Es una noticia para celebrar, sobre todo en una zona económicamente deprimida, como lo es la escogida para el emprendimiento: Tolú, Departamento de Sucre, a unos 130 kilómetros al suroeste de Cartagena de Indias.

Lo llamativo de la buena nueva, aplaudida por el gobernador regional, Héctor Olimpo Espinosa, así como por parlamentarios y caciques de los clanes políticos locales, es que quien la porta es un venezolano que viene de participar en un proyecto similar, pero fracasado.

Se llama Carlos Eduardo Santiago DaSilva, accionista de la empresa Neo Aluminio Colombia, que recién en 2021 obtuvo la aprobación de prefactibilidad de su proyectada planta. Abogado venezolano de 41 años, su nombre es conocido en Guayana, asiento de la industria pesada y, en particular, de la del aluminio.

En 2009, durante el arranque todavía incipiente de las inversiones de los fondos binacionales que pactó el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez, Carlos Santiago Da Silva aterrizó en Puerto Ordaz, estado Bolívar, como asesor legal de China Aluminium International Engineering (Chalieco), la empresa asiática que la República contrató por casi 900 millones de dólares para expandir la industria del aluminio.

Pero a 14 años de distancia, se tiene que ni CVG Aluminios del Caroní (Alcasa), ni CVG Venezolana de Aluminio (Venalum), producen o transforman aluminio primario hoy. De esas empresas del estado venezolano, CVG Alcasa es la que, mientras tanto, ha radicado en tribunales una demanda de indemnización por 120 millones de dólares contra Carlos Santiago DaSilva.

¿Qué pasó en estos años para que naufragara el proyecto industrial que prometía la transformación del sector aluminio en Venezuela y que, en cambio, transformó a Carlos Eduardo Santiago Da Silva en un magnate empresarial en Colombia? 

La revisión de documentos oficiales suscritos en el marco del Fondo Chino-Venezolano, una iniciativa en la que Armando.info participó en alianza con el Centro de Investigación Chino-Latinoamericano Fundación Andrés Bello, permite reconstruir buena parte de esa historia.

Juez y parte

Quienes conocen a Carlos Eduardo Santiago Da Silva lo califican como un lobbista que llegó a Guayana por un vínculo familiar tangente con Carlos y Herman Escarrá, los  hermanos abogados -el primero, ya difunto- del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) . En su cronología de LinkedIn, la red social de reclutamiento de profesionales, el propio Santiago relata que su relación, en rol de asesor, con la china Chalieco comenzó en 2009 a través de Corporación Handel, una empresa suya registrada en el estado Miranda el 11 de junio de 2010, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), con una razón social amplia que va desde la importación de equipos quirúrgicos y la consultoría informática, hasta la compra y venta de materia prima de material metálico, no metálico, así como insumos para la industria de hidrocarburos.

Datos obtenidos para Armando.info por el Proyecto de Reportería de la Corrupción y el Crimen Organizado (Occrp, por sus siglas en inglés) concluyen que Carlos Santiago Da Silva registró 16 empresas entre 2009 y 2021 en Venezuela, Colombia, Brasil, Estados Unidos y España. Cinco de estas empresas están dedicadas al sector aluminio, y el resto a ramas diversas que incluyen la venta de autos, construcción y bienes raíces. 

Su perfil se hizo público en Guayana apenas en 2015, en una nota de Crisol, un periódico interno de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), donde aparecía junto a su primo, Vicenzo Bianco, como representantes de Chalieco, aunque Santiago atribuye ese título que el reportaje les concede a una interpretación errónea: “No puede haber representación de una empresa estatal fuera de China que no sea de ellos mismos. Lo que nosotros teníamos con Corporación Handel era una asesoría”, dijo en entrevista con Armando.info.  

Pero, en realidad, durante el período que va de 2009 a 2015, más allá de su rol de asesor de Chalieco, Santiago estaba construyendo una presencia rotunda en el negocio del aluminio. En el intervalo, se convirtió también en contratista del Estado y socio de clientes regulares de la industria del aluminio. La pirueta, que revisada podría desafiar los límites del conflicto de interés, también ayuda a entender el proceso por el que el abogado venezolano se reinventó como un magnate del aluminio, ahora con presencia en Colombia.

Carlos Eduardo Santiago Da Silva pasó de ser un simple asesor externo de Chalieco, empresa china a la que el Estado confiaba la misión de reactivar y expandir el sector del aluminio, a ser parte activa en el mismo sector al que venía a recuperar. Juez y parte, Santiago compró acciones en empresas transformadoras, se asoció con empresarios influyentes del sector que también eran subcontratistas del Fondo Chino, y actuó como ejecutor de uno de los contratos de la inversión china en Alcasa, todo en un período de siete años.

En 2014, por ejemplo, Santiago DaSilva compró acciones en la empresa contratista del Estado, Comercial Técnica Aluminio CTA, una productora de rines para vehículos del grupo Suramericana de Aleaciones (Sural). Tanto Sural como CTA fueron fundadas en 1986 por el empresario venezolano Alfredo Riviere Villamizar, pionero de la transformación de aluminio en Guayana y uno de los mayores compradores de metal de la región, conocido por sus estrechas relaciones con el dos veces expresidente, el fallecido Carlos Andrés Pérez. 

Esa transacción de 2014 la completó a través de Zebila Investments SL, empresa incorporada en España por Rovira Gerard García Gassull como representante, y Amicorp de España como administrador único. Amicorp es una transnacional de servicios financieros, legales y de administración de patrimonios.

Hasta ese año, CTA sólo estaba dedicada a la importación y exportación de piezas fundidas de aleaciones de aluminio, pero luego amplió su cometido a “asesoría en materia de ingeniería y ejecución de proyectos para la recuperación de aluminio de celdas”. En 2017,  Santiago DaSilva, y su hermano, Mervin José Santigo DaSilva, compraron 100% de las acciones y, dos años después, le cambiaron el nombre a Corporación Handel CV SL, un nombre homónimo en España a la registrada antes en Venezuela, con la que había asumido la asesoría con los chinos, pero con un propósito diferente: adquisición, tenencia, disfrute, administración, dirección, gestión, de títulos valores y acciones. 

En 2015, Santiago se asoció como accionista de una empresa con Jesús Vergara Betancourt, un proveedor de materias primas de Alcasa y Venalum, cliente recurrente de aluminio primario a través de las empresas de Vergara Group y subcontratista de las inversiones del Fondo Chino. 

Juntos, a través de sus empresas Commevensa, de Vergara,  y Corporación Handel, de Santiago, crearon el Consorcio Quantum que, de acuerdo con la cláusula primera de su acta constitutiva, tenía por objeto la “compra, venta, exportación, importación, diseño, fabricación, comercialización de equipos para el sector siderúrgico, aluminio e industrial en general”. En Panamá, a su vez, crearon una sociedad espejo.

Vergara no solo era un cliente, trader, sino también proveedor de insumos. En varios de esos roles había ocupado los vacíos dejados por otras empresas que, como las internacionales Glencore o Noble, por años acapararon el mercado local de compra y venta de aluminio.

En 2020, Vergara fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Posteriormente liberado, nunca se dieron a conocer de manera oficial las razones de su arresto.

Además de estas sociedades, Santiago también figuraba como empleado de la empresa Alusur, una contratista de Alcasa, en la que cotizó para el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) hasta 2019, y cuyo principal accionista es su primo, Timoteo Martínez DaSilva. Este último aseguró a la reportera de Armando.info que Alusur prestó servicios a CVG Alcasa en la supervisión de proyectos de Chalieco, la asesorada por Santiago DaSilva, quien, según la misma versión, al aparecer en la nómina de Alusur pretendía ubicarse en una posición que le permitiera cotizar al Seguro Social, de cara a su eventual jubilación. 

Martínez DaSilva dijo, en entrevista para este reportaje, que no recordaba qué tipos de trabajos hicieron en específico a través de Alusur, pero insistió en que se trató de actividades  de supervisión amparadas por un contrato pequeño, de menos de 50.000 dólares. 

A su vez, Martínez DaSilva participaba, con 30% de acciones, como socio de otra empresa junto con su primo: Valcor Comunicaciones, con sede en la Torre Empresarial Atlantis, en el corazón de la ciudad de Puerto Ordaz, en Ciudad Guayana. El edificio se convirtió en una especie de sede de Chalieco en Puerto Ordaz, porque allí Carlos Santiago DaSilva les arrendó un espacio, confirma Timoteo Martínez DaSilva. Por eso, con frecuencia, era común ver allí al entonces presidente de Alcasa, Ángel Marcano, y dirigentes de su fracción sindical. 

Según Martínez DaSilva, rentar las oficinas de Valcor a los chinos era un valor agregado que prestaba Corporación Handel como parte de su servicio de asesoría para Chalieco. “Yo me imagino que Chalieco le pagaba por ser representante y, dentro de eso, estaba tenerle oficinas tanto aquí [Ciudad Guayana] como en Caracas”, declaró. 

Valcor se dio a conocer en 2016 por haber obtenido entonces la administración ad hoc del diario Nueva Prensa de Guayana. En España, la empresa está registrada con el nombre Desarrollo e Inversiones Valcor, SL y, desde 2017, su socio único es Carlos Santiago DaSilva. 

Vidas paralelas

Desde su llegada al poder, el chavismo, a la vez que se empeñaba en copar Pdvsa, también se concentró en controlar las empresas básicas de Guayana. Claro, eran las fuentes primera y segunda de aportes al PIB de Venezuela. 

Bajo la tutela de la CVG, se encuentra un conglomerado de estatales, tanto extractoras y procesadoras, de bauxita, hierro y oro, así como de productoras de materias primas y productos semiterminados a partir del hierro, acero y el aluminio. Si alguna vez constituyeron el núcleo de las promesas de un futuro de progreso para el país, ya entrado el s. XXI, las fábricas daban pérdidas por una mezcla de desinversión y mala gerencia. Era común que los presidentes de las estatales del holding de la CVG pidieran recurrentes auxilios financieros al Ejecutivo Nacional. Entre 2009 y 2011, las empresas del aluminio, en particular, se endeudaron con la transnacional Glencore como prestamista, para tener dinero fresco para las operaciones diarias; para pagar esos desembolsos, comprometieron su producción. En 2013, el presidente Nicolás Maduro debió garantizar que mantendría por dos años las nóminas de las empresas con recursos de Pdvsa. 

En ese contexto de déficit crónico, la inversión de China llegó como un salvavidas, pero así como llovían promesas de lo que se haría con esos recursos, pululaban las disputas por el control político de las inversiones.

Resultaba decisivo, por lo tanto, no solo quién controlaba la presidencia de CVG sino también la de las empresas filiales. En el caso del aluminio, un nombre clave para ello fue el de Ángel Marcano. 

Ángel Bautista Marcano Castillo, quien comenzó como trabajador en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) y pronto pasó a las filas del chavismo con el ascenso de Hugo Chávez al poder, se convirtió en la ficha de Nicolás Maduro en la región. Al frente de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT) se asumió como el brazo político-sindical del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el estado Bolívar.

Con el endoso de Maduro, Marcano, que a la postre resultaría electo gobernador del estado Bolívar en 2021 para el período 2022-26, logró la destitución del entonces presidente de Alcasa,  Elio Sayago, un técnico de base que se opuso a las negociaciones con Chalieco. En 2011, por ejemplo, Sayago había denunciado “precios exorbitantes” en la propuesta presentada por Chalieco para Alcasa.

Durante 40 días, Marcano y su grupo sindical lideraron una huelga en Alcasa exigiendo la destitución de Sayago sin que nadie del gobierno la impidiera, como en cambio sí era usual con grupos sindicales de la oposición.   

Cuando Marcano asumió la presidencia de Alcasa y de la Corporación del Aluminio, entonces los puntos de cuenta del Bandes al Fondo Chino comenzaron a fluir. No solo fue en lo sucesivo presidente de Alcasa, sino también presidente Corporación Nacional del Aluminio (Corpoalum) en mayo de 2013; en 2014 miembro ejecutivo de comité del sector aluminio de la Corporación de Guayana y en 2016, después de haberse desprendido de Alcasa para optar a una curul en la Asamblea Nacional, volvió a la presidencia de CVG Alcasa. En las últimas elecciones regionales de 2021, resultó electo gobernador del estado Bolívar.

Corpoalum desplazó a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y pasó a tener ocho empresas tuteladas (Alcasa, Venalum, Alunasa, Alucasa, Carbonorca, Bauxilum, Serlaca y Rialca), tres de ellas (Alcasa, Venalum y Serlaca) con una inversión del Fondo Conjunto Chino que, oficialmente, sumaba 1.124 millones de dólares.

La parábola de Ángel Marcano en la política coincide con la expansión de los negocios de Carlos Santiago DaSilva en el sector del aluminio. Y probablemente no fue casualidad. 

“Ángel Marcano era el presidente de Alcasa, y después del aluminio. Cada vez que tú tenías que agarrar aluminio, para transformar, o hacer cualquier cosa, pasabas por allí. Pero yo con Ángel, obviamente, como comprenderás… Yo vivo en los Estados Unidos, y yo, por OFAC [Oficina de Control de Activos Extranjeros], no puedo ni comunicarme con cualquiera de ellos. Y la relación que había era… Bueno, tu vida depende de la aprobación de un político”, dice Santiago DaSilva en entrevista telefónica.

La ruptura

El clímax de las relaciones entre Carlos Santiago DaSilva, Alcasa y Chalieco llegó a finales de 2019. Entonces Desarrollo e inversiones Valcor, registrada en España, participó en las operaciones de CVG Alcasa, en proyectos financiados por el Fondo Chino y ejecutados por Chalieco. 

Pero de acuerdo a lo registrado en el expediente Exp. Nº 2019-0214, poco antes de eso, el 1° de octubre de 2019, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) había recibido una demanda de CVG Alcasa contra Desarrollo e Inversiones Valcor S.L. la compañía española de Santiago DaSilva, por incumplimiento de contrato e indemnización de daños y perjuicios contractuales. La acción venía acompañada de una solicitud de medida cautelar de embargo preventivo, que la magistrada Bárbara Gabriela César Siero otorgó.

Se referían al contrato suscrito el 17 de noviembre de 2016, un año antes de que DaSilva adquiriera el total de las acciones de la empresa española, entre el presidente de Alcasa, Ángel Marcano, y Valcor, para el servicio de modificación, acondicionamiento y puesta en marcha del Laminador en Caliente CLESIM COSIM, un área clave para los productos semiterminados del aluminio. Con el contrato, Valcor desplazaba en la provisión de ese servicio a la alemana Achenbach Buschhütten GMBH & CO KG, (AB).

Inicialmente — dice la exposición de motivos de la demanda— se había resuelto autorizar la suscripción del contrato comercial entre Alcasa, Chalieco y el contratista alemán, pero luego, sin que el documento de demanda explique las razones, Alcasa se reunió con los dueños de Valcor porque esta “tenía la posibilidad, experiencia en trabajos y suministros”.

A pesar de esa afirmación, la verdad era que el objeto social que Valcor asentó en el registro mercantil de España no la conectaba con esa área industrial, sino que, según reza en el documento de constitución de 2014, se dedicaría a “la adquisición, venta o disposición por cualquier título, tenencia, disfrute, administración, dirección, gestión de títulos valores y/o acciones representativos de los fondos propios de sociedades, entre otros”.

Aun así, el 7 de diciembre de 2016, Marcano firmó la autorización para contratar con la empresa Desarrollos e Inversiones Valcor S.L. por un monto de algo más de 12,26 millones de dólares. Seguros La Occidental, del empresario Víctor Vargas, sirvió de fiadora solidaria y principal pagadora de Desarrollo e Inversiones Valcor.

De acuerdo al relato de su consultoría jurídica, en 2017 Alcasa emitió órdenes a Chalieco para que hiciera un primer y segundo pagos al proyecto, lo que en suma correspondía a 80% del precio contractual. “Una vez que se hizo efectivo el segundo pago, la empresa [Valcor] decidió no continuar con los trabajos”. 

Como resultado, el 21 de enero de 2020, la presidenta de la Sala Político-Administrativa del TSJ, María Carolina Ameliach Villarroel, declaró procedente una  medida cautelar de embargo preventivo por más de 104 millones de dólares. La demanda de Alcasa recae, desde el 4 de marzo de 2020, sobre Seguros La Occidental, fiadora del contrato.

Aunque Santiago DaSilva dice que salió del país en 2017, su primo, Timoteo Martínez DaSilva, sostiene que fue en 2019, y que desde entonces sus relaciones se rompieron. “El proyecto del periódico [Nueva Prensa de Guayana] quedó a medias y, de verdad, a mí me ha dejado bastantes cargas allí en el momento de su partida”, dijo.

Santiago habla

Por su parte, desde el extranjero, Carlos Santiago DaSilva accedió a hablar por teléfono para esta historia. Asegura que mucho de los negocios en los incurrió resultaron mal por “tonto” y que, a pesar del desenlace de su participación en Alcasa y Venalum como asesor de Chalieco, tiene la conciencia tranquila. Quiere dejar ese período atrás porque dice que no lo define, pero afirma que lo que ocurría con las inversiones era un “esquema putrefacto” del que decidió salir al darse cuenta. “Yo no estoy avergonzado de lo que hice, ni estoy orgulloso, ni estoy feliz ni triste, simplemente es lo que es”, dice.

Lo primero en lo que insiste es que su asociación con la empresa Quantum, de Jesús Vergara, fue una “desgracia” de la que pidió salir a la primera oportunidad que tuvo (aunque, según los expedientes de la empresa en el registro de Panamá, fue destituido en 2019). Afirma también que aceptó la sociedad porque “supuestamente, si nosotros podíamos conseguir materia prima en China, por relaciones que había con Chalieco, se podía poner materia prima en las celdas. Las celdas se podían recuperar, y Jesús [Vergara] controlaba entre comillas Venalum, y ese aluminio se podía transformar. Y con esos cantos de sirena yo le dije: ‘Okay, dale, vamos a recuperar esa empresa’”. 

Sin embargo,remacha, al mes le pidió salir de la empresa al darse cuenta de lo que llama “marramucias”. “No tuve una sola reunión con Quantum. No hay un acta donde pueda constar que yo estuve en una reunión y hasta metieron a mi primo, Vicenzo Bianco. Fue una desgracia en mi vida esa empresa”.

Sobre otro de sus negocios, Desarrollo e Inversiones Valcor — que resultó demandada por Alcasa— sostiene que la aceptó porque era una oferta que también “sonaba bien”, pero que, como descubriría, en realidad se trataba de un contrato que, en la práctica, tenía otro objeto: obtener bolívares del diferencial cambiario con transformadores locales, de lo cual señala directamente a la empresa Protécnica. “Cuando me doy cuenta de eso, automáticamente ya me salgo, ¿no?”, subraya. “Me vi envuelto en un objeto de empresa que yo no estaba buscando, la verdad”. 

La consecuencia de ese esquema es que, señala, no hubo “fondo [chino] porque se están destinando por otro esquema a financiar nómina, pues bueno, no hay fondo pues, te los tumban”.

Según Santiago DaSilva, el mecanismo de dólares en el mercado negro para obtener bolívares era simple. “Hay transformadores [de aluminio] reales e irreales. Tienes los transformadores tradicionales, los que de verdad usaban metal, y los nuevos, o los de paquete o los de maletín. Entonces, a partir de todo el contrato del esquema chino, la subcontratista, parte de las empresas que trabajaban para Chalieco, que son los de Protécnica, Terra, ellos reciben los dólares, hacen parte del trabajo, triangulan con algunos transformadores que existen, otros que no existen, y así se va pagando nómina y pagando de todo”. 

Se refiere a la empresa Estudios de Ingeniería Protécnica, una empresa registrada en la década de los 80, que ejecutó también los proyectos de mayor envergadura del Fondo Chino, tanto de Alcasa como Venalum y que, a su vez, subcontrató con Jesús Vergara para la ejecución de la inversión asiática. Su fundador y principal accionista desde 1982 es el venezolano Salvador José Barbera Sansone, nombrado por Finlandia como cónsul honorario el 28 de junio de 2010 para los estados Bolívar, Sucre, Monagas y Delta Amacuro, y quien no respondió a una solicitud de entrevista para este reportaje. 

Santiago DaSilva se aferra a su versión de que todos esos mecanismos eran entonces desconocidos por él, y que cuando se entera de ellos, empieza a cortar relaciones. “Eso es un esquema que obviamente involucra aluminio y dólares del Fondo Chino. Tú puedes ver las estructuras allí. Yo no tengo ninguna estructura que se asemeje a esto. Me ofrecieron esa vaina de Valcor para mi desgracia, porque lo que hizo fue arruinarme, igual que la otra cuestión que me ofrecieron de Quantum. Nunca fui a una reunión y también me trajo cola a eso, por tonto, porque la verdad que uno se mete en eso por tonto”.

Los dos pagos que Alcasa sostiene que le hizo, DaSilva sostiene que nunca le llegaron. “Allí solamente se ejecutó el anticipo. (…) Creo que eran tres millones y algo, si mal no recuerdo. Y ya. Lo demás fue retenido en el Fondo Chino, no se ejecutó, y después ya de allí no supe qué pasó”.

A pesar de lo que él llama “experiencias”, y solo un período de su vida, DaSilva se considera un emprendedor exitoso. Y apalanca ese éxito en el desempeño de otras empresas que lidera: Neo Rodas SA (2016); Neo Steel (2020), algunas de ellas con sede en Colombia, y en 2016 Neo Group LLC Aluminio Colombia: GALTCO (Green Aluminum Transformation for Colombia), la empresa con la que ahora promete crear la Ciudadela del Aluminio.

Ni Protécnica, ni Quantum, ni el entonces presidente de Alcasa, ahora gobernador de Bolívar, Ángel Marcano, respondieron a solicitudes de información sobre este caso.

Segundo aire

Mientras los proyectos en Venezuela se apagaban, y tras la salida de Carlos Eduardo Santiago DaSilva de Venezuela, comenzaron sus apariciones en redes sociales. En 2020, DaSilva comenzó a publicitar Galtco, el proyecto de aluminio que ahora pretenden crear en Colombia, a partir de conversaciones que calificó como “muy productivas” entre ProColombia, una agencia gubernamental del gobierno colombiano para promover las exportaciones e inversiones, y Neo Group. 

A pesar de sus inversiones en Argentina, realmente sus aspiraciones recientes están concentradas en Colombia, a juzgar por la publicidad del proyecto Galtco. Jesús Imery, expresidente de Bauxilum, y exgerente de CVG Venalum, ahora es parte del proyecto Neo Colombia como Senior Aluminum Advisor. A finales de 2020, publicó un artículo en el mostraba las ventajas comparativas de Colombia, que titulaba: Colombia, el chico nuevo en el bloque de los países productores de aluminio. 

La senadora colombiana Karina Espinosa es una de las aliadas de este proyecto, pero el gran promotor es el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, del Partido Liberal, a quien en noviembre de 2022 la Procuraduría General de Colombia le abrió una investigación por presuntas irregularidades en el desarrollo del un proyecto de mejoramiento de la vía Berrugas - San Onofre y Ramal – El Rincón del Mar, en el municipio de San Onofre, reseñó el diario El Heraldo de Colombia. La apertura de la investigación coincide con los últimos tuits de Carlos Santiago y Galtco, entre noviembre y diciembre de 2022.

“Realizamos productivo encuentro entre bancada de parlamentarios de Sucre y representantes de la firma @galtco para socializar megaproyecto con el que se construirá la fábrica de aluminio más grande del país en Tolú”, publicó Olimpo el 17 de noviembre de 2022. Desde entonces, y al menos públicamente, no se ha vuelto a saber nada más de la buena nueva.  

En cierto momento, la flotilla importada de buses Yutong que circulaba por calles y carreteras de toda Venezuela se erigió no sólo en una prueba concreta del propósito del gobierno por modernizar el transporte público sino, sobre todo, en símbolo del florecimiento de las relaciones políticas y comerciales entre Caracas y Beijing. En una época de frenético contacto político entre ambos gobiernos, al Fondo Chino-Venezolano se cargó el financiamiento para la construcción de esta planta, con la promesa de que sería la “más grande de América Latina y el Caribe”. Se esperaba que, una vez construida, la ensambladora tuviera capacidad para completar 3.600 unidades al año. 

Según la Memoria y Cuenta del Ministerio de Transporte en 2014, ese año, a través del Fondo Chino-Venezolano se le confió a la obra un anticipo de 218 millones de dólares para los “estudios, equipamiento, instalación y procura de la planta”. 

Dos organismos adscritos al Ministerio de Transporte se encargarían de la ejecución de esta obra: la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur), a la que se asignaron 18 millones de dólares para el “diseño e instalación de la planta”; la segunda empresa pública encargada de la ejecución de esta obra, Vialidad y Construcciones Sucre (VycSucre), recibió algo más de 183 millones de dólares. Ese año de 2014, Fontur comunicó en la misma Memoria y Cuenta que había desarrollado 55% del proyecto de ingeniería básica, mientras que el avance físico alcanzaba 38%.

Mientras con lentitud se avanzaba en la construcción de la planta, el 8 de octubre de 2015, se autorizó la creación de una empresa del Estado bajo una persona jurídica de sociedad anónima denominada Planta de Autobuses Yutong Venezuela S.A, con participación en un 40% el Ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas, de 40% el Ministerio de Industria y Comercio, y 15% para la empresa Yutong Hong Kong Limited, según el decreto N° 40.763 de la Gaceta Oficial. 

Desde el Ministerio de Industrias y Comercio, uno de los socios, describieron en su Memoria y Cuenta que la finalidad del emprendimiento era “potenciar el sistema de transporte público nacional, ayudar a satisfacer la necesidad del estado, así como también su exportación a las naciones pertenecientes al ALBA y Mercosur”. 

Ese año el ministerio de Transporte comunicó a través de su Memoria y Cuenta que recibió más de 28 millones de dólares del Fondo Chino-Venezolano, lo que iba sumando hasta la fecha 246,4 millones de dólares. La cifra representaba 61% del presupuesto de este proyecto, calculado en 399 millones de dólares, según este documento oficial.

Si se suma lo que a fin de cuentas recibieron VycSucre y Fontur, la planta ensambladora de Autobuses Yutong en Venezuela recibió, al menos, 448,1 millones de dólares del Fondo Chino-Venezolano. 

Vale decir que en paralelo a las obras de la planta ensambladora, a la empresa VycSucre, liderada para ese entonces por el ingeniero Bernardo Augusto Lopes Cariaga, se le confiaban otras obras de ingeniería civil, así como más dinero del Fondo Chino-Venezolano para terminarlas. Por ejemplo, en 2014, le fue encargada la construcción del segundo puente sobre el río Chama, bautizado con antelación como Comandante Supremo Hugo Chávez, en el estado Mérida, en los Andes del suroeste venezolano. Para el proyecto, que debía inaugurarse en 2015, se desembolsaron 476 millones de dólares. Hoy, nueve años después, permanece inacabado. En 2022, distintas autoridades informaron que se reiniciarían sus obras. 

Desembolsos millonarios e informales

Frente a los desembolsos de dinero y la lentitud en las obras, se mantenía incólume la promesa de “incrementar la oferta nacional con 3.600 unidades al año”. Las contradicciones en la información que se hacía pública, sin embargo, poco contribuían a fomentar la confianza en la terminación del proyecto. En 2015, mientras se reportaba un avance físico de la planta de 56% en la Memoria y Cuenta del Ministerio del Transporte, el propio titular de la cartera entonces, Haiman El Troudi, aseveró ante la prensa y en sus cuentas oficiales de redes sociales que el avance era de 86%.

Cinco personas entrevistadas para esta historia, entre quienes se encontraban empresarios privados que trabajaron en la primera etapa de construcción de la planta, así como representantes del sector automotor e investigadores académicos, coinciden en que esta instalación ha terminado hoy funcionando más como un taller mecánico que como una ensambladora. En el lugar se reparan autobuses viejos Yutong que se encontraban abandonados en distintas zonas del país o, si no, se le agregan detalles menores a autobuses semi ensamblados que llegan desde China. 

No debe sorprender que mucho de lo que se hace en el galpón sea la refacción de autobuses viejos. En los acuerdos originales entre Yutong y la República se contemplaba la importación de 4.716 unidades de autobuses armadas y de otras 2.600 semi ensambladas, según determinó en un estudio Transparencia Venezuela. Pero la calidad del producto y el escaso servicio de mantenimiento pronto convirtieron a Venezuela en un inmenso botadero de autobuses chinos. En 2019, una publicación oficial señaló que, en todo el territorio, sólo estaban activas 1.600 unidades de transporte Yutong. Es decir, apenas 23% de los autobuses adquiridos. La investigación de Transparencia Venezuela reveló que el pago por unidad fue de 176.400 dólares, una cantidad “muy elevada” en comparación con las operaciones de compraventa de esa empresa en otros países. El propio gobierno ha reportado la rehabilitación de 1.768 autobuses entre 2018 y 2021, entre ellos, dice, más de 573 reparados en Yaracuy. Pero muchas unidades se mantienen estacionadas todavía en 22 cementerios de chatarras que brotaron desde 2015, según investigaciones periodísticas. 

“Se plantearon dos fases para la construcción de la planta, la primera avanzó pero la segunda no mucho. Las promesas se incumplieron, además, hubo reformas legales que permitieron que China enviara los vehículos prácticamente listos”, dijo Christi Rangel, líder de la investigación Negocios Chinos: Acuerdos que socavaron la democracia en Venezuela para la organización Transparencia Venezuela. 

En este informe se explica que la situación actual de la programada planta corresponde a la primera fase del plan de construcción, que debía completarse en 2015 para la producción de unidades semi ensambladas. Entonces se preveía una segunda fase, dispuesta para mediados de 2016, en la que ya se construirían unidades completas.

No obstante, en 2016, el ministro para ese entonces de Transporte y Obras Públicas, Luis Sauce, se encargó de disipar la ilusión de las 3.600 unidades al año. Admitió, en cambio, que solo se habían producido 100 unidades en todo un año. A pesar de ese magro resultado, el presidente Nicolás Maduro aprobó ese año un aporte de 4.930 millones de bolívares y 13 millones de dólares para la expansión de la planta, en parte con recursos del Fondo Conjunto Chino Venezolano, y para la adquisición de partes y repuestos. 

Un ingeniero que lidera una firma de consultoría privada en Venezuela, que fue contratado para la planeación de la logística de ensamblaje de esta planta y que pidió reservar su identidad por seguridad, aseveró que era un proyecto “ambicioso” que nunca se culminó.

“Cuando ellos inauguran en 2015 no se había construido el galpón de carrocería, de pintura. Hasta ese momento no se había ensamblado nada. Los autobuses llegaban hasta Puerto Cabello, los enviaban a San Felipe y en la planta simplemente se les ponían detalles mínimos, como alfombras, asientos, aires acondicionados y algunos espejos”, explicó. 

El ingeniero detalla que a los vehículos semi ensamblados se les denomina en la jerga SKD (por semi knock down). Así también se les menciona en uno de los cuatro acuerdos que suscribieron Yutong y el gobierno de Venezuela, recogidos por la investigación de Transparencia Venezuela. En el documento, convenido en abril de 2015, se estipulaba la compra de 2.300 unidades de transporte en la modalidad SKD. “China enviaría los autobuses en partes para ser ensamblados en Venezuela, por un monto de 361 millones de dólares, e incluyó la capacitación de personal de la empresa en China. Para este momento la planta estaba en construcción”, añade el testigo. 

“Un vehículo SKD tiene cauchos, frenos, dirección. Realmente lo que hay que agregarle son detalles menores. Se supone que esta era una planta para CKD [‘complete knock down’ o de ensamblado completo], pero no ocurrió. Las instalaciones de la planta nunca se culminaron y hasta finales de 2016, que trabajé con ellos, no se ensambló ningún vehículo desde cero. Lo que nos dijeron es que el dinero se había acabado. Realmente, todo era muy improvisado. Eso sí, lo que les interesaba era estampar en la parte de atrás de los autobuses [el rótulo de] Gobierno Bolivariano de Venezuela”, apuntó el ingeniero.

Otra de las empresas privadas contratadas para la construcción de esta planta fue el Grupo AM, quienes además participaron en otras obras financiadas por el Fondo Chino-Venezolano, que tampoco se concluyeron. Dos de sus trabajadores, quienes también prefirieron reservar su nombre por seguridad, también aseveran que durante sus labores, la construcción de la planta no se culminó por falta de recursos y por cambios de gestión constante de la planta.

Desde el 2015 hasta el 2018, de acuerdo a diversas gacetas oficiales, esta empresa ha tenido, al menos, once directores principales. Algunos de los que figuran forman parte del gobierno de Yaracuy, como el propio gobernador Julio Cesar León Heredia, quien lideró esta empresa en 2016, al igual que Otto Emilio Colaiacovo Von Denker, quien era secretario encargado de Infraestructura. Previo a los yaracusenses, estuvo Carlos Faría, quien anteriormente estuvo liderando el Complejo Siderúrgico Nacional y la Industria Venezolana de Cemento.

Se intentó contactar al gobernador de Yaracuy, Julio León Heredia, pero no se obtuvo respuesta. 

“La obra se paró por falta de dinero. O, al menos, así nos decían. Todo quedó en planos. Se construyó mucho menos de lo que el contrato estipulaba y nunca se ensamblaban autobuses. Ellos decían que eran Hecho en Venezuela, pero todos veíamos que los autobuses llegaban ensamblados desde China”, dijo uno de los altos ejecutivos del Grupo AM, quien además asevera que el gobierno les quedó debiendo dinero y luego los chinos les pagaron. 

“No había una normalidad de cierre de contrato. Tampoco licitación. Todo era con estimados de costos. En fin, una total inconsistencia”, agregó.

A pesar de la inoperatividad de la planta, Maduro siguió aprobando créditos adicionales. En 2019, anunció que había aprobado siete millones de euros para su ampliación y culminación y, ese mismo año, Carlos Osorio, presidente de la Planta, informó que habían ensamblado 1.600 unidades en cuatro años; es decir, en un cuatrienio solo se había logrado menos de la mitad de lo prometido para un solo año. 

Actualmente, la planta se mantiene en ese mismo ritmo. Las comunicaciones publicadas en la página de Yutong Venezuela, muestran noticias vinculadas a la recuperación de unidades, entrega de insumos y repuestos a otras empresas públicas, como Trans Anzoátegui, o la entrega de autobuses para la Universidad de Carabobo y la Universidad Experimental de Los Llanos. 

(*) Este es un trabajo de Armando.info investigado y publicado en alianza con el Centro de Investigación Chino Latinoamericano - Fundación Andrés Bello

Allanado el camino por el entonces presidente Hugo Chávez, tan empeñado en romper las alianzas estratégicas tradicionales del país como ávido de dinero fresco para empujar el “socialismo del siglo XXI”, en 2007 se creó formalmente el Fondo Conjunto Chino – Venezolano, epítome de una nueva etapa de alianza entre Beijing y Caracas que comenzó en 2001 con un apretón de manos entre Chávez y el presidente de China, Jiang Zemin.

Sobre la base de esa cooperación, el Fondo Conjunto Chino – Venezolano ha canalizado el aporte de Beijing de unos 30.000 millones de dólares  en tres tramos denominados simplemente “A”, “B” y “C” desde 2007 y renovados dos veces hasta 2015, así como otros 20.000 millones entregados en 2010 que fueron manejados también por una instancia conjunta denominada Fondo de Gran Volumen y Largo Plazo. En total, unos 50.000 millones de dólares puestos sobre la mesa por China para el desarrollo de proyectos en territorio venezolano (en su mayoría ejecutados por empresas chinas) a cambio de recursos minerales, petróleo, compras de bienes finales de manufactura china y una dosis implícita de lealtad política.

Armando.info obtuvo y procesó, junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y con reportería complementaria de Diálogo Chino, cientos de documentos sobre el desarrollo de esta cooperación entre los años 2007 y 2012 que, al día de hoy, según el régimen de Nicolás Maduro, impulsó 790 proyectos en el marco de la “revolución bolivariana”. Desde las vocerías oficiales todo ha sido presentado como ventajoso para Venezuela, pero estos documentos -entre puntos de cuenta, memos de ministerios, correspondencias y órdenes de pago- revelan a una administración venezolana entusiasta pero ineficiente y desordenada, apenas capaz de canalizar un apoyo chino más que pragmático, cortante, y que no siempre presentó proyectos ventajosos para Venezuela.

El avance de los proyectos fue tímido en prácticamente todos los aspectos. Con la salvedad, quizá, del lanzamiento de los satélites Simón Bolívar, Francisco de Miranda y Antonio José de Sucre (el primero de los cuales perdió comunicación el año pasado), la cooperación binacional dejó millonarios sinsabores, como el nunca finalizado sistema de ferrocarriles, compras enrevesadas de aviones o electrodomésticos y hasta una oficina cuya construcción costó más recursos que muchos proyectos juntos. Venezuela y China quisieron bailar joropo, pero a esas alpargatas se le salieron pronto las costuras.

*Esta investigación tuvo su origen en un grupo de documentos que obtuvo Armando.info (Venezuela), que procesó y analizó en alianza con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y con reportería adicional de Diálogo Chino.

Pero al mismo tiempo eran tiempos de bonanza petrolera y de hegemonía política: el presidente Hugo Chávez se había declarado "socialista" en 2006 y su partido controlaba la Asamblea Nacional casi por completo, tras la deserción opositora de las elecciones parlamentarias de 2005. El oficialismo contaba entonces con el poder y las ambiciones políticas para reforzar la red de nuevos aliados internacionales, entre ellos China. La relación con el gigante asiático florecía entre decenas de nuevos proyectos articulados en largas reuniones, memorandos y millones de dólares.

Fue en medio de esa embriaguez que, sin estudios de evaluación ni proyecciones, el 22 de diciembre de 2009, el Banco de Desarrollo de China (CDB, por sus siglas en inglés) volcó en las arcas del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) esos 1.000 millones de dólares destinados a financiar proyectos para mejorar la capacidad de producción y despacho de mineral de hierro de la empresa básica CVG Ferrominera desde el estado Bolívar, en el sur del país, y que serían pagados por Venezuela con 42,96 millones de toneladas de mineral de hierro. El acuerdo preveía además que para las obras de mejoramiento se contrataría a empresas chinas, según documentos a los que ha tenido acceso Armando.info y han sido procesados y analizados junto con el equipo de datos del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con la reportería adicional de Diálogo Chino.

No se trataba de un acuerdo de exportación regular. Si China hubiera pagado por adelantado las 42,96 millones de toneladas y en concordancia con el precio internacional del mineral de hierro para 2009, habría tenido que girar al país caribeño una cifra de alrededor de 4.176 millones de dólares y no los 1.000 millones que se pagaron. Según los términos de este intercambio, vestido de cooperación para el desarrollo de la capacidad exportadora de Venezuela de esta materia prima esencial para producir el acero, China estaba en efecto comprando mineral barato, muy barato. Pero, como se vería a la postre, el enorme descuento de 75% estaba ligado a un riesgo muy alto de incumplimiento por la contraparte.

Los tiempos del acuerdo eran apretados. Según el contrato de venta que había sido firmado dos meses antes, el 22 de octubre de 2009, la estatal CVG Ferrominera estaba en la obligación de entregar al término de ese mismo mes de octubre una primera cuota de 160.000 toneladas de material. Luego vendrían otros dos despachos: uno de 160.000 toneladas en noviembre y otro en diciembre de 140.000 toneladas adicionales. La entrega del mineral se demoró, pero se cumplió la cuota de ese año. Durante el primer semestre de 2010, Ferrominera entregó 460.000 toneladas de mineral hierro que todavía correspondían a la cuota del 2009.

Para 2010, la cuota pactada era mucho mayor: cuatro millones de toneladas; es decir, 29% de lo que sería finalmente la producción total de Ferrominera ese año, que fue de una pizca más de 14 millones de toneladas, según el documento de Memoria y Cuenta del Ministerio de Industrias Básicas de 2013. La meta era ambiciosa pero lucía alcanzable si se acometían las mejoras establecidas en el préstamo chino. Ello no ocurrió. Pronto quedaría claro que no había alquimia que pudiera transformar el optimismo inicial de Beijing y Caracas en mineral de hierro.

Para el 30 de junio de 2010, CVG Ferrominera apenas había suministrado 337.250 toneladas del mineral de hierro, menos de 10% del total prometido. Para cumplir el compromiso del año le quedaban un saldo pendiente de 3.461.946 de toneladas y solo seis meses de plazo.

En un informe conjunto de la delegación venezolana del Convenio de Financiamiento CVG y el Banco de Desarrollo de China (CDB), se advertía que la empresa venezolana navegaba por aguas peligrosas y que, de no cumplir con el calendario, estaría en la obligación de pagarle a China un monto equivalente al volumen no entregado al precio pactado. Es decir, casi 70 millones de dólares (69.909.301,32 para ser exactos), además de los pagos por transporte, carga y descarga, entre otros.

No pasó mucho tiempo para que quedara al descubierto la imprudencia de los monumentales proyectos planeados con dinero proveniente del Fondo Chino, sin que existiera garantía de un verdadero cumplimiento. “El ministro [Rodolfo] Sanz efectuó promesas que la Corporación Venezolana de Guayana no estaba en capacidad de cumplir y comprometió a Ferrominera a suministrar mineral de hierro en niveles que no posee”, se quejó con rudeza Tian Yunhai, subdirector del departamento de cooperación internacional del CDB, durante un encuentro urgente convocado en diciembre del 2010 en Beijing para discutir los motivos del incumplimiento del acuerdo.

El desengaño

Poco a poco y de un modo que denotaba cierta ingenuidad, las autoridades venezolanas cayeron en cuenta de que habían firmado un contrato poco favorable para ellas y muy difícil de cumplir.

En un informe presentado por la Delegación Venezolana de Financiamiento de la CVG y el Banco de Desarrollo de China (CDB) en junio de 2010, se detalló que el contrato de entrega de mineral de hierro suscrito con Wisco no generaba ingresos para CVG Ferrominera. “A pesar que hasta el momento se ha contado con suficiente mineral en inventario para cubrir los compromisos es necesario recuperar e incrementar la capacidad productiva de CVG Ferrominera para garantizar el volumen de mineral de hierro a China, sin menoscabo de sus otros compromisos (…) es indispensable disponer de otras fuentes de ingresos para poder cumplir con los compromisos contractuales y de funcionamiento y actualmente dicha fuente son las exportaciones a Europa”, dice el documento.

El informe enumeraba aspectos que dejaban en evidencia la incapacidad operativa y logística de la empresa para enfrentar un compromiso de la magnitud pactada. “Para incrementar la capacidad de acarreo se requiere contar con el buque Río Caroní, el cual actualmente se encuentra en reparaciones mayores en el dique de Curazao. El costo de estas reparaciones asciende a la cantidad de USD 9 MM, de los cuales no dispone CVG Ferrominera. A la fecha dicho pago presenta un retraso de dos meses y el dique de Curazao manifiesta que sacará el buque de fosa sin culminar la reparación en el caso de persistir el retraso en el pago. Ello implicaría que el buque quedaría fondeado y fuera de operaciones, con los consecuentes costos asociados”, dice el documento.

El reporte no ahorraba ni detalles ni amarguras, en un poco frecuente rapto de realismo. Admitía que la empresa no contaba con recursos para cubrir los costos de materiales y repuestos que le permitirían alcanzar la capacidad operativa en las distintas etapas del proceso -extracción, procesamiento y acarreo de mineral- y el mantenimiento de la estación de transferencia Boca Grande II, la mayor estación de transferencia de mineral de hierro flotante en el mundo, situada en el estrecho de Serpiente o canal de Colón, frente a la desembocadura del río Orinoco, entre las costas sur de la isla de Trinidad y oriental de Venezuela.

Otro inconveniente que enumeraba el informe: la infraestructura portuaria de la estación Boca Grande II no se correspondía con la capacidad de carga de los buques contratados por la china Wisco. Por si esto fuera poco, los buques de transporte no contaban con sistemas de navegación asistidos por GPS que permitieran la navegación nocturna, ralentizando el acarreo de mineral por las traicioneras aguas del estrecho.

Al hecho de que el hierro que se comprometía con los chinos presentaba un importante descuento en su precio, se agregaba la perspectiva de una inminente reducción de los ingresos de Ferrominera por ventas a sus clientes nacionales del sector de transformación. Ya estaba en vigencia un plan de recorte de consumo eléctrico -era el año de la emergencia eléctrica decretada por Chávez- que preveía importantes limitaciones para la industria pesada, y había problemas técnicos en las plantas de reducción directa de Guayana (Matesi, Orinoco Iron, Planta de Briquetas de FMO y Comsigua), responsables del segundo proceso en el ciclo productivo del hierro, que consiste en transformar las pellas (pequeñas bolitas del mineral) de manera que sean aptas para la fabricación de acero, lo que incluye la remoción del oxígeno contenido en el óxido de hierro.

El informe, elaborado a petición del Ministerio de Industrias Básicas y Minería (Mibam) de Venezuela, concluía que sería necesaria una inversión extraordinaria de 50 millones de dólares para atender aspectos urgentes que podrían sortear parte de los obstáculos y aumentar la línea de producción de Ferrominera. “De no acometer acciones inmediatas se incurrirá en el incumplimiento del contrato de préstamo a septiembre de 2010 y con el contrato de suministro en diciembre de 2010, que generarán las consecuencias legales y económicas ya descritas. Sin embargo, tales acciones tampoco garantizan el debido cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de los diversos contratos para los años subsiguientes, debido a que su cumplimiento dependerá de reformas estructurales en la empresa”, advierte el informe.

A pesar de que el crédito de 1.000 millones de dólares -el mismo que, según el compromiso, Venezuela debía pagar con 42.96 millones de toneladas de mineral de hierro- iba destinado a mejorar la capacidad de producción y despacho de la empresa, en el reporte la representación venezolana aseguraba: “CVG Ferrominera no se ha beneficiado de los recursos del financiamiento”.

Entre tanto, y a pesar de los retrasos, la parte china podía darse por servida. Más allá de asegurar los materiales necesarios para alimentar su crecimiento económico, con el convenio se había asegurado el acceso a mediano plazo a la fuente de uno de los mejores minerales del mundo. Cuando la mena de óxidos o hidróxidos de hierro contiene más de 65% de concentración de hierro seco, se considera de alta calidad ,y entre el 62 y el 64% se considera de calidad media. “Entre las reservas declaradas [en Venezuela] la media en 1.748 millones de toneladas es de 63,51% y en otras 4.176 millones de toneladas es de 41,2%. Esta proporción es rara en el mundo”, dijo en 2018 Zhan Hongkun, ingeniero jefe de China Railway 10th Engineering Group (y filial de Cregc) en Venezuela, al diario chino People’s Daily . Además, el mineral de hierro venezolano es muy adecuado para el uso industrial, ya que según Zhan “la dificultad de extracción es pequeña, el mineral de hierro se encuentra todo por encima de la superficie, y se puede cargar y transportar directamente después de ser excavado”.

Según Rebecca Ray, investigadora de la Iniciativa de Gobernanza Económica Global (GEGI) de la Universidad de Boston, que ha estudiado ampliamente los préstamos chinos en América Latina, el acuerdo parece seguir un modelo tradicional de préstamos respaldados por materias primas.

“En lugar de un reembolso directo en especie, conllevan envíos de materias primas a una empresa china (en este caso, Wisco), que luego canaliza los ingresos de la venta a una cuenta vinculada al préstamo. Normalmente, si el valor de los envíos supera la cantidad necesaria para el reembolso, el excedente puede devolverse al país prestatario como ingresos normales de exportación. Obviamente, en este caso, con la empresa minera en apuros, no esperamos que haya excedentes de envíos”, dice Ray, quien también dirige el proyecto de mapeo de la financiación del desarrollo en el extranjero de China.

Sin mejoras en su capacidad productiva, en 2010, Ferrominera Orinoco apenas pudo cumplir con la entrega de 514.250 toneladas de hierro, solo 13,45% del compromiso asumido para el año.

“Lamentablemente, hasta donde sé, los detalles del acuerdo nunca se han hecho públicos, por lo que no podemos confirmar si sigue el patrón tradicional”, añadió.

'Espantá' en Beijing

A pesar del tenor del hierro venezolano, los envíos llegaban a cuentagotas. A finales de ese año, la proverbial paciencia china se agotó ante el incumplimiento venezolano.

El 9 de diciembre de 2010, en la sede del Banco de Desarrollo de China (CDB) en Beijing, se celebró una reunión a la que debía asistir la presidenta del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), Edmée Betancourt. Sin embargo, en su lugar se presentaron Richard Miranda, oficial de cumplimiento del Bandes, y Guadalupe Franco, primera secretaria adscrita a la Embajada de Venezuela en China.

Durante el encuentro, Tian Yunhai, subdirector del departamento de cooperación internacional del CDB, expresó su molestia: “Tanto el banco como Wisco esperaban de Venezuela una respuesta orientada a la cooperación y el diálogo sincero, sin embargo, las negociaciones lideradas por Ferrominera distaban de ese objetivo, presentando solamente una postura netamente comercial y con unos rangos de suministro que no respondían a las expectativas de Wisco”, dijo el funcionario, según los documentos a los que Armando.info tuvo acceso. Tian recordó que en 2009, cuando el entonces ministro de Industrias Básicas y Minería, Rodolfo Sanz, solicitó con carácter de emergencia recursos al banco, “se respondió acorde a la confianza que mantiene en la cooperación con Venezuela”.

El objetivo de la reunión era recibir una propuesta del CDB para la utilización de la línea de crédito, pero la representación china se quejó por la ausencia del recién nombrado ministro de Industrias Básicas y Minería, José Khan, y de la presidenta de Bandes, Edmée Betancourt, quienes hasta entonces habían dado la cara en representación de Venezuela durante las negociaciones del contrato con China. “La situación está afectando la relación financiera con Venezuela y seguro que esta situación no sería del agrado del señor presidente Hugo Chávez”, amenazó Tian, no muy veladamente. 

Un día después de la reunión, la Comisión Diplomática de Venezuela en China recibió una comunicación con carácter de urgencia del funcionario chino, en la que informaba de una visita que haría a Venezuela en 30 días, acompañado por técnicos del banco y equipo técnico de Wisco, para evaluar la capacidad productiva y condiciones logísticas e iniciar la ejecución de proyectos para el año 2011. “El objetivo es solucionar lo antes posible los problemas que CVG tiene en la producción y logística”, refería.

Con socios así...

Mejorar la capacidad de producción y despacho de mineral de hierro de Ferrominera justificó el endeudamiento por 1.000 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de China, y obligó a la estatal a comprometer 42,96 millones de toneladas de su producción. Pero la puesta en marcha de los proyectos de mejoramiento de la minera se encontró con tantos traspiés como los intentos de cumplimiento del calendario de pago establecido.

En una reunión celebrada el 30 de mayo de 2011, Ferrominera y Wuhan Iron and Steel Corporation (Wisco) firmaron un nuevo convenio que comprometía a la empresa china a diseñar y poner en marcha dos proyectos junto a la estatal china China Railway Engineering Corporation Group (Cregc), que incluían la “ampliación de la capacidad del muelle de Palúa”, un pequeño puerto en el noroeste de San Félix, ciudad del estado Bolívar, y el “dragado del río Orinoco”. El acuerdo contempló también un tercer proyecto que iba a ser desarrollado por Wisco y que estaba destinado a la “compra de maquinaria y repuestos para las minas” para aliviar la crisis operativa y de infraestructura que enfrentaba la empresa.

Tres meses después, el 10 de agosto de 2011, luego de continuas jornadas de trabajo entre Ferrominera y Wisco, las partes concluyeron que los proyectos debían ser ejecutados por empresas especializadas en estas áreas. Wisco admitió por fin que no tenía la experiencia suficiente para llevar a término las obras de ingeniería para ampliar la capacidad operativa del muelle de Palúa y llevar adelante el dragado del Orinoco. Por ello, informó a Ferrominera la cesión total a terceros de ambos proyectos. Otorgó el de dragado a China Railway Engineering Corporation Group (Cregc) y China Communications Construction Company (CCCC), esta última a cargo de más de 50 proyectos en América Latina. La ampliación de la capacidad operativa del muelle de Palúa fue encomendada a China Railway N° 10 Engineering Group Co., Ltd.

Wisco quedaría así con solo uno de los tres proyectos contemplados en el acuerdo original, para la compra de maquinarias y repuestos para las minas.

El 5 de septiembre de 2011, Ferrominera firmó con China Communications Construction Company (CCCC) el contrato para la ejecución de dragado de mantenimiento y profundización del canal del río Orinoco, comprendido entre las millas 0 y 42 de su canal exterior y entre las millas 42 y 196 de su canal interior. Ese mismo día, la estatal venezolana dio el visto bueno a China Railway N° 10 Engineering Group Co., Ltd para que iniciara los trabajos de ampliación del muelle de Palúa, que abarcaban la construcción, instalación y puesta en marcha de tolvas receptoras de mineral de hierro fino y grueso, transportadores, casa de trasferencia, un apilador de 3.500 tn/h de capacidad nominal cada uno, un recuperador, un cargabarcos, un patio de apilado, y la construcción de 2,5 km de vía férrea en circuito cerrado para la entrada, descarga y salida de trenes.

Ambas obras debían iniciarse en octubre de 2011 y culminar catorce meses después, en diciembre de 2012.

Pero mientras los proyectos de mejoramiento de infraestructura no se concretaban, Ferrominera enfrentaba compromisos de entrega de material cada vez más altos y con dificultades cada vez mayores para cumplir. En 2011 le correspondía una cuota de seis millones de toneladas, o 35% de la producción total registrada ese año. Para 2012, la cuota subió a 6,5 millones de toneladas, correspondientes a 43% de la producción que, según la Memoria y Cuenta del Ministerio de Industrias Básicas de ese año, alcanzaría a duras penas las 15 millones de toneladas.

De los proyectos financiados por el Fondo Chino a Ferrominera, el único que llegó a término fue la ampliación del muelle de Palúa de Ferrominera Orinoco, con cinco años de retraso respecto a la fecha prometida, y ya cuando Hugo Chávez había muerto. En el programa de televisión Contacto con Maduro, el viceministro de Planificación Industrial e Inversiones Estratégicas para la fecha, Marcial Arenas, el presidente de la estatal minera,  Isaías Suárez Chourio, y representantes de la empresa China Railway Engineering Corporation Group (Cregc), inauguraron la obra el 31 de enero del 2017.

El año 2013 marcó el quiebre definitivo de la industria, con deudas millonarias por cobrar. Nacionalizada en 1975, un año antes que la industria del petróleo, la explotación de los yacimientos férreos del estado Bolívar fue el primer pilar de un plan estatal de los gobiernos democráticos para convertir la ribera sur del río Orinoco en un enclave siderúrgico y de industria pesada de escala global. Ferrominera, levantada a partir de las operaciones que tenían antes empresas norteamericanas, era fundamental para ese horizonte.

Ese 2013, el presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, admitió en una entrevista pública que la empresa enfrentaba dificultades hasta para pagar los recibos de electricidad, gas, Seguro Social y los compromisos contractuales asumidos a través del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih). A su vez, parte importante de la producción se encontraba hipotecada por el contrato con China, que no dejaba ganancias directas a la industria. El precio internacional del mineral de hierro ese año promedió 135 dólares la tonelada, mientras Venezuela había aceptado un trato por el que, en la práctica, estaba entregando la tonelada a 23 dólares. Caracas había desaprovechado una década de alza en los precios de las materias primas impulsada, irónicamente, por la voracidad de China. Lo peor es que el asfixiante compromiso seguía: para 2013 la promesa de entrega de mineral ascendía a 6,5 millones de toneladas; ese año, la producción de Ferrominera fue de diez millones de toneladas. En otras palabras, de cada kilogramo de hierro producido en 2013, 650 gramos salieron de la tierra ya empeñados al cliente chino, sin posibilidad de venderlos por dinero en efectivo. Estaban "pagados" desde hacía mucho tiempo antes.

El documento oficial Memoria y Cuenta del Ministerio de Industrias Básicas del 2013 da como explicación para el descenso acusado en la producción de las plantas del sector del hierro y el acero nacional la de “los efectos acumulados del viejo esquema de gestión capitalista que predominaba, así como la desinversión histórica del viejo modelo de gestión de estas fábricas, en equipamiento y mantenimiento programado para garantizar la disponibilidad de los equipos necesarios para la sustentabilidad de la producción y las ventas”.

Pero la parrafada no era creíble. Algo más debía estar sucediendo y, para averiguarlo, desde Caracas enviaron a Ciudad Guayana -el conurbano de San Félix y Puerto Ordaz alrededor de la desembocadura del río Caroní en el Orinoco, sede de la CVG y capital de la industria pesada venezolana- a un súper agente de inteligencia, Juan Carlos Álvarez Dionisi, alias El tiburón, coronel de la Guardia Nacional Bolivariana. Fue el comienzo de un escándalo de corrupción que terminó engullendo al propio Álvarez Dionisi.

El 12 de junio del 2013, el presidente Nicolás Maduro, recién electo en abril anterior tras el fallecimiento de Chávez, anunció la detención de Sabbagh, el presidente de Ferrominera que se quejaba de la imposibilidad de pagar la factura de los servicios. Sabbagh fue después condenado a seis años de prisión, tras admitir su responsabilidad en el desvío de una partida presupuestaria de más de 1,8 millones de dólares, durante su gestión entre 2006 y 2013. Con él, también fueron a prisión las gerentes de Finanzas, María Acosta, y de Administración, María Rodríguez; el consultor jurídico, Noel Ramírez, el exgerente técnico de Operaciones de Ferrominera, Ángel Ramón Campero Franco; y un empresario, Yamal Mustafá, de amplios vínculos con el varias veces gobernador del estado Bolívar por el chavismo, general Francisco Rangel Gómez.

El anuncio puso al descubierto varios ilícitos que vinculaban a la alta gerencia de Ferrominera con un esquema de corrupción de venta de mineral de hierro con descuentos  a empresas intermediarias, que colocaban el producto en el mercado internacional. Además, dio a conocer que los implicados habían dado sobornos al coronel Álvarez Dionisi, enviado a investigar las irregularidades, a cambio de que no las reportara. El tiburón fue acusado entonces por las fiscales 54º nacional y 2º nacional auxiliar, Nelly Sánchez Pantaleón y Maryori Da’Cunhade, respectivamente, por los delitos de extorsión, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

En la ya citada Memoria y Cuenta de 2013, el Mibam alude a la investigación abierta en tribunales por la desviación de recursos y señala que “a raíz de esto y otras denuncias se destituyó parte del tren directivo de la planta así como efectuaron diversas detenciones por parte de los órganos competentes en la materia”.

Frustrados, y frente a la incapacidad de su socio comercial -lastrado ahora por un escándalo de corrupción- de cumplir con los acuerdos, los ejecutivos chinos se vieron obligados a evaluar y renegociar los proyectos, en procura de una recuperación real de la producción. Los últimos registros públicos sobre el estatus de los proyectos se encuentran en el documento Memoria y Cuenta del Poder Popular para Industrias de 2015.

“El proyecto 'Ampliación de la capacidad del muelle de Palúa', no contempló avance de la meta física, por haberse alcanzado esta a finales de 2014 con la culminación de las instalaciones”, reza el documento. Añade que se recibieron los planos del proyecto “en condición de construido”, se realizaron pruebas sin carga y con carga que permitieron la corrección en diferentes puntos de los sistemas instalados y la firma de las actas de aceptación provisional, a pesar de que quedó pendiente finalizar la asistencia técnica al proyecto.

Entre tanto, en 2016, Wisco, con sede en Wuhan, la ciudad elevada luego a una triste celebridad por el coronavirus, se fusionó con Baoshan Iron and Steel Group (Baosteel), con sede en Shanghai, como parte de la amplia reforma de las empresas estatales iniciada por el gobierno chino. El resultado de esa operación fue que la empresa, ahora llamada Baowu Steel Group, se constituyó en la segunda mayor siderúrgica del mundo. No está claro si las obligaciones contractuales de Ferrominera pasaron a ese grupo. Según Panjiva, compañía que registra datos del comercio internacional, entre 2017 y 2018, Ferrominera todavía exportaba cerca de tres millones de toneladas de mineral de hierro por año a China.

El último anuncio público realizado por Nicolás Maduro aseguraba que, en octubre de 2019, Ferrominera volvería a producir tres millones de toneladas de material al año. Un año después de aquel pronóstico, los hornos ubicados dentro del complejo industrial Punta Cuchillo, en el área industrial de Matanzas, al oeste de Ciudad Guayana, permanecían apagados, mientras las cifras de producción de la empresa continúan en franco descenso, sin siquiera haber alcanzado los dos millones de toneladas en 2020, la séptima parte de lo que estaba produciendo Ferrominera una década antes, cuando recibió el crédito de China para su expansión.

*Esta investigación tuvo su origen en un grupo de documentos que obtuvo Armando.info (Venezuela), que procesó y analizó en alianza con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y con reportería adicional de Diálogo Chino.

El benefactor no era otro que el gobierno venezolano del presidente Hugo Chávez, que en 2010 se paladeaba con los altos precios del petróleo y controlaba a la perfección los hilos políticos e institucionales de Venezuela. En esa época también consolidó decenas de alianzas con otros países y gobiernos gracias a su verbo rompedor y su abultada chequera.

Entonces Chávez decía que sí a todo lo que pretendiera ayudar a un “país hermano” y potencial aliado. Así que, en 2009, Elías Jaua -hoy fuera de la administración pública y para el momento ministro de Agricultura y Tierras-, no debió esforzarse mucho para convencer al comandante bolivariano de que aprobara el financiamiento para un proyecto que permitiría el país centroamericano aprovechar la madera caída -literalmente, la que quedó en el piso- tras el paso de aquel huracán.

El proyecto contemplaba la extracción y venta de la madera que yacía en el suelo, así como el desarrollo de un vivero que, según los anuncios originales, plantaría 500.000 árboles al año para la reforestación de la zona devastada de la costa Caribe Norte de Nicaragua.

En Nicaragua, Lumberto Campbell, operador político principal del presidente Daniel Ortega, no dudó en atribuirse la autoría y ejecución de la iniciativa. Campbell ha ocupado el cargo de vicepresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) desde 2014, y la presidencia de ese mismo organismo de manera interina desde 2018. En noviembre pasado la Oficina de Control de Activos (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por su participación en “abusos de derechos humanos, fraude electoral y corrupción”.

El plan del que se apropiaron funcionarios de los gobiernos de Venezuela y Nicaragua desplazó un proyecto similar llamado Raya Ka Raya (Nueva Vida, en lengua miskita), que 41 miembros del Consejo Regional Autónomo de la Región del Atlántico Norte, autoridad política de esa zona nicaragüense, aprobaron en marzo de 2008, un año antes de que Jaua planteara la idea a Chávez.  El trabajo comunitario preveía una inversión inicial de 300 millones de dólares para extraer durante 30 años la madera disponible en la región y debía comenzar precisamente por los árboles arrancados por el huracán. El proyecto, de acuerdo con la prensa local, había sido financiado por el grupo de inversionistas estadounidenses Baxter & Lewis.

A la postre, el proyecto venezolano se impuso. Dinero no le faltaba, pero era una oda al voluntarismo y la improvisación. Poco se pensó en el estado verdadero en el que se encontraba la madera a dos años de haber sido derribada, o en las intrincadas condiciones de acceso al espeso bosque para poder sacarla.

En octubre de 2009 Hugo Chávez estampó su firma aprobatoria en el documento que asignaba 18,85 millones de dólares para recuperar la madera. Puso “muy urgente” en su orden ejecutiva, en la que disponía de recursos del llamado Fondo Chino. Pero todavía habrían de transcurrir dos años más antes de que se activara el proyecto.

Primero fue preciso registrar una persona jurídica, Alba Forestal, una empresa con capital mixto que se creó en 2012. Esta empresa tenía como socios a Alba Alimentos, S.A (Albalinisa) y Alba de Nicaragua, SA. (Albanisa), ambas compañías venezolano – nicaragüenses y también piezas del esquema creado para manejar la cooperación entre ambos países con financiamiento venezolano y, al final, pasar los beneficios al sector privado.

 “Nicaragua reembolsará a Venezuela la totalidad de los recursos aportados, quedando el uso de los excedentes obtenidos a disposición del Comandante Presidente para su inversión en proyectos socialistas de interés para nuestros pueblos”, prometía el anteproyecto presentado por Jaua al mandatario venezolano, según consta en documentos obtenidos por Armando.info. Pero de ese reembolso no hubo jamás noticia.

Hasta su muerte en 2013, Chávez mantuvo una relación estrecha con Ortega y giró, según el Banco Central de Nicaragua, más de 2.800 millones de dólares en cooperación, canalizada a través de Alba de Nicaragua, la empresa madre del resto de negocios realizados con dinero venezolano en áreas clave como energía e hidrocarburos.

“Ejecútese”

El desembolso para el proyecto de la madera encontró resistencias. Hubo quien lo calificó de fantasioso. Pero las críticas fueron despachadas sin más.

Por ejemplo, el entonces ministro de Planificación, Jorge Giordani, advirtió que era improcedente usar el Fondo Chino -un fondo de financiamiento creado en 2008, por convenio bilateral entre China y Venezuela, para ejecutar obras de envergadura en el país suramericano-, pues el proyecto no se desarrollaba en territorio venezolano.

El dinero iba a ser administrado en primera instancia por Productos Forestales del Occidente (Proforca), una empresa gubernamental venezolana creada en 1988, pero finalmente se entregó a la recién concebida Empresa Mixta Socialista Maderas del Alba. Esta se registró en el marco del convenio Cuba-Venezuela, y quedó adscrita al Ministerio de Agricultura y Tierras y a la Corporación Venezolana de Alimentos, con el fin de administrar, exportar, importar y comercializar productos forestales, agrícolas y pecuarios.

La orden de desembolso se aprobó el 13 de abril de 2010. El dinero debía ser depositado en una cuenta en dólares, abierta a nombre de Maderas del Alba ad hoc para este proyecto.

Y ese mismo día de la orden se alzó otra voz inconforme con el proyecto. Paradójicamente, era la del presidente de Maderas del Alba, Néstor Zambrano.

En una carta a la que Armando.info tuvo acceso, Zambrano apuntaba que “es nuestro criterio que tanto el Compromiso de Responsabilidad Social, así como la Promoción del Poder Comunal, no se aplica en el Contrato de Préstamo N° FCCHV-CPJ-001-10, suscrito entre el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) y Maderas del Alba, pues las mismas normativas jurídicas contemplan la exclusión de estos aspectos sociales, motivado a que la inversión prevista y delegada de la Empresa Mixta Maderas del Alba S.A refiere a contrataciones con empresas extranjeras, además que la señalada inversión se prevé ejecutarla exclusivamente en la República de Nicaragua como apoyo financiero  para adquisición de maquinaria para el procesamiento de madera afectada por el Huracán Félix” (sic). En resumen, a juicio de Zambrano, el préstamo solo beneficiaría a Nicaragua y estaría lejos de cumplir con los requerimientos de responsabilidad social y apoyo al poder comunal en suelo venezolano, premisas definitorias de los proyectos del socialismo bolivariano.

Con todo, el proyecto siguió adelante. Pese a sus objeciones, el propio Zambrano tuvo que viajar a Nicaragua para sellar el convenio tres meses después de girado el dinero.

Ese año Nicaragua y Venezuela estaban en el mejor momento de su intercambio comercial. Venezuela era el segundo destino de exportaciones de Nicaragua con 12,69 % de las ventas, solo detrás de Estados Unidos, que representaba el destino de 30,22% de sus despachos.

Perspectivas contradictorias

La grandiosidad de los sueños de proyección continental de Chávez contrastaba con la perspectiva que los nicaragüenses tenían sobre el proyecto. No solo era más modesta sino hasta contradictoria con respecto al punto de vista del líder bolivariano. Desde muy temprano, en su Plan Nacional de Desarrollo 2009-2011, el Gobierno de Daniel Ortega admitía que, con lo previsto en la ayuda venezolana, solo podría extraerse el dos por ciento del recurso maderero disponible.

“Haciendo las inversiones necesarias, se podría extraer un millón de metros cúbicos en los tres meses de estación seca por año y por no más de tres años, cuando empieza la madera a deteriorarse", se decía en el documento.

También los datos de retorno y rentabilidad que mostraron a Chávez para persuadirlo a financiar el proyecto diferían de los de Nicaragua. Mientras al venezolano se le planteó que el aprovechamiento del recurso representaba unos ingresos potenciales de 2.300 millones de dólares, el Ejecutivo nicaragüense sostuvo que la madera tirada por el huracán permitiría generar, cuando mucho, unos ingresos por 500 millones de dólares.

Los reporteros de Armando.info intentaron consultar a la Cámara Forestal de Nicaragua sobre este tema, pero no hubo respuesta. También en varias oportunidades se intentó obtener la versión del ex ministro de Agricultura y Tierras venezolano, Elías Jaua, pero no respondió las solicitudes de entrevista. 

Por su parte, William Schwartz, quien fue director del Instituto Nacional Forestal de Nicaragua (Inafor) entre 2007 y 2016, se negó a ofrecer declaraciones sobre el período de auge de Alba Forestal y el proyecto que inició sobre reforestación comunitaria.  "Ya tengo cuatro años de estar afuera (del cargo). No sé cómo se está manejando Alba Forestal, si bien o mal", se excusó. Aseguró que, mientras estuvo al mando de la institución estatal "todo mundo sabía cómo se manejó cuando estuve ahí. Pregúntele a las autoridades actuales".

Troncos en el camino

No solo no quedaba claro a cuánta ganancia se podría aspirar sensatamente del proyecto, sino que se ignoró el paso del tiempo y sus estragos.

El Caribe Norte, donde nace el proyecto de madera con fondos venezolanos, es una de las zonas más lluviosas de Nicaragua y también una de las más abandonadas por el Estado. Esa ausencia permitió que los llamados colonos invadieran territorios indígenas mediante la violencia. 

Madera podrida: eso fue lo que encontraron los creadores del proyecto tres años después del huracán Félix, al llegar al sitio donde se planeaba desarrollarlo, y solo después de sortear muy malas vías de acceso. Apenas entonces se constató que los malos caminos constituirían un obstáculo de gran magnitud a la hora de extraer el producto.

“Solo pudieron aprovechar algunas especies de madera dura en la zona y eso implicó una modificación de lo que se tenía planificado. Empezaron a ver que el costo de operación en la zona era muy alto y podrían tener pérdidas si solo sacaban la madera que fue tumbada por el huracán Félix. Por eso decidieron aumentar la explotación con madera que no había sido tumbada”, detalla Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, dedicada en Nicaragua a la conservación del ambiente.

Sin embargo, una fuente venezolana que trabajó como funcionario de la empresa Albalinisa asegura que, entre 2010 y 2014, se usó el dinero que Caracas había desembolsado.

Entre algunas de las actividades por las que se incurrió en gastos, relata la fuente, estuvieron la compra de las máquinas necesarias para recoger la madera caída, se comenzaron a hacer las carreteras para abrir el acceso hacia el lugar, se formó a la comunidad en la operación de las máquinas e, incluso, se comenzó a conformar un laboratorio de reforestación. Para el tercer año de convenio se estaba sacando algo de madera.

“El proyecto empezaba desde menos cero y no ibas a ver rápido el retorno. Eran préstamos a muy largo plazo (…) Con todos esos convenios se sabía que pasarían hasta 25 años para que retornara el dinero a Venezuela”, explica el ex funcionario, que asegura desconocer en qué momento se desvirtuó la iniciativa.

Wilfredo Davis, quien hoy es miembro del Consejo Regional Autónomo, trabajó durante diez años en la asesoría para empresas comunitarias que trabajaban con el manejo forestal del lugar, antes y después del huracán. Él da fe de que Venezuela invirtió dinero en la cadena de producción de madera con equipos, materiales y combustible.

El edil denuncia, en cambio, que se otorgaron licencias de tala con volúmenes exagerados con respecto a lo permitido cada año, y se terminaron las iniciativas de la forestería sostenible que las comunidades podían aprovechar durante los próximos 50 años. Según Davis, no hubo la reforestación prometida sino que el bosque se ha ido regenerando naturalmente. “Fue un robo descarado respaldado por Inafor”, afirma.

Otro funcionario, Rodrigo Obregón, ex vicegerente de Albanisa entre 2007 y 2013, se refiere a la metamorfosis que tuvo el proyecto. Se vendió como humanitario, y se volvió un caso de “oportunismo mafioso” y de “proyecto extractivista”.

Se suponía que Alba Forestal debía impulsar una cultura de reforestación para que en el futuro las comunidades pudieran iniciar de nuevo el ciclo de aprovechamiento del recurso maderero. Sin embargo, Obregón asegura que entre 2009 y 2016 se extrajeron a mansalva 12,4 millones de metros cúbicos de madera de diferentes especies en rollo y aserrada. “El Proyecto de Alba Forestal en realidad fue de deforestación nacional”, lamenta el ex funcionario.

Sigue Obregón: “Los representantes del chavismo estuvieron presentes en todo el ciclo de vida del proyecto y se encargaron de definir los destinos de la madera extraída, aunque nunca llegó a Venezuela. Decían en la región, que la madera era para los proyectos conjuntos de Venezuela y Nicaragua con su Misión Vivienda en aquel país y Casas del Pueblo en Nicaragua, pero lo cierto es que no se hizo ni una sola casa de madera porque las que construyeron, bajo otro negocio lucrativo, fueron de cemento y derivados”.

Hasta enero de este año el tema de la reforestación comunitaria continuaba siendo una promesa del gobierno de Ortega, como pilar de su estrategia nacional de desarrollo. El Instituto Nacional Forestal proyectó un plan que, entre 2020 y 2030, debía beneficiar a 1.380 familias con el manejo de 16.300 hectáreas boscosas.

Hoy, sin embargo, los funcionarios nicaragüenses mantienen en la oscuridad lo que ocurrió con el proyecto financiado por Venezuela hace una década.

Tanto la división de recursos naturales como la coordinación regional del Consejo Regional del Caribe Norte -la máxima autoridad local dentro del régimen de autonomía concedido a las zonas atlánticas de Nicaragua-, negó a estos reporteros cualquier tipo de información.

Carlos Alemán, el coordinador general del Consejo Regional, preguntó por qué lo buscaban a él para hablar de este tema, justo antes de colgar el teléfono. La asesora legal del área de recursos naturales dijo que su jefe se encontraba fuera de la ciudad y prometió información en su despacho. Luego desconectó su celular.

Privatización y epílogo

En 2014 la empresa Consorcio Multi Consult S.A. elaboró un estudio no oficial en donde se evaluaba la industria del mueble y, en ese contexto, se diagnosticó el problema que existe alrededor del abastecimiento de madera. El documento, obtenido por los reporteros y cuya credibilidad fue confirmada por fuentes del sector, examinó la iniciativa de Alba Forestal y resaltó: “Según expertos forestales de la región, las proyecciones iniciales de la existencia de madera fueron infundadas y, en el mejor caso, sobredimensionadas”.

Pero cuando Armando.info solicitó una entrevista sobre este documento a la propia consultora, no obtuvo respuesta. Tampoco la Secretaría de Comunicación, en manos de la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, respondió a una solicitud de información.

El informe también confirma la denuncia de los ambientalistas de que la madera suave que no se sacó a tiempo se pudrió o fue consumida en las quemas no controladas que se dieron después del huracán. Asegura también que la madera en suelo que era posible aprovechar fue extraída por Alba Forestal en sus primeros cuatro años de operaciones, y por otros madereros de la zona.

La ex alcaldesa de Puerto Cabezas -la capital regional- por el partido Indígena Yatama durante el periodo 2005-2009, Elizabeth Henríquez, relata que, mientras el proyecto sacaba del lugar toda la madera que podía, los ríos se fueron secando y la actividad agrícola menguó. “La gente ya no puede producir su agricultura y ahí viven de arroz y frijoles”, acota. “Aprovecharon no solo la caída de la madera, sino lo que estaba vivo también se lo llevaron en su saco. Se explotó sobre explotación, pero no hubo ningún programa de desarrollo social”.

Entre tanto, el negocio dio señas de haber sido lucrativo. Seis años después de su inicio se hizo un aumento de capital hasta alcanzar los seis millones de dólares. En 2014, el emprendimiento cambió de nombre a N & H Woods Products y pasó a controlar el negocio de la madera en todo el territorio nicaragüense, según denuncias del ambientalista Amaru Ruiz y la prensa local. En marzo de ese año, un equipo del diario La Prensa de Managua visitó las instalaciones de Alba Forestal en el kilómetro 29 de la carretera vieja a Tipitapa, y encontró un letrero con el nuevo nombre corporativo.

Sin embargo, en 2016 la empresa cesó operaciones por el cúmulo de denuncias de corrupción y competencia desleal que dieron a conocer los empresarios tradicionales del sector, así como por desavenencias financieras con los delegados del chavismo, según Obregón.

Sobre el retorno del dinero invertido por Venezuela o el beneficio que pudo obtener el país suramericano, no hay información. Lo que sí se sabe es que la exportación de madera desde Nicaragua a Venezuela fue mínima. Según el Centro de Trámites de las Exportaciones en Nicaragua, el país centroamericano exportó a Venezuela madera por valor de apenas 95.901 dólares entre 2010 y 2015. El pico se concentró en 2010 y 2011 con 41.580 y 49.896 dólares respectivamente. En el informe estatal al que se tuvo acceso, no existe un registro detallado sobre qué empresas fueron las que mandaron sus productos. Tampoco sobre las metas de producción y exportación que pudo alcanzar Alba Forestal durante este mismo período. Pero las cifras registradas representan una fracción insignificante del monto invertido por el Estado venezolano para el proyecto en el Caribe Norte nicaragüense.

La ayuda venezolana concebida para crear riqueza y rescatar el medio ambiente en Nicaragua, terminó en manos de un coto cerrado, controlado por la triada Estado-partido-familia de Daniel Ortega, cuyos productos palpables fueron corrupción, tráfico de influencias y daño ambiental. Así, los resultados del proyecto, sus ganancias y el retorno del dinero a Venezuela terminaron perdidos en un bosque de opacidad entre ambos países.

*Este reportaje tuvo su origen en un grupo de documentos que Armando.Info obtuvo y que el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) compiló en una base de datos y ayudó a analizar.