“Estos camiones vienen a tributar el rendimiento y la eficiencia”, explicaba Hugo Cabezas, quien para  el año 2012 ejercía como gobernador del estado Trujillo, mientras recibía 22 camiones rusos tipo Kamaz para ser utilizados en la Gran Misión Vivienda Venezuela y en la Misión Cayapa, que se ocupa de la vialidad agrícola.  “Con ellos nos estamos ahorrando hasta un 65% del costo en la edificación de viviendas, así como la construcción y rehabilitación de los caminos rurales”, agregaba Cabezas quien veía la llegada del transporte como una forma de solucionar los principales problemas de la región.

Esta no fue la última vez que llegaron camiones de esta marca a Venezuela, pero sí una de las pocas que se les vio en entregas oficiales.  Entre 2012 y 2015, el mayor número de exportaciones de Rusia a Venezuela fueron realizadas por J.S.C Comercio Exterior Kamaz, según consta en los registros de aduanas de Rusia filtrados a un consorcio de periodistas en el este de Europa conocido como Proyecto de Denuncia contra la Delincuencia Organizada y la Corrupción (Occrp, por sus siglas en inglés) y luego entregados a Armando.info.

En ese período de tres años, a Venezuela llegaron mayor número de mercancías, proveniente del país europeo, con sello Kamaz, que productos con fines militares. Dos empresas fueron las receptoras del material: Suministros Venezolanos Industriales C.A. (Suvinca) y J.C International 2004, C.A, que es considerado el socio oficial de la compañía rusa en Venezuela. Ambos recibieron, entre 2012 y 2015, más de 800 envíos.

“Traíamos chasis de los vehículos que con ayuda de carrocerías venezolanas ensamblamos. Dejamos de recibir estos envíos en 2014. En 2015 sólo llegamos a traer repuestos y cauchos. Pero el Gobierno nos debe 10 importaciones que se hicieron, ahora las importaciones están detenidas”, comenta vía telefónica Jennifer Camargo, a nombre de J.C International 2004.

Según la revista Life en Rusia, el problema con el pago de los contratos venezolanos se había discutido a nivel intergubernamental. Durante los primeros meses 2016, las delegaciones de Rusia y Venezuela celebraron reuniones sobre el pago de las deudas atrasadas por las entregas de materiales Kamaz. Y en diciembre de 2016, durante las negociaciones en Caracas, el lado venezolano anunciaba su disposición a liquidar las deudas por un monto de 16 millones de dólares por equipos y repuestos suministrados. En ese momento, el gobierno de Nicolás Maduro prometió pagar 8 millones de dólares en febrero de 2017 y agilizar pagos por el resto de la deuda.

El socio de Kamaz en Venezuela, J.C International 2004, según la data más reciente del Registro Nacional de Contratistas tiene como representantes a Jaime Cabezas Peñaranda y a Yaduris Gómez Sabalza, quienes forman también parte de una empresa registrada en Panamá con el nombre Camiones Kamaz Latinoamérica. De igual manera son socios de la empresa nacional Corpvenca, Corporación Venezolana de Carne, con quienes comparten dirección de domicilio en la urbanización Santa Rosa de Lima, al este de Caracas.

La ensambladora que nunca fue

Kamaz fue fundada en Rusia en 1969. La empresa es líder del mercado ruso de camiones y ocupa el octavo lugar en el mundo en términos de producción de motores diesel. Suministra sus productos a 43 países del mundo, incluyendo Venezuela, según su página web: “El moderno equipo KAMAZ funciona en cualquier carretera y condiciones climáticas, en los trópicos, las zonas desérticas y las tierras altas”. Por eso, desde unos años para acá buscan reorientarse en los suministros de exportación a los países de América Latina y establecer allí empresas de ensamblaje.

Desde 2007 se está hablando de la creación de una ensambladora en Venezuela. En marzo de 2010 se reunieron representantes de Kamaz y miembros de la Alcaldía de Valencia con el motivo de firmar el convenio que le daría punto de partida a la construcción de la fábrica.

“En mi condición de alcalde bolivariano de Valencia, quiero impulsar el proyecto para la prosperidad del municipio, en el que también participarán los trabajadores en la sociedad de esa fábrica, bajo la forma de una empresa de propiedad social”, dijo en su momento Edgardo Parra Oquendo cuando aun estaba al frente del gobierno de la capital de Carabobo.

Finalmente el proyecto no fue impulsado ni se lograron prender los motores de estos vehículos. En mayo de 2013, nuevamente se anunció en los medios, la instalación de una fábrica ensambladora pero esta vez en la zona industrial Agustín Rivero de Independencia, en San Felipe, estado Yaracuy, al centro-norte del país. En ese momento el representante de Kamaz en Venezuela, Luis Barrios, explicaba que la inversión de esta obra sería de 2 millones de dólares y su ejecución se haría en dos años. Se hablaba de la construcción de 5.000 metros de galpones, instalación de la tecnología para las tres líneas de ensamblaje y 390 empleos directos.

Nuevamente los planes quedaron sólo en promesas. La única ensambladora que funciona en esta localidad, desde diciembre de 2015, es la de autobuses Yutong manejado por China.

Las informaciones que se manejan en el presente año es que los planes de la ensambladora se mantienen pero la ciudad donde se realizará cambió. Según representantes de J.C International 2004, los retrasos y cambios continuos de localidades se han presentado por problemas para obtener los permisos de construcción. “El proyecto de realización está listo. Tenemos los planos e inclusive personal en el terreno. El lugar será la zona franca del estado Falcón”, explica Camargo.

¿Dónde están los camiones y autobuses?

Tres años después de la entrega de camiones rusos por parte de Hugo Cabezas, durante el 2012, en el estado Trujillo, el Gobierno Bolivariano de Aragua hizo un acto con el entonces gobernador Tareck El Aissami donde se dieron 68 autobuses marca Kamaz a transportistas de la región.

Estos autobuses contaban con una capacidad para 32 pasajeros, dotadas de aire acondicionado para rutas suburbanas, y sin aire para rutas urbanas esperando beneficiar más de 20.000 usuarios diariamente. El Aissami acotó, en ese momento, que la empresa Kamaz tenía previsto el inicio de operaciones de dos concesionarios con capacidad de atención de 10 unidades de transporte con la finalidad de garantizar un mejor servicio postventa.

Así como la ensambladora, esta promesa también quedó en el olvido. En la actualidad el 75% del transporte de Aragua en general se encuentra paralizado por falta de repuestos, según informó a la prensa el presidente del Frente Unido de Transporte, Elpidio Mora. Es común ver a pasajeros usar para su transporte camiones de carga que no están habilitados para ellos e irónicamente ninguno es de la marca Kamaz.

No es usual ver estos camiones y autobuses en las calles de la capital venezolana y los concesionarios Kamaz parecen haber desaparecido, la mayoría de los transportistas consultados para este trabajo concuerdan en su desconocimiento sobre la marca.

A pesar de las experiencias de fracaso que ha tenido Venezuela con Rusia, como la idea de enviar orquídeas al país europeo, el volumen de comercio entre los dos países en 2016 ascendió a más de 336 millones de dólares, incluidas las exportaciones rusas (334,2 millones de dólares) y  las importaciones (1,8 millones de dólares), según el Servicio Federal de Aduanas de Rusia.

Las exportaciones rusas a Venezuela consisten en maquinaria, equipos, vehículos; metales y sus manufacturas; productos de la industria química; productos alimenticios y materias primas agrícolas; productos de madera y pulpa y papel. Aún así parece no ser suficiente.

A principios de 2014, llegaron al país para tramitar el visado que los llevaría a una peregrinación en La Meca. Dominic Pitilal, Andre Battersby, Charles Wade, Asim Luqman y Leslie Deslie estaban hospedados, junto con sus familiares, en el hotel Plaza Palace ubicado en Sabana Grande, un área comercial de Caracas, en pleno auge de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en marzo de 2014. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) allanaron sus habitaciones en respuesta a unas denuncias anónimas donde se advertía que un grupo de extranjeros vivían ilegalmente en el país; según se describe en el expediente judicial.

En el allanamiento se incautaron aparatos electrónicos, una insignia con la inscripción de la Policía Municipal de Chacao, 66 pasaportes, una guerrera color verde con un emblema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Patriota, ropa e implementos de marca 5.11 que son usualmente utilizados para estrategias tácticas y dinero en efectivo (tanto de moneda extranjera como local). Los trinitarios siempre aseguraron que les quitaron un aproximado de 100 mil dólares; sin embargo, en las actas el monto era mucho menor.

Entre los aparatos electrónicos obtenidos se habló de un teléfono celular propiedad de Dominic Pitilal que contenía un vídeo y fotografías donde supuestamente se podía observar a él y a sus compañeros en una práctica de tiro en el polígono de la Policía Nacional.  Esta grabación fue utilizada por las autoridades para encerrarlos en los cuarteles generales del Sebin, en El Helicoide, y llevar a juicio a los cinco extranjeros, junto con otros tres venezolanos, por el delito de terrorismo.

De terroristas a intrusos

El día que se cumplieron dos años, seis meses y 25 días de aquel allanamiento y detención de los turistas, la juez del tribunal 12 de Juicio, María Eugenia Núñez, a la 1 de la madrugada del 15 de octubre de 2016, encontró a los ciudadanos de Trinidad y Tobago culpables de espionaje indiciario y agavillamiento y les impuso una pena que coincidía exactamente con el tiempo que llevaban encarcelados. Recibieron su boleta de excarcelación, pero no fue sino hasta un mes y medio después, a finales de noviembre de 2016, cuando los funcionarios del Sebin los dejaron en libertad para su posterior deportación.

Durante el juicio los trinitarios no fueron acusados de terrorismo y asociación para delinquir sino del delito plasmado en el artículo 137 del código penal venezolano: “cualquiera que, indebidamente, haya levantado los planos de las fortificaciones, naves o aeronaves de guerra, establecimientos, vías u obras militares, o que con tal objeto se hubiere introducido clandestinamente o con engaño, en los lugares prohibidos al acceso público por la autoridad militar, será castigado, con prisión de tres a quince meses.”

Los abogados defensores afirman que la decisión de cambio de delito fue una maniobra de la fiscalía para dejarles libertad después del fallo y no admitir que se equivocaron imputando a cinco inocentes. “Surgió mucha presión internacional, la Embajada de Trinidad y Tobago asistía a todas las audiencias. De haber sido acusados de terrorismo iban a pasar su vida en prisión”, explica el abogado Germán Ponte.

La juez encargada del destino de los musulmanes fue la misma que, el 12 de mayo de 2015, prohibió la salida de Venezuela de 22 directivos de diferentes medios de comunicación en el país, como consecuencia de la demanda interpuesta por Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y miembro de la actual Asamblea Constituyente, por presunta difamación agravada y continuada contra los periódicos El Nacional, Tal Cual, y la página web La Patilla. También se encargó del caso de Gilberto Sojo, diputado suplente de la parlamentaria Dinorah Figuera por el estado Aragua ante la Asamblea Nacional y dirigente de Voluntad Popular por la parroquia San Agustín, quien permaneció en la sede del SEBIN durante dos años. Actualmente María Eugenia Núñez es juez superior.

Despertando de la pesadilla

Cuatro de los cinco trinitarios fueron recibidos el 24 de noviembre de 2016, entre lágrimas y abrazos, por sus familiares en el Aeropuerto Internacional de Piarco, la principal terminal de ese país. “Gracias por el apoyo. Fue muy importante para nosotros, sobre todo porque nos encontrábamos solos allí, sintiéndonos desanimados y abandonados. Fue una experiencia terrible. La mayor parte del tiempo, no teníamos ninguna comida, pero qué es comida sin libertad. Aunque no fuimos maltratados brutalmente de ninguna manera”, expresó uno de ellos, Asim Luqman, al Daily Express a su llegada.

La defensa denunció en diversas ocasiones a la Defensoría del Pueblo en Venezuela que no se le estaba proporcionando atención médica a los detenidos. Los trinitarios han instruido a sus abogados para apelar por no estar de acuerdo con la sentencia. “Hay contradicciones en la sentencia. Una condena no puede ser un capricho del juez. La prioridad de ellos es que se haga justicia, por eso agotaran las instancias legales en el país para luego hacer las respectivas denuncias internacionales” explica el abogado Javier Mayorca.

El quinto del grupo que no salió a reencontrarse con sus seres queridos ese día fue Charles Wade. Al llegar a Trinidad y Tobago desde Venezuela, junto con sus otros cuatro compañeros, fue tomado en custodia por la policía de ese país. Wade estaba imputado por cometer fraude al momento de compra de un vehículo en el año 2013 y tuvo que pasar un par de días más en prisión hasta que se le concedió liberación bajo fianza; según reportó el medio Daily Express.

El jefe del frente islámico en Trinidad y Tobago, Umar Abdullah, luego que este caso saliera a la luz, solicitó a su Gobierno establecer relaciones diplomáticas con Arabia Saudita, para asegurar que los musulmanes locales no tengan que viajar a Venezuela para solicitar la visa para atender el Hajj, una peregrinación anual a La Meca que es obligatoria en su religión. Una medida que, según Abdullah, evitaría que se repita la historia que hoy condena a Venezuela.

Actualmente Las Mercedes se lleva el primer lugar en permisos otorgados para nuevas construcciones en el municipio Baruta, uno de los enclaves de clase media con alcaldes de la oposición. En los últimos 8 años, 43 obras han sido aprobadas por la Alcaldía. Teniendo un pico de aumento entre los años 2014-2016, le sigue por lejos, Prados del Este, zona de carácter residencial, con 13 construcciones.

Los datos apuntan a Las Mercedes debido a un aumento en los precios por metro cuadrado y a un cambio, en el año 2015, de la ordenanza de zonificación que permitió una serie de incentivos a los constructores como el permitir edificios más altos. “Los lugares en donde el metro cuadrado se ha dolarizado, allí es donde se construye: El Rosal, Campo Alegre, La Castellana y Las Mercedes. En el resto de la ciudad la construcción está paralizada. En el país hablamos de un 90% de paralización”, explica Juan Andrés Sosa, presidente de la Cámara de Construcción. Estos edificios, agrega, se han convertido en la mejor forma de resguardo de los bolívares. “Empresas que acumulan en nuestra moneda y no pueden sacar su dinero por el control de cambio deciden ahorrar en concreto”.

En otros casos se utiliza para algo más que salvaguardar los ahorros. Según una investigación realizada por este portal, en el primer trimestre de 2016 emergió en Las Mercedes la Torre SMA (San Miguel Arcángel), propiedad de César García Urbano-Taylor, un abogado de 41 años de edad que es acusado de recibir dinero del ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marcos Tulio Dugarte, para invertir en propiedades. Este caso provocó el inicio de una investigación en la Asamblea Nacional.

Por las razones que sean, son cada vez más las empresas que se montan en la ola de los cambios e incentivos dados por la Alcaldía de Baruta en la urbanización Las Mercedes. Están las empresas con trayectoria y constructores como Elias Sayegh, Ander Leizaola, Franciasci Sachinni, Vito Casale Marchese, también sedes de bancos y seguros... Pero al menos una cuarta parte son empresas de reciente creación, lo cual según expertos inmobiliarios es una práctica común debido a los riesgos de la industria. Una de estas empresas con pocos años de creada es la Constructora HP, C.A que a paso acelerado va conquistando la zona con proyectos que, según sus palabras, “marcarán una nueva tendencia en edificaciones”.

De Lecherías a Las Mercedes

49 exclusivas oficinas de lujo, terraza doble altura, 600 metros en planta baja de área comercial, estacionamiento para 250 vehículos, fachada con pantallas electrónicas con tecnología de LED y un diseño moderno son las características que tendrá la Torre Sena, ubicada en la calle París de Las Mercedes, una vez esté terminada.  El cerco de tela azul que la recubre no sirve de mucho para ocultar la estructura de 16 niveles que resalta entre todas las demás y que parece querer comerse las pequeñas casas y negocios que tiene a su lado. Ver las imágenes digitales de cómo será el proyecto una vez finalice es trasladarse a cualquier zona de crecimiento comercial de primer mundo.

La empresa detrás de esta edificación es Constructora HP, C.A que, según el Registro Nacional de Contratistas pertenece a Rafael Guillermo Perdomo Rodríguez y a Roger Vicente Perdomo Rodríguez y tiene domicilio en Lecherías, estado Anzoátegui, al oriente del país. Aunque esta empresa familiar está inscrita para contratar con el Estado, no aparece rastro de cuáles entes gubernamentales han sido sus clientes. Fue creada en 2010 pero ya habla de haber desarrollado más de 20 proyectos de construcción en la Gran Caracas y en Anzoátegui.

Ninguna otra constructora ha mostrado tanto interés por Las Mercedes. Según la data de aprobación de obras nuevas de la Alcaldía de Baruta –actualizada hasta noviembre de 2016–Constructora HP, C.A es la única compañía o particular que se repite. Tiene aprobados dos proyectos para la construcción de viviendas multifamiliares en la Calle Cristóbal Rojas de Los Naranjos de Las Mercedes, uno en 2014 y otro en 2015, que ya están terminados y se conocen como Las Residencias Salem. Y en la zona comercial de Las Mercedes llevan actualmente al menos tres proyectos más.

En su página web, la empresa destaca que pueden hacer “realidad su proyecto, no importa cuán complejo o impredecible sea, la experiencia que hemos adquirido a lo largo del tiempo nos permite brindar servicios adecuados y beneficiosos para nuestros clientes” y en este caso sí tienen una dirección de contacto en Caracas. Sin embargo, en redes sociales usuarios han denunciado al menos tres accidentes en la construcción de la torre Sena, el último fue el colapso de una excavadora.  

Constructora HP también promociona una torre en la esquina de la calle París con calle Mucuchies, que lleva por nombre Torre JLM y se espera tenga 100 oficinas distribuidas en 10 pisos –7 pisos de estacionamiento y 7 locales comerciales con entrada independiente a la torre empresarial–, que es el límite máximo de construcción según la nueva ordenanza que aprobaron los concejales de la cámara municipal. A la fecha están en trabajos de movimiento de tierra y ningún cartel visible identifica que esa edificación se comenzará a construir allí con lo que se viola el Artículo 73° de la Ordenanza de Urbanismo, Arquitectura y Construcciones en general, el cual establece que “toda obra de urbanismo, o edificación, deberá ser provista de un cartel de identificación con el nombre de la obra, del profesional o profesionales responsables de la misma y del número del permiso…”

En la calle Orinoco, justo al lado de los restos del icónico edificio Gastizar, que fue demolido en diciembre de 2016 en medio de controversia y rechazo por parte de los vecinos, se erige también otra edificación en manos de la constructora de los hermanos Perdomo. No hay información de qué tipo de construcción se hará. Ni allí ni a la hora de solicitarla en sus oficinas, donde se solicitó una entrevista con los representantes de la empresa que hasta ahora no ha sido posible.

Dos proyectos de la alcaldía en el olvido

El conjunto urbano de Las Mercedes fue una de las primeras urbanizaciones planificadas y desarrolladas de Caracas. En sus inicios fue proyectada como una zona de carácter residencial, pero en los años 60 comienzan a aparecer los cambios haciendo de la zona una más comercial y de tránsito. Con esto llegaron las reformas en las ordenanzas de zonificación en el sector, en el año 1998, 2012 y la más reciente en 2015.

Aunque la ordenanza de zonificación de Las Mercedes en 2015 fue aprobada por unanimidad en el Concejo Municipal, con la participación de la Alcaldía de Baruta, a cargo de Gerardo Blyde, y la asociación de vecinos y comerciantes de la zona, hay un grupo de residentes que no está de acuerdo con la reciente aparición de grandes edificaciones en la zona. “Lo de las ordenanzas han sido madrugonazos, toman las decisiones en finales de periodos administrativos, por cámara, sin presencia de alguien de planificación urbana. La última ordenanza apunta a un desarrollo desmedido, eso hay que revisarlo”, comenta Manuel Izaguirre, urbanista y parte de la asociación de vecinos de la zona.

Según concejales de Baruta, la decisión de hacer una reforma en la ordenanza en 2015 se debió a la preparación que estaba haciendo Las Mercedes a la futura llegada del Metro de Caracas, que significaba la entrada de más visitantes al sector. La idea con el cambio de zonificación era permitir la construcción de hoteles boutique, edificios comerciales de mayor tamaño y tener una mayor entrada de dinero para la realización de dos grandes proyectos liderados por la Alcaldía de Baruta: la caminería de la Río de Janeiro que consiste en la construcción de un gran paseo con estacionamiento y cafés, y el embaulamiento de la quebrada de Las Mercedes.

Ambas ideas, tal como la llegada del Metro, están lejos de hacerse realidad. Según, la Alcaldía de Baruta debido a la inflación han tenido que dejar de lado esos proyectos. “El dinero que llega por las nuevas construcciones en Las Mercedes va a un fondo y eso se ha ido a mejoramiento de drenajes, operativos de asfaltado y cambios de los ladrillitos de la calle principal”, explica Violeta Delgado, directora de Planificación Urbana y Catastro del Municipio Baruta.

A pesar de que vecinos y organizaciones que salvaguardan patrimonios de la ciudad hablan de poca planificación, daño al ambiente y a la herencia de la urbanización, caos en los servicios y en la movilización en el sector; Las Mercedes sigue tomando altura y cada vez más constructores deciden invertir su dinero en concreto allí. “Las Mercedes tiene todo el potencial para ser la zona rosa de la ciudad, lo único que está esperando es que cambie el país”, apuesta el concejal de Baruta, Darwin González.

Mientras fue propiedad del empresario carabobeño Ricardo Degwitz, Notitarde llegó a ser el segundo diario de mayor circulación en Venezuela, según el Comité Certificador de Medios (Ccmaf) de la Asociación Nacional de Anunciantes (Anda) y la Federación Venezolana de Agencias de Publicidad (Fevap). Es un mérito doble si se considera que lo consiguió en una ciudad de provincias, aunque importante y con gran actividad económica hasta no hace mucho. Cualquiera que haya sido la fórmula para ese éxito, en manos de Carrasco se perdió: el diario circula cada vez menos y en lo periodístico se ha convertido en poco más que un órgano de propaganda de la gestión de Francisco Ameliach, el también ex oficial militar que acaba de dejar su cargo de gobernador de Carabobo para unirse a la Asamblea Nacional Constituyente. 

El nombre de Ramón Carrasco sale a relucir tres veces cuando se cruza el listado de empresas en el Registro Nacional de Contratistas -una base de datos que ha sido descargada por el equipo de Armando.info para la realización de una serie de reportajes donde se incluye el presente- con los nombres de los militares dentro de la administración pública proporcionado por Vendata, un proyecto de liberación de información de la Gaceta Oficial de Venezuela. 

Sus tres empresas tienen como objeto social la administración de medios de comunicación: Inversiones La Ría, donde aparece como director; Publicaciones Degal, C.A, donde es vicepresidente, y Editorial Notitarde, C.A, en la que figuró desde la compra en el año 2015 como vicepresidente hasta que, en la asamblea de accionistas del 9 de diciembre de 2016, toma el cargo de presidente. Las últimas dos compañías tienen por sede en el mismo edificio en Valencia. Mientras en los primeros pisos el militar maneja un periódico, en los últimos lleva una empresa de impresión de revistas en papel glasé o mate.

Ninguna de estas compañías tiene contratos con empresas del gobierno pero sí contratan entre sí y con empresas privadas. Publicaciones Degal tiene como uno sus clientes a Editorial Notitarde, C.A, por ejemplo. En estas empresas también se repiten los nombres de los empresarios, Juan Manuel Tome Fernández, José Rodríguez y Fabián González Vásquez.

En las primeras reuniones que Carrasco tuvo con el equipo de la redacción de Notitarde expresó que, a pesar de que su experiencia laboral se limitaba al área administrativa y militar -o quizás por ello-, su deseo era el de aprender de los periodistas. Sin embargo, dos años después de su llegada parece que los trabajadores del medio han sido los formados: seguimiento de órdenes, ningún derecho a disentir, jerarquía lineal, cumplimiento estrictos de horario y rápidas resoluciones sin importar razón y consecuencias. “‘No oigo, no veo, no siento’ parece ser la nueva norma del periódico” dice una de las ex redactoras del diario.

Periodismo a discreción

“Nosotros queremos trabajar con nuestra misma gente”, aseguró Carrasco en julio de 2015, a poco tiempo de su llegada, cuando le solicitó poner el cargo a la orden a la jefa de redacción de la corresponsalía en Caracas, Lucy Gómez. La frase se fue repitiendo a lo largo del tiempo hasta desmantelar casi por completo la corresponsalía y reducir considerablemente el número de trabajadores en la sede en Valencia.

La orden era sencilla: a todo aquel que no siguiera la nueva política del periódico se le entregaba su cajita feliz -plan de liquidación con incentivos-, una indemnización suficiente para irse sin problemas. Y Carrasco Oropeza, como buen militar, era el encargado ideal para poner en práctica ese plan.

En el registro mercantil de Editorial Notitarde, C.A la venta queda oficializada en la asamblea de accionista realizada el 10 de febrero de 2015 donde la Corporación Noti-libre C.A vende todas sus acciones a La Ria Comunicaciones, sociedad mercantil inscrita el 12 de diciembre de 2014, justo dos meses antes de la compra, y representada por José Rodríguez Álvarez, empresario conocido en Valencia por ser propietario de uno de los hoteles con más renombre en la ciudad, el Hesperia. Según el registro mercantil de la editorial, Carrasco comenzó siendo principal, pasó luego a la Vicepresidencia, para terminar asumiendo la presidencia a finales de 2016.

Sin embargo, sin importar su rol en los papeles del registro mercantil, Carrasco siempre ha sido la cara visible de la nueva administración del negocio periodístico. Rodríguez sólo se presentó en sus inicios como el nuevo dueño pero su presencia fue limitada. Durante 2017, en la redacción, se han escuchado rumores de una nueva venta sin haber aún confirmación en papel.

La bota detrás del escritorio

Aunque Carrasco Oropeza ha pasado por diferentes cargos durante el chavismo, no ha estado en el centro de atención ni ha ocupado grandes puestos políticos. Su trabajo se ha limitado al área administrativa. El militar, ahora en retiro, se graduó en 1985 como integrante de la promoción General de Brigada Lucas Carvajal”. Algunos de sus condiscípulos en esa añada fueron Carlos Osorio, ex ministro de Alimentación y actual ministro del Despacho de la Presidencia; Pedro Carreño, constituyente y ex diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y Jesús García Toussaintt, ahora Ministro del Poder Popular para Transporte.

Uno de los primeros cargos de Carrasco en la administración castrense del chavismo fue la presidencia suplente del comando terrestre de logística de la Comandancia General del Ejército. Así quedó designado el 17 de junio de 2007, según se refleja en la Gaceta Oficial 38.695. Meses más tarde, en la Gaceta Oficial 38.737 del 1 de agosto de 2007, asume la Dirección General Sectorial de Administración del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

Carrasco gana notoriedad al formar parte del gobierno en el estado de Vargas -litoral central del país- del general Jorge Luis García Carneiro. Para el año 2012 era el presidente de la empresa estadal socialista Transporte Urbano de Vargas (Transurvar) y también fue Secretario Sectorial de la Salud de la gobernación de ese estado hasta julio de 2014, cuando fue destituido y nombran en su lugar al general Moisés Montero Ferrer.

A diferencia de otras figuras del chavismo de cuartel, Carrasco no tiene presencia en redes sociales. Hay una cuenta de Twitter que parece haber pertenecido a él, que no se actualiza desde mayo de 2014, donde se describe como “revolucionario” y sólo aparecen un par de trinos referentes a su gestión en Vargas. Tampoco parece ser fanático de las fotografías; empleados de Notitarde cuentan que son contadas las ocasiones en que se para frente a una cámara.

Una de esas raras ocasiones en las que la lente fotográfica lo captó fue el 17 de agosto de 2016, en la celebración de las cuatro décadas del periódico. Allí expresó sentirse orgulloso por la labor de los trabajadores. Aseguró que “con amor fraterno de familia” harían lo mejor posible para sacar adelante al diario. “En las vicisitudes siempre hay que ser optimistas y por eso no debemos desfallecer”, dijo en sus palabras al personal del rotativo. Sin embargo, en las conversaciones con trabajadores y ex redactores del diario ese amor fraterno no se ve correspondido. Al preguntarle a una ex redactora del medio cómo describiría a Carrasco, su respuesta fue: “No es un persona que inspira el mismo respeto que Degwitz, el dueño anterior”. Otros lo describen como una persona cortés, lejana pero interesada en aprender el funcionamiento del entorno periodístico. Más allá de sus atributos personales, la suya es una experiencia única: la bota militar logró pisar fuerte hasta en una redacción. Los resultados de esta gestión quizás den oportunidad para parafrasear el proverbio y comprobar que el periodismo militar es al periodismo lo que la música militar a la música.

Desde el palacio de Miraflores -sede de la presidencia de la República, en el centro de Caracas-, ante una concentración oficialista de simpatizantes “por la paz”, acompañado por figuras visibles de su Gobierno y jerarcas del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Maduro enumeró las condiciones con las que se escogerían los diputados a la Asamblea Nacional, de la que la oposición teme sea un estratagema sectario para postergar la crisis de gobernabilidad que enfrenta el régimen, aniquilar las instituciones que hoy le son adversas -como la Asamblea Nacional y la Fiscalía- y, en definitiva, crear un marco normativo más favorable para la instauración de un Estado totalitario.

“¿Querían elecciones? Tomen elecciones. ¿Querían votar? Vamos a votar. ¿Querían diálogo? Tomen Constituyente”, se mofaba el mandatario venezolano de los reclamos opositores por las aplazadas elecciones regionales, que debieron efectuarse en 2016, y por el bloqueo gubernamental del referendo revocatorio contra Maduro que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) intentó promover a mediados de ese año. Como respuesta, aseguró el presidente en otra intervención, el 30 de julio “Venezuela tendrá una fiesta electoral porque el pueblo escribirá historia eligiendo la Asamblea Nacional Constituyente”.

Sin embargo, como en toda oferta demasiado buena para ser verdadera, en el documento esencial para dar inicio al proceso constituyente se encuentran unas letras pequeñas a las que se debe prestar atención. Sus efectos son tan decisivos que, de entrada, contradicen el principio de la igualdad de los votantes.

Para comprobarlo en ocasión de esta nota, el equipo de bases de datos de Armando.info, usando la técnica del muestreo sistemático con arranque aleatorio, extrajo una muestra de 14% del padrón electoral, lo que se tradujo en una hoja con 2.719.456 entradas o registros de votantes. La base de datos resultante permitió cruzar informaciones y caracterizar los patrones de voto prestablecidos para estos comicios.

Un primer resultado resaltante del ejercicio cuenta que casi un tercio de los votantes (29%) incluidos en la muestra solo podrán sufragar por una clase de diputados, los “territoriales”, y no fueron asignados a ningún sector.

En el centro de esta constatación está la polémica decisión del presidente Maduro, patrocinante de la Constituyente, de crear dos “ámbitos” de representación para la asamblea. Se trata del tradicional “ámbito” territorial, aunque esta vez organizado por municipios, sin importar su población, para un total de 364 diputados, con una paridad de uno por municipio, más dos adicionales por las capitales de Estado; pero, junto a ese, también se establece otro “ámbito”, inédito en Venezuela y que, según sus críticos, rememora al corporativismo fascista: el “sectorial”. Se trata de delegados de gremios y grupos civiles que el oficialismo designó a su antojo: así, se elegirán 24 diputados por los estudiantes; ocho por campesinos y pescadores; cinco por los empresarios; otros tantos por las personas con discapacidad; 28 de los pensionistas, 24 de los consejos comunales y 79 de sindicatos y gremios.

Aparte, se prevé la escogencia de ocho diputados de los grupos indígenas, seleccionados por unos brumosos “métodos ancestrales”.

Los 173 diputados “sectoriales” representan 32% de la asamblea. Así que el primer resultado del análisis también puede traducirse así: uno de cada tres votantes de la muestra no está habilitado para participar en la elección de un tercio de los escaños.

Como quiera que aquellos electores -dos tercios de la muestra- que cuentan con un segundo voto “sectorial” son asignados a su correspondiente sector por la autoridad electoral -el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado con rienda por el chavismo- se pueden comprobar determinadas curiosidades, si no se toman como diseños de mala fe. Así, en la muestra se encuentra que líderes conspicuos de oposición, como Leopoldo López, María Corina Machado y el ex coordinador de la MUD, Jesús Chúo Torrealba no están asignados a ningún sector o, dicho de otro modo: solo votan por un cargo. Mientras, el diputado y ex presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, también secretario general del partido Acción Democrática, sí tiene derecho a un segundo voto. Vota por el sector de “pensionados”, algo que parece una ironía que sigue los pasos a las burlas que el presidente Maduro suele proferir contra el diputado.

En cambio, los pesos pesados del chavismo como la pareja presidencial, el número dos del Psuv, Diosdado Cabello, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, el vicepresidente Tareck El Aissami, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, o el ministro del Interior, Néstor Reverol, entre otros, fueron asignados al sector de administración pública y tienen derecho a dos votos.

En cuanto al voto por estado, Distrito Capital es el estado que tiene mayor porcentaje de personas con dos votos. 77,4 % de los electores de la muestra votan dos veces, lo que parece congruente con el tamaño de la circunscripción y porque encierra en su territorio una importante sede de poderes políticos y actividades económicas.

Pero luego le siguen, sorprendentemente, los estados Cojedes y Delta Amacuro, dos entidades pequeñas y eminentemente rurales, donde un importante porcentaje de los electores con dos votos en la muestra aparecen adscritos a los sectores de la administración pública y de los consejos comunales, progubernamentales por naturaleza.

En cambio, el rico estado de Zulia -extremo noroccidental del país, frontera con Colombia- es la provincia donde, según la muestra, la proporción de electores con dos votos es menor. En elecciones regulares, Zulia pasa por ser el mayor circuito electoral y un tradicional baluarte opositor.

Desproporciones ¿caprichosas?

La distribución de los votantes entre los sectores fue realizada por el CNE, unilateralmente, sin permitir la postulación voluntaria a sectores ni auditoría. Los sectores fueron a su vez divididos en subsectores sin explicación de las razones. “Esta elección no sólo no es equitativa, donde hay municipios muy grandes que están subrepresentados o municipios pequeños sobrerrepresentados, sino que inventaron este grupo de sectores que tienen un voto adicional. Sectores que a su vez tienen subsectores, como es caso de los estudiantes. Hay dudas de dónde salieron estas listas”, explica el presidente del Observatorio Electoral Venezolano, Luis Lander.

En el decreto de fijación de las bases comiciales, se contemplaba que el CNE debía solicitar los registros de los sectores a las instituciones oficiales, gremios y asociaciones debidamente establecidos y, una vez recibidos los distintos registros, serían agrupados por áreas de similar condición y distribuidos según la base poblacional establecida. Sin embargo, instituciones como la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), la Universidad de Los Andes (Ula), La Universidad del Zulia (Luz) y la Universidad Nacional Experimental del Táchira (Unet), rechazaron la convocatoria que les hiciera el CNE y se negaron a entregar listas de sus estudiantes, por lo que estas -incluso de mediar la buena fe por parte de las autoridades electorales- quedaron irremediablemente incompletas y parciales.

De acuerdo a expertos consultados, esta sería la razón por la que el sector con menos porcentaje de votos es el de “Estudiante-privadas”. Según la muestra utilizada para esta nota, este sector apenas abarca 0,62%. El mayor porcentaje de votos es del sector de trabajadores, que elige a 79 constituyentistas, pero al estar repartido entre tantos subsectores (administración, comercio, social, banca, industria, construcción, etc) el porcentaje se diluye y así queda en primer lugar, comparado con los subsectores, el de los pensionados con 16,3%, seguido por consejos comunales (8,97%) y administración pública (6,63%), todos muy influenciables por el Gobierno.

Los pensionados no sólo van a tener "por primera vez en la historia" constituyentes elegidos directamente por ellos, como expresó Nicolás Maduro el día del anuncio de la convocatoria, sino que los datos insinúan que se trata de una elección escorada en favor de la tercera edad -uno de los grupos etarios donde el chavismo conserva mayor apoyo-. Se debe considerar que las listas de pensionados son manejadas por el propio gobierno a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

La vida en rojo

Los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente tuvieron como plataforma, durante 20 días de campaña, las cadenas de radio y televisión para dar a conocer sus propuestas. Más allá de los epítetos que candidatos y sus campañas cosecharon en las redes sociales, por la pésima calidad de las piezas y la precariedad evidente de sus protagonistas, quedó claro que la mayoría de los candidatos comparte los ideales y promesas del oficialismo.

En ningún momento se intentó disimular. “Fortalecer los claps”, “aumentar el ideario bolivariano”, “ ganarle a la guerra económica”, “constitucionalizar las misiones” y “defender la revolución bolivariana” eran algunas de las propuestas que se escucharon. Aunado todo ello a un discurso visual en el que el uso de vestimenta roja alusiva al chavismo o del uniforme correspondiente a alguna institución del Estado era el común denominador.

Lo anterior concuerda con los datos obtenidos. Al cruzar la lista de candidatos admitidos a la Constituyente con las listas del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) se comprueba que 54,14% forma o ha formado parte del partido oficialista. Lo que es lo mismo: Del listado inicial de 5.924 admitidos a la elección de la asamblea, 3.207 personas han militado abiertamente los ideales de la revolución bolivariana creada por el ex presidente Hugo Chávez y mantenida por su sucesor Nicolás Maduro. Y ello, sin contar que entre los restantes predominan postulados que subjetivamente simpatizan con el proceso revolucionario, aunque no hayan certificado su adhesión con la inscripción en el partido.

El chavismo también resalta en las cifras de solicitudes a candidatura. De las 8.100 solicitudes publicadas por el poder electoral, 49% corresponden a miembros del partido oficialista. De estas solicitudes, el 81,3% resultaron finalmente admitidas (3207 candidatos).

No sólo los candidatos son chavistas. También los miembros de mesa elegidos. De la muestra del padrón electoral utilizada para este análisis, el 34,8% de los seleccionados como miembros de mesa han estado inscritos en el Psuv Del 63.91% restante en las mesas, 2% pertenecen a otros partidos y 61.91% no tienen ninguna afiliación política.

Estas cifras retratan lo estipulado en las virtuales letras pequeñas del contrato electoral para la Asamblea Constituyente que el Gobierno impulsa, y que con candor de militante expresó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y también candidato, Diosdado Cabello: “No hay nada más chavista que la Asamblea Nacional Constituyente”.

Con todo, sorprende comprobar que en los últimos diez años, al menos 785 oficiales han sido contratistas del Estado. Es la cifra que surge al cruce de la lista de empresas incluidas en el Registro Nacional de Contratistas –una base de datos que ha sido descargada y procesada para esta serie de reportajes que inicia hoy– con el listado de ascensos militares dentro de la administración pública proporcionado por Vendata, derivado de 2.763 ediciones de la Gaceta Oficial publicadas durante ese período.

Si bien no hay normativa que prohíba a un militar activo tener una empresa privada ni formar parte de una junta directiva, también es cierto que el artículo 34 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, así como el numeral 4 de la disposición 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, establecen pena con responsabilidad administrativa a los militares que contraten con el Estado. De modo que podría sostenerse que al menos 785 oficiales han contravenido la ley.

“Según el artículo 145 de la Constitución de 1999 vigente, un militar activo en virtud de su condición de funcionario público deberá abstenerse de celebrar contrato alguno con el Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, ni por sí mismo ni en representación de un tercero”, explica el abogado experto en contrataciones públicas, César Esteves.

Comercio en general, transporte, alimentación y servicios informáticos, son algunos de los rubros en los que se desempeñan las empresas participadas por oficiales militares en rol de hombres de negocios. Son 70, por ejemplo, las empresas a manos de mandos de las Fuerzas Armadas que se han encargado de vender a instituciones del Estado todo lo relacionado a computación, mantenimiento electrónico, papelería y material de oficina.

Pero es en el sector de la construcción donde se concentra el mayor número de compañías propiedad de oficiales militares: 259 o, lo que es lo mismo, casi una de cada tres de las 785 que hicieron negocios con el Estado durante la última década.

Parece una opción casi obvia. Aunque paralizado en la actualidad, hasta 2012, al calor de los ingresos extraordinarios del boom petrolero y de los planes de vivienda del Gobierno, el sector de la construcción era donde había que estar. Hugo Chávez descartó a las constructoras tradicionales mientras prefería buscar proveedores extranjeros, a cargo de los megaproyectos, o a nuevos emprendedores locales. En esta última categoría encajaron los militares.

Construcciones en general

Un ejemplo resaltante de esta permanente reinvención de algunos oficiales, que no tienen problemas en metamorfosearse de mandos de tropa a contratistas del Estado, y de allí a ejecutivos gubernamentales, es el de Frank Herbert Lynch Dávila.

General de la Guardia Nacional –el cuerpo de policía militarizada encargado en Venezuela del resguardo de fronteras, del orden público y la lucha contra el crimen organizado–, Lynch es un hombre de piel morena, delgado, expresión apacible y que, según las fotografías, siempre porta sus lentes de aumento. El pasado 1 de julio tuvo una de sus raras exposiciones a los medios. En el Panteón Nacional, donde reposan los restos del Libertador Simón Bolívar, al norte-centro de Caracas, el presidente Nicolás Maduro oficiaba la ceremonia de ascenso de los oficiales con el primer lugar en su promoción. Según palabras del propio mandatario venezolano, se premiaba “la lealtad y el compromiso” que los uniformados habían demostrado con la patria “y el legado de Hugo Chávez”.

Uno de esos ascensos de la jornada fue, precisamente, el de Frank Herbert Lynch Dávila, quien recibió los dos soles dorados en sus galones que le dan el rango de General de División. Fue apenas el segundo reconocimiento oficial en menos de tres meses. El 17 de abril había sido designado como Presidente de la Corporación Socialista del Cemento, S.A., ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, según se anunciaba en la Gaceta Oficial 41.132.

Fue solo parte de la buena racha que adorna los últimos años del paso de Lynch Dávila en la administración pública. Ha recibido condecoraciones y la jefatura de comandos regionales en los estados de Cojedes y Bolívar (centro-occidente y sureste de Venezuela, respectivamente).

Pero en el terreno de los negocios privados, entre tanto, el alto oficial de la Guardia Nacional formaba parte inadvertida de la junta directiva de un negocio familiar de construcción beneficiado por al menos 31 contratos con el Estado.

Frank Herbert Lynch Dávila es el vicepresidente de Proyectos, Inspecciones, Consultoría y Construcciones Lynch (Proincon Lynch, C.A), una compañía constituida en 1984 en el estado Zulia, según aparecía reflejado en el Registro Nacional de Contratistas hasta esta semana. Pero luego de contactarlo, la información desapareció sospechosamente de los servidores oficiales. La ficha de la empresa, de cualquier modo, quedó guardada para este reportaje, donde consta que comparte junta directiva con familiares como Herbert Lynch Blackman, Carmen Beatriz Lynch Dávila y Herman Herbert Lynch Dávila.

Militares retirados que brindaron sus testimonios para este reportaje señalan que la cercanía de Lynch Dávila con el recién relevado comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides Torres –nuevo Jefe de Gobierno de Caracas–, y su compadrazgo con el actual Ministro de Hábitat y Vivienda, Manuel Quevedo –también oficial de la Guardia Nacional–, lo ha llevado al puesto al que ahora ocupa. “En los primeros años, Frank se comportó como la mayoría de los oficiales pero comenzó a cambiar con los incentivos que fue recibiendo. Él está totalmente entregado a la revolución. A pesar de que tiene una hermana en la MUD de Miami”, comenta el ex oficial de la Guardia Nacional y ex director del Servicio de Inmigración y Extranjería, Marcos Ferreira.

Ferreira se refiere a Catherine B. Lynch Dávila, quien en 2011 formó parte de los integrantes de la Mesa de la Unidad para la Comisión Electoral de Primarias en el Exterior (CEPEX) de Florida, Georgia y las Carolinas, en Estados Unidos.

Negocios familiares

El presidente de Proincon Lynch, C.A, ingeniero Herbert Lynch, es también padre del General de División. Explica por teléfono que la empresa en cuestión es un negocio familiar con muchos años de trayectoria y que ninguno de los contratos recibidos han sido gracias a su hijo. “Frank Lynch Dávila tiene una vicepresidencia como suplente. Decidimos colocarlo en ese cargo luego de la enfermedad de mi esposa en 2007 y así dejarle todo resuelto a mis hijos cuando yo muera. Él no puede hacer nada en la compañía sin mi autorización ni ha recibido un centavo. Menos recibimos contratos gracias a él. Hemos trabajado para todos los gobiernos”, comenta el ingeniero.

Proincon Lynch, C.A, entre 2002 y 2015, realizó al menos trece obras de construcción para el Estado venezolano. Más de 40% de esas obras fueron ya concluidas. Uno de sus clientes fue Odebrecht, el conglomerado de ingeniería civil brasileño envuelto en un escándalo mundial por pagar sobornos a funcionarios públicos de doce países con la finalidad de obtener contratos de obras.

Para Odebrecht, la empresa de la familia Lynch estuvo a cargo en 2008 de la ingeniería para la vialidad integradora El Diluvio - El Palmar, que serviría a un importante sistema de riego al suroeste del lago de Maracaibo, en el estado de Zulia; sistema de riego Estado Zulia; control de calidad de muestras tomadas en la construcción de vías asfaltadas y laboratorio, en 2009; evaluación de pavimento de carreteras para el Proyecto Agrario Socialista Planicie de Maracaibo, en 2011; e ingeniería de detalle de vialidades agrícolas para los equipos de riego, ese mismo año, para el nombrado proyecto.

El Proyecto Agrario Socialista Planicie de Maracaibo se vendió en su momento como la solución para garantizar la soberanía alimentaria en esa región del occidente venezolano. Según el website de Odebrecht, el proyecto fue concebido como un plan de desarrollo integral endógeno, con el objetivo de fomentar la producción de alimentos en el Occidente venezolano y “contiene tierras de labranza, viviendas, cuerpos de agua, infraestructura vial y de servicios, y campo para más crecimiento organizado”.

Poco después de la participación de Proincon Lynch en el proyecto agrícola, este comenzó a languidecer. Ello no afectó los negocios de esta empresa que, por el contrario, siguieron navegando con viento en popa. Mientras Lynch Dávila era coordinador del Dispositivo Bicentenario de Seguridad (Dibise) en el municipio Caroní, en el estado de Bolívar, al sur del país, y luego comandante del destacamento 88 en Puerto Ordaz, la principal ciudad comercial e industrial del mismo estado, su empresa recibió contratos de construcción de apartamentos en la zona. En 2011, la Fundación Misión Hábitat le dio la tarea de hacer 422 viviendas en diferentes comunidades de la parroquia Dalla Costa y luego recibió dos contratos más para realizar obras adicionales a la construcción de dichas viviendas.

Proincon Lynch también tuvo como clientes a la Fundación Cinemateca Nacional en dos entidades, los estados de Anzoátegui y Monagas, en el Oriente de Venezuela; a la Fundación para la Infraestructura Deportiva del Estado de Zulia para la rehabilitación de campos de fútbol; y al Fondo de Inversión Misión Negro Primero S.A. para la construcción de dormitorios, cuadra para tropas y canchas de obstáculos para los efectivos de la Guardia Nacional.

En ocasión de este reportaje se envió una solicitud de entrevista al General de División Lynch Dávila, a su despacho de la presidencia de la Corporación Socialista del Cemento, que no fue atendida.