Se trata de una de las parcelas sin desarrollar, con una superficie de 11.580 metros cuadrados y ubicada nada más y nada menos que a un costado del campo de golf de Punta Espada, en Punta Cana, la meca turística de la isla de La Española. Un verdadero tesoro adquirido en diez millones de dólares, según datos del propio complejo turístico, que había pasado inadvertido bajo la fachada de una empresa llamada Settingsun Group, cuyas pistas llegan hasta fondos de venezolanos.

Escondida bajo el anonimato de los paraísos fiscales, hasta ahora Settingsun Group no era más que otra de tantas empresas registradas en las Islas Vírgenes Británicas. Pero un legajo de 11,9 millones de documentos filtrados, investigados y publicados por más de 600 periodistas de todo el mundo –agrupados alrededor del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y lo que desde esta semana se empieza a conocer como los Pandora Papers– vuelve a traer, entre incontables revelaciones, el nombre de Velásquez a la luz pública.

Hasta el 3 de abril de 2016 ese nombre era apenas conocido. Pero ese día, a la una de la tarde de Caracas, salieron los llamados Panama Papers. Entonces, entre tantas extravagancias destacó la historia del exoficial. El exjefe de la Guardia de Honor que custodiaba al fallecido Hugo Chávez, a sus escasos 36 años, mantenía una sociedad offshore en las islas Seychelles, un archipiélago en el océano Índico, al suroeste de África.

Velásquez Figueroa abrió esa empresa el 18 de abril de 2013, cuatro días después de la apretada victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales sobrevenidas de aquel año en Venezuela, en las que se elegía al sucesor de Hugo Chávez. Los registros divulgados entonces señalaban que estableció la compañía con el nombre Bleckner Associates Limited y un capital de 50.000 dólares, por intermedio del bufete panameño Mossack Fonseca, hasta entonces uno de los más buscados para crear sociedades de maletín.

La empresa había sido constituida para gestionar una cuenta en el banco suizo BSI, algo inusual para alguien de quien hasta entonces solo se sabía que percibiera el salario de un funcionario público en tiempos de control cambiario. Pero la condición de su pareja, Claudia Díaz Guillén, remachaba una retahíla de dudas que le rodeaba. Díaz Guillén, también oficial retirada de la Guardia Nacional, había sido la enfermera de Hugo Chávez por siete años y luego convertida en jefa de la Oficina Nacional del Tesoro, cargo que desempeñó desde 2011 hasta unos pocos días después de que Guarapiche registrara la empresa en Seychelles en 2013.

Patrimonio oculto

Díaz Guillén y Velásquez Figueroa se casaron en ese mismo año de 2013. Pero ahora se sabe que, después de ese año estelar, la fábula de ascenso económico y social de la pareja no desembocó en el “y vivieron felices para siempre”. El escándalo de los Panama Papers los conminó a abandonar el domicilio que habían establecido en República Dominicana para emprender una encrucijada legal en la que, hoy desde Madrid, intentan evitar su extradición a Estados Unidos apelando a principios procesales y razones humanitarias ante la Audiencia Nacional de España.

Entretanto, se ha venido revelando la extensión del patrimonio acumulado por la pareja tras unos pocos años de servicio estatal. Ese destape arrancó apenas un mes después de las primicias de los Panama Papers, cuando una comisión de fiscales allanó tres apartamentos que tenían en Caracas, en el Conjunto Residencial Oasis de la urbanización San Bernardino, un barrio de clase media en el norte de la capital venezolana. Durante el procedimiento, las autoridades confiscaron lo que describieron como una colección de autos de lujo, obras de arte, joyas y documentos relacionados con propiedades inmobiliarias dentro y fuera del país.

A cuentagotas, desde entonces le han ido apareciendo bienes y propiedades situadas tanto en el pueblo de Galipán, en el corazón del parque Nacional El Ávila, como en el archipiélago de Los Roques. Una nota de Associated Press, basada en registros judiciales de Liechtenstein, sorprendió el año pasado al dar cuenta de una compañía establecida en San Vicente y las Granadinas y relacionada con Díaz Guillén, que había adquirido 250 lingotes de oro valorados en más de 9,5 millones de dólares.

Ahora en los Pandora Papers, Velásquez Figueroa vuelve a figurar en empresas offshore. En este caso, aparece una compañía registrada en Islas Vírgenes Británicas, Settingsun Group, en cuya junta directiva, a apenas un año de su constitución, Guarapíche reemplazó a otra figura connotada de la llamada boliburguesía: Raúl Gorrín, el dueño de Seguros la Vitalicia y del canal 24 horas de noticias Globovisión, a quien se acusa desde diciembre de 2020 en una corte del Distrito Sur de Florida, junto al propio Adrián Velásquez y su esposa, Claudia Díaz, de formar parte de una “conspiración de lavado de dinero que involucra más de mil millones de dólares en sobornos”.

Settingsun detentaba la propiedad de una parcela en Cap Cana. Así que, tras bastidores, la propiedad de Punta Cana pasó de Gorrín a manos de Velásquez el 23 de junio de 2013, justo dos meses después de constituir la empresa de Seychelles que le pillaron en los Panama Papers. Ese día, según los registros del bufete Trident Trust incluidos en la filtración de Pandora Papers, Raúl Gorrín dejó de ser director de Settingsun para dar paso a Guarapiche y su hermano, Josmel José Velásquez Figueroa. Estos, a su vez, abandonan la junta directiva en 2014 para que entrara el abogado dominicano Ángel Alberto Encarnación Amador, hoy subdirector de Aduanas en su país. 

Raúl Gorrín había fundado Settingsun Group Limited en noviembre de 2012 en sociedad con otro venezolano, Juan José Ramírez Meléndez. 

A juzgar por los términos del juicio abierto en el Distrito Sur de Florida –y por el que Estados Unidos ha solicitado en extradición a Velásquez Figueroa y Díaz Guillén–, no es casualidad que el exescolta de Hugo Chávez haya sucedido a Gorrín en la propiedad de Punta Cana. Se trataría de un indicio más de los alegatos que la justicia estadounidense ha venido presentando desde hace años con respecto a Gorrín, y que lo retratan como un empresario que soborna con yates, inmuebles, caballos de raza, relojes de lujo y depósitos en el exterior a funcionarios de la Oficina Nacional del Tesoro –principalmente, Claudia Díaz y un antecesor en su cargo, Alejandro Andrade–, a cambio de privilegios en el acceso a los cupos de dólares a tasas preferenciales que se instauraron durante el régimen de control de cambios que funcionó en el país entre 2003 y 2014.

“Para ocultar los pagos, Raúl Gorrín Belisario, junto con otros, utilizó cuentas bancarias mantenidas a nombre de empresas fantasmas y disfrazó una serie de pagos de sobornos en beneficio de Claudia Patricia Díaz Guillén haciendo los pagos a Adrián José Velásquez Figueroa, el esposo”, afirma el escrito de imputación que la fiscal federal, Adriana Fajardo Orshan, formalizó en diciembre del año pasado contra la pareja. La acusación representa una ampliación del caso abierto contra Gorrín desde 2018. 

De enano a boliburgués

El primero en sugerir en público el concierto entre Gorrín y los jefes de la Tesorería Nacional fue el excandidato presidencial opositor, Henrique Capriles Radonski, cuando el 26 de mayo de 2013 aireó el tema en Twitter: “Le sonarán al Sr. Gorrín los nombres de Claudia Díaz y Adrián Velásquez a quien le dicen Guarapiche? [sic]”, preguntó apenas seis semanas después de que perdiera frente a Nicolás Maduro la inesperada elección de abril de 2013. Hablaba entonces desde la impotencia que suponía comprobar un boicot en su contra en la televisora Globovisión a partir del momento en que Gorrín la comprara e imprimiera un giro de 180 grados en su línea editorial.

Gorrín no respondió a los llamados telefónicos ni a una solicitud formal de entrevista que Armando.info le hizo llegar a su despacho en el antiguo edificio de Compu Mall de la urbanización Las Mercedes, en el sureste de Caracas. En Madrid tampoco fue posible dar con el matrimonio Velásquez-Díaz. Su abogado hasta ahora, Ismael Oliver, dijo que los dejó de representar. Sea como sea, aquí no solo hay un botín de mil millones de dólares en entredicho sino que también se expone la radiografía de lo que varios analistas han mostrado como un “caso bisagra”. Un ejemplo de cómo las élites empresariales y funcionarios del gobierno de Chávez se articularon para sacar provecho de las arcas del Estado.

JD Supra, uno de los principales sitios web de gestión, cumplimiento bancario y lavado de dinero en Estados Unidos, el año pasado incluyó a este en el top 10 de los casos de corrupción más gruesos de todo el mundo. No en vano, la imputación en el Distrito Sur de la Florida no solo señala el uso de bienes y empresas offshore para esconder dinero, sino una serie de fraudes interconectados, entre los que destaca otro escándalo que Venezuela comparte con República Dominicana: “Alrededor de 2010, Raúl Gorrín Belisario se asoció con Gabriel Arturo Jiménez Aray para adquirir el Banco Peravia para ayudar en el lavado de sobornos pagados a funcionarios venezolanos y las ganancias de este y otros esquemas”.

Compraron un banco para sobornar… y se lo robaron

A la cabeza de un empresario de Maracay ligado al chavismo, de nombre José Luis Santoro, un grupo de venezolanos aterrizó en 2011 en Santo Domingo para entrar en el sistema financiero local haciéndose de un pequeño banco. Lo compraron y en cuestión de tres años se comieron el dinero de los ahorristas, a través de préstamos fraudulentos y tarjetas de crédito con identidades falsas.

Cinco de los 20 imputados fueron condenados en 2015 por el desfalco de unos 1.400 millones de pesos o lo que entonces sumaba más de 28 millones de dólares, pero la mayoría de los señalados quedaron en fuga, entre ellos los directivos venezolanos. Lo que en Santo Domingo fue denunciado como un robo, años más tarde fue procesado en las cortes de Miami como un esquema para enviar dinero venezolano a Estados Unidos con escala en República Dominicana. 

El segundo a bordo de la institución financiera, el venezolano Gabriel Jiménez Aray, fue detenido y condenado tres años después, pero en Estados Unidos. Allí y ante la corte del Distrito Sur de La Florida admitió que con Gorrín y otros “tomaron la decisión de utilizar el Banco Peravia para pagar sobornos a funcionarios del gobierno venezolano, a cambio de contratos para llevar a cabo esquemas de cambio de divisas y lavar el dinero obtenido de ejecutar esos esquemas de cambio de divisas”.

Otros de los responsables de la quiebra del Peravia siguen prófugos. Entre ellos figura el ciudadano venezolano-estadounidense Lorenzo Alejandro Laviosa López, cuyo abogado fue precisamente el mismo ciudadano dominicano, de nombre Ángel Encarnación, que los archivos privados del bufete Trident Trust de las Islas Vírgenes lo muestran al frente de la empresa Settingsung Group y del terreno en Punta Cana que recibió del ex escolta de Chávez.

Cliente misterioso

Encarnación, ahora funcionario del gobierno del presidente Luis Abinader, responde que a Laviosa lo conoció en Estados Unidos en el año 2015 “no en calidad de venezolano, sino de ciudadano norteamericano”, y luego mantuvo comunicación telefónica con él para representarlo hasta 2016 frente a los cargos por los que aún lo solicitan en Dominicana.

Sobre Adrián Velásquez y la empresa Settingsun Group asegura que no es ni fue el dueño del terreno. Si bien asumió el cargo de director de la empresa, asegura que se trataba de un servicio privado como parte de sus actividades como abogado del bufete dominicano Legal Staff. “Fue un cliente referido a nuestro despacho por grupos empresariales muy reconocidos en la economía dominicana”, apunta en una carta que hizo llegar en simultáneo a El Informe con Alicia Ortega del Grupo SIN y Armando.info, que hoy presentan este trabajo en República Dominicana y Venezuela simultáneamente. “Hablo de grupos en los sectores turísticos e industriales”.

El abogado no precisa a quién representaba a la hora de asumir el cargo de director de la empresa. Insiste, de cualquier modo, que pactar la venta y atender a Guarapiche no era un problema en 2014: “Al momento de interactuar el señor era residente dominicano y español con permiso de residencia legal y cédula vigente. Contaba con referencias bancarias adecuadas y pasaba todos los registros que normalmente hacíamos los abogados para asumir la representación de clientes de conformidad con las legislaciones vigentes para esa fecha”. 

(*) Este es un trabajo investigado y publicado en simultáneo en Armando.info y el programa El Informe con Alicia Ortega, del Grupo SIN. 

(*) Aníbal Pedrique colaboró con esta investigación.

Por ejemplo, sobre Raúl Gorrín, presidente de Globovisión y sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, declara a Armando.info: “Resalto la palabra: mi amigo Raúl Gorrín”. O, para señalar otro ejemplo, sobre Carlos Erik Malpica Flores, ex tesorero de la Nación, ex director de Finanzas de Pdvsa, sobrino de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, y sancionado por los gobiernos de Panamá y Canadá, Elarba sentencia sin tapujos: “Es bastante amigo mío”.  

Pero no son estos amigos investigados y sancionados los únicos bajo escrutinio por las autoridades del norte. El propio Elarba quedó mencionado en un documento recibido por el mismo Departamento del Tesoro que sancionó a Raúl Gorrín y que incluye un término taxativo: actividades sospechosas. 

Se trata de un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) contenido entre los 2.100 documentos de la unidad de inteligencia del Departamento del Tesoro, la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por su acróstico en inglés), obtenidos por BuzzFeed News y que, una vez compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y más de 400 reporteros en 88 países, incluyendo los del equipo de Armando.info, dieron pie a la investigación periodística global que hoy se conoce como FinCEN Files.

Las aristas de los FinCEN Files fueron transversales en Venezuela por decenas de casos, incluyendo uno de los que atañe a este SAR y que se fundamenta en las suspicacias sobre el origen de los fondos y de transacciones “sin propósito económico, comercial o legal aparente”. El caso en concreto es el de la transferencia por 1,48 millones de dólares que un día de julio de 2014 recibió en una de sus cuentas Elarba Haddad.

El sibarita del reciclaje

“Estoy comprometido con el medio ambiente”. La frase es parte de la presentación de Elarba (Caracas, 1964) en su sitio web para resaltar su cargo como presidente de Fospuca, empresa que, con base en la capital venezolana, está dedicada a la recolección de basura.

En ese sitio despliega habitualmente las noticias acerca de las novedades de esa empresa privada que presta servicios en los municipios Baruta, Chacao y El Hatillo, todos en el sector este de Caracas comprendido en el estado Miranda; Iribarren y Jiménez, en el estado Lara (centrooccidente de Venezuela); y, desde mayo de 2020, Maneiro, en el insular estado Nueva Esparta.

Personaje cuando menos pintoresco, también aprovecha la disposición de sus plataformas mediáticas para ventilar algunas de sus fascinaciones personales, en especial, la gastronomía.

Así, en la misma página en la que se ven las fotografías de los camiones de su empresa, los que recolectan la basura de los municipios más acomodados de la capital, también ofrece consejos sobre la combinación ideal de vinos y comidas. 

Abogado de profesión, Elarba Haddad es socio del bufete Gadea, Lesseur & Asociados. La firma, fundada hace más de 50 años, tiene entre otras de sus fichas a Gerardo Blyde, ex diputado de la Asamblea Nacional, ex alcalde de Baruta y fundador del partido Primero Justicia. 

En esa firma, Elarba también comparte sociedad con su esposa, Aitza Melo Castillo (“Y lo más importante, soy el esposo de Aitza”, describe él mismo en el perfil de su cuenta de Twitter a modo de coletilla de la enumeración de sus cargos empresariales, un perfil que, además, ilustra con una imagen de la Virgen del Valle), y con su hijastra, Mariana Flores Melo.

Flores Melo es esposa de Henry Jesús Camino Muñoz, quien es a su vez uno de los socios de Elarba en Fospuca, una empresa con más de 30 años de fundación que este último compró en 2014.

“Me pareció interesante meterme en ese negocio que tenía una cartera de clientes interesante. Faltaba ponerle amor al negocio. En diciembre de 2014 yo compro Fospuca Internacional”, explica vía telefónica. 

El dinero deja rastros, los carros no

Fue el Bank of New York Mellon (BNY Mellon) la institución que en 2015 presentó a la FinCEN los reportes de 443 transferencias sospechosas que, en total, sumaban 66,5 millones de dólares. Entre ellas, una conectada con el venezolano José Simón Elarba.

Sobre estas transferencias hubo dos particularidades que fueron el basamento para que lucieran sospechosas ante los oficiales de cumplimiento del banco que las reportaron a la FinCEN. La primera de ellas era que la mayoría de las transferencias se concretaron mediante relaciones bancarias de anidamiento (nesting), término financiero conocido en el argot bancario internacional como corresponsales downstream, que sintetiza la estrategia en la que un cliente abre una cuenta en grandes bancos para, mediante este, facilitar las transacciones con bancos más pequeños fuera del país del banco principal. Regularmente, estas entidades menores están registradas en localidades offshore (con sedes en paraísos fiscales, a juzgar por las prácticas más comunes). En suma, el banco grande “anida” las transacciones del más pequeño por solicitud del titular de la cuenta, y de ese modo hace de manera informal, no contratada, su corresponsalía.

La segunda particularidad se refiere a la presencia, en las idas y venidas de las transferencias, de otras criaturas del reino financiero conocidas como shell companies, empresas de puro nombre y papel, nada más caparazón, sin presencia física. En el reporte para la FinCEN, los ejecutivos bancarios denunciantes detallan que este tipo de instituciones “...pueden ser creadas y utilizadas por individuos y empresas con fines legítimos. Sin embargo, son una preocupación por el dinero lavado y los delitos financieros, económicos para operar y se estructuran de una manera diseñada para encubrir los detalles de las transacciones”. 

En lo que respecta a Elarba, el lunes 14 de julio de 2014, una de estas “altas cantidades de dólares”, poco más de 1,48 millones de dólares, se transfirieron a partir de dos giros desde el South American International Bank Curaçao N.V., a través del Bank of New York Mellon, a la cuenta en el HSBC Private Bank (también señalado en los FinCEN Files como uno de los grandes bancos globales mas displicentes en cuanto a las medidas antilavado) de José Simón Elarba.

Las transferencias partieron de la cuenta de una empresa registrada con el nombre de Parts and Accessories Supplier, Ltd. Los datos de la transferencia apenas mencionan una dirección ambigua de esta compañía: Carleton Court. Sin más.

Un rastreo por varias bases de datos no arroja resultado exacto de nombres de empresas que coincidan con el señalado en el SAR. Si bien en Barbados hay una dirección conocida como Carleton Court en la que varias empresas ubican su sede, y en su registro mercantil se halla una empresa de nombre similar, no se pudieron verificar otros datos que permitieran afirmar que se trata de la misma Parts and Accessories Supplier. Barbados es reconocida como una jurisdicción bastante secreta. 

Lo verificable en cualquier caso es que esa persona jurídica poco transparente ordenó desde esa jurisdicción hermética transferir algo más de un millón de dólares a José Simón Elarba. 

En una primera conversación con Armando.Info el 1 de diciembre de 2020, Elarba aseguró no recordar nada con respecto a esas transferencias. “No tengo la menor idea”, aseveró, aunque reconoció lo siguiente: “En aquel momento era imprescindible tener que hacer cosas a través de compañías shell. Había un estricto control de cambio y todas las empresas tenían que tener compañías fuera del país para hacer esas transacciones. Gracias a Dios y a la Virgen, las operaciones las hice en el extranjero, ninguna fue en el patio aquí, de Venezuela. Mis cuentas están en Suiza y en Estados Unidos, que es donde tengo mi plata”.

Pero ya en una segunda comunicación, tres días después, aseguró haber contactado a los dueños de Parts and Accessories Supliers, Ltd, la misteriosa remitente de los fondos en julio de 2014. “En el año 2013 fuimos contratados por una empresa automotriz transnacional para organizar sus activos para ser vendidos, es decir, querían estar listos para eventualmente poder ser vendidos, como efectivamente ocurrió. El monto de las dos transferencias son el pago de honorarios de varios abogados y peritos que participaron en la operación. Final y felizmente los activos de esa empresa, incluyendo su marca, fueron vendidos”. 

¿Y el origen y la sede de la empresa? Elarba fue enfático por escrito: “Antes de contestarte consulté con el cliente y le pedí autorización para enseñar los documentos y me pidió que mantuviera la confidencialidad de eso. Es por eso que no te puedo dar más información”.

Según lo señalado en el SAR rendido ante la FinCEN, en este caso se constataban varias características de un esquema potencialmente irregular: el “Bank of New York Mellon considera que las transferencias informadas aquí son sospechosas porque: las transacciones se realizan mediante una relación anidada que involucra al  South American International Bank Curaçao, ubicado en una jurisdicción de alto riesgo; algunas de las partes no podrían ser identificadas a través de investigación de fuente pública y, por eso, pueden estar operando como entidades shell; la fuente de los fondos y sus propósitos no pueden ser identificados; las transferencias fueron enviadas a entidades en jurisdicciones de alto riesgo [Suiza, en el caso de Elarba]; y hay una alta cantidad de dinero envuelta”. Un dinero sobre el que la FinCEN nunca tuvo respuestas, si acaso las requirió.. 

Lazos de familia

Cinco meses después de que a la cuenta suiza de José Simón Elarba Haddad llegara ese millón y fracción de dólares, compró Fospuca Internacional, C.A. Luego, en junio de 2015, registró Fospuca Servicios de Ciudad, C.A. Y finalmente, en enero de 2016, Inversiones Fospuca Baruta, C.A. Todas estas empresas prestaron servicios al Estado venezolano, de acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas (RNC).

La expansión del negocio de Elarba ha sido, además, un punto de confluencia familiar. Su esposa es su socia no solamente en el bufete de abogados, sino también en Fospuca Baruta, Fospuca Servicios de Ciudad y Fospuca Internacional.

Los lazos familiares también unen a Henry Jesús Camino Muñoz, el esposo de Mariana Flores Melo (hijastra de Elarba), en Fospuca Baruta, Fospuca Servicios de Ciudad e Inversiones Fospuca Baruta C.A. También en el exterior, con Amancay Management INC., una empresa que, con registros panameños, tiene a Elarba, a Melo y a Camino como directores. 

El matrimonio Camino-Flores también ha erigido su patrimonio lejos de las filiaciones consanguíneas. En mayo de 2012 registraron una empresa denominada Hemaca INC con sede oficial en la comercial calle Alhambra de la ciudad de Coral Gables. Con esta empresa adquirieron y registraron una casa en la exclusiva Palm Island, Miami. Aunque la casa sigue registrada a nombre de Hemaca y, por ende, a nombre de los Camino-Flores, fuentes consultadas aseguran que el matrimonio no ha vuelto a ella desde que, a partir de 2017, arreciaron las sanciones que el gobierno estadounidense ha impuesto a funcionarios y compañías estatales venezolanas. 

Con fotos tuyas se llena

Tanto Elarba Haddad como Camino Muñoz fueron noticia en 2015 por su vinculación con Carlos Erik Malpica Flores, conocido como el sobrino favorito de Cilia Flores, quien fue tesorero de la República y administrador de las finanzas de Pdvsa. El nexo quedó en evidencia por una fotografía en la que los tres aparecen compartiendo tragos y risas. La gráfica circuló profusamente por las redes. 

Elarba corrobora la existencia de la fotografía. Y su amistad con Malpica Flores (quien, aclara sin que se le pregunte, no es familia de su hijastra, aunque compartan apellidos).

“Esa foto existe y yo soy el que sale en la foto. La amistad comenzó el día de la foto. El cuento es muy largo y muy personal. Fue la época en que conocí al señor Malpica, quien es mi amigo querido, mi amigo cercano”, reconoce.

Además del año del millón y de la compra de Fospuca, 2014 fue el de la demanda interpuesta por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, contra 21 directivos de los diarios El Nacional y Tal Cual de Caracas, y del agregador en la web La Patilla. Elarba figuraba entre los miembros de la junta del primero, tradicional periódico estándar dirigido por Miguel Henrique Otero. 

La base de esa demanda por difamación fue la reproducción en esos medios de un trabajo periodístico publicado originalmente en el diario ABC, de España, donde Leamsy Salazar, ex escolta de Hugo Chávez y desertor del régimen, vinculaba a Cabello con el narcotráfico. 

“A raíz de la demanda, todos los directores de la junta fuimos disueltos [N.de R.: se refiere a la junta directiva del diario, en la que estuvo]. Yo presenté mi renuncia antes de la demanda. Fue bastante casual el tema pero nadie creía que había sido así. Lo que pasó fue que llegó un momento en que mi actividad en Fospuca iba a producir un choque con mi actividad en El Nacional. Era delicado que alguien que fungía como director de El Nacional fungiera como director de un servicio público… La dirección de El Nacional era frontal, y yo no quería estar en esa situación porque ese no era mi rol principal. Lo que me gusta es trabajar, manejar mis empresas y hacer dinero”, detalla sin resquemores.

Si la relación de Elarba con Otero en la junta directiva de El Nacional quedó disuelta, no ocurrió lo mismo con una empresa que tiene sede en Barbados. Se trata de Iberonews Limited, propietaria de la página web del diario. En ella ambos aparecen asociados con Danilo Diazgranados, empresario y uno de los operadores financieros predilectos de la era de Hugo Chávez. Los registros de la empresa salieron a relucir en los denominados Paradise Papers, otra filtración manejada por el ICIJ en 2017. 

Aún hoy, dos años después del final de ese juicio, hay versiones que sostienen que, mientras otros de los demandados (entre los que estaban el fallecido Teodoro Petkoff, fundador del partido Movimiento Al Socialismo y del diario Tal Cual, exministro de Cordiplan durante el segundo gobierno de Rafael Caldera y excandidato presidencial; el ya mencionado Miguel Henrique Otero, de El Nacional; y Alberto Federico Ravell, de La Patilla) estuvieron sometidos a medidas restrictivas como la prohibición de salida del país, Elarba recibió un trato preferencial. 

“¿Cómo logró esto? A través de pagos indebidos. ¿Por qué se sabe esto? Porque los jueces hablan y los secretarios hablan. Se supo que a Elarba se le había cambiado la medida que tenía. Por esos pagos. Lo otro fue la manera tan vergonzosa como se comportó en la audiencia de juicio”, recuerda Humberto Mendoza D’ Paola, abogado de Petkoff y de Tal Cual, en una entrevista para este trabajo. 

“Señor Cabello: yo me arrepiento de todo esto. Yo nunca he dicho nada contra usted. Si lo dijo El Nacional, es por Miguel Henrique Otero. Le repito esto en frente de todos, que yo no creo en lo que se dijo y le pido perdón”, dijo Elarba, según los testimonios de los presentes en la audiencia de juicio, a finales de 2018. 

Pero el director de Fospuca refuta en la actualidad: “Yo tuve 18 meses con prohibición de salida del país. Cuando Cabello introduce la demanda yo estaba en Estambul [capital de Turquía]. Ese pacto fue suscrito por la mayoría de los demandados. Llegamos a un acuerdo con el denunciante. Solicitamos el perdón, Diosdado Cabello nos concedió el perdón y salimos con régimen libre. El acuerdo fue publicar el aviso tres veces en la prensa nacional”.

Y así fue: Elarba estuvo entre los firmantes de un comunicado, que apareció en varios diarios, en el que él y otros demandados aseguraron no haber participado “en forma alguna en la concepción, redacción, autorización o inserción de esas publicaciones en los medios de comunicación indicados”. Al final, añadieron que: “Estamos en desacuerdo de dichas publicaciones y las rechazamos, habida cuenta de que la gravedad de esas afirmaciones no está acompañada de la comprobación de la veracidad”. 

Pero si se zafó a tiempo de sus vínculos con El Nacional, en los últimos años, ha sabido tejer otras redes de amistades para procurarse presencia mediática. Como ejemplo, la voz y la cara de Elarba son habituales, mientras explica el porqué de la necesidad de aumentar el costo del servicio de aseo urbano, en la pantalla del canal Globovisión, propiedad del sancionado Raúl Gorrín Belisario. 

“Conozco a Raúl Gorrín, es amigo mío. Somos amigos desde el año 2009. Yo no tengo nada que lidiar con eso [las sanciones]. El que tiene que lidiar con eso es Raúl Gorrín. ¿Qué tengo que ver en esa película? Resalto la palabra: mi amigo Raúl Gorrín sigue siendo mi amigo y su situación con el Departamento [del Tesoro] es su situación. Cualquier duda tienes que preguntársela a él. ¿Qué te puedo responder? ¿Que no duermo en las noches? Él que tiene que resolver es él”, espeta.

Más allá de la relación de Fospuca con el Estado, de acuerdo con el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, ¿tiene un nexo con Nicolás Maduro? Elarba asegura varias veces que no. “Ninguna. Para serte bien preciso, solo limpieza por colaboración con la ciudad de Caracas. Pero no hay aporte, contratos ni subsidios. En 2016 adquirimos once camiones de alta calidad y esos trámites se hacían por Corpovex (...) pero con Maduro, ninguna. Absolutamente nada”, insisten coordinadas la voz y la cara que en la Globovisión de Raúl Gorrín hablan, con desparpajo y a la par, sobre reciclaje y maridaje.