Luces, cámara y acción. Aparece el protagonista y pronuncia su línea con voz y gesto graves: “Si aquí alguien pusiera un dispositivo para explotar, no quedaría nada”. Es Diosdado Cabello Rondón, Ministro de Relaciones Interiores, quien actúa en un galpón industrial de El Tigre, estado Anzoátegui, acondicionado para la ocasión como un set de televisión. 

Allí se escenificaba un allanamiento el pasado 14 de agosto. “Si todo esto explotara al mismo tiempo tendría una onda letal de 911 metros, casi un kilómetro, no quedaría nada, ni nadie”, insistía Cabello quien, para aumentar tanto la verosimilitud como el efecto dramático de la puesta en escena, pasó a describir con lujo de detalle el tipo de explosivos encontrado en el lugar. Las cámaras lo seguían en una especie de travelling mientras recorría el lugar, junto a un séquito de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, policía política) y del denominado Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES). También lo acompañaba el gobernador local, José Luis Marcano, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Apegándose al libreto, lleno de conjeturas y suposiciones, el número dos del chavismo apuró las conclusiones de la investigación para apuntar directamente a la oposición venezolana como instigadora del acopio de explosivos, destinados a una presunta campaña terrorista. Para Cabello se trataba de los rastros de un plan conspirativo contra el régimen de Nicolás Maduro, que vinculó con un complot para llevar a cabo un supuesto atentado que tendría lugar en la Plaza Venezuela de Caracas, pero que los cuerpos de seguridad malograron a tiempo. “Uno revisa los vínculos y se da cuenta de que dos más dos son cuatro, y los vínculos no son buenos”, dijo como para alimentar las sospechas sobre una conspiración más amplia.

Cabello relató que el allanamiento era la culminación de una serie de diligencias detectivescas que había comenzado días antes, el 9 de agosto, en el vecino estado Monagas, y que “parte de esa investigación nos trae hasta el estado Anzoátegui”. 

Los registros se practicaron en sedes de dos compañías vinculadas a la explotación de la cuenca petrolera del oriente de Venezuela, cuyos nombres Cabello no reveló, pero que fuentes confiables identificaron para Armando.info como Servicios Integrales Leimar C.A. (Silca), con oficinas en Anzoátegui y Monagas, y Técnica Petrolera WLP, con presencia solo en Monagas, cuyo propietario es un empresario italiano de 77 años de edad que ahora se encuentra bajo arresto. 

Ambas empresas tienen un largo historial de negocios con la estatal petrolera Pdvsa, según consta en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), algo que ya de por sí refuta algunas aseveraciones de Cabello al respecto. Además, se sabe bien que los explosivos son suministros indispensables para diversas etapas de la prospección y producción petrolera. Así que, anticipándose a la obvia coartada que se desprende de ambas consideraciones, el ministro del Interior se apresuró a precisar que “no hay explosivos sólo para la industria petrolera, si es explosivo, es explosivo, y le hace daño a cualquiera donde explote”.

Pero la salvedad que por adelantado Cabello Rondón extendía a su pretendida investigación no alcanzó a cubrir otras inconsistencias que saltan a la vista al examinar las imágenes del operativo policial que, en su momento, transmitió la estatal Venezolana de Televisión (VTV), así como las que contienen las fotografías difundidas por el propio Ministerio de Relaciones Interiores. Por ejemplo, buena parte de los explosivos fueron fabricados en alianza con la empresa argentina Explosivos Tecnológicos Argentinos S.A (Etasa) por la estatal Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), que el Ministerio de Defensa controla; otra parte de lo incautado corresponde a productos de empresas trasnacionales cuya importación depende de permisos que solo otorgan la propia Cavim y la Dirección General de Armas y Explosivos (Daex). Por si fuera poco, en los galpones se encontraron muchos explosivos vencidos. 

Estos son solo algunos de los pormenores que, sumados, no solo permiten tener dudas sobre la versión oficial. También ofrecen fundamentos para afirmar que la presunta conjura para cometer atentados explosivos es una trama prendida con alfileres, a punto de volar en pedazos.

Dudas explosivas

Una de las afirmaciones que sostuvo Cabello durante el allanamiento del 14 de agosto era que la compañía del galpón tenía ocho años sin contratar con Pdvsa, una circunstancia que condimentaba sus sospechas. “Si no tienes trabajo con Pdvsa, ¿por qué tienes esta cantidad de explosivos aquí? ¿Por qué tienen esa cantidad de explosivos en Maturín, que son las mismas empresas? ¿Qué iban a hacer con eso? ¿Generar el caos en este país? ¿Cuántas muertes iban a causar?”, cuestionó. 

Tanto ese almacén, como otro donde el Ministro de Relaciones Interiores y su elenco habían incursionado días antes en Monagas, pertenecen a Servicios Integrales Leimar, o Silca. Según el RNC, esta compañía acumuló 39 contratos con Pdvsa y otras filiales de la estatal petrolera, como Pdvsa Gas, o con empresas mixtas como Petromonagas o Petropiar, de 2013 a 2020, un historial que desmiente la versión de Cabello. 

Los contratos correspondieron a la prestación de servicios como “perfilaje para pozos en hoyo abierto”, “servicio integral de guaya eléctrica” o “servicio integral de guaya eléctrica para cañoneo convencional de pozos”, entre otros que requieren del manejo experto de explosivos, como los mostrados por Cabello en televisión.

Pero la relación entre la empresa y Pdvsa se mantuvo hasta fechas aún más recientes, a juzgar por informaciones publicadas en redes sociales. En su perfil en Instagram, Servicios Integrales Leimar reseñó algunas reuniones que celebró con trabajadores de Pdvsa entre agosto y septiembre de 2023. En la misma cuenta de esa red social se ve al gobernador de Anzoátegui, José Luis Marcano, funcionario que más tarde acompañaría a Cabello en los allanamientos, mientras saludaba al personal de Silca en la Expo Industria Anzoátegui 2023, realizada en septiembre de ese año en Lechería, una ciudad turístico-comercial aledaña a Barcelona, capital del estado.

Fuentes de la industria petrolera aseguraron que hasta 2024, al menos, conocieron de servicios prestados por la compañía a Pdvsa en el norte de Monagas. “Ellos son expertos en explosivos, siempre se ha pensado que tienen buenas relaciones con el gobierno por la cantidad de contratos y el stock de explosivos que manejan”, destacó una fuente que pidió reservar su identidad.

Los dueños de Servicios Integrales Leimar son Óscar José Leiva Castillo y sus hijos, Jimmy José Leiva Martínez y José Ángel Leiva Martínez. Los tres son también socios de una sociedad homónima registrada en Florida, Estados Unidos, en 2018. Fuentes conocedoras de la empresa aseguraron que los tres fueron detenidos tras los allanamientos. La compañía no contestó ninguna de las peticiones de entrevistas que el autor de esta historia envió por correo electrónico.

¿Por qué Diosdado Cabello aseguró que tenían ocho años sin contratar con Pdvsa? La respuesta a esa interrogante podría encontrarse en una confusión que tiene origen en la historia misma del emprendimiento, que cambió de nombre sobre la marcha.  Servicios Integrales Leimar se creó en 2007, pero Leiva Caatillo había fundado antes la Cooperativa Cable Petroalca 12 R.L. “Servicios Integrales Leimar C.A nació en el año 1999 en la ciudad de El Tigre, Anzoátegui, como Cooperativa Cable Petroalca 12 R.L. (...) Tenemos una larga lista de clientes satisfechos en Pdvsa y en las diferentes empresas asociadas a ella”, cuenta la empresa en su sitio web.

Según el RNC, la pionera Cooperativa Cable Petroalca 12 R.L también tuvo un largo recorrido como contratista de Pdvsa. Entre 2006 y 2017 acumuló hasta 24 contratos con la estatal petrolera y varias de sus filiales en el oriente del país. El último contrato adjudicado a su nombre data de 2017, hace justamente ocho años, el período sin contratar al que Cabello hizo referencia.

Cabello también insinuó que los dueños mantenían relaciones cercanas con con dirigentes de la oposición. “Cuando tú revisas quiénes son los dueños, quién es la consultora jurídica de la empresa, los vínculos que tienen con los sectores extremistas de La sayona [apodo con el que alude comúnmente a María Corina Machado, la líder de oposición que hoy se encuentra en la clandestinidad], entonces ya todo queda muy claro y es parte de esta investigación”, soltó como una conjetura pre-probada el 14 de agosto, durante el allanamiento al hangar industrial de El Tigre. 

Sin embargo, lo verificable en documentos es que dos de los socios de Servicios Integrales Leimar, Óscar Leiva Castillo y José Leiva Martínez, aparecen inscritos en el PSUV. 

Cabello abundó en otras conexiones de la presunta conspiración, entre ellas, los vínculos “de la consultoría jurídica”. Entre el primer allanamiento, del 9 de agosto en Monagas, y el del 14 de agosto en Anzoátegui, el ministro hizo una presentación ante la Asamblea Nacional, en la que informó sobre la detención de la jueza Lisbeth Del Valle Rondón y de su esposo, que sirve como abogado a Servicios Integrales Leimar. “Inmediatamente una juez llamó y dijo: ‘tengan cuidado porque ahí hay gente importante’, bueno, esa juez va a tener que rendir cuentas a la justicia porque alguien la llamó a ella y que aclare la duda”, dijo Cabello. 

El diario oficialista Últimas Noticias informó luego que la jueza Rondón fue imputada por “retraso u omisión intencional de funciones (agravado), persuasión e inducción a delinquir, uso indebido de información o datos reservados y agavillamiento”, y que el presidente del Circuito Penal de Monagas, José Luis Arzolay, también fue citado a declarar ante agentes de la Policía Nacional luego de la detención de la jueza. 

Técnica Petrolera WLP fue la otra empresa que habían allanado el 9 de agosto en Monagas. También cuenta con un historial nutrido como contratista de Pdvsa. Fundada en 1997, entre los años 2000 y 2024 captó 60 contratos de la estatal petrolera y varias de sus filiales, especialmente en el oriente del país, en trabajos como el de cañoneo de pozos con explosivos. El dueño de la compañía es el empresario italiano Luigi Gasperin, quien fue detenido tras el allanamiento de la oficina principal de la compañía en la avenida Ugarte Pelayo de Maturín, capital del estado Monagas. Fuentes confirmaron que autoridades diplomáticas italianas ya tienen conocimiento del caso. 

Una imagen vale más que un cuento

Las fotografías difundidas por el Ministerio de Relaciones Interiores arrojan más dudas sobre el supuesto complot que Cabello Rondón proclamó haber destapado. 

En varias de las cajas contentivas de cargas huecas, un tipo de explosivo que se usa para los trabajos de cañoneo en los pozos petroleros, se leen rótulos que confirman que fueron producidas con Cavimeta, esto es, la alianza entre la empresa de la Fuerza Armada, Cavim, y la compañía argentina Explosivos Tecnológicos Argentinos S.A (Etasa). 

“Cavim es el único ente que puede vender y la Daex [la Dirección General de Armas y Explosivos] da los permisos”, explicó una fuente que pidió reservar su nombre por lo “delicado” del caso. 

Pero durante los allanamientos en los galpones de Anzoátegui y Monagas, Cabello insistía en su tesis de que “no hay explosivos solo para petróleo”, como remachó el 14 de agosto en las instalaciones de Servicios Integrales Leimar. 

Medios de comunicación adscritos al oficialismo, como La Tabla, a la postre replicados ante audiencias internacionales por la cadena TeleSur, fueron aún más lejos al comparar el hallazgo en los depósitos industriales al oriente del país con un caso reportado por la prensa internacional, en el que explosivos de la argentina Etasa terminaron en manos del grupo terrorista ISIS en Siria. 

“Lo que inicialmente parecía un alijo de material para la industria petrolera rápidamente adquirió tintes de amenaza terrorista: las cargas, según evidencia técnica y documental recopilada por la plataforma investigativa La Tabla, son idénticas a las utilizadas por el Estado Islámico (ISIS) en Siria entre 2014 y 2017”, reseñó la cadena TeleSur el 10 de agosto, tras el primer allanamiento en Monagas.

Tanto esa presunta revelación investigativa como el propio Cabello Rondón pasaban por alto que Etasa es socia de la Fuerza Armada venezolana a través de Cavim. y que fueron ellos quienes fabricaron las cargas huecas, precisamente, para proveer a compañías del ramo petrolero como Servicios Integrales Leimar o Técnica Petrolera WLP. 

La alianza entre los argentinos y Cavim, que no es nueva sino que se remonta al año 2000, se formalizó bajo el paraguas de una persona jurídica registrada en Venezuela, Explosivos Tecnológicos Venezolanos C.A. La planta conjunta, ubicada en instalaciones militares a las afueras de Maracay, capital del estado Aragua, fue inaugurada tres años después. “Desde este momento [año 2003] hemos estado produciendo cargas huecas para satisfacción del mercado nacional”, se lee aún hoy en una página web que, en cualquier caso, luce desactualizada. 

La información corporativa de Etasa, la empresa argentina aliada con Cavim, también menciona la planta de Venezuela como uno de los lugares donde fabrica explosivos para la industria petrolera y pone los datos de la fábrica en su información de contacto. 

Pero nada de eso fue tomado en cuenta por Cabello Rondón a la hora de construir su relato. Por el contrario, insistió en la peligrosidad de las denominadas cargas huecas si se le da un uso distinto al de la industria petrolera: “Esto que tenemos aquí para un terrorista es oro puro (...) Esto explota y se parte en mil pedazos, son esquirlas, como una granada”, explicó en el allanamiento del 9 de agosto con uno de esos explosivos en la mano.

Para agregar dramatismo, el ministro de Interior no excluyó la posibilidad de que en esa nave industrial pudiera encontrarse C4, un explosivo plástico usado con frecuencia en atentados con bombas por su potencia, maleabilidad y facilidad de transporte: “No descartamos que en esas cajas haya C4, que en esas cajas haya dinamita, que en esas cajas haya otros elementos explosivos”, se aventuró a decir 

Una providencia administrativa de la Daex establece que ninguna compañía petrolera puede tener más de 50 kilogramos de explosivos almacenados en sus dependencias pero, según Cabello, solo en el depósito de Servicios Integrales Leimar en El Tigre había un total de 1.500 kilogramos de explosivos.  

En el resto de fotografías difundidas por las autoridades se ven productos fabricados por empresas trasnacionales dedicadas a la producción de explosivos de uso industrial, como Dyno Nobel, Core Laboratories o Jet Research Center, entre otras.

Las imágenes también revelan la presencia de explosivos vencidos en los galpones de Servicios Integrales Leimar, tanto en Anzoátegui como en Monagas. En algunos casos, los productos fueron fabricados hasta hace más de diez años, según se desprende de las etiquetas y los empaques.

Tras los allanamientos televisados y comandados por Cabello Rondón la suerte de ambas contratistas de Pdvsa es incierta. En el caso de Servicios Integrales Leimar, los trabajadores ni siquiera cobraron el pago quincenal que debieron recibir a finales de agosto, según confirmaron fuentes a Armando.Info.

Como para que no quepan dudas, la empresa se llama Eliminalia. Es española, con sede en Barcelona. Garantiza desaparecer a petición cualquier enlace o liga a sitios web donde aparezca el nombre del cliente dentro de Google. Para ello pone a disposición de clientes y prospectos su capacidad de hacerlo no solamente con enlaces de noticias o reportajes periodísticos publicados online por un medio de comunicación, en cualquier portal o blog, sino también en las distintas redes sociales y hasta en sitios web de instituciones públicas u oficiales. Es el sueño de quien desee obrar mal, o ya lo hizo, sin dejar rastro. 

Eliminalia es uno de tantos proveedores de ese servicio. Pero es de los que más utilizan una modalidad de retorcida simpleza con la que sirven a los intereses de sus clientes mientras, de paso, molestan e intimidan a los medios informativos, poniendo engañosamente a su favor las reglas de juego de la red: se trata de la creación de falsas denuncias por derechos de autor que terminan por forzar a buscadores como Google a retirar el contenido. 

Un estudio de la organización sueca Qurium Media Foundation, dedicada a la defensa de los derechos digitales y seguridad en Internet, se llevó a cabo en abril pasado con foco en esa usanza. Su análisis forense apuntó a más de 250 páginas web falsas, que resultaban ser dominios creados por Eliminalia para clonar información de medios de comunicación legítimos y, con estas identidades falsas, reclamar esos contenidos como propios. Los resultados del estudio son reveladores, especialmente para Venezuela: por ejemplo, uno de esos resultados fue la certeza de que el vicealmirante Padilla contrató a Eliminalia. 

La organización sueca comprobó la vinculación de 16 de esos dominios con solicitudes fraudulentas enviadas a Google a nombre de clientes venezolanos para que borrara contenidos por violar derechos de autor de acuerdo con la ley DMCA (Digital Milennium Copyright Act), una legislación aprobada en Estados Unidos en 1998 para proteger los derechos de autor en Internet.

El estudio detectó la existencia de 92 solicitudes falsas de DMCA enviadas a Google entre mayo de 2019 y marzo de 2021. Once países concentraron los reclamos, con la curiosa figuración de Venezuela entre las tres naciones con mayor cantidad de denuncias fraudulentas, 16 en total, después de Taiwán (con 26) y la propia España (con 17). 

La nueva táctica representa una evolución en las formas de Eliminalia, que en una primera fase solía enviar -todavía lo hace- a medios y periodistas notas de advertencia o peticiones argumentadas en nombre de sus clientes, en las que a menudo aludía a posibles infracciones a leyes o principios internacionales en favor de la dignidad o la memoria de los individuos. La redacción de los mensajes dejaban la sensación de que los periodistas, si no atendían a la solicitud de borrar los nombres y hechos de los clientes de Eliminalia, se exponían a acciones legales en jurisdicciones europeas. Pero ahora la agencia parece más orientada a acudir a los hechos consumados y, engañando a Google, a forzar la salida del aire de los contenidos perjudiciales para sus contratantes.

Sin escrúpulos, Eliminalia y sus pares se valen para ello de una vulnerabilidad de la normativa DMCA. Por un lado, la empresa crea un sitio web falso que se hace pasar en ocasiones por un medio digital; al mismo tiempo, copia el artículo periodístico original de un medio informativo verdadero, lo publica en esa web falsa pero le asigna a la copia una fecha de publicación anterior al artículo original y legítimo. Con ese detalle de la fecha reclama los supuestos derechos de autor que, en realidad, no tiene. El servidor se ve obligado a retirar el contenido o el buscador a desindexarlo. El artilugio funciona.

“El problema es que la legislación DMCA no obliga que la persona que denuncia sea la parte involucrada. Yo puedo decirle a Google que hay una violación de copyright porque he visto el mismo artículo en dos páginas web. Y además no tengo la obligación de autentificarme, puedo decir que soy el autor pero no me van a pedir una prueba”, explica Tord Lundstrom, director técnico de Qurium y uno de los autores del análisis forense que determinó las solicitudes falsas de DMCA. 

Precisa, además, que por tratarse de una ley nacida en Estados Unidos, país de raíz protestante cuya legislación castiga el perjurio con fuerza, se asume de entrada que la persona que presenta la denuncia está diciendo la verdad, pues de lo contrario se estaría exponiendo al riesgo de, precisamente, enfrentar un eventual cargo por perjurio.

“Google no tiene más remedio que creer, verifica la fecha de publicación y da por hecho que eres el autor. Google deja la ventana abierta al abuso”, sostiene Lundstrom. 

En la práctica, Google se convierte en un juez sin serlo, apunta Carlos Guerrero, abogado especialista en derechos digitales y director del Instituto para la Sociedad de la Información, con sede en Perú. Recuerda que la Ley DMCA tuvo su origen en el cabildeo de corporaciones de la industria cultural, como disqueras y cinematográficas, que veían en las prestaciones de Internet una ampliación exponencial de las capacidades para piratear sus productos. No les faltaba razón: el mp3 y Napster fueron hitos fugaces de un acceso libérrimo a los bienes culturales. El principio era prevenir, o detener lo más rápido posible, el uso redituable de contenidos ajenos por parte de eventuales infractores. Pero con la llegada de la era de Spotify y Netflix y enterrada ya la utopía, ciertas prevenciones no tienen razón de ser, amén de que las tecnologías han mejorado. 

Pero la DMCA no se ha modernizado al mismo ritmo. Por eso el procedimiento que establece sigue siendo drástico: bajar de la red contenidos tras recibir una notificación de violación de los derechos de autor; solo después de eso es que la persona señalada del presunto plagio puede defenderse y probar que es inocente. 

“Son mecanismos express, rápidos, para bajar contenidos. Probablemente una máquina detecta los requisitos y actúa, no hay un humano revisando si procede o no la denuncia”, detalla Guerrero.

De este modo resulta posible que un periodista que corrió riesgos cubriendo una información y no durmió varias noches redactándola, de pronto reciba una notificación de que esa obra ha sido puesta fuera de línea porque alguien más reclama los derechos sobre ella. Sorprendente, casi risible, pero ya bastante frecuente para medios periodísticos venezolanos. 

La veta boliburguesa

La Venezuela chavista es uno de los principales mercados extranjeros para Eliminalia. Qurium detectó varios nombres de personas, venezolanos o extranjeros con vínculos de negocios con Venezuela, que han solicitado los servicios de esta empresa española para lavar su reputación, no solamente con las tácticas de falsas denuncias de DMCA sino con las demás opciones que ofrecen. 

La cruzada emprendida por el vicealmirante Padilla Di Biasi en 2019 no es la única destacable de la investigación realizada por Qurium. Sobresalen otros nombres: Diego Adolfo Marynberg, Charles Henry de Beaumont, Majed Khalil Majzoub, Isaac Sultán Cohen y Elías Ramón Koury Guevara. Además, entre los clientes de Eliminalia interesados en borrar sus menciones específicamente en medios venezolanos -según se confirmó con Qurium para este reportaje-, también figuran empresas privadas como la Compagnie Bancaire Helvétique (CBH Bank, de Suiza), un controvertido banco de Ginebra, y personajes de otras latitudes como el argentino Lázaro Báez, acusado de lavado de dinero de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner. Todos han contratado sus servicios, en una o varias oportunidades, entre 2016 y 2020.

La organización sueca ha publicado dos informes sobre Eliminalia advirtiendo de sus tácticas, y en el más reciente, de abril de 2021, llegó a identificar también los temas más comunes de los textos que supuestamente violaban derechos de autor o copyright y fueron objeto de solicitudes de supresión por parte de Eliminalia: casos de fraude empresarial y financiero, corrupción, casos de acoso o abuso sexual, conexiones con grupos mafiosos o de crimen organizado, reportes sobre impacto ambiental causado por empresas y violaciones de derechos humanos. 

Valga un ejemplo: en febrero de 2021 una denuncia de falsa propiedad intelectual llegó a Armando.info. El aviso pretendía obligar al portal a borrar un reportaje publicado en agosto de 2020, resultado de una investigación conjunta con El País de Madrid, que detallaba quién era el joven empresario mexicano Joaquín Leal Jiménez, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La historia ahondaba en la relación de Leal con un socio venezolano: Axel Capriles Hernández. 

El aviso hacía ver que el contenido había sido publicado originalmente por un blog llamado primerapagina.site (actualmente inexistente), pero el reclamo inventado no logró su objetivo de censurar. Si bien para este reportaje no se pudo comprobar ningún vínculo de Eliminalia en este caso, permite ilustrar junto a otros cómo se aplica y cuál es el alcance de una técnica emergente.

En abril de 2020, el sitio web venezolano de Acceso a la Justicia, organización civil dedicada a la defensa de los derechos jurídicos, estuvo fuera de línea durante 15 días. La drástica medida fue antecedida por dos quejas de violación de propiedad intelectual. 

La primera fue en diciembre de 2019 y aludía a un análisis sobre un fallo del Tribunal Supremo de Justicia, un tipo de artículo que suele publicar la organización en su portal web. La solicitud de remoción del contenido refería a la existencia de un blog, con la misma información, con fecha de publicación el día anterior al texto original; la segunda denuncia llegó en marzo de 2020 y en esa ocasión el servidor web de la organización decidió suspender el acceso al portal, por lo que estuvo caída durante dos semanas. 

Este hecho irregular fue registrado en el informe “Abuso del derecho de autor para censurar en América Latina”, de la organización no gubernamental venezolana Espacio Público. En sus líneas presenta una explicación que resulta vital para entender el riesgo de estos reclamos fraudulentos: la ley DMCA obliga a los proveedores de servicios de Internet (Google, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, GoDaddy) a eliminar cualquier contenido de sus sitios. Y es así porque la mayoría de estas plataformas tienen sede en Estados Unidos, país de origen de la ley DMCA. “Lo que les afecta a ellas nos afecta a nosotros como usuarios”, agrega Guerrero, el abogado, desde Perú. 

Meses después de lo ocurrido con Acceso a la Justicia, el medio digital La Gran Aldea vivió un hecho similar, también detallado en el informe de Espacio Público. De nuevo, una falsa denuncia por DMCA les conminaba a eliminar un contenido por supuesto plagio. Este medio logró confirmar que la solicitud tenía vinculación con un artículo sobre Haiman El Troudi, exministro de Transporte involucrado en la trama de corrupción de Odebrecht. Cierto que en ninguno de estos dos incidentes se pudo identificar la actuación de Eliminalia, pero en otro episodio sí. 

El ex ministro y ex diputado Haiman El Troudi, o quienes forman parte de su círculo íntimo, también han hecho llegar solicitudes de remoción de contenido a Armando.info. Pasó en junio de 2020 y no fue bajo la modalidad de una falsa denuncia de derechos de autor por la ley DMCA, sino una petición por correo electrónico, otra de las tácticas más usadas y más comunes para pretender eliminar contenidos periodísticos en Internet. Puntualmente buscaban borrar información sobre la esposa de El Troudi, María Eugenia Baptista Zacarías.

Con ayuda de Qurium, Armando.info pudo confirmar para este reportaje que esa petición fue realizada desde Eliminalia, vía correo electrónico desde un servidor localizado en Ucrania, con una de las cuentas falsas que usa la empresa española, en este caso “abuse@legal-abuse.eu”. Todo lo anterior quedó registrado en el cabecero del mensaje junto a la dirección del remitente.

La comunicación solicitaba “muy amablemente” eliminar el reportaje con el título de Haiman El Troudi no tiene quien lo investigue en sus dos versiones, en castellano e inglés, o “la ocultación de la referencia a la identidad de Maria Eugenia Baptista Zacarías en los buscadores de internet mediante la adopción de medidas tecnológicas, tales como la utilización de códigos robots.txt o instrucciones noindex, etc, para que la página web de la hemeroteca digital en que aparezca su información obsoleta y gravemente perjudicial no pueda ser indexada por los buscadores de internet de los siguientes enlaces publicados”.

Lo anterior, escrito así textualmente, fue presentado bajo un aparente paraguas legal donde citan dos artículos de la Constitución venezolana vigente, la de 1999, el 60 (sobre el honor y la reputación) y el 28 (destrucción de datos), copiados en el cuerpo del correo que, además, mezcla esta legislación venezolana con otra europea. Para reforzar el punto, el mensaje usualmente aparece firmado por un dominio registrado en la Unión Europea, acompañado por un texto que insiste en asegurar que dicho correo es confidencial y está sujeto a demandas civiles. Una estrategia que varios identifican como amenazante y que busca como reacción inmediata que el medio de comunicación elimine el contenido y no ventile la razón por la que lo hace. 

Tres correos más, de características similares y provenientes de servidores web de Eliminalia, han llegado a Armando.info. Dos a nombre de Charles Henry de Beaumont y uno a nombre del CBH Bank (Compagnie Bancaire Helvétique S.A), en 2019. De Beaumont es el asesor financiero de origen francés que manejó el dinero de varios empresarios y funcionarios que vieron crecer sus fortunas con el chavismo y buscaron a este gestor para administrarlas. Lo hizo a través del CBH Bank, entidad suiza de banca de inversión regida parcialmente por el estricto secreto bancario del país alpino, y cuyos movimientos quedaron al descubierto en Conexión Suiza, investigación conjunta de los medios venezolanos  Armando.info, El Pitazo y Runrunes, y el español El Confidencial.

“Lo que hemos visto en Venezuela, sobre el trabajo de Eliminalia, es que aboga por personas vinculadas con la corrupción general en el país, con contratos amañados, amigos que hicieron contratos con petroleras”, dice Lundstrom, el director técnico de Qurium. 

Los correos enviados para eliminar las menciones y reportajes sobre De Beaumont y el CBH Bank también llegaron desde una dirección falsa “@legal-abuse.eu” de las manejadas por Eliminalia, con un formato idéntico al correo sobre El Troudi pero con un argumento legal distinto: el derecho al olvido y el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Detalles intimidantes para dar apariencia legal.

Carlos Gaio, abogado de la organización Media Defence, con sede en Londres, aclara que no existe una ley europea sobre derecho al olvido sino una interpretación judicial que solo tiene jurisdicción en la Unión Europea. Esa interpretación, así como la protección de datos, no se pueden aplicar extraterritorialmente. “Es difícil que un tribunal europeo pierda el tiempo en una demanda fuera de su jurisdicción”, acota. Con él coincide Guerrero, el abogado especialista en derechos digitales.  

Desindexar, antes conocido como eliminar

La organización sueca le ha seguido el rastro a Eliminalia en varios países y a partir de los análisis forenses y digitales que ha hecho sobre ellos concluye que, por ejemplo, Eliminalia comenzó a trabajar con clientes venezolanos en 2016. No sabe quién es el representante comercial de la española en el país, si es que lo hay, aunque conoce versiones sobre una persona designada por la empresa para Latinoamérica, que se movería por varios países en busca de negocios. En Suramérica esta compañía dice tener presencia en Ecuador y Bolivia, en el Caribe cuenta con una oficina en República Dominicana (en Cap Cana, curiosamente), y en Norteamérica están en México y Estados Unidos (Miami y Los Ángeles).

Suele manejarse por contratos y en ellos acostumbra incluir un listado de links susceptibles a ser eliminados o relegados en buscadores como Google. Hay quienes llegan a pagar sumas de hasta 400.000 dólares por este tipo de limpieza reputacional, de acuerdo con la información de Qurium, pero el dinero termina en Ucrania, no en España. 

“Ellos tienen dos métodos, el inicial es mandar un mensaje amenazante, el otro es citar los artículos para desindexar”, detalla Lundstrom. 

En el mundo digital indexar es, con seguridad, uno de los verbos más importantes para todo el que quiera tener presencia en Internet o, con más precisión, en Google, el motor de búsqueda más usado mundialmente. La Real Academia Española define indexar como la acción de “registrar ordenadamente datos e informaciones para elaborar su índice”, y Wikipedia se refiere a la indexación como los “diversos métodos para incluir en el índice de Internet el contenido de un sitio web”. Desindexar, por lo tanto, se refiere a la acción de eliminar de ese gran catálogo de contenidos una información. 

Guerrero, el abogado especialista en derechos digitales, explica que la desindexación puede ocurrir por dos vías: que el autor del contenido elimine el enlace o manipule el código de la web o del enlace para que Google no lo incluya entre sus contenidos (es lo que hace el robot .txt), o que Google lo desindexe por un pedido, como por ejemplo la DMCA o por leyes de protección de datos personales vigentes en determinados países. “El problema es que la DMCA se ha convertido en un instrumento para la censura cuando no tiene que ver con eso”, reitera el abogado.   

Empresas como Eliminalia elevan una petición a Google para desindexar datos pero también ofrecen un servicio, en apariencia más inocuo, que termina por aplicar censura indirecta. 

Valiéndose de la tecnología, son capaces de crear un nuevo sitio web o supuesto medio de comunicación, publicar allí numerosas noticias positivas sobre distintas facetas del cliente (como deportista, artista, emprendedor o benefactor), hacer que Google crea que esos contenidos son legítimos, y con ellos inundar el índice de resultados que arroja Google cuando se consulta ese nombre, por ejemplo. También abren redes sociales a esos falsos medios o blogs para replicar la información en esos espacios y seguir abultando con los links de las redes sociales el índice de resultados.

De esta manera, los contenidos basura o spam se posicionan de primeros y el link con la investigación periodística legítima, pero acusadora, que habla sobre esa persona o empresa en particular, va desapareciendo de los primeros resultados del índice, hasta quedar relegada a posiciones lejanas en los resultados de Google. Cuando esto se logra se está ante una censura indirecta, porque el contenido no está eliminado pero se desestimula llegar a él, hasta hacerlo casi imposible.

“A nivel práctico nadie va a buscar un resultado en la página cuatro”, dice el representante de Qurium, y apunta algo más. Cuando la empresa española, o cualquiera que ofrezca el servicio de lavado de reputación, logra enterrar un reportaje, noticia o investigación, el medio de comunicación afectado no tiene cómo detectar que eso ha ocurrido. “No te das cuenta de que hay un acto de censura indirecta. A veces no envían ninguna notificación al medio para que eliminen el contenido porque saben que no habrá negociación”, advierte Lundstrom. 

El reciente 5 de julio llegaron a Armando.info tres notificaciones de Google avisando que el gigante de búsquedas en Internet había desindexado tres reportajes por una denuncia de derecho de autor sustentada en la DMCA. Las tres piezas periodísticas tenían que ver con Odebrecht y las supuestas páginas web que reclamaban la autoría eran dudosas, no solo por su procedencia -una provenía de los Territorios Palestinos y otra de Panamá-, sino además porque no reportaban el supuesto enlace original. Todo esto pudo verificarse en la base de datos de Lumen, un proyecto del Centro Berkman Klein para el Internet y la Sociedad de la Universidad de Harvard, en Massachussets, Estados Unidos, que sirve como repositorio de las denuncias de derecho de autor por la ley estadounidense.    

Las dudas sobre esas páginas web derivan, además, de otro hallazgo. Más de 250 sitios web falsos, creados por Eliminalia, han sido detectados por Qurium en sus investigaciones. Incluyen nombres de países, ciudades y homónimos a medios digitales de trayectoria.

La empresa española no respondió las solicitudes de información sobre sus servicios, métodos y clientes venezolanos que fueron enviadas por Armando.info a sus correos de contacto.

Quedaron en Internet como recién nacidos

¿Qué podría desear el vicealmirante Padilla Di Biasi, protagonista de las primeras líneas de esta historia, que se borrara de su pasado? Su nombre pudo ser detectado por Qurium Media Foundation como uno de los clientes venezolanos que han contratado los servicios de Eliminalia. Muy a su pesar, seguramente, aún pueden conseguirse algunas noticias que recuerdan el paso breve, de menos de dos meses, del alto oficial de la Armada venezolana por la presidencia de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), y la escueta denuncia realizada en su contra por un personaje de peso en el chavismo, José Vicente Rangel, fallecido en diciembre pasado.

En su recordado programa dominical de televisión, José Vicente hoy, el ex vicepresidente y ex canciller de Chavez, además de mentor de Nicolás Maduro, reveló un dato confidencial según el cual la destitución de Padilla Di Biasi se debía a una investigación que, sobre él, había realizado la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), a solicitud personal del propio Maduro. A este anuncio de Rangel, de octubre de 2014, le siguieron especulaciones sobre el uso de aviones de la petrolera estatal Pdvsa para viajes privados del vicealmirante. 

Eliminalia le propuso al vicealmirante suprimir varios enlaces del Ministerio Público y de otros sitios web que llevaban a las ediciones de la Gaceta Oficial donde fueron oficializados los nombramientos de Padilla Di Biasi dentro del Ministerio de la Defensa como responsable del manejo de los fondos de funcionamiento de la Unidad Administradora Central de ese despacho, así como su designación como presidente de Cavim, en agosto de 2014. 

Además incluía enlaces web de noticias sobre su destitución, vínculos que revelaban la existencia de empresas privadas a su nombre o a su cargo, registradas en Venezuela y en España, por ejemplo, e incluso un enlace de Armando.info que dirige a la base de datos de la investigación Outsourcing Militar, serie que narra el doble rol de los militares activos que a la vez actuaban como contratistas del Estado. Allí Padilla Di Biasi quedó registrado como uno de los vocales de la directiva de Seguros Horizonte, la compañía aseguradora propiedad de militares. 

No fue posible contactar directamente al vicealmirante para este reportaje. Tras buscarlo a través de dos de sus empresas registradas en el país, Grupo Agroindustrial FG y Logística Agropecuaria 77, se pudo conocer que ya no vive en el país. Su abogada precisó que estaba radicado en España desde hace un tiempo y que le haría llegar el mensaje. Ante el Registro Mercantil de España, Padilla Di Biasi aparece como apoderado de la empresa Veneinnova General Service SL.

Diego Marynberg quiso borrar algunas informaciones sobre una de sus empresas, Adar Capital, con Eliminalia. Este empresario y financista argentino-israelí mantuvo presencia en Venezuela durante más de 20 años, pero con mayores beneficios para sus fondos de inversión entre 2006 y 2017. 

En los años férreos del control cambiario, cuando los negocios estaban sedientos de dólares y el mercado negro presentaba una gran brecha para la fuga de fondos públicos, Marynberg logró tener acceso a dólares preferenciales. Se estima que con una de sus empresas, Adar Capital Partners, llegó a manejar operaciones que sumaron alrededor de 1.500 millones de dólares solo entre 2014 y 2015. Los movimientos de varias de sus compañías con actores venezolanos fueron seguidos por la unidad de delitos financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como reveló la investigación global de los FinCEN Files a finales de 2020.

Majed Khalil Majzoub, Isaac Sultán Cohen y Elías Ramón Koury Guevara no solo tienen en común el haber buscado los servicios de Eliminalia para enterrar ciertas informaciones. Los tres son empresarios, con compañías que han resultado favorecidas en años del chavismo, y con vínculos con funcionarios públicos de peso.

Majed Khalil Majzoub, de origen libanés, es conocido por ser el dueño de Eveba, una marca tradicional de atún enlatado adquirida por él en 2003, y reciente comprador -a través de terceros- de Lácteos Los Andes, otrora empresa privada, estatizada por Chávez y llevada casi a la quiebra, que retornó a manos privadas. Aparte de esas incursiones en categorías de consumo masivo, también ha sido contratista en asuntos de seguridad, energía e informática. Durante años ha estado junto a su hermano Khaled bajo la mira de Estados Unidos, país que muy temprano, en 2004, le revocó la visa por presuntas actividades de lavado de dinero y vínculos con el extremismo islámico. Ha intentado ser proveedor de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP.

Koury Guevara es ampliamente conocido en Anzoátegui, estado del oriente venezolano, por su faceta como contratista del Estado, sobre todo cuando el actual Fiscal General de la República, Tarek William Saab, nombrado por la írrita Asamblea Constituyente en 2017, fue gobernador de la entidad entre 2004 y 2012. En aquellos años las empresas de Koury Guevara y sus familiares fueron beneficiadas con decenas de contratos de la gobernación y el caso llegó a ser investigado por la entonces fiscal Luisa Ortega Díaz, hoy disidente del chavismo y exiliada en Colombia. 

Mientras, Sultán Cohen se ha dedicado al sector portuario, con empresas que operan en Puerto Cabello y en el puerto de La Guaira. En 2014 su nombre figuró junto con el de Tomás Niembro en las negociaciones para la compra de un banco en España. 

Estos dos últimos empresarios han optado por una limpieza de imagen que mantiene en los primeros resultados de búsqueda informaciones que nada tienen que ver con sus negocios. No hay nada que vincule a Koury Guevara, por ejemplo, con Constructora Conkor, una de sus empresas investigadas, o a Sultán Cohen con sus compañías. En cambio, abundan enlaces sobre distintas personas homónimas, con informaciones positivas. Es un rastro típico del paso de los lavadores de reputación.

Guerrero, el abogado especializado en derechos digitales, recuerda que estos nuevos métodos de censura son tan graves que organismos internacionales, como la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han expresado que para sacar contenido de internet debe haber leyes específicas, y que en la divulgación de informaciones de interés público las leyes de derecho de autor y de protección de datos no deberían ser aplicables. 

Pero mientras estas leyes se concretan, en el área gris de las denuncias y manipulación de contenidos en Internet, empresas como Eliminalia seguirán siendo el nuevo y silencioso bolígrafo rojo para las tachaduras de contenidos.