En 2018 estalló el escándalo homónimo, que reveló cómo la compañía británica recopiló, analizó y utilizó los datos personales de casi 87 millones de usuarios de Facebook, sin su conocimiento, con fines de segmentación política. La empresa, que ha vendido sus servicios a clientes en unos 60 estados, desde el régimen iraní hasta la petrolera nacional de Malasia, está acusada de manipular o intentar manipular numerosas elecciones, entre ellas, las de las victorias de Donald Trump en 2016 en Estados Unidos y el “sí” por el Brexit en el referendo ese mismo año en Reino Unido. En su momento, el caso saltó a los titulares y el nombre de Cambridge Analytica se convirtió en sinónimo global de desinformación.

Sin embargo, aún no se ha revelado todo sobre este escándalo mundial. Algunos de sus actores, temidos en la industria, han logrado permanecer en la sombra. En particular, misteriosos subcontratistas israelíes, expertos en piratería informática y descritos por uno de los denunciantes en el origen del escándalo como “un equipo encargado de investigación sobre opositores”. En testimonios anónimos publicados en la prensa británica en 2018, antiguos empleados describen a “hackers israelíes” irrumpiendo en las instalaciones de la empresa con memorias USB cargadas de correos electrónicos privados de políticos hackeados. "La gente entró en pánico, no querían tener nada que ver", recuerda un antiguo empleado al diario The Guardian. 

El escándalo de Cambridge Analytica reveló la existencia y los métodos de misteriosos hackers, de cuya identidad nunca se supo nada. Cuando hablan de "hackers israelíes", ¿los empleados de Cambridge Analytica se refieren a las mismas personas? Ninguno de los artículos dedicados al asunto, en el momento de las revelaciones, consiguió traspasar el anonimato de estos subcontratistas, ni siquiera mencionó una empresa en particular. Cuando se refiere, en un correo electrónico interno, a "back ops israelíes" (“operadores secretos israelíes”), el jefe de Cambridge Analytica no conoce ni sus apellidos ni el nombre de la empresa que presta el servicio. Sólo utiliza en el correo lo que parece ser un seudónimo para designar al jefe de esta estructura ultrasecreta: Jorge.

Desde hace más de seis meses, periodistas de investigación de los medios asociados a Forbidden Stories siguen la pista de Jorge [así, en castellano, en el original]. En este mercado paralelo de la desinformación, las empresas, tanto oficiales como clandestinas, se han convertido en maestras en el arte de manipular la realidad e infundir historias inventadas.

Continuando el trabajo de Gauri Lankesh, periodista india que investigó la desinformación y las "fábricas de mentiras", asesinada en 2017, el proyecto Story Killers revela una industria que utiliza todas las armas a su alcance para manipular a los medios de comunicación y a la opinión pública en detrimento de la información y la democracia.

Cuatro años después del escándalo de Cambridge Analytica, los periodistas del consorcio y Forbidden Stories han encontrado a Jorge. El consultor israelí de dudosos métodos sigue utilizando el mismo seudónimo y continúa vendiendo sus servicios de influencia y manipulación al mejor postor. Sus herramientas se han adaptado a los avances tecnológicos.

La inteligencia artificial ya escribe posts virales a la carta y el hackeo a distancia de cuentas de Telegram ha enriquecido el catálogo del misterioso empresario. Un cliente potencial, intermediario de un dirigente africano que desea aplazar o incluso anular las elecciones, le pide a Jorge una demostración. El consultor estima el costo de la misión en seis millones de euros, siempre con el mismo misterio de la época de Cambridge Analytica. Pero nunca, durante más de tres horas de discusión vía Zoom, mostrará su cara ni revelará el nombre de su empresa. En cambio, Jorge se jacta abiertamente de sus logros.

Lo que Jorge no sabe es que el hombre que tiene delante no es en absoluto un intermediario, y mucho menos uno que trabaje en África. En realidad es un periodista de Radio France, al que pronto se unen colegas de The Marker y Haaretz, reporteros miembros del proyecto Story Killers, que se hacen pasar por prospectos de clientes.

Récord: de 33 elecciones presidenciales intoxicadas, 27 éxitos

Se celebraron varias reuniones con Jorge, tres en línea y una en sus oficinas, una oportunidad única para debatir largo y tendido con el antiguo subcontratista de Cambridge Analytica y asistir a sus presentaciones en directo. “Prestamos un servicio, principalmente de inteligencia e influencia. Estas son nuestras competencias básicas”, explica a modo de preámbulo. Además de estas "capacidades tecnológicas", Jorge también puede "construir una historia", que luego propagará.

El traficante de influencias presume de haber trabajado en "33 campañas presidenciales, 27 de las cuales tuvieron éxito", una estimación difícil de verificar. Más precavido de lo que sus dotes de vendedor podrían sugerir, no da ninguna indicación precisa de quiénes son sus clientes. Prefiere limitarse a narrar anécdotas dignas de una película de espías y a enumerar el impresionante abanico de sus servicios: catálogo de bots, propagación de información falsa y pirateo de opositores.

Muy seguro de sí mismo, el hombre revelará, a su pesar, información sobre algunas de sus operaciones secretas. La primera a la que se referirá causó una reciente tormenta mediática en Francia. Hace quince días, a principios de febrero de 2023, la prensa informó de una investigación interna en la cadena BFM TV, en la que se sospechaba que un personaje histórico de la estación, el periodista y moderador Rachid M'Barki, había difundido contenidos no validados que sugerían injerencias extranjeras, cuyo origen parecía muy poco claro. Para comprender el punto de partida de este escándalo, hay que citar los intercambios entre Jorge y los periodistas encubiertos.

Al final de una reunión con sus falsos clientes, el voluble vendedor de desinformación se jacta de poder difundir sus historias en la televisión francesa. Para demostrar su punto de vista, muestra un extracto de un reportaje emitido en BFM TV en diciembre de 2022: "La Unión Europea anuncia una nueva serie de sanciones contra Rusia (...) Reiteradas sanciones que hacen temer lo peor a los constructores de yates de Mónaco. La congelación de los activos de los oligarcas pone en grandes dificultades a su sector". Rachid M'Barki lee el texto de esta breve emisión emitida a medianoche en el canal de 24 horas de noticias. Un ángulo incongruente, incluso a esta hora tardía, en el tumulto de las noticias. Y por una buena razón, según Jorge: se trata de un pedido realizado en nombre de uno de sus clientes.

Para verificar la autenticidad de este vídeo y de otros, en enero lo presentamos a la dirección de BFM TV, que rápidamente suspendió al periodista y puso en marcha una auditoría interna. “En la forma en que estas noticias se emitían y, en particular, se ilustraban, el periodista en cuestión se habría encargado de solicitarlas en el último momento, una vez que el redactor jefe se había ocupado de otro espacio y después de haber chequeado todo su informativo", explica Marc-Olivier Fogiel, director general de la cadena. “Tengo la sospecha ética de preguntarme por qué se emiten estos cuentos cuando no tienen ninguna coherencia editorial con el resto de la cadena”. En respuesta, Rachid M'Barki evocó su "libre albedrío editorial" y explicó que había seguido las instrucciones de un intermediario, un tal Jean-Pierre Duthion. 

Consultor de medios de comunicación y miembro de grupos de presión, Jean-Pierre Duthion no es ajeno al mundo de las llamadas agencias de influencia. Una de ellas lo describe en notas internas a las que los autores del presente reportaje han tenido acceso como un "mercenario" de la desinformación, "motivado principalmente por el lucro". Al ponerse en contacto con él, Duthion confirmó que sí había "trabajado en la retención de yates rusos en Mónaco, lo que provocó la pérdida de puestos de trabajo locales". Se negó a revelar el nombre del patrocinador, argumentando que este tipo de operaciones pasa por una serie de intermediarios, "sin saber ellos mismos quién es el cliente final".

Asegura que no pagó a Rachid M'Barki, quien también certificó a su dirección que no había recibido ni un euro por emitir estas versiones. Sin embargo, según una fuente bien informada del medio, este tipo de servicios podría reportar unos 3.000 euros por unidad al periodista que se haga cómplice de la operación. En un comunicado de prensa, Rachid M'Barki, que se negó a responder a las preguntas formuladas por los reporteros, admite que "no siguió necesariamente el programa editorial habitual". Y se defiende: "Quizá me engañaron, no tenía la impresión de que fuera así o de que estuviera participando en una operación de algún tipo, de lo contrario no lo habría hecho”.

Tecnología del despiste

El ejemplo anterior de BFM, que se supone ilustra su poder para llegar a los canales de noticias franceses, no es el único argumento de venta que Jorge esgrime durante sus entrevistas con los periodistas del consorcio.

Además de periodistas a sueldo, el exsubcontratista de Cambridge Analytica también tiene un ejército de avatares grabados y controlados en una plataforma en línea, cuentas falsas que Forbidden Stories y sus socios pudieron identificar. Esta herramienta, que no se encuentra en la web, tiene un nombre: AIMS, por las siglas en inglés de Advanced Impact Media Solutions (o “Soluciones Avanzadas para Impacto en Medios”). En 2017, Jorge ya ofreció a Cambridge Analytica un "sistema semiautomático de creación de avatares y despliegue de redes", acompañado de un vídeo demostrativo de lo fácil que le resultaba crear avatares en pocos segundos, con nombres de pila determinados según su país, en una plataforma que les permitía navegar de una cuenta a otra sin dificultad. 

En 2022 contó con un catálogo de más de 30.000 perfiles automatizados de personas inexistentes con cuentas reales en redes sociales y sitios como Facebook, Twitter, Instagram, Amazon o Bitcoin. Estos individuos falsos son utilizados por Jorge para publicar una avalancha de comentarios en las redes sociales, suscitar polémicas e incluso -según él- para pedir juguetes sexuales en Amazon, siguiendo el ejemplo del avatar llamado Shannon Aiken. Es el nombre que aparece tras el perfil de una guapa rubia, un arma formidable que habría servido para enviar un paquete candente a casa de un candidato opositor, dejando a su mujer imaginar un adulterio. "Después de eso, se filtró la historia y el hecho de que no podía volver a casa. La campaña se puso patas arriba", cuenta Jorge.

Para demostrar la eficacia de su ejército digital, Jorge acepta hacer una demostración y difundir un hashtag sugerido por los periodistas encubiertos, #RIP_Emmanuel, que lleva el nombre de un emu que se convirtió en una estrella de Internet en el verano de 2022. El objetivo era difundir un rumor sobre la muerte del animal para probar la eficacia de estos avatares AIMS; su dueño ya había sido avisado. Los periodistas del proyecto Story Killers siguieron entonces el hashtag y su difusión para encontrar las cuentas de Jorge. Este minucioso trabajo ha permitido rastrear una veintena de campañas de desinformación en casi todos los continentes, aunque a veces resulte difícil identificar a sus clientes.

Por ejemplo, en Reino Unido, en otoño de 2021, los avatares de AIMS atacaron la agencia de seguridad sanitaria británica. ¿Por qué se le hostigaba? Por abrir una investigación a un laboratorio señalado de haber proporcionado unos 43.000 resultados negativos falsos de la prueba Covid a sus pacientes. El grupo propietario del laboratorio negó ante los reporteros de esta historia cualquier relación con Jorge, asegurando que nunca había oído hablar de él. 

En 2020, los mismos avatares participaron en una violenta campaña de desprestigio contra el empresario hongkonés George Chang, propietario de 90% del puerto de Panamá. 

Ese mismo año, el ejército de bots de AIMS acudió al rescate de un exalto funcionario mexicano sobre el que pesaba una orden de detención internacional. El exdirector de la agencia de investigación criminal de México de 2013 a 2016 , durante las presidencias de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto,Tomás Zerón, está acusado de secuestro, tortura y falsificación de pruebas en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, estado de Guerrero, en 2014. Implicado en la adquisición por parte de las autoridades mexicanas del programa espía Pegasus, de origen israelí, como jefe de inteligencia que fue, Zerón se encuentra huido en Israel, país que se niega a extraditarlo.

Pero para los bots creados por Jorge, estas acusaciones no son más que una campaña orquestada contra un "inocente" por el "presidente corrupto" de México, Andrés Manuel López Obrador. Zerón "no es responsable de ninguna campaña en su favor y no sabe quién está detrás de cada comentario en las redes sociales", explica su abogada, Liora Turlevsky, para este reportaje. Añadió que el gobierno mexicano había puesto la vida de su cliente "en peligro" al retirar a sus guardaespaldas, obligándole a "abandonar el país".

La herramienta AIMS no sólo proporciona avatares. En su última versión presentada a los periodistas encubiertos, también ofrece la creación automatizada de contenidos. A partir de unas palabras clave dadas, la inteligencia artificial puede crear en pocos segundos posts, artículos, comentarios o tuits masivos, en el idioma que elija y con un tono "positivo", "negativo" o "neutro". Por ejemplo, tras introducir rápidamente las palabras "Chad", "presidente", "hermano" y "Déby", Jorge pide a la inteligencia artificial, en presencia de los reporteros encubiertos, que produzca diez tuits negativos sobre el gobierno del Chad, una nación francoparlante del Sahel, en África Central. Doce segundos después, aparecían los mensajes: "Basta ya, hay que acabar con la incompetencia y el nepotismo del presidente de Chad, el hermano Déby", "El pueblo chadiano ya ha sufrido bastante bajo el reinado del presidente hermano Déby"... Uno de los socios del empresario se felicitaba: "Un operador puede gestionar 300 perfiles, así que en dos horas, todo el país estará hablando de la historia [que] queramos". Rápido, formidable y terriblemente eficaz.

Hacker de ministros

Pero esta no es el arma más terrorífica de Jorge. En tiempo real, y a efectos de su demostración, tomará el control de los sistemas privados de mensajería de altos funcionarios africanos. "Estamos dentro", repite Jorge. Bajo la mirada de los periodistas encubiertos, se escrutan, registran y desvalijan dos direcciones de Gmail, incluido el disco duro y la libreta de direcciones, así como una serie de cuentas de Telegram. Era un hackeo sofisticado, del que los usuarios reales no tenían ni idea. Por eso continuaron utilizando sus sistemas de mensajería con total confianza, como demuestran las llamadas realizadas y los mensajes recibidos entre las distintas presentaciones realizadas a los periodistas encubiertos. 

Para convencer a sus (falsos) clientes de la eficacia de la operación de ciberespionaje, el propio Jorge enviará después mensajes a los familiares de las víctimas de su hackeo, desde sus sistemas de mensajería Telegram hackeados. Está claro que, infiltrándose en el correo electrónico de una víctima, puede hacerse pasar por ella y escribir lo que quiera. Pero Jorge, demasiado confiado, comete un grave error. Mientras borraba los mensajes enviados durante la demostración a la cuenta y los contactos de su víctima, olvidó uno.

Al menos un beneficiario llevó un registro de su operación. Los autores de este reportaje lo encontraron, así como el mensaje enviado por Jorge. Y este error permitió a los periodistas confirmar que en el verano de 2022, mientras se preparaban las elecciones presidenciales de Kenia, nación angloparlante de África Oriental, el hacker israelí navegaba sin dificultad entre las cuentas de personas cercanas a William Ruto, el futuro presidente. Dos de sus víctimas -Denis Itumbi y Davis ChirChir, entonces responsable de estrategia digital y jefe de gabinete de Ruto, respectivamente- fueron acusados, tras las elecciones, de haber contratado a piratas informáticos para manipular los resultados de las presidenciales. El Tribunal Supremo rechazó la acusación y dijo que las pruebas habían sido "falsificadas". Sin embargo, no hay pruebas definitivas de que el Team Jorge estuviera detrás de los intentos de amañar las elecciones presidenciales kenianas.

Una Tal galaxia

Pero ¿quién es Jorge? ¿Cuál es la verdadera identidad de este consultor, famoso y a la vez anónimo, capaz de manipular la información difundida en las cadenas de noticias francesas, crear falsas personas en un abrir y cerrar de ojos, piratear el entorno de un presidente o infiltrarse en los sistemas de mensajería privada de sus víctimas? El hombre ultrasecreto ha construido un misterio en torno a su personaje. Durante las diversas reuniones con los periodistas del consorcio, no deja que se filtre nada: ni nombres, ni documentos. Nunca se deja ver. Hay que ir a sus oficinas de la ciudad de Modi'in, sede de la alta tecnología israelí, el Silicon Valley local, para verle la cara. Incluso con sus socios más eminentes, Jorge ha conseguido ocultar hasta el más mínimo detalle sobre sí mismo. 

Así, Alexander Nix, el director de Cambridge Analytica, que solo le conoce por su apodo, preguntaba ya en mayo de 2015, en un correo interno de la compañía británica al que los reporteros han tenido acceso: "¿Cómo se llama Jorge?". ¿Y cuál es el nombre de su empresa?”. 

La respuesta llegó al día siguiente, en un correo electrónico de Brittany Kaiser, exdirectora de desarrollo de la empresa y denunciante del escándalo, la misma que presentó a la consultora israelí ante su jefe: "Tal Hanan es el CEO de Demoman International".

Al consorcio le llevó meses de investigación desandar su camino y perfilar los contornos de la galaxia de Tal Hanan. Desde los primeros días de la investigación de Story Killers, sus periodistas encubiertos tuvieron que pasar por varias entrevistas con intermediarios antes de conseguir reunirse con él. Una combinación de antiguos agentes de inteligencia, comunicadores y expertos en seguridad confirma el alcance de sus actividades y la naturaleza de sus negocios.

En primer lugar está Mashi Meidan, que en la década de 2010 dirigía una empresa de seguridad israelí en Panamá. Un hombre cuya trayectoria profesional es difícil de trazar con exactitud, pero que es, según varias fuentes, un antiguo miembro del Shabak, el servicio de inteligencia y seguridad interior israelí, también conocido como Shin Bet. Según sus abogados, "trabajó para el gobierno israelí hasta 2006, cuando se jubiló", pero "no está, ni ha estado nunca, asociado a ninguna empresa o entidad llamada Equipo Jorge y, desde luego, no es un ‘socio comercial’ en tal empresa". Sin embargo, está presente con Tal Hanan en las oficinas de su empresa y en la mayoría de las reuniones con él, mientras su socio presenta el alcance de sus servicios a los periodistas encubiertos. 

Tan misterioso como Meidan, Shuki Friedman es también un antiguo oficial del servicio de inteligencia interior israelí. Por años responsable de inteligencia en Ramala, ciudad en territorios de Cisjordania gobernados por la Autoridad Nacional Palestina, la leyenda cuenta que fue el encargado de reclutar al Príncipe Verde, hijo de un dirigente de Hamás -el movimiento integrista palestino que controla la Franja de Gaza- que sirvió como espía al Shin Bet durante diez años. 

Alrededor de Tal Hanan, en dos reuniones también estuvo Yaakov Tzedek, director del Tzedek Media Group, que se presenta como "experto en digital y publicidad desde hace más de una década". 

Lo mismo ocurre con Ishay Shechter, director de estrategia de Goren Amir, importante grupo de presión israelí. Este último, que estuvo presente en una de las reuniones que llevaron a los periodistas del consorcio hasta Tal Hanan, pero nunca en una reunión con él, afirma que "nunca tuvo una relación comercial con Jorge o Tal Hanan" y que "no estaba al corriente de sus actividades ilegales o inapropiadas". 

Por último, el hermano de Tal, Zohar Hanan, director general de una empresa de seguridad privada, dijo al consorcio que "ha trabajado toda su vida dentro de la ley".

Según la biografía disponible en el sitio web de su empresa, Demoman, Tal Hanan sirvió en las fuerzas especiales israelíes en una unidad de élite dedicada a la neutralización de artefactos explosivos. Su carrera, como su negocio, pasó entonces de la desactivación de bombas a la inteligencia, en sentido amplio. Y si Jorge ha permanecido invisible durante años, Tal Hanan interesa al menos a un servicio de inteligencia europeo desde 2008, según una fuente policial. No por acciones de desinformación, sino por sus ofertas de dudosos servicios de seguridad tras conferencias sobre antiterrorismo, inteligencia y contraespionaje. Según la fuente, opera en la "estrecha frontera entre la seguridad privada y los mercenarios". Cuando el consorcio se puso en contacto con Tal Hanan, éste se limitó a "negar cualquier irregularidad".

Hanan ha cultivado una impresionante red internacional a lo largo de sus años de trabajo en inteligencia. Según una investigación de la agencia Bloomberg, en 2006, mientras trabajaba para un banco panameño, fue quien alertó a un funcionario venezolano del Fondo Monetario Internacional (FMI), Martín Rodil, en Washington DC, sobre el movimiento de dinero de Pdvsa, la petrolera estatal venezolana, a Irán, en violación de las sanciones estadounidenses. Según la misma investigación, Hanan propuso entonces a Rodil llegar a fin de mes rastreando el dinero para él. 

Un año después, ambos decidieron compartir su información con el gobierno israelí y pasaron dos días respondiendo a las preguntas del servicio secreto. A continuación fundaron la empresa Global Ressources Solutions, que ofrece servicios de inteligencia, seguridad e inteligencia financiera, uno como presidente y el otro como director. Martín Rodil está siendo investigado en España por extorsionar, presuntamente, a antiguos funcionarios del régimen chavista de Caracas. No respondió las múltiples solicitudes de comentarios para esta investigación.

Otro antiguo socio mencionado por Tal Hanan en el transcurso de una conversación con periodistas, es el exsubsecretario de Estado del presidente republicano estadounidense, George W. Bush, Roger Noriega, que también trabajó con Martín Rodil e incluso le defendió en la prensa. 

Contactado por los reporteros de la presente historia, este antiguo diplomático estadounidense, responsable de la línea política norteamericana hacia el régimen de Chávez, admite conocer a Tal Hanan, pero matiza asegurando que no ha mantenido ninguna "conversación real con él desde hace seis o siete años". “Teníamos clientes comunes vinculados a Venezuela, pero nunca hice negocios serios con él”, afirma.

El precio de la mentira

Para sus servicios de manipulación, Tal Hanan utiliza las herramientas más avanzadas del mercado. Durante sus demostraciones en directo, por ejemplo, presenta soluciones ofrecidas por TA9, filial de la empresa Rayzone, parte de cuyo logotipo tuvo cuidado de borrar en su presentación. Contactada por Forbidden Stories, TA9 dice que nunca ha tenido tratos comerciales con Tal Hanan o sus asociados y explica que en su sitio web o durante las presentaciones en línea se pueden ver fácilmente capturas de pantalla de sus productos.

El grupo israelí Rayzone comercializa herramientas de recogida de datos personales y de localización a través de Internet o de redes telefónicas. Para ello se basa, en particular, en la red SS7, que se utiliza para dirigir las llamadas y los mensajes SMS de los usuarios de telefonía a sus clientes y para localizar sus dispositivos. Esta red, que se supone reservada a los operadores de telefonía, adolece de vulnerabilidades que permiten a los piratas informáticos acceder a la información de los propietarios de teléfonos móviles. 

En varias ocasiones, durante las reuniones con sus falsos clientes, Tal Hanan menciona la posible explotación de estos fallos. Cuando se le pregunta por sus servicios, Rayzone sólo menciona un producto, regulado por el ministerio israelí, que "sólo proporciona información de localización sin ninguna capacidad de intercepción activa".

Utilizando diapositivas de los folletos de TA9, la filial de Rayzone en cuestión, Tal Hanan cita también el "reconocimiento facial", la "intercepción de redes móviles" o "cualquier cosa que pueda encontrarse en cualquier base de datos" como herramientas a su disposición para la vigilancia más sofisticada de estos objetivos. 

Según el diario israelí Calcalist, David Avital, accionista de una filial de Rayzone, es quien hoy acoge al fugitivo Tomás Zerón, el exalto funcionario mexicano sobre el que pesa una orden de detención internacional por tortura y desaparición forzada y cuya inocencia defendían los avatares de AIMS. Esta información fue desmentida por la abogada de Zerón, Liora Turlevsky: "El señor Zerón está efectivamente en Israel. Sin embargo, nunca ha vivido en un apartamento de David Avital”.

Hanan, Rodil, Noriega, Rayzone: Una galaxia cuyas relaciones internas resumen la porosidad entre Estados y empresas privadas, inteligencia, influencia y cibervigilancia. Sin embargo, hay una incógnita: ¿cómo se paga a Tal Hanan por sus servicios?

Las sumas en juego son considerables. Tras meses de investigación, los periodistas del consorcio consiguieron un folleto enviado a Cambridge Analytica en 2015. Un documento de poco más de tres páginas, bastante vago, titulado "Elecciones, inteligencia y operaciones especiales", que menciona la experiencia sobre el terreno desde 1999. Ahora bien, 1999 es también la fecha de creación de la empresa Demoman, de la que Tal Hanan es Director General. En este folleto, Hanan propone diferentes opciones que "se alimentan y refuerzan mutuamente", combinando "inteligencia estratégica", "percepción pública", "guerra de la información", "seguridad de las comunicaciones" y "paquete especial Día D". Elogia a su equipo, formado por antiguos servicios de inteligencia y fuerzas especiales israelíes, estadounidenses, españolas, británicas y rusas. El equipo también incluye "expertos en medios de comunicación" que conocen "las mejores formas de contar una historia, un mensaje o un escándalo, y de crear los efectos deseados". Y lo que es más importante, Tal Hanan cobraba entonces 160.000 dólares por una "fase inicial de investigación y preparación" de ocho semanas, más 40.000 dólares por gastos de viaje. Una tarifa muy inferior a la que ofrecerá a nuestros reporteros en 2022: seis millones de euros por una campaña.

Sin embargo, Tal Hanan no comercializa sus servicios de piratería a través de Demoman, de la que en realidad es director general. Y por una buena razón: la empresa está registrada en el Ministerio de Defensa israelí. Sin embargo, según la legislación israelí, tales servicios son perfectamente ilegales. En efecto, si se puede conceder una licencia a una empresa para vender programas espía a los Estados, de acuerdo con su propia legislación, ninguna autoriza los servicios de piratería informática para una campaña política o con fines comerciales. 

No obstante, durante las reuniones encubiertas, Tal Hanan afirmó tener unos 100 empleados trabajando en todo el mundo. Aunque es imposible confirmar el número, el sitio web de Demoman anuncia que tiene oficinas y representantes en Israel, Estados Unidos, Suiza, España, Croacia, Filipinas y Colombia. También se mencionan direcciones en México y Ucrania, pero, según Tal Hanan, se han cerrado debido a la ralentización del negocio en el primer caso y a la guerra, en el segundo. 

Durante la misma reunión, los hermanos Hanan también afirman estar utilizando sus bots AIMS para apostar en el mercado de criptomonedas y obtener así ganancias adicionales. Negocios son negocios, en este oscuro ramo, donde los subcontratistas de ayer comercializan ahora directamente sus conocimientos y donde las nuevas tecnologías sirven para todo.

Los fiscales en España alegan que Martin Rodil (n. Barquisimeto, 1974), el consultor en cuestión, un abogado y destacado experto en temas de corrupción venezolana, dirigió un grupo que extorsionaba a venezolanos ricos sospechosos de corrupción. Los 13 miembros de esta trama, que, con Rodil a la cabeza, incluye a tres policías españoles -Daniel Renuncio Mateos (de la policía municipal de Madrid), David Berruguete (inspector de la Policía Nacional) y José Manuel Betanzos (oficial retirado de la policía regional vasca o Ertzaintza)- y a un exmilitar hispano-israelí, Alberto Avi Galán, son investigados por los delitos de tráfico de influencia, corrupción y lavado de dinero, entre un total de siete cargos. En documentos judiciales del caso, todavía en fase de instrucción, los fiscales españoles dicen que los exfuncionarios que aseguran haber sido chantajeados son figuras prominentes en escándalos masivos de corrupción pública en Venezuela, que pagaron grandes sumas de dinero a Rodil y sus asociados en la aparente creencia de que les ayudarían a evitar cargos criminales en Estados Unidos.

Rodil, que no ha sido acusado formalmente, no respondió a las solicitudes de comentarios para esta historia.

Los aliados de Rodil dicen que los exfuncionarios venezolanos que lo señalan están tratando de desacreditar de ese modo las investigaciones de Estados Unidos sobre su propia presunta malversación, desplegando una campaña contra un asesor clave de las autoridades en Washington. Dicen que los fiscales en España, un país que algunos expertos consideran un refugio seguro para los venezolanos corruptos, están siguiendo de manera errónea una agenda que en realidad forma parte de la campaña de desinformación orquestada por estos exfuncionarios del chavismo, ahora residenciados en el país ibérico.

Roger Noriega, exsubsecretario de Estado (equivalente a un viceministro de Relaciones Exteriores) de Estados Unidos en la administración del republicano George W. Bush (2000-2008), y quien más recientemente trabajó con Rodil en su negocio de consultoría, calificó al venezolano como un eficaz cruzado anticorrupción y dijo que los pagos a Rodil "se hicieron en el contexto de cuando Martín estaba cooperando en actividades cuidadosamente monitoreadas", bajo supervisión de las autoridades estadounidenses. La investigación española se derivaría de "una historia que está siendo tejida por criminales con sus asesores legales", sostuvo Noriega.

Con una amplia práctica de consultoría, Rodil ha trabajado con la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), así como con las principales fiscalías de la nación.

Rodil ha mantenido dos especialidades profesionales que se complementan entre sí. Brinda servicios de consultoría privada a venezolanos ricos que buscan reubicarse en los Estados Unidos, en parte, poniéndoles en contacto con funcionarios involucrados en su otra línea de negocios: ayudar al gobierno de Estados Unidos a perseguir casos de corrupción y narcotráfico. Aquellos venezolanos podrían, en esencia, intercambiar su conocimiento interno de los delitos por la residencia en Estados Unidos.

En extensos expedientes judiciales presentados en el Tribunal 29º de Instrucción de Madrid, los fiscales españoles alegan que Rodil intentó extorsionar al menos a tres exfuncionarios venezolanos: Nervis Villalobos, Javier Alvarado Ochoa y Carlos Aguilera Borjas. En informes de investigación y una propuesta de orden de arresto presentada ante el tribunal en octubre -antes de que Rodil, quien todavía no se ha apersonado ante la juez en Madrid, nombrara abogado-, los fiscales afirman que el factor clave de influencia y credibilidad de Rodil fue la percepción de que, con sus extensas conexiones con las policías estadounidense y española, podría ayudar a los venezolanos a mitigar sus problemas legales. Los documentos de investigación presentados en la corte española, que ICIJ revisó para esta historia, incluyen supuestos episodios en los que Rodil instaba enérgicamente a los venezolanos a contratar sus servicios de consultoría, pero proporcionan escasa evidencia de que lo haya hecho mediante amenazas directas o utilizando coerción alguna.

Las sumas en cuestión en el proceso contra Rodil por parte de España palidecen en comparación con los miles de millones de dólares de las arcas públicas que los exfuncionarios venezolanos, incluido Nervis Villalobos, un antiguo alto funcionario del ministerio de Energía de Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez, supuestamente malversaron. Algunos de los acusados más prominentes han estado esperando juicio en España durante años.

El caso de Rodil pone de relieve las dificultades de perseguir casos de corrupción internacional y las trampas que enfrentan los fiscales, quienes trabajan con una variopinta colección de informantes y consultores que, a menudo, son cruciales para hacer que tales casos funcionen pero, a la vez, arrastran relaciones complejas con negocios riesgosos que pueden generar acusaciones de conflictos de intereses.

El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios para esta historia.

Los fiscales españoles declinaron hacer comentarios.

Experto, mago y artista

En los últimos años, Rodil también ganó prominencia pública como experto sobre corrupción venezolana y ha sido citado en inglés por la agencia AP y por la radio pública NPR, así como por el propio ICIJ. Ha escrito artículos sobre Venezuela para The Daily Beast. También se le ha podido ver en programas de canales de noticias en español de Estados Unidos. 

Un extenso perfil de la agencia Bloomberg en 2016 describe a Rodil como alguien sociable y de una presencia imponente, que "dominó el arte de ser tanto una aplanadora como un encanto a la vez”, a fin de ofrecer avances críticos a los fiscales estadounidenses.

En solo unos años, Rodil salió de la oscuridad como investigador de bajo nivel en el Fondo Monetario Internacional (FMI) -cuya sede está en Washington-, para convertirse en una figura importante en el esfuerzo internacional para combatir la corrupción venezolana, según Bloomberg. Mientras estuvo en el FMI, Rodil tuvo la tarea de investigar pagos ilícitos relacionados con la petrolera estatal de Venezuela, Pdvsa, cuya notoria corrupción se le convirtió en una obsesión, también según Bloomberg. Pronto se encontró trabajando como consultor con Noriega, un diplomático de carrera devenido cabildero, quien en Washington es una voz prominente de las posiciones políticas conservadoras hacia América Latina y un feroz opositor de los gobiernos izquierdistas de los presidentes Hugo Chávez y, más tarde, Nicolás Maduro, en Venezuela.

Para 2016, Rodil estaba trabajando con una serie de agencias de la ley federales en Estados Unidos y era considerado un activo clave para los esfuerzos de Washington contra la corrupción venezolana. Era un momento en que los fiscales estadounidenses se estaban enfocando en un grupo de exfuncionarios venezolanos que supuestamente habían saqueado miles de millones de dólares de Pdvsa. Estados Unidos impuso una serie de nuevas sanciones a los líderes del país y acusó al entonces presidente de Venezuela, Maduro, y a su predecesor, Chávez.

Varios exfuncionarios y profesionales financieros fueron acusados a la postre en distintas jurisdicciones de Estados Unidos por delitos relacionados con la compañía petrolera. En medio de esa ofensiva, según Bloomberg, Rodil era tenido por un "hacedor de lluvia" (rainmaker, en inglés) por las autoridades estadounidenses, en referencia al valor decisivo de sus gestiones en favor de la aplicación de la ley. Trabajó en casos venezolanos con la DEA y fiscales estatales y federales en Miami, Florida, y Manhattan, Nueva York. Según Bloomberg, Rodil también comenzó a ayudar al gobierno israelí en sus propias investigaciones. 

De acuerdo a Bloomberg, en su oportunidad, Venezuela se rehusó a renovar el pasaporte a Rodil. No era de extrañar: se había ganado la inquina del régimen de Caracas.

Ya en 2016, en su programa semanal por televisión, el entonces considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, nombró públicamente a Rodil como parte de un grupo de “traidores a la patria”. En esa emisión, Cabello, también sancionado por Estados Unidos, describía así las gestiones de Rodil: “[Hay una] oficina de extorsión a los venezolanos bolsas que se roban los reales aquí y después no hallan cómo legalizar sus reales, y les dice allá en Estados Unidos: ‘Dame tanto y yo te arreglo tu problema, le das tanto al gobierno norteamericano y tú quedas sano’. Así han arreglado sus problemas muchos”.

Después de eso, según ICIJ pudo comprobar, Rodil obtuvo la nacionalidad en Israel, país en el que mantiene importantes conexiones de negocios.

"Martín es probablemente una de las personas más efectivas en términos de conseguir información y reclutar testigos que se han utilizado para acusar a venezolanos corruptos", dijo Roger Noriega a los reporteros de la presente entrega.

Te enfermo y te curo

Javier Alvarado Ochoa, un exejecutivo de Pdvsa y quien también ocupó un alto cargo del ministerio de Energía, que enfrenta cargos de lavado de dinero en Estados Unidos y desde 2016 vive en España, donde se avino a servir como colaborador de los cuerpos policiales y la fiscalía, le dijo a ICIJ que Rodil le habló en Estados Unidos de sus extensas conexiones con fiscales estadounidenses y funcionarios de la DEA. "Tienes problemas aquí", recuerda Alvarado que Rodil le dijo. "Los fiscales te están esperando, te están investigando en Estados Unidos. Déjame ayudarte".

Rodil "es un extorsionador muy bueno y sutil", le dijo Alvarado a ICIJ. "Él te enferma para que tengas la necesidad de curarte".

Alvarado dijo que Rodil le exigió dos millones de dólares a cambio de ayuda con los problemas legales de aquel. Según documentos proporcionados por el abogado de Alvarado al fiscal español en septiembre reciente, Alvarado pagó a Rodil más de 1,1 millones de euros (para la fecha, alrededor de 1,2 millones de dólares) mediante tres transacciones entre marzo y diciembre de 2015, pero, aún así, aseguró Alvarado, Rodil no le proporcionó ningún servicio útil. 

Según relató Alvarado Ochoa al reportero Marcos García Rey de Moncloa.com, en Madrid, la supuesta extorsión tuvo por parte de Rodil dos fases diferenciadas: esa primera en Estados Unidos, entre 2013 y 2016, y una segunda en España.

Rodil lo llamó en Madrid y le sugirió que tenía un equipo de confianza en España para ayudarle con sus problemas en la Audiencia Nacional y con otras investigaciones policiales en curso contra él. Cuando se negó a pagar más dinero, Rodil lo habría amenazado con influir para quitarle la nacionalidad española que había conseguido en 2017, según el relato de Alvarado. 

Otro de los presuntos extorsionados por el grupo de Rodil habría sido Carlos Aguilera Borjas, uno de los militares de confianza de Chávez y exdirector de la policía política (entonces Disip, Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención). Aunque Aguilera no ofreció declaraciones para este reportaje, Moncloa.com tuvo acceso a su declaración por videollamada ante la juez titular del Tribunal 29 de Instrucción de Madrid y los fiscales, ofrecida el pasado 6 de octubre de 2022.

Aguilera ratificó lo que ya había dicho a la policía: “Esta trama se dedicaba a generar problemas para posteriormente ofrecerse a solucionarlos, cobrando por ello”.

Al igual que Alvarado Ochoa, Aguilera recalcó que el supuesto chantaje tuvo lugar en dos fases, una en el extranjero y otra posterior en España. Pero la inicial no pudo tener lugar en Estados Unidos, a donde Aguilera no puede entrar, sino en destinos turísticos del Caribe.

A comienzos de 2015, relató el exmilitar venezolano, se reunió en la isla franco-neerlandesa de San Martín con Rodil y Ran Benhamu, este, un consultor israelí y socio de Rodil. Se ofrecieron a ayudarle con sus problemas en España y le advirtieron que sabían dónde estaba su dinero.

Unas semanas después lo citaron en República Dominicana y a la reunión ─según relató Aguilera─ acudieron también dos abogados estadounidenses, dos agentes de la DEA y Alberto Galán, (a) Avi. Insistieron en solucionar sus problemas en Estados Unidos y España.

Más adelante, también en 2015 y ya en Madrid, siempre según Aguilera en su deposición judicial, tuvo reuniones en el hotel Villamagna con abogados y Avi. Tanto a viva voz como por correo electrónico, el supuesto equipo de Rodil en España le siguió presionando: “Me decían que iban a poner cierre a todos los procesos judiciales contra mí. Eliminar el peligro de acciones penales y administrativas que hubieran podido surgir, y evitar que me tenga que presentar en la Audiencia Nacional”.

Según Aguilera, por los servicios llegó a pagar a la trama un total de 500.000 euros y 130.000 dólares.

Aguilera concluyó: “Yo sentí una extorsión desde el principio cuando hablé con el señor Martín Rodil y con el señor Ran Benhamu, porque me hablaron de darme solución a mi problema y que el coste iba a ser de dos millones de euros”. Añadió: “En ningún momento hubo maltrato ni amenaza [de ‘Avi’], es una persona que estaba prestando un servicio ordenado por este [Rodil]”.

Los fiscales en Houston, Texas, acusaron a Alvarado en 2019 de lavado de dinero, alegando que manejó millones en ganancias corruptas de Pdvsa como parte de un vasto esquema de sobornos. Estados Unidos ha presentado solicitudes de extradición para Alvarado que los tribunales españoles vienen rechazando. Los abogados de Alvarado han afirmado que su enjuiciamiento en Texas es"fatalmente defectuoso", debido a un estatuto de limitaciones aprobadas, cuestiones jurisdiccionales y lo que llaman inexactitudes fácticas en la acusación.

Mientras tanto, entre 2016 y 2017, Rodil recibió más de seis millones de euros en pagos de Nervis Villalobos, según los registros judiciales españoles. En 2018, Villalobos fue acusado en Estados Unidos por lavado de dinero relacionado con sobornos extranjeros. Los abogados de Villalobos también han negado los cargos y se han activado para desestimar el caso.

Según los registros judiciales españoles, Hugo Góis, un ciudadano portugués, envió millones de dólares que había recibido de Villalobos y otros venezolanos a empresas ficticias registradas en jurisdicciones como Chipre y Escocia. Entre esas empresas se hallaban entidades supuestamente controladas por Rodil.

Más tarde, en 2018, Góis fue acusado en Miami por presuntamente lavar dinero para funcionarios venezolanos, como parte de la trama revelada por la operación Money Flight de la oficina de Homeland Security Investigations. Los cargos de Estados Unidos en su contra están pendientes en el tribunal. Los registros judiciales españoles indican que las autoridades en España utilizaron los extensos archivos de Góis para construir su propio caso contra Rodil. 

Góis se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción de Madrid en abril de 2018 y desde entonces ha entregado una documentación copiosa. Entre tanto, se le investiga en el marco de la llamada macrocausa de Pdvsa que cursa ante la Audiencia Nacional española. 

Góis no respondió a una solicitud de comentarios.

Los registros judiciales españoles detallan las actividades de una firma propiedad de Rodil, Glenfield Corp. LP, con un formato de sociedad limitada escocesa, un tipo de registro mercantil que se ha vuelto popular entre los lavadores de dinero y oligarcas en los últimos años. Un expediente de registro, compartido con ICIJ por el diario Expresso de Lisboa, indica que Rodil utilizó un agente que se presentó a sí mismo como el único accionista de Glenfield en los documentos corporativos, ocultando efectivamente la propiedad última de Rodil en los archivos públicos.

El nombre del agente, Adrian Matthew Bradley, o a veces solo Matthew Bradley, aparece con diferentes variaciones en los registros de docenas de compañías fantasmas en todo el mundo, según documentos filtrados y registros públicos. ICIJ envió solicitudes de comentarios a la aparente dirección de correo electrónico de Bradley, pero no recibió respuesta. Según un artículo en el sitio web del Atlantic Council -un think tank de Washington-, Bradley Matthew Adrian es en realidad un "nombre señuelo" usado por un oligarca ucraniano fugitivo llamado Sergiy Kurchenko. Los fiscales ucranianos han acusado a Kurchenko de acumular millones de dólares a través de la evasión de impuestos y el robo a inversionistas bancarios.

¿Contraofensiva de desinformación?

Noriega dijo que no tenía la información suficiente sobre los pagos de Villalobos y los otros venezolanos a Rodil como para proporcionar una explicación completa, pero aseguró que confía en que los pagos se hicieron como parte de una operación estadounidense.

La DEA no respondió a una solicitud de comentarios. Pero en una declaración jurada presentada ante el tribunal español en octubre reciente, un exagente supervisor de la DEA, Robert Zachariasiewicz, afirma que, después de diez años de trabajo con Rodil, "nunca observó ni tuvo motivos para sospechar irregularidades o violaciones de la ley en las actividades profesionales del señor Rodil". 

En la misma misiva, Zachariasiewicz explica que “debido a reservas éticas, laborales y de seguridad” no le está permitido hablar sobre la mayor parte de su trabajo en la DEA. Sin embargo, señala que sabe que Rodil ayudó a personas para “trasladarlas fuera de Venezuela y otros lugares hostiles” y que esas mudanzas comportan gastos logísticos.

Zachariasiewicz declinó hacer comentarios para esta historia. 

Debra LaPrevotte, una exagente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) cuya carrera tuvo foco en casos de corrupción, dijo a ICIJ que las acusaciones de extorsión le parecen extrañas porque Rodil no trabajó directamente para el gobierno de Estados Unidos y, por lo tanto, tendría poca capacidad para influir en la dirección de los casos. "Esto no me suena como extorsión", dijo.

LaPrevotte agregó que pagos así a un contratista del gobierno pueden ser parte de una operación encubierta de Estados Unidos.

"El gobierno puede participar en algo que luce como una actividad ilegal para ver si alguien muerde", dijo LaPrevotte.

Noriega, amigo y excolega de Rodil, sostiene que los exfuncionarios venezolanos acusados están tratando simplemente de desacreditar los cargos de Estados Unidos en su contra. "Esos tipos son unos delincuentes", dijo Noriega. "Todavía estoy en una etapa de la vida en la que creo más en lo que dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo que dice un personaje del crimen internacional ante la justicia en España".

Noriega dijo que la investigación española está desacreditada por el trato indulgente que España prodiga a los venezolanos ricos que huyen de las acusaciones de corrupción. Aunque hayan sido fiscales españoles quienes acusaron a Villalobos, Alvarado y otros por delitos relacionados con Pdvsa, los casos se han prolongado durante años. Mientras, España ha negado las solicitudes de extradición de Estados Unidos. Los exfuncionarios, mientras tanto, viven allí en el lujo.

"Los narcotraficantes y los actores corruptos tienen una larga historia de huir a España para evitar la extradición a Estados Unidos", dijo Paul Pelletier, un exfiscal federal que trabajó por mucho tiempo en casos de corrupción. "Es una fórmula probada y verdadera".

En un artículo de 2019 que examina los casos de larga data de Villalobos, Alvarado y otros, el investigador alemán Jan-Michael Simon concluyó que los procesamientos tardíos de España "podrían crear el riesgo de que la jurisdicción española sea percibida como un refugio seguro para aquellos involucrados en el crimen organizado estatal venezolano".

Tres años después de esa publicación, nada ha cambiado en los casos de Alvarado y Villalobos, dijo Simon a ICIJ, señalando que en Madrid hay toda una industria de abogados y costosos consultores corporativos que sirven a los intereses de los clientes venezolanos ricos. Simon dijo que dinámicas similares han surgido en otras jurisdicciones, como en Perú, donde se refugian los brasileños presuntamente implicados en casos de corrupción. "Este es el esquema perfecto de un refugio seguro para las principales figuras de la corrupción internacional".


(*) Versión de Armando.info, con información y extractos tomados de ICIJ (Spencer Woodman y Brenda Medina) y Moncloa.com (Marcos García Rey).

Micael Pereira, Gerardo Reyes y Uri Blau contribuyeron con este reportaje.

Este es un proyecto conjunto de reportería transfronteriza liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, con sede en Washington DC), con Expresso (Portugal), Moncloa.com (España), La Sexta (España), Shomrim (Israel), Univisión (Estados Unidos) y Armando.info (Venezuela).