Las tendencias nacionales en cuanto a la autonomía del Poder Judicial resultan vergonzosas de por sí. Las dos variables principales para medir la imparcialidad de un sistema de justicia, que serían la titularidad de los cargos y la ausencia de militancia política de los juristas, concentran en Venezuela las cifras más distantes al estándar de calidad. Casi nueve de cada diez de los jueces venezolanos (85,3%) no son titulares: se pasean entre cargos de libre remoción bajo las figuras de provisorio, temporal, itinerante y suplencia especial. Desde 2003, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió los concursos de oposición que normaban el ingreso de los jueces al Poder Judicial, la imparcialidad en la administración de justicia quedó gravemente condicionada.

Y la segunda variable, sobre la militancia o parcialidad política, llega a escala nacional a 56.3%. Poco más de la mitad de los jueces venezolanos que se mantienen activos en los tribunales visten togas rojas.

Pero ambos indicadores muestran peor desempeño cuando la mirada se fija en las entidades más rurales y lejanas de la capital.

Es como una fuerza de gravedad al revés, en la que la atracción se hace más potente según aumenta la distancia con respecto al poder central. A esta comprobación contraintuitiva se ha podido llegar luego de limpiar y verificar datos, cruzar variables y hallar patrones a partir de la descarga y recopilación de toda la información oficial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pública hasta hace poco en su portal web, y que ha sido sistematizada en una gran base de datos por Armando.Info, actualizada hasta abril de 2019. 

Esta radiografía del Poder Judicial venezolano, resultante de un amplio trabajo de periodismo de datos que se prolongó por más de un año, permite detectar situaciones tan extremas como la existencia de estados donde ni siquiera uno de cada diez jueces posee la titularidad del cargo y los que más tienen (el céntrico estado Miranda y Trujillo, en los andes) apenas llegan a la proporción de tres por cada diez (27.2% y 33.3%, respectivamente). Que casi 80% de la plantilla de jueces de un mismo estado milita en el partido de Gobierno, superando el penoso promedio nacional; y que hay entidades donde las sentencias sobre inhibiciones y recusaciones -figuras empleadas cuando la imparcialidad del juez está en duda- son mayores, como en Monagas, Apure y Barinas. En estos tres, las inhibiciones de jueces coinciden con su militancia, mientras que Barinas despunta con la mayor cantidad de jueces recusados (una de las partes pide que el juez abandone el caso).

En Delta Amacuro, Apure, Yaracuy y Amazonas, estados lejanos dentro de la geografía nacional y entre los más pobres del país, la imparcialidad de las decisiones tomadas en sus tribunales está por verse. Sus plantillas de jueces son las más vulnerables o manipulables: 95.1% de los jueces de Yaracuy no son fijos y las proporciones son igual de graves en Apure (94.6), Delta Amacuro (92.5%) y en Amazonas (84.7%).

Las decisiones no solamente quedan comprometidas por la dependencia casi absoluta a un ente rector politizado (el TSJ), sino también por una afiliación política que no debería existir y que, sin embargo, ni siquiera ocultan. El principal transgresor es Barinas, estado natal del fallecido Hugo Chávez, líder de la “revolución bolivariana”; allí 78.7% de sus jueces tienen filiación política. Le sigue Monagas (77.9%), de donde es oriundo el número dos del chavismo, Diosdado Cabello. Y completan el cuestionado ranking de parcialidad los estados Apure (76%), Delta Amacuro (75%) y Amazonas (65.2%). En todos ellos el concepto de justicia queda desdibujado.

Pobre injusticia, justicia pobre

Investigaciones publicadas en Armando.Info sobre el sistema judicial, con base en los primeros hallazgos de esta base de datos, revelaron que 40% de los jueces penales son en realidad jueces políticos, y que casi 8% de los 5.928 jueces que han pasado por el Poder Judicial en los últimos 20 años también han sido jueces contratistas que se beneficiaron ejecutando obras o dando servicios a entes del Estado.

Ahora la información completa permite ver cómo el manejo local de la justicia incluye casos de nepotismo vinculados a alcaldes, oficinas de cobro en tribunales pese a no estar contempladas en ninguna ley, jueces que duran seis meses en cada cargo porque han recibido hasta 29 nombramientos en 10 o 15 años, e incluso que han rotado hasta por cinco estados del país para ocupar distintos cargos en varias áreas y niveles.

Un ejemplo: Si algo es común en la ciudad de San Fernando, capital del estado llanero de Apure, en la frontera sur con Colombia, es el reconocimiento del poder que concentra la alcaldesa oficialista Ofelia Padrón, del Partido Socialista Unido de Venezuela y que le permite actuar más allá de sus atribuciones. Por eso, la presencia de varios familiares directos dentro de los tribunales locales no reviste de mayor sorpresa para los apureños.

Una de sus hermanas, Ana Trina, es juez laboral, y Carmen Elena, la mayor de las tres, ocupó el cargo de fiscal superior de Apure hasta 2017, cuando la fiscal general Luisa Ortega Díaz huyó del país. Sus actuaciones sesgadas para encubrir el delito de dos familiares generaron una investigación ante la dirección contra la corrupción del Ministerio Público, en 2016. Ahora Carmen Elena trabaja en la Alcaldía de San Fernando, la que dirige su hermana, y se le ha visto participando en las reuniones del movimiento político identificado como Frente Amplio, en el lado del “chavismo disidente”.

“El nepotismo en el sistema judicial de Apure se hizo más evidente con la llegada de Ofelia a la alcaldía. Es una maraña”, alcanza a decir un abogado. Otro prefiere dar el beneficio de la duda sobre las capacidades de sus familiares para ejercer esos cargos. Ninguno quiere ser identificado en este reportaje para evitar problemas. Ofelia Padrón fue electa alcaldesa en diciembre de 2013 y reelegida en 2018. Antes de llegar a este cargo trabajaba como secretaria ejecutiva del estado junto al gobernador de la entidad, el coronel del Ejército Ramón Carrizález, ex vicepresidente de la República con Hugo Chávez. Una relación política estrecha que no ha cesado.

También tiene un sobrino alguacil y otro familiar directo, Francisco Javier Padrón, como juez civil. Sobre el nepotismo y preferencias vinculados con su posición, la alcaldesa Padrón dijo al otro lado del teléfono que no podía hablar al respecto porque estaba en una reunión, y que “ese tipo de situación que estás planteando es falso”.

En esta entidad, 94.6% de los jueces activos actualmente no son titulares y 76% tiene una militancia política precisa. Por eso no extraña que fuera precisamente un juez de Apure uno de los que participaron en la acción en la que cinco tribunales penales, sin competencia alguna en el área electoral, ordenaran en octubre de 2016 suspender la recolección de firmas necesarias para activar el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro.

Pedro Rafael Solórzano Martínez fue quien cumplió con el mandato emitido desde la gobernación, al firmar la querella introducida por el gobernador Carrizález en compañía de la alcaldesa Ofelia Padrón, y tres personas más. Quienes lo conocen lo describen como un joven que había comenzado su carrera en la administración pública con cargos políticos antes de llegar al sistema judicial, en marzo de 2016, cuando le dieron un cargo como juez penal sin experiencia previa. Luego de firmar esta querella como juez provisorio del Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal, mejoró con un nuevo cargo escalando a la Corte de Apelaciones del estado.

En Barinas, también en los llanos venezolanos y vecino de Apure, el carnet del Psuv es la llave que abre las puertas a los tribunales. La presidenta del Colegio de Abogados de la entidad, Lucía Quintero, no tiene reparos en afirmar que la mayoría de los jueces de la entidad no tienen credenciales, preparación o mérito para ocupar los cargos que tienen. “Lo único que tienen es ese carnet. Yo siempre digo que la razón por la cual ellos son tan dóciles en los lineamientos que les dan es porque ellos saben que la única razón por la que están allí es porque poseen ese carnet”, expresa.

Lo que Quintero da por hecho consigue respaldo en los números obtenidos de la base de datos. Barinas es el estado con más jueces militantes con 78.7%. Con casi ocho de cada diez jueces militando en el partido de Gobierno, contraviniendo los artículos 145 y 256 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Además en esta entidad 85.3% de sus jueces no tienen titularidad de sus cargos.

Quizás como resultado de esa mezcla de desconocimiento académico, falta de preparación y lealtad política, ocurren hechos insólitos como la entrega de las sentencias en un pendrive, o su envío por correo electrónico, a una de las partes involucradas en el juicio para que impriman el documento y lo lleven de vuelta en físico al tribunal, porque en la sede no tienen papel ni tinta para hacerlo, como si se tratara de una monografía que hay que entregar en el colegio y no de un veredicto que debe tratarse con rigurosidad para no afectar el acto jurídico. Esta práctica iniciada en 2018 y agravada en el primer trimestre de 2019 es común en el Circuito Judicial Penal y en los tribunales de protección, precisa la presidenta del Colegio de Abogados de Barinas.

Que la justicia sea menos independiente, los jueces más vulnerables y el sistema menos eficiente en entidades como Barinas y Apure, es algo que se repite en Delta Amacuro, Amazonas y Monagas según el cruce de datos realizado por Armando.Info tras organizar la información proveniente de los 5.881 jueces que han pasado por el sistema judicial en los últimos 20 años (2.396 de ellos activos al menos hasta abril). De oeste a este del mapa de Venezuela, estos cinco estados muestran un patrón donde la pobreza y la escasa administración de justicia van entrelazados, y donde la población que menos tiene es la peor tratada por el sistema.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) los incluye dentro del grupo de entidades que reúnen entre 10% y 20% de hogares en pobreza extrema o incluso más, según el último censo nacional de población y vivienda de 2011, mientras que la más reciente Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi), realizada por las universidades Católica Andrés Bello, Simón Bolívar y Central de Venezuela, también los identifica como parte de los estados que para 2018 presentaban mayores niveles de pobreza multidimensional en sus localidades.

Delta Amacuro es, posiblemente, el más afectado. Es el segundo estado menos poblado de Venezuela pero con mayor desigualdad, con un acceso tradicionalmente difícil por su geografía fluvial, y con una población indígena de la etnia warao tan importante como olvidada por el Estado. En los tribunales de Tucupita apenas quedan tres jueces de carrera de los 40 que aún dictan sentencias, de acuerdo con los datos del propio TSJ.

Lex Bejarano es uno de los activos. Ha sido juez provisorio en el Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Protección de niños, niñas y adolescentes y de Tránsito, juez rector del estado y juez superior. Y en 2014 coqueteó con el TSJ postulándose para ser magistrado. Pero Bejarano también ha sido un “juez contratista”. Su empresa de obras y servicios denominada Proyectos, Construcciones e Inspecciones Mara, C.A, ejecutó proyectos para la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), Fundavivienda y el Instituto de Vialidad de Delta Amacuro.

No quiso dar declaraciones sobre cómo se encuentra el Poder Judicial en su estado: “No podemos hablar de eso”, dijo. Y se negó a hablar sobre su empresa y el conflicto de intereses por su cargo como juez: “No sé de qué me habla”, respondió. Sin dar ningún margen para más preguntas finalizó la llamada con una afirmación: “Todo funciona bien en Tucupita”.

Trampolín a donde sea

Que los cargos dentro del sistema de justicia dependan de decisiones tomadas en el cuestionado TSJ ha instaurado vicios e irregularidades que hasta los trabajadores tribunalicios reconocen.  

No es normal que la abogada Margarita García Salazar, juez agrario, cuente en su expediente el paso por cinco estados del país desde 2005 (Apure, Aragua, Área Metropolitana de Caracas, Guárico y Yaracuy) en tribunales afines con su especialidad y de lo contencioso administrativo. En junio de 2015 fue designada como contralora provisional del estado Aragua, donde apenas estuvo “prestada” tres meses para luego seguir su camino en los tribunales agrarios de Guárico. Aunque se intentó contactar por varias vías, en el juzgado superior agrario de San Felipe, estado Yaracuy, informaron que desde el año pasado la jueza García está de reposo y de vacaciones, alternando los permisos. Por ella hay otro juez provisorio. Como García, dos jueces más han transitado por cinco entidades.

Tampoco es buen síntoma que un jurista sume 29 nombramientos en 14 años, rotando por distintos tribunales y haciendo suplencias especiales, así como actuando en calidad de juez provisorio o accidental. Es el caso de Saturno Ramírez, del estado Falcón, que en promedio ha dedicado cinco meses a cada asignación. Es el ejemplo más extremo, pero en la información del propio TSJ (incompleta y con retrasos en su actualización), se evidencian las altas rotaciones: dos jueces con 27, uno con 20, otros 74 juristas que han recibido entre 10 y 19 nombramientos.

Una de las figuras que suele cumplir este patrón de movilidad es la del juez rector. “En el área penal es como el ministro de justicia en esa entidad, y la verdad es que un juez rector en las regiones tiene muchísimo poder. Ellos son los que recomiendan a los nombramientos de los nuevos jueces”, detalla Alí Daniels, director de la organización Acceso a la Justicia.

Desde el TSJ se envían lineamientos a los jueces rectores, por lo que llevan una carga política en sus cargos. José Luis Cárdenas Quintero, expresidente del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida y actual juez rector y presidente del Circuito Judicial Penal de Barinas, expresa abiertamente en sus redes sociales su afinidad política. Al menos desde 2012 ha hecho vida en el Poder Judicial, pasando por los estados Mérida, Táchira y Barinas. Su poder en la entidad llanera es de tal nivel que creó una “coordinación de fianzas” en el Circuito Judicial Penal, oficina donde cobran a los abogados un arancel para otorgar una medida cautelar, algo absolutamente ilegal que no está contemplado en el Código Orgánico Procesal Penal, denuncia el Colegio de Abogados de Barinas. La oficina funciona al margen de la ley.

En Caracas, el juez rector Juan Pablo Torres Delgado es de los que llevan sus aspiraciones políticas tatuadas. En 2008 participó en las primarias del Psuv para postularse como alcalde del municipio Anaco en el estado Anzoátegui. En 2009 fue postulado por la Universidad Bolivariana de Venezuela para ser rector del CNE, y fue una de las personas por la cuales la organización civil Súmate introdujo un Recurso Contencioso Administrativo en el TSJ para que anulara la lista final de candidatos por su vinculación directa o indirecta con organizaciones políticas, o por haber demostrado parcialización en el ejercicio de sus funciones públicas. En 2014 ejerció funciones como síndico procurador del municipio Libertador del Distrito Capital (gobernado por el Psuv), y fue seleccionado en diciembre de ese año como uno de los magistrados suplentes “express” de la Sala de Casación Civil del TSJ.

Pero quizás lo más elocuente de su trayectoria es haber apoyado en los 90 a los abogados que defendieron a Hugo Chávez y a los militares que participaron en el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, Cilia Flores y Tarek William Saab, así como al naciente movimiento político MBR 200, como recuerdan viejos conocidos.

Que Venezuela figure entonces como el país con el peor índice de estado de derecho según el World Justice Project (WJP), que evalúa el sistema de justicia en 126 países, no sería una exageración, considerando los propios datos del Poder Judicial venezolano. En la edición 2019, el país suramericano también ocupó el último lugar entre las naciones con la peor justicia penal y el penúltimo en justicia civil. 

Además, el reciente informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michel Bachelet, presentado el 5 de julio y referido a la situación de los derechos humanos en Venezuela, también subraya las irregularidades existentes en el Poder Judicial. No se trata de un asunto menor.

En el apartado sobre las violaciones a los derechos civiles y políticos detalla que “las instituciones responsables de la protección de los derechos humanos, tales como la Fiscalía General, los/as jueces/juezas y la Defensoría del Pueblo, generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales, no llevan a las personas responsables ante la justicia, ni protegen a personas víctimas y testigos. Dicha inacción contribuye a la impunidad y a la repetición de las violaciones”. Pero además cita entre los factores que propician la impunidad a “la elevada rotación de los fiscales, jueces y juezas”.

Y en el capítulo referido al acceso efectivo a la justicia advierte que “la falta de independencia y la corrupción en el poder judicial son también obstáculos importantes a los que se enfrentan las víctimas en su búsqueda de justicia y reparación”.

Aunque los datos del propio Tribunal Supremo de Justicia sobre los jueces del país no estén completos y la radiografía que muestren pueda ser parcial, no dejan de estar a tono con lo que día a día pasa en los tribunales del país, con las irregularidades recogidas por el equipo de Michel Bachelet, y con la parcialidad que empeora en las ciudades más recónditas de Venezuela.

*Esta investigación contó con el trabajo de Gustavo Jiménez e Isabella Reimi.

Hay al menos 461 casos de juristas venezolanos que tienen o han tenido contratos con entes del Estado. Las conclusiones de un trabajo de periodismo de datos, que se publican en este reportaje, permiten advertir que casi 8% de los 5.928 jueces que en los últimos 20 años han pasado por el Poder Judicial tuvieron contratos con organismos públicos.

Muchos lo hicieron antes o después de su paso por los tribunales, pero destacan casos como el de la entonces jueza penal, María Verónica Enmanuelli, que en el año 2006 era una de las accionistas de la empresa Litoven al mismo tiempo que se encontraba al frente del Juzgado Vigésimo Cuarto (24°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio, por donde pasó el caso del narcotraficante Walid Makled.

Con un sombrero formaba parte de la imprenta de la que salieron folletos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sobre el Reglamento de la radiodifusión, catálogos de Pdvsa sobre sus empresas mixtas y revistas y suplementos del Banco Central de Venezuela. Por otro lado se enfrentaba a los vericuetos del juicio a Makled y su millón de dólares congelado en la aerolínea Aeropostal, por cuyas presiones en tres oportunidades solicitó una inhibición que nunca le concedieron.

Aunque fue contactada, Enmanuelli prefirió no hablar sobre el tema para este reportaje. Pero en su compañía advirtieron que se trataba de una empresa familiar en la que había heredado un pequeño porcentaje de acciones.

Un caso similar es del capitán de corbeta Pedro Alexander Lunar Rodríguez, cuyo nombre figura en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) como uno de los integrantes de la Asociación Cooperativa Los Pedros II, pero también como juez titular activo de la Corte Marcial. Fue quien condenó a cinco militares y tres civiles a 10 años de prisión por el llamado caso del “Golpe azul”, que el mandatario Nicolás Maduro denunció el 12 de febrero de 2015 en televisión como un plan en el que, según sus palabras, un avión artillado de la Fuerza Aérea Venezolana aparecería raudo en el cielo de Caracas para derribar edificios oficiales y cualquier paz y cordura.

Juristas con dólares preferenciales

La ley es clara en que ningún funcionario público puede tener puertas giratorias. El artículo 145 de la Constitución venezolana advierte que ningún empleado al servicio del Estado puede celebrar contratos con organismos públicos y el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción añade penas de prisión, en su artículo 89, para los que incurrieran en este delito de forma directa o a través de testaferros.

No hay una falta para los abogados que hayan decidido cambiar de función; sin embargo, cuando se trata de jueces llama la atención que un buen número de estos hayan colgado la toga para hacer business con todos los niveles de gobierno. “¿Qué habrán hecho en tribunales?”, se pregunta la abogada Laura Louza, quien viene advirtiendo sobre la falta de independencia del sistema judicial desde la organización no gubernamental Acceso a la Justicia.

No es que sea automáticamente ilegal ni incompatible con su pasado, señala, pero cuando menos una estela de dudas se teje alrededor de los más de 450 jueces activos y retirados que lograron registrar empresas y encontrar contratos públicos justo en el tercer peor país del mundo para hacer negocios legales, según el último índice de facilidad para hacer negocios –Ease of doing business index– del Grupo del Banco Mundial.

¿Qué tienen esos abogados que no tengan los demás? La mayoría de sus compañías –131 de 559– incluso son constructoras, que en tiempos de contrabando y escasez consiguen cemento, ladrillos y contratos para obras de construcción de alcaldías, gobernaciones y ministerios. También han logrado pasar el torniquete de los dólares preferenciales que el gobierno venezolano monopoliza desde el año 2003.

Tal es el caso de la Corporación Construya FM, que consiguió 762.801 dólares en 14 solicitudes que quedaron asentadas en la llamada “lista Cadivi”, de la Comisión Nacional de Administración de Divisas y detrás de la que, otra vez, aparece el nombre de un juez.

Tras los montos y el resto de los detalles de las transacciones destaca el abogado Darwin Martínez Salandy, el mismo juez de control del estado Miranda que figura como representante legal de una constructora que primero tuvo contratos con el Ministerio de Educación Superior y, luego de retirarse de la carrera judicial, aumentó su cartera de clientes incluyendo la propia Dirección Ejecutiva de la Magistratura, que controla el proceso de admisión, ascensos y evaluaciones a los jueces del Estado venezolano. Esa institución, de acuerdo con el RNC, le encargó la reparación y acondicionamiento de los mismos tribunales donde atendió casos y firmó sentencias entre 2003 y 2004.

Esa anécdota, de cualquier modo, es una nota al pie de página en la lista de “jueces contratistas”. Hay 19 casos de jueces que han tenido tres, cuatro y hasta más compañías, que en diferentes oportunidades han contratado con la administración pública. Encabeza la lista la abogada Katiuska Silva, que entre 2007 y 2008 rotó por cuatro cortes penales del estado Apure y ahora, lejos de ellas, se le ve como dueña de siete contratistas, que van desde empresas de transporte y alimentos, hasta una inmobiliaria, una productora de eventos y una importadora.

Aunque no fue posible contactarla –ni al resto de los mencionados–, su esposo y socio sí atendió el llamado desde una de las compañías a su nombre. “Cuando ella era jueza no tenía empresas”, respondió. “Las tuvo después que se casó conmigo y ya tenía tiempo fuera del Poder Judicial”.

En realidad, el de Katiuska Silva es un caso de una lista de abogados que pasan un par de años en los pasillos de los tribunales y luego siguen su camino. En promedio, los jueces de Venezuela duran tres años en el Poder Judicial, de acuerdo con los resultados de una base de datos que se levantó y sistematizó para este trabajo. Hay casos de suplencias de apenas dos semanas y de otros que han llegado a rotar por 33 tribunales diferentes.

Chavistas de carrera

Los números ratifican que se trata de funcionarios vulnerables, subordinados a un sistema en el que carecen de autonomía. De los casi 6.000 nombres de jueces que han pasado por el Poder Judicial en los últimos 20 años, hay 2.151 activos en todo el país y de ellos, 561 titulares, según la información que se levantó y pudo comprobar con el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, solo uno de cada cuatro es fijo; el resto son provisorios, accidentales, itinerantes, suplentes o temporales que pueden ser destituidos sin proceso disciplinario alguno.

Son jueces que tienen al supervisor encima, que caminan sobre arenas movedizas, y ahora, tras el cruce de sus nombres con los de los empresarios apuntados en el Registro Nacional de Contratistas, se sabe que también representan una nueva variable: la de los “jueces contratistas” que tienen negocios que atender.

Ni hablar de los llamados jueces políticos. La primera entrega de esta investigación encontró que a contracorriente de la ley, 40% de los jueces penales del país no solo han coqueteado con el chavismo sino que están inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) o en otras tres listas de militantes que ha filtrado el partido de gobierno. Si eso ya levantaba las alarmas, la cifra aumenta cuando se abre el lente para mostrar la foto completa de todos los jueces a cargo de un tribunal durante el chavismo: más de la mitad de los casi 6.000 son o han sido acólitos de la “revolución bolivariana”.

El patrón se repite en el sistema judicial de estos días: 1.101 de los 2.151 jueces activos aparecen apuntados en las listas del PSUV. En este momento hay, incluso, 106 jueces activos inscritos en el partido de gobierno vinculados además a empresas que hacen negocios con diferentes instancias de gobierno. Muchos de ellos salieron de ministerios, organismos públicos y entes del Estado. La justicia en Venezuela es un incesto.

El sistema privilegia la fidelidad y fomenta la rotación. Verbigracia, el caso de la abogada Grisell de los Ángeles López Quintero, que en 2012 trabajaba en la Consultoría Jurídica de Seguros Federal al mismo tiempo que firmaba sentencias como jueza suplente de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo Accidental “A”. Antes de eso, en su currículum destaca una carrera en el Consejo Nacional Electoral que empezó en 2006 como suplente de la presidenta del organismo, Tibisay Lucena.

López Quintero se ha mantenido en instituciones clave de la administración pública. Discreta y lejos de la primera fila, su nombre aparece agazapado en las gacetas oficiales que van de 2010 a 2015 en cuatro posiciones de la administración pública: fue suplente de los tribunales contenciosos administrativos, suplente de los rectores del CNE, suplente de magistrado del TSJ y miembro de la junta directiva de Seguros Federal, que pasó a manos del Estado luego de su intervención.

Por un buen tiempo se mantuvo en la directiva del Poder Electoral al mismo tiempo que integraba la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Hoy se mantiene solo en el TSJ, luego de ser reelecta en el grupo de los llamados 34 magistrados express que la mayoría chavista de la Asamblea Nacional designó una semana antes de que, en diciembre de 2015, se vieran obligados a entregar el testigo a un parlamento de mayoría opositora.

Más que jueces de carrera, son chavistas de carrera. Un año después de dejar los tribunales, el juez Gustavo Valero Rodríguez fue presentado por el entonces gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, en su programa de radio, como el abogado que lo representaría para introducir ante el TSJ un recurso de interpretación que estableciera límites a la inmunidad parlamentaria de los diputados opositores que por primera vez habían conquistado la mayoría del Poder Legislativo.

Años antes fue director de Administración de Personal en el Ministerio para las Finanzas y luego se le vio en varios cargos de confianza acompañando la carrera de Manuel Galindo –una de las fichas clave de la primera dama, Cilia Flores– primero en la Consultoría Jurídica de la Asamblea Nacional y luego en la Contraloría General de la República. Sin grandes posiciones en estos días, ahora aparece en el RNC en negocios con el Estado a través de la empresa Neo-Consultores 2016.

“Esto no es normal”, dice el abogado especialista en Derecho Constitucional, Antonio Canova, coautor del libro El TSJ al servicio de la revolución, una investigación en la que recopiló 45.474 sentencias emitidas entre 2004 y 2013 en las que el gobierno nunca perdió caso alguno.

Canova aun así se sorprende de que haya jueces que no tengan pruritos en apuntar su nombre en juntas directivas de empresas. No es ilegal, añade, que haya abogados que paseen por los poderes públicos, pero advierte que hacer carrera es otra cosa. “Con 10 trabajos en la administración pública difícilmente tendrías carrera para participar en un concurso de oposición”, sostiene. “La rotación por diversos entes habla de la falta de imparcialidad, dice el abogado, “y demuestra que son jueces muy relacionados con el poder administrativo del Estado”.

Una crisis moral

Ni la suplente de Tibisay Lucena ni el abogado de Francisco Ameliach han hablado alguna vez sobre su recorrido por la administración pública. No fue posible contactarlos para entender la lógica de un juez que va y viene. Quien sí quiso hablar fue su colega Manuel Pérez Pérez, que pasó a ser fiscal superior y procurador del estado Portuguesa luego de ejercer como juez penal y consultor jurídico en dos contratistas de la misma entidad. “A través de mí esas empresas no consiguieron contratos; si lo hicieron fue a través de su presidente”, resume.

Pérez asegura que nunca ha ejercido dos cargos al mismo tiempo, ni siquiera tras bastidores. “Legalmente eso es incompatible”, responde desde Acarigua al otro lado del teléfono. Lamenta, de cualquier modo, que el Poder Judicial del que fue parte ha mutado en una inercia para tapar huecos y despachar casos arrumados en los juzgados. “Hay una crisis estructural y otra crisis de conocimiento, que ha llevado a una gran crisis moral”.

Más pronto que tarde, Pérez sabe que debe venir una reestructuración del aparato de justicia. El discurso de emergencia judicial del año 2003 acabó con los concursos públicos de oposición, que exige la Constitución nacional para reclutar a los más preparados e independientes.

Hoy los jueces son impuestos desde arriba, a través de la Comisión Judicial de un Tribunal Supremo de Justicia cuya legitimidad está en tela de juicio. El que se porte mal puede salir rápido. Esa indefensión y la hiperinflación del país han profundizado una atmósfera corrupta que varios abogados murmuran en los pasillos de los tribunales.

Pero del otro lado de la moneda, la realidad no solo muestra jueces frágiles y poco independientes sino también con escasas remuneraciones. Un juez de control gana un poco más de 60 mil bolívares mensuales, según contaron algunos de ellos para este trabajo. Se trata de unos 20 dólares a la tasa Dicom, que distan de los más de 1.800 que perciben sus homólogos en países de la región como Perú y Colombia.

Ni hablar de los de Dinamarca, Noruega y Finlandia, que constituyen los mejores sistemas de justicia del mundo, según el último Índice de Estado de Derecho que año a año publica la organización internacional World Justice Project, para medir el acceso a la justicia que un ciudadano común encuentra en los tribunales de 113 países diferentes. Venezuela, por el contrario, ocupa el último lugar incluso detrás de Afganistán y Camboya.

Los bajos salarios han deformado el monstruo. Tal vez por eso en este estudio destacan jueces que antes, durante o después han constituido principalmente constructoras o cooperativas como la Asociación Cooperativa Santo Cristo 2021, establecida en 2017 en el estado Anzoátegui por dos jueces que renunciaron a sus labores en el Circuito Judicial de Táchira junto a otro que hizo lo mismo en Bolívar.

Muchos incluso se van sin avisar. La dinámica de la economía venezolana ha convertido a los funcionarios públicos y a la propia empresa privada en dependientes del Estado. “Aquí lo que hay es un círculo vicioso, un entramado de relaciones, una casta, una suerte de rosca que busca hacerse de la renta del Estado”, lamenta el abogado Alí Daniels desde la ONG Acceso a la Justicia.

Si bien todo ciudadano tiene derecho al trabajo, advierte que el artículo 75 de la Ley contra la Corrupción permite preguntar a un juez cómo encontró el capital suficiente para levantar grandes empresas, incluso constructoras. Pero aunque se probara la responsabilidad o el conflicto de intereses, indica que el sistema está hecho para que nadie vaya preso.

El artículo 89 de la Ley contra la Corrupción establece penas de entre tres a seis años, que pueden obtener el beneficio de libertad condicional. En fin, en la República Bolivariana de Venezuela los que meten presos nunca podrían ir presos.

* Esta investigación contó con el trabajo de Gustavo Jiménez, Gabriela Henríquez, Isabella Reimi, Aníbal Pedrique y los alumnos de la cátedra de Investigación Periodística de la Universidad Católica Andrés Bello, a cargo de la profesora Andreína Itriago.

Lo suyo es claramente el chavismo. Lo dice en sus redes, lo sugieren sus sentencias, lo desnuda la gorra roja con la que se presenta. Y no es el único: al menos uno de cada tres jueces de la República Bolivariana de Venezuela aparece circunscrito en las listas de militantes de la revolución.

Ya a principios de 2006, los magistrados de la República inauguraron el año judicial con el célebre “¡Uh, ah, Chávez no se va!”. Cubiertos por la majestad que embiste la toga negra de la justicia, se levantaron de sus asientos en la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia para corear el estribillo que solía convocar a los seguidores del líder de la revolución bolivariana. Presente en el auditorio, cual acto electoral, un Hugo Chávez henchido se inflaba de aplausos mientras agradecía el gesto.

Los magistrados venezolanos son chavistas. Ya no es nuevo advertir que la cúpula del Tribunal Supremo de Justicia está teñida de rojo, pero aguas abajo resulta que buena parte de los jueces venezolanos también están directamente comprometidos con el Gobierno. Sus vínculos quedan de manifiesto, en esta investigación, tras el cruce de cinco bases de datos que mezcla la lista oficial de todos los jueces penales del país con cuatro de los registros que el buró político de la revolución ha venido filtrando desde 1999. Conclusión: 40% de los jueces penales son o al menos han sido acólitos del partido de gobierno.

Aunque el Poder judicial suma 1.125 tribunales penales en todo el país, solo confirma los nombres de 823 jueces a su cargo. De ellos, 332 están en al menos una de las listas de militantes que el Partido Socialista Unido de Venezuela almacenó en los años 2007, 2012 y 2013 o en una anterior del otrora Movimiento Quinta República que encabezaba el ex presidente Hugo Chávez.

Diecinueve de esos jueces incluso están apuntados y refrendados en todas las listas del chavismo. Destaca en ese club la jueza del Área Metropolitana, Fanny del Valle Sánchez, que impuso en 2010 régimen de presentación cada 20 días contra el diputado de la oposición por el estado Barinas, Wilmer Azuaje, hoy recién encarcelado por un caso político y en ese momento sentenciado por primera vez a causa de un altercado con una funcionaria policial que demandaba abuso a la autoridad, luego de que el parlamentario pasara a convertirse en disidente del gobierno.

Figura también, entre los incondicionales, el juez Javier Toro Ibarra, cuyo nombre quedará remachado al caso de Araminta González, la joven químico que cayó presa en 2014 tras unos explosivos que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas dice que encontró en su casa durante un allanamiento que unos “patriotas cooperantes” le incriminaron.

Son jueces políticos. Que sus nombres estén asentados en las trincheras del PSUV confirma que en Venezuela la justicia no es ciega. “Incluso aunque hayan sido coaccionados a inscribirse en cualquier partido”, señala la abogada Laura Louza, quien en los últimos años ha venido advirtiendo sobre la falta de independencia del sistema judicial desde la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. “Si fueron obligados a formar parte de un partido es aún más grave, porque retrata a la justicia como brazo ejecutor del Gobierno”.

Peor que Afganistán

Si el artículo 26 de la Constitución garantiza una justicia “imparcial”, es aún más expresa en el 256 sobre la necesidad de jueces, fiscales y magistrados ajenos a alguna parcialidad: “(…) desde la fecha de su nombramiento y hasta su egreso del cargo respectivo, no podrán, salvo el ejercicio del voto, llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante, ni realizar actividades privadas lucrativas incompatibles con su función”.

Los de Venezuela son unos juristas que tienen puertas giratorias. Verbigracia, el caso de Edgar Daniel Parra Barrios, que ejerció funciones de juez en el Circuito Judicial Penal del estado Mérida luego de presidir el Frente de Abogados Socialistas y la Asociación Bolivariana de Abogados. Ni hablar del presidente del Circuito Judicial Penal del estado Vargas, Jaime de Jesús Velásquez Martínez, que hasta 2004 fue viceministro de Seguridad Jurídica del gobierno de Chávez.

No en vano, Venezuela ocupa el último lugar en el Índice de Estado de Derecho que año a año publica el World Justice Project, para medir el acceso a la justicia que un ciudadano común encuentra en los tribunales de 113 países diferentes. Aun por detrás de Afganistán y Camboya, la justicia bolivariana lleva más de cinco años a la cola del mundo, de acuerdo con los resultados de más de 100.000 encuestas –aplicadas en simultáneo en todos los países– que miden precisamente el funcionamiento de la justicia penal, así como separación de poderes, lucha anticorrupción, gobierno abierto y derechos humanos entre otros temas.

Sin ir tan lejos, más de la mitad de la población venezolana valora negativamente a sus jueces. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2015 –que llevan en conjunto las universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello y Simón Bolívar–, 56% considera como “muy malo” su trabajo. Al frente de ese estudio, el investigador Roberto Briceño-León indica que aun peor es la idea que el país se ha hecho sobre la relación entre los jueces y los delitos: 52% los vincula directamente mientras que otro 32% cree que están más o menos relacionados.

Al margen de percepciones, la realidad demuestra que se trata de funcionarios vulnerables, subordinados a un sistema en el que carecen de autonomía. Del total de 1.125 tribunales penales que hay en el país, en solo 273 se encuentran jueces titulares, de acuerdo con la data procesada para este trabajo, que presenta el TSJ con algunas imprecisiones. Es decir, solo uno de cada 4 jueces es titular, el resto son provisorios, accidentales, itinerantes, suplentes o temporales que bien pueden ser destituidos sin proceso disciplinario alguno. “El portero de un tribunal goza de más estabilidad que el juez que lo preside”, resume Briceño-León.

El perfil del jurista

Si hubiera que hacer un perfil del jurista a cargo de los tribunales penales, los datos indican que se trata de un abogado egresado principalmente de la Universidad Santa María de Caracas y cuyo cargo no obtuvo a través de un concurso de oposición como lo manda la Constitución en el artículo 255. Es simpatizante del chavismo y en 40% de los casos incluso se afilió al partido de gobierno.

En ocasiones hasta se muestra más severo con partidarios y dirigentes de la oposición venezolana. Para muestra Alfredo Baptista Oviedo, del Circuito judicial penal del estado Aragua, quien milita en el PSUV y tuvo más clemencia para sus camaradas, los pistoleros de Puente Llaguno, que con un grupo de jóvenes que el año pasado participaron en una protesta contra el primer mandatario, Nicolás Maduro.

En sentencia conjunta con otros dos colegas, Baptista declaró inocentes y liberó a cuatro de los sujetos que fueron grabados el 11 de abril de 2002 en el centro de Caracas disparando contra la concentración que pedía la renuncia de Chávez. Pero privó de libertad el año pasado a 13 jóvenes que participaron en la marcha que la Mesa de la Unidad Democrática convocó el 26 de octubre con el nombre de la “Toma de Venezuela”.

El sistema premia a los chavistas. Los magistrados Maikel Moreno y Marjorie Calderón llegaron hasta la cúpula del Tribunal Supremo de Justicia luego de forjarse –precisamente en los tribunales penales– con fallos contra presos políticos emblemáticos como el comisario Iván Simonovis. Los eficientes escalan, pero el aparato también sabe expulsar y castigar a los que se salen del molde. Es el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, para quien la Organización de Naciones Unidas pidió en 2010 su liberación inmediata así como la reposición de su cargo como titular del Tribunal 31 de Control de Caracas, del que fue destituida tras dictar medidas cautelares contra Eligio Cedeño, otro preso político.

La sombra del caso Afiuni

“En Venezuela los jueces no deciden sino que complacen los caprichos del Gobierno”, afirmó Afiuni el 30 de junio de 2015 en una de las mismas salas de audiencia del Palacio de Justicia de Caracas en las que, años antes, destacaba en el podio. "En seis años me destruyeron mi vida, la de mi hija y la de mi familia".

Ese día, Afiuni rompió el silencio sobre una retahíla de torturas y vejámenes que había mantenido en reserva. Narró que una patada con la bota de una funcionaria de la Guardia Nacional le provocó una distorsión en uno de sus senos. Que fue obligada a compartir pabellón y recibir golpes y acosos de reclusas que previamente habían sido condenadas en su despacho. Que en varias oportunidades rociaron con gasolina su celda. Que fue víctima de varias golpizas y que nadie, nadie, hizo nada para evitarlo.

“Quiero que sepa una cosa: a mí me vaciaron el útero”, dijo mirando a uno de los tantos jueces que conocieron el caso. Otro de ellos, ironías de la vida, fue Alí Paredes, el siguiente en caer preso luego de que la Comisión Judicial lo señalara de favorecer al narcotraficante venezolano, Walid Makled, y sus hermanos.

Paredes fue más clemente con los Makled que con la propia Afiuni, a quien no solo le negó medidas sustitutivas de libertad sino también tratamiento médico. La defensa de la jueza solo atribuía este comportamiento a vínculos entre el jurista y el Gobierno, que hoy se constatan en los registros de militantes del PSUV. “Nunca traicionaría a este proceso ni mucho menos a mi comandante, porque llevo la revolución en la sangre (...) por la revolución doy la vida como la expuse el 11 de abril en Puente Llaguno”, escribió en 2009 en la página web del mismo partido de gobierno.

Aun con carnet, la revolución también se come a sus hijos. El de Paredes es un ejemplo de los 332 casos de jueces chavistas que desarropa esta investigación y que pululan por los pasillos de los tribunales.

Allí sin embargo, en los vericuetos del sistema judicial, no hay respuestas sobre este tema: como si se tratara de una novela de Franz Kafka, no fue posible que algún representante del Tribunal Supremo de Justicia explicara cómo los de Venezuela son jueces rojos. Mucho menos en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura donde, a falta de respuestas, en el Departamento de Seguridad de la institución tomaron los datos del autor de la nota y confiscaron su cédula durante un interrogatorio que reclamaba las motivaciones de sus preguntas.

En lugar de explicar los artilugios que emplean para elegir a los jueces encargados de dirimir los homicidios y secuestros de uno de los países más violentos del hemisferio, la tarde del pasado 6 de julio les pareció sospechoso que alguien indagara en el tema. “Tú eres gringo”, concluyeron.