Es una noticia para celebrar, sobre todo en una zona económicamente deprimida, como lo es la escogida para el emprendimiento: Tolú, Departamento de Sucre, a unos 130 kilómetros al suroeste de Cartagena de Indias.

Lo llamativo de la buena nueva, aplaudida por el gobernador regional, Héctor Olimpo Espinosa, así como por parlamentarios y caciques de los clanes políticos locales, es que quien la porta es un venezolano que viene de participar en un proyecto similar, pero fracasado.

Se llama Carlos Eduardo Santiago DaSilva, accionista de la empresa Neo Aluminio Colombia, que recién en 2021 obtuvo la aprobación de prefactibilidad de su proyectada planta. Abogado venezolano de 41 años, su nombre es conocido en Guayana, asiento de la industria pesada y, en particular, de la del aluminio.

En 2009, durante el arranque todavía incipiente de las inversiones de los fondos binacionales que pactó el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez, Carlos Santiago Da Silva aterrizó en Puerto Ordaz, estado Bolívar, como asesor legal de China Aluminium International Engineering (Chalieco), la empresa asiática que la República contrató por casi 900 millones de dólares para expandir la industria del aluminio.

Pero a 14 años de distancia, se tiene que ni CVG Aluminios del Caroní (Alcasa), ni CVG Venezolana de Aluminio (Venalum), producen o transforman aluminio primario hoy. De esas empresas del estado venezolano, CVG Alcasa es la que, mientras tanto, ha radicado en tribunales una demanda de indemnización por 120 millones de dólares contra Carlos Santiago DaSilva.

¿Qué pasó en estos años para que naufragara el proyecto industrial que prometía la transformación del sector aluminio en Venezuela y que, en cambio, transformó a Carlos Eduardo Santiago Da Silva en un magnate empresarial en Colombia? 

La revisión de documentos oficiales suscritos en el marco del Fondo Chino-Venezolano, una iniciativa en la que Armando.info participó en alianza con el Centro de Investigación Chino-Latinoamericano Fundación Andrés Bello, permite reconstruir buena parte de esa historia.

Juez y parte

Quienes conocen a Carlos Eduardo Santiago Da Silva lo califican como un lobbista que llegó a Guayana por un vínculo familiar tangente con Carlos y Herman Escarrá, los  hermanos abogados -el primero, ya difunto- del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) . En su cronología de LinkedIn, la red social de reclutamiento de profesionales, el propio Santiago relata que su relación, en rol de asesor, con la china Chalieco comenzó en 2009 a través de Corporación Handel, una empresa suya registrada en el estado Miranda el 11 de junio de 2010, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), con una razón social amplia que va desde la importación de equipos quirúrgicos y la consultoría informática, hasta la compra y venta de materia prima de material metálico, no metálico, así como insumos para la industria de hidrocarburos.

Datos obtenidos para Armando.info por el Proyecto de Reportería de la Corrupción y el Crimen Organizado (Occrp, por sus siglas en inglés) concluyen que Carlos Santiago Da Silva registró 16 empresas entre 2009 y 2021 en Venezuela, Colombia, Brasil, Estados Unidos y España. Cinco de estas empresas están dedicadas al sector aluminio, y el resto a ramas diversas que incluyen la venta de autos, construcción y bienes raíces. 

Su perfil se hizo público en Guayana apenas en 2015, en una nota de Crisol, un periódico interno de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), donde aparecía junto a su primo, Vicenzo Bianco, como representantes de Chalieco, aunque Santiago atribuye ese título que el reportaje les concede a una interpretación errónea: “No puede haber representación de una empresa estatal fuera de China que no sea de ellos mismos. Lo que nosotros teníamos con Corporación Handel era una asesoría”, dijo en entrevista con Armando.info.  

Pero, en realidad, durante el período que va de 2009 a 2015, más allá de su rol de asesor de Chalieco, Santiago estaba construyendo una presencia rotunda en el negocio del aluminio. En el intervalo, se convirtió también en contratista del Estado y socio de clientes regulares de la industria del aluminio. La pirueta, que revisada podría desafiar los límites del conflicto de interés, también ayuda a entender el proceso por el que el abogado venezolano se reinventó como un magnate del aluminio, ahora con presencia en Colombia.

Carlos Eduardo Santiago Da Silva pasó de ser un simple asesor externo de Chalieco, empresa china a la que el Estado confiaba la misión de reactivar y expandir el sector del aluminio, a ser parte activa en el mismo sector al que venía a recuperar. Juez y parte, Santiago compró acciones en empresas transformadoras, se asoció con empresarios influyentes del sector que también eran subcontratistas del Fondo Chino, y actuó como ejecutor de uno de los contratos de la inversión china en Alcasa, todo en un período de siete años.

En 2014, por ejemplo, Santiago DaSilva compró acciones en la empresa contratista del Estado, Comercial Técnica Aluminio CTA, una productora de rines para vehículos del grupo Suramericana de Aleaciones (Sural). Tanto Sural como CTA fueron fundadas en 1986 por el empresario venezolano Alfredo Riviere Villamizar, pionero de la transformación de aluminio en Guayana y uno de los mayores compradores de metal de la región, conocido por sus estrechas relaciones con el dos veces expresidente, el fallecido Carlos Andrés Pérez. 

Esa transacción de 2014 la completó a través de Zebila Investments SL, empresa incorporada en España por Rovira Gerard García Gassull como representante, y Amicorp de España como administrador único. Amicorp es una transnacional de servicios financieros, legales y de administración de patrimonios.

Hasta ese año, CTA sólo estaba dedicada a la importación y exportación de piezas fundidas de aleaciones de aluminio, pero luego amplió su cometido a “asesoría en materia de ingeniería y ejecución de proyectos para la recuperación de aluminio de celdas”. En 2017,  Santiago DaSilva, y su hermano, Mervin José Santigo DaSilva, compraron 100% de las acciones y, dos años después, le cambiaron el nombre a Corporación Handel CV SL, un nombre homónimo en España a la registrada antes en Venezuela, con la que había asumido la asesoría con los chinos, pero con un propósito diferente: adquisición, tenencia, disfrute, administración, dirección, gestión, de títulos valores y acciones. 

En 2015, Santiago se asoció como accionista de una empresa con Jesús Vergara Betancourt, un proveedor de materias primas de Alcasa y Venalum, cliente recurrente de aluminio primario a través de las empresas de Vergara Group y subcontratista de las inversiones del Fondo Chino. 

Juntos, a través de sus empresas Commevensa, de Vergara,  y Corporación Handel, de Santiago, crearon el Consorcio Quantum que, de acuerdo con la cláusula primera de su acta constitutiva, tenía por objeto la “compra, venta, exportación, importación, diseño, fabricación, comercialización de equipos para el sector siderúrgico, aluminio e industrial en general”. En Panamá, a su vez, crearon una sociedad espejo.

Vergara no solo era un cliente, trader, sino también proveedor de insumos. En varios de esos roles había ocupado los vacíos dejados por otras empresas que, como las internacionales Glencore o Noble, por años acapararon el mercado local de compra y venta de aluminio.

En 2020, Vergara fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Posteriormente liberado, nunca se dieron a conocer de manera oficial las razones de su arresto.

Además de estas sociedades, Santiago también figuraba como empleado de la empresa Alusur, una contratista de Alcasa, en la que cotizó para el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) hasta 2019, y cuyo principal accionista es su primo, Timoteo Martínez DaSilva. Este último aseguró a la reportera de Armando.info que Alusur prestó servicios a CVG Alcasa en la supervisión de proyectos de Chalieco, la asesorada por Santiago DaSilva, quien, según la misma versión, al aparecer en la nómina de Alusur pretendía ubicarse en una posición que le permitiera cotizar al Seguro Social, de cara a su eventual jubilación. 

Martínez DaSilva dijo, en entrevista para este reportaje, que no recordaba qué tipos de trabajos hicieron en específico a través de Alusur, pero insistió en que se trató de actividades  de supervisión amparadas por un contrato pequeño, de menos de 50.000 dólares. 

A su vez, Martínez DaSilva participaba, con 30% de acciones, como socio de otra empresa junto con su primo: Valcor Comunicaciones, con sede en la Torre Empresarial Atlantis, en el corazón de la ciudad de Puerto Ordaz, en Ciudad Guayana. El edificio se convirtió en una especie de sede de Chalieco en Puerto Ordaz, porque allí Carlos Santiago DaSilva les arrendó un espacio, confirma Timoteo Martínez DaSilva. Por eso, con frecuencia, era común ver allí al entonces presidente de Alcasa, Ángel Marcano, y dirigentes de su fracción sindical. 

Según Martínez DaSilva, rentar las oficinas de Valcor a los chinos era un valor agregado que prestaba Corporación Handel como parte de su servicio de asesoría para Chalieco. “Yo me imagino que Chalieco le pagaba por ser representante y, dentro de eso, estaba tenerle oficinas tanto aquí [Ciudad Guayana] como en Caracas”, declaró. 

Valcor se dio a conocer en 2016 por haber obtenido entonces la administración ad hoc del diario Nueva Prensa de Guayana. En España, la empresa está registrada con el nombre Desarrollo e Inversiones Valcor, SL y, desde 2017, su socio único es Carlos Santiago DaSilva. 

Vidas paralelas

Desde su llegada al poder, el chavismo, a la vez que se empeñaba en copar Pdvsa, también se concentró en controlar las empresas básicas de Guayana. Claro, eran las fuentes primera y segunda de aportes al PIB de Venezuela. 

Bajo la tutela de la CVG, se encuentra un conglomerado de estatales, tanto extractoras y procesadoras, de bauxita, hierro y oro, así como de productoras de materias primas y productos semiterminados a partir del hierro, acero y el aluminio. Si alguna vez constituyeron el núcleo de las promesas de un futuro de progreso para el país, ya entrado el s. XXI, las fábricas daban pérdidas por una mezcla de desinversión y mala gerencia. Era común que los presidentes de las estatales del holding de la CVG pidieran recurrentes auxilios financieros al Ejecutivo Nacional. Entre 2009 y 2011, las empresas del aluminio, en particular, se endeudaron con la transnacional Glencore como prestamista, para tener dinero fresco para las operaciones diarias; para pagar esos desembolsos, comprometieron su producción. En 2013, el presidente Nicolás Maduro debió garantizar que mantendría por dos años las nóminas de las empresas con recursos de Pdvsa. 

En ese contexto de déficit crónico, la inversión de China llegó como un salvavidas, pero así como llovían promesas de lo que se haría con esos recursos, pululaban las disputas por el control político de las inversiones.

Resultaba decisivo, por lo tanto, no solo quién controlaba la presidencia de CVG sino también la de las empresas filiales. En el caso del aluminio, un nombre clave para ello fue el de Ángel Marcano. 

Ángel Bautista Marcano Castillo, quien comenzó como trabajador en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) y pronto pasó a las filas del chavismo con el ascenso de Hugo Chávez al poder, se convirtió en la ficha de Nicolás Maduro en la región. Al frente de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT) se asumió como el brazo político-sindical del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el estado Bolívar.

Con el endoso de Maduro, Marcano, que a la postre resultaría electo gobernador del estado Bolívar en 2021 para el período 2022-26, logró la destitución del entonces presidente de Alcasa,  Elio Sayago, un técnico de base que se opuso a las negociaciones con Chalieco. En 2011, por ejemplo, Sayago había denunciado “precios exorbitantes” en la propuesta presentada por Chalieco para Alcasa.

Durante 40 días, Marcano y su grupo sindical lideraron una huelga en Alcasa exigiendo la destitución de Sayago sin que nadie del gobierno la impidiera, como en cambio sí era usual con grupos sindicales de la oposición.   

Cuando Marcano asumió la presidencia de Alcasa y de la Corporación del Aluminio, entonces los puntos de cuenta del Bandes al Fondo Chino comenzaron a fluir. No solo fue en lo sucesivo presidente de Alcasa, sino también presidente Corporación Nacional del Aluminio (Corpoalum) en mayo de 2013; en 2014 miembro ejecutivo de comité del sector aluminio de la Corporación de Guayana y en 2016, después de haberse desprendido de Alcasa para optar a una curul en la Asamblea Nacional, volvió a la presidencia de CVG Alcasa. En las últimas elecciones regionales de 2021, resultó electo gobernador del estado Bolívar.

Corpoalum desplazó a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y pasó a tener ocho empresas tuteladas (Alcasa, Venalum, Alunasa, Alucasa, Carbonorca, Bauxilum, Serlaca y Rialca), tres de ellas (Alcasa, Venalum y Serlaca) con una inversión del Fondo Conjunto Chino que, oficialmente, sumaba 1.124 millones de dólares.

La parábola de Ángel Marcano en la política coincide con la expansión de los negocios de Carlos Santiago DaSilva en el sector del aluminio. Y probablemente no fue casualidad. 

“Ángel Marcano era el presidente de Alcasa, y después del aluminio. Cada vez que tú tenías que agarrar aluminio, para transformar, o hacer cualquier cosa, pasabas por allí. Pero yo con Ángel, obviamente, como comprenderás… Yo vivo en los Estados Unidos, y yo, por OFAC [Oficina de Control de Activos Extranjeros], no puedo ni comunicarme con cualquiera de ellos. Y la relación que había era… Bueno, tu vida depende de la aprobación de un político”, dice Santiago DaSilva en entrevista telefónica.

La ruptura

El clímax de las relaciones entre Carlos Santiago DaSilva, Alcasa y Chalieco llegó a finales de 2019. Entonces Desarrollo e inversiones Valcor, registrada en España, participó en las operaciones de CVG Alcasa, en proyectos financiados por el Fondo Chino y ejecutados por Chalieco. 

Pero de acuerdo a lo registrado en el expediente Exp. Nº 2019-0214, poco antes de eso, el 1° de octubre de 2019, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) había recibido una demanda de CVG Alcasa contra Desarrollo e Inversiones Valcor S.L. la compañía española de Santiago DaSilva, por incumplimiento de contrato e indemnización de daños y perjuicios contractuales. La acción venía acompañada de una solicitud de medida cautelar de embargo preventivo, que la magistrada Bárbara Gabriela César Siero otorgó.

Se referían al contrato suscrito el 17 de noviembre de 2016, un año antes de que DaSilva adquiriera el total de las acciones de la empresa española, entre el presidente de Alcasa, Ángel Marcano, y Valcor, para el servicio de modificación, acondicionamiento y puesta en marcha del Laminador en Caliente CLESIM COSIM, un área clave para los productos semiterminados del aluminio. Con el contrato, Valcor desplazaba en la provisión de ese servicio a la alemana Achenbach Buschhütten GMBH & CO KG, (AB).

Inicialmente — dice la exposición de motivos de la demanda— se había resuelto autorizar la suscripción del contrato comercial entre Alcasa, Chalieco y el contratista alemán, pero luego, sin que el documento de demanda explique las razones, Alcasa se reunió con los dueños de Valcor porque esta “tenía la posibilidad, experiencia en trabajos y suministros”.

A pesar de esa afirmación, la verdad era que el objeto social que Valcor asentó en el registro mercantil de España no la conectaba con esa área industrial, sino que, según reza en el documento de constitución de 2014, se dedicaría a “la adquisición, venta o disposición por cualquier título, tenencia, disfrute, administración, dirección, gestión de títulos valores y/o acciones representativos de los fondos propios de sociedades, entre otros”.

Aun así, el 7 de diciembre de 2016, Marcano firmó la autorización para contratar con la empresa Desarrollos e Inversiones Valcor S.L. por un monto de algo más de 12,26 millones de dólares. Seguros La Occidental, del empresario Víctor Vargas, sirvió de fiadora solidaria y principal pagadora de Desarrollo e Inversiones Valcor.

De acuerdo al relato de su consultoría jurídica, en 2017 Alcasa emitió órdenes a Chalieco para que hiciera un primer y segundo pagos al proyecto, lo que en suma correspondía a 80% del precio contractual. “Una vez que se hizo efectivo el segundo pago, la empresa [Valcor] decidió no continuar con los trabajos”. 

Como resultado, el 21 de enero de 2020, la presidenta de la Sala Político-Administrativa del TSJ, María Carolina Ameliach Villarroel, declaró procedente una  medida cautelar de embargo preventivo por más de 104 millones de dólares. La demanda de Alcasa recae, desde el 4 de marzo de 2020, sobre Seguros La Occidental, fiadora del contrato.

Aunque Santiago DaSilva dice que salió del país en 2017, su primo, Timoteo Martínez DaSilva, sostiene que fue en 2019, y que desde entonces sus relaciones se rompieron. “El proyecto del periódico [Nueva Prensa de Guayana] quedó a medias y, de verdad, a mí me ha dejado bastantes cargas allí en el momento de su partida”, dijo.

Santiago habla

Por su parte, desde el extranjero, Carlos Santiago DaSilva accedió a hablar por teléfono para esta historia. Asegura que mucho de los negocios en los incurrió resultaron mal por “tonto” y que, a pesar del desenlace de su participación en Alcasa y Venalum como asesor de Chalieco, tiene la conciencia tranquila. Quiere dejar ese período atrás porque dice que no lo define, pero afirma que lo que ocurría con las inversiones era un “esquema putrefacto” del que decidió salir al darse cuenta. “Yo no estoy avergonzado de lo que hice, ni estoy orgulloso, ni estoy feliz ni triste, simplemente es lo que es”, dice.

Lo primero en lo que insiste es que su asociación con la empresa Quantum, de Jesús Vergara, fue una “desgracia” de la que pidió salir a la primera oportunidad que tuvo (aunque, según los expedientes de la empresa en el registro de Panamá, fue destituido en 2019). Afirma también que aceptó la sociedad porque “supuestamente, si nosotros podíamos conseguir materia prima en China, por relaciones que había con Chalieco, se podía poner materia prima en las celdas. Las celdas se podían recuperar, y Jesús [Vergara] controlaba entre comillas Venalum, y ese aluminio se podía transformar. Y con esos cantos de sirena yo le dije: ‘Okay, dale, vamos a recuperar esa empresa’”. 

Sin embargo,remacha, al mes le pidió salir de la empresa al darse cuenta de lo que llama “marramucias”. “No tuve una sola reunión con Quantum. No hay un acta donde pueda constar que yo estuve en una reunión y hasta metieron a mi primo, Vicenzo Bianco. Fue una desgracia en mi vida esa empresa”.

Sobre otro de sus negocios, Desarrollo e Inversiones Valcor — que resultó demandada por Alcasa— sostiene que la aceptó porque era una oferta que también “sonaba bien”, pero que, como descubriría, en realidad se trataba de un contrato que, en la práctica, tenía otro objeto: obtener bolívares del diferencial cambiario con transformadores locales, de lo cual señala directamente a la empresa Protécnica. “Cuando me doy cuenta de eso, automáticamente ya me salgo, ¿no?”, subraya. “Me vi envuelto en un objeto de empresa que yo no estaba buscando, la verdad”. 

La consecuencia de ese esquema es que, señala, no hubo “fondo [chino] porque se están destinando por otro esquema a financiar nómina, pues bueno, no hay fondo pues, te los tumban”.

Según Santiago DaSilva, el mecanismo de dólares en el mercado negro para obtener bolívares era simple. “Hay transformadores [de aluminio] reales e irreales. Tienes los transformadores tradicionales, los que de verdad usaban metal, y los nuevos, o los de paquete o los de maletín. Entonces, a partir de todo el contrato del esquema chino, la subcontratista, parte de las empresas que trabajaban para Chalieco, que son los de Protécnica, Terra, ellos reciben los dólares, hacen parte del trabajo, triangulan con algunos transformadores que existen, otros que no existen, y así se va pagando nómina y pagando de todo”. 

Se refiere a la empresa Estudios de Ingeniería Protécnica, una empresa registrada en la década de los 80, que ejecutó también los proyectos de mayor envergadura del Fondo Chino, tanto de Alcasa como Venalum y que, a su vez, subcontrató con Jesús Vergara para la ejecución de la inversión asiática. Su fundador y principal accionista desde 1982 es el venezolano Salvador José Barbera Sansone, nombrado por Finlandia como cónsul honorario el 28 de junio de 2010 para los estados Bolívar, Sucre, Monagas y Delta Amacuro, y quien no respondió a una solicitud de entrevista para este reportaje. 

Santiago DaSilva se aferra a su versión de que todos esos mecanismos eran entonces desconocidos por él, y que cuando se entera de ellos, empieza a cortar relaciones. “Eso es un esquema que obviamente involucra aluminio y dólares del Fondo Chino. Tú puedes ver las estructuras allí. Yo no tengo ninguna estructura que se asemeje a esto. Me ofrecieron esa vaina de Valcor para mi desgracia, porque lo que hizo fue arruinarme, igual que la otra cuestión que me ofrecieron de Quantum. Nunca fui a una reunión y también me trajo cola a eso, por tonto, porque la verdad que uno se mete en eso por tonto”.

Los dos pagos que Alcasa sostiene que le hizo, DaSilva sostiene que nunca le llegaron. “Allí solamente se ejecutó el anticipo. (…) Creo que eran tres millones y algo, si mal no recuerdo. Y ya. Lo demás fue retenido en el Fondo Chino, no se ejecutó, y después ya de allí no supe qué pasó”.

A pesar de lo que él llama “experiencias”, y solo un período de su vida, DaSilva se considera un emprendedor exitoso. Y apalanca ese éxito en el desempeño de otras empresas que lidera: Neo Rodas SA (2016); Neo Steel (2020), algunas de ellas con sede en Colombia, y en 2016 Neo Group LLC Aluminio Colombia: GALTCO (Green Aluminum Transformation for Colombia), la empresa con la que ahora promete crear la Ciudadela del Aluminio.

Ni Protécnica, ni Quantum, ni el entonces presidente de Alcasa, ahora gobernador de Bolívar, Ángel Marcano, respondieron a solicitudes de información sobre este caso.

Segundo aire

Mientras los proyectos en Venezuela se apagaban, y tras la salida de Carlos Eduardo Santiago DaSilva de Venezuela, comenzaron sus apariciones en redes sociales. En 2020, DaSilva comenzó a publicitar Galtco, el proyecto de aluminio que ahora pretenden crear en Colombia, a partir de conversaciones que calificó como “muy productivas” entre ProColombia, una agencia gubernamental del gobierno colombiano para promover las exportaciones e inversiones, y Neo Group. 

A pesar de sus inversiones en Argentina, realmente sus aspiraciones recientes están concentradas en Colombia, a juzgar por la publicidad del proyecto Galtco. Jesús Imery, expresidente de Bauxilum, y exgerente de CVG Venalum, ahora es parte del proyecto Neo Colombia como Senior Aluminum Advisor. A finales de 2020, publicó un artículo en el mostraba las ventajas comparativas de Colombia, que titulaba: Colombia, el chico nuevo en el bloque de los países productores de aluminio. 

La senadora colombiana Karina Espinosa es una de las aliadas de este proyecto, pero el gran promotor es el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, del Partido Liberal, a quien en noviembre de 2022 la Procuraduría General de Colombia le abrió una investigación por presuntas irregularidades en el desarrollo del un proyecto de mejoramiento de la vía Berrugas - San Onofre y Ramal – El Rincón del Mar, en el municipio de San Onofre, reseñó el diario El Heraldo de Colombia. La apertura de la investigación coincide con los últimos tuits de Carlos Santiago y Galtco, entre noviembre y diciembre de 2022.

“Realizamos productivo encuentro entre bancada de parlamentarios de Sucre y representantes de la firma @galtco para socializar megaproyecto con el que se construirá la fábrica de aluminio más grande del país en Tolú”, publicó Olimpo el 17 de noviembre de 2022. Desde entonces, y al menos públicamente, no se ha vuelto a saber nada más de la buena nueva.  

En cierto momento, la flotilla importada de buses Yutong que circulaba por calles y carreteras de toda Venezuela se erigió no sólo en una prueba concreta del propósito del gobierno por modernizar el transporte público sino, sobre todo, en símbolo del florecimiento de las relaciones políticas y comerciales entre Caracas y Beijing. En una época de frenético contacto político entre ambos gobiernos, al Fondo Chino-Venezolano se cargó el financiamiento para la construcción de esta planta, con la promesa de que sería la “más grande de América Latina y el Caribe”. Se esperaba que, una vez construida, la ensambladora tuviera capacidad para completar 3.600 unidades al año. 

Según la Memoria y Cuenta del Ministerio de Transporte en 2014, ese año, a través del Fondo Chino-Venezolano se le confió a la obra un anticipo de 218 millones de dólares para los “estudios, equipamiento, instalación y procura de la planta”. 

Dos organismos adscritos al Ministerio de Transporte se encargarían de la ejecución de esta obra: la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur), a la que se asignaron 18 millones de dólares para el “diseño e instalación de la planta”; la segunda empresa pública encargada de la ejecución de esta obra, Vialidad y Construcciones Sucre (VycSucre), recibió algo más de 183 millones de dólares. Ese año de 2014, Fontur comunicó en la misma Memoria y Cuenta que había desarrollado 55% del proyecto de ingeniería básica, mientras que el avance físico alcanzaba 38%.

Mientras con lentitud se avanzaba en la construcción de la planta, el 8 de octubre de 2015, se autorizó la creación de una empresa del Estado bajo una persona jurídica de sociedad anónima denominada Planta de Autobuses Yutong Venezuela S.A, con participación en un 40% el Ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas, de 40% el Ministerio de Industria y Comercio, y 15% para la empresa Yutong Hong Kong Limited, según el decreto N° 40.763 de la Gaceta Oficial. 

Desde el Ministerio de Industrias y Comercio, uno de los socios, describieron en su Memoria y Cuenta que la finalidad del emprendimiento era “potenciar el sistema de transporte público nacional, ayudar a satisfacer la necesidad del estado, así como también su exportación a las naciones pertenecientes al ALBA y Mercosur”. 

Ese año el ministerio de Transporte comunicó a través de su Memoria y Cuenta que recibió más de 28 millones de dólares del Fondo Chino-Venezolano, lo que iba sumando hasta la fecha 246,4 millones de dólares. La cifra representaba 61% del presupuesto de este proyecto, calculado en 399 millones de dólares, según este documento oficial.

Si se suma lo que a fin de cuentas recibieron VycSucre y Fontur, la planta ensambladora de Autobuses Yutong en Venezuela recibió, al menos, 448,1 millones de dólares del Fondo Chino-Venezolano. 

Vale decir que en paralelo a las obras de la planta ensambladora, a la empresa VycSucre, liderada para ese entonces por el ingeniero Bernardo Augusto Lopes Cariaga, se le confiaban otras obras de ingeniería civil, así como más dinero del Fondo Chino-Venezolano para terminarlas. Por ejemplo, en 2014, le fue encargada la construcción del segundo puente sobre el río Chama, bautizado con antelación como Comandante Supremo Hugo Chávez, en el estado Mérida, en los Andes del suroeste venezolano. Para el proyecto, que debía inaugurarse en 2015, se desembolsaron 476 millones de dólares. Hoy, nueve años después, permanece inacabado. En 2022, distintas autoridades informaron que se reiniciarían sus obras. 

Desembolsos millonarios e informales

Frente a los desembolsos de dinero y la lentitud en las obras, se mantenía incólume la promesa de “incrementar la oferta nacional con 3.600 unidades al año”. Las contradicciones en la información que se hacía pública, sin embargo, poco contribuían a fomentar la confianza en la terminación del proyecto. En 2015, mientras se reportaba un avance físico de la planta de 56% en la Memoria y Cuenta del Ministerio del Transporte, el propio titular de la cartera entonces, Haiman El Troudi, aseveró ante la prensa y en sus cuentas oficiales de redes sociales que el avance era de 86%.

Cinco personas entrevistadas para esta historia, entre quienes se encontraban empresarios privados que trabajaron en la primera etapa de construcción de la planta, así como representantes del sector automotor e investigadores académicos, coinciden en que esta instalación ha terminado hoy funcionando más como un taller mecánico que como una ensambladora. En el lugar se reparan autobuses viejos Yutong que se encontraban abandonados en distintas zonas del país o, si no, se le agregan detalles menores a autobuses semi ensamblados que llegan desde China. 

No debe sorprender que mucho de lo que se hace en el galpón sea la refacción de autobuses viejos. En los acuerdos originales entre Yutong y la República se contemplaba la importación de 4.716 unidades de autobuses armadas y de otras 2.600 semi ensambladas, según determinó en un estudio Transparencia Venezuela. Pero la calidad del producto y el escaso servicio de mantenimiento pronto convirtieron a Venezuela en un inmenso botadero de autobuses chinos. En 2019, una publicación oficial señaló que, en todo el territorio, sólo estaban activas 1.600 unidades de transporte Yutong. Es decir, apenas 23% de los autobuses adquiridos. La investigación de Transparencia Venezuela reveló que el pago por unidad fue de 176.400 dólares, una cantidad “muy elevada” en comparación con las operaciones de compraventa de esa empresa en otros países. El propio gobierno ha reportado la rehabilitación de 1.768 autobuses entre 2018 y 2021, entre ellos, dice, más de 573 reparados en Yaracuy. Pero muchas unidades se mantienen estacionadas todavía en 22 cementerios de chatarras que brotaron desde 2015, según investigaciones periodísticas. 

“Se plantearon dos fases para la construcción de la planta, la primera avanzó pero la segunda no mucho. Las promesas se incumplieron, además, hubo reformas legales que permitieron que China enviara los vehículos prácticamente listos”, dijo Christi Rangel, líder de la investigación Negocios Chinos: Acuerdos que socavaron la democracia en Venezuela para la organización Transparencia Venezuela. 

En este informe se explica que la situación actual de la programada planta corresponde a la primera fase del plan de construcción, que debía completarse en 2015 para la producción de unidades semi ensambladas. Entonces se preveía una segunda fase, dispuesta para mediados de 2016, en la que ya se construirían unidades completas.

No obstante, en 2016, el ministro para ese entonces de Transporte y Obras Públicas, Luis Sauce, se encargó de disipar la ilusión de las 3.600 unidades al año. Admitió, en cambio, que solo se habían producido 100 unidades en todo un año. A pesar de ese magro resultado, el presidente Nicolás Maduro aprobó ese año un aporte de 4.930 millones de bolívares y 13 millones de dólares para la expansión de la planta, en parte con recursos del Fondo Conjunto Chino Venezolano, y para la adquisición de partes y repuestos. 

Un ingeniero que lidera una firma de consultoría privada en Venezuela, que fue contratado para la planeación de la logística de ensamblaje de esta planta y que pidió reservar su identidad por seguridad, aseveró que era un proyecto “ambicioso” que nunca se culminó.

“Cuando ellos inauguran en 2015 no se había construido el galpón de carrocería, de pintura. Hasta ese momento no se había ensamblado nada. Los autobuses llegaban hasta Puerto Cabello, los enviaban a San Felipe y en la planta simplemente se les ponían detalles mínimos, como alfombras, asientos, aires acondicionados y algunos espejos”, explicó. 

El ingeniero detalla que a los vehículos semi ensamblados se les denomina en la jerga SKD (por semi knock down). Así también se les menciona en uno de los cuatro acuerdos que suscribieron Yutong y el gobierno de Venezuela, recogidos por la investigación de Transparencia Venezuela. En el documento, convenido en abril de 2015, se estipulaba la compra de 2.300 unidades de transporte en la modalidad SKD. “China enviaría los autobuses en partes para ser ensamblados en Venezuela, por un monto de 361 millones de dólares, e incluyó la capacitación de personal de la empresa en China. Para este momento la planta estaba en construcción”, añade el testigo. 

“Un vehículo SKD tiene cauchos, frenos, dirección. Realmente lo que hay que agregarle son detalles menores. Se supone que esta era una planta para CKD [‘complete knock down’ o de ensamblado completo], pero no ocurrió. Las instalaciones de la planta nunca se culminaron y hasta finales de 2016, que trabajé con ellos, no se ensambló ningún vehículo desde cero. Lo que nos dijeron es que el dinero se había acabado. Realmente, todo era muy improvisado. Eso sí, lo que les interesaba era estampar en la parte de atrás de los autobuses [el rótulo de] Gobierno Bolivariano de Venezuela”, apuntó el ingeniero.

Otra de las empresas privadas contratadas para la construcción de esta planta fue el Grupo AM, quienes además participaron en otras obras financiadas por el Fondo Chino-Venezolano, que tampoco se concluyeron. Dos de sus trabajadores, quienes también prefirieron reservar su nombre por seguridad, también aseveran que durante sus labores, la construcción de la planta no se culminó por falta de recursos y por cambios de gestión constante de la planta.

Desde el 2015 hasta el 2018, de acuerdo a diversas gacetas oficiales, esta empresa ha tenido, al menos, once directores principales. Algunos de los que figuran forman parte del gobierno de Yaracuy, como el propio gobernador Julio Cesar León Heredia, quien lideró esta empresa en 2016, al igual que Otto Emilio Colaiacovo Von Denker, quien era secretario encargado de Infraestructura. Previo a los yaracusenses, estuvo Carlos Faría, quien anteriormente estuvo liderando el Complejo Siderúrgico Nacional y la Industria Venezolana de Cemento.

Se intentó contactar al gobernador de Yaracuy, Julio León Heredia, pero no se obtuvo respuesta. 

“La obra se paró por falta de dinero. O, al menos, así nos decían. Todo quedó en planos. Se construyó mucho menos de lo que el contrato estipulaba y nunca se ensamblaban autobuses. Ellos decían que eran Hecho en Venezuela, pero todos veíamos que los autobuses llegaban ensamblados desde China”, dijo uno de los altos ejecutivos del Grupo AM, quien además asevera que el gobierno les quedó debiendo dinero y luego los chinos les pagaron. 

“No había una normalidad de cierre de contrato. Tampoco licitación. Todo era con estimados de costos. En fin, una total inconsistencia”, agregó.

A pesar de la inoperatividad de la planta, Maduro siguió aprobando créditos adicionales. En 2019, anunció que había aprobado siete millones de euros para su ampliación y culminación y, ese mismo año, Carlos Osorio, presidente de la Planta, informó que habían ensamblado 1.600 unidades en cuatro años; es decir, en un cuatrienio solo se había logrado menos de la mitad de lo prometido para un solo año. 

Actualmente, la planta se mantiene en ese mismo ritmo. Las comunicaciones publicadas en la página de Yutong Venezuela, muestran noticias vinculadas a la recuperación de unidades, entrega de insumos y repuestos a otras empresas públicas, como Trans Anzoátegui, o la entrega de autobuses para la Universidad de Carabobo y la Universidad Experimental de Los Llanos. 

(*) Este es un trabajo de Armando.info investigado y publicado en alianza con el Centro de Investigación Chino Latinoamericano - Fundación Andrés Bello

Mientras hablaba ante las cámaras, el cuestionado mandatario enseñaba los cuadernos, morrales y útiles escolares estampados con una versión de su propia figura, en la que aparece con robustos músculos y con el famoso traje y capa (aunque con los colores invertidos) del superhéroe, quintaesencia de la cultura popular estadounidense, ideado en 1938 por el escritor Jerry Siegel y el dibujante canadiense Joe Shuster.

El nombre de uno de los fabricantes de ese merchandising trascendió por la publicidad que le dio un medio oficial: Corporación Trading Latinoamérica, C.A (CTL). “De estos cuadernos tenemos una capacidad de producción de entre 60.000 a 80.000 por día y con posibilidades de doblar esa producción”, señaló Eduardo Álvarez, representante de la empresa. La gama, cuyo diseño promete ser merecedor de un suculento contrato con instituciones públicas, también incluye un morral de Superbigote -el Nicolás Maduro puesto a la manera del universo de DC- y cuadernos con la figura del gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, representado este último como Drácula, el personaje que el mandatario regional adoptó como su marca personal.

Pero detrás de este negocio, pintoresco solo a primera vista, se encuentra una trama más densa. 

Como lo anunciaba la propia página web de Corporación Trading Latinoamérica –sitio que fue tumbado luego de que el reportero de la presente historia entregó un cuestionario en la sede de la empresa, el pasado 11 de noviembre-, la compañía también se dedica a la “comercialización de material ferroso y no ferroso, exportación e importación de petróleo, gas y sus productos derivados”. También desarrolla actividades relacionadas con las criptomonedas, “la intermediación financiera” y el suministro de materia prima y bienes terminados. De hecho, dice aceptar, como forma de pago, “material ferroso y no ferroso, crudo y/o productos derivados”. Un abanico de opciones amplio pero muy ajeno a la producción de material didáctico o de promoción. 

Esta información, que la empresa se ocupaba de difundir antes en su propio portal, se ve confirmada en sus documentos mercantiles, donde el objeto de la compañía ocupa hasta seis páginas y detalla que también desarrollan “actividades conexas de maquinarias y equipos de perforación y exploración de petróleo y gas, (…) o las actividades conexas requeridas para la distribución a nivel nacional e internacional de Gas Licuado de Petróleo (GLP), Gas Natural Vehicular (GNV), Gas Natural no asociado y sus gases asociados”.

No era solo tinta sobre papel. Era un discurso autorizado. Tratándose del petróleo, un recurso estratégico del Estado venezolano, para comercializarlo se requiere de un permiso de altas autoridades de las empresas públicas. También ocurre con la chatarra, que desde 2021 ostenta la misma categoría oficial. CTL tenía ambos permisos desde 2020. 

Los documentos de la empresa incluyen una carta del Ministerio del Petróleo, fechada el 19 de octubre de 2020, con la firma del director general de Mercado Nacional de Pdvsa, el coronel Marino José Lugo Aguilar, que autoriza a CTL a indicar como objeto de la compañía, ante el registro mercantil, el “expendio de los productos derivados del petróleo”.

También una comunicación del 8 de diciembre de 2020, del entonces presidente de la Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora (Corpoez), el general de división Irwin José Ascanio Escalona -ahora presidente de Bolipuertos-, quien autorizó a CTL para que en su oferta de servicios indicara que se dedica a la “compra, venta, importación, exportación (…) y transporte de chatarra ferrosa y no ferrosa”, así como a la comercialización nacional, exportación y transporte de “materiales estratégicos, residuos sólidos de aluminio, cobre, hierro, bronce, acero, níquel”, productos del reciclaje de papel, entre otros.

Con la debacle de la industria petrolera venezolana, que actualmente produce menos de un tercio del crudo que hace 20 años, la autodenominada Revolución Bolivariana ha tenido que recurrir a nuevas fórmulas para obtener divisas. Entre ellas está la exportación de chatarra, que literalmente se arranca de las desvencijadas instalaciones de la propia Pdvsa y otras empresas públicas en ruinas.

Un decreto presidencial de enero de 2018 autorizó a Corpoez para centralizar la exportación de chatarra ferrosa y no ferrosa en el Estado. Mientras, otro decreto de febrero de 2021 declaró la chatarra como un material de “carácter estratégico”.  

No hay duda de que CTL tiene acceso a altas esferas del chavismo gobernante. Pero, ¿quién fue la persona que logró, en tan corto tiempo, estos permisos tan exclusivos otorgados por militares del régimen de Maduro?

La hora loca llegó a Pdvsa

Kelver Rodolfo Mendoza Valencia no es Superbigote, pero de que tiene superpoderes, los tiene: por ejemplo, el de convertir una pequeña piñatería en una corporación que comercia petróleo y chatarra, que puede construir drenajes, distribuir gasolina, gasoil, diésel y jet fuel, y, por supuesto, vender los cuadernos escolares con la figura de Superbigote.

Mendoza es de nacionalidad ecuatoriana, tiene mucho tiempo radicado en Venezuela, y se graduó como abogado en la Universidad Santa María de Caracas. En 2007, apenas un año antes de fundar su emprendimiento, las perspectivas lucían muy distintas para Mendoza, quien afrontaba un juicio de desalojo de un apartamento en la urbanización San Bernardino, en el centro de Caracas. Hoy la sede de CTL se ubica en la Torre Provincial de Chacao, sobre la avenida Francisco de Miranda, donde se encuentran las sedes de un buen número de bancos y grandes corporaciones de la colapsada economía venezolana.

La cuenta de la red social Instagram de CTL asegura que esta nació “en el año 2008 producto de la unión de talentos que dieron lugar a una organización multifuncional”. Lo que no revela es que en aquel momento la empresa se denominaba Esquina de la Hora Loca, C.A. y que su objeto, de apenas unas líneas, era el de comercializar productos de piñatería o relacionados con eventos festivos. Antes de su actual oficina, tuvo una mucho más modesta, ubicada en un local de La Candelaria, una zona de clase media en el centro de Caracas.

Mendoza y una mujer de nombre Yulimar Sabrina Colina Moreno compartían a partes iguales las acciones de la compañía. La empresa no registró casi ningún movimiento hasta febrero de 2015 cuando Mendoza se hizo con todo el capital accionario. El 11 de diciembre de 2016, la compañía cambió su denominación a la actual y a partir de esa fecha comenzó a crecer aceleradamente en actividad y recursos.

Fue en ese 2016 que la empresa inició sus ofertas para el sector gubernamental. Entre ellas, la de vender “todo tipo de suministros para organismos públicos como alcaldías y gobernaciones, instituciones autónomas y empresas del Estado” y la de fabricar “uniformes para todos los cuerpos de seguridad nacionales existentes, así como los equipos, materiales, accesorios de seguridad utilizados por los mismos”.

Sin duda fue un año de inflexión para el negocio. De 2016 datan los primeros contratos con organismos oficiales que muestra el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Por ejemplo, uno con Inversora Ipsfa -estas últimas son las siglas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada de Venezuela- para “la venta de bienes y servicios”. En julio de 2018, en un ambiente de hiperinflación y crisis económica, la compañía contaba con un capital de dos billones de bolívares que, al cambio del dólar negro de la época, equivalía a unos 500.000 dólares.

El RNC también detalla que, entre 2018 y 2021, CTL obtuvo 11 contratos con Pdvsa o empresas filiales del holding petrolero, como Bariven, Pdvsa Gas y Sinovensa. La mayoría de estos acuerdos comportaban la venta de útiles escolares para los hijos de los trabajadores petroleros en 2019-2020, servicios de comida para el personal, suministro de papel higiénico o de tóner para las impresoras de la petrolera.

Entre estos acuerdos destaca uno de carácter más técnico, de enero de 2021, con Pdvsa Petróleos S.A. e identificado como AC-REP-2021-022. Este encarga a la corporación del “mantenimiento, suministro e instalación de equipos rotativos, estáticos, eléctricos, instrumentación, infraestructuras, áreas perimetrales, subestaciones eléctricas, estaciones de servicios de combustibles, y saneamiento de pasivos ambientales de la refinería El Palito”. Esta contratación en uno de los complejos de refinación de petróleo más grandes de Venezuela, sobre las costas del estado Carabobo, se dio apenas tres meses después de que la empresa añadió a su objeto la dedicación a servicios petroleros.

El cuento del fondo chino

El relato de éxito súbito de Mendoza también tiene un apartado chino. En su cuenta de Instagram, Mendoza dice que además de ser el CEO (siglas de Chief Executive Officer, equivalente en inglés a presidente ejecutivo) de Corporación Trading Latinoamérica (CTL) también lo es de una compañía china, cuyo nombre es Hanzhou Latin America Trading Co. 

China es uno de los principales destinos del crudo venezolano, bien para pagar los colosales préstamos que Beijing otorgó al régimen de Caracas, o bien en su rol de comprador, sobre todo después de que Estados Unidos diera inicio a su política de sanciones financieras, comerciales y migratorias.

Con el apoyo de Occrp (siglas en inglés del Proyecto de Reportería del Crimen Organizado y la Corrupción), Armando.info pudo confirmar que la compañía fue inscrita en China en agosto de 2019 y disuelta en noviembre de 2021. Como único accionista aparece Mendoza Valencia y, como directivo de la empresa, un venezolano de nombre Moritz Phillipe Garroz Borelly.

La descripción del objeto de esta compañía también es muy genérica y abarca desde la venta de maquinaria, minerales no metálicos, ofertas de servicios de consultoría, entre otros. Sin embargo, la revelación del nombre de Garroz Borrelly destapa algunas conexiones de este venezolano, radicado actualmente en China, con instituciones del chavismo.

El propio Garroz Borrelly indica, en la red social laboral Linkedin, que en 2014 fue gerente de proyectos del Fondo Conjunto Chino Venezolano (FCCV). Este fondo es administrado por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) y por sus cuentas han pasado más de 50.000 millones de dólares. El dinero otorgado por China debía ser usado para el financiamiento de proyectos sociales o económicos a cambio de petróleo, minerales y la compra de bienes manufacturados, pero como en otros proyectos del chavismo no faltaron las denuncias de irregularidades.

En Linkedin, Garroz Borrelly también añade que es ingeniero en telecomunicaciones, y que entre 2013 y 2014 trabajó como operador satelital de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE), una institución que también pretendía emular a un emblema estadounidense, la NASA -por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio-, pero con tecnología y financiamiento chinos. Los aportes de ese país posibilitaron el lanzamiento al espacio de los satélites Simón Bolívar, Francisco de Miranda y Antonio José de Sucre.

Garroz Borrelly también figura como accionista en otra empresa china, de nombre Ao Nuo International Trade (Shanghai) Co., Ltd. con 50% de las acciones, junto con otro venezolano, de nombre Javier Mauricio Pérez Gómez, quien estuvo en la nómina de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos hasta mayo de 2017. La compañía tiene el mismo tipo de objeto genérico que las anteriores.

Los contactos chinos de Mendoza no terminan ahí. El Sistema Nacional de Contrataciones también registra que Corporación Trading Latinoamérica acordó una “alianza comercial” con Venezolana de Industria Tecnológica, C.A. (VIT) entre el 21 de abril de 2021 y el 20 de abril de 2022 para “la adquisición, suministro de bienes y/o servicios de diversos índoles”.

VIT es una empresa mixta constituida por entes estatales de los gobiernos de China y Venezuela, dedicada a la fabricación de herramientas tecnológicas. La idea era ensamblar equipos como computadoras a precios accesibles pero, como otros experimentos económicos del chavismo, fracasó en su objetivo.

Sin embargo, a pesar de hacer negocios con la figura antiimperialista de Superbigote, Mendoza no le da la espalda al mercado estadounidense, donde creó al menos dos empresas: EF International Investments Corp, inscrita en noviembre de 2011 y activa; y Nova International Corporation, inscrita en noviembre de 2016 y disuelta en 2020. Mendoza también tiene una casa de 1.190 metros cuadrados que cuenta con ocho habitaciones, piscina y su propio jacuzzi. La propiedad se encuentra en el condado de Osceola, en Florida, y fue adquirida por Mendoza en junio de 2018 por 531.700 dólares. Hoy está valorada en 863.000 dólares.

El dueño de CTL también cuenta con otras cuatro empresas en Venezuela, un par en Ecuador y otra en Panamá, esta de nombre E & M International Corporation, S.A. La persona jurídica panameña modificó su objeto en 2020 para indicar que se dedica a la comercialización de “hidrocarburos y productos derivados del petróleo y de productos petroquímicos”, y otras actividades muy similares a las de CTL.

Si pudiera argumentarse que el llamado Socialismo del s.XXI fracasó, ciertamente Kelver Mendoza no lo hizo. Para alcanzar el éxito este empresario tuvo la visión -¿de rayos X?- y la velocidad de reflejos -¿supersónica?- para atrapar las oportunidades que al fin se le presentaron. Cabe pensar que la de Superbigote sea su identidad secreta, más que un trasunto colorido del hombre fuerte de Venezuela.