 de agosto de 2017 registrábamos 676 presos políticos en Venezuela. Desde el 11 de agosto al 19 de noviembre se ha logrado la liberación de 476, pero en paralelo se ha detenido a 167”, escribió el 25 de noviembre. Entre tanto, los olvidados siguen en los calabozos.

Lo suyo es claramente el chavismo. Lo dice en sus redes, lo sugieren sus sentencias, lo desnuda la gorra roja con la que se presenta. Y no es el único: al menos uno de cada tres jueces de la República Bolivariana de Venezuela aparece circunscrito en las listas de militantes de la revolución.

Ya a principios de 2006, los magistrados de la República inauguraron el año judicial con el célebre “¡Uh, ah, Chávez no se va!”. Cubiertos por la majestad que embiste la toga negra de la justicia, se levantaron de sus asientos en la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia para corear el estribillo que solía convocar a los seguidores del líder de la revolución bolivariana. Presente en el auditorio, cual acto electoral, un Hugo Chávez henchido se inflaba de aplausos mientras agradecía el gesto.

Los magistrados venezolanos son chavistas. Ya no es nuevo advertir que la cúpula del Tribunal Supremo de Justicia está teñida de rojo, pero aguas abajo resulta que buena parte de los jueces venezolanos también están directamente comprometidos con el Gobierno. Sus vínculos quedan de manifiesto, en esta investigación, tras el cruce de cinco bases de datos que mezcla la lista oficial de todos los jueces penales del país con cuatro de los registros que el buró político de la revolución ha venido filtrando desde 1999. Conclusión: 40% de los jueces penales son o al menos han sido acólitos del partido de gobierno.

Aunque el Poder judicial suma 1.125 tribunales penales en todo el país, solo confirma los nombres de 823 jueces a su cargo. De ellos, 332 están en al menos una de las listas de militantes que el Partido Socialista Unido de Venezuela almacenó en los años 2007, 2012 y 2013 o en una anterior del otrora Movimiento Quinta República que encabezaba el ex presidente Hugo Chávez.

Diecinueve de esos jueces incluso están apuntados y refrendados en todas las listas del chavismo. Destaca en ese club la jueza del Área Metropolitana, Fanny del Valle Sánchez, que impuso en 2010 régimen de presentación cada 20 días contra el diputado de la oposición por el estado Barinas, Wilmer Azuaje, hoy recién encarcelado por un caso político y en ese momento sentenciado por primera vez a causa de un altercado con una funcionaria policial que demandaba abuso a la autoridad, luego de que el parlamentario pasara a convertirse en disidente del gobierno.

Figura también, entre los incondicionales, el juez Javier Toro Ibarra, cuyo nombre quedará remachado al caso de Araminta González, la joven químico que cayó presa en 2014 tras unos explosivos que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas dice que encontró en su casa durante un allanamiento que unos “patriotas cooperantes” le incriminaron.

Son jueces políticos. Que sus nombres estén asentados en las trincheras del PSUV confirma que en Venezuela la justicia no es ciega. “Incluso aunque hayan sido coaccionados a inscribirse en cualquier partido”, señala la abogada Laura Louza, quien en los últimos años ha venido advirtiendo sobre la falta de independencia del sistema judicial desde la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. “Si fueron obligados a formar parte de un partido es aún más grave, porque retrata a la justicia como brazo ejecutor del Gobierno”.

Peor que Afganistán

Si el artículo 26 de la Constitución garantiza una justicia “imparcial”, es aún más expresa en el 256 sobre la necesidad de jueces, fiscales y magistrados ajenos a alguna parcialidad: “(…) desde la fecha de su nombramiento y hasta su egreso del cargo respectivo, no podrán, salvo el ejercicio del voto, llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante, ni realizar actividades privadas lucrativas incompatibles con su función”.

Los de Venezuela son unos juristas que tienen puertas giratorias. Verbigracia, el caso de Edgar Daniel Parra Barrios, que ejerció funciones de juez en el Circuito Judicial Penal del estado Mérida luego de presidir el Frente de Abogados Socialistas y la Asociación Bolivariana de Abogados. Ni hablar del presidente del Circuito Judicial Penal del estado Vargas, Jaime de Jesús Velásquez Martínez, que hasta 2004 fue viceministro de Seguridad Jurídica del gobierno de Chávez.

No en vano, Venezuela ocupa el último lugar en el Índice de Estado de Derecho que año a año publica el World Justice Project, para medir el acceso a la justicia que un ciudadano común encuentra en los tribunales de 113 países diferentes. Aun por detrás de Afganistán y Camboya, la justicia bolivariana lleva más de cinco años a la cola del mundo, de acuerdo con los resultados de más de 100.000 encuestas –aplicadas en simultáneo en todos los países– que miden precisamente el funcionamiento de la justicia penal, así como separación de poderes, lucha anticorrupción, gobierno abierto y derechos humanos entre otros temas.

Sin ir tan lejos, más de la mitad de la población venezolana valora negativamente a sus jueces. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2015 –que llevan en conjunto las universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello y Simón Bolívar–, 56% considera como “muy malo” su trabajo. Al frente de ese estudio, el investigador Roberto Briceño-León indica que aun peor es la idea que el país se ha hecho sobre la relación entre los jueces y los delitos: 52% los vincula directamente mientras que otro 32% cree que están más o menos relacionados.

Al margen de percepciones, la realidad demuestra que se trata de funcionarios vulnerables, subordinados a un sistema en el que carecen de autonomía. Del total de 1.125 tribunales penales que hay en el país, en solo 273 se encuentran jueces titulares, de acuerdo con la data procesada para este trabajo, que presenta el TSJ con algunas imprecisiones. Es decir, solo uno de cada 4 jueces es titular, el resto son provisorios, accidentales, itinerantes, suplentes o temporales que bien pueden ser destituidos sin proceso disciplinario alguno. “El portero de un tribunal goza de más estabilidad que el juez que lo preside”, resume Briceño-León.

El perfil del jurista

Si hubiera que hacer un perfil del jurista a cargo de los tribunales penales, los datos indican que se trata de un abogado egresado principalmente de la Universidad Santa María de Caracas y cuyo cargo no obtuvo a través de un concurso de oposición como lo manda la Constitución en el artículo 255. Es simpatizante del chavismo y en 40% de los casos incluso se afilió al partido de gobierno.

En ocasiones hasta se muestra más severo con partidarios y dirigentes de la oposición venezolana. Para muestra Alfredo Baptista Oviedo, del Circuito judicial penal del estado Aragua, quien milita en el PSUV y tuvo más clemencia para sus camaradas, los pistoleros de Puente Llaguno, que con un grupo de jóvenes que el año pasado participaron en una protesta contra el primer mandatario, Nicolás Maduro.

En sentencia conjunta con otros dos colegas, Baptista declaró inocentes y liberó a cuatro de los sujetos que fueron grabados el 11 de abril de 2002 en el centro de Caracas disparando contra la concentración que pedía la renuncia de Chávez. Pero privó de libertad el año pasado a 13 jóvenes que participaron en la marcha que la Mesa de la Unidad Democrática convocó el 26 de octubre con el nombre de la “Toma de Venezuela”.

El sistema premia a los chavistas. Los magistrados Maikel Moreno y Marjorie Calderón llegaron hasta la cúpula del Tribunal Supremo de Justicia luego de forjarse –precisamente en los tribunales penales– con fallos contra presos políticos emblemáticos como el comisario Iván Simonovis. Los eficientes escalan, pero el aparato también sabe expulsar y castigar a los que se salen del molde. Es el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, para quien la Organización de Naciones Unidas pidió en 2010 su liberación inmediata así como la reposición de su cargo como titular del Tribunal 31 de Control de Caracas, del que fue destituida tras dictar medidas cautelares contra Eligio Cedeño, otro preso político.

La sombra del caso Afiuni

“En Venezuela los jueces no deciden sino que complacen los caprichos del Gobierno”, afirmó Afiuni el 30 de junio de 2015 en una de las mismas salas de audiencia del Palacio de Justicia de Caracas en las que, años antes, destacaba en el podio. "En seis años me destruyeron mi vida, la de mi hija y la de mi familia".

Ese día, Afiuni rompió el silencio sobre una retahíla de torturas y vejámenes que había mantenido en reserva. Narró que una patada con la bota de una funcionaria de la Guardia Nacional le provocó una distorsión en uno de sus senos. Que fue obligada a compartir pabellón y recibir golpes y acosos de reclusas que previamente habían sido condenadas en su despacho. Que en varias oportunidades rociaron con gasolina su celda. Que fue víctima de varias golpizas y que nadie, nadie, hizo nada para evitarlo.

“Quiero que sepa una cosa: a mí me vaciaron el útero”, dijo mirando a uno de los tantos jueces que conocieron el caso. Otro de ellos, ironías de la vida, fue Alí Paredes, el siguiente en caer preso luego de que la Comisión Judicial lo señalara de favorecer al narcotraficante venezolano, Walid Makled, y sus hermanos.

Paredes fue más clemente con los Makled que con la propia Afiuni, a quien no solo le negó medidas sustitutivas de libertad sino también tratamiento médico. La defensa de la jueza solo atribuía este comportamiento a vínculos entre el jurista y el Gobierno, que hoy se constatan en los registros de militantes del PSUV. “Nunca traicionaría a este proceso ni mucho menos a mi comandante, porque llevo la revolución en la sangre (...) por la revolución doy la vida como la expuse el 11 de abril en Puente Llaguno”, escribió en 2009 en la página web del mismo partido de gobierno.

Aun con carnet, la revolución también se come a sus hijos. El de Paredes es un ejemplo de los 332 casos de jueces chavistas que desarropa esta investigación y que pululan por los pasillos de los tribunales.

Allí sin embargo, en los vericuetos del sistema judicial, no hay respuestas sobre este tema: como si se tratara de una novela de Franz Kafka, no fue posible que algún representante del Tribunal Supremo de Justicia explicara cómo los de Venezuela son jueces rojos. Mucho menos en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura donde, a falta de respuestas, en el Departamento de Seguridad de la institución tomaron los datos del autor de la nota y confiscaron su cédula durante un interrogatorio que reclamaba las motivaciones de sus preguntas.

En lugar de explicar los artilugios que emplean para elegir a los jueces encargados de dirimir los homicidios y secuestros de uno de los países más violentos del hemisferio, la tarde del pasado 6 de julio les pareció sospechoso que alguien indagara en el tema. “Tú eres gringo”, concluyeron.

Son las 12 del mediodía del domingo 4 de junio. Los miembros de los distintos grupos de choque, conocidos como “La resistencia” entre los adversarios del régimen de Nicolás Maduro, que han surgido con las protestas opositoras que iniciaron en abril pasado, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia, mediante dos sentencias, confiriera poderes dictatoriales a Maduro, se concentran en ese sitio. En uno de los asientos está Luis, un estudiante de cuarto semestre de Psicología en la Universidad Central de Venezuela. Por protección, pide ser identificado con este nombre. Viste con un blue jean claro y una franela manga corta que, pese a su azul intenso, no disimula el rosario con una bandera pequeña de Venezuela que pende del cuello.

Luis no tiene máscara, capucha, o una franela que le cubra el rostro. La barba, al descuido. “Es domingo y estamos relajados. Aunque hoy no hay marchas ni protestas, igual venimos. Es una manera de comunicarle a la gente que aquí seguimos, resistiendo para transmitir que queremos un cambio”, manifiesta el estudiante de Psicología que es uno de los integrantes del grupo Resistencia Contra la Represión (RCR).

También los llaman “guerreros” y “escuderos” y se cubren los rostros con máscaras y franelas. Se protegen con escudos improvisados, arman barricadas con lo que consiguen y, cuando van a las marchas, son quienes se enfrentan con la policía. No todos se conocen ni actúan de la misma manera. La mayoría proviene de los sectores más golpeados por la crisis económica de Venezuela, campeona mundial de la inflación en 2016, y que sufre de una tenaz escasez. No siempre siguen la agenda de la oposición agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática. “A todos los grupos nos une el propósito de salir de este gobierno. Como dice el dicho, los enemigos de tu enemigo son tus amigos”, precisa Luis. 

Luis arma barricadas, usa su escudo para protegerse de los ataques de la Guardia Nacional devuelve las bombas de humo que arroja la policía y lanza bombas artesanales. “Pero en realidad no comparto la idea de lanzar las molotov, es como macabro. Cualquiera no puede devolver lacrimógenas. El que lo hace debe saber moverse entre la multitud, porque te pueden linchar por tonto. Pero también debe tener buena vista al cielo, reflejo y reconocimiento de estas bombas, porque hay algunas que pueden explotar en las manos, como ha pasado con varios hermanos”.

Sin embargo, otros grupos sí practican antes de enfrentarse con los cuerpos de seguridad del Estado. Es el caso de los miembros de “Los Pedros”, un grupo de jóvenes que viven en Caricuao, Petare y en el estado Zulia (occidente de Venezuela). El lunes 15 de mayo, durante el plantón que se desarrolló en la autopista Francisco Fajardo de Caracas, quedó clara una de sus prácticas: Un adolescente de 15 años se cubría con un escudo mientras uno de sus compañeros le lanzaba metras. Luego, hicieron una pausa para lanzar varias piedras hacia uno de los extremos de la arteria vial en donde no había personas.

Las protestas de Venezuela, que hasta mediados de junio sumaban diez semanas, nada tienen que ver con el conflicto de 93 días en Ucrania, que derrocó al gobierno de Víctor Yanukovych. Pero los choques entre los manifestantes y los cuerpos de seguridad de ambos países son similares: jóvenes encapuchados y con máscaras, que se guarecen detrás de escudos artesanales fabricados con metal y madera, se enfrentan con funcionarios con todos los pertrechos necesarios para controlar el orden público. Estas personas no tienen armas de guerra ni se desplazan en vehículos acorazados como sus adversarios, pero han logrado incendiar las tanquetas con bombas de fabricación casera.

Tres grupos

En la plaza Altamira se escucha cuando, desde los vehículos en marcha, animan a los jóvenes. “¡Vamos, guerreros!, ¡Sí se puede!”.

Desde que recrudeció el conflicto los días de Luis han transcurrido entre las aulas de clases de la Universidad Central de Venezuela y en las zonas de resistencia de Caracas. Dice que casi no descansa, pero que tampoco puede dejar de prepararse. Un día llegó a su casa con una franela llena de sangre. Había auxiliado a un compañero herido. “Ella se preocupa y me dice que me cuide. No entiende que estoy luchando por el bien de ella y de todos los venezolanos”.

No es fácil conversar con Luis. A cada rato llegan “hermanos” a saludarlo. Entre ellos está “Guarimbín”, un niño de 10 años de edad que vive en la calle y que se ha sumado a las protestas para comer los alimentos que les donan algunos manifestantes. “Guarimbín” tiene dificultad para hablar. Tiene un chichón en la cabeza porque recibió un golpe en una de las tantas manifestaciones.

“Él es nuestra mascota”, comenta una joven de 15 años de edad. Ella vive en Cúa (en el estado Miranda, cerca de Caracas) y también ha hecho amistades entre los manifestantes. Le dicen “La nadadora” porque cuando la Guardia Nacional utiliza la ballena, uno de los vehículos que repliega a los manifestantes con potentes chorros de agua, ella se lanza al suelo para evitar lesiones, aunque tiene una herida abierta en la rodilla derecha. Sus compañeros relatan que es una de las pocas chicas que acompaña a los escuderos en la primera línea de los enfrentamientos. “La nadadora”, que estudia cuarto año de bachillerato, está preocupada. A principios de este mes aseguraba que no acudiría al colegio. Estaba dispuesta a pedirle los apuntes a una amiga, pero no a abandonar la protesta.

“Guarimbín” y “La nadadora” le ponen rostro a los niños y adolescentes que se han sumado a las manifestaciones. En dos meses y medio de protestas se ha evidenciado cómo hay tres grupos de menores de edad que, de manera independiente, también participan en las marchas: el primero es el de los niños de la calle que ven en el ambiente que rodea a las escaramuzas una oportunidad para comer y pedir dinero. En el segundo grupo hay también niños de la calle que se tapan el rostro no sólo para buscar alimentos, sino protección en el ambiente de la resistencia. El tercero es de adolescentes que tienen un hogar, pero que sienten la necesidad de protestar contra el gobierno.

Al igual que la mayoría de los jóvenes que se identifica con la resistencia, Luis vive en un sector popular. Vive en el municipio Libertador: “No puedo dar más datos personales porque este es un régimen dictatorial y por mi casa los colectivos (bandas armadas que defienden al gobierno) no permiten que la gente proteste contra el gobierno. Mientras menos tienes, más sacrificas”.

A los miembros de la resistencia no les importa si son heridos o apresados. Luis explica que le satisface pertenecer al movimiento de los escuderos, porque no pierde las esperanzas de vivir el fin del conflicto. Dice que mientras tanto, ha podido conocer personas y vivir la adrenalina. “Maduro ha impuesto el modelo de papá gobierno, el que tiene el cucharón para repartirle comida a quien quiere y el que pone a las personas a hacer colas para comprar alimentos. Y no me da la gana de calarme eso. Prefiero estar aquí en esta plaza, llevando sol y luchando. Mi sueño es que mis amigos y familiares regresen a mi país, para compartir con ellos. También quiero salir por las noches sin el riesgo de ser robado, secuestrado o asesinado”.

Mientras Luis concede la entrevista, parte de sus compañeros atraviesan la avenida con carteles y escudos que dicen resistencia. Saludan a los conductores y gritan: “Venezuela”. Algunos ciudadanos bajan los vidrios para donarles ropa, dinero o comida. Los que reciben más ayuda retornan, cuentan su experiencia y comparten comida con sus amigos. La mayoría, aunque son menores de edad o personas que no superan los 30 años de edad, conserva la inocencia de un niño: juegan cartas y corren para jugar al escondite.

¿Y cómo surgen estos grupos? El gobierno asegura que los integrantes de la resistencia son financiados por la oposición, pero no se ha confirmado esta hipótesis. Se ha comprobado, sí, que el descontento con el gobierno y el hambre son los elementos que unen a estas personas que han formado grupos de resistencia en sectores populares como La Vega, Caricuao y Petare.

No es la primera vez que Luis protesta con otros jóvenes. En 2014 también participó en las manifestaciones que iniciaron en el mes de febrero y terminaron en junio de aquel año. Dice que, aunque el conflicto en Venezuela no es similar al de Ucrania, considera que la presión de calle es clave para avanzar hacia el fin de la crisis.

“La impotencia de los manifestantes en estas protestas de 2017 es totalmente distinta a la de 2014. La falta de tolerancia y el nivel de violencia son, de alguna manera, la canalización de la ira que tiene la gente porque no consigue comida, medicinas y tampoco oportunidades de progreso (... ) Me he documentado bastante y he comparado el conflicto que hay en Venezuela con el de Ucrania. Sin embargo, considero que el fin se concretará con una negociación entre los líderes políticos de oposición y del oficialismo. Pero no podemos rendirnos”, asegura.

Hambre y solidaridad

A las 2:00 de la tarde de ese 4 de junio. Luis se levanta de golpe. Llegan dos señoras con varios envases de comida con sopa, pasta y arroz. En una bolsa hay varios cambures. Él trata que a ninguno le falte una ración de comida. Un joven de 16 años solo agarra una fruta y le pide a uno de sus compañeros que “le cuadre” una llamada para pedirle a su tía que le lleve comida. “Yo soy de Santa Fe Norte, pero vengo a la plaza a montar patineta con ellos y los días de guerra, los acompaño. A nosotros no nos importa de qué zona o clase social somos, todos somos compañeros de lucha”, relata el adolescente que estudia cuarto año de bachillerato.

Al banco de cemento también llega “Pinto Salinas”, un joven de 23 años de edad que vive en ese sector popular y que trabaja en una empresa de vigilancia. A diferencia del día anterior (sábado 3 de junio), también se deja ver el rostro. Tiene una cicatriz en el pómulo izquierdo y la mirada apagada. Manifiesta con voz tenue que tiene hambre y sed.

Al otro extremo de la plaza está otro de los grupos de la resistencia: Fraternidad Charallave. Mientras Luis se acerca para hacerles llegar parte de la comida que les donaron, uno de sus miembros explica que son “un ligadito”, porque están integrados por personas que viven en La Guaira, Charallave, Petare y por una adolescente de 16 años que vino a Caracas desde el estado Trujillo en abril.

Durante las protestas en Caracas han surgido zonas de conflicto en urbanizaciones de clase media como Bello Monte, Las Mercedes y Altamira, en las que actúan los escuderos. Para moverse en estos sectores hay que pasar cordones de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional. Luego, a unos dos kilómetros de distancia de las áreas donde estos jóvenes hacen barricadas, se ubican funcionarios de las policías municipales para desviar el tránsito. En el área de conflicto hay que saber manejarse con estos manifestantes que no permiten ser grabados sin capuchas, supervisan qué periodistas los quieren entrevistar y evitan el ingreso de civiles armados, también conocidos como colectivos.

Ópticas distintas

Los escuderos están en la mira del gobierno por la violencia que rodea a las manifestaciones. Luis se refiere a dos recientes eventos para explicar que entre los jóvenes no hay opiniones unánimes. El lunes 29 de mayo a las 5:30 de la tarde, en las inmediaciones del Distribuidor Altamira, se veían los jirones de las cajas de zapatos de la marca RS21. Minutos antes un camión había sido saqueado por personas encapuchadas. Los manifestantes no estaban de acuerdo con incendiarlo. Unos rechazaban el saqueo, mientras que otros se repartían los calzados para guardarlos en sus bolsos o quemarlos.

“Yo no estaba aquí. Lo que cuentan los hermanos es que le pidieron al señor del camión que atravesara el vehículo para trancar la vía. Pero el conductor dijo que el dueño de la empresa es Diosdado Cabello. Parecía como una provocación. ¿Cómo ese camión se va a atravesar en una zona donde no apoyan al gobierno? Como hay varios muchachos pobres que no tienen calzados, algunos agarraron zapatos y otros los quemaron en las barricadas”, explica Luis.

El miércoles 31 de mayo al caer la tarde un camión, que decía: “No al saqueo”, ardía. Unos encapuchados querían llevarse una batería y los cauchos del vehículo. Otros lo evitaron y les exigieron que no pueden hacerlo. “Somos la resistencia”, dicen. Con respecto a este otro suceso Luis asegura que ese camión no fue quemado por sus compañeros de lucha y lo atribuye a unos infiltrados.

Si bien varios de los escuderos viven en la calle, quienes tienen un hogar también han pernoctado en la Plaza Altamira y en otros espacios públicos. Aunque los rostros que frecuentan las zonas de conflictos son casi siempre los mismos, los miembros de estos movimientos están preparados para aceptar que sus amigos, o incluso ellos mismos, puedan ser detenidos. Por ejemplo, los militantes del Grupo Resistencia Contra la Represión vieron por última vez a tres amigos que el lunes 29 de mayo tenían pautado dormir cerca de unas barricadas en la avenida Miguel Ángel de Bello Monte. Pero asumen que fueron apresados por la policía judicial durante un operativo la madrugada del martes 30 de mayo.

Ese domingo los manifestantes lamentan la detención de un hombre de 32 años de edad que trabaja como chofer en una casa de familia y que es conocido como “el colador”, debido a las heridas de perdigón que tiene en la espalda, en el glúteo y pierna izquierda. Camina encorvado y se apoya con un palo de golf desde que fue herido. Lo vieron por última vez el sábado 3 de junio cuando se montó en uno de los cuatro autobuses que salieron desde Chacao hasta Montalbán para la marcha de las ollas vacías. En el trayecto una unidad fue interceptada por el Sebin, la policía política, y 51 manifestantes fueron detenidos.

Mientras las protestas en Venezuela superan los 70 días el gobierno insiste en que los escuderos son terroristas financiados por líderes de la oposición. Los cuerpos de seguridad del Estado han realizado operativos en las zonas de conflicto para dar con estos manifestantes. Pero líderes de la oposición como el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles y el diputado Juan Requesens, aseguran que estos jóvenes luchan por el cambio y han atribuido la violencia en manifestaciones a infiltrados del gobierno.

No obstante, los sectores donde protestan estos grupos han sido focos de violencia y anarquía. El domingo 4 de junio a las 7:30 de la noche uno de los militantes de la resistencia, Jesús Rojas, de 33 años, quien es conocido como “El Gringo”, fue asesinado de varias puñaladas en el cuello y el tórax en la plaza Francia. Miembros del movimiento denunciaron que al hombre lo mató un infiltrado que, después de atacarlo, le robó sus pertenencias. El gobierno, por su parte, asegura que la víctima fue asesinada durante una riña entre militantes de la resistencia.

En primera fila

Lunes 12 de junio. Luego de las 3:00 de la tarde los caminos que desembocan en la avenida Francisco de Miranda, cerca de la estación del Metro de Chacao, están cerrados. Cada vez llegan más escuderos. Arman barricadas en las inmediaciones de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) y también colocan barreras que impiden el tránsito hacia el Centro Comercial San Ignacio y hacia el Centro Comercial Sambil. No hay funcionarios policiales en la zona. Se sienten libres. Vecinos y trabajadores de la zona se ubican en las esquinas para ver y grabar lo que pasa. También llegan motorizados para ver cómo los encapuchados se organizan para asediar la sede de la DEM.

En la esquina del Metro que conecta con la calle que lleva hacia el Centro Comercial San Ignacio está parado “Guarimbin” con unos binoculares para niños observando a unos 300 metros de distancia cómo sus amigos lanzan bombas molotov y piedras contra la DEM. “¡Ese guarimbín está vestido chiquiluki! La gente se enamora de él y le regala ropa”, comenta uno de los paramédicos de Venerescate, que se ubica cerca de los sitios donde ocurren las refriegas para atender a los heridos. Las personas presentes largan la carcajada. “Guarimbin” sonríe y muestra una herida que tiene en la pierna.

Entre la multitud está Luis, con un casco de moto y un escudo de metal que tiene pintado a Jesucristo. “Hoy vine a guerrear, como siempre, con mi escudo que no me deja mal”, manifiesta el joven. De inmediato se pierde de vista.

Son las 4:35 de la tarde. Desde el interior de la DEM lanzan bombas lacrimógenas y disparan perdigones. Los encapuchados se desplazan agachados sin ver al frente. Los que lanzan objetos contra la dependencia del Tribunal Supremo de Justicia se apoyan con quienes tienen escudos. Uno de ellos es Luis. “Escuderos adelante”, grita uno de los encapuchados. Cada vez que se escucha la detonación de una molotov, los jóvenes aplauden y algunos espectadores responden de la misma manera. En la misma cuadra de esa sede hay paramédicos de la Universidad Central de Venezuela que también auxilian a los heridos. Sin embargo, los que reciben impactos en la cabeza son trasladados en moto hacia centros asistenciales. Cuando los escuderos gritan que hay un herido, los motorizados se ofrecen a trasladarlos.

Cuando faltan 15 minutos para las 6:00 de la tarde los jóvenes celebran que la sede de la DEM arde en llamas. Entre el humo sale molesto Luis, que recibió al menos 20 perdigones en el brazo izquierdo. “No me toquen, no me toquen”, le grita a sus amigos que intentan convencerlo que debe ser atendido para que no se desangre. Él se resiste y les dice “que es un guerrero” y que debe “llevar” adelante, como los hombres.

Los paramédicos de Venerescate convencen a Luis y lo auxilian. Pero en cuestión de segundos hay una estampida en la zona. Funcionarios de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana irrumpen en la avenida y lanzan bombas lacrimógenas. Después de correr menos de 100 metros, Luis mete el pie izquierdo para evitar que una señora cierre la puerta de su edificio. Entra con unos amigos y le pide que los deje estar allí por un rato. Casi media hora después el joven se comunica con otros amigos que lo esperan hacia la avenida Libertador: “Señora, por favor, guarde mi escudo y deme su teléfono para venir más tarde a buscarlo”. La mujer acepta y él sale para encontrarse con sus compañeros.

Vivas salió de su cuarto, caminó hasta la habitación de huéspedes de su enorme vivienda y tomó la Biblia apenas traspasó el quicio de la puerta. Desde la ventana del cuarto se observa un patio intrincado y boscoso, donde el general pasó la mayor parte de su obligado encierro atendiendo un pequeño huerto con frutas y verduras, y un pedazo de cielo. A esa hora aún no clareaba. El general corrió la cortina y repitió la rutina que bien conoce su esposa Estrella Vitora: abrir la Biblia, leer sus páginas y encontrar en sus pasajes explicaciones a la condena que supone vivir sitiado sin creer que se ha cometido un delito. “Aquella mañana mi esposo me dijo que le había pedido a Dios que cesara la injusticia de vivir acosados. Él ya estaba cansado de esta situación”, recuerda Vitora muchos días después de que a su esposo se lo llevaran detenido.

Vivas terminó de rezar y subió la pequeña colina boscosa para atender el huerto. Estaba contento porque todo el sacrificio que supuso, en los tiempos de la dura sequía que azotó a Venezuela entre 2014 y 2016, regar la siembra en plena madrugada, aprovechando que a esa hora el agua llegaba con más fuerza a la casa, había tenido una recompensa generosa. Después de una zafra fallida había cosechado 65 kilos de tomate y 27 kilos de caraotas húmedas, que al secarse se redujeron a 18 kilogramos. Era una ironía. El general Vivas tenía para alimentar a una tropa en medio de la pavorosa escasez que azota a Venezuela, pero no podía salir a vender la cosecha en los supermercados vecinos.

Allí en ese huerto, donde también sembró pimentón, cebollín y auyama, pasaba buena parte del día distraído de su condena. Era también la manera de ocupar la parte trasera de su casa, un patio enmontado que culmina en una pared de tierra que, al escalarla, da una calle de la urbanización Cumbres de Curumo, vecina de Fuerte Tiuna, la principal fortaleza militar de Caracas. El general Vivas y su esposa, meticulosos hasta la obsesión, pensaban que, por ahí, bajando la montaña, o quizá en rapel desde un helicóptero, podían llegar unos hombres en medio de la oscurana para llevárselos presos. Algunas veces pedían a los espontáneos que se acercaron a cuidarlos cuando su caso le dio la vuelta al mundo que recorrieran el pequeño bosque. Los colaboradores encontraban a su paso la maleza menos tupida, como si alguien la hubiera cortado, pilas y latas vacías de embutidos. Hoy Estrella Vitora está segura que desde ahí los vigilaban. “Y fíjate”, afirma, con un leve chasquido de dientes, “se lo llevaron de la manera que menos esperábamos. La primera vez que visité a Ángel en la cárcel me dijo: ‘Me agarraron como a un corderito, Estrella”.

Un hombre con fusil

El 23 de febrero de 2014 Vivas entregó una viñeta que le dio la vuelta al mundo. Con un fusil de asalto AR15 terciada y una pistola en el cinto resistió una orden de allanamiento de su residencia. Ese día un tramo de la tranquila calle Maracaibo de Prados del Este parecía la antesala del camerino de una figura pop. Todos vitoreaban a Vivas, quien se paseaba de un lado a otro exhibiendo sus armas.

Su abogado, José María Zaa, recuerda muy bien aquella insólita jornada. Vivas lo había llamado cuando llegaron a buscarlo. Los funcionarios cumplían una orden del presidente Nicolás Maduro. El día anterior, 22 de febrero de 2014, en pleno apogeo de las protestas comandadas por los dirigentes Leopoldo López, María Corina Machado y el alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma, el jefe del Estado había dicho en la televisión: “He ordenado detener al general que mandó a poner esa guaya. A Ángel Vivas, que lo busquen y lo traigan”. Maduro acusaba a Vivas de ser el autor intelectual del accidente mortal de un motorizado, Elvis Durán de la Rosa, en la avenida Rómulo Gallegos de Caracas. Las investigaciones habían arrojado que Durán de la Rosa, de 29 años, se había degollado con una guaya colocada a lo ancho de la vía. Poco antes de ese infortunio Vivas había escrito en Twitter: “para neutralizar hordas criminales motorizadas se deben atravesar cuerdas de nylon o alambre galvanizado a 1,20 metros de altura en las bocacalles”.

Vivas y Zaa se conocían muy bien porque el abogado le había redactado el contencioso que en mayo de 2007 introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia para solicitar que se prohibiera el uso del lema “Patria, socialismo o muerte” en los cuarteles venezolanos. Todo aquello terminaría después, en marzo de 2012, con una condena de cuatro meses y quince días de prisión por el delito contra el decoro militar en virtud de sus declaraciones públicas sobre asuntos del servicio.

Zaa, un hombre con varias décadas de recorrido en el trajín de los tribunales, se abrió paso entre la muchedumbre, que también quería entrar a proteger al militar, y entró a la casa entre los gritos. “Valiente, valiente, valiente”. “Era un acta forjada, a todas luces una irregularidad”, evoca Zaa tres años después, sentado en un café del este de Caracas, y lamentándose porque no ha podido visitarlo en la cárcel desde el pasado 7 de abril. “Le dije que le comunicara al capitán encargado de detenerlo que no se iría con él hasta que trajera una orden avalada por un tribunal”. Entonces Vivas pronunció las palabras que lo hicieron famoso.

–Quien se meta en mi casa sufrirá las consecuencias.

La poblada que entonces lo aplaudía siguió cuidando de él durante varios meses. La asociación de vecinos notificaba a la familia cada vez que alguna persona quería visitarlos. O si circulaba por las calles un taxi. Era el tributo que pagaban por haber presenciado un acto que juzgaron como la demostración de hombría de un oficial que se negaba a subordinarse a la tutela de La Habana. Vivas había desobedecido la orden del presidente Maduro, estrecho aliado del castrismo, y resistía en su casa dispuesto a morir. Había alzado la bandera de Venezuela con las siete estrellas dibujadas en la franja azul y con el caballo del escudo mirando hacia la derecha. Era también una sutil forma de resistirse a la decisión que en su oportunidad tomara Hugo Chávez cuando decidió agregar la octava estrella a la enseña nacional –cumpliendo, en rigor, con un viejo anhelo del libertador Simón Bolívar– y rediseñar el galope del caballo blanco.

Al margen de estos aspavientos el chavismo decía tener evidencias que constituían la contracara del relato heroico que los vecinos de Prados del Este construyeron del general Vivas. En el proceso penal que se siguió contra el exministro de la Defensa, Raúl Baduel, Vivas fue señalado “de entregar una importante suma de dinero”, para la adquisición de una vivienda, a un alto oficial del Ejército, llamado Gustavo Reyes Rangel Briceño, en junio de 2006. “Para la fecha del incidente Vivas era el director de Finanzas del Ejército, mientras que Baduel era el comandante general de ese componente de la FAN, y por lo tanto su jefe inmediato”, señala el portal chavista La Tabla.

Las acusaciones fueron tomadas por sus partidarios como una campaña para desprestigiarlo. Después de todo Vivas era el primer general que desafiaba abiertamente a sus superiores luego del golpe de estado de abril de 2002 y de los eventos de la plaza Altamira, en octubre de aquel año. Pero su viñeta pronto se fue decolorando. Las multitudes se retiraron. Lo dejaron solo con su esposa y sus dos hijas y su resentimiento.

Un poco antes, cuando cumplió tres años sitiado, Vivas escribió en su blog una larga diatriba contra todos: “Muchísima gente ha venido a visitarme, pero sin importar cuántas personas hayan venido a diario, sin importar lo animado que yo luzca al conversar con ellas, hay ausencias que siento y llevo por dentro en silencio. Unas son como heridas que nunca cicatrizarán y siempre me causarán mucho dolor en el alma, otras me han causado una gran decepción, y las otras solo han logrado que me sienta orgulloso de lo que estoy haciendo y estimulado a seguir adelante”.

Fue un duro balance después de 1.096 días de encierro. Casi nadie salió ileso. Cayeron todos sus compañeros de armas de la promoción José Ignacio Riveiro de Abreu e Lima (1978) –“Ni uno solo ha venido a visitarme, ni siquiera los que se han mantenido limpios, si es que queda alguno–, los partidos políticos, las organizaciones de defensa de los derechos humanos –“No aparezco en ninguna de las listas de los perseguidos políticos, a pesar de que mi caso es conocido mundialmente” – y los medios de comunicación social. Se sentía como un total incomprendido. Solo se salvaron su esposa Estrella, sus hijas y su perro, un furioso pastor alemán llamado Cazador, que la mañana del siete de abril de 2017, ladraba furioso mientras su amo forcejeaba con sus captores. “El daría su vida por defenderme. Sin duda es mi mejor amigo”, escribió Vivas el 21 de marzo pasado, quince días antes de que lo capturaran.

Un accidente “casual”

El 7 de abril de 2017 Estrella Vitora salió al supermercado y regresó a las 10:30 de la mañana, Como lo hacía siempre, se estacionó en la acera frente a su casa para esperar que abriera el portón eléctrico. Era un rito que le facilitaba la maniobra de subir la empinada rampa del estacionamiento. Apenas se detuvo escuchó un golpe. Un carro se había estrellado contra el muro de piedras de la fachada. Un hombre joven bajó del carro. “Señora, señora, venía distraído. Qué pena”.

Vivas se acercó para ver qué había pasado y comprobó que los daños eran menores. No estaba armado. Solo entonces se permitió bromear con el joven. “Mi esposo comenzó a decirle, muy distendido, que debía tener más cuidado. Estaba confiado”, recuerda Estrella Vitora. Se despidieron y el hombre dio la vuelta y se llevó las manos a la cabeza. Ahora ella piensa que ese fue el gesto para que saltaran desde todos lados hombres vestidos de negro, pertenecientes a la Dirección de Contrainteligencia Militar. Al mismo tiempo, el chofer saltó sobre Vivas. Entre todos lograron inmovilizarlo y meterlo a rastras en una camioneta.

Estrella Vitora comenzó a gritar desde el balcón e intentó cerrar el portón eléctrico. Algunos vecinos salieron, pero ya era tarde. Angel Vivas Perdomo había resistido 1.138 días sitiado en su casa y ahora se lo llevaban, sin orden de allanamiento, con rumbo desconocido. Muchos días después Estrella comprobaría que todo había sido una trampa. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de una casa vecina mostraban al carro que chocó contra su fachada cuando salió desde una calle ciega perpendicular a su residencia mientras ella se aproximaba a su casa.

El abogado José María Zaa no lo ha podido ver y dice que no ha habido audiencia de presentación. Pero lo cierto es que Vivas fue presentado ante la justicia militar el 8 de abril, como varios de los detenidos de la tanda de protestas que se inició con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de finiquitar, mediante dos sentencias, las competencias legislativas del Parlamento. “A Vivas se le asignó un abogado para garantizar su derecho a la defensa”, tuiteó el Defensor del Pueblo Tarek William Saab el 14 de abril.

La familia recién pudo verlo el 10 de mayo en los cuarteles generales del Servicio Bolivariano de Inteligencia después de plantones ininterrumpidos. Dice Estrella que su esposo fue torturado. “En medio de la golpiza él le preguntaba a Dios por qué lo había abandonado si siempre había cumplido con sus preceptos”. Cuando lo vio advirtió que caminaba con dificultad. La lesión de la cervical parecía magnificada por los efectos de la paliza. A los 22 años Vivas Perdomo fue diagnosticado con Espondilitis Anquilosante, una enfermedad que afecta las articulaciones de la base de la columna, y no le permite estirar el cuello. Esa peculiar forma de mirar es la consecuencia de una enfermedad degenerativa.

A Vivas, dice su esposa, le cuesta sonreír por razones obvias, pero cuando amaga con hacerlo se queja de dolor en las costillas. El dolor físico es apenas la expresión más visible del drama que está viviendo. La otra es más profunda e insondable. A sus familiares les dijo: “No quiero saber nada de Dios. Tengo una crisis existencial”.