Fue el 3 de abril de 2016 a la una de la tarde de Caracas. A partir de ese momento, 109 medios de 76 países, entre los que destaca Armando.info, empezaron a publicar una batería de primicias bien guardadas en el submundo de los llamados paraísos fiscales. Era la difusión de los llamado Panama Papers, hasta entonces un proyecto mantenido en secreto a pesar de que llevaba más de un año en obras. El misterioso John Doe que entregó a los periodistas del diario Süddeutsche Zeitung de Múnich alrededor de once millones de documentos filtrados desde los archivos de Mossack Fonseca, una de las más grandes empresas de servicios offshore de Panamá y el mundo, puso en marcha la rueda de la historia. Luego se incorporaría el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, por sus siglas en inglés) para, desde Washington DC, para convertir la materia prima en una base consultable y también para coordinar a medios y reporteros de todo el planeta. Ya nada volvería a ser iguial ni en la práctica del periodismo colaborativo trasnacional ni, más importante aún, en la discusión global sobre la economía sumergida de los paraísos fiscales y los flujos de dineros ilícitos.

Entre las historias venezolanas destacaron Eudomario Carruyo, el ex directivo de la petrolera estatal Pdvsa, con empresas a su nombre y de su familia en las Islas Vírgenes Británicas; también otras compañías en Panamá a nombre del ex presidente del Banco Industrial de Venezuela, Leonardo González Dellán, así como las sociedades de Samark López en Barbados, que le ayudaron a montar una estructura corporativa intacta hasta que Estados Unidos lo señaló en 2017 de ser el “testaferro” de Tareck El Aissami, vicepresidente de Nicolás Maduro para el área Económica.

Mención aparte el caso del general Víctor Cruz Weffer, el responsable del Plan Bolívar 2000, un programa de ayudas que había quedado asociado a uno de los primeros escándalos de corrupción de la era chavista. Pero el tema apenas era un recuerdo casposo hasta que su nombre aparecía en los 2,6 terabytes del bufete panameño Mossack Fonseca, del que salió la ya célebre filtración de los Panama Papers.

A Cruz Weffer lo detuvieron la noche del 20 de marzo de 2018 en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. El fiscal general del chavismo, Tarek William Saab, anunció esa noche que el Ministerio Público había librado orden de aprehensión y alerta roja en su contra. Esa fue la última vez que se refirieron al caso. En España, entretanto, no pasó un mes, cuando las autoridades de ese país detuvieron a la pareja del edecán Adrián Velásquez y la ex tesorera Claudia Díaz.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, a finales del año pasado acordó dejarlos en libertad provisional con medidas cautelares, mientras se tramita su extradición a Estados Unidos. Se trata de un ejemplo de las riquezas súbitas que aparecen en estos días en la Venezuela chavista pero, más que eso, la trama local de los Panama Papers es apenas una nota al pie de página en la lista de consecuencias e implicaciones que el caso ha generado en cuestión de cinco años.

Victorias y fracasos

En mayo de 2016, semanas después de que cientos de periodistas publicaran las revelaciones de los Panama Papers que expusieron de manera masiva los movimientos de dinero y negocios financieros ocultos de políticos, empresarios, figuras deportivas, estafadores y celebridades, un grupo de líderes mundiales -algunos avergonzados, otros indignados y otros que vieron una oportunidad mediática- se reunieron en Londres para denunciar el volumen del flujo mundial de dinero sucio.

El entonces primer ministro británico, David Cameron; el presidente nigeriano Muhammadu Buhari; y el viceministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, entre otros, firmaron la Declaración Global contra la Corrupción, un acuerdo para tomar medidas enérgicas contra las empresas pantalla, frenar a los abogados y contadores que ayudan a los funcionarios corruptos, y aumentar la transparencia para desalentar la evasión fiscal.

Cinco años después de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (conocido como ICIJ por su sigla en inglés) y más de 100 socios de medios publicaran la investigación de Panama Papers, la lucha contra el secreto financiero y las argucias en el extranjero continúa, con una combinación de victorias y fracasos, y más batallas por venir.

El ex premier británico Cameron se retiró de la política, pero solo después de resistir los pedidos de su renuncia y superar lo que The Guardian llamó “la peor semana de su vida profesional”. Fue luego de que las revelaciones de Panama Papers lo obligaron a admitir que se benefició de un fideicomiso en el extranjero creado por su padre. La Nigeria de Buhari todavía pierde miles de millones de dólares al año a causa de la corrupción y la evasión fiscal. El año pasado, los Emiratos Árabes Unidos recibieron una calificación muy crítica de expertos mundiales que consideraron al país un destino atractivo para los delincuentes.

Si bien los Panama Papers han enviado a criminales a la cárcel y han hecho que otros posibles delincuentes piensen dos veces dónde esconder las ganancias mal habidas, una maraña de leyes plagadas de lagunas legales, paraísos fiscales destinados a maximimizar las ganancias y hábiles intermediarios todavía permiten que prosperen los delitos financieros.

“En la medida que se tome en cuenta la gravedad del problema, estamos en el camino correcto”, dice Attiya Waris, profesora de derecho y política fiscal en la Universidad de Nairobi, Kenia. “El problema durante tanto tiempo fue que todo esto sucedía en espacios muy opacos, y la gente ni siquiera era consciente de ello”.

Pero, según advierte Waris, el sistema financiero mundial sigue desequilibrado. “Ha habido mejoras en la transparencia, pero en gran medida han beneficiado a los países más ricos”, señala.

El sistema offshore es tan grande y está tan arraigado, que desmantelarlo, o incluso reformarlo, no es algo que se pueda hacer en unos pocos años. “Hay que seguir presionando”, sostiene Lakshmi Kumar, director de políticas de Global Financial Integrity. ”La formulación de políticas no es un proceso de la noche a la mañana”.

Antes de los Panama Papers -advierte- el debate sobre cómo tomar medidas enérgicas contra el movimiento de dinero sucio tenía lugar entre funcionarios gubernamentales, banqueros y otros facilitadores corporativos del sistema extraterritorial. “Los grupos de la sociedad civil éramos actores marginales. Ni siquiera estábamos en la habitación”. Pero la investigación de ICIJ les dio un nuevo ímpetu a los activistas anticorrupción y proporcionó ejemplos del mundo real, utilizados para defender los estándares globales y las leyes nacionales más estrictas, opina Kumar.

A largo plazo, -analiza este experto- los escándalos financieros continuos no son una señal de fracaso en la lucha, sino que muestran el camino hacia una reforma real. “Nos dicen qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal en términos de políticas y cómo se aplican”.

Investigaciones abiertas

A media década de las revelaciones de la investigación global de ICIJ, las autoridades continúan investigando e impulsando reformas. Según una búsqueda en la base de datos de noticias de Nexis, solo en el mes de marzo se registraron estos casos:

• En Malta, las autoridades acusaron a Keith Schembri, jefe de gabinete del ex primer ministro Joseph Muscat, de lavado de dinero y fraude como resultado de una investigación iniciada en parte por Panama Papers. Y un tribunal escuchó más testimonios sobre el asesinato con coche bomba de Daphne Caruana Galizia, una periodista maltesa que utilizó documentos de la investigación en sus exposiciones de funcionarios gubernamentales de alto rango.

• En Perú, el candidato presidencial Rafael López Aliaga fracasó en su intento de que un tribunal ordenara que se detuviera la investigación sobre su rol en un caso de lavado de dinero relacionado con Panama Papers.

• En Dinamarca, el ministro de Hacienda del país citó la investigación para justificar la contratación de cientos de nuevos empleados a fin de reforzar la lucha contra el fraude fiscal.

• En los Estados Unidos, los fiscales hicieron pública la tercera declaración de culpabilidad en un caso de fraude fiscal que salió a la luz a través de los Panama Papers, y los legisladores citaron esta investigación periodística para respaldar el impulso para promulgar dos leyes históricas ahora ante el Congreso.

Se trata de la Stop Tax Haven Abuse Act, que autoriza al Departamento del Tesoro a imponer restricciones a jurisdicciones extranjeras o instituciones financieras para contrarrestar el lavado de dinero y los esfuerzos para impedir la aplicación de impuestos en los EEUU, y For the People Act, un proyecto de ley para ampliar los derechos de voto, cambiar las leyes de financiamiento de campañas para reducir la influencia del dinero en la política, limitar la manipulación partidista y crear nuevas reglas éticas para los funcionarios federales, que es conocida como “la reforma democrática más audaz desde el Watergate”.

En busca de la transparencia

A pesar de la creciente cantidad de normas que prohíben que los dueños de las empresas puedan mantener el anonimato, múltiples análisis muestran que ningún país logra el nivel de transparencia necesario para detener el crimen financiero en seco.

Transparencia Internacional (TI), una organización sin fines de lucro con sede en Berlín, descubrió que, si bien muchos países prometieron implementar registros públicos de propiedad de las empresas, la acción concreta “generalmente se ha retrasado”.

De los pocos registros públicos de beneficiarios finales que existen, la mayoría se limita a Europa. En África, informó Tax Justice Network, solo tres países tienen un registro digno de elogio. Otros países crean lagunas legales para los fideicomisos o no requieren que la información se haga pública, según descubrió esa organización.

En los años transcurridos desde la publicación de Panama Papers, las investigaciones del ICIJ han revelado limitaciones similares. La investigación de FinCEN Files publicada el año pasado, una asociación de ICIJ con BuzzFeed News y más de 100 socios de medios (entre ellos Armando.info), reveló cómo cientos de empresas creadas en el Reino Unido ayudaron a ocultar miles de millones de dólares en pagos sospechosos.

A pesar de una ley que exige que la mayoría de las empresas del Reino Unido revelen el nombre de los dueños que controlan más del 25% de sus acciones, algunas empresas no proporcionan la información o declaran que sus propietarios son empresas fantasmas registradas en paraísos fiscales lejanos como las islas Seychelles.

Kumar sostiene que aún hay mucho trabajo por hacer para garantizar que las divulgaciones de propiedad corporativa en el Reino Unido y en otros lugares sean precisas y útiles. Pero mientras el mundo intenta terminar con el secreto que encubrió el sistema durante décadas, considera que “incluso la mala información es mejor que la falta de información. Porque la mala información te da la oportunidad de hacer preguntas y responsabilizar a alguien”.

El lobby a favor de la evasión fiscal

A raíz de Panama Papers, los paraísos fiscales clave vieron colapsar su modelo de negocio. A finales de 2016, meses después de las revelaciones del ICIJ, las Islas Vírgenes Británicas (BVI) reportaron una caída del 30% en el número de nuevas empresas creadas en comparación con el mismo período del año anterior.

Han surgido otras naciones, grandes y pequeñas, para llenar el vacío. Estados Unidos, con estados opacos como Delaware y Dakota del Sur, busca atraer agresivamente el dinero extranjero. Estados Unidos se niega a unirse al llamado Estándar Común de Reporte (conocido como CRS por su nombre en inglés, Common Reporting Standard), un acuerdo global creado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2014 por el cual más de 100 países y territorios se proporcionan automáticamente entre sí información financiera relacionada con los ciudadanos de otro país no residentes.

“Creo que el movimiento de las economías occidentales y avanzadas a favor de la transparencia financiera hará que sea más difícil (aunque no imposible) mover el dinero, incluso a otras jurisdicciones”, asevera Gary Kalman, director de Transparencia Internacional en Estados Unidos.

“Dicho esto, todavía hay muchas cosas que debemos hacer para cerrar las brechas en nuestras propias leyes”, agrega Kalman. Y señala las lagunas para los asesores de inversión, las criptomonedas y el mercado inmobiliario. “Mi sensación es que el ‘lobby de la evasión fiscal’ es más fuerte de lo que uno podría pensar”, advierte este directivo de TI.

Los Emiratos Árabes Unidos , cuyo tamaño es 118 veces más pequeño que Estados Unidos, es otro paraíso fiscal. El año pasado, el organismo de control global contra el lavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera (GAFI), los criticó por su pobre historial en la lucha contra los delitos financieros. La breve lista de enjuiciamientos en los Emiratos, a pesar de los riesgos conocidos, fue “particularmente preocupante”, dijo el GAFI. Desde entonces, el país ha anunciado medidas enérgicas contra un puñado de bancos y bufetes de abogados.

ICIJ sigue investigando

Desde Panama Papers, ICIJ y sus socios han trabajado juntos en seis investigaciones más sobre dinero sucio y secreto financiero: Paradise Papers, West Africa Leaks, Bribery Division, Mauritius Leaks, Luanda Leaks y FinCEN Files.

Luanda Leaks, que investigó en 2020 el ascenso de la multimillonaria angoleña Isabel dos Santos y la complicidad de sus asesores y abogados, reveló que una empresa de Dubai controlada por un amigo cercano recibió 38 millones de dólares, horas después de que Dos Santos fuera despedida de su trabajo como jefe de la empresa petrolera estatal.

Mientras algunos estafadores y políticos eligen nuevas jurisdicciones para sus empresas fantasma, otros están mirando productos y servicios para el lavado de dinero, más difíciles de detectar para los investigadores.

Las empresas fantasma de bajo costo aún permiten que un dador de sobornos o un receptor de sobornos mueva rápidamente dinero en efectivo contaminado por todo el mundo. Pero esquemas más complicados han llamado la atención de las autoridades.

El año pasado, un informe filtrado del FBI destacó que casi 10 billones de dólares del sector privado de inversiones fueron usados como una herramienta de lavado de dinero. Los delincuentes incorporan dinero sucio en las inversiones que ofrecen los fondos de cobertura y otros vehículos, según el informe.

Los lavadores de dinero también se están apropiando de la apariencia legítima del comercio internacional para mover dinero ilegal por todo el mundo, dicen los expertos.

Como parte de la investigación de FinCEN Files, ICIJ informó que los Emiratos Árabes Unidos y los Estados Unidos no procesaron a Kaloti Jewellery Group a pesar de que un grupo de trabajo liderado por Estados Unidos determinó que el comerciante y el refinador compraron oro a vendedores sospechosos de lavar dinero para narcotraficantes y otros criminales.

Tras reconocer que los esquemas cada vez más sofisticados no son una creación exclusiva de los delincuentes, los países y las organizaciones internacionales han centrado la atención en abogados, contadores, administradores de inversiones y otros asesores. En febrero, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó su primer estudio sobre los llamados “facilitadores profesionales” de la actividad delictiva.

Estos facilitadores “socavan no solo el estado de derecho, sino su propia profesión”, dijo la OCDE, citando las investigaciones del ICIJ por llamar la atención del público sobre su papel, y pidiendo a los países que interrumpan las actividades de los facilitadores.

Tras la investigación de Luanda Leaks, el regulador de valores de Portugal recomendó enjuiciar penalmente a las empresas de auditoría que trabajaban para Dos Santos. El regulador descubrió auditores que no habían impedido el posible lavado de dinero y no señalaron transacciones sospechosas a las autoridades, cuando había “razones suficientes” para pensar que las transacciones “podrían estar relacionadas con fondos de actividades delictivas”. Más de un año después de esa investigación, no se han anunciado cargos.

* Will Fitzgibbon es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una organización sin fines de lucro con sede en Washington (EEUU) integrada por una red de 267 periodistas de todo el mundo de más de 100 países, cuyo objetivo es investigar historias globales que puedan generar un cambio positivo en la sociedad.

**Traducción al español de Mariel Fitz Patrick, Infobae.

***Versión para Armando.info: Joseph Poliszuk.

El proyecto quedó amparado bajo el nombre de CVG Telecom. Propuestas desde Uruguay y China estaban sobre la mesa para ser consideradas en la contratación de equipos, software y servicios, que sentarían las bases de esa nueva empresa estatal tutelada por la todopoderosa Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

El anuncio de la nacionalización de Cantv en enero de 2007, y su posterior compra a la estadounidense Verizon, dieron al traste con el proyecto. De todas maneras, y a pesar de la cancelación, hubo tiempo para los negociados.

En 2005 se había creado el Fondo Bolívar-Artigas entre los Gobiernos venezolano de Hugo Chávez y uruguayo de Tabaré Vásquez, entonces en su primera administración. Como otros fondos binacionales impulsados por Caracas durante el auge de los precios petroleros, este capitalizaba como inversión o compra de bienes locales unos 200 millones de dólares, parte de la deuda de Montevideo por la factura de importaciones de hidrocarburos.

Durante la primera macrorrueda de negocios organizada en el marco del Fondo, en Caracas en julio de 2005, uno de los participantes llamó la atención: Javier Vásquez, ingeniero, hijo del presidente Vásquez, quien como privado intermedió en algunas de las transacciones firmadas entonces con financiamiento del fideicomiso binacional, en particular, para la adquisición de software uruguayo. Aunque las sospechas sobre tráfico de influencias y pago de sobornos -que llegaron a discutirse en el parlamento y la justicia uruguayas- ensombrecieron la primera gestión de Tabaré Vásquez, no hubo resultado concluyente en las investigaciones. Mientras, en Venezuela, el asunto pasó por debajo de la mesa.

Ahora, más de una década más tarde, con Tabaré Vásquez de nuevo en la presidencia, documentos incluidos en los llamados Panama Papers, así como actas judiciales y registros públicos, analizados durante meses por la revista Búsqueda de Montevideo, revelan una historia en la que varios millones de dólares del negocio en el que trabajó activamente el hijo del presidente uruguayo circularon por paraísos fiscales; algunos de esos fondos terminaron en la cuenta bancaria del hermano de quien a la sazón se desempeñaba como Director de Planificación Estratégica de CVG Telecom,  quien entre 2005 y 2006 tuvo a su cargo el análisis de viabilidad de los contratos uruguayos de los proyectos de software.

Lo que primero se supo

La trama tuvo inicio gracias a dos decisiones adoptadas por el Gobierno de Hugo Chávez a fines de 2004. Primero creó una compañía estatal de telecomunicaciones, CVG Telecom. Y después, el 23 de diciembre, aprobó un decreto en el que fijaba como política pública la “adopción del software libre”. También, a los pocos meses, la Asamblea Nacional, mayoritariamente oficialista, sancionaba la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (Locti).

El complemento ideal para facilitar los negocios a los uruguayos llegó el 2 de marzo del 2005. Ese día los gobiernos de Venezuela y Uruguay —cuyo presidente, Tabaré Vásquez, había asumido el día antes— firmaron un acuerdo de “cooperación estratégica” que implicaba crear el Fondo Bolívar-Artigas, un fideicomiso de 200 millones de dólares a partir de un porcentaje de las compras de petróleo que realizaba la petrolera uruguaya estatal Ancap a su similar venezolana, Pdvsa.  Mediante ese mecanismo, las empresas estatales venezolanas podrían pagar contra ese fondo las compras de bienes y servicios de empresas públicas o privadas de Uruguay.  

Uno de los primeros que detectó las posibilidades de los negocios del software fue Javier Vázquez. El ingeniero trabajaba entonces para una corporación privada, Interamericana de Cómputos (Inco), y manejaba la cuenta de Artech, una operación especializada en software libre.

Uno de los acuerdos que cristalizó, justamente, tras la implementación del Fondo binacional, fue la contratación por parte de CVG Telecom de servicios de software y hardware a empresas uruguayas por 63,6 millones de dólares. En febrero del 2006 las contratistas uruguayas, entre las que estaban Inco y Artech, presentaron su propuesta conjunta y en marzo firmaron el contrato con la estatal venezolana, previendo un proyecto de tres años de duración. El hijo del presidente Vázquez participó en el proceso de elaboración y presentación de la oferta ganadora.

El acuerdo provocó que otro empresario uruguayo vinculado al software, Eduardo Gómez Canon, denunciara que le habían robado su oportunidad. “Ahora el hijo del presidente Vázquez es millonario con un solo negocio que era mío”, declaró a la prensa. El entonces diputado Washington Abdalá (del opositor Partido Colorado) solicitó la creación de una comisión investigadora en el Parlamento y después llevó el tema a la justicia penal. Después de meses de interrogatorios y tras el fallecimiento de Gómez Canon, cuyas conductas erráticas habían hecho que perdiera credibilidad, el fiscal Juan Gómez pidió el archivo del caso.

Al olvido del caso también contribuyó la nacionalización de Cantv en 2007. Ya no hizo falta todo el proyecto, que involucraba a los uruguayos, de una telefónica pública. Partes fueron absorbidas por la compañía recién adquirida y otra siguió de la mano de CVG Telecom. No se trató solo de la adquisición de unos data center sino de la provisión de servicios de software. 

Lo que ocurría por debajo

Poco después de la firma del acuerdo entre las empresas uruguayas y CVG Telecom, el bufete panameño Mossack Fonseca (MF), especialista en servicios offshore, recibió un par de requerimientos. Con apenas días de diferencia, desde Venezuela llegaron dos solicitudes se para comprar sociedades anónimas y abrir cuentas en Panamá que después recibirían dinero del proyecto financiado por el Fondo Bolívar-Artigas.

El 21 de marzo de 2006 José Antonio Fraga compró a través de MF la empresa panameña Eliston S.A. Y para abril ya tenía una cuenta en Credicorp Bank. La velocidad era necesaria porque menos de un mes después recibió el primer giro desde Uruguay por 1,8 millones de dólares. 

Fraga solicitó a los panameños que emitieran una factura con una “oferta de servicios” para Fernando Burstin, uruguayo, propietario de Interamericana de Cómputos, Inco, por una “asesoría tecnológica correspondiente al proyecto CVG-Telecom”. Ello se lee en la propia factura, que forma parte de los once millones de documentos contenidos en la filtración llamada Panama Papers, recibida originalmente por el diario Süddeutsche Zeitung de Múnich, Alemania, y coordinada como proyecto periodístico por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus iniciales en inglés) con sede en Washington DC.

A pedido de Burstin, Fraga cambió el destinatario de la factura: en lugar de dirigirla a Inco, debía ir a nombre de Shidner Corporation S.A., otra sociedad del uruguayo Burstin creada ese año.

Parte del dinero que giró Burstin a Fraga siguió moviéndose por algunos meses más. En septiembre de 2006, 690.000 dólares llegaron a una cuenta en Panamá de Hallway International S.A. Esa offshore fue adquirida en marzo del 2006 por Alejandro Giolito, cuyo hermano Pablo era entonces alto ejecutivo de CVG Telecom.

Los hermanos Giolito estaban vinculados al tema informático. Mientras Pablo detentaba el cargo de Gerente de Planificación Estratégica de la estatal, Alejandro trabajaba en una prestigiosa firma caraqueña que asesoró a autoridades ministeriales en la discusión de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Interrogado telefónicamente para esta pieza por la reportera de Armando.Info, Pablo Giolito explicó que su trabajo en CVG Telecom consistía en analizar si un proyecto “tenía lógica y viabilidad” para “estructurar” su desarrollo. “Más allá de eso yo no tenía niveles de aprobación, no tenía presupuesto para eso. Simplemente me llegaba como Planificación Estratégica, yo agarraba y decía: ‘Bueno están todos estos proyectos acá y el más viable es éste o podemos darle la vuelta a este’", detalló.

En ese momento, a su juicio, la propuesta uruguaya no tenía rivales a la hora de poner en marcha el proyecto CVG. “Hacían falta fondos adicionales”, rememora, y si bien había una oferta china, la única opción “realmente factible en ese momento porque no requería dar iniciales o poner una contraparte en dinero, eran esos fondos uruguayos”.

Giolito se desempeñó como gerente en CVG Telecom entre octubre del 2005 y agosto del 2006, y admite que por su trabajo se reunió con “unos siete” empresarios uruguayos del software. El período que integró la compañía estatal coincide con el momento en que los uruguayos presentaron la propuesta ganadora y se firmó el acuerdo.

Offshores y bienes raíces

En los archivos de Mossack Fonseca reposan las pistas de la offshore que Alejandro Giolito incorporó en Panamá mientras su hermano Pablo aún trabajaba en CVG Telecom.

“Sí, yo sabía que él lo había hecho”, acepta Pablo Giolito durante la conversación telefónica, “pero era un negocio de familia en el que yo no estaba involucrado”. Luego, sin reparar en posibles contradicciones, durante la entrevista explicará que llegó a interesarse en la gestión de la empresa para “ayudar” a su hermano en el negocio inmobiliario. Pero que, todavía así, de las transferencias recibidas, “quién las hizo, cómo las hizo… No te lo puedo asegurar si efectivamente ocurrió”.

Lo cierto es que la primera transferencia que recibió la offshore de Alejandro Giolito fue en septiembre del 2006 y provino de Fraga, según consta en la filtración de Mossack Fonseca. Antes de llevarla adelante, el bufete pidió a Fraga que justificara el movimiento de dinero. “La operación se basa en la declaración de dividendos de Eliston S.A. a mi persona y los fondos serán transferidos a Hallway International, S.A. con quien existe una deuda pendiente”, respondió Fraga.

Los panameños le dijeron que necesitarían otros documentos que explicaran la deuda. Entonces la estrategia cambió. Giolito les mandó una factura en la que daba detalles de la “asesoría en el desarrollo” de “aplicaciones informáticas” que su offshore recién creada le había provisto a la de Fraga. El precio final era de 670.973 dólares por 2.900 horas de trabajo. El detalle revelador que incluye la factura es la lista de conceptos que se cobran: “Consultoría en operaciones CPD”, “Seguridad ante fraude”, “Seguridad internet e implementaciones” y “Mejores prácticas CPD”. Son los mismos rubros que Fraga le había facturado antes a Fernando Burstin, el uruguayo jefe de Javier Vásquez.

Fuentes del sector informático consultadas por el reportero de Búsqueda en Montevideo calificaron como “por lo menos llamativas” la falta de detalle en las facturas y los montos que se manejan —en especial el costo de más de 230 dólares por hora—. Burstin rechazó que esos montos estuvieran inflados.

Ni bien tuvieron el dinero en su cuenta, los hermanos Giolito compraron propiedades por un total superior a los 580.000. En dos meses adquirieron un apartamento y un penthouse en el lujoso California Mall de Las Mercedes, una zona costosa del sureste de Caracas. También adquirieron una oficina en el World Trade Center de Montevideo, puesto a nombre de su madre, y pagada a tercios junto a Fraga y a otra socia, la uruguaya-venezolana Laura Pintos Trías.

Fraga transfirió a Giolito otros 796.348 dólares en enero del 2008. Igual que en la primera ocasión, antes de mandarle dinero al ex gerente de CVG Telecom, Fraga había recibido una cifra millonaria desde Montevideo: Burstin le giró 1,6 millones en setiembre del 2007. (Fraga declaró al banco que tenía previsto recibir del uruguayo otros dos giros).

La factura para justificar la nueva transacción incluía los mismos detalles de servicios de software que la anterior, aunque en su “segunda fase”. Era la segunda factura que emitía la empresa de Giolito en toda su historia; la primera había servido para justificar la transferencia inicial de 2006.

Ni bien llegó la segunda remesa a su offshore, los hermanos Giolito adquirieron otras tres propiedades por un total que superó 500.000 dólares.

Pablo Giolito aduce que “en 2008 o 2009” proveyó servicios a Fraga por “consultoría”.

Sus declaraciones son contradictorias entre sí y tampoco se compaginan con lo que dicen los documentos incluidos en los Panama Papers.

Ya para 2010, la anualidad de pago de Giolito por empresas administradas por Mossack Fonseca correspondía a cuatro empresas: Hallway Internacional, Glenrock Properties Inc, Kinborough Investments S.A. y Kerwin Properties Incorporated.

En los años siguientes, Pablo Giolito y Laura Pintos, quienes se conocían desde los tiempos en que Giolito trabajaba en la oficina en Caracas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como Oficial de Programas de Tecnologías de Información y Comunicación, también se hicieron socios en varias empresas venezolanas, junto con José Antonio Fraga. Algunas, como Parking Valla C.A. y Telecomunicaciones Erictelco, ya no están activas.

“Laura fue socia de Tony (José Antonio Fraga) toda la vida, desde todas las empresas que ellos han tenido”, dice Pablo Giolito. Y de su ex socio Fraga, dijo no verlo desde hace unos cinco años.

El del estribo

En 2009 los Giolito preveían recibir al menos una transferencia más, según se lee en las comunicaciones contenidas en los Panama Papers. Debía llegar en septiembre de ese año, directo desde la empresa uruguaya de Fernando Burstin -jefe de Javier Vásquez, el hijo del presidente Tabaré Vásquez-.

En su declaración a la justicia uruguaya en diciembre del 2008, Burstin dijo que no habían terminado ni de hacer los trabajos ni “de cobrar” en Venezuela. Requerido hace pocos días por el reportero de Búsqueda, Burstin insistió en que, a diciembre de 2007, no tenían “deuda alguna con el proyecto (…) Ni se pagó nada con posterioridad a eso. ¿Por qué? Porque los tipos nos cortaron el proyecto para no pagarnos”.

El empresario uruguayo dijo que contrató a Fraga para el proyecto, pero que desconocía cualquier información sobre las transferencias que recibió Giolito, el ex gerente de la estatal venezolana.

Giolito también negó haber tenido una relación comercial con Burstin. “Todas las relaciones que tú ves allí [en los Panama Papers], nunca son con Fernando Burstin. Yo nunca he tenido una relación directa con él”, aseguró el venezolano al ser consultado por teléfono. “Muchas de las cosas de las que están ahí se toman como ciertas para nunca ocurrieron”, añadió. Sin embargo, después dijo que sí había tenido previsto cobrar 860.000 dólares, aunque por un servicio de “consultoría” que habría ofrecido a Fraga.

Pero también a este respecto los archivos de Mossack Fonseca desmienten a Giolito.

Pablo Giolito envió en agosto de 2009 un correo electrónico a Fernando Burstin, del que el bufete panameño recibió una copia. Mediante el texto Giolito ponía en contacto a Burstin con Egbert Wetherborne, quien atendía “los intereses” de su sociedad anónima en el bufete panameño. Diez minutos más tarde, Wetherborne escribió a otros empleados de MF para informarles que “un sobre” llegaría a sus oficinas. “Es la documentación de soporte para un cheque que se depositará en la cuenta bancaria de la sociedad Hallway International”, detalló.

Dos semanas después Giolito le mandó otro correo a Wetherborne, en el que estaba copiado Burstin, en el que le informaba que las cosas se movían. “El día viernes 4 me informaron que fue realizada la entrega (por parte de la casa de bolsa) de un sobre a tu nombre en las oficinas de Mossfon, contentivo con la documentación y cheque conversado hace algunas semanas entre nosotros. Te pido por favor corrobores esta información para yo informarle al señor Burstin de que ha finalizado este proceso”.

Pero nada había llegado. Ante esto, Giolito insistió: “El ingeniero Burstin está realizando la llamada a la casa de bolsa de Panamá para determinar la información exacta. Los mantendremos informados tan pronto nos comuniquen los detalles”.

Una semana después tenía más información para los panameños, según otro correo. “Acabo de hablar con el señor Burstin, me indica que de la casa de bolsa le informaron que hubo un problema con la emisión del cheque, que fue corregido, y que desde la semana pasada está a la espera de que le confirmen el envío”.

Al día siguiente, fue el propio Burstin el que escribió a los panameños (desde el correo corporativo de Inco, Interamericana de Cómputos): “Ante nada mis saludos y disculpas por la demora. Recién hablé con nuestro contacto de Uruguay quien me confirma que se estaría entregando mañana por la mañana. En paralelo le estoy enviando a Pablo el contacto en Panamá para que lo contacte directamente en el día de hoy”.

La “casa de bolsa” panameña a la que recurriría Burstin para hacer la transacción, según Giolito, era Thales Securities. 

Pero algo falló. “Teníamos pendiente la recepción de estos documentos y un cheque, hubo inconvenientes con este último por lo que decidieron realizar una transferencia”, escribió Giolito. Y agregó enseguida que ahora sí el dinero debía llegar a su cuenta bancaria porque Burstin le había dado el “número de referencia” de la transacción.

Pasaron dos días y la transacción no estaba acreditada en la cuenta. Giolito mantenía sus buenos modales en los mails, pero parecía un poco más ansioso. “Tal como les anexé e incorporé en el mail anterior, lo que necesito investiguen es una transferencia en proceso” por “un monto de US$860.600 procedente del HSBC”, escribió. “Necesito que validen si esta información es correcta y qué ha pasado que no ha llegado a la cuenta de Hallway”.

El enredo continuó durante un prolongado intercambio de correos, que concluye en la filtración de los Panama Papers sin despejar si el inconveniente fue superado. En todo caso, el hilo quedó registrado para documentar una relación, al menos de confianza, entre Pablo Giolito y Fernando Burstin.  

Entre tanto, y mientras el dinero seguía circulando entre cuentas offshore, la avidez venezolana por proveedores de telecomunicaciones parecía no tener fin.

En noviembre de 2006, el mismo año en que Pablo Giolito -quien había diagnosticado la oferta uruguaya como la preferible- dejara CVG Telecom, y apenas semanas antes de que Chávez nacionalizara Cantv, el comandante revolucionario anunció la suscripción de acuerdos entre Venezuela y la provincia china de Shandong para la puesta en funcionamiento de celdas de tecnología CDMA 450, entre CVG Telecom y Huawei Technology.

Giolito, en su declaración telefónica para Armando.Info y Búsqueda, recordó que esa oferta china fue una de las que le tocó descartar: “¿Qué querían vender ellos? Ellos querían vender tecnología CDMA en frecuencia 450. ¡Basura! Para esa época, doce años atrás, eso ya era basura y el proyecto estaba montado. Una de mis responsabilidades fue decir que eso no servía”.

Pero, de alguna manera, los chinos ganaron.

El interlocutor al otro lado de la línea telefónica era la anónima CS (Confidential Source, o “fuente confidencial” en inglés) cuya activa presencia protagoniza el relato de la Criminal Complaint (“denuncia criminal”) introducida el reciente 23 de julio ante la Corte Penal del Distrito Sur de la Florida por la oficina del Fiscal General de Estados Unidos. En esa narración, el agente especial George F. Fernández, de la Homeland Security Investigations (HSI), enumera las evidencias recogidas durante dos años por la Operación Flight Money de esa dependencia, en la que se expuso una sofisticada trama de lavado de dinero procedente de las arcas de la estatal petrolera venezolana, Pdvsa.

La operación detectivesca tuvo origen en la delación que la CS hizo ante las autoridades estadounidenses en 2016, admitiendo que había sido reclutada por operadores financieros de la llamada boliburguesía -la clase empresarial que ha hecho fortunas con la autodenominada Revolución Bolivariana de Hugo Chávez y Nicolás Maduro- para legitimar 78 millones de dólares de una transacción cambiaria irregular entre Pdvsa y un particular, la empresa Rator XXX, que al final sumaría 1.200 millones de dólares, y de la que además se debían pagar sobornos para los ejecutivos de la petrolera que participaron en el negocio. La CS accedió a colaborar desde ese momento con las agencias policiales para rastrear todo el esquema. Como infiltrado, grabó conversaciones; hasta fingió comprar un avión en Brasil., pero pagadero en España, para “marcar” los circuitos bancarios por donde circulaban los flujos de dinero de la banda.

La llamada de Matthias Krull se producía en enero de 2017. Una de las tantas entre la CS y Krull que los agentes norteamericanos grabarían, en esta en particular el banquero alemán, representante entonces del banco suizo Julius Baer, se disponía a introducir una nueva posibilidad de negocios. Un funcionario del Estado venezolano, identificado en el documento como Venezuelan Official 3 necesitaba un mecanismo efectivo para recibir los pagos de coimas que le enviaría una empresa de abogados que había representado a la República de Venezuela en litigios de arbitraje internacional.

“Uh, estoy sentado aquí con… Con… Con el [hermano del Venezuelan Official 3]”, dijo el alemán, como tartamudeando, algo dubitativo quizás ante la novedad de tener que llamar las cosas por su nombre al teléfono, siempre de acuerdo a la transcripción en inglés hecha por los agentes del HSI. “Y… Y… Y… Bueno, ellos… Ellos… Ellos se han ganado en los últimos años un pago que van a recibir y que es de cinco… ¿De acuerdo? Y… Y…. bueno, hemos hablado de las opciones que ellos podrían tener, ¿correcto? Y, bueno, no sé si… Si… Si tú tienes algo en lo que se pudiera pensar, sobre cómo puede ser eso, o cómo se pueden estructurar las cosas, ¿correcto?”.

En la trama de legitimación de capitales de este caso, Krull aparece como un actor secundario. Se acerca a CS para que le ayude a conseguir una manera de lavar 600.000 dólares que un cliente ha obtenido de manera irregular. De hecho, buena parte de la madeja de lavado de dinero, en este o cualquier caso, trata de ello: cómo esquivar los mecanismos de control y verificación que la banca internacional se ha visto a implantar, en especial después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. CS ya había conseguido una manera, a través del corredor de valores colombiano Gustavo Hernández Frieri, para superar el escrutinio de los supervisores bancarios: inversiones falsas en operaciones con papeles financieros y, en ocasiones, la propia complicidad del banco.

Pero con el tiempo Krull se reveló como una pieza más importante de lo que parecía. Los 600.000 dólares que inicialmente buscaba lavar eran de un cliente denominado en la denuncia como Conspirator 7 (“Conspirador 7”) y como “una de las mayores fortunas del chavismo”. Según The Miami Herald , el Conspirador 7 sería Raúl Gorrín, empresario venezolano que hoy detenta la mayoría accionaria del canal 24 horas de noticias Globovisión.

El mismo banquero alemán mostró más tarde a CS otra de sus mejores cartas. Tenía por cliente al Conspirator 8 (“Conspirador 8”). Este, que también buscaba formas efectivas para lavar dinero, servía de testaferro a un colectivo al que Krull se refería como “los chamos” o, en la coda policial de la denuncia, “los hijastros del Venezuelan Official 2” (“funcionario venezolano 2”). De nuevo según la versión de The Miami Herald, se trataría de los hijos del primer matrimonio de Cilia Flores, primera dama de la República, esposa formal del presidente Nicolás Maduro desde 2013.

 Matthias Krull viene sonando desde hace tiempo en los mentideros políticos y de negocios como el gestor ante la banca internacional de algunas de las mayores fortunas construidas bajo el chavismo. Aunque alemán de origen y con residencia en Panamá, sus negocios se han desarrollado en el mercado venezolano, primero y por mucho tiempo desde el banco suizo Julius Bär, del que salió recientemente, en junio pasado, para incorporarse al staff de otro banco suizo pero de menor calado, Gonet & Cie.

Krull, que fue arrestado por las autoridades en Miami, está casado con una diseñadora gráfica venezolana, Tatiana Seara Parra, hermana de la actriz Sabrina Seara. En una rara aparición en los medios, Krull se dejó ver en 2015 durante la inauguración del primer local en la Ciudad de Panamá de Cool de Sac, una franquicia estadounidense de comida casual que en el istmo representa su esposa, Tatiana, por medio de la empresa CDS Obarrio.

Krull también es socio de su pareja en la compañía PB Real Estate S.A., propietaria de un centro comercial en la ciudad de David, al oeste del país. De acuerdo al sitio Panadata.net, hasta julio pasado aparecía en otras tres sociedades panameñas, incluyendo Julius Baer Investments (Panama) S.A., de la que fue vicepresidente.

Con una presencia tan amplia en el mundo de las finanzas en Panamá, parecía probable que las gestiones de Krull se hubieran cruzado con Mossack Fonseca, uno de los dos mayores bufetes de Panamá y entre los mayores proveedores de servicios offshore en todo el mundo, hasta su reciente cierre en marzo de 2018, como consecuencia del escándalo de los llamados Panama Papers, publicados en abril de 2016.

Precisamente en esa filtración, originalmente recibida por el diario Süddeutsche Zeitung de Munich y coordinada como proyecto periodístico de investigación por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés), aparece una comunicación en la que Matthias Krull intercede por uno de sus clientes venezolanos.

La familia es lo primero

Se trata de la familia Saleh. Su patriarca, Hassan Saleh Saleh, de origen libanés, falleció en 2017. Saleh obtuvo en la Isla de Margarita (estado de Nueva Esparta, en el mar Caribe de Venezuela) una bien reconocida reputación de líder de la poderosa comunidad de comerciantes árabes en esa entidad insular, puerto libre y destino turístico por excelencia.

En 1994, durante la segunda presidencia de Rafael Caldera, Saleh constituyó un banco en Margarita que pronto reunió gran parte de los capitales árabes en la isla: el Banco Confederado. Mantuvo la pequeña operación regional hasta 2004, cuando la vendió por 19 millones de dólares a un grupo de inversionistas encabezado por Juan Carlos Maldonado, integrante del grupo familiar que por décadas había controlado Seguros La Previsora. En 2009 el banco, como la aseguradora, pasó a manos del empresario Pedro Torres Ciliberto. Pero casi enseguida, durante la minicrisis financiera de finales de ese año, el Banco Confederado y otros tres bancos privados de magnitud mediana fueron intervenidos y amalgamados en una nueva entidad del Estado, el Banco Bicentenario.

Un reportaje de The Washington Post en abril de 2002 mencionaba al Banco Confederado en conexión a las sospechas permanentes de que Margarita sirve como fuente de financiamiento para grupos terroristas del Medio Riente, como el libanés Hezbollah. En la nota su autor, Scott Wilson, citaba fuentes de la policía política venezolana (Disip; ahora Sebin) que aseguraban que mantenían vigilancia sobre las operaciones de transferencias de dinero desde el Banco Confederado, entonces todavía bajo control de los Saleh, a destinatarios en Siria y Líbano. Sin embargo, aclaraban las mismas fuentes, las 30 cuentas bancarias monitoreadas no mostraban movimientos mayores a los que correspondería a remesas familiares.

En 2007, tres años después de la venta oficial del Banco Confederado, los Saleh acudirán a Mossack Fonseca en Panamá para ordenar se registre la primera de cinco empresas del grupo familiar en las Islas Vírgenes Británicas, un reconocido paraíso fiscal. Su nombre es Active Plus Finance Corp, con un capital de 50.000 acciones a un dólar cada una, y sede en Road Town, en la isla de Tortola. Su junta directiva quedaría a la larga conformada por el patriarca, Hassen Saleh, dos de sus hijos, Ibrahim y Youssef Abass, y Youssef Ahmad Shmayssani, quien fue directivo del Banco Confederado.
El banquero Matthias Krull escribió en 2009 un correo electrónico al bufete Mossack Fonseca en Panamá para pedirle que, con urgencia, obtuviera en las Islas Vírgenes Británicas copias apostilladas de los documentos constitutivos de Active Plus Finance Corp -la compañía de los Saleh- y los remitiera a los cuarteles generales del banco Julius Baer en la dirección: Rue Pierre Fatio 7, 1212 Ginebra, Suiza.
Pocos días después, el bufete confirmaba el envío.
Además de Active Plus Finance Corp, los Saleh abrirían a través de Mossack Fonseca otras cuatro sociedades: La Nobleza Corp, La Fortaleza Corp, Promociones Globales SA y PC-Planet SA. Esta última es homónima de otra conformada en Venezuela y que aparece en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) como proveedor del Estado. El mismo nombre lo lleva una tienda de electrónicos en el Centro Comercial La Vela de Porlamar, principal ciudad comercial de Margarita.

Este rastro fugaz de Matthias Krull en los archivos de Mossack Fonseca da fe de su entrada entre las nuevas fortunas venezolanas y el tipo de diligencias que adelantaba para ellas.

Syriza nunca ha ocultado su sintonía ideológica con el chavismo gobernante en la nación suramericana. Tsipras, quien entonces era el líder de la oposición griega, asistió en marzo de 2013 a las exequias en Caracas del comandante revolucionario, Hugo Chávez Frías. En octubre de 2016, sin embargo, una revelación puso a la vista del público otro costado de esos vínculos trasatlánticos. Entonces se supo que también en 2013, pero en agosto, poco después de la visita de Tsipras, un poderoso operador de Syriza, Nikos Pappas, actual ministro de Estado en el gabinete helénico, también había viajado a Venezuela pero en una visita casi secreta, y en compañía de un abogado chipriota especializado en estructuras mercantiles offshore, Artemis Artemiou.

Luego, gracias a una versión publicada en abril de 2017 por el diario Eléftheros Typos (Prensa Libre, en griego) de Atenas, pudo conocerse que el viaje de agosto de 2013 de Pappas y Artemiou había tenido como destino la turística isla de Margarita, en el Mar Caribe venezolano, a la que los pasajeros llegaron a bordo de un jet privado de Majed Khalil Majzoub, un empresario líbano-venezolano vinculado a jerarcas del Gobierno de Nicolás Maduro en Caracas.  Los viajeros se alojaron en el lujoso hotel Ikin Margarita de Playa Cardón, sobre la costa este de la isla.

La misma publicación se había encargado, meses antes, de comprobar que Artemis Artemiou, el abogado chipriota, había visitado al menos una vez la Mansión Maximus, sede del Ejecutivo griego. ¿Qué podía estar haciendo un experto en negocios en paraísos fiscales al frecuentar la oficina del primer ministro Tsipras y viajar con un poderoso ministro del Gabinete?

A las primeras de cambio, en octubre de 2016, el ministro Pappas admitió que había visitado Venezuela en 2013, aunque sin nombrar a Artemiou, el abogado experto en estructuras offshore, como posible acompañante; solo dijo que también habían participado “otros miembros de Syriza”.

Según Pappas, su viaje al país suramericano no había tenido nada de irregular pues, en todo caso, para el momento en que lo hizo todavía no era funcionario público. Aseguró que el propósito de la visita había sido el de establecer contactos iniciales para una posible visita de Alexis Tsipras a Caracas -donde ya había estado apenas cinco meses antes- y explorar la posibilidad de compras de productos agrícolas en Venezuela -quizás un despropósito, habida cuenta del desabastecimiento crónico de alimentos y otros insumos de la canasta básica que ya se hacía sentir en esos albores de la presidencia de Nicolás Maduro-.

Emporio Khalil

Pero la revelación de que el viaje de Pappas a Margarita se había hecho junto a Artemiou, y a bordo de un avión de Khalil, otorgó una nueva dimensión al asunto.  El principal partido de oposición, el socialdemócrata Nueva Democracia, reanudó sus peticiones de abrir una investigación parlamentaria sobre el asunto y para que Pappas y el primer ministro Tsipras comparecieran a ofrecer explicaciones ante los congresistas.

Majed Khalil, junto a su hermano mayor, Khaled, han construido un emporio industrial y comercial en Venezuela a la sombra del régimen bolivariano instaurado desde 1999 en el país. Se les tiene por cercanos al chavismo, en particular a dos de sus jerarcas, Diosdado Cabello Rondón, actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y Jorge Rodríguez Gómez, ministro de Información y Comunicación.

Al menos uno de ellos, Majed, fue despojado en 2004 de su visa estadounidense ante sospechas de lavado de dinero, según reportó en esas fechas el diario The Miami Herald. La sanción le fue impuesta a pesar de que, para entonces, una empresa de los Khalil, Hardwell Computer Inc, representaba en Venezuela a Raytheon, una corporación norteamericana para la que había conseguido el jugoso contrato de reemplazo del sistema de radares del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas.

El grupo de los hermanos Khalil comprende desde firmas tecnológicas a alimenticias, de turismo o de aseo urbano. Mantiene empresas en Panamá y, según se comprueba en los archivos del bufete Mossack Fonseca cuya filtración dio lugar a los llamados Panama Papers, al menos hasta 2006 pagaban las cuotas de mantenimiento de dos compañías registradas en las Islas Vírgenes Británicas, Henvale Holdings Ltd y Vadin Services S.A., desde una cuenta de Majed Khalil en el Premier Bank International de Curazao.

En 2014, la Fiscalía General de la República abrió investigaciones por denuncias de ilícitos cambiarios contra siete empresas en cuyos accionariados aparecía Majed Khalil, incluyendo a Hardwell Computer Inc, Corporación Meditech, KM Logistic, Santa Mónica Cotton Trading Company, Qualcomm Telesistemas, Cobijas Josdo, Pacific Rim Energy, Importadora DYFCA, Grupo DJML, Importadora Paquito, Administradora Servimeta, y Productos Piscícolas Propisca. Casi en simultáneo, el Ministerio Público hacía otro tanto, también por presunta “obtención ilícita de divisas”, contra la empresa Yatritonic C.A., de Khaled Khalil. Antes, en 2012, el despacho de la entonces Fiscal Luisa Ortega Díaz había hecho averiguaciones sobre otra empresa familiar, en ese caso, Hornos Eléctricos de Venezuela S.A. (Hevensa). En ningún caso las diligencias encontraron indicios de delitos.

Otra conexión de los Khalil que el diario griego no dejó de hacer notar se evidenció en noviembre de 2015. Entonces efectivos de la Agencia de Lucha contra las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) arrestaron en Haití durante una operación encubierta a dos sobrinos de la Primera Dama venezolana, Cilia Flores, que intentaban completar en esa nación caribeña la venta de un cargamento de cocaína. Franquiu Francisco Flores y Efraín Campos -quienes, a la postre, serían sentenciados a una pena de 18 años de prisión por un tribunal de Nueva York- viajaban entonces en un avión de la empresa venezolana de recolección de basuras Sabenpe, en cuyo directorio figura Khaled Khalil Maizoub como director suplente.

Encubrimiento en Chipre

El abogado chipriota Artemis Artemiou -uno de los viajeros a Margarita y visitante en el despacho del primer ministro griego- se vio expuesto al escrutinio público en abril de 2016, cuando su nombre apareció en los llamados Panama Papers. El portal Protagon.gr identificó tres empresas registradas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, a las que Artemiou aparecía vinculado, al parecer, solo como intermediario a través de su bufete, Artemiou, Pieri & Associates, con sede en Chipre: Pizzazz Limited, Avgi, y Elazzoulian Limited. Las empresas habrían sido gestionadas a nombres de terceros que “no son Personas Políticamente Expuestas (PEP) ni en Chipre ni en Grecia” aseguró Artemiou en una declaración escrita, en la que además atribuyó la publicación a un intento por “vincular mis actividades profesionales con los acontecimientos políticos en Grecia”. Relativizó las denuncias diciendo que, de 7.000 empresas chipriotas que aparecían en los Panama Papers, él solo tenía conexión con tres.

Sin embargo, un nuevo lote de casi 1,3 millones de documentos filtrados del ya desaparecido bufete panameño Mossack Fonseca, recibido por el diario Süddeutsche Zeitung de Múnich, Alemania, y procesado y coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés) como el proyecto de Panama Papers 2, ofrece una nueva y más completa perspectiva acerca del vínculo del abogado chipriota con las empresas.

Según informa desde Atenas el reportero Harry Karanikas, del sitio Protagon.gr, documentos incluidos en la nueva filtración permiten determinar que Artemiou era, todavía en 2017, el Beneficiario Final, y no sólo el intermediario o administrador, de dos de las empresas que aparecen en Panama Papers. ¿Por qué mintió en su última declaración, en la que insistió que esas empresas habían sido incorporadas en nombre de terceros?

También revelan los archivos que Artemiou pidió al bufete panameño Mossack Fonseca disolver una de esas empresas, Pizzazz Limited, justo en abril de 2017, al mismo tiempo que en Grecia se conocía del viaje del abogado y el futuro ministro Nikos Pappas en una aeronave del empresario Líbano-venezolano Majed Khalil.

Aún más: Artemiou informa en una comunicación que a través de Pizzazz Limited había ofrecido servicios de consultoría, entre ellos, un estudio de mercado para un negocio de productos fertilizantes.

Según aseguró a Armando.info una fuente, al menos una empresa del grupo Khalil, Distribuidora Agromar, comercia materiales agrícolas, como fertilizantes.

A medida que surgen indicios, queda claro que todavía resta mucho para entender la extraña relación entre un abogado chipriota que estructura negocios offshore, las altas autoridades del Gobierno griego, y empresarios venezolanos que gustan de ofrecer aventones a través de los océanos.

(*) Este reportaje se hizo en el marco de Panama Papers 2, serie producida a partir de una filtración de documentos que obtuvo el diario Süddeutsche Zeitung de Munich, y coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) de Washingfton.

Con reportes desde Atenas de Harry Karanikas, Protagon.gr

Una filtración masiva de 13 millones de archivos procedente de Mossack Fonseca, uno de los mayores proveedores de servicios offshore en Panamá y el mundo, dio lugar ese año al proyecto periodístico de Panama Papers, que terminó sirviendo como una radiografía de las entrañas de los paraísos fiscales y de los usos que a esas entidades dan poderosos de todas las nacionalidades, a fin de ocultar sus bienes o transacciones financieras del escrutinio de las autoridades.

Ahora, un segundo lote de documentos de Mossack Fonseca -cerca de una décima parte de la filtración inicial- acaba de ser liberado. Recibido, como el primer lote, por periodistas del diario Süddeutsche Zeitung de Munich, Alemania, fue procesado y convertido en base de datos por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés), con sede en Washington D.C., Estados Unidos, desde donde coordinó a más de 100 medios de todo el globo para dar lugar a la secuela, Panama Papers 2. La mayoría de los archivos incluidos corresponden al periodo entre 2016 y 2018 y permiten conocer las maniobras que desde el interior de la empresa se intentaron para mantenerla en funcionamiento tras la quiebra de su reputación, infructuosas en definitiva: el bufete cerró su cuartel general panameño y sus 40 oficinas internacionales en marzo de 2018, y muchos de sus directivos y representantes enfrentan procesos legales en diversas jurisdicciones.

La nueva filtración evidencia que una de las primeras reacciones de Mossack Fonseca ante la crisis legal y de reputación que enfrentó desde abril de 2016 fue la de deshacerse del lastre, como se haría en una nave que pierde altura. Tras revisar sus archivos, detectó y ordenó renunciar a las cuentas tóxicas de empresas cuyos accionistas visibles o últimos beneficiary owners cabían dentro de la categoría de Personas Políticamente Expuestas o PEP, según sus siglas en inglés.  

La purga drenó del portafolio de Mossack Fonseca a muchos clientes venezolanos. Pero un caso en particular puso a prueba los nervios de la gerencia corporativa.

Mossack Fonseca suelta el lastre

“Esto de verdad que me parece cada vez más surreal”, escribe exasperada Josette Roquebert, ejecutiva del Departamento de Producción de Compañías de Mossack Fonseca, el 22 de abril de 2016, a su colega Sandra de Cornejo, oficial del Departamento de Cumplimiento. “El tipo tiene cuenta bancaria y si hay dinero ilícito debería ser el banco quien se diera cuenta ¿no? ¡Ponen la carga de la verificación en quien incorpora la sociedad y que nunca tiene nada que ver con las actividades de la sociedad!”.

El “tipo” a quien alude el mensaje es Adrián Guarapiche Velásquez Figueroa, mayor retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y quien entre 2008 y 2012 ha tenido cargos de comando en la Guardia de Honor, el regimiento militar creado por el Libertador Simón Bolívar en 1815 y que por tradición sirve de escolta para el presidente de Venezuela. La cercanía al primer mandatario de la República y líder de la autodenominada Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, que le había concedido su cargo de edecán del presidente, no hizo del mayor Velásquez Figueroa -apodado Guarapiche por el nombre del río que cruza su ciudad natal, Maturín, en el estado de Monagas (oriente de Venezuela)- un hombre conocido. Convenientemente, quizás.

También bajo el amparo de su proximidad al poder y de un relativo anonimato había prosperado la carrera de la mayor de la GNB, Claudia Patricia Díaz Guillén, oriunda del estado de Táchira (Andes del suroccidente venezolano). Enfermera y oficial asimilada a la milicia, tuvo a su cargo hasta 2010 la salud del presidente Chávez. Un año después, en 2011, ya cumplía funciones como Secretaria Ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) y Tesorera de la Nación.

Díaz y Velásquez dejaron sus carreras de funcionarios públicos y contrajeron matrimonio en 2013. Su parábola conjunta de oficiales retirados de las Fuerzas Armadas podría haber continuado con un “vivieron felices por siempre”. Pero el 3 de abril de 2016, el primer reportaje de la sección venezolana de los Panama Papers, bajo la firma de los periodistas Tamoa Calzadilla de la cadena de TV Univisión en Miami, Florida, y Alfredo Meza, de Armando.info en Caracas, puso sus nombres en la agenda pública, primero, y finalmente, en los legajos judiciales.

La nota evidenciaba que en los archivos de Mossack Fonseca había quedado registrada la incorporación en la República de Seychelles -un archipiélago en el océano Índico, al suroeste de África- de una empresa, Bleckner Associated Limited, con 50.000 dólares de capital y Adrián Velásquez Figueroa, Guarapiche, como beneficiario final. La empresa había sido constituida en 2014 para gestionar una cuenta en el Banco de la Suiza Italiana (BSI, por sus siglas en italiano, luego fusionado con el EFG Bank), un propósito en apariencia inalcanzable para alguien que hasta entonces solo percibía el salario de un funcionario público.

“Yo pienso que debemos salir de él”, opina Sandra de Cornejo, oficial de cumplimiento de Mossack Fonseca, el 14 de abril de 2016, menos de dos semanas después de la publicación. En pleno desarrollo de la crisis de Panama Papers, con frentes que se abren casi todos los días en distintos lugares del orbe, triturando poco a poco la marca corporativa, el correo interno de Mossack Fonseca es un hervidero. Con todo, habrá tiempo de debatir sobre el caso del venezolano. En el intercambio no falta quien sostiene que se trata de una cuenta que pueden mantener. Pero, desde el principio, Cornejo es una de las más firmes partidarias de desprenderse de ese cliente radiactivo. “¿Un capitán retirado del Ejército venezolano con cuenta bancaria en Suiza? Esto huele a dinero de Chávez”, escribe, implacable. Su criterio se impondrá a la larga.

En otras comunicaciones internas, no relacionadas con el caso de Guarapiche, altos ejecutivos de la compañía, incluyendo a uno de sus fundadores, Jürgen Mossack, dejan en claro su escasa disposición a lidiar con dineros chavistas, una postura que tiene que ver más con su opinión política que con precauciones de celo profesional. Entonces, ¿cómo se les ha colado el ex edecán de Chávez? La primera hipótesis apunta a una labor deficiente de due dilligence (debida diligencia). Pero en agosto de 2013, Jesús Hernández, un empleado del Departamento de Cumplimiento, había advertido: “Considero necesario realizarle un caso de enhanced due dilligence (debida diligencia mejorada)”. La observación no fue considerada. Al final, los negocios son negocios.

Para cuando los ejecutivos de Mossack Fonseca deciden rectificar, ya era demasiado tarde. Las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU, por sus siglas en inglés) habían emitido un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR) sobre Bleckner Associates Limited, en el marco de una masiva petición de información girada al bufete panameño. El 25 de mayo de 2016, Mossack Fonseca dirige una carta a la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) en Mahe, Seychelles, anunciando su renuncia como agente representante de Bleckner, la empresa de Guarapiche Velásquez.

La pretensión de Mossack Fonseca de separarse por salubridad del emprendimiento del militar venezolano sufrió un ligero traspié el 16 de junio de 2016. Entonces una comunicación de V3 Capital Partners, la empresa de gestión de activos en Ginebra que sirvió de intermediario para ordenar la incorporación de Bleckner, reclama a Mossack Fonseca que esta quiera renunciar a representarla, cuando desde Suiza se le había pedido dos meses antes, en un momento en el que todavía no habían sido publicados los Panama Papers, que procediera a disolver a Bleckner.

La oficina de Mossack Fonseca en Seychelles secundó la solicitud de V3 Capital Partners. Pidió a su comando central en Panamá detener la renuncia a representar a Bleckner para, en cambio, disolver la compañía de Adrián Velásquez Figueroa. Pero los ejecutivos de Panamá insistieron en renunciar. En agosto de 2016, a 90 días de la renuncia de Mossack Fonseca a representarla, Bleckner apareció como “eliminada” (struck off) en un reporte solicitado al registro de Seychelles; no había designado a un nuevo representante durante ese plazo. Para entonces, también V3 Capital Partners había notificado que “el accionista de Bleckner Associates”, es decir, Guarapiche Velásquez Figueroa, “ya no es más nuestro cliente”, debido “al escándalo de Panama Papers y a todo el retraso en tratar con la disolución de la empresa”, como explica Cassio H. Valdujo, especialista en inversión de V3, en otra comunicación desde Ginebra del mismo 16 de junio de 2016.

Espera en Madrid

En diversas oportunidades durante el debate interno sobre qué hacer con Guarapiche Velásquez, los ejecutivos de Mossack Fonseca se congratularon al comprobar que, según sus informaciones, ni en Venezuela ni en ninguna otra jurisdicción se había abierto algún procedimiento legal contra el ex escolta de Chávez.

Desde luego, no tenían cómo saber que 6 de abril de 2016, solo tres días después de la fecha de la publicación de la historia de Velásquez y Díaz en Panama Papers, la Dirección contra la Corrupción del Ministerio Público venezolano había recibido una comunicación de la Dirección General de Contrainteligencia Militar -el organismo que el propio Guarapiche había dirigido entre 2005 y 2008-, informando de la apertura de una investigación sobre el caso bajo el identificador DGCIM-DAIPT 098-2016.

Por ello, seguramente, solo pudo ser con sorpresa que el 21 de abril una empleada del Departamento de Cumplimiento de la compañía, Vidalma López, reportaba en un correo electrónico: “Favor tomar nota de la noticia adjunta, acaban de detener al director de la sociedad Josmel Velásquez Figueroa, hermano del BO (Beneficiary Owner). Quedo en espera de sus comentarios para saber qué medidas tomamos con esta sociedad”.

En efecto, Josmel Velásquez Figueroa, hermano y socio de Guarapiche, junto a la madre de ambos, Amelis María Figueroa de Denyr, habían sido detenidos el 15 de abril por las autoridades en el Aeropuerto Caracas de Charallave, estado de Miranda, cuando se disponían a abordar un vuelo hacia la vecina isla de Curazao. Como presuntos implicados en delito de Legitimación de Capitales, Josmel Velásquez Figueroa quedó bajo arresto en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar, mientras que la mujer fue objeto de una medida de presentación ante el tribunal.

Las averiguaciones de la inteligencia militar y la fiscalía determinaron que Adrián Guarapiche Velásquez Figueroa figuraba como directivo en siete empresas panameñas y una en Florida, esta última, homónima de la venezolana MJ Box Tool CA, contratista de la petrolera estatal Pdvsa. También se determinó que, junto a su esposa, Velásquez era propietario de dos posadas turísticas en Galipán, un lugar recreativo preferido por los sectores pudientes de Caracas, y en Los Roques, un destino exclusivo en el Caribe venezolano.

El 26 de abril de 2016 la Fiscalía allanó los tres apartamentos propiedad del matrimonio Velásquez-Díaz en el Conjunto Residencial Oasis de la urbanización San Bernardino, en el centro-norte de la capital venezolana. La pareja había habitado uno de los penthouses. Durante el procedimiento las autoridades confiscaron joyas, mobiliario y vinos de alta gama, según reportaron. Los bienes de los investigados quedaron a disposición de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, por voluntad del Tribunal 47 de Control de Caracas. Pero, más importante aún, ese mismo día se expidió orden de aprehensión contra Velásquez y Díaz, replicada por una solicitud internacional diligenciada ante Interpol.

Todas las actuaciones fueron adelantadas por el Ministerio Público bajo la conducción de la entonces Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, quien se reveló como disidente del chavismo más tarde y se exilió en Colombia, junto a parte de su equipo, desde junio de 2017. Las diligencias parecieron quedar congeladas. Sin embargo, en diciembre de 2017, el nuevo Fiscal General, Tarek William Saab, nombrado irregularmente por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), anunció la reanudación de las investigaciones. En abril de 2018, Saab hizo saber, erróneamente, que Guarapiche Velásquez y Claudia Díaz habían sido detenidos en España.

Lo cierto era que el juez de la Audiencia Nacional española, Fernando Abreu, tenía bajo su consideración conceder la extradición de la pareja a Venezuela. Velásquez y Figueroa, luego de largas temporadas en un lujoso conjunto residencial del oriente de República Dominicana, se establecieron en Madrid, con lo que quedaron a tiro de la justicia española, que les ha prohibido dejar la capital. Allí esperan la decisión del tribunal.

(*) Este reportaje fue elaborado en conjunto por Armando.info, El Confidencial de Madrid y Univisión de Estados Unidos, y forma parte del proyecto Panama Papers 2, a partir de una filtración recibida por el diario Süddeutsche Zeitung de Munich, y coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) de Washington D.C.