Este ingeniero electrónico e informático de verbo muy pausado repite la palabra "Dios" en cada frase, no como muletilla sino como expresión constante de su credo. La suya es una historia que comenzó hace más de 30 años con tiendas de computadoras en Puerto Ordaz y una farmacia de vecindario que en menos de 20 días de fundada cambió el nombre de Gran Sabana a Farmacia Lala. Con ella entró en la lista de contratistas de CVG Venalum, una de las reductoras de aluminio más grandes y, alguna vez, productivas de Venezuela. Para esa empresa, Farmacia Lala sirvió de proveedora de las medicinas que el Estado entregaba a los trabajadores y como un inesperado portaaviones, pues Vergara pasó de proveedor de medicinas a empresario del aluminio en pleno apogeo de los precios del metal compuesto. De allí al estrellato.

Vergara representa ahora un emporio donde, desde 2006, hay más de 30 sociedades registradas y una fortuna que creció sobre varios baches en una historia donde mucho sale pero nada entra. Nadie sabe qué produce Vergara en esas decenas de empresas en las que figura como accionista mayoritario y como socio de algunos nombres directamente relacionados con el chavismo. “Son sueños”, asegura él mismo, sentado en un mueble de la sede de la Fundación, mientras toma café y escucha temas evangelizadores del cantante Marcos Witt.

En cambio, la publicidad de su emporio se concentra en la Fundación Lala y en el Centro Pediátrico Lala, los espacios de filantropía que le han ganado su mejor fama, sobre todo el último, un edificio colorido de baldosas pulidas, clima gélido y equipos médicos de primer nivel que contrasta con el endeble sistema de salud pública de Ciudad Guayana. Además de este centro, Lala cuenta con una academia deportiva, una orquesta sinfónica infantil y un equipo de fútbol de primera división, Asociación Civil Lala Fútbol Club.

Un despegue con suerte

Su vida empresarial comienza en Reservi, el negocio de su padre en Ciudad Bolívar, la capital del estado homónimo, el más extenso del país, rico en minas. Luego, al independizarse, tuvo tiendas de computadoras en Puerto Ordaz hasta que en 1994 fundó la Farmacia Lala, un negocio cuyo trazado es lineal y modesto hasta 2005, cuando, con Freddy José García Gutiérrez, Vergara registró la empresa Alumisur con el objeto social de comercializar todo tipo de metales y aleaciones. Un año después, él y su socio cambiaron el nombre de la empresa por SMS Casting de Venezuela para “suscribirse en el programa de Empresas de Producción Social de la Corporación Venezolana de Guayana”. Desde 2006 hasta ahora, Vergara cotiza en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) con esa empresa.

Con esa incursión en el negocio de los metales llegó al convulso 2007, en un contexto político marcado por el cierre de la estación Radio Caracas Televisión -orden expresa del entonces presidente Hugo Chávez- pero, en lo productivo, también por ser uno de los mejores años para la industria del aluminio.

Él mismo recuerda que al mundo del aluminio llegó como tender. Y explica que esa figura consiste en alguien que puja en “un proceso licitatorio del excedente de producción que las empresas ponen en oferta en una subasta. Fue como en 2003, 2004. Las trasnacionales como Glencore o Noble o JB Commodities me hicieron una guerra mediática porque yo era el mejor postor”.

Entre 2005 y 2008 los precios del metal saltaron de 1.700 dólares por tonelada métrica hasta 3.000 dólares, un incremento de casi 100% en su pico más alto, lo que lo convirtió en un nicho lucrativo en sí mismo, pero amplificado por el diferencial que generaba el control cambiario, con enormes brechas entre las tasas de cambio más favorables, accesibles solo a través del Estado mediante los mecanismos oficiales de la Comisión para la Administración de Divisas (Cadivi) o por contactos informales, o la tasa real del mercado paralelo.

En mayo de 2007, justo cuando esa práctica de reventa de divisas comenzó a entrar en apogeo, se multiplicaron los folios de Vergara en el Registro Mercantil de Puerto Ordaz -la sección occidental de Ciudad Guayana- . El cúmulo de carpetas contenía ahora la documentación de Vergara Group Metals (VGM), empresa que, en el papel, apuntaba a la transformación de aluminio.

En septiembre, en el Registro Inmobiliario del municipio Caroní, Vergara y su esposa, Marisol Londoño, junto con Francisco Hamilton y Vanessa Hamilton, registraron Fundación Lala para atender menores y ancianos “en situación de minusvalía”. Aunque sin fines de lucro, en algún momento entre el año de su constitución y 2011 la Fundación Lala Internacional recibió de la extinta Cadivi 711.520 dólares (a una tasa oficial de 4,30 bolívares fuertes por dólar, vigente después de la reconversión monetaria de 2008).

“Fundación Lala nace para seguir con el legado de nuestra amada abuela (una enfermera a la que sus nietos llamaban Lala), cuya calidad humana y amor por el prójimo fue (sic) ejemplo para todos nosotros, quienes junto a nuestra madre, asimilamos esas enseñanzas. La idea es hacerlo desde el corazón manteniendo las raíces de la humildad”, explicaba su hermana en una entrevista.

Un commoditie en ascenso

Para que sus negocios crecieran exponencialmente Vergara Betancourt estuvo en el momento y lugar adecuados y tuvo quien le echara una mano… y hasta dos. Uno de ellos fue su primo hermano Ramón Betancourt, un ingeniero especialista en adecuación de plantas de carbón que provenía de la también reductora Venalum, que en abril de 2005 fue nombrado integrante del equipo gerencial de CVG Alcasa (empresa estatal fundada en 1967 y alguna vez la productora de aluminio más importante de Venezuela).

La consanguinidad entre primos no fue el único lazo que los unió: en 2017, Betancourt (militante del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, fallecido en un accidente) figuraría como socio de Vergara en V Ingeniería, empresa con sede en el Centro Empresarial Autana, en Puerto Ordaz, dedicada a la “planificación y redacción de proyectos”. 

La otra mano que ayudó a Vergara fue la de un hombre de apellidos conocidos. Se trata de Isaías Suárez Chourio, un ingeniero de larga carrera en las empresas básicas de Guayana, presidente de Venalum entre 2005 y 2009, y hermano de Jesús Suárez Chourio, uno de los militares más cercanos al entonces presidente Hugo Chávez y hoy jefe del Estado Mayor de la Comandancia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Una antigua empleada de la Gerencia de Comercialización de Venalum, que pidió el anonimato para este reportaje, confirma que Isaías Suárez Chourio fue quien abrió la puerta de Venalum a Vergara. “La entrada de los clientes se negocia a través de directores y presidentes de las empresas, y uno se daba cuenta de que los directores favorecían a ciertos grupos”, comenta.

Ese fue el apogeo para que en mayo de 2007 y en sociedad con su padre, Carlos Julio Vergara Eljach, constituyera Vergara Group Metals (VGM) con un capital de 500 millones de bolívares divididos en dos partes iguales: 250 millones que aportó el padre y 250 millones que aportó el hijo (121.951,22 dólares, de acuerdo con la tasa de cambio paralela de entonces: 4.100 bolívares por dólar).

Ese mismo año, en Panamá (uno de los destinos favoritos de las divisas preferenciales de Cadivi), Vergara fundó, con un capital de 10.000 dólares, V. Aluminium Group, tal y como está asentado en el folio 575844 del Registro Público de ese país.

El entramado plateado

El telón de fondo para incursionar en el negocio del aluminio fue la Gaceta Oficial 38.307, del 4 de noviembre de 2005, mediante la cual se acordó en Caracas, con la conjunción del Ministerio de Industrias Básicas y Minería (Mibam), CVG Venalum y CVG Alcasa, asegurar materias primas a varias empresas nacionales para que el aluminio se transformara en Venezuela. El trato apuntaba que los precios “serán iguales o superiores a los acordados por Venalum y Alcasa con cualquiera de sus clientes de exportación”. El objetivo era que estas empresas destinaran “su producción a la satisfacción del mercado nacional”.

¿Por qué? “Los industriales siempre se quejaron de la desventaja que sufrían en materia de mala calidad del suministro de insumos básicos (las mejores calidades se exportaban) y de despachos mínimos desmesurados en comparación con su capacidad instalada, lo que los obligaba a caer en manos de intermediarios y sin las facilidades de financiamiento que sí se les daba a los clientes extranjeros”, recuerda el exministro de Industrias Básicas y Minería, Víctor Álvarez, quien estuvo en esa cartera entre 2005 y 2006.

Además de eso, y sondeando el contexto de entonces, lo mejor que le podía suceder a cualquier venezolano era que el Banco Central de Venezuela (BCV) le vendiera un dólar al precio de las tasas oficiales de Cadivi. Sencillamente porque una vez recibido, podía voltearse y venderlo en el mercado paralelo por cuatro, seis o hasta diez veces su valor. “Por eso, cualquier operación de importación o exportación convirtió a los bienes o commodities solamente como ‘vehículos’ para transar esos dólares”, recuerda una fuente del sector.

Víctor Álvarez sintetiza que con Cadivi “vino la degeneración, los incentivos perversos para la corrupción al amparo de la orgía rentística, el desmadre. Recuerde que yo salí del gobierno en agosto de 2006”.

VGM fue una de las empresas favorecidas por la resolución 38307 y se convirtió en receptora de aluminio primario. La resolución fue cuestionada entonces hasta por dirigentes del chavismo, como el ahora constituyentista José Gil. “Este decreto se convirtió en una estafa para la nación, porque ninguna de las empresas que se describen como procesadoras de aluminio tienen la capacidad de hacerlo”, enfatizaba en marzo de 2009.

Muchas empresas se constituyeron entonces en fachadas a la caza de dólares preferenciales a través de lo que se conoció en Guayana como “cupos del aluminio”. Una investigación que inició el Ministerio Público en 2007 a las empresas transformadoras arrojó resultados tímidos con la incautación de 2.063 toneladas de aluminio de Venalum y Alcasa que saldrían por contrabando del puerto estatal de Palúa, en San Félix -la sección de Ciudad Guayana al este del río Caroní-, además de la promesa de investigar a diez empresas -cuyos nombres jamás se revelaron- involucradas en la reventa del aluminio, entonces prohibida, así como la evasión de reporte al BCV.

El mismo Chávez denunció en marzo de 2009 que estos grupos “son verdaderas mafias” y prometió investigar y sancionar. El resultado de aquel anuncio fue ambivalente: fiscalizaciones muy severas para algunos, que debían reportar al BCV hasta el 70% de sus ingresos por exportaciones, y cancha libre para otros, que pasaron agachados por las alcabalas impuestas por el chavismo.

Esa contraloría fue casi una misión imposible, recuerda un vicepresidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), el ente estatal encargado desde los años 60 de promover y direccionar el desarrollo de la región al sur del río Orinoco: “Lamentablemente, desde hace muchos años, a veces no había respuesta para que nos entregaran los programas anuales de comercialización o los planes de venta. Era una información que uno no tenía cómo manejar”.

Vergara actuaba a través de tres de sus empresas: VGM, Alumiservice y V Aluminium. Así como en su momento hizo el representante de Glencore en Venezuela, Roberto Wellisch, Vergara tenía varias empresas registradas como clientes en lista para recibir el metal. Una de esas empresas, Consorcio Alumiservice, figura en los planes de venta de aluminio primario y de lingotes tanto de Venalum como de Alcasa.

Consorcio Alumiservice fue creada en 2007 entre VGM y Jaotol, esta última una empresa fundada en 1989 con base en el estado Carabobo -entidad de la industria liviana en el centro norte de Venezuela- y de la que Vergara era una suerte de apoderado desde principios de la década de 2000. El objetivo del consorcio fue ejecutar, frente a Alcasa y a Venalum, la compra de aluminio para su transformación y posterior venta. Y en efecto, en la base de datos de importaciones y exportaciones internacionales Import Genius se puede confirmar que Jaotol exportó en 2009, 2015 y 2019 aleaciones de aluminio y figuró como una de las beneficiarias de Cadivi con 92.863 dólares liquidados.

Exprimiendo la crisis

El otro gran momento de Vergara fue consecuencia de los rigores ideológicos de Hugo Chávez entre 2006 y 2008. En ese lapso, los presidentes de las empresas tenían la prohibición de comerciar con “países capitalistas” como Estados Unidos y México.

Un informe de 2006 del Sindicato Único de Trabajadores y Profesionales de la Industria del Aluminio (Sutrapuval) detalla que por esa decisión del Ejecutivo y de la directiva de la empresa, Venalum dejó de recibir 100 millones de dólares. No había posibilidad de que las empresas estatales exportaran aluminio primario, por lo que las privadas, como las de Vergara, tuvieron entonces la pista libre para comprar y revender.

Entre 2007 y 2008, Jesús Vergara ofreció a clientes internacionales a través de su oficina en Panamá el aluminio primario de Venalum y de Alcasa a 2.550 dólares la tonelada métrica, en un momento en el que la cotización del aluminio en la bolsa London Metal Exchange era de 2.445 dólares por tonelada métrica.

Unos de esos clientes eran Quimera Metals y JB Commodities AG (una de las que, según lo que lamenta, le declaró la guerra), que entonces compartía acciones con Glencore, la trasnacional de materia prima que figura entre las más poderosas del mundo, y a través de la cual también se había monopolizado el suministro de materias primas y la venta y el transporte del metal.

De esta empresa, entre cuyos dueños figuraban Rodrigo González Piazza, yerno del entonces gobernador de Bolívar y connotado dirigente del chavismo, Francisco Rangel Gómez, V Aluminium recibió al menos 15,6 millones de dólares. En un correo electrónico del 13 de marzo de 2008, Vergara plantea a González Piazza concretar un negocio “por la alianza y amistad que hemos hecho y de verdad tenemos mejores propuestas que las tuyas hasta ahora”.

El propio Vergara explicaba en el correo: “Nuestra propuesta para esta nueva negociación (es) material de Venalum (vendido por) LME (precio del London Metal Exchange) con un mínimo de veinte dólares de prima, y material de Alcasa con el LME sin ninguna prima”.

Eso significa que Vergara vendió a clientes internacionales aluminio primario de Venalum y de Alcasa, contraviniendo lo establecido en la Gaceta Oficial y  favorecido por el tráfico de influencias encabezada por el exgobernador chavista Rangel Gómez, quien debido a ello fue denunciado en 2013 por diputados de oposición (los correos electrónicos de este reportaje son parte de las pruebas consignadas en aquel entonces). Su caso quedó en el aparente olvido por el despacho de la entonces Fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, hoy exiliada en Colombia.

El 3 de junio de 2008, René Vicente Toro, otro de los socios de Vergara, escribió a González Piazza para recordar que, además del pago de los 15,6 millones de  dólares, estaban pendientes otros 4,075 millones de dólares para cancelar la totalidad de 19,71 millones de dólares comprometida. El dinero debía depositarse en el banco JP Morgan Chase, con sede en Nueva York, a la cuenta de V Aluminium Group. A modo de recordatorio, Toro insistía: “Es importante que se realice cuanto antes la transferencia por el monto pendiente, recuerda que esos recursos son utilizados para poder cumplir con el resto de los despachos”.

Pero acerca de V Aluminum Group hay otra pieza que no encaja: su ubicación. Los registros detallan que la oficina principal tiene sede en el piso 2 de la torre Advanced, calle Ricardo Arias, de Ciudad de Panamá. Pero en ese piso solo hay bufetes de abogados y en la administración del edificio jamás han escuchado hablar acerca de esa empresa.

La puerta giratoria

La emergencia eléctrica que se generó en Venezuela a finales de 2009 entre la sequía y el pésimo estado del tendido energético venezolano impulsaron al presidente Hugo Chávez a tomar una decisión devastadora, “apagar” dos líneas de producción de aluminio en CVG Venalum. La decisión se pagó con creces y Venalum no logró recuperarse desde entonces a la fecha. De 422.000 toneladas producidas en 2009, cayó a 266.000 en 2012.

La deficiente condición de Venalum y la progresiva disminución de la producción de Alcasa pusieron en bandeja de plata la necesidad de importar 60.000 toneladas de aluminio primario para cumplir con los compromisos locales a finales de 2010.

Siete empresas estaban en lista para la importación de aluminio. Dos de ellas, al menos, eran de Jesús Vergara: Sidutrade, con sede en Curazao, y Veraloum Group. De acuerdo con el registro de compras interno de la empresa, el aluminio se cotizó con primas de 891 y 674 dólares por encima del precio del mercado internacional (LME) para 2012.

En agosto de 2011 esta idea se asumió también en unos contratos de inversión suscritos con tres clientes nacionales: VG Group, Alumiservice (ambas de Vergara) y The Company Metals. El objetivo era que estas empresas aportaran 30 millones de dólares para la incorporación de celdas (una suerte de hornos industriales), y a cambio se les pagaría con el aluminio que resultara tras el arranque de la producción y la transformación del metal foráneo. “Tú apadrinabas la celda y mes a mes te pagaban lo que esa celda producía”, explica Vergara Betancourt.

Con los contratos con clientes nacionales se podría “importar aluminio y darle valor agregado en nuestras instalaciones. Eso nos va a permitir un ingreso para ir anillando el flujo de caja y resolviendo cualquier situación puntual de materia prima”, señaló Elio Sayago, expresidente de Alcasa, el 1 de agosto de 2011.

Sin embargo, de acuerdo con los datos de comercio exterior del Instituto Nacional de Estadística (INE), Venezuela solo importó de Estados Unidos y Brasil 6.941 toneladas de metal, lejos de las 60.000 anunciadas. ¿Y a dónde fue a parar el aluminio que el Gobierno importó? Ni en el gobierno de Chávez ni en el régimen de su sucesor, Nicolás Maduro, ha habido respuestas al respecto.

El discurso oficial y los datos del INE contrastan además con el SAP (sistema de verificación de compras) de Alcasa, que señala que recibió 71.000 toneladas de aluminio entre 2011 y 2013 de las 120 mil toneladas solicitadas a seis empresas, 20 mil de ellas a Veraloum Group, una de las empresas de Vergara Group. “Algo de ese aluminio llegó, pero por otra puerta salió”, asegura un exgerente de Alcasa.

Con todos los hierros

El aluminio no contuvo las ambiciones del empresario Vergara, cuyo alcance también llegó al mercado del mineral de hierro, también extraído en la región. Varias de sus empresas pasaron por debajo de la mesa en 2013, cuando Nicolás Maduro, a pocos meses de su cuestionada elección, decidió investigar lo que llamó la “mafia del hierro”. Pese a la corrupción que de manera literal corroía a la estatal Ferrominera, Vergara no dudó en participar como trader, pues “uno no puede poner la semilla que Dios le dio en otro lado. Por eso estoy aquí. Yo me he dedicado a ayudar a la gente. Aunque no siempre te va bien: de los diez leprosos que sanó Jesús, solo uno le agradeció”.

Pero en 2009 Vergara sí había padecido un trago amargo cuando el director de logística de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), Luis Velásquez, inspeccionó, junto al entonces presidente de la CVG, Rodolfo Sanz, los patios de VGM.

El 16 de mayo de 2009 quedó asentado en un tribunal que en los patios de la empresa de aluminio se encontraron 2.494 cabillas de una pulgada, compradas a la sociedad mercantil Inversiones Marce, C.A. El material fue retenido y ese mismo año rechazado un amparo constitucional que buscaba resarcir los daños contra Vergara Group.

Dos años más tarde, Velásquez fue detenido por la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), acusado de corrupción. También hubo investigaciones cuyos resultados develaron, en 2013, una amplia red de extorsión, comandada por el coronel Juan Carlos Álvarez Dionisi, apodado El Tiburón, y que terminó con su encarcelación, junto a tres empresarios de Guayana, entre ellos Yamal Mustafá, director del diario Primicia, y Radwan Sabbagh, presidente de Ferrominera del Orinoco.

Vergara Group Metals salió ilesa del trance de las cabillas y de la investigación por contrabando y malversación en Ferrominera, estatal en la que Sidutrade fungía como trader (intermediario) en la comercialización del mineral de hierro. También Commvensa, una empresa que Vergara Betancourt registró en 2011 como único accionista, con el objeto de comprar, vender y transformar minerales. Tan ilesa resultó que en 2015 registró su filial en Panamá, donde muchas de sus empresas tienen asentamiento mercantil.

Una de ellas es Consorcio Quantum, S.A., dedicada a la comercialización de metales. El socio de Vergara en esta empresa es Carlos Eduardo Santiago da Silva (“es mi amigo”, confirma), desde entonces nombre clave no solo en el área de metales, sino también en ramas tan dispares como los motores y las turbinas (con la Corporación Handel, registrada en 2010) y las comunicaciones (mediante Valcor, registrada en Barcelona, España, en 2014). Carlos Eduardo Santiago da Silva también se ha dedicado a la militancia política activa y de carné en el PSUV, del que todavía forma parte.

En 2013, Santiago da Silva y Vicenzo Bianco da Silva se presentaban en CVG Venalum como representantes en Venezuela de la empresa asiática Chalieco, un equivalente más pequeño de Glencore. Ambos eran socios de Vergara según los documentos constitutivos del Consorcio Quantum en Venezuela, inscritos en el Registro Nacional de Contratistas y en cuestión de meses, al ser rescindidos los contratos con Glencore, Chalieco y Vergara pasaron a ocupar el vacío que dejó en el mercado la transnacional de origen suizo.

Tan pronto comenzó a fallar la producción de alúmina (materia prima para la reducción del aluminio), Vergara se convirtió en el proveedor de este insumo a cambio de más metal. En un reporte diario de tráfico de CVG Venalum de 2018, de 11 despachos, 10 iban dirigidos a V Aluminium Group.

Fue el momento en el que el Gobierno afianzaba sus relaciones con Chalieco y Chinalco como parte del proyecto de recuperación de la industria financiado por el Fondo Conjunto Chino-Venezolano, y para el que se comprometieron más de 1000 millones de dólares por pagar con materias primas, entre ellas aluminio.

En 2020, el contrato con Chalieco sigue abierto y no hay rastros de esas inversiones en Venalum.

Una expansión multifacética

En 2016, Vergara quiso ampliar su margen de maniobra con el intento de administrar el diario Nueva Prensa de Guayana, a través de Desarrollo e Inversiones Valcor, SL, una empresa registrada en Barcelona, España, y cuyo cargo como administrador lo tomó en enero de 2017, según la información financiera disponible en la web.

El dueño del periódico, el peruano Rubén Gamarra, murió envenenado en noviembre de 2008. Su esposa, la abogada Jealousie Fondacci, fue acusada y apresada por el homicidio.

Entre 2008 y 2016, el periódico estuvo intervenido por una junta ad hoc. En 2016 se incorporaron nuevos administradores cuando Valcor se presentó como inversionista. Pero Foundacci, ya liberada, recuperó el control de la empresa en 2018 y la intención de Vergara y sus socios se diluyó.

Aunque no ha concretado la ambición de regir un periódico, Vergara Betancourt mantiene el esquema de registrar empresas y de ampliar sus sociedades sin que ello se traduzca en producción. Como recalca a ratos en la entrevista, “son sueños”.

El abanico de las empresas no es discriminante. Entre 2011 y  2017 ha registrado no menos de 25, desde una hotelera sin sede hasta una fábrica de juguetes de la que no se conoce ningún juguete, pasando por una chocoletería cuyos productos nadie ha visto.

La productividad de todas estas empresas es ahora un secreto encajonado en las oficinas de un emporio que creció a la sazón del aluminio preferencial, de ciertos padrinos en la era del chavismo y de una sagacidad para mantenerse a la sombra. Vergara insiste en que hasta hace un par de años sus empresas transformaban el aluminio que recibían, pero a raíz de la debacle industrial de Guayana, los momentos duros se le han multiplicado.

“Yo veo varias veces al mes (la película) La lista de Schindler. ¿Por qué lo hago? Porque no estamos en un país normal y Dios me ha puesto a hablar con mucha gente y debo mantenerme de pie para no dejar caer a tantos. No puedo poner excusas a Dios”, dice, ataviado con una franela y en el mismo tono lineal que nunca pierde.

Y remata: “De mí se ha dicho de todo: narco, socio de personeros del Gobierno. ¿Qué no se ha dicho?  Pero aquí estoy, donde siempre he estado. Esas puertas están abiertas para mis amigos y mis enemigos”. Mientras tanto, no son pocos los que se preguntan cómo sobreviven sus empresas en medio de la debacle de la industria del aluminio en Guayana.

Para la fantasmal empresa, la grave crisis de abastecimiento y el hambre de los venezolanos resultó una mina de oro. A comienzos de 2017 vendió toneladas de alimentos al gobierno venezolano a través de la Gobernación del estado Táchira, luego de que Nicolás Maduro aprobara al entonces gobernador de esa entidad y actual Ministro de Comercio Exterior, José Gregorio Vielma Mora, 340 millones de dólares provenientes del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) para la compra de diez millones de “combos” de alimentos. Sólo entre el 8 y el 30 de enero del año pasado al menos 212 millones de dólares a nombre de la Comercializadora de Bienes y Servicios del Estado Táchira (Cobiserta).

Aquello apenas fue el comienzo de un negocio mayor, según revelan nuevos documentos obtenidos para este reportaje. El contrato suscrito entre la firma de Hong Kong y Cobiserta, representada por el entonces coronel del Ejército José Salvador Bolívar Pérez -detenido en abril pasado e investigado por posibles hechos de corrupción-, no fue el único que logró Group Grand Limited. Meses después la compañía selló el acuerdo 0086-2017 con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), la estatal que centraliza las importaciones públicas y está presidida por el mayor general Giuseppe Yoffreda Yorio, para suministrar 11 millones 500 mil “combos de alimentos” para la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), adscrita al Ministerio de Alimentación. Las facturas confirman las dimensiones del negocio.

En sólo un día, el 29 de septiembre de 2017, Group Grand Limited cotizó a Cuspal nueve facturas comerciales que sumaron poco más de 113 millones de dólares por la venta de atún enlatado, pasta, harina de maíz, salsa de tomate y mayonesa, entre otros de los once productos que incluyen las cajas CLAP que el Gobierno vende a precios subsidiados entre los más pobres y que esgrime como bandera contra la supuesta “guerra económica” de parte de los empresarios locales. En una Venezuela marcada por una contracción ininterrumpida desde hace cuatro años, la parálisis del control de cambio -vigente desde 2003- y el desplome de sus reservas internacionales, mover de esa forma la caja registradora es una proeza que logran muy pocas compañías.

Alimentos Polar, por ejemplo, sufre constantes paralizaciones en sus plantas industriales porque el Gobierno venezolano ha demorado más de tres años en cancelar 130 millones de dólares que le debe por la importación de materia prima. “Tenemos 449 solicitudes de Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) en espera de respuesta, las cuales tienen en promedio 1.095 días en Cencoex. Esto implica que nuestros proveedores internacionales no han recibido pago. Muchos de ellos, han suspendido las líneas de crédito a Venezuela por estos retrasos”, dice un reciente informe la compañía perteneciente a Empresas Polar, el mayor grupo privado del país.

El de Group Grand Limited, en cambio, es un relato feliz. Las facturas de enero y septiembre suman unos 325 millones de dólares, pero fuentes conocedoras del negocio de los CLAP aseguran que los dos contratos suscritos con el Gobierno venezolano superan los 600 millones de dólares a cambio de 21 millones de “combos”. Añaden, además, que Group Grand Limited también suministra otros productos de primera necesidad a otros organismos estatales. Todo ha sido posible sin una instalación fabril, con apenas trabajadores y sin una sede fija, al menos en Caracas, y en el más estricto silencio.

Sólo fue en agosto del año pasado cuando se convirtió en un nombre de dominio público. En esa oportunidad, la Fiscal destituida por el Gobierno de Maduro, Luisa Ortega Díaz, aseguró que la sociedad estaba manejada por los empresarios colombianos Alex Saab Morán y Alvaro Pulido Vargas en representación del propio presidente, Nicolás Maduro. “Tenemos investigación de las bolsas de alimentos que se entregan en Venezuela, los CLAP, una empresa mexicana, registrada en México a nombre de dos personas. La empresa tiene nombre Group Grand Limited, empresa que se presume es del presidente de la República”, soltó Ortega Díaz para desatar un estruendo.

Para ese momento Armando.info había revelado varios de los indicios que conectaban a Group Grand Limited con Saab Morán y Pulido Vargas: el teléfono y la dirección de la empresa en Caracas remitían a la sede de Fondo Global de Construcción, compañía que permitió a los empresarios lograr un millonario contrato con el fallecido Hugo Chávez para la construcción de casas prefabricadas; el hijo de Alex Saab Morán, Shadi Nain Saab Morán, figuró en los papeles de registro de la sociedad en Hong Kong desde 2015 hasta el 24 de febrero de 2017. Luego, la acusación de Ortega Díaz, permitió descubrir que en el registro de la firma en México aparecía como apoderado Enmanuel Enrique Rubio González, hijo de Álvaro Enrique Pulido Vargas, cuya identidad original es Germán Rubio, de acuerdo a las investigaciones del periodista de Univisión Gerardo Reyes. Pese a todo, la defensa de los empresarios niega su nexo con Group Grand Limited.

Aunque los hijos de los empresarios han desparecido de los registros de Group Grand Limited en Hong Kong y México, los documentos obtenidos ahora aportan un eslabón más en la conexión entre Group Grand Limited y Fondo Global de Construcción, una empresa cuya estructura societaria conduce hasta Malta, pero que le permitió a Alex Nain Saab Morán firmar en 2011 un acuerdo con el Gobierno venezolano en el palacio de Miraflores ante la mirada de Hugo Chávez, su homólogo Juan Manuel Santos y el entonces Canciller venezolano, Nicolás Maduro. A la postre ese convenio originó una investigación por la Fiscalía ecuatoriana por diversas irregularidades.

En los contratos suscritos por Group Grand Limited con los organismos estatales venezolanos para la venta de las cajas CLAP quien funge como “representante legal” es Andreína Fuentes Mazzei. Seguir la pista de esta abogada conduce nuevamente a las oficinas de Fondo Global de Construcción en Caracas pues según documentos del Registro Mercantil ella es directora ejecutiva de la compañía desde 2013, así como de otra constructora que también usa la misma oficina en el lujoso complejo empresarial Centro Galipán, al este de la capital venezolana.

Al cierre de este reportaje, ni en Fondo Global de Construcción, ni en Group Grand Limited respondieron a la solicitud de comentarios.

¡Qué leche!

Las facturas de Group Grand Limited también arrojan datos llamativos como que el gobierno de Maduro pagó más en enero que en septiembre por varios de los productos que la empresa envió desde el puerto de Veracruz, en México, hasta el de La Guaira, en Venezuela. El 19 de enero de 2017 Group Grand Limited cobró a la Gobernación del Táchira 4,75 dólares por cada kilogramo de “leche en polvo completa”, pero ocho meses después lo fijó en 6,95 dólares el kilogramo a Cuspal, la empresa adscrita al Ministerio de Alimentación, dirigido por el General del Ejército Luis Medina Ramírez. Esa factura del 29 de septiembre por leche en polvo totalizó 41,7 millones de dólares.

“Tremendo negocio”, exclama un empresario de la industria de alimentos venezolana al cotejar ambas facturas. El aumento luce incomprensible, si se toma en cuenta que sitios especializados en las variaciones de los comodities reportan que a mediados de septiembre de 2017 el precio de la “leche entera en polvo” bordeó los 3 mil dólares por tonelada. Hoy el precio ronda los 3.200 dólares, lo que supondría 3,2 dólares por cada kilogramo. “México no produce leche en polvo y menos para exportar. Esos precios internacionales son de leche entera, pero la leche de los CLAP no es completa”, agrega el industrial.   

Un análisis químico realizado por el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), a pedido de Armando.info, le da la razón al industrial y hace más incomprensible ese incremento de casi 50% que muestran las facturas de Group Grand Limited. Ese estudio demostró que las empresas proveedoras mexicanas de marcas como Macleche, Suprema, Kosland o Rancho Nuevo, por citar algunas, mintieron en la información nutricional y enviaron a Venezuela un producto bajo en proteínas y calcio, pero alto en carbohidratos y sodio sin que los propios traders, ni las autoridades venezolanas repararan en ello.

Aunque públicamente el Gobierno venezolano no se pronunció sobre ese hallazgo ni reveló cuál de la decena de intermediarios que ha contratado fue el responsable de la comercialización de esos productos, el 21 de febrero –apenas tres días después de la publicación del reportaje sobre La mala leche de los CLAP- el presidente de Corpovex envió una carta a los proveedores mexicanos en la que llamaba la atención sobre la calidad de los alimentos. Tras un “saludo bolivariano, patriótico y revolucionario”, Yoffreda Yorio recordó que “deben ser presentados ante la empresa verificadora y Corpovex con carácter obligatorio el registro sanitario y el certificado de libre consumo en el país de origen de todos los rubros alimenticios embarcados que corresponden a los productos del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), bien sea en la modalidad de combos o carga suelta”.

El pasado 14 de mayo el diputado y presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional venezolana, Freddy Superlano, introdujo formalmente en México una denuncia ante el Procurador General de ese país para que inicie una investigación contra los proveedores mexicanos que han despachado productos de mala calidad como la leche en polvo contenida en las cajas CLAP. Las dudas y sombras sobre el negocio fraguado con los CLAP crecieron unos días después cuando el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, denunció irregularidades en un lote de más de 25 mil cajas con los combos de alimentos para Venezuela en el puerto de Cartagena. “En Cartagena casi 400 toneladas de alimentos no aptos para consumo que iban a ser repartidos por esos comités políticos de control social en Venezuela. Esta es la punta del iceberg de un negocio despreciable que involucra empresas de fachada en Colombia, México y muchos otros países”, alertó el mandatario desde el palacio de Nariño el 17 de mayo.

Tras la incautación salió el nombre de un empresario venezolano, Luis Francisco Sagarzazu, quien sería el propietario de dos empresas domiciliadas en Cartagena y responsables de la mercancía. No obstante, la sospecha de las autoridades colombianas es que detrás hay un esquema mayor de corrupción y otros delitos. “Se está utilizando empresas fachadas, empresas de lavado de dinero para actos de corrupción y rexportación ilegal de estos alimentos hacia el Gobierno de Venezuela”, resumió Juan Carlos Buitrago, director de la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia, en la rueda de prensa que ofreció junto al mandatario colombiano.     

El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional venezolana pidió al Procurador de México investigar a las empresas de ese país que han despachado leche de mala calidad en las cajas CLAP para Venezuela.

En Caracas se guarda silencio. Ningún vocero ha explicado por qué desde finales de 2016 han pagado millones de dólares a sociedades de papel registradas en paraísos fiscales como Group Grand Limited, Postar Intertrade Limited, o Million Rise Industries Limited, FB Foods LLC o Welsford Trading Corp, entre otras, por la venta, sólo en 2017, de alrededor de 90 millones de cajas CLAP que fueron adquiridas fundamentalmente en México, pero también en Colombia, Panamá o Brasil. Sólo entre enero y mayo de este año alrededor de 20 barcos llegaron cargados de los “combos” de alimentos como parte de la oferta electoral de Maduro para la elección presidencial del pasado 20 de mayo.

Además de los intermediarios, el esquema también ha beneficiado a compañías mexicanas como El Sardinero, que le ha despachado miles de cajas a Group Grand Limited, Deshidratados Alimenticios e Industriales (DAI), Grupo Brandon, Rice & Beans, La Cosmopolitana o Digrava, entre otras compañías.

“Los CLAP no son una medida temporal, llegaron para quedarse”, proclamó el pasado jueves Nicolás Maduro ante la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en un acto de juramentación para el nuevo período de Gobierno. Todo parece indicar que la caja registradora de Group Grand Limited seguirá sonando. 

Los otros dos, Alberto Vollmer (presidente de Ron Santa Teresa) y Passam Yusef (presidente de la empresa Siragon), no llegaron a ser tan consecuentes en su asistencia cada martes, a las 10 am.

Dorado sí. Aquel petit comité  estaba al mismo nivel que los viceministros del área económica, del presidente del Banco Central de Venezuela, del exministro de Finanzas Rodrigo Cabezas, de los entonces gobernadores José Gregorio Vielma Mora y Tareck El Aissami, de los presidentes de empresas del Estado, pero a diferencia de otros Dorado no adulaba.

Cuidaba su lenguaje, no usaba adjetivos ni expresiones “chavistas”, prefería intervenciones positivas. “Su discurso era siempre positivo, de las oportunidades que aún tenía el país, no tanto de la crisis pero tampoco prochavista. Y bueno, siempre iba de punta en blanco”, recuerda un asistente a aquellos encuentros resguardado en el anonimato.

Que Carlos Dorado Fernández llegase a estar tan cerca de la “revolución bolivariana” era impensable hace unos años. En 2004 el Gobierno decomisó 2,5 millones de dólares a Italcambio, la casa de cambio que Dorado conduce como vicepresidente desde 1992 y a la que llegó una década antes de la mano de su esposa, Gabriella Pizzorni, hija del dueño y fundador Mario Pizzorni. Oficialmente se le señaló de tráfico de divisas (por el control cambiario que entró en vigencia en febrero de 2003), pero en ese momento Dorado insistió que se trataba de “una revancha política por mis columnas en el periódico El Universal”.

En ese entonces, el empresario no solo criticaba al gobierno de Hugo Chávez y su política económica en su columna semanal, sino que el chavismo lo señalaba de financiar a la oposición. 

A la primera estocada del Gobierno siguió la intervención de Italbursátil Casa de Bolsa (en mayo de 2010), parte del grupo Italcambio y dirigida por Dorado desde 2001. Fue la primera casa de bolsa en ser allanada por orden de Hugo Chávez, quien las acusaba de ser responsables de manipular el precio del dólar paralelo y de representar al “capitalismo de los ricachones”. La liquidación de esa compañía implicó la pérdida de 7,5 millones de dólares.

Hasta entonces Dorado había trascendido como un empresario exitoso en el sector cambiario por su desempeño en Italcambio y filiales relacionadas y también en el mundo de la moda, en el que apostó por las grandes marcas siguiendo su peculiar olfato para los negocios, abierto a cualquier área, desde el cambio de monedas o el destilado de bebidas espirituosas.

Es presidente de Casablanca Fashion Group desde 1988 y representante del pret a porter de Channel, Dolce & Gabbana, Prada, Roberto Cavalli, Hugo Boss, Giorgio Armani y otros, con más de 30 tiendas en ocho países de Latinoamérica y el Caribe. Las franquicias AX/Armani Exchange, Vilebrequin y las tiendas Hugo Boss también son parte del grupo.

Preside además a Frida Kahlo Corporation, nacida tras convertir a la reconocida pintora mexicana en una marca comercial en 2004, y cuyo producto estrella es la tequila Frida Kahlo. “Yo no sabía nada de ella hasta que vi la película”, dice sentado cómodamente en el sofá de uno de los amplios salones de la tienda Casablanca de La Castellana (la primera en abrir en Venezuela), rodeado de las exclusivas prendas que representa.

Lo cierto es que logró lo que ningún empresario mexicano había hecho y cuenta que luego de conocer su historia buscó información sobre Frida, si tenía familiares sobrevivientes y dónde vivían. Viajó a México, llegó hasta la casa de Isolda Kahlo, sobrina directa, y conversó con ella. Le preguntó qué era lo que más recordaba de su tía, algo que siempre hacía o que la distinguía. “Siempre tomaba tequila para aguantar los dolores”, le dijo Isolda. “¡Listo, tenemos que hacer un tequila Frida Kahlo!”, dijo el empresario.

La intuición se convirtió en certeza cuando la sobrina le comentó sobre la visita de una mujer rubia, que le había dejado un regalo firmado por ella, pero no recordaba quién era. “Cuando me enseñó aquello y leí que quien la había visitado era Madonna, me dije: ‘ya está, no hay más nada qué pensar, esto es!”, cuenta emocionado recordando las palabras precisas. En este negocio, 51% de las acciones son propiedad de Dorado y el restante 49% de los herederos de Isolda Kahlo, sobrina y único familiar directo que quedaba de la artista.

También es el creador y representante de la marca de vodka Roberto Cavalli. Sus tentáculos empresariales fuera de Venezuela alcanzan al mercado inmobiliario y de distribución de medicamentos.

De allá y de acá

A finales de la década de los 60, Carlos Rafael Dorado Fernández (1959) se fue junto a sus padres de su pueblo natal en Galicia (Forxa), huyendo de las carencias de la postguerra civil española. Era el menor de seis hermanos, así que los padres decidieron irse del país con el más pequeño, de nueve años, y tratar de ayudar a sus otros cinco hijos desde afuera, todos mayores de 18. Así aterrizaron en la calle real de Prado de María, en la populosa zona de El Cementerio, al sureste de Caracas.

Dorado lo recuerda perfectamente. Llegaron a una pensión de 40 habitaciones con un solo baño y una cocina. Estudió en el Colegio Cervantes, en la avenida Andrés Bello, mientras su madre trabajaba como asistente de cocina en el Colegio Ramos, en Las Palmas, y su padre hacía de mensajero. “Yo creo que fue una experiencia súper positiva porque esas cosas te aterrizan, te hacen más terrenal”. Aunque suele vestir de traje y corbata, no es un hombre de exuberantes relojes, prendas, ni de zapatos que gritan el nombre del diseñador y los dólares que cuestan. Aunque solo una de sus empresas fuera de Venezuela registró medio billón de dólares en ventas el año pasado, lo suyo es la modestia y un acento gallego diluido por el tiempo.

Con el sueldo nada oneroso de sus padres, Dorado nunca dejó de estudiar y a los 16 años ingresó a cursar Economía en la Ucab la carrera que más se le parecía al dinero y a la posibilidad de ser millonario, lo que quería desde niño. Todavía recuerda a su maestro de primaria, en su pueblo natal, cuando le preguntaba a los alumnos qué querían ser de grandes; entre los médicos, maestros, bomberos y policías, Dorado era el único que decía “quiero ser millonario”.

Faltando dos años para graduarse de Economía en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) se inventó un cargo para trabajar, se hizo unas tarjetas de presentación que lo identificaban como “Carlos Dorado, Contador” y comenzó a recorrer las principales avenidas de Caracas en busca de clientes. “Hago contabilidades, ¿cuánto pagan?”, decía en las empresas que visitaba. “Si me decían que pagaban 100 bolívares yo les cobraba 50”. Y así comenzó. A los dos años ya tenía una oficina propia, dos contadores y una secretaria trabajando para él.

Cuando vio que le pedían firmar balances financieros, decidió estudiar también Contaduría Pública. Lo que siguió fue más trabajo, más de 40 empleados a los cinco años, una profesión de empresario naciente y más de mil clientes. Uno de ellos, dueño de una joyería ubicada en Centro Plaza, fue quien le hizo el puente con el ya consolidado empresario Mario Pizzorni, dueño del Banco Ítalo e Italcambio, fundada en 1949.

Pizzorni le pidió unos balances financieros, los hizo y no le cobró nada a cambio de que le permitiera incluir a Italcambio en su portafolio de clientes. Aceptó. Así fue durante dos años y medio, cuando el empresario de origen italiano le pidió destinar dos mañanas exclusivas para él, luego una semana, y luego trabajar con su hija Gabriela que llevaba varias compañías. “Fue un error del señor Mario presentarme a su hija porque luego terminamos casándonos”,  comenta entre risas.

La dupla con Gabriela Pizzorni se tradujo en nuevos negocios: el nacimiento del grupo Casablanca y la ampliación del grupo Italcambio. Dorado se consolidaba como empresario y se reservaba un espacio en la opinión pública como columnista de El Universal, el diario de circulación nacional más longevo de Venezuela, refiriéndose a temas de economía y finanzas, criticando las políticas económicas de los presidentes Caldera y de Chávez; este último lo frenó.

En los primeros años del chavismo, Dorado recibió una llamada del alto gobierno. Luis Miquilena, mentor y muy cercano al entonces Presidente, le pidió ir a su despacho cuanto antes para hablar con él. Era ministro de Interior y Justicia. Dorado fue.

-¿Usted es empresario o escritor?, le preguntó  Miquilena iniciando la inesperada reunión.

-Yo soy empresario, respondió.

-¿Entonces qué hace usted escribiendo?

Dorado captó el mensaje de inmediato. Redujo la crítica, midió sus palabras, con el tiempo quiso dejar la columna. Pero al momento de notificar su decisión al director del periódico, Dorado lo hizo con un comentario que bien podía pasar como un chiste. “Yo creo que la única forma de seguir escribiendo es que me publiquen la columna al revés”, dijo el empresario. “Carlos, estás loco, tendríamos que parar la rotativa, cambiar las planchas, eso no se puede hacer”, recuerda haber recibido como respuesta. “Yo le respondí  que entonces prefería no seguir escribiendo y recuerdo que salí de la oficina diciendo ‘¡me salvé!’”. Pero a las dos semanas lo llamaron para avisarle que sí le publicarían la columna al revés. La irreverencia no duró más de seis meses.

Carlos Dorado pasó a tener una vida de bajo perfil en Venezuela, sin que eso significase que la caja registradora dejara de sonar en el exterior. Cursó dos máster en Florida (EEUU), y tras crear sus famosos tequilas fundó el banco Italbank en Puerto Rico y se asoció con un amigo mexicano para comprar una distribuidora de medicamentos.

Dólar tomorrow

En 2015 el empresario venezolano de raíces gallegas entró de nuevo en el radar del Gobierno. Había retomado su columna en El Universal dos años antes, ya no sobre economía y finanzas sino sobre principios y valores, como relatos epistolares de su vida. Nada polémico.

“Creo que fue una decisión acertada. Yo creo que un empresario nunca debe meterse en política porque hay una línea muy sutil entre la política y el mundo empresarial”, comenta sobre aquellos años. Pero un par de artículos lo acercaron a las brasas.

“Dólar today” fue el título de la nota que escribió en marzo de 2015 y “Dólar Tomorrow” en julio. En ambos pedía tumbar la página por el daño que le estaban haciendo al país, al ser el principal marcador de la tasa de cambio paralela. “Me acusaron de que me vendí al Gobierno”, comentaba en el texto de julio, pues su posición coincidía con la fijada por el equipo de Nicolás Maduro, esa que proponía eliminar la web para acabar con el dólar paralelo.

“Pasé de ser el hombre de la oposición a ser el hombre del gobierno”, reconoce Dorado, quien sostiene que en ambos artículos escribió lo que sentía, nada más. “Creo que el mercado cambiario yo lo debo conocer, a pesar de que soy gallego y no soy muy inteligente, creo que después de tantos años algo debo saber. Además, yo he sido un gran crítico de Dolar Today y he dicho que si Dolar Today no se para, va a terminar llevando a todos los venezolanos a la miseria, a la pobreza”.

Con ambos textos el Gobierno había encontrado a un economista y empresario de trayectoria, exitoso, con una opinión afín. Después del primer artículo, Dorado recibió una llamada del presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes. “Lo felicito por el artículo porque también nosotros pensamos que hay una manipulación de la tasa cambiaria”, le dijo. Era la primera vez que hablaba con Merentes, la siguiente sería en una reunión que acordaron tras esa llamada, y luego “no pasó de ahí”.

En octubre de 2015 sonó de nuevo el teléfono, ahora desde la Vicepresidencia. Aristóbulo Istúriz quería hablar con él, le dice su secretaria. “En qué peo me metí ahora”, pensó Dorado tras el aviso. Se trataba de una idea que venía trabajando el gobierno de Nicolás Maduro de realizar un consejo económico con representantes de varios sectores de la sociedad, y donde consideraban que Dorado tenía mucho que aportar a nivel de experiencia y conocimiento, según le expresó Istúriz.

 “Yo soy un fiel creyente del dialogo y soy muy conciliador, soy enemigo de la guerra, soy enemigo de la violencia, la gente se entiende hablando y los grandes conflictos se resuelven hablando. Y además mi gran deuda es con Venezuela”, dice a modo de explicación.  

De esos encuentros previos se pasó formalmente en enero a la conformación del Consejo Nacional de Economía Productiva, con la convocatoria hecha por Presidente y la juramentación de los integrantes en el teatro Teresa Carreño.

La foto de Dorado dándole la mano a Maduro fue una de las capturas de pantalla que más circuló, aunque de allí en adelante cada vez que Istúriz  sondeaba la opinión de Dorado, las cámaras de televisión lo enfocaban y los clics de las cámaras de fotografía se activaban. Él, según asistentes al consejo, siempre mantuvo un trato cordial y educado, sin abrazos a ministros o a funcionarios del Gobierno ni sobremesas para estrechar lazos al terminar cada encuentro. O al menos no lo hacía ante todos.

El retorno de Italcambio

Hay quienes lo identifican como el ideólogo de algunas medidas sobre el régimen cambiario, como la referida a la reactivación de las casas de cambio en las poblaciones de frontera. Otros asistentes al consejo recuerdan al gobernador de Táchira, José Gregorio Vielma Mora como el impulsor.

Lo cierto es que Italcambio fue la red escogida y en enero de 2017 iniciaron las operaciones de remesas, un mes después de que Dorado publicara otro artículo de opinión sobre el portal, titulado “Dólar Today, Dólar de la Frontera”, y de recibir un nuevo reconocimiento por el vicepresidente venezolano por sus opiniones. En este texto el empresario recordaba fragmentos de sus artículos de 2015 referidos al este marcador de la tasa paralela, reiteraba que el dólar no valía lo que ellos indicaban e invitaba a los responsables del portal a debatir juntos sobre el tema en un medio de comunicación.

Ahora, un año después de ese decreto gubernamental que autorizaba la asignación de 300 dólares en su equivalente en pesos, Dorado alcanza a decir que esas transacciones han disminuido. “Si me preguntas sobre esa medida, como economista digo que no la veo bien. Pero desde el punto de vista social sí era una ayuda para la gente de la frontera. Dicen que Italcambio fue el gran beneficiario, y es lógico. Cuando el Gobierno hace el anuncio yo ya tenía las agencias desde hace 20 años en Táchira y Zulia. Yo tengo el 85% del mercado, pero no de ahora, son 60 años los que tiene Italcambio”.

Durante 2014 y 2015 las casas de cambio de todo el país perdieron dinero por la paralización de las remesas. Fueron dos años sin ingresos, dice Dorado, donde él y su esposa debieron tomar la decisión de reducir Italcambio a su mínima expresión o aguantar. Optaron por la segunda, apelando a “la política de la hormiguita: si te ganas diez, guardas cuatro, porque después de la época de las vacas gordas viene la época de las vacas flacas”. Por ello su emporio familiar se ha podido dar “tres lujos”: superar la pérdida de $ 2,5 millones en 2004, la de $ 7,5 millones en 2010 y los dos años de paralización de operaciones cambiarias, dice el empresario haciendo una acotación adicional: mientras en 2014 existían más de 30 casas de cambio en el país, ahora quedan cinco o seis, incluyéndolos.

“Soy economista, pero antes soy empresario y como empresario soy muy pragmático. Tengo una visión de la economía muy pragmática, mido todo por resultados, y  tengo mucha dosis de pragmatismo porque me ha tocado vivirlo”, dice.

Su manera de manejar los negocios deja ver una diferencia abismal con la política económica del gobierno, pero eso no quedaba claro durante sus intervenciones públicas en el consejo. Puertas adentro, Dorado hizo cuatro o cinco recomendaciones económicas y cambiarias que creía convenientes. En su intervención del 16 de diciembre de 2016 lo expresó ante las cámaras mas no las detalló. No llegó a decirlas públicamente “porque nos pedían confidencialidad”, pero sí las asomó veladamente en seis artículos de opinión publicados durante el primer trimestre de 2016. Aún respeta esa petición y ve como un sinsentido hablar ahora de ello.

“Yo fui invitado, di mi opinión y llegaba hasta ahí. Yo no mando. Nunca he tenido un cargo ni mucho menos”. Las decisiones finales se tomaban en el Ejecutivo. Liberar el control de cambios y el control de precios fueron algunas de sus propuestas.

Para 2017 el panorama cambió. No hubo regularidad en las reuniones del Consejo Nacional de Economía Productiva tras la designación de Tareck El Aissami como vicepresidente de Venezuela en enero de ese año, lo que implicaba su ingreso al consejo en sustitución de Istúriz. El talante radical del nuevo “vice” diluyó la comunicación que existió durante el primer año, aseguran varios representantes empresariales.

Ese año Dorado solo asistió a la primera reunión, realizada en el palacio presidencial de Miraflores, donde Nicolás Maduro anunció la activación de las casas de cambio en la frontera. Luego, llegaron a realizarse muy pocas, seis o siete, en contraste con las 46 sesiones de 2016. Haberse convertido en un aliado no fue suficiente. Había nuevos actores en el consejo.

Más allá del riesgo

Como el equilibrista que va aumentando el riesgo en su actuación, Dorado no solo se acercó a las brasas con sus artículos y decidió caminar sobre ellas durante el consejo, sino que dio un paso más allá.

En uno de los encuentros en el Palacio Blanco, a finales de julio de 2016, Aristóbulo Istúriz y Carlos Faría, vicepresidente del área económica, se acercaron a Dorado para hacerle un planteamiento. “Carlos, tenemos un problema”, recuerda como inicio de la conversación.  Citibank había anunciado en un comunicado su retiro como banco corresponsal y el cierre de ciertas cuentas  tras una evaluación de riesgo, cortando con una relación casi centenaria. “Sabemos que tú tienes un banco, quisiéramos que nos apoyaras en eso”. Dorado les preguntó para qué usaban esa cuenta del Banco de Venezuela que se había quedado sin la corresponsalía y estos le indicaron que la mayoría de las transacciones eran para importación de alimentos.   

“Yo creo que eso es prioridad nacional, con mucho gusto. Hágame la solicitud formal, yo se la presento a mi regulador y si o hay ningún problema cuenten con todo mi apoyo”, relata el empresario, y así fue. Con la carta de solicitud de corresponsalía y una presentación formal, Dorado presentó la propuesta al regulador de Italbank International, un pequeño banco registrado en Puerto Rico en 2008, que Dorado preside desde entonces. Una empresa más del grupo Italcambio.

La cuenta debía cumplir con la normativa vigente sobre legitimación de capitales y ser auditada y supervisada como cualquier otra, fueron las observaciones que hizo el gerente regulador del banco. Como no había inconvenientes se abrió la cuenta, “a pesar de que sabía que estaba corriendo un riesgo reputacional”, confiesa.

“Si en algún momento pude aportar algo al país fue en ese momento, creo que había una necesidad muy fuerte de que se continuase con las importaciones de alimentos. Lógicamente me crucificaron, me crucificaron cuando formé parte del consejo y me crucificaron cuando decidí abrirle la cuenta corresponsal al Banco de Venezuela”.

Para el empresario, haber sido adoptado por Venezuela desde los 9 años de edad, tiene más valor que su fortuna. “Yo tengo una súper deuda con este país: toda la educación que tengo, todos los cuatro reales que tengo y todas las empresas que tengo me las dio Venezuela. Créeme que si a mí me llama cualquier chavista, madurista, opositor, adeco, copeyano y de alguna forma yo puedo contribuir a mejorar el país, créeme que lo hago. Para mi Venezuela tiene que estar por encima de cualquier cosa”. Sobre esta prioridad justifica sus decisiones, aunque sin duda en el caso de la corresponsalía se trataba de una relación bancaria que le beneficiaría con las respectivas comisiones.

Italbank funciona como una entidad para pequeños ahorristas, dirigida a clientes latinoamericanos y con servicios de banco corresponsal para otros países de la región. Tienen una cartera de aproximadamente ocho mil clientes, 28% son venezolanos y de ellos 90% son personas naturales.

Sin embargo, las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos a Venezuela, en agosto de 2017, terminaron por revertir ese apoyo que Italbank le prestaba al gobierno de Nicolás Maduro.

Dorado confirma que en noviembre se tomó la decisión de dejar de prestar el servicio de corresponsalía. Gestionar la cuenta se tornó difícil por los niveles de exigencia que debían tenerse, pues las transferencias debían analizarse una por una, ya no pasaban por los canales normales sino que requerían tener un código especial y documentar cada transacción. El trabajo administrativo se volvió pesado y las exigencias de personal se incrementaron.

“El oficial de cumplimiento recomendó cerrar la cuenta de todos los bancos en Venezuela y yo seguí la recomendación como presidente del banco. Se notificó, se explicó, se envió una carta y lo entendieron. Aunque nunca es bello cuando te cierran la cuenta del banco”, expresa el empresario.

Esta vez no hubo reproches públicos del Gobierno como sí lo hizo con Citibank. Además, aún hay varios entes del Estado que mantienen su cuenta abierta en el banco puertorriqueño. Uno de ellos es el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), cliente del banco. Una figura distinta a la corresponsalía.

El detalle está en que las sanciones financieras del gobierno de Trump le impiden al SAPI movilizar los dólares que tiene en esa cuenta hacia cualquier otra que pertenezca a algún ente del Estado venezolano. Hasta ahora sigue recibiendo las transferencias correspondientes al pago de trámites de registro y renovación de marcas y patentes de empresas extranjeras, una gestión que a partir de mayo de 2015 se dolarizó, tanto que Venezuela pasó a ser el segundo país del mundo con las tasas más costosas para marcas y patentes extranjeras.

El cambio se introdujo tras la modificación de la Ley de Timbres Fiscales en diciembre de 2014, efectuada por Nicolás Maduro con los poderes que tenía por Ley Habilitante, transformando al SAPI en un ente clave en la recaudación de dólares. En ese momento dependía del Ministerio de Industria y Comercio, ahora a Finanzas. No muchos se dan el lujo de recibir ingresos en dólares y este pequeño ente, ubicado en unas precarias oficinas en las torres del Centro Simón Bolívar, puede presumir de ello. Primero tenían una cuenta en Citibank, ahora en el banco que preside Dorado.

Al menos 6 millones de dólares pudieron haber ingresado al SAPI durante 2017 si se mantuviera el promedio de registros de marcas y pago de renovaciones de los últimos dos años, informó una fuente del servicio. La tasa por presentación y registro de una marca se ubica en 1.950 dólares y la de renovación en 3.000 dólares.

Pero Dorado prefiere definirse por su faceta empresarial más que por sus negocios con la “revolución bolivariana”. “La gente podrá decir lo que quiera pero mis negocios en Venezuela siguen siendo los mismos desde hace 20 o 30 años. No he dado ningún salto mortal”, expresa. Lo que sí ha hecho es invertir.

Su nombre aparece en la filtración periodística conocida como Panama Papers,  por los servicios que le prestara Mossack Fonseca a Dorado y a su socio mexicano Luis Doporto, en una compleja estructura de negocios que derivó en la compra de una de las distribuidoras de medicinas más grandes de México.

Dorado lo cuenta con orgullo y confirma ser socio de Doporto. “Tengo una de las distribuidoras de medicamentos más grandes de México, creo que la segunda. Entre los dos tenemos el 51% y el otro 49% es de Genoma, uno de los grupos farmacéuticos”. Doporto, conocedor de la industria mexicana, le hizo la propuesta y le pareció “fantástico”.

“Nunca le vendí ni una medicina al gobierno venezolano y eso que me resultaría fácil venderle siendo miembro del consejo; nunca le hemos vendido ni una pastilla para el dolor de cabeza, ni lo quiero hacer”, dice sonriendo con el sarcasmo de quien se anticipa a los comentarios que vendrán.

“Yo creo que al lado de estos bolichicos yo soy un muerto de hambre. La verdad es que no he sacado ningún beneficio de esto, Italcambio tiene 70 años, Metalor tiene 45 años, Casablanca 31 años, el banco lleva 10 años, Frida Kahlo 13 años. A mí me gusta invertir, y lo que hay detrás de todo esto es mucha constancia y perseverancia, y un nombre que me respalda”.

Después del decomiso de los 2,5 millones de dólares a Italcambio, en 2004, el empresario vivió poco tiempo fuera del país. Aunque viaja con frecuencia para atender los negocios que tiene regados entre Latinoamérica, España y el Caribe, no abandona su casa en Caracas. “Yo vine para morirme aquí, y para que mis hijos continuasen con esto”, dice anclado en la insistente idea de que su deuda con Venezuela vale más que cualquier otra cosa, y a pesar de que la situación actual le genere tristeza. “Esto terminará llevando a todos los venezolanos a la pobreza absoluta”.

Por alguna razón, no del todo clara, esa actividad en un área de casi 112 mil kilómetros cuadrados al norte del estado Bolívar y al sur del río Orinoco, según el decreto presidencial 2.248 contenido en la Gaceta Oficial 40.855 del 24 de febrero de 2016, y con la que el gobierno venezolano pretende suplir el declive de los precios petroleros y el desplome de la producción de crudo, ha terminado ligada a empresas registradas en ese pequeño paraíso fiscal llamado Barbados. Es el caso de Corporación Faoz, una desconocida compañía venezolana que en agosto de 2016 firmó un acuerdo con el Ejecutivo nacional para la explotación de coltán, un mineral estratégico conocido como el “oro azul” y anhelado por industrias como la de telecomunicaciones.

“En el año 2013-2014 participaron en la exploración de yacimientos de fosfato en el estado Táchira y en el año 2016 presentaron el proyecto de empresa mixta con la República Bolivariana de Venezuela para la exploración y explotación del yacimiento de Tantalio y Niobio en el estado Bolívar”, dijo a modo de justificación el presentador sobre Corporación Faoz en un acto celebrado el 5 de agosto de 2016 en el Banco Central de Venezuela (BCV).

Ahora la filtración Paradise Papers, que contiene millones de documentos provenientes del bufete Appleby en el archipiélago de las Bermudas y de registros mercantiles en varios paraísos fiscales, obtenidos por el diario alemán Suddeutsche Zeitung y compartidos mediante el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), permite conocer que tres años antes de que adoptara el nombre de Corporación Faoz la empresa había creado una sociedad homónima en Barbados, como si anticipara lo que estaba por venir. Se trata de Faoz Corp, inscrita el 13 de mayo de 2013, apenas dos meses después de la muerte de Hugo Chávez y a uno de la elección de Nicolás Maduro como presidente de la República tras vencer por ajustado margen a Henrique Capriles. El Arco Minero del Orinoco aún no aparecía en el horizonte.

En busca del coltán

El 5 de agosto de 2016 fue Luisa Herminia Alcalá Otero quien firmó a nombre de la compañía un acuerdo con el Gobierno, representado por el entonces Ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal. Aquel convenio se oficializó casi tres meses después con el decreto presidencial 2.359, publicado en la Gaceta Oficial 41.026. Allí nació la sociedad Empresa Mixta Minera Ecosocialista Parguaza (Emmepsa), cuyo 55% del capital accionario pertenece a la estatal Corporación Venezolana de Minería y el restante 45% a Corporación Faoz. Como director de la sociedad en Barbados figura otro integrante de la familia Alcalá: Rafael Enrique Solórzano Alcalá.

Los papeles de registro indican que la compañía fue creada para dedicarse a la consultoría, inversiones y desarrollo de proyectos en la industria minera. La empresa no respondió a la solicitud enviada por correo electrónico, ni a la petición que se realizó en las oficinas de Emmepsa en la Torre Hener, en El Rosal, una zona financiera de Caracas. Hasta allí redirigen a quienes llegan a la Torre Teaca, en la misma urbanización capitalina, y donde quedan las oficinas de Corporación Faoz, según su sitio electrónico. “Por ser una compañía mixta debemos solicitar la autorización del ministerio”, advirtió uno de los empleados.

Una resolución del Ministerio para el Desarrollo Minero Ecológico, publicada el 6 de diciembre de 2016 en la Gaceta Oficial 41.046, determinó que la flamante empresa mixta tendría derecho a la “exploración y explotación de minas y yacimientos de Tantalio-Niobio (Coltán), Ilmenita, Casiterita, Estaño, Circón, Cuarzo, Granito, Diamantes y oro, incluyendo su aprovechamiento” en una superficie de 10.201 hectáreas ubicada en el municipio Cedeño del estado Bolívar. En esa Gaceta Oficial también quedó claro que a Corporación Faoz apenas le bastó inyectar 450 mil bolívares –45% del capital accionario de la empresa mixta– para entrar en el negocio, de acuerdo al acta de la asamblea de accionistas publicada allí.

Precisamente en esa y otras actas de las asambleas de los accionistas quedan en evidencia aspectos llamativos sobre la ahora socia del Estado venezolano. Originalmente Corporación Faoz, creada en 1992, se llamó Construcciones Faría y sólo adoptó el nuevo nombre el 29 de julio de 2016, apenas días antes de cerrar el acuerdo con el gobierno venezolano para entrar en el Arco Minero del Orinoco. En su web la compañía simplemente explica que “somos una empresa fundada en 1992 dedicada al área de la construcción. Prontamente diversificamos nuestras operaciones hacia el ámbito de la minería, llevando a cabo proyectos de investigación, exploración y explotación de minerales metálicos y no metálicos”.

El negocio de Corporación Faoz no termina allí. También está relacionada con la Empresa Conjunta Minera de Nueva Esparta (Ecomine), que en el acto celebrado el 5 de agosto de 2016 en el BCV, selló otro convenio con el gobierno nacional. Por Ecomine firmó otro Alcalá, esta vez, Félix Angel Oliveros Alcalá, quien también aparece como presidente de Corporación Faoz en algunas actas de las asambleas de accionistas de Emmepsa. Un reportaje de efectococuyo.com, publicado en septiembre del año pasado, mostró ese vínculo entre Corporación Faoz y Ecomine, así como que ambas tenían la misma oficina en la Torre Exa, otro complejo de oficinas en la zona de El Rosal, en Caracas.

El 9 de septiembre la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) informó que la empresa mixta Emmepsa logró producir la “primera tonelada de coltán”, noticia que también fue divulgada por Corporación Faoz en su web. De acuerdo a la reseña, los mil kilogramos del mineral fueron extraídos “a la par que se calibraba la maquinaria y el sistema mecánico que regirá las operaciones en las minas situadas en el sector Los Pijiguaos, en el estado Bolívar”.

Sobre la comercialización del mineral, el presidente de la compañía, César Sanguinetti, dijo a la agencia estatal que “estamos esperando el aspecto legal para proceder a la primera venta que es un hecho histórico del pueblo venezolano, ya que por primera vez incursionamos en este campo que es el mineral del coltán”. Años atrás, en 2009, el propio Hugo Chávez admitió que descubrieron mafias dedicadas al contrabando del mineral. “Ahora apareció un mineral estratégico que se llama coltán y hemos tomado la zona militarmente porque se lo estaban llevando de contrabando para Colombia, explotándolo de manera ilegal. Todavía no sabemos la cantidad de reserva que tenemos, pero por las informaciones que llegan, es una reserva grande”, manifestó Chávez hace ocho años.

Un reportaje firmado por los periodistas Joseph Poliszuk y Emilia Díaz-Struck, publicado el 4 de marzo de 2012 en Armando.info, comprobó que el mineral se estaba comercializando de forma ilegal en plataformas de internet. “Justo en Paguaza –en el estado Bolívar, piedemonte del macizo guayanés– se ven los primeros indicios de la fiebre del coltán”, se relata en el trabajo. Se afirmaba, además, que entre 2009 y 2011 la Guardia Nacional incautó casi dos toneladas de coltán a siete personas, según registros judiciales.

El asunto todavía no parece resuelto del todo, pese al apuro del Gobierno para obtener con la explotación minera los recursos que el petróleo no está aportando a las menguadas arcas venezolanas. “Palestina está invirtiendo en coltán”, soltó Nicolás Maduro a comienzos de diciembre mientras anunciaba un “plan de ordenamiento del Arco Minero del Orinoco”.  “¡Vengan ustedes! Diamante, oro. Palestina, vénganse completa a trabajar el oro, el diamante, el petróleo, el gas, el coltán, vénganse. Empresarios palestinos del mundo entero vengan a Venezuela, esta es su patria, esta es la Jerusalén de América, Venezuela”, insistió el jefe de Estado.

Esas prisas que desde el año pasado muestra el presidente de la República por la explotación de una de las zonas naturales más importantes de Venezuela ha sido cuestionada fervientemente por movimientos ecologistas y por funcionarios del gobierno de Chávez como los ex ministros Ana Elisa Osorio, Héctor Navarro o el ex comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) de Guayana, Clíver Alcalá Cordones, quienes han intentado infructuosamente ante el Tribunal Supremo de Justicia acciones legales contra los decretos presidenciales asociados al Arco Minero del Orinoco. “El 5 de agosto (de 2016) el país vio el acto más oprobioso de los últimos 200 años”, sentenció en una entrevista de televisión Alcalá Cordones a propósito de los acuerdos entre el Gobierno y compañías como la desconocida Corporación Faoz.

Chávez los expulsó, Maduro pactó

Curiosamente Corporación Faoz no es la única empresa favorecida por el gobierno nacional que cuenta con sociedades registradas en la isla de Barbados. A esa jurisdicción también acudió la minera canadiense Gold Reserve, a quien Hugo Chávez suspendió en 2009 una concesión para explotar las minas de Las Brisas y Las Cristinas en el estado Bolívar, para conformar la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera. Esa compañía fue parte del acuerdo al que llegó la administración de Nicolás Maduro luego de que en 2014 la minera obtuviera en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) un laudo arbitral por poco más de 700 millones de dólares como indemnización por aquella decisión de Chávez.

“De un conflicto y un pleito que teníamos ahora somos socios para el desarrollo de un proyecto de más de 5 mil millones de dólares”, argumentó Maduro en febrero del año pasado cuando aprobó el decreto del Arco Minero del Orinoco. El pacto, en realidad, obliga a Venezuela a saldar el laudo, que ascendió a casi 800 millones de dólares por los intereses que corrieron hasta 2016, con erogaciones mensuales hasta mediados de 2019. Además, Venezuela deberá pagar otros 240 millones de dólares por la información técnica de las minas que Gold Reserve levantó durante años y que servirá para la operación de la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera.

Formalmente la compañía se constituyó el 30 de septiembre de 2016, de acuerdo al decreto presidencial 2.465 publicado en la Gaceta Oficial 41.000. Allí quedó establecido que la alianza era entre la Corporación Venezolana de Minería y la sociedad GR Mining Inc de Barbados.

Los Paradise Papers muestran que esa empresa fue creada en la isla caribeña el 15 de abril de 2016 y tiene como directores a Alexander D. Belanger y Robert A. Mcguinness, ambos directivos de Gold Reserve. Ese mismo día la minera canadiense también inscribió en esa jurisdicción a la sociedad GR Engineering Inc. “GR Engineering Inc brinda servicios de ingeniería, adquisición y construcción a Siembra Minera con un arancel de 5% sobre todos los costos de construcción y desarrollo, y una comisión de 5% sobre los costos operativos durante las operaciones”, explica el sitio web de Gold Reserve.

Hasta el 30 de junio de 2017 Gold Reserve había gastado un aproximado de 7 millones de dólares en el proceso de conformación de la Empresa Mixta Siembra Minera. Una resolución del Ministerio para el Desarrollo Ecológico Minero, fechada el 2 de noviembre de 2016, confirmó que la compañía tendría el derecho a la explotación minera en un área de 18.951 hectáreas en el municipio Sifontes del estado Bolívar. Finalmente, en marzo de este año otro decreto presidencial terminó por confirmar el derecho de la empresa a la extracción de las minas de oro en el área delimitada.

Mientras el Gobierno y las empresas apuestan por captar recursos, organizaciones como la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalúrgicos (SVIMM) alertaron recientemente que el Arco Minero del Orinoco va del “tumbo al tambo” y que es necesario elaborar un “legítimo e indiscutible plan minero nacional a largo plazo”

López, también empresario venezolano, fue señalado en febrero pasado por autoridades del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como testaferro de Tareck El Aissami, actual vicepresidente de Venezuela en el Gobierno de Nicolás Maduro. El Gobierno de Washington determinó que El Aissami controla una organización de tráfico de drogas, y ordenó por lo tanto la congelación de numerosas empresas y bienes atribuidos a El Aissami y a su presunto testaferro.

Entre las propiedades que tras esa orden los oficiales de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) rastrearon y aseguraron, se encontraba una mansión de nueve habitaciones y nueve baños que Samark López adquirió en 2016 por 16,5 millones de dólares a través de una empresa de fachada panameña en el 325 de la calle (Drive) Leucadendra, en Gables Estates, una muy exclusiva urbanización de villas de predominante estilo mediterráneo sobre la costa de la Bahía de Biscayne, al sudeste de la ciudad de Coral Gables, en Florida. Allí habrían vivido, hasta poco antes de la sanción, la mujer de López, Loisette, y sus tres hijos.

A menos de 700 metros de distancia, cruzando el canal de aguas salobres que queda detrás de la suntuosa residencia, está otra quinta, sobre el 401 de la calle (Parkway) Arvida. Construida en 2013 -aunque su parcela fue adquirida en 2009-, tiene dos pisos y un poco más de 1.000 metros de área de construcción. Su propietario: Padova Investments LLC, una empresa incorporada en Florida en 2008 por Mauro Libi, su único director.

De hecho, para Libi la calle Arvida de Gables Estates puede lucir como un área estrictamente familiar.

Libi es yerno de Serafín García, conocido también como El rey de la manzana, un controvertido comerciante venezolano de origen canario, que protagonizó el llamado Escándalo del Ajo Chino durante el segundo Gobierno (1994-99) de Rafael Caldera, y a quien las autoridades chilenas investigan desde 2009 por presunto fraude tributario.

No muy lejos de la casa de Libi-Padova Investments, esta vez en el 631 de la misma calle Arvida, se encuentra una de las construcciones icónicas del conjunto residencial.

Si hasta 2016 estuvo bajo control de SGP Properties, una compañía de Serafín García, ahora la quinta de dos pisos aparece directamente a nombre de García y de su esposa, Irene Sáez Conde, la exmiss Universo de 1981, exalcalde por ocho años del municipio Chacao de Caracas, ex gobernadora del estado de Nueva Esparta (sobre el Caribe venezolano) y quien, como candidata, se midió en la campaña electoral de 1998 frente al eventual triunfador de los comicios, Hugo Chávez. Casados desde 2006, Sáez y García hicieron levantar la casa en 2009. El reciente cambio de estatus patrimonial parece tener una explicación: en marzo reciente la pareja sacó la propiedad a la venta, con un precio de lista en el mercado de 17 millones de dólares.

La propiedad del 431 de la calle Arvida -otra quinta, esta algo más pequeña, de un solo piso y 600 metros cuadrados de construcción- corresponde a Mijeka Properties LLC. Mijeka es un acróstico construido con las sílabas iniciales de los hijos de Serafín García: Michael, Jessica y Karina. Y, en efecto, son ellos cuatro, los hijos con el padre, los accionistas de la empresa. Pero la tenencia de la quinta (que está justo al lado oeste de la de Libi) le acaba de ser traspasada de su anterior propietario, Italespa Investments LLC, una empresa constituida inicialmente por dos socios: Serafín García y Mauro Libi.

Los números 105 y 115 de la calle Arvida pertenecen a la empresa Bidu Properties, cuyos directores son Serafín García y su hija Karina, o lo que es lo mismo, el suegro y la cuñada de Mauro Libi. Allí hay un terreno sin construir y otra quinta de dos pisos.

Pero si Libi no hubiera conocido de vista a su vecino, Samark López, tal vez podría haberlo tratado por negocios.

Samark López fue hasta 2013 accionista de un pequeño banco comunitario del sur de Florida, el Intercontinental Bank. Se trata de una operación casi doméstica, fundada por una familia cubana. El banco tiene oficinas y su única agencia sobre la calle Ocho de Miami, en la zona conocida como la Pequeña Habana. El directorio actual de la compañía tenedora de las acciones del banco, Intercontinental Bankshares LLC, sin embargo, está dominado por inversionistas venezolanos desde 2012 y muestra a varios nombres notables del empresariado criollo, entre ellos, Daniel Gorrín, Álvaro Gorrín Ramos y Pedro Torres Ciliberto. Así como, también, Mauro Libi.

Con todo, a pesar de tenerlo como vecino y de sentarse en el directorio del mismo banco en Miami, Libi dice desconocer a Samark López.

Así se lo aseguró a una comisión del parlamento venezolano, durante una interpelación que tuvo lugar en la sede administrativa de la Asamblea Nacional en octubre pasado. Y lo repitió ante los autores de este reportaje, durante una entrevista sostenida en sus oficinas en la zona industrial El Ingenio de Guatire, al este de Caracas, hace dos semanas.

El 5 de octubre de 2016, Libi acudió a la Asamblea Nacional a petición propia, alertado por una denuncia que dos meses antes había presentado el diputado del partido Primero Justicia (PJ) por el estado de Apure, Julio Montoya, ante la Comisión de Contraloría del parlamento. De acuerdo a Montoya, Libi era el titular de una red de seis empresas de maletín a la que el Estado venezolano habría favorecido con 615 millones de dólares a tasa preferencial.

La denuncia de Montoya se hacía eco de otra muy anterior, que en 2014 ventilaron los miembros de Marea Socialista, un grupo disidente del chavismo. Entonces difundieron los pormenores de un informe que aún se puede leer en el website Aporrea.org sobre diversas anomalías en la asignación de divisas, entre las que destaca el torrente aprobado a las empresas de Libi.

Ante los parlamentarios Libi refutó los señalamientos con una presentación de casi medio centenar de diapositivas. Sus líneas argumentales principales fueron: a) que no todas las empresas que se le adjudican son suyas; b) que sus empresas tienen una actividad productiva y comercial tangible; y c) que el monto de divisas que le fue liquidado llegó a 50 millones de dólares, una cantidad significativamente menor -por debajo del 10%- que la se le atribuía.

Su exposición resultó tan convincente que la Comisión de Contraloría le expidió una carta, con firmas de los diputados Carlos Berrizbeitia, Adolfo Superlano, Ismael García y Robert Alcalá, en la que informa que la investigación contra Libi ha quedado cerrada.

Desde entonces, Libi porta el documento, que comparte por correo electrónico a manera de un salvoconducto que ampara su honor. Sin embargo, seguramente para su frustración, ha tenido que seguir defendiéndose. En junio distribuyó un comunicado que llamó La verdad sobre Mauro Libi en el que se declara víctima de “sitios web con reputación dudosa” que procuran perfilarlo “como el típico dueño de empresas de maletín”.

El presunto asedio mediático cambió en fuerza y calidad la semana pasada, cuando el prestigioso Financial Times de Londres publicó una nota sobre la parábola empresarial de Libi bajo el título de Cómo la boliburguesía saca ganancias de los anaqueles vacíos en Venezuela.

Durante la entrevista para este reportaje, realizada antes de la publicación del Financial Times, Libi admitió sentir hastío por la obligación de dar la cara ante estas versiones, desviando tiempo y energías que preferiría dedicar a la manufactura, su verdadera vocación, según alega. Muestra en un rincón de las amplias naves de Inproceca -una de sus empresas en Guatire- un molino todavía en funcionamiento a pesar de que data de 1971; al exhibirlo busca certificar que el suyo no es un emprendimiento especulativo de hace un par de días, sino un compromiso de larga data que viene de su padre y que él, desde hace 26 años, ha asumido como propio.

Afirma ante quien lo quiera oír que los ataques a su reputación le cobran “mi decisión de quedarme a trabajar aquí”. Con “aquí”, desde luego, hace referencia al conjunto de controles y restricciones que los Gobiernos de la autodenominada Revolución Bolivariana impusieron al comercio y a la producción, agravado desde 2014 con una crónica escasez de divisas y materias primas para la industria. El conglomerado de Libi ha florecido justamente durante este periodo de torniquetes para los negocios, a contracorriente, se diría.

Como evidencia de que enfrenta las mismas dificultades que el resto del gremio empresarial, revela que en la actualidad apenas procesa 600 toneladas de avena al mes, cuando su capacidad de molienda es de 7.500 toneladas. Si la marca Avelina todavía parece verse en todos los supermercados, insiste, es porque concentra la distribución en la región capital.

Pero cabría anotar que el Grupo Libi no está hecho solo de avena. Tiene al menos tres patas sólidamente afincadas en el sector financiero. Una de ellas, como se ha visto, es el Intercontinental Bank de Miami. De acuerdo al relato del empresario, se trata de una inversión que su padre, Eleuterio, acordó en 2006 y solo se oficializó en 2010. Mauro Libi, asegura, no interviene en la operación y su participación, además, “está en venta desde hace año y medio”.

Otra es Banplus, un banco comercial venezolano de magnitud mediana fundado en 2007. Ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional enfatizó que allí tiene una participación minoritaria, de 30%, y que, por lo tanto, tampoco controla la operación. Pero no tiene empacho en aceptar que se trata de un buen negocio: “Era una entidad de ahorro y préstamo que fue intervenida, puesta en subasta y vendida nuevamente, y entramos allí mediante una operación que se hizo absolutamente en bolívares”, saca cuentas durante la entrevista.

La tercera resulta más polémica. Hasta mayo reciente Libi todavía figuraba en los archivos en línea del Registro Mercantil de España como uno de los cuatro directores de AFC Investments Solutions SL, con una participación accionaria de 18% adquirida desde 2010.

Dos de los colegas de Libi en la directiva son Cándido Rodríguez Losada, ex senador por Galicia del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y hasta 2005 presidente del Banco Occidental de Descuento (BOD), la entidad bancaria venezolana liderada por Víctor Vargas, el magnate cercano al chavismo que a la vez es suegro de Luis Alfonso de Borbón, duque de Anjou y heredero de la corona de Francia; y Javier Ardura Gómez, venezolano, presidente de la Junta Directiva, a quien Libi dice que no conoce.

Esta empresa española, AFC Investments Solutions SL, era la propietaria de la colombiana Internacional Compañía de Financiamiento (ICF) S.A. intervenida en 2015 por las autoridades de Colombia, que además ordenaron su liquidación. Se trata del mayor escándalo financiero en los últimos 25 años en el país vecino.

Libi responde que vendió su participación en AFC antes del escándalo. Aunque ofreció suministrar documentos para probarlo, estos no habían sido recibidos al momento de redactar este reporte. De acuerdo a sus asesores de comunicaciones, los papeles que acreditan la venta todavía se están diligenciando.

El cuarto integrante de la Junta Directiva de AFC en España se llama Lucas Outumuro Grande. Es socio de Mauro Libi en dos corporaciones financieras constituidas en Barbados en 2014: BPLus International Holding Corp. y Finanplus Corporation. Sobre la primera, Libi dice fue constituida para financiar la venta de carros Renault y Toyota en Panamá a través de un concesionario que maneja Outumuro, y a la que solo habrían inyectado cerca de 200.000 dólares. También aporta una presentación en power point según la cual en 2016 la empresa obtuvo ingresos por intereses y comisiones cercanos a los 400.000 dólares.

En Panamá, Finanplus Sociedad Financiera, incorpora nuevos nombres en la junta directiva, además de Libi y sus socios de Barbados. Debutan otros personajes, como Leonardo Barrios Odremán y Yissell Abir Arangudi Centeno.

Un director de Finanplus Corporation de Barbados es José Gregorio Castillejos, directivo de Estar Seguros en Venezuela, y presidente de la Regional de Seguros-Estar Seguros en Panamá. Algunos allegados de negocios de Mauro Libi, en especial, Johan Chávez Gruber, forman parte del tren directivo de esa empresa aseguradora. Libi, si bien admite una relación de amistad con sus directivos y que los seguros de su grupo de empresas se contratan con esa compañía, niega cualquier otro vínculo con Estar Seguros, al recordar que la normativa venezolana “prohíbe participar en un banco y una empresa de seguros a la vez, y yo soy director en Banplus”.

En BPlus International Holding Corp de Barbados acompañan a Libi como directores algunos de los miembros de la junta directiva de Banplus en Venezuela: Reinaldo Wahnon, Pedro Negrón Méndez y Carlos Romero Márquez, además de Lucas Outumuro.

Se trata de una firma incorporada en Barbados para la adquisición y control desde 2015 en Puerto Rico de un banco, originalmente denominado BI Puerto Rico International Bank, hoy Banplus International Bank.

Carlos Romero Márquez es la cara ejecutiva de Banplus en Venezuela. Si en Bplus de Barbados firma con una dirección en el sector Oripoto del municipio El Hatillo, un barrio de clase alta en las colinas al sureste de Caracas, en Finanplus Corporation reporta como sitio de residencia un apartamento de la calle 65 de la ciudad de Nueva York. Su nombre puso a hervir las redes sociales en mayo pasado, con chismes y críticas que fustigaban su despropósito de organizar, justo a un mes de iniciadas las protestas callejeras de la oposición y en La Lagunita Country Club -también en el municipio El Hatillo-, una suntuosa fiesta para 1.500 invitados en ocasión de la boda de su hija.

Comparecencia Ante Asamblea Nacional Mauro Libi Crestani by ArmandoInfo on Scribd

Un lugar, muchas empresas

Aparte del mercadeo masivo y, aunque decline confirmarlo, de las finanzas, otro fuerte en los negocios de Mauro Libi es el de los bienes raíces. En registros en línea de Estados Unidos es posible detectar al menos nueve propiedades a su nombre, detentadas por personas jurídicas, por un valor en documentos de alrededor de 17 millones de dólares.

No hay duda de que la joya de su corona inmobiliaria es el apartamento dúplex en el One Beacon Court de Nueva York, sobre la calle 58 con la 151 de Manhattan, con vistas al Parque Central y al río Este. El apartamento perteneció, cuando era de estreno, al grandesligas venezolano Bob Abreu, que primero lo tuvo como inversión y luego como pied-a-tierre en la llamada Gran Manzana durante su traspaso de los Yankees de Nueva York, donde jugó tres temporadas, a los Angelinos de Los Ángeles. El pelotero venezolano, que en 2005 compró el inmueble por 3,8 millones de dólares, lo vendió en 2010 por 5,1 millones a un inversionista anónimo que creó ad hoc una empresa de responsabilidad limitada (LLC) para mantener la propiedad. La retuvo hasta 2016, cuando Mauro Libi la adquirió por 6,9 millones de dólares a través de una empresa bajo su control, Orele Investments Inc.

Aún así, quizás su propiedad más significativa sea un galpón de dos alas en Doral, la pujante ciudad en el oeste del condado de Miami-Dade que aloja a cientos de miles de emigrados venezolanos. La construcción de unos 650 metros cuadrados de superficie, comprada en 2008 por tres millones de dólares, se encuentra en el 1335 NW de la calle 98, unidades 11 y 12. Aunque se identifica ante el público con un rótulo de A&M Global Solutions, una empresa de exportación e importación participada por Libi y el contador Alberto Trigo, el edificio pertenece a otra compañía, Orval Investments Inc., también de Libi y Trigo.

La construcción tuvo parte en las denuncias formuladas alguna vez por los militantes de Marea Socialista y por el diputado Montoya, quienes encontraron sospechosa la concentración de decenas de empresas en esa dirección. Montoya dijo haber contado hasta 41 razones jurídicas con ese domicilio, lo que en sí puede resultar curioso pero no constituye un ilícito.

En efecto, un arqueo realizado para este reportaje en los registros en línea de corporaciones en el Estado de Florida, pudo detectar 21 empresas, entre activas e inactivas, que tienen a Libi como director, en solitario o en sociedad con Fanny García de Libi -su esposa-, Karina García -su cuñada, hija de Serafín García- y Alberto Trigo.

Trigo es un contador de Doral que se encarga también de registrar las empresas de Serafín García en Florida.

En ese mismo 1335 de la calle 98 se domicilian al menos otras 18 empresas, sin participación en papeles de Libi, que tienen un elenco de directores donde aparecen de nuevo Alberto Trigo, Danni Yánez Gómez -actual tenedora de 20% de las acciones en Venezuela de Inproceca, la productora de Avelina-, Roberta Libi -hermana de Mauro-, Antonio Yunez -yerno también de Serafín García-, Giuseppe Marcone Di Loria, Corini Cárdenas Pantoja, Fernando Navarro, Antonio Lonardo y Jhonny Cilli, entre otros.

El de Jhonny Cilli es un nombre llamativo. Corresponde a un empresario que en las escrituras públicas cumple el rol de propietario de Inversiones 4528 e Importaciones Millecose, dos destacados receptores de divisas preferenciales de Cadivi -casi 400 millones de dólares asignados a las dos entre 2003 y 2012- a las que las denuncias originales de Marea Socialista y el diputado Julio Montoya consideraban parte del Grupo Libi.

Aunque reconoce una amistad de larga data con Cilli, Mauro Libi aclara con vehemencia que ninguna de esas dos empresas guarda relación con su creciente emporio. En todo caso, Cilli posee en Florida la empresa Jhomar Distributors Inc, con ubicación oficial en el galpón de Libi en Doral (sin contar con que, en un documento de 2012 localizable en el website del Tribunal Supremo de Justicia, Libi aparece como avalista pagador para Millecose e Inversiones 4528, al ser demandadas por cobro de deudas por el desaparecido Banco Canarias).

Otros dos emprendedores con razones jurídicas de domicilio oficial en el mismo edificio son Ronney Belisario y Alessandro D’Auria, ambos originarios de Puerto Ordaz, estado de Bolívar (sur de Venezuela) que ahora gerencian un grupo de inversionistas venezolanos en expansión en Chile. Belisario es el accionista principal de Tech Engineering Manufacturers Inc, hoy inactiva; D’Auria tiene la misma posición en Southern Parts & Truck Services e Importadora Silvanoski, también inactivas y con ubicación en el 1335 de la calle 98 en Doral. Además, D’Auria es socio de Libi en otras empresas inactivas o disueltas, como V.I.E.U. Import & Export Inc (constituida en 2004), Orval Import & Export Inc (2002), ML Capital Inc (2013) y ML Financial Group (2011).

Amigos y proveedores

Pasar revista a la tupida red de relaciones de Libi equivale a identificar una peculiaridad de su actividad intensa como importador: muchas de las empresas a las que compra mercancía en el exterior no son ajenas del todo, sino que pertenecen a allegados.

Libi y sus colaboradores prefieren hablar de “alianzas comerciales” para referirse a estos casos de proveedores a los que controlan relacionados e incluso ex socios del empresario.

Según se pudo comprobar para esta investigación en las bases de datos de Import Genius (un servicio en línea que reporta los movimientos del comercio internacional a partir de los manifiestos de embarque en aduanas de Estados Unidos y otros países), y a manera de ejemplos, Distribuidora Pasta Granoro, una de las empresas de Libi en Venezuela -aunque sea Alessandro D’Auria quien se menciona como su contacto en el Registro Nacional de Contratistas-, compró alimentos (lentejas y caraotas, sobre todo) a la canadiense Canle Food Exporters, entre 2013 y 2014, así como a la mexicana Conservas de Alimentos Mexca en 2009 (alimentos congelados). Ambos suministradores incluyen en sus juntas directivas a Ghani Emir Machado Tenaille, un venezolano que trabajó hasta 2011 en Inversiones Pro-Imagen de Venezuela -otra compañía local de Libi- y desde entonces se encuentra cesante en el registro en línea del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Machado también forma parte de la directiva de Industria Italmexind, registrada en México en abril de 2008, un agente aduanal que le hacía los embarques de mercancía a las empresas de Libi, que importaban desde ese país no solo productos alimentarios, sino hasta televisores.

Representaciones Orval, otra empresa del grupo, realizó transacciones con la uruguaya Balade en 2013, cuando importó quesos. En Balade aparece como director el guayanés Ronney Belisario.

Belisario también es miembro de la junta directiva de Comercializadora Cotopaxi, una empresa constituida en Ecuador, que vendió alimentos congelados entre 2009 y 2010 a Inversiones 4528 y atún en 2009 a Importaciones Millecose, las dos empresas que Libi afirma pertenecen a su amigo Jhonny Cilli.

En documentos de exportaciones a Venezuela encontrados en Import Genius, Ronney Belisario se identifica como contacto de la empresa Comercializador Chimex, constituida en 2008 en Santiago de Chile por el nativo Cristian Andrés Buljevic Tomicic junto al venezolano Johan Chávez Gruber, accionista en Venezuela de Estar Seguros.

Belisario repite como director en la panameña Pansant Grupo Comercial, que registró exportaciones a Millecose e Inversiones 4528 en el año 2009, nuevamente por productos alimenticios congelados.

Libi posee en Colombia una empresa también llamada Pansant que, dice, solo tiene por propósito asegurar la propiedad de una vivienda.

En esta puerta giratoria en la que quien entra como socio o amigo puede reaparecer como proveedor, Ronney Belisario Ruiz ocupa un lugar clave. En 2016 se instaló en Chile, al mismo tiempo que otro socio de Libi, Alessandro D’Auria. Libi reconoce a ambos. De Belisario dice que “fue una persona que trabajó en el grupo durante la administración de mi padre y se retiró. Posteriormente se independizó y estableció una comercializadora en Chile. Le contratamos todo lo relativo al proceso de adquisición, procesamiento y exportación de avena pelada y estabilizada a Venezuela (…) Hace aproximadamente se le rescindió el contrato”.

En efecto, Ronney Belisario Ruiz ha dado forma en Chile a un pequeño conglomerado de empresas en torno a una inversora, RB Investments Group SpA (antes Inversiones JR 2613 Ltda), que, según declaraciones a la prensa chilena, maneja un fondo de cuatro millones de dólares. Es dueño de la franquicia de Mail Boxes Etc, una marca de encomiendas y servicios de oficina de la que Alessandro D’Auria hace las veces de Gerente General en el país sureño.

Son diversas las firmas que constituyen el naciente grupo de Belisario: Comercializadora Agropecuaria del Sur Ltda, Comercializadora del Mar Comar Ltda, Agroindustrias del Sur Spa, Grupo ALR SpA, Alimentos Conosur Ltda, Inmobiliaria RB SpA, Inversiones RDR SpA, Logística Integral y Sustentable SpA, y Comercializadora Jowensur SpA. La mayoría se dedican a la agroindustria y muchas de ellas exportan productos -avena, desde luego, en primer lugar-, casi exclusivamente a Venezuela.

Jowensur es, en todo caso, la más pública y activa en categorías de productos masivos. En su portafolio maneja una marca de avena preparada, Go Oat.

Al menos tres de estas empresas chilenas, proveedores
controlados por conocidos de Libi, protagonizan casos de aparentes sobreprecios
en ventas a Venezuela, determinados por el cruce de los manifiestos de
exportación que se encuentran en Import Genius, por una parte, con los datos
contenidos en sitios de referencias para los precios de materias primas, por la
otra.

Se trata de Conosur, Comar y Chimex en ventas de salmón con precios
muy por encima del cotizado en su oportunidad en mercados
internacionales.

Conosur lo hizo entre marzo de 2012 y agosto de 2013, a
un costo promedio de 41 dólares por kilogramo; eso representa entre cinco y
siete veces más que el precio estándar registrado por el Fondo Monetario
Internacional (FMI) para esos años.

Comercializadora Del Mar, Comar,
efectuó dos operaciones en 2010, siete en 2011 y una en 2012, hacia Venezuela,
con un precio por kilogramo de 26,57 dólares en 2010 y de 41,6 dólares en los
años siguientes. Mientras que Chimex efectuó nueve envíos de salmón en junio de
2009 a Venezuela, con las mismas características de sobreprecio; esta vez a más
de 60 dólares el kilogramo.

Las mismas compañías chilenas también
hicieron lo propio con varias exportaciones de merluza a Venezuela, lo que
induce a la duda de si acaso se trata de una práctica sistematizada.

En
el caso de las empresas venezolanas del Grupo Libi, Representaciones Orval
registra importaciones con aparentes sobreprecios, entre abril de 2013 y abril
de 2014. La información de Import Genius permite precisar las transacciones de
importación de Salmón desde Chile, y Merluza desde México y Perú.

Los
autores de este reportaje entregaron a Libi la pequeña base de datos que incluye
las referencias a estas negociaciones, a fin de conseguir una explicación para
el diferencial de precios en esos casos específicos. Sin embargo, a través de un
correo electrónico, sus asesores de comunicación dijeron que la cuestión era
“muy general”, y anotan que los manifiestos de embarque (Bill of Landings)
reportados en Import Genius “no corresponden a ninguna de las importaciones
hechas por el Grupo Libi”.

Quizás previéndolo, Libi aclaró que “en este
país, y hablo del sector alimentos, cada vez que se importaba algo se importaba
a base de una licencia que estaba apoyada con una factura proforma. Acá, ningún
agente del ministerio iba a ser tan bobo para otorgarte un precio, de un
producto, por arriba del precio del mercado que estaba en ese momento (…) Si yo
importé un pescado a cinco dólares, les puedo decir que el resto de los
competidores lo importaron a 5,10 o 5.20, pero nunca yo a cinco y los otros a
dos dólares”.

Si es mi suegro, no lo he visto

Chile, con su economía pujante, no es la única referencia recurrente en la saga del éxito empresarial de Mauro Libi. Otra tendría que ser la de su suegro, Serafín García, mencionado desde el inicio de este reportaje.

García ha hecho fortuna con la importación y exportación de alimentos. Como su yerno Libi, García tiene una tupida red de empresas en Florida, a su nombre y del de sus hijos, que se concentran en una dirección de Doral: 26 empresas en total, esta vez localizadas en el 9675 NW de la calle 12.

La relación de compañías del grupo podría crecer todavía más si se incluyeran aquellas controladas en Florida por parientes de García como Luis Manuel García, Domingo García y Margaret Piñero de García. Alberto Trigo, el contador que registra esas empresas, es el mismo que incorpora corporaciones para Serafín García y Mauro Libi y que llega a figurar en algunos casos como socio de ambos.

Las trayectorias de uno y otro, suegro y yerno, lucen tan tentadoramente semejantes como para inferir que una podría ser emulación de la otra. Pero Libi corta las conjeturas diciendo que lleva diez años que no se sienta a conversar con Serafín García. En reserva de su privacidad rehúsa hablar sobre el motivo de ese distanciamiento, del que solo se limita a recalcar: “Él quedó como abuelo de mis hijas”.

Serafín García viene de sufrir dos reveses consecutivos ante la justicia chilena. En el primero, un juzgado de Garantía de Santiago encontró en marzo reciente indicios suficientes para abrir un proceso a Marlene Beriestain, los contadores Carlos Isla Andrade y Héctor Cubillos Andrade, y el abogado Oscar Astrain Donoso, como presuntos autores del mayor fraude tributario registrado en Chile en los últimos años, por un valor de 80 millones de dólares.

Se trata de un caso que desde 2009 investiga la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía chilena en torno a las empresas de exportación Benipaula S.A. y MSM S.A. Ambas fueron constituidas por Beriestain en 2005 a pedido de Serafín García, quien le habría confiado un capital de 100.000 dólares para iniciar los negocios.

García tiene desde 2007 una empresa registrada en Florida bajo el nombre de Benipaula Inc, en la que también sus hijos hacen las veces de directores.

MSM ya era en 2008, por mucho, la empresa chilena que hacía exportaciones agroindustriales de mayor valor a Venezuela, por un monto cercano a los 137 millones de dólares, según un informe de Prochile, un ente del ministerio de Relaciones Exteriores para la promoción de exportaciones. La Benipaula chilena también aparece en el ranking de los 20 mayores exportadores de ese año.

Pero detalles como esos llamaron la atención de los investigadores. Tras ponerle el ojo, encontraron que esas empresas exportaban productos a Venezuela con precios siete veces más altos que los del mercado. También revelaba una nota en 2014 del diario La Segunda que los fiscales comprobaron que las compañías, que solo exportaban a Venezuela y tenían por clientes a Alimentos Frisa y Frigoríficos Puerto Ordaz (Frisa), ambas de Serafín García, declaraban ventas por un quinto de las reales, con lo que se ahorraban impuestos.

Para deducir esos impuestos, las compañías chilenas de Beristain-García fingieron la compra de dos empresas quebradas en Venezuela, cuyas pérdidas endosaron a sus propias operaciones.

A la postre, en 2010, el Gobierno de Hugo Chávez le expropió a García Alimentos Frisa y Friosa en Venezuela. Ello puso coto al esquema fraudulento que llevaba a cabo.

La mala racha de García se extendió hasta 2014, cuando la Fiscalía chilena consiguió judicializar el caso. El proceso de instrucción se prolongó por tres años. En marzo, el juez Luis Avilés aceptó los cargos presentados por el Ministerio Público, aunque a la vez rechazó la solicitud de prisión preventiva para los acusados.

Aún así, la causa parecía desinflarse. Por el dilatado proceso previo, podría prescribir incluso antes de cualquier sentencia. Pero allí llegó el nuevo revés para García. En junio, dos abogados argentinos de la ciudad de Santa Fe, Ignacio Torterola y Nicolás Caffo, junto a un chileno, Rodrigo Bordachar, diligenciaron ante el mismo Tribunal 8 de Garantías de Santiago, y en nombre de la Procuradoría General de la República de Venezuela, una querella criminal “por delito de asociación ilícita y estafa” con los cuatro acusados de la causa anterior y otras cinco personas.

La denuncia resulta prolija en detalles sobre el modus operandi de los demandados. En sus consideraciones, menciona al “grupo económico García Armas”, de Serafín García y familiares, como artífice de un “entramado internacional constituido al efecto de defraudar, también, al Estado venezolano, mediante la estafa perpetrada a través de operaciones comerciales simuladas”.

El documento cita además una declaración jurada del contador de MSM S.A. y Benipaula S.A., Carlos Isla Andrade, quien en ella admitió que esas empresas “exportaban con sobreprecio sus productos, obteniendo grandes márgenes de utilidad, razón por la cual necesitaban rebajar los impuestos que debían pagar (…) Marlene Beristain no era dueña de las empresas, sino que Serafín García, extranjero con residencia en Venezuela”.

Exportaciones sobrefacturadas, transacciones fingidas, remesas financieras, ¿serían parte de un menú de esquemas digno de imitar para sacar provecho a las reglas de juego del control cambiario en Venezuela? 

(*) Con información desde Santiago de Chile de Ciper.com; y desde Buenos Aires de Daniel Santoro.

Las estructuras que dividirán la exhibición de cada empresa comenzaron a levantarse hace una semana. Pero detrás de esas paredes que servirán de stands también se fraguó un negocio particular. “Cada uno de los expositores será distribuido a lo largo de 11 mil metros cuadrados dispuestos para la colocación de 300 stands de 6 metros cuadrados, establecidos en dos niveles de la cúpula del recinto, donde se concentrarán los principales productores de la economía venezolana”, describe una nota de la Vicepresidencia de la República. Todo comenzó hace unos meses…

En enero el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó la organización del evento que hoy cuenta, según su página web, con compañías privadas como Pirelli, Plumrose, Ron Santa Teresa, Eveba y Clic en medio de una larga lista de “empresas mixtas”, estatales e incluso otras expropiadas durante el chavismo como Lácteos Los Andes e Industrias Diana.

“Anuncio para el mes de marzo la realización aquí en Caracas, como me ha sido propuesto por el Vicepresidente ejecutivo, Tareck El Aissami, de la primera expo feria Venezuela Productiva, dijo el mandatario frente a un auditorio de empresarios. “Así que prepárense para que le mostremos al mundo entero la capacidad que tiene Venezuela de producir, de crear riqueza y de resolver sus problemas”. La mención a El Aissami no era causal. Desde 2013, en su condición de gobernador del estado Aragua, El Aissami celebró cuatro ediciones de la exhibición “Expo Aragua Potencia” para promover y apoyar a empresarios de la región. Luego la idea fue replicada por otros gobernadores del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). El Aissami y su equipo tenían la experiencia.

A las compañías la invitación para la “Expo Venezuela Potencia” llegó a comienzos de marzo en un correo electrónico. “El Gobierno Bolivariano de Venezuela le invita a participar en la Expo Venezuela Potencia 2017, un evento que integra a los actores del área productiva del país, empresas públicas, privadas, mixtas y exportadoras de renombre nacional representando los 15 motores productivos: agroalimentario, farmacéutico, industrial, exportaciones, economía comunal y social, hidrocarburos, petroquímica, minería, turismo, construcción, forestal, industrial militar, telecomunicaciones e informática, banca y finanzas, industrias básicas, estratégicas y socialistas”, decía el email con varios documentos adjuntos que precisaban las condiciones para participar en la exhibición.

La conexión con Ysmel Serrano

De acuerdo a esos papeles, la compañía encargada de la comercialización de los “espacios físicos” de la “Expo Venezuela Potencia” es Multiservicios Virgemis. Se trata de una empresa registrada en Caracas el 23 de mayo de 2016, con sólo 400 mil bolívares y ubicada en un conjunto residencial en los alrededores de la plaza La Candelaria, en Caracas, donde nadie respondió al momento en que fue visitada.

El “objeto social” de Multiservicios Virgemis va desde la “prestación de múltiples servicios técnicos y sociales de forma integral” para el área de la construcción, remodelación, “levantamiento topográfico”, avalúo de inmuebles, entre otros, hasta la “comercialización” de materiales de construcción, ferretería, electricidad, plomería, repuestos o equipos celulares. También contempla la “organización de eventos relacionados al mundo diplomático, a organizaciones, entidades gubernamentales, alcaldías, gobernaciones, tanto en escenarios nacionales como internacionales”, y “prestar servicios de refrigerios, estructuras, tarimas, iluminación, sonido, grupos musicales” y espectáculos.

De acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas (RNC), Multiservicios Virgemis apenas cuenta con tres empleados y está “habilitada” para contratar con el Estado, aunque aún no tiene ningún contrato registrado en la web del organismo.

El accionista mayoritario es Carlos Eduardo Johansson Fuentes, quien posee 360 acciones equivalentes a 360 mil bolívares de los 400 mil que constituyen el capital social. Para el momento del registro de la compañía, Johansson Fuentes aún laboraba en el Complejo Siderúrgico Nacional, donde permaneció hasta el 12 de septiembre de 2016, según el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS).

Esa no es la única conexión de Johansson Fuentes con algún organismo público. Al menos desde el año pasado Johansson Fuentes está relacionado a Ysmel Serrano, hombre cercano a El Aissami, que ocupó durante varios años la Secretaría de Desarrollo Económico, Comercio y Exportación de la Gobernación de Aragua (Sedecoex), y que no ha parado de ascender en las estructuras de poder del Gobierno. A mediados de 2016 Ysmel Serrano fue designado como presidente del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (Fogade) y en enero de este año el presidente de la República lo nombró Vicepresidente Territorial de Comercio y Suministro de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

 “Es egresado de la Universidad de Los Andes, estudió con el gobernador Tareck El Aissami, ambos fueron fundadores de movimientos estudiantiles de izquierda, lideraron los centros de estudiantes por muchos años”, precisa el portal Poderopedia sobre Ysmel Serrano.

Varios empresarios aragüeños que participaron el año pasado en reuniones con Sedecoex para evaluar las opciones de exportación confirman que Johansson Fuentes era una de las personas cercanas al equipo de Ysmel Serrano. “Lo conocí en una reunión Maracay”, sostiene uno de ellos. También trabajadores de Fogade coinciden al afirmar que Johansson Fuentes funge como gerente encargado de relaciones institucionales de ese organismo. “Llegó de Aragua con Ysmel Serrano”, añade un trabajador.

Pero Johansson Fuentes niega toda relación con Ysmel Serrano. “Estás errado”, respondió esta semana tras ser consultado. “Yo no trabajo con la Gobernación de Aragua, ni he trabajado con la Gobernación de Aragua”. Su perfil de Twitter, de cualquier forma, lo vincula con el lugarteniente de El Aissami: a través de la cuenta @Johansson_Fue, se declara “chavista, bolivariano y revolucionario” y apoya precisamente a Serrano y a las instituciones por las que este ha pasado. “Encabezando la marcha @Fogade @YsmelPSUV @SEDECOEX Ante las dificultades #ElChavismoSeCrece”, trinó el 3 de noviembre del año pasado, entre una retahíla de mensajes que apoyan la gestión de su amigo.

De la participación de su empresa Multiservicios Virgemis en la organización de la “Expo Venezuela Potencia”, Johansson Fuentes indicó que no estaba autorizado para declarar, pero afirmó que detrás de la organización no estaba él solo. “No solamente mi persona, sino un gran grupo que está coordinando el evento (…) Los que están organizando la exposición son un grupo multidisciplinario tanto de empresas como también de personas”.

Se cobra por metro cuadrado

De los documentos adjuntos en el correo electrónico de invitación recibido por las empresas se desprende que Multiservicios Virgemis comercializó el espacio en la Expo Venezuela Potencia. Las tarifas de la empresa por metro cuadrado llegaban a 38.500 bolívares. Así, un espacio de 9 metros cuadrados sumaban 346.500 bolívares, mientras que las de un “toldo pagoda” de 25 metros cuadrados ascendían a 962.500 bolívares. Al menos tres directivos de empresas privadas confirmaron que debieron depositar a una cuenta de Multiservicios Virgemis en el Banco Provincial para confirmar su presencia en el evento.

“Pagamos por el espacio y luego contratamos a un proveedor para que monte y diseñe el stand”, reconoció uno de los directivos. En el reglamento del evento, enviado en el correo electrónico a las empresas, se advertía ese punto. “Es obligación del expositor realizar por sus propios medios el montaje y desmontaje del stand, además de cumplir con los estándares de calidad y presentación acorde con la magnitud del evento”, refiere el texto.

La fuente también agregó que tras haber pagado a Multiservicios Virgemis por el espacio, el “interlocutor oficial” ha sido personal de la Gobernación de Aragua, especialmente ligado a Sedecoex.

La empresa de Johansson Fuentes también ofreció la posibilidad a los expositores para cancelar si querían convertirse en “patrocinador” del evento, para lo cual las compañías interesadas debían pagar desde 600 mil hasta 1,5 millones de bolívares, dependiendo de si el patrocinio era “plateado”, “dorado” u “oficial”.

Trajeado para la ocasión, El Aissami hizo de anfitrión en la inauguración del evento y proclamó que “Expo Venezuela debe ser un gran golpe de timón en el campo económico, lo que va a ocurrir en estos cuatro días marcará el rumbo histórico de la patria productiva, de la Venezuela potencia”. Algo que quizás Johansson Fuentes y su empresa Multiservicios Virgemis ya anticipaban.