Para esa Andorra enclavada en los Pirineos, entre España y Francia, que había reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, pero dejó de hacerlo en enero de este año, el lejano país caribeño se ha convertido en una piedra en el zapato. Si ya la invitación a Maduro despertó una polémica que amenazaba con empañar el cónclave presidencial trasatlántico, la cizaña venezolana promete más incomodidades ante la postergación, constante y cada vez más difícil de disimular, del juicio a 28 venezolanos -funcionarios altos y medios de la administración de Hugo Chávez- que movieron a través de Andorra al menos 2.000 millones de dólares entre 2006 y 2015.

El juicio se derivó del escándalo de BPA (Banca Privada d'Andorra en catalán, el idioma oficial del Principado; Banca Privada de Andorra en castellano), una de las dos mayores entidades financieras del país, minúsculo en área geográfica pero importante como estación de paso o de asilo para capitales tránsfugas. En 2015 el Departamento del Tesoro sancionó a BPA y le prohibió seguir haciendo negocios con el sistema financiero estadounidense y, por lo tanto, con el dólar. La medida era respuesta, dijeron las autoridades norteamericanas, a las evidencias de que en el banco se lavaban fondos irregulares provenientes de redes de corrupción de Rusia, China y Venezuela.

Desde luego, el castigo de Washington significaba una sentencia de muerte para una operación de servicios financieros y offshore. Al colapso de BPA y de su marca en España, el Banco Madrid, siguió la apertura de averiguaciones y juicios a los responsables de la entidad y, en simultáneo, a los personeros venezolanos que le habían confiado sus dineros negros. Esa secuencia de naipes en caída, cubierta entonces con fruición por medios locales e internacionales, dejó la impresión de que la justicia había quedado servida.

Pero no fue así. De hecho, en 2021 no solo no hay personas condenadas por esos delitos presuntos. El juicio está paralizado en la práctica.

Los ingredientes de esta ralentización son los habituales: presiones políticas y tecnicismos judiciales que mantienen a los criminales de cuello blanco apenas señalados, pero no tras las rejas y menos con condenas. Siendo el principado un país tan pequeño (460 kilómetros cuadrados que albergan a 85.000 personas) no hace falta ser un potentado para desestabilizar un sistema judicial con personal limitado y que desde hace poco trata de actualizarse en cómo procesar delitos relacionados al ámbito financiero. Por ejemplo, apenas en 2017 se incluyó la evasión de impuestos como un delito fiscal y otras actualizaciones legales en torno al blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo.

El gobierno andorrano reaccionó en 2015 interviniendo la Banca Privada de Andorra (BPA) tras recibir un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que establecía la ejecución de prácticas corruptas por parte de funcionarios de la entidad y cuyos “débiles controles han convertido a BPA en un vehículo para que terceras personas vinculadas al crimen organizado blanqueasen capitales”.

El documento tuvo los efectos de un bombazo y enseguida se conocieron decenas de cuentas bancarias a través de las cuales se canalizaron millones de dólares de personajes como el comerciante de contrabandos de origen chino, Gao Ping, o uno de los operadores económicos de la mafia rusa, Andrei Petrov. Sin embargo, el impacto de estos palideció ante los 2.000 millones de dólares que desde 2006 movilizaron a través de BPA una red de casi una treintena de personas, entre funcionarios de la estatal petrolera venezolana Pdvsa, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), viceministros y empresarios amparados por el gobierno de Hugo Chávez, a través de un entramado de empresas de maletín.

Con ello se descorrió la cortina que hasta entonces encubría nombres como los de Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez Cabello, Nervis Villalobos o Javier Alvarado. También quedó al descampado su modus operandi, descrito de la manera siguiente por la jueza andorrana Canolic Mingorance en las “diligencias previas” o investigación preliminar, número 4103434/2012, sobre la que se establecieron las responsabilidades de los señalados: “Se trata, principalmente, de facilitadores de negocio del sector de asesoría energética y los seguros vinculados en aquel momento a los círculos del poder político de su país. Entre ellos se unieron para controlar las licitaciones públicas de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) y la construcción de infraestructuras energéticas, contratadas por filiales de Pdvsa como Corpoelec y Electricidad de Caracas. En la práctica su contratación se convierte imprescindible para conseguir las adjudicaciones y garantizar el cobro a las empresas extranjeras que operaban en el sector energético venezolano”.

Los aludidos justificaban el ingreso de millones en sus cuentas con escuetas facturas -a veces ninguna- emitidas por alguna de las 35 empresas de maletín que se crearon en torno a esta trama, que servían como emisores y receptores de dinero que transitaba por cuentas abiertas en BPA de familiares, esposas, amantes y empleados de los principales señalados que suman, en total, 28 venezolanos. A la mayoría se les acusa según los artículos 409 y 410 del Código Penal de Andorra, que establecen el “delito mayor de blanqueo de dinero” y penas que van de los tres a ocho años de prisión y multas hasta por el triple del valor identificado como “lavado”.

Además de la tardanza en impartir justicia, la parálisis de la causa aleja todavía más la posibilidad, ya escasa de antemano, de recuperar los activos incautados, muy condicionada por la falta de un acuerdo de repatriación de capitales entre Andorra y Venezuela.

Un proceso vulnerable

Al estallar el escándalo, la justicia del Principado tomó unas primeras previsiones clave: congelación de los activos, órdenes de detención para los andorranos involucrados y toma de declaraciones a los venezolanos. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso judicial destacan que, por efecto del tiempo que transcurre y las acciones de los abogados de los señalados, la presión de estas medidas ha aflojado de manera notoria. Una muestra: aunque en 2018 se emitieron once órdenes internacionales de captura a través Interpol por esta causa, ninguna de estas órdenes ha producido efecto a largo plazo.

Solo uno de los personajes más llamativos y que concentró más recursos, Diego Salazar, primo del expresidente de Pdvsa y exministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, permanece bajo arresto, pero en Venezuela. Del resto de los solicitados con orden de captura, llegaron a quedar detenidos por un tiempo Mariela Matheus, supervisora de pagos de Pdvsa, lo mismo que otro supuesto pariente de Rafael Ramírez, Luis Abraham Bastidas Ramírez, ex gerente de logística y servicios de Pdvsa, arrestado brevemente en Buenos Aires. Hoy ambos están en libertad condicional.

Sobre los imputados andorranos, empleados de BPA que en principio estuvieron detenidos, hoy también están libres pero con medidas cautelares.

Las indagaciones a BPA y su cartera de clientes venezolanos comenzaron mucho antes de la intervención del banco en 2015. Por eso la venezolana, aunque compleja, profusa en pistas, nombres y relaciones, es la única causa que ha completado la fase de investigación.

Desde 2010 las autoridades antilavado del Principado habían identificado a un grupo de venezolanos -con el comisario antidrogas y director de criminalística, Norman Puerta, a la cabeza- que abrieron cuentas sospechosas en BPA a través de una sucursal instalada en Venezuela y que trabajaba directamente con otra sucursal de ese banco en Panamá, BPA Serveis.

De esta primera investigación se logró la detención temporal de Puerta, pero no mucho más. Incluso en 2013 el tribunal que conocía la causa, en contra de lo solicitado por los fiscales acusadores, ordenó descongelar algunos fondos de los implicados venezolanos “por falta de pruebas”. Las solicitudes de información, o rogatorias, hechas a Venezuela por parte del Tribunal de las Cortes andorrano no fueron debidamente respondidas desde Caracas por la Fiscalía, entonces capitaneada por Luisa Ortega Díaz, hoy en el exilio.

Sin embargo, aquellos hallazgos llevaron a profundizar las investigaciones y esa causa se “acumuló” -se añadió, según el argot judicial- a la actual, en la que los protagonistas son los funcionarios y socios antes mencionados de Pdvsa y Corpoelec. Hoy día se detallan operaciones tan claras como, por ejemplo, que en un solo día de septiembre de 2010, la empresa Highland Assets -de Diego Salazar y Luis Mariano Rodríguez Cabello- recibió en cinco pagos una transferencia total de 50 millones de dólares por sus servicios de “consultoría y asistencia técnica”.

A pesar de esa antelación y tras más de una década, la única fase completada del proceso judicial venezolano que se lleva a cabo en Andorra es todavía la de investigación. La dificultad para hacer declarar personalmente en el Principado a los involucrados ha sido uno de los elementos que ha pesado para el arranque formal del juicio, cuya preparación ha pasado además por varios entuertos judiciales hábilmente manejados, y hasta propiciados, por los abogados defensores de los acusados, tanto andorranos como extranjeros, entre estos últimos, los venezolanos.

El frenazo más llamativo aplicado al proceso ocurrió a finales de 2018, cuando el abogado defensor, Josep Anton Silvestre, recusó al presidente de la sala del Tribunal de Cortes, Josep María Pijuan, apuntado entonces como quien llevaría la batuta del proceso judicial. Pijuan había hecho público su disgusto por las constantes dilaciones planteadas por los defensores (fuentes cercanas al juicio aseguran que Silvestre ha impulsado al menos 30 acciones o recusaciones contra miembros de la corte, de todo tipo y rango), algo que estos consideraron como una predisposición en su contra que podría afectar a sus defendidos y, a la postre, lograron sacarlo del cargo.

Pasó un año hasta que un nuevo presidente de la corte fue nombrado para reanudar el juicio que verá todas las causas. Pero tal reinicio, fijado para el 16 de septiembre de 2019, apenas avanzó entre diferentes traspiés, como el fallecimiento de una de acusadora privada -que acompañaba al Estado andorrano- en una de las causas y una nueva recusación, emprendida otra vez por el abogado Silvestre contra los fiscales que llevan el caso, Alfonso Abarca y Borja Aguado, a quienes señalaron de promover modificaciones en las leyes andorranas para incorporar nuevas pruebas al juicio.

El Tribunal Constitucional de Andorra señaló que no pueden incorporarse nuevas pruebas y, sin remover a los fiscales, el juicio retomó su paquidérmico paso hasta enero de 2020, cuando se extendieron hasta abril de ese año las consideraciones de las “cuestiones previas” o elementos a tomar en cuenta para pasar formalmente a juicio. La pandemia le puso una pausa permanente al proceso hasta la fecha.

Armando.info envió comunicaciones a varios abogados defensores -incluyendo el bufete de Silvestre- solicitando su punto de vista sobre el proceso judicial y, aunque respondieron a una comunicación preliminar, hasta la publicación de este reportaje no habían respondido las preguntas.

Hasta el año que viene

Además de las zancadillas procesales, la política también hace sentir su lastre en el juicio contra BPA.

Tan pronto como en 2016 los presidentes de BPA, los hermanos Higini y Ramón Cierco, introdujeron una demanda contra funcionarios del gobierno español a los que acusan de haber amenazado y coaccionado a empleados del banco para lograr obtener información sobre las cuentas en la entidad -y su filial en España, el Banco Madrid- de la familia de Jordi Pujol, ex presidente de la Generalitat (el máximo cargo político del Govern de la comunidad autónoma de Cataluña, su jefe de gobierno desde 1980 a 2013) y uno de los impulsores más abiertos del movimiento independentista catalán.

El planteamiento de fondo en el litigio es que hubo, de acuerdo a los demandantes, una confabulación de carácter casi extorsivo de parte del gobierno español de la época -entonces presidido por el dirigente del conservador Partido Popular, Mariano Rajoy-, apuntalado con denuncias de la unidad de delitos financieros, la FinCEN, del Departamento del Tesoro estadounidense, para empujar al gobierno andorrano a intervenir BPA so pena de que, en caso contrario, resultara perjudicado todo el sistema bancario del Principado.

A finales del año pasado y sobre esa misma base, dos organizaciones no gubernamentales locales -el Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA) y la agrupación Dréts (Derechos, en catalán)- ampliaron la querella introduciendo una demanda contra el expresidente español Mariano Rajoy y el exministro de Hacienda español, Cristóbal Montoro, por supuestamente haber coaccionado en 2015 al presidente andorrano Antoni Martí y a tres de sus ministros para intervenir a BPA bajo la misma amenaza.

Esta acción de las ONG, aunque iniciada en 2019, se ha convertido en el otro gran frenazo al juicio, pues se considera que se debe decidir sobre esto antes de continuar. Y todavía más: el asunto, una vez dirimido, podría hasta conseguir la anulación del proceso. “Si se llegara a admitir que la información sobre las cuentas de BPA fue obtenida a través de amenazas o coacciones, se pone en peligro la veracidad misma de las pruebas y, con ello se podría anular totalmente el juicio”, señala una fuente cercana al proceso. “La consecuencia inmediata sería que se levantarían todas las medidas contra los señalados y se descongelarían todos los activos”.

Armando.info refirió algunas preguntas a la presidenta de la IDHA, Elisa Muxella Molins, pero al momento de cierre del presente texto no se había recibido respuesta.

A pesar de esa amenaza que pende desde hace ya dos años, para muchos es difícil pensar que una acción como esta pueda dar al traste con esta causa tan relevante, cuya investigación suma más de 320 “piezas” o bloques de documentos que dejan claro cómo operaron durante años tanto la trama venezolana como las conexiones y tapaderas de la BPA con la mafia rusa, capitales dudosos de China y también relacionados con los políticos dirigentes del movimiento independentista catalán.

Así como la presión para acabar con la causa es intensa, los elementos hallados todavía empujan al sistema judicial andorrano a perseverar. Profesionales de los tribunales andorranos cercanos a la causa tienen fe en que el juicio continuará, pero advierten que entre la pandemia, las vacaciones de verano y la acción incoada por el IDHA, ya no será este año. Un respiro para los delincuentes de cuello blanco venezolanos que esperan que, gracias al tiempo y a sus recursos, se anule la potencia del arsenal probatorio en su contra.

La abultada retribución provenía de la firma Highland Asssets Corp, empresa registrada en Panamá y propiedad de Diego Salazar, representada legalmente por el abogado Luis Mariano Rodríguez Cabello. Era el primer hilo que se deshilachaba de lo que terminó siendo una compleja madeja de empresas de maletín, cascarones financieros y millones de dólares, sobre los que todavía hay cabos sueltos, mientras todavía tarda en arrancar el juicio correspondiente en un tribunal de Andorra. 

La relación con Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez —ex ministro de Energía, ex canciller, y cabeza de la estatal Petróleos de Venezuela por una década—, parece ser un tatuaje en la vida de Luis Mariano Rodríguez Cabello. Como parte del llamado Grupo Salazar, fue el principal operador de uno de los más grandes desfalcos a la estatal petrolera mediante el cobro de comisiones y sobornos, que involucran a más de una decena de individuos. Como socios en distintas actividades financieras millonarias, Salazar y Rodríguez Cabello reportaron amistades con lujos y dinero y también un pase a la prisión, aunque en distintas condiciones. 

Los FinCEN Files, una filtración de más de 2.100 documentos obtenidos por BuzzFeed News, compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ y 108 medios de 88 países, entre ellos, Armando.info, revelan que pese al escrutinio que se seguía de la BPA, los cuantiosos movimientos de dinero a cuentas presuntamente asociadas a Luis Mariano Rodríguez Cabello, siguieron ocurriendo y levantando banderas rojas en otras jurisdicciones y empresas que no habían sido incluidas hasta ahora en el mapa del trasiego de la corrupción de la Pdvsa roja-rojita, como en su momento la proclamó Rafael Ramírez.

En un resumen incluido en el boletín interno semanal de la FinCEN, Kleptocracy Weekly, se recoge que, entre el 7 de octubre de 2014 y el 13 de noviembre de 2015, individuos "supuestamente relacionados con el escándalo de Pdvsa" usaron una cuenta empresarial del banco Morgan Stanley Smith Barney LLC para recibir más de 107 millones de dólares mediante quince transferencias. El escueto reporte de la transacción —cuyo detalle estaría en un reporte de actividad sospechosa o SAR, por sus siglas en inglés, no incluido en la filtración— señala que la cuenta, a nombre de la empresa Energy Risk Indemnity SCC, registrada en la ex colonia británica del Caribe oriental, Barbados, era manejada por Rodríguez Cabello y "cuatro individuos relacionados", por lo que generó preocupación en el banco sobre si el dinero provenía de un esquema de sobornos en Venezuela. 

Este boletín semanal resume información protegida por la Ley del Secreto Bancario (BSA, por sus iniciales en inglés) sobre funcionarios y entidades de gobierno que podrían estar involucrados en hechos de corrupción de alto nivel. En el reporte correspondiente a la semana del 18 al 24 de noviembre de 2016, la FinCEN describe a Rodríguez Cabello como socio clave de Diego Salazar, con quien fue grabado en una conversación junto a Pablo Laplana, gerente de la Banca Privada de Andorra, proponiendo sobornar a autoridades andorranas para liberar cuentas bloqueadas en las que habría más de 200 millones de dólares. 

El reporte se refiere a una conversación grabada el 5 de diciembre de 2012 y develada por el diario El País el 17 de diciembre de 2017, en la que Rodríguez Cabello conversa con Laplana, exdirector de la Oficina Internacional de la BPA, sobre la posibilidad de sobornar a investigadores europeos para detener las pesquisas, siguiendo el ejemplo de lo que ya habían hecho con la justicia en Venezuela. 

No fue sino hasta que ocurrió la purga llevada a cabo por Nicolás Maduro dentro del chavismo, ese reacomodo de lealtades en el que Ramírez acabó como enemigo de la autodenominada Revolución Bolivariana, que la trama que detectó Francia tuvo movimientos en Venezuela. Pasaron siete años de esa escandalosa propina en un hotel parisino, para que el Tribunal Supremo de Justicia de Justicia, en una sentencia del 1 de diciembre de 2017 que ordena la extradición desde Colombia de Leonardo Díaz Paruta como presunto cómplice de Rodríguez Cabello, iniciara una investigación contra el operador de Diego Salazar, quien fue detenido ese mismo año. 

El documento señala que el expediente se abrió "con ocasión del informe de fecha 30 de noviembre de 2017, emanado de la Policía Nacional Contra la Corrupción, del cual se desprende el análisis de reportes e informes emitidos por la Policía de Andorra, la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra, y la FinCEN del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”. 

El fiscal Tarek William Saab hablaba de los “Expedientes de Andorra”, que contenían “formularios de apertura de cuentas, contratos y fundamentalmente, reportes de movimientos de cuentas bancarias indicativos de transferencias desde o hacia cuentas externas a las de la Banca Privada de Andorra SA., o traspasos entre cuentas de empresas que eran controladas por un grupo de venezolanos, vinculados entre sí para defraudar a empresas del Estado venezolano".

Para ese diciembre de 2017 ya había transcurrido más de un lustro desde que el Ministerio Público recibió el oficio de Diligencias Previas N° 4103434/2012 de la jueza andorrana Canolic Mignorance Cairat, que entonces había hecho una solicitud de Asistencia Mutua en Materia Penal a la Fiscalía venezolana. Las autoridades andorranas pidieron información sobre si existían investigaciones abiertas por corrupción en contra de Luis Mariano Rodríguez Cabello, Estibaliz Basoa de Rodríguez, Diego Salazar Carreño y Rosycela Díaz Gil —esposa de Salazar—, el llamado Zar de los seguros, Omar Jesús Farías Luces, José Luis Zabala, José Enrique Luongo Rotundo —también primo de Ramírez y alto ejecutivo de Pdvsa—, y los ex viceministros Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas y Javier Alvarado Ochoa.

Documentos de la gestión de Luisa Ortega Díaz al frente del Ministerio Público —defenestrada en 2017 por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, el parlamento paralelo que creó Nicolas Maduro para evadir el control legislativo— reflejan que ese despacho procesaba el caso lentamente. En 2012 recibió el oficio desde Andorra. En abril de 2016, la entonces directora contra la corrupción de ese despacho, Paula Ziri Castro, informó en una carta a la Asamblea Nacional —con mayoría opositora desde enero de ese año— que no podía aportar datos a la Comisión de Contraloría que intentaba retomar pesquisas que habían adelantado algunos diputados opositores en la anterior legislatura. Argumentó que, al tratarse de una investigación en curso, se debía respetar la reserva de la causa.

En junio de 2016, el Ministerio Público recibió información que había solicitado a Andorra bajo esa misma figura de asistencia mutua, según confirmó Zair Mundaray, ex director de Actuación Procesal de la Fiscalía para el momento, hoy exiliado en Colombia, quien mostró para este reportaje imágenes de esos registros. Aunque el expediente ya se había empezado a armar, Tarek William Saab afirmó que el caso comenzó en diciembre de 2017. "La improvisada policía contra la corrupción envió un informe y, en lugar de anexarlo a la investigación en curso, iniciaron una nueva. El sistema de seguimiento de casos impedía duplicidades de esa naturaleza, pero fue suprimido", señaló Mundaray.

Mientras en Venezuela los expedientes no tenían consecuencias, las actuaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sí las generaban en otras fronteras. El 10 de marzo de 2015 fue intervenida la Banca Privada de Andorra (BPA) por orden del Instituto Nacional de Finanzas de Andorra (INAF), respondiendo a la denuncia de la FinCEN por presuntas operaciones de lavado de dinero por un total de 4.200 millones de dólares vinculadas a Venezuela.

Una inusual sociedad

En los FinCEN Files es la primera vez que aparece públicamente la empresa Energy Risk Indemnity SCC y se vincula a la trama corrupta en Andorra. Si bien en los documentos judiciales del pequeño principado europeo se precisan los nombres de al menos 34 sociedades establecidas en Venezuela, Ecuador, Panamá, Belice y las Islas Vírgenes Británicas, la firma de Barbados no estaba incluida.

Energy Risk tiene sede en Saint James, localidad al oeste de esa isla del arco de las Antillas menores, y continúa activa. Fue incorporada en 2013 con Bernell Arrindell, Trevor Carmichael, Carolyn Humphrey y Grafton Williams como sus primeros directores. De este grupo, solo los dos primeros se mantienen en la cabeza de la firma. Luis Mariano Rodríguez Cabello entró a la directiva de la compañía al año siguiente, el 5 de diciembre de 2014, dos meses después de que comenzaron las transacciones sospechosas reportadas a la FinCEN, y tres meses antes del derrumbe de la Banca Privada de Andorra. 

A sus 72 años, Arrindell es considerado una autoridad en materia tributaria internacional. Su experiencia reciente lo ubica, además de en Energy Risk, en Cidel Bank and Trust y antes en la firma londinense Ernst & Young, en su sede en Barbados. Desde 1998 ha sido consultor del gobierno de ese país en asuntos económicos, de impuestos y legislativos asociados, y ha participado de delegaciones oficiales de Barbados para negociar tratados comerciales con otras naciones, así como en el desarrollo de instrumentos fiscales de la Caricom. Entre otras decenas de ocupaciones, formó parte del Comité de Expertos de Naciones Unidas en Cooperación Internacional en Asuntos Tributarios entre 2005 y 2013.

Su biografía pública incluye su vasta experiencia y galardones internacionales —como su nombramiento a finales del año pasado como Comendador de la Orden del Imperio Británico (CBE), un reconocimiento que otorga la Reina Isabel II por recomendación de los gobiernos del Reino Unido y la Commonwealth—, pero no menciona la cantidad de empresas en las que ha participado como director. Una pesquisa hecha para este trabajo arrojó su nombre asociado, aunque no necesariamente en el presente, a otras siete empresas reaseguradoras como Ocean International Reinsurance Company Limited, Three D Insurance Services LTD y Rainmaker Insurance SCC.  

En no pocas de esas firmas su nombre aparece junto al de Trevor Carmichael y Grafton Williams. De hecho, los cuatro directivos, ex socios de Rodríguez Cabello, han tenido distintos enroques en las directivas de otro puñado más de compañías reaseguradoras. 

Carmichael es un hombre dedicado al sector bancario de Barbados desde la década de 1970, considerado pieza fundamental de la fortaleza que ahora tiene ese sector en la economía de la pequeña nación insular del Caribe. Fue nombrado como Consejero de la Reina, un estatus honorífico conferido por la Corona, y entre otras actividades gremiales y hasta filantrópicas, es miembro de la International Bar Association, una organización internacional compuesta por operadores jurídicos, colegios profesionales de abogados y asociaciones de derecho de diferentes nacionalidades, que influye sobre la reforma del derecho internacional. Además es el patriarca de una de las familias más adineradas de Barbados, según la revista Vanity Fair.

Arrindel y Carmichael son los únicos directores que siguen en Energy Risk y compartieron con Luis Mariano Rodríguez Cabello, abogado nacido en 1965 en Caripe, estado Monagas, en el oriente del país, con un portafolio de relaciones en torno a Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa entre 2004 y 2014, y su primo Diego Salazar, un vendedor de pólizas de seguros que se hizo millonario operando una red de empresas offshore para el cobro de sobornos a empresas a cambio de jugosos contratos, que le alcanzaron también para patrocinar a petromodelos. 

Humphrey y Grafton se retiraron en abril de 2015 y marzo de 2019, respectivamente. Ambos fueron contactados para ser consultados para este reportaje, pero no emitieron respuesta. Pero Arrindell y Carmichael sí respondieron a través de una comunicación firmada por The Board de la empresa, cuando fueron consultados para este trabajo sobre las millonarias transferencias ocurridas entre octubre de 2014 y noviembre de 2015.

Durante ese período, según explicaron por escrito, la compañía "tenía licencia para participar en negocios de reaseguros desde Barbados", bajo la regulación de la Comisión de Servicios Financieros de la isla (FSC, por sus siglas en inglés), con vigilancia de la Unidad de Inteligencia Financiera de Barbados (FIU, por sus siglas en inglés). Energy Risk, aseguran, "estaba estatutariamente obligada a cumplir toda la legislación nacional e internacional relativa a combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo".

La directiva, en conjunto, declara no tener conocimiento de alguna actividad indebida que involucre a la empresa durante el periodo mencionado, ni tampoco "de ningún registro de que la compañía supuestamente habría realizado transacciones con la Banca Privada de Andorra". Además, en la comunicación afirman que no han recibido comunicación alguna de la FSC o de la FIU en relación con alguna actividad de negocios indebidos por parte de la firma o sus directores. "Hasta donde sabemos, la Compañía no recibió durante el período mencionado ni durante su existencia fondos derivados de fuentes no relacionadas con su negocio de reaseguros". 

En su comunicación, la directiva de la empresa no respondió cómo y por qué se iniciaron los negocios con el venezolano, tampoco si alguno de los integrantes de Energy Risk tenía alguna relación previa con Rodríguez Cabello, o si mantienen en contacto con él. Tampoco quisieron emitir algún comentarios sobre las acusaciones por lavado de capitales que pesan sobre su ex socio.

Los directores actuales de Energy Risk niegan haber tenido relación alguna con Diego Salazar o haber firmado contrato con Pdvsa o empresas afiliadas. De hecho, en Caracas no tienen sede física, como confirma un ex empleado de la firma en Venezuela que trabajó durante cinco años allí como asesor en reaseguros y que prefiere mantener su nombre en resguardo. “El reaseguro es el seguro del seguro, no se trata de un tipo de empresas. Es un contrato mediante el cual una empresa aseguradora llamada cedente, mediante el pago de una prima, obtiene una cobertura para determinados riesgos y la reaseguradora se compromete a resarcir sus riesgos. Así que el reaseguro no se refiere a tipo de empresas sino a clases de riesgos y coberturas para ellos", detalla el ex empleado que se retiró de la firma en abril de 2020 y dijo que siempre reportó a Grafton Williams. 

Aunque revelar los clientes que tenía Energy Risk en Venezuela sería violar los acuerdos de confidencialidad de su contrato, asegura que no vio negocios con empresas del Estado; la mayoría eran compañías extranjeras del sector privado. 

La directiva de Energy Risk afirma que Luis Mariano Rodríguez Cabello se retiró de la firma en julio de 2017, supuestamente argumentando su deseo de pasar más tiempo con su familia. En los registros del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) aparecía el 1° de agosto de ese año como la fecha de egreso de su último empleo con el que cotizaba al sistema: Reinsurance Consulting C.A., una compañía de tres empleados de la que era era el representante legal, de acuerdo con el documento de solvencia emanado de la institución. 

Salvarse de la extradición 

Cuando Rodríguez Cabello supuestamente buscaba más tiempo para estar con su familia, ya su nombre formaba parte de escándalos internacionales, y menos de cinco meses después Diego Salazar fue arrestado en Caracas, mientras las oficinas que compartía con Rodríguez Cabello eran allanadas. 

El 1° diciembre de 2017, la Fiscalía venezolana acusó formalmente a Luis Mariano Rodríguez, y el 13 de ese mes  el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, ordenó su aprehensión y la de otras 19 personas. El 17 de agosto de 2018, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente solicitar a España la extradición de Rodríguez Cabello, quien se había entregado a las autoridades de ese país.

Según declaraciones de su abogado Ismael Oliver, recogidas en medios en noviembre de 2018, Rodríguez Cabello estaba solicitando asilo político en España y se presentó en una comisaría de Madrid al conocer que en Venezuela se había cursado una orden de detención en su contra. En esa oportunidad, Oliver calificó a Diego Salazar y a Luis Mariano Rodríguez Cabello como "primos" de Rafael Ramírez, cosa que luego el ex ministro negó. "Ni siquiera los conozco de trato ni por ningún tipo de relación de nada", le dijo entonces a la agencia EFE.

El 9 de enero de 2019, Luis Mariano Rodríguez Cabello argumentó ante los tribunales españoles que su extradición pondría en riesgo su vida, pues en Venezuela se tortura y maltrata a los detenidos. En aquella audiencia, Ismael Oliver alegó la situación de Diego Salazar, quien supuestamente estaba recluido sin ver la luz solar en La Tumba de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, una suerte de celda de máxima seguridad. También señaló que Salazar estaba sufriendo un retraso procesal. Unas semanas atrás, el 12 de diciembre de 2018, había muerto en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el exministro de Petróleo y exjefe de Pdvsa, Nelson Martínez, detenido como parte de la misma trama.  

Poco más de un mes después, en febrero, la Audiencia Nacional finalmente denegó la extradición de Rodríguez Cabello. En aquel momento, Oliver dijo a El Confidencial que recurrían la decisión porque no se trata "únicamente de salvaguardar los derechos humanos del reclamado, sino también de probar que no es justa una extradición pasiva”, como la que había aprobado el Consejo de Ministros de España en noviembre de 2018 por solicitud de la Fiscalía venezolana. 

Las gestiones de Oliver parecen haber surtido efecto, pues en 2020 Luis Mariano Rodríguez Cabello es un hombre libre, al menos en Madrid. Consultado para este reportaje, Oliver afirmó que el señalado "ya no precisa defensa jurídica, su proceso judicial derivado de la extradición solicitada por Venezuela ya ha concluido", y agregó que "su estatus es el de un ciudadano que no tiene ningún otro procedimiento y es residente en España". Otras preguntas formuladas al abogado al respecto no fueron respondidas. 

Las cuentas pendientes

Luis Mariano Rodríguez Cabello logró escabullirse de la causa en España, según su abogado, pero aún está acusado por corrupción en Venezuela y en Andorra.

En la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional aún se recuerda que Rodríguez Cabello sería convocado para una interpelación que le exigiría explicaciones sobre su afirmación de que había pagado 80.000 dólares para frenar investigaciones en su contra en Venezuela, según grabaciones llevadas al parlamento por el diputado opositor Julio Montoya, luego de un viaje a Madrid para buscar más información sobre la trama corrupta en torno a Petróleos de Venezuela y la Banca Privada de Andorra. 

Eran tiempos en los que la Asamblea Nacional estaba dominada por mayoría chavista y no se mostró dispuesta a dar curso a investigaciones sobre las actuaciones del abogado, estrechamente vinculado a la cúpula de Pdvsa. Pedro Carreño, del partido oficial (Psuv), encabezaba la Comisión de Contraloría que decidió "engavetar" las denuncias, según dijo después Freddy Guevara, del opositor Voluntad Popular, que lo relevó en la presidencia de esa instancia.

En la siguiente legislatura, vigente hasta ahora, cuando la oposición se queda con la mayoría del Parlamento, el audio obtenido por Montoya fue mostrado en la Comisión de Contraloría que ahora investigaba al entorno de Rafael Ramírez por las denuncias de lavado de dinero en Andorra. En octubre de 2016, mientras se presentaba un "informe final" inculpatorio, el Tribunal Supremo de Justicia dejó sin efecto el trabajo parlamentario. 

La magistrada Gladys Gutiérrez firmó la sentencia con la cual ordenó proteger al entonces embajador de Venezuela en las Naciones Unidas y suspendió los efectos de la investigación, pues escudriñar tales irregularidades pondría en riesgo la ya complicada situación financiera de Pdvsa.

Más tarde, el panorama de lealtades y compromisos del oficialismo había cambiado. En 2017, Rafael Ramírez ya era visto como enemigo, así como quienes acompañaron su gestión. En diciembre de 2017, Tarek William Saab ya había incluido a Rodríguez Cabello —señalado por Montoya de ser propietario de 100 apartamentos en Dubái— en el denominado Grupo Salazar. El abogado se desempeñaba como socio y representante legal de la empresa Inverdt Asesores de Negocios, propiedad de Diego Salazar, con sede en la Torre Edicampo de Campo Alegre, en Caracas, que había sido allanada por el Sebin tres días antes de la declaración de Saab.

En septiembre de 2018 la magistrada Canólic Mingorance notificó el procesamiento judicial del exviceministro venezolano Nervis Villalobos y otros 15 venezolanos de entre 28 implicados —incluyendo directivos de la BPA—, por el presunto expolio a las arcas venezolanas. Según el juzgado de la magistrada andorrana, los exfuncionarios del chavismo y empresarios cobraron comisiones de más de 10% a compañías —la mayoría chinas— que después recibieron jugosos contratos para proyectos dentro y fuera de Pdvsa. 

La Asamblea Nacional de Venezuela en manos de la oposición calculó que el desfalco pudo superar los 16.000 millones de dólares. Según la Fiscalía venezolana, la cantidad blanqueada a través de la Banca Privada de Andorra asciende a 4.200 millones de euros operados mediante 40 empresas "fantasmas", según información oficial de diciembre 2017. El monto se corresponde con lo alertado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2015, cuando la Banca Privada de Andorra fue intervenida por blanqueo de capitales. 

Un nuevo 'board'

Mientras el ex directivo de Energy Risk afrontaba causas judiciales en su contra, la firma con la que levantó sospechas ante la FinCEN mutaba y se reacomodaba para hacerse más internacional. En 2017, con Rodríguez Cabello ya fuera del board,  se sometió a revisión por parte de la agencia calificadora AM Best, que en noviembre de ese año le otorgó un B+ en fortaleza financiera. Ese mismo mes, pasó a tener su Legal Entity Identifier (LEI), un número de identificación global único otorgado a entidades que participan de transacciones financieras.

Entonces el argentino Paticio Rubinstein se sumó a la junta directiva, aunque no muestre su participación en ella en su página de Linkedin, donde destacan varios fondos de inversión a los que pertenece como Blue Swan Initiative y Quantum Global Alliance, ubicados en el paraíso fiscal de Luxemburgo, donde apareció relacionado a empresas señaladas en la filtración llamada Bahama Leaks, también coordinada por el ICIJ.  

En la nueva Energy Risk se sumó además Jean-Francois Clermont-Tonerre como director. En su perfil profesional, el francés defiende tener 25 años de carrera en el sector de banca, finanzas y bienes raíces. En 2018 un tribunal de Luxemburgo lo declaró inocente de un fraude masivo que su exsocio Fabien Gaglio —a quien él mismo había denunciado— había protagonizado desde la firma que compartían, Hottinger & Partners (HPSA).

Contactados directamente y consultados a través de la comunicación respondida por The Board, ni Rubinstein ni Clermont-Tonerre quisieron responder para este trabajo si conocían a Luis Mariano Rodríguez Cabello. Energy Risk tampoco respondió si esos nuevos directores estaban al tanto de las manchas en la trayectoria de un exdirectivo de la compañía cuando ingresaron a la firma. 

En noviembre de 2019, Energy Risk llegó a un acuerdo de fusión con Ocean International Reinsurance Company (Ocean Re), que fue aprobado por las instancias regulatorias de Barbados, la misma empresa que tuvo en su directorio a Grafton Williams hasta 2015 cuando se incorporaron Trevor Carmichael y Bernell Arrindell, actuales integrantes de la junta que encabeza Energy Risk. La operación se concretó en marzo de 2020, para arrojar un portafolio conjunto de operaciones de reaseguros en 73 países repartidos en cuatro continentes, principalmente de América Latina y Reino Unido.