Es una noticia para celebrar, sobre todo en una zona económicamente deprimida, como lo es la escogida para el emprendimiento: Tolú, Departamento de Sucre, a unos 130 kilómetros al suroeste de Cartagena de Indias.

Lo llamativo de la buena nueva, aplaudida por el gobernador regional, Héctor Olimpo Espinosa, así como por parlamentarios y caciques de los clanes políticos locales, es que quien la porta es un venezolano que viene de participar en un proyecto similar, pero fracasado.

Se llama Carlos Eduardo Santiago DaSilva, accionista de la empresa Neo Aluminio Colombia, que recién en 2021 obtuvo la aprobación de prefactibilidad de su proyectada planta. Abogado venezolano de 41 años, su nombre es conocido en Guayana, asiento de la industria pesada y, en particular, de la del aluminio.

En 2009, durante el arranque todavía incipiente de las inversiones de los fondos binacionales que pactó el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez, Carlos Santiago Da Silva aterrizó en Puerto Ordaz, estado Bolívar, como asesor legal de China Aluminium International Engineering (Chalieco), la empresa asiática que la República contrató por casi 900 millones de dólares para expandir la industria del aluminio.

Pero a 14 años de distancia, se tiene que ni CVG Aluminios del Caroní (Alcasa), ni CVG Venezolana de Aluminio (Venalum), producen o transforman aluminio primario hoy. De esas empresas del estado venezolano, CVG Alcasa es la que, mientras tanto, ha radicado en tribunales una demanda de indemnización por 120 millones de dólares contra Carlos Santiago DaSilva.

¿Qué pasó en estos años para que naufragara el proyecto industrial que prometía la transformación del sector aluminio en Venezuela y que, en cambio, transformó a Carlos Eduardo Santiago Da Silva en un magnate empresarial en Colombia? 

La revisión de documentos oficiales suscritos en el marco del Fondo Chino-Venezolano, una iniciativa en la que Armando.info participó en alianza con el Centro de Investigación Chino-Latinoamericano Fundación Andrés Bello, permite reconstruir buena parte de esa historia.

Juez y parte

Quienes conocen a Carlos Eduardo Santiago Da Silva lo califican como un lobbista que llegó a Guayana por un vínculo familiar tangente con Carlos y Herman Escarrá, los  hermanos abogados -el primero, ya difunto- del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) . En su cronología de LinkedIn, la red social de reclutamiento de profesionales, el propio Santiago relata que su relación, en rol de asesor, con la china Chalieco comenzó en 2009 a través de Corporación Handel, una empresa suya registrada en el estado Miranda el 11 de junio de 2010, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), con una razón social amplia que va desde la importación de equipos quirúrgicos y la consultoría informática, hasta la compra y venta de materia prima de material metálico, no metálico, así como insumos para la industria de hidrocarburos.

Datos obtenidos para Armando.info por el Proyecto de Reportería de la Corrupción y el Crimen Organizado (Occrp, por sus siglas en inglés) concluyen que Carlos Santiago Da Silva registró 16 empresas entre 2009 y 2021 en Venezuela, Colombia, Brasil, Estados Unidos y España. Cinco de estas empresas están dedicadas al sector aluminio, y el resto a ramas diversas que incluyen la venta de autos, construcción y bienes raíces. 

Su perfil se hizo público en Guayana apenas en 2015, en una nota de Crisol, un periódico interno de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), donde aparecía junto a su primo, Vicenzo Bianco, como representantes de Chalieco, aunque Santiago atribuye ese título que el reportaje les concede a una interpretación errónea: “No puede haber representación de una empresa estatal fuera de China que no sea de ellos mismos. Lo que nosotros teníamos con Corporación Handel era una asesoría”, dijo en entrevista con Armando.info.  

Pero, en realidad, durante el período que va de 2009 a 2015, más allá de su rol de asesor de Chalieco, Santiago estaba construyendo una presencia rotunda en el negocio del aluminio. En el intervalo, se convirtió también en contratista del Estado y socio de clientes regulares de la industria del aluminio. La pirueta, que revisada podría desafiar los límites del conflicto de interés, también ayuda a entender el proceso por el que el abogado venezolano se reinventó como un magnate del aluminio, ahora con presencia en Colombia.

Carlos Eduardo Santiago Da Silva pasó de ser un simple asesor externo de Chalieco, empresa china a la que el Estado confiaba la misión de reactivar y expandir el sector del aluminio, a ser parte activa en el mismo sector al que venía a recuperar. Juez y parte, Santiago compró acciones en empresas transformadoras, se asoció con empresarios influyentes del sector que también eran subcontratistas del Fondo Chino, y actuó como ejecutor de uno de los contratos de la inversión china en Alcasa, todo en un período de siete años.

En 2014, por ejemplo, Santiago DaSilva compró acciones en la empresa contratista del Estado, Comercial Técnica Aluminio CTA, una productora de rines para vehículos del grupo Suramericana de Aleaciones (Sural). Tanto Sural como CTA fueron fundadas en 1986 por el empresario venezolano Alfredo Riviere Villamizar, pionero de la transformación de aluminio en Guayana y uno de los mayores compradores de metal de la región, conocido por sus estrechas relaciones con el dos veces expresidente, el fallecido Carlos Andrés Pérez. 

Esa transacción de 2014 la completó a través de Zebila Investments SL, empresa incorporada en España por Rovira Gerard García Gassull como representante, y Amicorp de España como administrador único. Amicorp es una transnacional de servicios financieros, legales y de administración de patrimonios.

Hasta ese año, CTA sólo estaba dedicada a la importación y exportación de piezas fundidas de aleaciones de aluminio, pero luego amplió su cometido a “asesoría en materia de ingeniería y ejecución de proyectos para la recuperación de aluminio de celdas”. En 2017,  Santiago DaSilva, y su hermano, Mervin José Santigo DaSilva, compraron 100% de las acciones y, dos años después, le cambiaron el nombre a Corporación Handel CV SL, un nombre homónimo en España a la registrada antes en Venezuela, con la que había asumido la asesoría con los chinos, pero con un propósito diferente: adquisición, tenencia, disfrute, administración, dirección, gestión, de títulos valores y acciones. 

En 2015, Santiago se asoció como accionista de una empresa con Jesús Vergara Betancourt, un proveedor de materias primas de Alcasa y Venalum, cliente recurrente de aluminio primario a través de las empresas de Vergara Group y subcontratista de las inversiones del Fondo Chino. 

Juntos, a través de sus empresas Commevensa, de Vergara,  y Corporación Handel, de Santiago, crearon el Consorcio Quantum que, de acuerdo con la cláusula primera de su acta constitutiva, tenía por objeto la “compra, venta, exportación, importación, diseño, fabricación, comercialización de equipos para el sector siderúrgico, aluminio e industrial en general”. En Panamá, a su vez, crearon una sociedad espejo.

Vergara no solo era un cliente, trader, sino también proveedor de insumos. En varios de esos roles había ocupado los vacíos dejados por otras empresas que, como las internacionales Glencore o Noble, por años acapararon el mercado local de compra y venta de aluminio.

En 2020, Vergara fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Posteriormente liberado, nunca se dieron a conocer de manera oficial las razones de su arresto.

Además de estas sociedades, Santiago también figuraba como empleado de la empresa Alusur, una contratista de Alcasa, en la que cotizó para el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) hasta 2019, y cuyo principal accionista es su primo, Timoteo Martínez DaSilva. Este último aseguró a la reportera de Armando.info que Alusur prestó servicios a CVG Alcasa en la supervisión de proyectos de Chalieco, la asesorada por Santiago DaSilva, quien, según la misma versión, al aparecer en la nómina de Alusur pretendía ubicarse en una posición que le permitiera cotizar al Seguro Social, de cara a su eventual jubilación. 

Martínez DaSilva dijo, en entrevista para este reportaje, que no recordaba qué tipos de trabajos hicieron en específico a través de Alusur, pero insistió en que se trató de actividades  de supervisión amparadas por un contrato pequeño, de menos de 50.000 dólares. 

A su vez, Martínez DaSilva participaba, con 30% de acciones, como socio de otra empresa junto con su primo: Valcor Comunicaciones, con sede en la Torre Empresarial Atlantis, en el corazón de la ciudad de Puerto Ordaz, en Ciudad Guayana. El edificio se convirtió en una especie de sede de Chalieco en Puerto Ordaz, porque allí Carlos Santiago DaSilva les arrendó un espacio, confirma Timoteo Martínez DaSilva. Por eso, con frecuencia, era común ver allí al entonces presidente de Alcasa, Ángel Marcano, y dirigentes de su fracción sindical. 

Según Martínez DaSilva, rentar las oficinas de Valcor a los chinos era un valor agregado que prestaba Corporación Handel como parte de su servicio de asesoría para Chalieco. “Yo me imagino que Chalieco le pagaba por ser representante y, dentro de eso, estaba tenerle oficinas tanto aquí [Ciudad Guayana] como en Caracas”, declaró. 

Valcor se dio a conocer en 2016 por haber obtenido entonces la administración ad hoc del diario Nueva Prensa de Guayana. En España, la empresa está registrada con el nombre Desarrollo e Inversiones Valcor, SL y, desde 2017, su socio único es Carlos Santiago DaSilva. 

Vidas paralelas

Desde su llegada al poder, el chavismo, a la vez que se empeñaba en copar Pdvsa, también se concentró en controlar las empresas básicas de Guayana. Claro, eran las fuentes primera y segunda de aportes al PIB de Venezuela. 

Bajo la tutela de la CVG, se encuentra un conglomerado de estatales, tanto extractoras y procesadoras, de bauxita, hierro y oro, así como de productoras de materias primas y productos semiterminados a partir del hierro, acero y el aluminio. Si alguna vez constituyeron el núcleo de las promesas de un futuro de progreso para el país, ya entrado el s. XXI, las fábricas daban pérdidas por una mezcla de desinversión y mala gerencia. Era común que los presidentes de las estatales del holding de la CVG pidieran recurrentes auxilios financieros al Ejecutivo Nacional. Entre 2009 y 2011, las empresas del aluminio, en particular, se endeudaron con la transnacional Glencore como prestamista, para tener dinero fresco para las operaciones diarias; para pagar esos desembolsos, comprometieron su producción. En 2013, el presidente Nicolás Maduro debió garantizar que mantendría por dos años las nóminas de las empresas con recursos de Pdvsa. 

En ese contexto de déficit crónico, la inversión de China llegó como un salvavidas, pero así como llovían promesas de lo que se haría con esos recursos, pululaban las disputas por el control político de las inversiones.

Resultaba decisivo, por lo tanto, no solo quién controlaba la presidencia de CVG sino también la de las empresas filiales. En el caso del aluminio, un nombre clave para ello fue el de Ángel Marcano. 

Ángel Bautista Marcano Castillo, quien comenzó como trabajador en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) y pronto pasó a las filas del chavismo con el ascenso de Hugo Chávez al poder, se convirtió en la ficha de Nicolás Maduro en la región. Al frente de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT) se asumió como el brazo político-sindical del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el estado Bolívar.

Con el endoso de Maduro, Marcano, que a la postre resultaría electo gobernador del estado Bolívar en 2021 para el período 2022-26, logró la destitución del entonces presidente de Alcasa,  Elio Sayago, un técnico de base que se opuso a las negociaciones con Chalieco. En 2011, por ejemplo, Sayago había denunciado “precios exorbitantes” en la propuesta presentada por Chalieco para Alcasa.

Durante 40 días, Marcano y su grupo sindical lideraron una huelga en Alcasa exigiendo la destitución de Sayago sin que nadie del gobierno la impidiera, como en cambio sí era usual con grupos sindicales de la oposición.   

Cuando Marcano asumió la presidencia de Alcasa y de la Corporación del Aluminio, entonces los puntos de cuenta del Bandes al Fondo Chino comenzaron a fluir. No solo fue en lo sucesivo presidente de Alcasa, sino también presidente Corporación Nacional del Aluminio (Corpoalum) en mayo de 2013; en 2014 miembro ejecutivo de comité del sector aluminio de la Corporación de Guayana y en 2016, después de haberse desprendido de Alcasa para optar a una curul en la Asamblea Nacional, volvió a la presidencia de CVG Alcasa. En las últimas elecciones regionales de 2021, resultó electo gobernador del estado Bolívar.

Corpoalum desplazó a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y pasó a tener ocho empresas tuteladas (Alcasa, Venalum, Alunasa, Alucasa, Carbonorca, Bauxilum, Serlaca y Rialca), tres de ellas (Alcasa, Venalum y Serlaca) con una inversión del Fondo Conjunto Chino que, oficialmente, sumaba 1.124 millones de dólares.

La parábola de Ángel Marcano en la política coincide con la expansión de los negocios de Carlos Santiago DaSilva en el sector del aluminio. Y probablemente no fue casualidad. 

“Ángel Marcano era el presidente de Alcasa, y después del aluminio. Cada vez que tú tenías que agarrar aluminio, para transformar, o hacer cualquier cosa, pasabas por allí. Pero yo con Ángel, obviamente, como comprenderás… Yo vivo en los Estados Unidos, y yo, por OFAC [Oficina de Control de Activos Extranjeros], no puedo ni comunicarme con cualquiera de ellos. Y la relación que había era… Bueno, tu vida depende de la aprobación de un político”, dice Santiago DaSilva en entrevista telefónica.

La ruptura

El clímax de las relaciones entre Carlos Santiago DaSilva, Alcasa y Chalieco llegó a finales de 2019. Entonces Desarrollo e inversiones Valcor, registrada en España, participó en las operaciones de CVG Alcasa, en proyectos financiados por el Fondo Chino y ejecutados por Chalieco. 

Pero de acuerdo a lo registrado en el expediente Exp. Nº 2019-0214, poco antes de eso, el 1° de octubre de 2019, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) había recibido una demanda de CVG Alcasa contra Desarrollo e Inversiones Valcor S.L. la compañía española de Santiago DaSilva, por incumplimiento de contrato e indemnización de daños y perjuicios contractuales. La acción venía acompañada de una solicitud de medida cautelar de embargo preventivo, que la magistrada Bárbara Gabriela César Siero otorgó.

Se referían al contrato suscrito el 17 de noviembre de 2016, un año antes de que DaSilva adquiriera el total de las acciones de la empresa española, entre el presidente de Alcasa, Ángel Marcano, y Valcor, para el servicio de modificación, acondicionamiento y puesta en marcha del Laminador en Caliente CLESIM COSIM, un área clave para los productos semiterminados del aluminio. Con el contrato, Valcor desplazaba en la provisión de ese servicio a la alemana Achenbach Buschhütten GMBH & CO KG, (AB).

Inicialmente — dice la exposición de motivos de la demanda— se había resuelto autorizar la suscripción del contrato comercial entre Alcasa, Chalieco y el contratista alemán, pero luego, sin que el documento de demanda explique las razones, Alcasa se reunió con los dueños de Valcor porque esta “tenía la posibilidad, experiencia en trabajos y suministros”.

A pesar de esa afirmación, la verdad era que el objeto social que Valcor asentó en el registro mercantil de España no la conectaba con esa área industrial, sino que, según reza en el documento de constitución de 2014, se dedicaría a “la adquisición, venta o disposición por cualquier título, tenencia, disfrute, administración, dirección, gestión de títulos valores y/o acciones representativos de los fondos propios de sociedades, entre otros”.

Aun así, el 7 de diciembre de 2016, Marcano firmó la autorización para contratar con la empresa Desarrollos e Inversiones Valcor S.L. por un monto de algo más de 12,26 millones de dólares. Seguros La Occidental, del empresario Víctor Vargas, sirvió de fiadora solidaria y principal pagadora de Desarrollo e Inversiones Valcor.

De acuerdo al relato de su consultoría jurídica, en 2017 Alcasa emitió órdenes a Chalieco para que hiciera un primer y segundo pagos al proyecto, lo que en suma correspondía a 80% del precio contractual. “Una vez que se hizo efectivo el segundo pago, la empresa [Valcor] decidió no continuar con los trabajos”. 

Como resultado, el 21 de enero de 2020, la presidenta de la Sala Político-Administrativa del TSJ, María Carolina Ameliach Villarroel, declaró procedente una  medida cautelar de embargo preventivo por más de 104 millones de dólares. La demanda de Alcasa recae, desde el 4 de marzo de 2020, sobre Seguros La Occidental, fiadora del contrato.

Aunque Santiago DaSilva dice que salió del país en 2017, su primo, Timoteo Martínez DaSilva, sostiene que fue en 2019, y que desde entonces sus relaciones se rompieron. “El proyecto del periódico [Nueva Prensa de Guayana] quedó a medias y, de verdad, a mí me ha dejado bastantes cargas allí en el momento de su partida”, dijo.

Santiago habla

Por su parte, desde el extranjero, Carlos Santiago DaSilva accedió a hablar por teléfono para esta historia. Asegura que mucho de los negocios en los incurrió resultaron mal por “tonto” y que, a pesar del desenlace de su participación en Alcasa y Venalum como asesor de Chalieco, tiene la conciencia tranquila. Quiere dejar ese período atrás porque dice que no lo define, pero afirma que lo que ocurría con las inversiones era un “esquema putrefacto” del que decidió salir al darse cuenta. “Yo no estoy avergonzado de lo que hice, ni estoy orgulloso, ni estoy feliz ni triste, simplemente es lo que es”, dice.

Lo primero en lo que insiste es que su asociación con la empresa Quantum, de Jesús Vergara, fue una “desgracia” de la que pidió salir a la primera oportunidad que tuvo (aunque, según los expedientes de la empresa en el registro de Panamá, fue destituido en 2019). Afirma también que aceptó la sociedad porque “supuestamente, si nosotros podíamos conseguir materia prima en China, por relaciones que había con Chalieco, se podía poner materia prima en las celdas. Las celdas se podían recuperar, y Jesús [Vergara] controlaba entre comillas Venalum, y ese aluminio se podía transformar. Y con esos cantos de sirena yo le dije: ‘Okay, dale, vamos a recuperar esa empresa’”. 

Sin embargo,remacha, al mes le pidió salir de la empresa al darse cuenta de lo que llama “marramucias”. “No tuve una sola reunión con Quantum. No hay un acta donde pueda constar que yo estuve en una reunión y hasta metieron a mi primo, Vicenzo Bianco. Fue una desgracia en mi vida esa empresa”.

Sobre otro de sus negocios, Desarrollo e Inversiones Valcor — que resultó demandada por Alcasa— sostiene que la aceptó porque era una oferta que también “sonaba bien”, pero que, como descubriría, en realidad se trataba de un contrato que, en la práctica, tenía otro objeto: obtener bolívares del diferencial cambiario con transformadores locales, de lo cual señala directamente a la empresa Protécnica. “Cuando me doy cuenta de eso, automáticamente ya me salgo, ¿no?”, subraya. “Me vi envuelto en un objeto de empresa que yo no estaba buscando, la verdad”. 

La consecuencia de ese esquema es que, señala, no hubo “fondo [chino] porque se están destinando por otro esquema a financiar nómina, pues bueno, no hay fondo pues, te los tumban”.

Según Santiago DaSilva, el mecanismo de dólares en el mercado negro para obtener bolívares era simple. “Hay transformadores [de aluminio] reales e irreales. Tienes los transformadores tradicionales, los que de verdad usaban metal, y los nuevos, o los de paquete o los de maletín. Entonces, a partir de todo el contrato del esquema chino, la subcontratista, parte de las empresas que trabajaban para Chalieco, que son los de Protécnica, Terra, ellos reciben los dólares, hacen parte del trabajo, triangulan con algunos transformadores que existen, otros que no existen, y así se va pagando nómina y pagando de todo”. 

Se refiere a la empresa Estudios de Ingeniería Protécnica, una empresa registrada en la década de los 80, que ejecutó también los proyectos de mayor envergadura del Fondo Chino, tanto de Alcasa como Venalum y que, a su vez, subcontrató con Jesús Vergara para la ejecución de la inversión asiática. Su fundador y principal accionista desde 1982 es el venezolano Salvador José Barbera Sansone, nombrado por Finlandia como cónsul honorario el 28 de junio de 2010 para los estados Bolívar, Sucre, Monagas y Delta Amacuro, y quien no respondió a una solicitud de entrevista para este reportaje. 

Santiago DaSilva se aferra a su versión de que todos esos mecanismos eran entonces desconocidos por él, y que cuando se entera de ellos, empieza a cortar relaciones. “Eso es un esquema que obviamente involucra aluminio y dólares del Fondo Chino. Tú puedes ver las estructuras allí. Yo no tengo ninguna estructura que se asemeje a esto. Me ofrecieron esa vaina de Valcor para mi desgracia, porque lo que hizo fue arruinarme, igual que la otra cuestión que me ofrecieron de Quantum. Nunca fui a una reunión y también me trajo cola a eso, por tonto, porque la verdad que uno se mete en eso por tonto”.

Los dos pagos que Alcasa sostiene que le hizo, DaSilva sostiene que nunca le llegaron. “Allí solamente se ejecutó el anticipo. (…) Creo que eran tres millones y algo, si mal no recuerdo. Y ya. Lo demás fue retenido en el Fondo Chino, no se ejecutó, y después ya de allí no supe qué pasó”.

A pesar de lo que él llama “experiencias”, y solo un período de su vida, DaSilva se considera un emprendedor exitoso. Y apalanca ese éxito en el desempeño de otras empresas que lidera: Neo Rodas SA (2016); Neo Steel (2020), algunas de ellas con sede en Colombia, y en 2016 Neo Group LLC Aluminio Colombia: GALTCO (Green Aluminum Transformation for Colombia), la empresa con la que ahora promete crear la Ciudadela del Aluminio.

Ni Protécnica, ni Quantum, ni el entonces presidente de Alcasa, ahora gobernador de Bolívar, Ángel Marcano, respondieron a solicitudes de información sobre este caso.

Segundo aire

Mientras los proyectos en Venezuela se apagaban, y tras la salida de Carlos Eduardo Santiago DaSilva de Venezuela, comenzaron sus apariciones en redes sociales. En 2020, DaSilva comenzó a publicitar Galtco, el proyecto de aluminio que ahora pretenden crear en Colombia, a partir de conversaciones que calificó como “muy productivas” entre ProColombia, una agencia gubernamental del gobierno colombiano para promover las exportaciones e inversiones, y Neo Group. 

A pesar de sus inversiones en Argentina, realmente sus aspiraciones recientes están concentradas en Colombia, a juzgar por la publicidad del proyecto Galtco. Jesús Imery, expresidente de Bauxilum, y exgerente de CVG Venalum, ahora es parte del proyecto Neo Colombia como Senior Aluminum Advisor. A finales de 2020, publicó un artículo en el mostraba las ventajas comparativas de Colombia, que titulaba: Colombia, el chico nuevo en el bloque de los países productores de aluminio. 

La senadora colombiana Karina Espinosa es una de las aliadas de este proyecto, pero el gran promotor es el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, del Partido Liberal, a quien en noviembre de 2022 la Procuraduría General de Colombia le abrió una investigación por presuntas irregularidades en el desarrollo del un proyecto de mejoramiento de la vía Berrugas - San Onofre y Ramal – El Rincón del Mar, en el municipio de San Onofre, reseñó el diario El Heraldo de Colombia. La apertura de la investigación coincide con los últimos tuits de Carlos Santiago y Galtco, entre noviembre y diciembre de 2022.

“Realizamos productivo encuentro entre bancada de parlamentarios de Sucre y representantes de la firma @galtco para socializar megaproyecto con el que se construirá la fábrica de aluminio más grande del país en Tolú”, publicó Olimpo el 17 de noviembre de 2022. Desde entonces, y al menos públicamente, no se ha vuelto a saber nada más de la buena nueva.  

Este ingeniero electrónico e informático de verbo muy pausado repite la palabra "Dios" en cada frase, no como muletilla sino como expresión constante de su credo. La suya es una historia que comenzó hace más de 30 años con tiendas de computadoras en Puerto Ordaz y una farmacia de vecindario que en menos de 20 días de fundada cambió el nombre de Gran Sabana a Farmacia Lala. Con ella entró en la lista de contratistas de CVG Venalum, una de las reductoras de aluminio más grandes y, alguna vez, productivas de Venezuela. Para esa empresa, Farmacia Lala sirvió de proveedora de las medicinas que el Estado entregaba a los trabajadores y como un inesperado portaaviones, pues Vergara pasó de proveedor de medicinas a empresario del aluminio en pleno apogeo de los precios del metal compuesto. De allí al estrellato.

Vergara representa ahora un emporio donde, desde 2006, hay más de 30 sociedades registradas y una fortuna que creció sobre varios baches en una historia donde mucho sale pero nada entra. Nadie sabe qué produce Vergara en esas decenas de empresas en las que figura como accionista mayoritario y como socio de algunos nombres directamente relacionados con el chavismo. “Son sueños”, asegura él mismo, sentado en un mueble de la sede de la Fundación, mientras toma café y escucha temas evangelizadores del cantante Marcos Witt.

En cambio, la publicidad de su emporio se concentra en la Fundación Lala y en el Centro Pediátrico Lala, los espacios de filantropía que le han ganado su mejor fama, sobre todo el último, un edificio colorido de baldosas pulidas, clima gélido y equipos médicos de primer nivel que contrasta con el endeble sistema de salud pública de Ciudad Guayana. Además de este centro, Lala cuenta con una academia deportiva, una orquesta sinfónica infantil y un equipo de fútbol de primera división, Asociación Civil Lala Fútbol Club.

Un despegue con suerte

Su vida empresarial comienza en Reservi, el negocio de su padre en Ciudad Bolívar, la capital del estado homónimo, el más extenso del país, rico en minas. Luego, al independizarse, tuvo tiendas de computadoras en Puerto Ordaz hasta que en 1994 fundó la Farmacia Lala, un negocio cuyo trazado es lineal y modesto hasta 2005, cuando, con Freddy José García Gutiérrez, Vergara registró la empresa Alumisur con el objeto social de comercializar todo tipo de metales y aleaciones. Un año después, él y su socio cambiaron el nombre de la empresa por SMS Casting de Venezuela para “suscribirse en el programa de Empresas de Producción Social de la Corporación Venezolana de Guayana”. Desde 2006 hasta ahora, Vergara cotiza en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) con esa empresa.

Con esa incursión en el negocio de los metales llegó al convulso 2007, en un contexto político marcado por el cierre de la estación Radio Caracas Televisión -orden expresa del entonces presidente Hugo Chávez- pero, en lo productivo, también por ser uno de los mejores años para la industria del aluminio.

Él mismo recuerda que al mundo del aluminio llegó como tender. Y explica que esa figura consiste en alguien que puja en “un proceso licitatorio del excedente de producción que las empresas ponen en oferta en una subasta. Fue como en 2003, 2004. Las trasnacionales como Glencore o Noble o JB Commodities me hicieron una guerra mediática porque yo era el mejor postor”.

Entre 2005 y 2008 los precios del metal saltaron de 1.700 dólares por tonelada métrica hasta 3.000 dólares, un incremento de casi 100% en su pico más alto, lo que lo convirtió en un nicho lucrativo en sí mismo, pero amplificado por el diferencial que generaba el control cambiario, con enormes brechas entre las tasas de cambio más favorables, accesibles solo a través del Estado mediante los mecanismos oficiales de la Comisión para la Administración de Divisas (Cadivi) o por contactos informales, o la tasa real del mercado paralelo.

En mayo de 2007, justo cuando esa práctica de reventa de divisas comenzó a entrar en apogeo, se multiplicaron los folios de Vergara en el Registro Mercantil de Puerto Ordaz -la sección occidental de Ciudad Guayana- . El cúmulo de carpetas contenía ahora la documentación de Vergara Group Metals (VGM), empresa que, en el papel, apuntaba a la transformación de aluminio.

En septiembre, en el Registro Inmobiliario del municipio Caroní, Vergara y su esposa, Marisol Londoño, junto con Francisco Hamilton y Vanessa Hamilton, registraron Fundación Lala para atender menores y ancianos “en situación de minusvalía”. Aunque sin fines de lucro, en algún momento entre el año de su constitución y 2011 la Fundación Lala Internacional recibió de la extinta Cadivi 711.520 dólares (a una tasa oficial de 4,30 bolívares fuertes por dólar, vigente después de la reconversión monetaria de 2008).

“Fundación Lala nace para seguir con el legado de nuestra amada abuela (una enfermera a la que sus nietos llamaban Lala), cuya calidad humana y amor por el prójimo fue (sic) ejemplo para todos nosotros, quienes junto a nuestra madre, asimilamos esas enseñanzas. La idea es hacerlo desde el corazón manteniendo las raíces de la humildad”, explicaba su hermana en una entrevista.

Un commoditie en ascenso

Para que sus negocios crecieran exponencialmente Vergara Betancourt estuvo en el momento y lugar adecuados y tuvo quien le echara una mano… y hasta dos. Uno de ellos fue su primo hermano Ramón Betancourt, un ingeniero especialista en adecuación de plantas de carbón que provenía de la también reductora Venalum, que en abril de 2005 fue nombrado integrante del equipo gerencial de CVG Alcasa (empresa estatal fundada en 1967 y alguna vez la productora de aluminio más importante de Venezuela).

La consanguinidad entre primos no fue el único lazo que los unió: en 2017, Betancourt (militante del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, fallecido en un accidente) figuraría como socio de Vergara en V Ingeniería, empresa con sede en el Centro Empresarial Autana, en Puerto Ordaz, dedicada a la “planificación y redacción de proyectos”. 

La otra mano que ayudó a Vergara fue la de un hombre de apellidos conocidos. Se trata de Isaías Suárez Chourio, un ingeniero de larga carrera en las empresas básicas de Guayana, presidente de Venalum entre 2005 y 2009, y hermano de Jesús Suárez Chourio, uno de los militares más cercanos al entonces presidente Hugo Chávez y hoy jefe del Estado Mayor de la Comandancia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Una antigua empleada de la Gerencia de Comercialización de Venalum, que pidió el anonimato para este reportaje, confirma que Isaías Suárez Chourio fue quien abrió la puerta de Venalum a Vergara. “La entrada de los clientes se negocia a través de directores y presidentes de las empresas, y uno se daba cuenta de que los directores favorecían a ciertos grupos”, comenta.

Ese fue el apogeo para que en mayo de 2007 y en sociedad con su padre, Carlos Julio Vergara Eljach, constituyera Vergara Group Metals (VGM) con un capital de 500 millones de bolívares divididos en dos partes iguales: 250 millones que aportó el padre y 250 millones que aportó el hijo (121.951,22 dólares, de acuerdo con la tasa de cambio paralela de entonces: 4.100 bolívares por dólar).

Ese mismo año, en Panamá (uno de los destinos favoritos de las divisas preferenciales de Cadivi), Vergara fundó, con un capital de 10.000 dólares, V. Aluminium Group, tal y como está asentado en el folio 575844 del Registro Público de ese país.

El entramado plateado

El telón de fondo para incursionar en el negocio del aluminio fue la Gaceta Oficial 38.307, del 4 de noviembre de 2005, mediante la cual se acordó en Caracas, con la conjunción del Ministerio de Industrias Básicas y Minería (Mibam), CVG Venalum y CVG Alcasa, asegurar materias primas a varias empresas nacionales para que el aluminio se transformara en Venezuela. El trato apuntaba que los precios “serán iguales o superiores a los acordados por Venalum y Alcasa con cualquiera de sus clientes de exportación”. El objetivo era que estas empresas destinaran “su producción a la satisfacción del mercado nacional”.

¿Por qué? “Los industriales siempre se quejaron de la desventaja que sufrían en materia de mala calidad del suministro de insumos básicos (las mejores calidades se exportaban) y de despachos mínimos desmesurados en comparación con su capacidad instalada, lo que los obligaba a caer en manos de intermediarios y sin las facilidades de financiamiento que sí se les daba a los clientes extranjeros”, recuerda el exministro de Industrias Básicas y Minería, Víctor Álvarez, quien estuvo en esa cartera entre 2005 y 2006.

Además de eso, y sondeando el contexto de entonces, lo mejor que le podía suceder a cualquier venezolano era que el Banco Central de Venezuela (BCV) le vendiera un dólar al precio de las tasas oficiales de Cadivi. Sencillamente porque una vez recibido, podía voltearse y venderlo en el mercado paralelo por cuatro, seis o hasta diez veces su valor. “Por eso, cualquier operación de importación o exportación convirtió a los bienes o commodities solamente como ‘vehículos’ para transar esos dólares”, recuerda una fuente del sector.

Víctor Álvarez sintetiza que con Cadivi “vino la degeneración, los incentivos perversos para la corrupción al amparo de la orgía rentística, el desmadre. Recuerde que yo salí del gobierno en agosto de 2006”.

VGM fue una de las empresas favorecidas por la resolución 38307 y se convirtió en receptora de aluminio primario. La resolución fue cuestionada entonces hasta por dirigentes del chavismo, como el ahora constituyentista José Gil. “Este decreto se convirtió en una estafa para la nación, porque ninguna de las empresas que se describen como procesadoras de aluminio tienen la capacidad de hacerlo”, enfatizaba en marzo de 2009.

Muchas empresas se constituyeron entonces en fachadas a la caza de dólares preferenciales a través de lo que se conoció en Guayana como “cupos del aluminio”. Una investigación que inició el Ministerio Público en 2007 a las empresas transformadoras arrojó resultados tímidos con la incautación de 2.063 toneladas de aluminio de Venalum y Alcasa que saldrían por contrabando del puerto estatal de Palúa, en San Félix -la sección de Ciudad Guayana al este del río Caroní-, además de la promesa de investigar a diez empresas -cuyos nombres jamás se revelaron- involucradas en la reventa del aluminio, entonces prohibida, así como la evasión de reporte al BCV.

El mismo Chávez denunció en marzo de 2009 que estos grupos “son verdaderas mafias” y prometió investigar y sancionar. El resultado de aquel anuncio fue ambivalente: fiscalizaciones muy severas para algunos, que debían reportar al BCV hasta el 70% de sus ingresos por exportaciones, y cancha libre para otros, que pasaron agachados por las alcabalas impuestas por el chavismo.

Esa contraloría fue casi una misión imposible, recuerda un vicepresidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), el ente estatal encargado desde los años 60 de promover y direccionar el desarrollo de la región al sur del río Orinoco: “Lamentablemente, desde hace muchos años, a veces no había respuesta para que nos entregaran los programas anuales de comercialización o los planes de venta. Era una información que uno no tenía cómo manejar”.

Vergara actuaba a través de tres de sus empresas: VGM, Alumiservice y V Aluminium. Así como en su momento hizo el representante de Glencore en Venezuela, Roberto Wellisch, Vergara tenía varias empresas registradas como clientes en lista para recibir el metal. Una de esas empresas, Consorcio Alumiservice, figura en los planes de venta de aluminio primario y de lingotes tanto de Venalum como de Alcasa.

Consorcio Alumiservice fue creada en 2007 entre VGM y Jaotol, esta última una empresa fundada en 1989 con base en el estado Carabobo -entidad de la industria liviana en el centro norte de Venezuela- y de la que Vergara era una suerte de apoderado desde principios de la década de 2000. El objetivo del consorcio fue ejecutar, frente a Alcasa y a Venalum, la compra de aluminio para su transformación y posterior venta. Y en efecto, en la base de datos de importaciones y exportaciones internacionales Import Genius se puede confirmar que Jaotol exportó en 2009, 2015 y 2019 aleaciones de aluminio y figuró como una de las beneficiarias de Cadivi con 92.863 dólares liquidados.

Exprimiendo la crisis

El otro gran momento de Vergara fue consecuencia de los rigores ideológicos de Hugo Chávez entre 2006 y 2008. En ese lapso, los presidentes de las empresas tenían la prohibición de comerciar con “países capitalistas” como Estados Unidos y México.

Un informe de 2006 del Sindicato Único de Trabajadores y Profesionales de la Industria del Aluminio (Sutrapuval) detalla que por esa decisión del Ejecutivo y de la directiva de la empresa, Venalum dejó de recibir 100 millones de dólares. No había posibilidad de que las empresas estatales exportaran aluminio primario, por lo que las privadas, como las de Vergara, tuvieron entonces la pista libre para comprar y revender.

Entre 2007 y 2008, Jesús Vergara ofreció a clientes internacionales a través de su oficina en Panamá el aluminio primario de Venalum y de Alcasa a 2.550 dólares la tonelada métrica, en un momento en el que la cotización del aluminio en la bolsa London Metal Exchange era de 2.445 dólares por tonelada métrica.

Unos de esos clientes eran Quimera Metals y JB Commodities AG (una de las que, según lo que lamenta, le declaró la guerra), que entonces compartía acciones con Glencore, la trasnacional de materia prima que figura entre las más poderosas del mundo, y a través de la cual también se había monopolizado el suministro de materias primas y la venta y el transporte del metal.

De esta empresa, entre cuyos dueños figuraban Rodrigo González Piazza, yerno del entonces gobernador de Bolívar y connotado dirigente del chavismo, Francisco Rangel Gómez, V Aluminium recibió al menos 15,6 millones de dólares. En un correo electrónico del 13 de marzo de 2008, Vergara plantea a González Piazza concretar un negocio “por la alianza y amistad que hemos hecho y de verdad tenemos mejores propuestas que las tuyas hasta ahora”.

El propio Vergara explicaba en el correo: “Nuestra propuesta para esta nueva negociación (es) material de Venalum (vendido por) LME (precio del London Metal Exchange) con un mínimo de veinte dólares de prima, y material de Alcasa con el LME sin ninguna prima”.

Eso significa que Vergara vendió a clientes internacionales aluminio primario de Venalum y de Alcasa, contraviniendo lo establecido en la Gaceta Oficial y  favorecido por el tráfico de influencias encabezada por el exgobernador chavista Rangel Gómez, quien debido a ello fue denunciado en 2013 por diputados de oposición (los correos electrónicos de este reportaje son parte de las pruebas consignadas en aquel entonces). Su caso quedó en el aparente olvido por el despacho de la entonces Fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, hoy exiliada en Colombia.

El 3 de junio de 2008, René Vicente Toro, otro de los socios de Vergara, escribió a González Piazza para recordar que, además del pago de los 15,6 millones de  dólares, estaban pendientes otros 4,075 millones de dólares para cancelar la totalidad de 19,71 millones de dólares comprometida. El dinero debía depositarse en el banco JP Morgan Chase, con sede en Nueva York, a la cuenta de V Aluminium Group. A modo de recordatorio, Toro insistía: “Es importante que se realice cuanto antes la transferencia por el monto pendiente, recuerda que esos recursos son utilizados para poder cumplir con el resto de los despachos”.

Pero acerca de V Aluminum Group hay otra pieza que no encaja: su ubicación. Los registros detallan que la oficina principal tiene sede en el piso 2 de la torre Advanced, calle Ricardo Arias, de Ciudad de Panamá. Pero en ese piso solo hay bufetes de abogados y en la administración del edificio jamás han escuchado hablar acerca de esa empresa.

La puerta giratoria

La emergencia eléctrica que se generó en Venezuela a finales de 2009 entre la sequía y el pésimo estado del tendido energético venezolano impulsaron al presidente Hugo Chávez a tomar una decisión devastadora, “apagar” dos líneas de producción de aluminio en CVG Venalum. La decisión se pagó con creces y Venalum no logró recuperarse desde entonces a la fecha. De 422.000 toneladas producidas en 2009, cayó a 266.000 en 2012.

La deficiente condición de Venalum y la progresiva disminución de la producción de Alcasa pusieron en bandeja de plata la necesidad de importar 60.000 toneladas de aluminio primario para cumplir con los compromisos locales a finales de 2010.

Siete empresas estaban en lista para la importación de aluminio. Dos de ellas, al menos, eran de Jesús Vergara: Sidutrade, con sede en Curazao, y Veraloum Group. De acuerdo con el registro de compras interno de la empresa, el aluminio se cotizó con primas de 891 y 674 dólares por encima del precio del mercado internacional (LME) para 2012.

En agosto de 2011 esta idea se asumió también en unos contratos de inversión suscritos con tres clientes nacionales: VG Group, Alumiservice (ambas de Vergara) y The Company Metals. El objetivo era que estas empresas aportaran 30 millones de dólares para la incorporación de celdas (una suerte de hornos industriales), y a cambio se les pagaría con el aluminio que resultara tras el arranque de la producción y la transformación del metal foráneo. “Tú apadrinabas la celda y mes a mes te pagaban lo que esa celda producía”, explica Vergara Betancourt.

Con los contratos con clientes nacionales se podría “importar aluminio y darle valor agregado en nuestras instalaciones. Eso nos va a permitir un ingreso para ir anillando el flujo de caja y resolviendo cualquier situación puntual de materia prima”, señaló Elio Sayago, expresidente de Alcasa, el 1 de agosto de 2011.

Sin embargo, de acuerdo con los datos de comercio exterior del Instituto Nacional de Estadística (INE), Venezuela solo importó de Estados Unidos y Brasil 6.941 toneladas de metal, lejos de las 60.000 anunciadas. ¿Y a dónde fue a parar el aluminio que el Gobierno importó? Ni en el gobierno de Chávez ni en el régimen de su sucesor, Nicolás Maduro, ha habido respuestas al respecto.

El discurso oficial y los datos del INE contrastan además con el SAP (sistema de verificación de compras) de Alcasa, que señala que recibió 71.000 toneladas de aluminio entre 2011 y 2013 de las 120 mil toneladas solicitadas a seis empresas, 20 mil de ellas a Veraloum Group, una de las empresas de Vergara Group. “Algo de ese aluminio llegó, pero por otra puerta salió”, asegura un exgerente de Alcasa.

Con todos los hierros

El aluminio no contuvo las ambiciones del empresario Vergara, cuyo alcance también llegó al mercado del mineral de hierro, también extraído en la región. Varias de sus empresas pasaron por debajo de la mesa en 2013, cuando Nicolás Maduro, a pocos meses de su cuestionada elección, decidió investigar lo que llamó la “mafia del hierro”. Pese a la corrupción que de manera literal corroía a la estatal Ferrominera, Vergara no dudó en participar como trader, pues “uno no puede poner la semilla que Dios le dio en otro lado. Por eso estoy aquí. Yo me he dedicado a ayudar a la gente. Aunque no siempre te va bien: de los diez leprosos que sanó Jesús, solo uno le agradeció”.

Pero en 2009 Vergara sí había padecido un trago amargo cuando el director de logística de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), Luis Velásquez, inspeccionó, junto al entonces presidente de la CVG, Rodolfo Sanz, los patios de VGM.

El 16 de mayo de 2009 quedó asentado en un tribunal que en los patios de la empresa de aluminio se encontraron 2.494 cabillas de una pulgada, compradas a la sociedad mercantil Inversiones Marce, C.A. El material fue retenido y ese mismo año rechazado un amparo constitucional que buscaba resarcir los daños contra Vergara Group.

Dos años más tarde, Velásquez fue detenido por la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), acusado de corrupción. También hubo investigaciones cuyos resultados develaron, en 2013, una amplia red de extorsión, comandada por el coronel Juan Carlos Álvarez Dionisi, apodado El Tiburón, y que terminó con su encarcelación, junto a tres empresarios de Guayana, entre ellos Yamal Mustafá, director del diario Primicia, y Radwan Sabbagh, presidente de Ferrominera del Orinoco.

Vergara Group Metals salió ilesa del trance de las cabillas y de la investigación por contrabando y malversación en Ferrominera, estatal en la que Sidutrade fungía como trader (intermediario) en la comercialización del mineral de hierro. También Commvensa, una empresa que Vergara Betancourt registró en 2011 como único accionista, con el objeto de comprar, vender y transformar minerales. Tan ilesa resultó que en 2015 registró su filial en Panamá, donde muchas de sus empresas tienen asentamiento mercantil.

Una de ellas es Consorcio Quantum, S.A., dedicada a la comercialización de metales. El socio de Vergara en esta empresa es Carlos Eduardo Santiago da Silva (“es mi amigo”, confirma), desde entonces nombre clave no solo en el área de metales, sino también en ramas tan dispares como los motores y las turbinas (con la Corporación Handel, registrada en 2010) y las comunicaciones (mediante Valcor, registrada en Barcelona, España, en 2014). Carlos Eduardo Santiago da Silva también se ha dedicado a la militancia política activa y de carné en el PSUV, del que todavía forma parte.

En 2013, Santiago da Silva y Vicenzo Bianco da Silva se presentaban en CVG Venalum como representantes en Venezuela de la empresa asiática Chalieco, un equivalente más pequeño de Glencore. Ambos eran socios de Vergara según los documentos constitutivos del Consorcio Quantum en Venezuela, inscritos en el Registro Nacional de Contratistas y en cuestión de meses, al ser rescindidos los contratos con Glencore, Chalieco y Vergara pasaron a ocupar el vacío que dejó en el mercado la transnacional de origen suizo.

Tan pronto comenzó a fallar la producción de alúmina (materia prima para la reducción del aluminio), Vergara se convirtió en el proveedor de este insumo a cambio de más metal. En un reporte diario de tráfico de CVG Venalum de 2018, de 11 despachos, 10 iban dirigidos a V Aluminium Group.

Fue el momento en el que el Gobierno afianzaba sus relaciones con Chalieco y Chinalco como parte del proyecto de recuperación de la industria financiado por el Fondo Conjunto Chino-Venezolano, y para el que se comprometieron más de 1000 millones de dólares por pagar con materias primas, entre ellas aluminio.

En 2020, el contrato con Chalieco sigue abierto y no hay rastros de esas inversiones en Venalum.

Una expansión multifacética

En 2016, Vergara quiso ampliar su margen de maniobra con el intento de administrar el diario Nueva Prensa de Guayana, a través de Desarrollo e Inversiones Valcor, SL, una empresa registrada en Barcelona, España, y cuyo cargo como administrador lo tomó en enero de 2017, según la información financiera disponible en la web.

El dueño del periódico, el peruano Rubén Gamarra, murió envenenado en noviembre de 2008. Su esposa, la abogada Jealousie Fondacci, fue acusada y apresada por el homicidio.

Entre 2008 y 2016, el periódico estuvo intervenido por una junta ad hoc. En 2016 se incorporaron nuevos administradores cuando Valcor se presentó como inversionista. Pero Foundacci, ya liberada, recuperó el control de la empresa en 2018 y la intención de Vergara y sus socios se diluyó.

Aunque no ha concretado la ambición de regir un periódico, Vergara Betancourt mantiene el esquema de registrar empresas y de ampliar sus sociedades sin que ello se traduzca en producción. Como recalca a ratos en la entrevista, “son sueños”.

El abanico de las empresas no es discriminante. Entre 2011 y  2017 ha registrado no menos de 25, desde una hotelera sin sede hasta una fábrica de juguetes de la que no se conoce ningún juguete, pasando por una chocoletería cuyos productos nadie ha visto.

La productividad de todas estas empresas es ahora un secreto encajonado en las oficinas de un emporio que creció a la sazón del aluminio preferencial, de ciertos padrinos en la era del chavismo y de una sagacidad para mantenerse a la sombra. Vergara insiste en que hasta hace un par de años sus empresas transformaban el aluminio que recibían, pero a raíz de la debacle industrial de Guayana, los momentos duros se le han multiplicado.

“Yo veo varias veces al mes (la película) La lista de Schindler. ¿Por qué lo hago? Porque no estamos en un país normal y Dios me ha puesto a hablar con mucha gente y debo mantenerme de pie para no dejar caer a tantos. No puedo poner excusas a Dios”, dice, ataviado con una franela y en el mismo tono lineal que nunca pierde.

Y remata: “De mí se ha dicho de todo: narco, socio de personeros del Gobierno. ¿Qué no se ha dicho?  Pero aquí estoy, donde siempre he estado. Esas puertas están abiertas para mis amigos y mis enemigos”. Mientras tanto, no son pocos los que se preguntan cómo sobreviven sus empresas en medio de la debacle de la industria del aluminio en Guayana.

Ese bajo perfil tendría su fin. Su nombre salió a relucir en los expedientes del escándalo de corrupción en Ferrominera que en 2013 llevó a la cárcel al expresidente de la empresa, Radwan Sabbagh, y a otros personeros. Tras la defenestración de la directiva civil de Ferrominera, por ese escándalo, y su sustitución actual por un tren de altos oficiales militares, Tyrone Serrao perdió el rol de intermediario privilegiado que había conquistado para sí con la compañía estatal. Así que entonces, en un raro giro del destino, pasó a demandar al Estado venezolano en una causa que se dirime en tribunales nacionales e internacionales y en las que, hasta ahora, Venezuela lleva todas las de perder.

La metamorfosis de Serrao, de socio a contendor de la empresa estatal, se inicia en 2005. Aunque para entonces ya tenía una considerable experiencia como trader de materias primas y de insumos para la industria pesada de Guayana, fue con la administración en Ferrominera de César Augusto Bertani Fratini -que transcurrió de noviembre de 2001 a marzo de 2007- que comenzó su edad dorada.

Bertani, un ingeniero salido del seno de la industria con 25 años de experiencia, es contemporáneo de Serrao. Aquel le dio a este una entrada sin cortapisas al catálogo de productos de Ferrominera. Serrao aprovechó la oportunidad, en especial, a través de una empresa que incorporó en junio de 2005 en las Islas Vírgenes Británicas, un reconocido paraíso fiscal, bajo el nombre de Commodities and Mineral Enterprise Ltd (CME).

Ya en el año 2000 Serrao había hecho su primera visita a China y obtenido allí, según cuenta en su biografía (disponible en serraofamily.com), su primer cliente: Taiyuan Iron & Steel (TISCO), lo que le permitió abrir el mercado asiático a Venezuela, principalmente para la venta de mineral de hierro.

Esa proeza, y su posterior conexión con Ferrominera, coincidieron con dos tendencias que resultaron de manera casi instantánea favorables para sus planes de negocio: una, la creciente aproximación del comandante Hugo Chávez a China, que desembocaría en una relación estratégica de socios entre Caracas y Beijing; y la segunda, el auge de los precios del hierro, impulsado por la voracidad de la misma China, que escalaron desde 16 dólares por tonelada en 2000, a 125 dólares por tonelada en 2009.

Ya en 2008, CME era el mayor intermediario de ventas para Ferrominera. Todos los hados le sonreían a Tyrone Serrao.

Diversos testimonios prestados ante la Fiscalía Cuarta en Materia de Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales de la Circunscripción Judicial del estado de Bolívar (sureste de Venezuela) dan fe de la ascendencia que, para entonces, tenía Serrao en la comercialización del hierro.

Cuando una delegación de trabajadores viajó a China para completar una venta de mineral al gigante asiático, enseguida comprobó que había una condición: la transacción se haría pero “no directamente, sino a través de un intermediario de nombre Tyrone Serrao de la empresa CME”, según cita el expediente a un trabajador. 

Con el cambio de gerentes[1] , de Jorge Cañas a Juan Aníbal Vásquez, se abren las puertas para la entrada de los intermediarios en condiciones nunca antes soñadas. “A medida que vendía el precio por debajo, mayores eran las comisiones”, dice otro testigo.

De acuerdo a una analista IV de Facturación y Cobranza de Ferrominera, entrevistada el 19 de agosto de 2013 por la Fiscalía, a partir de 2008 CME comenzó a suministrar vagones, apiladores, cargabarcos, entre otros productos, a cambio de mineral de hierro despachado a la empresa de Serrao y cotizado en divisas.

El trueque de bienes y servicios por hierro no se quedaría allí. La relación luego se extendería a las operaciones de transbordo de carga de buques a la estación de transferencia Boca Grande II; el atraque de buques graneleros, descarga, operación, reparación, mantenimiento y conservación, incluso hasta la estación de transferencia en el Mar Caribe, así como la contratación y gestión de los oficiales y tripulación de todos los buques en el Sistema de Transferencia. A final de cuentas, CME, la empresa de Serrao, tenía la parte del león en la relación. Ferrominera lucía minimizada, a pesar de que era quien producía el hierro.

“En 2009 o 2010, el presidente de la empresa (Ferrominera) comenzó a solicitarle a CME los pagos en bolívares, con la intención de que estos pagos fueran descontados de deudas en dólares. Nosotros como gerencia de finanzas nos enteramos de esta situación por medio de CME”, apunta la misma analista en declaraciones a la Fiscalía. “Esta situación quedó parada ya que finanzas no procedió a cancelar con CME de esta forma, (…) teníamos deudas con CME, pero no reconocimos esos pagos en bolívares”.

La solución, relata, se logró a mediados de 2010. Se hizo una extensión al contrato marco, donde se especificaba que el precio del mineral de hierro iba a ser dividido en dos porciones: una parte se facturaría en dólares y otra en bolívares, pero a la empresa Arivenca, filial – según la analista – de CME en Venezuela. Otra empresa de Serrao.

Para agosto de 2011 todas las cuentas estaban conciliadas. El saldo se oficializó mediante un acta firmada entre el exgerente Juan Aníbal Vásquez y el abogado Gustavo Blanco, representante de las empresas de Tyrone Serrao. Para el momento del arreglo el precio del hierro en mercados internacionales estaba en su mejor momento: por encima de los 150 dólares por tonelada, en promedio.

Es un arreglo que Serrao recuerda bien y que no duda en calificar de “oportunidad” en su autobiografía. Con la antesala de la caída de los precios, comenta, “era obvio que las empresas mineras con las que trabajábamos estaban sufriendo”.

“Un acuerdo de reestructuración financiera, impuesto por el gobierno, significaba que las empresas, desde nuestro punto de vista, estaban luchando por mantener sus equipos, lo que con el tiempo tendría un efecto adverso en nuestro negocio”, explica.

Para alcanzar una solución, Serrao examinó el escenario y aceptó suministrar equipos para auxiliar a Ferrominera y recibir mineral de hierro como reembolso. Una especie de acuerdo de trueque con esteroides, que en su biografía Serrao valora como positivo: “Out of crisis, comes opportunity”.

“Hemos suministrado una gama de equipos, así como (asumido) nuevos proyectos de ingeniería de varios millones de dólares, para los cuales la compañía ha recibido el pago en mineral”.

Un orgullo para Serrao es la administración de la terminal de transferencia marítima Boca Grande II, destinada a la exportación de mineral de hierro, surta en aguas profundas, cerca de las aguas territoriales de Trinidad y Tobago. “No puedo evitar sonreír mientras veo cómo mi vida parece haber llegado a un círculo completo. Nacido en el campamento de la estación de trasbordo de Puerto de Hierro y tras recorrer varios caminos a lo largo de mi vida, me encuentro, más de 50 años después, de nuevo con la estación de transferencia”.

El círculo de la vida

Cierto es que, para alcanzar este cénit de su carrera empresarial, Serrao había tenido que completar más de un círculo.

En la Guayana venezolana (conformada por los estados de Bolívar, Amazonas y Amacuro, la mitad del territorio nacional que se halla al sur del Orinoco) lo recuerdan por sus participaciones en el canal regional TV Guayana, donde era invitado de frecuencia por las canciones de raigambre regional que componía e interpretaba, como una pieza llamada Luces de Puerto Ordaz. 

Como muchos guayaneses, nacidos en el sitio, Serrao tiene ascendencia extranjera. Su familia llegó a la región como parte de la riada de aventureros que en los años 60 y 70 acudieron a la llamada de la Conquista del Sur, que buscaba convertir a Guayana en una alternativa al ingreso petrolero sobre la base de la energía hidroeléctrica y la industria pesada de extracción y transformación de minerales.

Su padre, nacido en la Guyana Británica pero de ascendencia portuguesa, llegó a trabajar en la Orinoco Mining Company, la empresa estadounidense que obtuvo la concesión de explotación de mineral de hierro hasta la nacionalización de la industria en 1974.

Serrao fue el primero de ocho hermanos en nacer en Venezuela. Vino al mundo un 23 de enero de 1959, un año después de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez, y justo cuando Fidel Castro visitaba Caracas, por primera vez como jefe de Estado cubano.

Su adolescencia transcurrió en la Urbanización Orinoco, en el centro de Puerto Ordaz, una comunidad creada para los trabajadores de las empresas básicas. Luego, en la década de los 70, pasaría a formar parte del grupo de originarios de Puerto Ordaz que poblaron la zona de Los Olivos. Hoy, por cierto, puede verse un busto de Tyrone Serrao junto a la iglesia católica de ese sector.

Como muchos en la región, estudió en el colegio Fe y Alegría y terminó una carrera técnica en Fundación La Salle, en San Félix (la ciudad gemela y proletaria de Puerto Ordaz, sobre la ribera oriental del río Caroní).

Fue un niño scout, de padres divorciados, siempre dispuesto a la música, parte de la clase media de la ciudad y activo colaborador de actividades benéficas.

En 1978, recién casado, comenzó a trabajar para Ferrum C.A, una empresa que suministraba maquinaria y equipo para la industria pesada. Allí, dice, aprendió la ética empresarial, el mercado de los metales ferrosos y no ferrosos, así como de los insumos para las industrias básicas.

“Decidí que me gustaría tener mi propia compañía. Este fue un paso importante para mí”, comenta en su biografía.

Con HTR Representaciones SRL se estrenó en el mundo del empresariado, con el propósito de representar a otras compañías. El nombre de HTR era la combinación de Hilary, Tyrone y Renaldo, sus hermanos y padres, porque su intención inicial era la de atraerlos al emprendimiento.

Vendió a Sidor (la acerera estatal, Siderúrgica del Orinoco) chatarra importada desde Polonia. Tanto HTR como otra compañía del conglomerado familiar, ABB Trading, fueron suplidoras de insumos para la industria del aluminio.

Sus hermanos, en su mayoría, trabajaron en las empresas básicas del Estado, especialmente en la industria del aluminio.

Entre ellos estaba su hermano, Gerardo Serrao, quien más tarde trabajaría en Indorca -una metalmecánica que terminaría bajo control obrero- y en la polémica Alloys Metals (que luego cambió el nombre a Autana), empresa propiedad del argentino Óscar Giménez, vinculado a las empresas del aluminio y al representante de la trasnacional Glencore en Venezuela, Roberto Wellisch.

Su ininterrumpido ascenso solo encontró un tropiezo en 1991. Ese año el Contralor Interno de Alcasa (la empresa estatal de producción de aluminio), Miguel Natera, solicitó a la Contraloría General de la República la suspensión de cualquier tipo de transacción, así como la suspensión de pagos a las empresas ABB Trading y HTR Representaciones, incluidos aquellos pagos a compañías en las cuales figurase como accionista o empleado el nombre de Tyrone Serrao, presidente de ambas empresas. Entonces el ente contralor sospechaba de un sobreprecio de 1,6 millones de dólares en una venta de 3.000 toneladas de criolita a la empresa.

Serrao capeó el temporal y regresó a un anonimato que apenas rompió en 2012, por propia voluntad. Compró páginas enteras de distintos diarios -entre ellos, El Nacional de Caracas- para publicitar el galardón Personalidad Iberoamericana de Año 2012, otorgado por la Organización de Periodistas Iberoamericanos (OPI) y que este 2016 compartió con Raúl Gorrín, el empresario de las finanzas y seguros que un año después se convertiría en el mayor accionista del canal de noticias Globovisión.

“Ellos tuvieron conocimiento de lo que hacemos hace varios años en Puerto Ordaz y es que una vez que nosotros contabilizamos nuestras ganancias, también distribuimos recursos en entidades como la Fundación Virgen de Coromoto y otra asociación civil para el deporte, Los Olivos Fútbol Club”, declaró emocionado en una rueda de prensa en la que, además, destacó su actividad benéfica en pro de la Orquesta Sinfónica de Miami (The Miami Symphony Orchestra, MISO), así como su respaldo a un club de fútbol en Kenia y a una iglesia en Mato Grosso, Brasil.

En 2007, cediendo a su vena artística, Serrao subió a YouTube un videoclip de la década de los 90 que protagoniza: Luces de Puerto Ordaz. En la trama, un hombre -el mismo Serrao- aparece en una calle, bajo la nieve, con traje de invierno, para dar paso a un tema de pop amelcochado que canta su nostalgia por la ciudad industrial del estado de Bolívar, su terruño. Tienes poco más de 21.000 vistas.

Dos años después, en lo que debió ser el apogeo de su carrera empresarial, hace un cameo en un videoclip de su hija y pupila Gretchen, con el título de La perra. Pasado el minuto tres de la pieza, la joven starlette aparece al pie de la escalerilla de un jet ejecutivo. Junto a ella, un hombre de porte señorial y lentes de sol al que apunta un insert: “That´s my dad”. Las visitas andan por las 15.000.

El escándalo

El escándalo de corrupción de Ferrominera en 2013, un caso resuelto a medias por la justicia venezolana, precipitó el cese de la relación para al menos de cuatro de las 10 empresas de Serrao con la estatal minera. (Se ignora la magnitud del grupo empresarial de Tyrone Serrao; en una reciente filtración, dos empresas de Serrao aparecen mencionadas en los registros de Bahamas: Guatapalo Holdings, S.A, incorporada el 29 de agosto de 2014; y The Reef XVIII Ltd, incorporada en enero de 2009).

En junio de ese año, el flamante presidente Nicolás Maduro -ungido apenas dos meses antes- anunció, en medio de lo que resultaría una muy breve campaña anticorrupción, la detención del entonces presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh. Con él, también cayeron en prisión cinco gerentes de la usina y un empresario, Yamal Mustafá, de amplios vínculos con el gobernador Francisco Rangel Gómez del estado de Bolívar.

Un expediente con las entrevistas hechas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DIM), filtrado al entonces diputado de La Causa Radical y ex gobernador de Bolívar, Andrés Velásquez, dejó ver parte del entramado de sobornos y corrupción tejido alrededor de la procesadora de mineral de hierro.

El Ministerio Público abrió por el caso dos expedientes: uno por extorsión, cuya causa pesa sobre el coronel de la DIM, Juan Carlos Álvarez Dionisi, conocido como El Tiburón, encargado inicialmente de investigar la corrupción en la plantilla empresarial; y otro por el desvío de una partida presupuestaria, por la que a Sabbagh se le imputaron delitos de peculado doloso propio, malversación agravada, evasión de procedimientos de licitación, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir.

En un interrogatorio, Sabbagh dice que fue Gustavo Blanco -abogado y socio de Tyrone Serrao- quien lo puso por primera vez en contacto con alias El Tiburón.

Álvarez, El Tiburón, había ganado fama tras haber armado un expediente contra el exgerente de comercialización de Sidor, Luis Velásquez, El Rey de la Cabilla, en cuya defensa participó Blanco. De acuerdo a los cargos por los que se le imputaron, en determinado momento empezó a chantajear a los sujetos de su investigación para que le pagaran.

Según la declaración de Sabbagh registrada en el expediente, días después, el abogado Blanco se presentó en su casa con un organigrama que dibujaba una presunta “mafia del hierro” y en cuyo vértice figuraba el expresidente de Ferrominera, César Bertani, el mismo que había abierto en 2005 las puertas del negocio a Tyrone Serrao.

“Yo le pregunté a él (Gustavo Blanco) de dónde conocía a ese coronel y él me respondió que él, es decir Gustavo Blanco, junto con Yamal Mustafá, eran abogados de Luis Velásquez, que había sido detenido meses antes por el caso de las cabillas en Sidor (…) Días después me dijo el abogado Gustavo Blanco que el coronel Álvarez Dionisi solamente se reuniría conmigo en la casa del abogado Yamal Mustafá”, dijo.

La reunión se habría concretado a finales del mes de noviembre de 2011, siempre según la versión del expresidente Sabbagh, que también sostiene que Juan Aníbal Vásquez, exgerente de comercialización de Ferrominera, contactó a Tyron Serrao por la empresa CME y a Julio Silva -representante de Duferco, otro de los clientes de Ferrominera- para que lo ayudaran a concretar el pago a El Tiburón. Según Sabbagh, Serrao, aunque contrariado, aceptó pagar diez millones de dólares para evitar que CME apareciera en la investigación del agente secreto militar.

La aseveración de Sabbagh contrasta con la declaración de Blanco, quien en entrevista con la DIM contó que su relación con Álvarez se limitó a explicar la legalidad de los contratos de Ferrominera con CME. Asegura que Serrao nunca sostuvo reunión con el coronel ni pagó soborno alguno.

“Eso de aceptar pagar para evitar una investigación era como apagar un incendio con gasolina, de no ponérsele un parado a eso no sabríamos para quién estábamos trabajando, pues la utilidad generada en los contratos se iba a ir por esos desaguaderos”, arguyó frente a sus entrevistadores.

El contrataque

Serrao no figuró entre los imputados de ninguno de los dos casos, haya estado de por medio un pago o no. Casi un milagro por el que tuvo que pagar un precio: perder sus lazos con Ferrominera. Los contratos con CME fueron interrumpidos después del escándalo y las empresas intermediarias sacadas de la cartera de clientes. Al menos cuatro de diez empresas de Serrao resultaron perjudicadas en la purga.

No del todo ileso, aunque libre, Serrao contratacó. En agosto de 2013 presentó una demanda contra Ferrominera ante el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de Caracas. El apoderado de la empresa CME en el proceso fue Herman Escarrá, el constitucionalista oficial del chavismo. Escarrá atribuyó entonces la ruptura de Ferrominera con Serrao a “una brutal campaña de descrédito por parte de un político de oposición en decadencia (Andrés Velásquez), señalamientos que por supuesto son completamente falsos, absurdos o en el mejor de los casos parten de una interpretación tergiversada o sesgada de la realidad, de los contratos y de la normas jurídicas”.

Aún si, tal como fue el caso, Serrao ganaba la acción en tribunales, el cese de los contratos tuvo el efecto inmediato de poner a CME en aprietos. No solo no estaba despechando hierro, sino que la falta de carga aumentaba los tiempos de mora de los buques que, a su vez, eran contratados para el transporte de mineral.

Mientras Ferrominera asfixiaba a CME incumpliendo los contratos, la directiva de Serrao intentó poner freno al cobro millonario que empresas navieras como Kyma Ship Management intentaban ejercer.

De modo que CME primero demandó a las navieras Oldendorff Carriers y a Gretchen Shipping, esta última filial de Kyma Ship Management, acusándoles de haber sobornado a sus abogados para que litigaran a su favor en la contratación del buque de acarreo General Manuel Carlos Piar (fabricado en 1982 y utilizado como buque de transporte hacia la estación de transferencia), lo que a la postre le habría ocasionado daños por 14,6 millones de dólares al haber excluido del contrato cláusulas de fuerza mayor para momentos de contingencia como los que vivían.

En paralelo, CME intentaba que un tribunal en Venezuela declarase “que todos los contratos que fueron celebrados cumplieron con la normativa legal” y se determinara que el pago en compensación de los aportes efectuado por CME “están dentro del supuesto de excepción previsto en el artículo 18 del Convenio Cambiario Nº 01”.

La demanda fue declarada con lugar por parte del tribunal que conoció de la causa, aceptando la legalidad de los contratos en agosto de 2015.

En paralelo, CME inició demandas por distintas jurisdicciones del mundo (Londrés, Alemania, Nueva York, Miami) sobre la base de las cláusulas de arbitraje, que permiten resolver litigios en tribunales privados, una práctica usual en este tipo de contratos.

La iniciativa de CME, según dejó saber Ferrominera en un recurso interpuesto en junio pasado, hacía “caso omiso al Contrato de Alianza Comercial de litigar en los tribunales venezolanos, así como a las renuncias expresas e implícitas al arbitraje, todo ello con el objeto de embargar los activos de Ferrominera en los Estados Unidos de Norteamérica”. Alega la estatal ferrera que, toda vez que se había activado un mecanismo de conciliación en Venezuela (a través de la Procuradoría General de la República, oficina de abogacía del Estado), ello equivalía a una renuncia al arbitraje internacional.

Dos años antes, de acuerdo al Expediente administrativo Nº 005-2013, el departamento de Auditoría Interna de Ferrominera había recomendado a la Presidencia de la estatal denunciar las irregularidades en los contratos ante la Contraloría y Fiscalía General de la República.

El objetivo era “acumular” pruebas en el proceso que se le seguía al expresidente Sabbagh, pero esta vez con una causa por los contratos de alianza comercial suscritos con CME y valorados en 139.9 millones de dólares y 76,4 millones de dólares, por concepto de compensación, y un daño patrimonial calculado en 182,9 millones de dólares.

A la par de estas recomendaciones, Auditoría Interna recomendó remitir copia a la Contraloría General de la República a los fines de iniciar una averiguación más amplia, y solicitarle a la Fiscalía General de la República una acusación “de manera directa a los representantes y accionistas de Commodities and Mineral Enterprise LTD, CME, previo a la solicitud de medida de enajenar y gravar de todos los bienes muebles e inmuebles y cuentas bancarias de la referida empresa y todos sus accionistas”, se lee en expediente.

Una orden expresa era que CVG registrara y cuantificara las deudas a favor de Commodities and Mineral Enterprise “a fin de retenerle el pago como garantía de los daños y perjuicio ocasionados a la república”, recomendaciones parcialmente acogidas.

Pero Tyrone Vicente Babtista Serrao otra vez picó adelante. Acaba de introducir ante la Corte para el Distrito Sur de Nueva York un pedido para que embargue 6,5 millones de dólares que mantiene Ferrominera en una cuenta bancaria de Estados Unidos. Esta solicitud de resarcimiento es parte de unas cuatro demandas que impulsa en distintos tribunales para cobrar daños que calcula en 413 millones de dólares.

Junto a Mustafá permanece Numa Rojas, el ex alcalde de la ciudad de Maturín (capital del estado Monagas, oriente de Venezuela) y ex dirigente regional del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que en diciembre de 2013 fue acusado por el Ministerio Público por supuestos actos de corrupción solo después de que decidiera distanciarse del partido progubernamental y lanzarse como candidato independiente a la gobernación de Monagas.

Bienvenidos al más vistoso, pero menos visto, reality show del estado Bolívar. Como si se tratara de un proyecto al estilo de Gran Hermano, en una misma vivienda quedaron agrupados –no es el caso de Numa Rojas– miembros de bandos distintos del elenco de un mismo drama: los señalamientos de corrupción en el manejo de Ferrominera Orinoco, extractora y comercializadora de mineral de hierro, uno de los bastiones del complejo siderúrgico de la industria pesada en la vecina Puerto Ordaz, a unos 100 kilómetros al este de Ciudad Bolívar.

No hay constancia pública de que cámaras de televisión graben día y noche lo que pasa en el interior de la casa. Lo que sí es seguro es que la casa, que está en la urbanización Vista Hermosa y a la que solo tres cuadras separan de la prisión homónima, guarda muchas comodidades imposibles en el cercano Centro Penitenciario de Ciudad Bolívar –su nombre oficial–.  Sirve de sede en la capital bolivarense a la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y, por vía de los hechos, tiene que hacer las veces –en estos tiempos de vendettas políticas– de la cárcel militar de Ramo Verde o el cuartel general del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) en Caracas: aloja a presos célebres.

La conversión de la central de inteligencia local en reclusorio de famosos empezó en junio de 2013.  Un secreto a voces, el de la presunta comercialización furtiva del mineral de hierro producido por la estatal, por parte de una red de individuos, estalló ese mes en manos del propio presidente de la República, Nicolás Maduro, como una bengala propicia para guiar su recién anunciada cruzada contra la corrupción. “Sea quien sea, tenga el cargo que tenga, ¡voy a fondo, con todo, contra los corruptos!”, decía eufórico el sucesor de Hugo Chávez, electo para la presidencia apenas dos meses antes, en cadena nacional desde el estado Trujillo.

“Las investigaciones bien conducidas nos llevaron primero a destituirlo (…) Está involucrado en mafias por todos lados en las empresas básicas”, dijo Maduro sobre Radwan Sabbagh, entonces presidente de Ferrominera. “Es inaceptable que se le dé a esta gente, a un funcionario, que se le dé toda la confianza pública y termine haciendo negocios con las empresas que le pertenecen al pueblo de Venezuela”, sentenció de antemano.

Fue así como Sabbagh y cuatro integrantes del equipo gerencial de la empresa –entre ellos, dos mujeres–, junto con el empresario Mustafá –presunto cómplice en el esquema de comercialización paralela–, cayeron en desgracia con el poder y tras las rejas.

Según testimonios, los primeros días de reclusión de los antiguos ejecutivos no fueron fáciles. Las comodidades fueron llegando solo según la estadía se extendía, y así fue cómo consiguieron las camas, los aparatos de aire acondicionado y, más pronto que tarde, los teléfonos celulares, la conexión a internet y hasta unas máquinas de hacer ejercicio.

Cazador cazado

No tuvo la misma suerte otro de los protagonistas de la historia, el coronel del ejército y oficial de Contrainteligencia, Juan Carlos Álvarez Dionisi, alias El Tiburón, quien estuvo a cargo de las pesquisas que pusieron tras las rejas a los dos primeros y, aún antes, al llamado Rey de la Cabilla.

Nadie sabe exactamente qué pasó para que, dos años después de su llegada entre vítores a Guayana, aquel hombre cuarentón, alto, moreno, y de porte marcial, tras ser aclamado como héroe terminara como cazador cazado y en la misma celda junto a quienes comenzó a investigar.

Los detalles de esta parábola se conocieron por el expediente Nº 47 16.156 – 13 que entonces reposaba en el Juzgado Cuadragésimo Séptimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y que, para junio de 2013, un informante entregó al diputado de la Asamblea Nacional, Andrés Velásquez.

Los relatos impresos en esos documentos revelan un daño patrimonial por más de 1.113 millones de dólares y en consecuencia, una red de extorsión que a cambio de silencio, movió montos superiores a los 23 millones de dólares a cuya cabeza estaba El Tiburón. Álvarez llegó a Guayana en 2011 con una misión propia de un Elliot Ness. Tenía que investigar la hasta entonces inexpugnable “mafia de las cabillas” que mortificaba al Gobierno Nacional, pues minaba el rendimiento de una de las principales empresas básicas del Estado y mermaba la distribución de un insumo esencial para la construcción de los grandes proyectos de viviendas que el Ejecutivo patrocinaba.

Como resultado de las pesquisas de Álvarez, quedó detenido Luis Velásquez, director de comercialización de Sidor (Siderúrgica del Orinoco, principal transformadora de hierro en el país, de propiedad estatal) y presidente de las comisiones de transición de las empresas Orinoco Iron y Matesi, amigo cercano del Gobernador del estado Bolívar, el ex general del Ejército Francisco Rangel Gómez. A Velásquez se le acusó de comandar una red paralela de venta de las cabillas producidas por la empresa estatal.

La detención de Velásquez –quien desde entonces pasó a ser conocido por la opinión pública con el mote de El rey de la cabilla– abonó la fama del coronel Álvarez como investigador recio y eficaz.

“El que tenga pruebas, hermano, que las presente; que no hablen tanta paja. Sencillamente, que las presenten. Es un compatriota nuestro, es parte del partido (PSUV), es un amigo nuestro y seguirá siéndolo”, sorteó Rangel Gómez al ser consultado por la prensa sobre las acusaciones contra Velásquez que amenazaban con salpicarlo.

Velásquez, que pasó un tiempo prisionero en las celdas de la DGCIM en el sector Boleíta Norte de Caracas, a la postre quedaría libre. Sin embargo, en esa oportunidad, su reclusión lució como un emblema de una campaña anticorrupción que esta vez sí partía en serio y que tenía en el coronel Álvarez Dionisi su campeón.

Antes de enrolarse en esa cruzada, Álvarez Dionisi había figurado como secretario privado del Gobernador del estado Carabobo (centronorte de Venezuela) entre 2004 y 2008, el ex general de la Guardia Nacional Luis Felipe Acosta Carlez. El Coronel llegó a sonar como posible candidato oficialista a la Alcaldía de Valencia (capital de Carabobo) en 2008.

Pero en algún momento la trayectoria del paladín se torció. Después de sus éxitos investigando Sidor, puso bajo su radar los negociados en el sector inmobiliario de Ciudad Guayana y en Ferrominera. El punto de quiebre pudo haber sido el mismo año 2011. Entonces, según el expediente, ya extorsionaba a los sospechosos de irregularidades, en lugar de presentarlos a la justicia. Siempre según los documentos filtrados, uno de los primeros a los que Álvarez llamó para plantear el chantaje fue al abogado y empresario Yamal Mustafá, contratista de la gobernación del estado Bolívar.

Asuntos internos

“Me increpó diciéndome que por yo ser amigo del gobernador (Francisco) Rangel, estoy señalado en un organigrama, que me mostró, donde aparecía, además de otras personas, mi nombre”, sale Mustafá declarando a la DGCIM.

Mustafá, abogado de origen palestino, ha sido conocido en Ciudad Guayana por su empresa de alimentos Corporación de Alimentos Brindisi (Corpobrica) y, más recientemente, por su papel de editor de medios al frente del diario Primicia, creado en 2011.

El diputado Andrés Velásquez ha denunciado de forma activa el rol clave de Mustafá en el entramado que controlaba los contratos de servicios otorgados por la gobernación local. Tanto que, en julio de 2013, puesta ya a la luz la olla de Ferrominera, el diputado opositor entregó a la Fiscalía documentos que mostraban cómo las empresas de la familia de Mustafá habían acaparado obras y servicios, que iban desde la entrega de canastillas hasta tickets de alimentación para los empleados regionales a través de la empresa Credilab.

A cambio de su silencio, testimonió Mustafá, El Tiburón le pidió un millón de dólares que, aunque no los pagó, “quedó la amenaza de que en cualquier momento me involucraba en este caso o en cualquier otro, ya que soy un empresario conocido en la región”.

El caso de las cabillas tenía especial importancia, pues, según Mustafá, “los medios de comunicación de la región, afectos a la oposición, pretendieron involucrar al ciudadano Gobernador del estado Bolívar y su familia, el cual evidentemente no estaba involucrado en el escándalo que produjo la investigación”.

Los pagos que el Coronel exigió se extendieron hasta el sobrino de 27 años de Mustafá, Manuel, propietario de las empresas Consorcio Ferromineral LLC, Metals Alloys LLC, Muszam Investment INC, DMG Audio, C.A y Gremaca –registradas en Venezuela y en el estado de Florida, Estados Unidos–, todas clientes de Ferrominera Orinoco, recién creadas ese año y con razones sociales tan diversas como decoración de interiores hasta importación y exportación de material ferroso. 

En determinado momento, los intercambios telefónicos entre el coronel Álvarez y el empresario se hicieron tan frecuentes que les pareció preferible encontrarse en persona. Las reuniones tuvieron lugar en Puerto La Cruz (estado Anzoátegui, noreste de Venezuela) y Puerto Ordaz, en la casa de Mustafá.

Al mismo tiempo, la persecución de Álvarez Dionisi se hacía “agobiante” para el entonces presidente de Ferrominera Orinoco, Radwan Sabbagh Achkar, quien desde 2006 permanecía en el cargo.

Cuando otros gerentes entraban y salían de la dirección del atribulado grupo de fábricas del complejo ferrosiderúrgico, Sabbagh era referencia por su estabilidad y por ser el anfitrión favorito del fallecido líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, en sus visitas a Guayana.

Algunos atribuían su estabilidad a su relación con el gobernador Rangel Gómez, con quien trabajó en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en el 2002.

Sabbagh dijo haber conocido a El Tiburón por una llamada del abogado Gustavo Blanco, asesor de la empresa Comodities Minerals Enterprisde (CME), propiedad del empresario Tyrone Serrao, y entonces cliente de Ferrominera Orinoco.

Según el testimonio de Sabbagh, Blanco le llamó para decirle que estaba en Puerto la Cruz con Mustafá y que “se encontraron con una persona del DIM y que esa persona hablaba de una supuesta mafia del hierro”, dijo en su declaración a la DGCIM el 8 de mayo de 2013, a las 5:30 de la tarde.

En su teléfono le mostró fotografías del organigrama de la supuesta mafia del hierro. “Le pregunté (a Gustavo Blanco) de dónde conocía él a ese Coronel y él me respondió que él junto a Yamal eran abogados de Luis Velásquez, que había sido detenido meses antes por el caso de las cabillas y me dijo que Álvarez fue quien había llevado a cabo esa investigación”.

Sabbagh dijo estar dispuesto a reunirse con el Coronel pero, según su testimonio, Blanco le dijo que El Tiburón solo se reuniría con él en la casa de Mustafá.

“A finales del mes de noviembre de 2011 recibí la llamada de que ese día, a las cinco de la tarde, me debía dirigir a la casa del abogado Mustafá a reunirme con El Tiburón (…) fui guiado por teléfono por el propio abogado Yamal Mustafá, entré a su residencia y en la parte de atrás me esperaba el coronel Álvarez Dionisi”.

Sabbagh y El Tiburón quedaron solos. Conversaron por largo rato hasta que el Coronel se levantó, agarró una mochila, se puso la gorra e intentó salir.

“El abogado Yamal Mustafá, que se encontraba afuera de la sala, al ver que el Coronel se marchaba preguntó si todo estaba bien pero el Coronel respondió que pronto vendría una comisión a buscarme. Mustafá intercedió para hacerle entender al coronel Álvarez que eso no era conveniente, con lo cual el Coronel volvió a sentarse en el mismo sillón”.

El Tiburón habló a Sabbagh sobre el organigrama de la mafia del hierro y el barco con droga que se encontraba en el puerto de Ferrominera Orinoco “y yo le dije que fue la propia Ferrominera quien realizó la denuncia sobre esa droga”, relató el ex presidente.

En ese encuentro el Coronel les pide 20 millones de dólares para no generar “un escándalo” similar al de las cabillas. Pidió papel y lápiz y sobre un pedazo de cartón escribió el número 20 y luego lo quemó por seguridad.

"Yo le dije que todo eso era mentira, que era chisme (...) me respondió con una mirada fría que nunca olvidaré y me dijo textualmente: 'es más difícil demostrar la inocencia preso que en libertad".

Sabbagh accedió a pagar por temor a que tuviese alguna repercusión política, pues se le asociaba con Rangel Gómez y con el Gobierno. “Me fui a mi casa sin saber muy bien que es lo que iba a hacer y con ese gran sentimiento de impotencia de temor por lo que había pasado, pensé en cómo habían actuado en la zona cuando se llevaron a Luis Velásquez, el cual tenía dos meses preso sin juicio y en ese momento mi único hijo tenía diez meses de nacido. Pensé que el mundo se me venía encima”.

Así que consiguió el dinero a través de las empresas CME y Duferco que, a su vez, depositaban a las cuentas de Mustafá. “Le manifesté mi conformidad con el único propósito de solventar el problema con Manuel Mustafá”, declaró el empresario.

Fue así como suministró una cuenta en Barbados a nombre de Logistic Trading and Services LTD para que los clientes hicieran sus depósitos y posteriormente él hiciera las transferencias al destino indicado por el Coronel; la misma cuenta en la que, según la denuncia del diputado Velásquez a la Fiscalía, se pagó la compra de unos autobuses de la Gobernación de Bolívar por una triangulación financiera.

De acuerdo al testimonio de Yamal Mustafá, de sus cuentas se hicieron 12 transferencias en dólares a Nueva York, Canadá y Florida, así como 27 operaciones en bolívares entre transferencias y dinero en efectivo; un total de poco más de 4,4 millones de dólares y 2,5 millones de bolívares.

Pero en 2012 y ya harto de la situación, Sabbagh denunció la extorsión al entonces presidente de la CVG, Rafael Gil Barrios, al mayor general Cliver Alcalá y finalmente al general Hugo El Pollo Carvajal, quien se desempeñaba como director de la DGCIM.

Otros recién incorporados a la cartera de clientes fueron sobornados por el Coronel, quien, con carpeta en mano y con el caso de las cabillas fresco, amenazaba a empresarios y gerentes.

Ante cualquier contratiempo, Álvarez Dionisi contactaba con Mustafá y con Carlos Vieira (de la empresa Viherca) y este a su vez con el presidente de Ferrominera Orinoco, Radwan Sabbagh, quien hacía los contactos y resolvía con los clientes el pago.

Con este mismo procedimiento el representante de la empresa Corinsur, Douglas Flores, accedió a pagar un dólar por tonelada de mineral despachado por Ferrominera Orinoco, aunque la aspiración de Álvarez –dijo Flores a las autoridades– era conseguir cinco dólares por tonelada.

Según Flores, el Coronel insistía diciéndole, “te meto preso y después averiguo, es mejor defenderse afuera que defenderse preso”. Fue así como accedió a pagar 800.000 bolívares. El dinero viajó en una caja desde el aeropuerto Manuel Carlos Piar de Puerto Ordaz.

Los favores que recibía Álvarez iban desde entrega de equipos de computación, cajas llenas de dinero, transferencias y, según Néstor Moreno, quien trabajaba con el Coronel desde el caso de las cabillas, en la última campaña electoral le depositaron “300 mil bolívares para hacer los bigotes para la campaña del actual presidente de la república”.

Otros funcionarios, como el ex gerente de comercialización y ventas de Ferrominera Orinoco, Juan Aníbal Vásquez, pagaron dos millones de dólares a través de “contactos internacionales” y su asistencia a la empresa Miami Trust.

Final del casting

A pesar de la abundancia y aparente solidez de los testimonios, el Ministerio Público solo imputó al coronel Álvarez Dionisi y tres presuntos cooperadores en la extorsión –Carlos Viera, Carlos Martínez y el primer teniente de la Guardia Nacional, Néstor Arturo Nieves.

Mientras que, por el desvío de una partida presupuestaria de 295 millones de bolívares, a Radwan Sabbagh y cuatro gerentes más, entre ellos dos mujeres.

Los primeros meses los imputados estuvieron detenidos en la sede del Sebin en Caracas. Allí estrenaron la célebre celda llamada La Tumba, según se denuncia en una solicitud de amparo presentado por los abogados de El Tiburón en 2013. En esa celda se somete a los presos a aislamiento total, supervisión de 24 horas por circuito cerrado de televisión y bajas temperaturas. Además de esos rigores, siempre según la denuncia, al Coronel se le privó el acceso a los medicamentos que regularmente se le administraban para combatir un cáncer de piel que sufría en la cara. Carlos Viera, el joven ejecutivo de Viherca, en esas condiciones intentó quitarse la vida durante 2013.

Apenas el pasado 23 de abril se celebró la primera audiencia preliminar del juicio, y mientras Álvarez Dionisi sigue preso en la sede de Ramo Verde, el resto de los actores siguen en esa cárcel especial de Ciudad Bolívar.

Casi en simultáneo, el proceso por las irregularidades en Ferrominera mostró un primer resultado: las exgerentes María Acosta y María Rodríguez se declararon culpables del desvío de una partida presupuestaria, y el 30 de abril el Tribunal 9º de Control del Área Metropolitana de Caraca les condenó a cinco años de prisión, de los cuales ya han pagado dos. Se les acusó de los delitos de peculado doloso y malversación agravada.

El ex gerente técnico de Operaciones, Ángel Ramón Campero Franco, también admitió responsabilidad por la comisión de los delitos de peculado doloso propio, en grado de cooperador y en poco menos de 12 meses saldrá en libertad.

Sabbagh y el consultor jurídico, Noel Ramírez, eligieron otro camino y mientras esperan su juicio buscan que se les rebaje la pena para admitir los hechos, como al resto de los imputados.

Al ex presidente de la estatal se le acusa de peculado doloso propio, malversación agravada, evasión de procedimientos de licitación y concertación de funcionario público con contratista.

No es el caso del empresario Yamal Mustafá, a quien el tribunal de control le dio una medida de sobreseimiento luego de no encontrar elementos para mantenerlo preso la misma noche del 30 de abril, cuando todos fueron presentados en el Tribunal 9° de Control. La decisión, sin embargo, no se tradujo en su libertad pues los fiscales apelaron y minutos después exigieron una suspensión de la medida.

Esa es la razón que ha mantenido a Mustafá en las dos últimas semanas en Caracas, esperando la decisión de la Corte de Apelaciones. En el rotativo que dirige, el diario Primicia, han publicado un editorial titulado “La Doctrina de la Real Malicia y el Juicio Paralelo”, en la que defienden la sentencia y enfilan baterías contra el diario Correo del Caroní, el único medio impreso del estado Bolívar que ha reseñado los pormenores del caso desde 2012.

Ahora en espera obligada con Álvarez Dionisi, su alegado extorsionador, Mustafá, Sabbagh y el propio Coronel siguen aguardando para saber quién de ellos quedará nominado para la eliminación y quién seguirá formando parte de la vecindad. Hagan juego, señores.

Solo fue en 2005 cuando se vinculó a la trasnacional suiza, que entonces firmaba sus primeras compras a futuro con las compañías estatales del aluminio, y justo cuando se negoció el financiamiento para desarrollar la Línea V de Alcasa por 685 millones de dólares. ¿Por qué entonces se le tendría que conocer en esos portones, sitios tradicionales de concentraciones obreras, siendo Wellisch un mercante ante de minerales? Porque algunas veces su oportuna intervención ha salvado la quincena de los trabajadores con dinero fresco que desembolsó a cambio de entregas a futuro, y con ese dinero, ha aplazado la fecha de quiebre de las usinas estatales.

Wellisch no lo esconde. El 23 de agosto de 2010 protagonizó un evento, sin duda inusual, en el Teatro Orinoco de Venalum. Entonces se presentó en una reunión de Control Obrero y reveló que había negociado contratos a futuro con Venalum por 180 millones de dólares y que la producción se entregaría en tres o cuatro años. En la reunión Wellisch aclaró que el representante de Glencore en Venezuela era Palmat C.A. Luego de dar respuestas a las demandas de los trabajadores, ofreció desde transporte para los hijos de los empleados hasta apoyar la unidad de quemados, como parte de su política de responsabilidad social empresarial.  

En 2007, sin embargo, el nombre de Wellisch sonaba menos a Mesías. Al menos era así en un informe que Carlos Lanz Rodríguez, el sociólogo que entonces presidía Alcasa y lideraba un experimento fallido a la postre de cogestión, presentó ante la Asamblea Nacional. En el papel denunciaba la existencia de cárteles entronizados en la región que monopolizaban las actividades productivas en las empresas de aluminio, hierro, oro y diamantes en el sur de Venezuela. Señalaba sin cohibirse a Glencore A.G. y a Roberto Jorge Wellisch, quien, en palabras de Lanz, “funciona bajo la cobertura de la empresa Palmat C.A.”. Titular de un día: fracasada la cogestión y con Lanz fuera de su cargo gerencial, nadie se ocupó de investigar ni una letra de la denuncia.

En el Informe confidencial sobre la compañía Glencore en Venezuela, aparecido el 14 de febrero de 2007 en www.aporrea.org y que presentó originalmente ante la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional, Lanz se refería a la mala conducta de la trasnacional en los siguientes términos: “Glencore coordina y lideriza el cártel del aluminio en Venezuela, agrupa a estas empresas ya mencionadas y se distribuyen buena parte de la producción del aluminio. Según los traders de la competencia, Glencore y sus empresas asociadas juegan duro y sucio, como norma, en todos los países. Por regla general, los agentes de Glencore poseen un estilo agresivo y utilizan el soborno, el chantaje, el manejo de medios de comunicación para desprestigiar o destruir reputaciones. Se mueven con agilidad y eficiencia en el terreno de la corrupción de funcionarios y el lobby político”.

La conexión K

Tres años después el nombre de Roberto Jorge Wellisch también quedó expuesto por el escándalo de los presuntos pagos de comisiones en los negocios argentinos-venezolanos. El exembajador argentino en Caracas, Eduardo Sadous, reveló que empresarios de su país se veían obligados a hacer un pago de 15 por ciento en comisiones para la venta de maquinarias agrícolas al Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT) de Venezuela, entonces a cargo de Elías Jaua; y la desaparición momentánea del dinero de un fideicomiso depositado en el Banco Nacional de Desarrollo de Venezuela (Bandes). 

La negociación comenzó en una feria agrícola realizada en Barinas y a la que asistieron los directivos de Palmat y de la competencia, la trader brasileña Cotia, además del ministro de Planificación, Julio De Vido –asumido ya como una especie de superintendente ad hoc de los negocios con Venezuela-, la embajadora Nilda Garré, el entonces lugarteniente de De Vido, Claudio Uberti y el agregado comercial de la embajada, Alberto Álvarez Tufillo, entre otros. El negocio ya tenía la venia de los presidentes Nestor Kichner y Hugo Chávez. Un acuerdo binacional refrendaba el acuerdo.

El alto gobierno argentino, es decir, Julio De Vido, ministro de Planificación de Argentina, y Claudio Uberti, otro funcionario también involucrado con el caso de la valija de Guido Antonini Wilson; y representantes del propio Presidente Hugo Chávez, acordaron otorgar la exclusividad de los “contratos de agencia” a dos empresas: Palmat Internacional S.A., creada en 1995 pero que luego del escándalo del maletín donde estuvieron implicados Uberti y Guido Antonini Wilson, entre otros, fue sustituida por la subsidiaria PalmatIntertrade S.A.; y Madero Trading, registrada en  agosto de 2007. Palmat Internacional S.A. era representada por Roberto Jorge Wellisch y Francisco José Carrasquero; y Madero Trading era del argentino José Ernesto Rodríguez.

A través de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma) se presentaba a los industriales agremiados las necesidades del gobierno venezolano y se establecía el vínculo con funcionarios designados por De Vido y Uberti, quienes además avalaban a las empresas argentinas favorecidas con los contratos de venta de maquinaria agrícola. Estas empresas contactaban al presidente de Palmat, ahora PalmatIntertrade S.A., Roberto Jorge Wellisch, como intermediario (aunque señalaron que todas las negociaciones las hacían con Francisco Carraquero), y posteriormente se concretaba la firma del contrato con la Corporación Venezolana Agrícola (CVA) y el desembolso de los recursos por parte del Bandes.

Un episodio con dudosa explicación fue la desaparición por algunas semanas de los 84 millones de dólares destinados a un fideicomiso, también alertada por el exembajador Eduardo Sadous.

¿Qué relación tiene este episodio con el pago de comisiones por parte de los comerciantes argentinos? En el marco del acuerdo bilateral, entre 2005 y 2008, Pdvsa recibió pagos de parte de Camessa –Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico de Argentina- por 554 millones de dólares por venta de combustible, dinero que se depositaba en la cuenta del Bandes. Esos recursos se desembolsaron para pagos realizados por la CVA por maquinarias agrícolas a las empresas argentinas.

Las empresas que vendieron maquinarias agrícolas a Venezuela habrían de pagar 40 millones de dólares en comisiones a las intermediarias Palmat y Madero Trading, según la denuncia de Sadou. Se dice que ganaron 43 millones de dólares, como pago de servicios para allanar la burocracia venezolana y trasladar las maquinarias desde el puerto hasta el destino final dentro de Venezuela en algún estado llanero del país.

Vínculos financieros

Pero aún falta un tercer capítulo donde coinciden los mismos protagonistas. El representante de Madero Trading, el argentino José Ernesto Rodríguez, también era representante del Banco Guayana en Argentina. Roberto Jorge Wellisch formaba parte de la Junta Directiva de ese banco en Puerto Ordaz (estado Bolívar) y la sede argentina del Banco Guayana estaba en el mismo domicilio de Madero Trading. El presidente del Banco Guayana, para el momento, era otro argentino llamado Oscar Eusebio Giménez Ayese. José Ernesto Rodríguez, también era representante de Impsa, empresa que en 2008 comenzó a operar en la repotenciación de la central hidroeléctrica Macagua I, en el estado Bolívar.

En el diario argentino Clarín, del 13 de agosto de 2010, se afirma que según los datos obtenidos por la diputada opositora y excandidata presidencial, Elisa Carrió, existe otro vínculo entre Roberto Jorge Wellisch y, esta vez, el presidente de Fluviomar, Andrés René Guzmán, quien “tuvo participación en la empresa americana ACBL donde en Venezuela, Roberto Wellisch tenía intereses. ACBL ya domina el transporte por el río Orinoco en Venezuela. También el presidente del Banco Guayana para el 2007, Oscar Giménez Ayesa, “tiene intereses” en ACBL y fue uno de los intermediarios del polémico fideicomiso. Además, Paloma Loewenthal y Juan de Dios Santucchi (socios de Palmat S.A.), fueron ejecutivos de ACBL Argentina”.

Los vínculos siguen. Según Carrió, Wellisch “adquirió, junto a dos socios más en el 2006, por 32 millones de dólares, los intereses que la firma American Commercial Lines Inc. tenía en ACBL de Venezuela, según un registro de la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU”. Paralelamente a esa compra, ACBL Hidrovías S.A. de Argentina tiene sus oficinas en la misma dirección (Leandro L Alem 1.010 de Buenos Aires), que Fluviomar y Palmat S.A.“De lo descrito se desprendería que el mismo grupo empresario coincidió en ACBL Venezuela, ACBL Hidrovías, Palmat y Fluviomar/Fluvioalba”, finaliza la denuncia de Elisa Carrió.

Las empresas de Wellisch en Venezuela agrupan a diversas razones jurídicas con sede en Puerto Ordaz, estado Bolívar. Muchas de ellas tuvieron relación crediticia con el Banco Guayana, extinto luego de su fusión con el Banco Caroní en diciembre de 2012. Este último absorbió la cartera de negocios del Banco Guayana.

Fuentes señalan que la absorción del Banco Guayana por el Banco Caroní fue el mecanismo idóneo para limpiar el nombre de la entidad financiera. El actual presidente del Banco del Caroní es Arístides Maza Tirado y otro de los directivos es Bernardo Kabche, representante del Banco Guayana. La Junta Directiva del Banco Guayana estaba conformada por doce personas, de las que siete siguen activas en el Directorio del Caroní. en su Junta Directiva.

La única defensa de Roberto Wellisch por el caso de las comisiones cobradas a los empresarios argentinos la plasmó en un comunicado que hizo llegar al diario prokirchnerista, página 12, de Buenos Aires. “Llego al otoño de mi vida con una posición sólida gracias a mis esfuerzos cotidianos”, escribió con cierto lirismo. “Soy un hombre de valores y conducta ética. Mi empresa tiene treinta años dedicados a la intermediación comercial. Palmat cuenta con conocimientos e infraestructura que agregan valor a las operaciones de nuestros clientes y aliados. Tenemos filiales y oficinas propias en varias ciudades del mundo. Palmat fue seleccionada de manera individual por treinta y nueve empresas fabricantes de maquinarias agrícolas de la Argentina. La relación profesional fue estipulada en contratos, suscriptos directamente y sin intermediación. Fueron absolutamente legales, firmados y registrados en Buenos Aires en forma voluntaria y transparente. Reafirmo, y está plenamente documentado, que realizamos un trabajo profesional, que la relación profesional estuvo enmarcada en contratos legales y se facturó en forma transparente y legal. Se cumplió con el contrato con un trabajo arduo y sin reclamo de ninguna de las partes”.

Para esta nota se intentó conseguir, sin resultados, una versión personal de Wellisch en Venezuela.

El caso de las comisiones y las denuncias del exembajador Sadou fueron desestimadas por la justicia argentina y en Venezuela nunca se investigó a ninguno de los implicados, pero el nombre de Roberto Jorge Wellisch junto al de Palmat, que es lo mismo que decir Glencore, continúa pronunciándose en Guayana, por donde se le ve pasar solo de vez en cuando.

Clavel Rangel, Ciudad Guayana/ Katherine Pennacchio, Marianela Balbi y Joseph Poliszuk, Caracas

Lea acá la primera entrega de la serie: "Guayana, el feudo de Glencore"

Lea acá la segunda entrega de la serie: "Negociar con aluminio es como montar en carrusel"

Como representantes de Glencore en Venezuela aparecen personeros de otras firmas privadas que le compran a Bauxilum, Venalum y Alcasa, entre las industrias básicas del Estado que actúan en el sector. Es así como los directores de las empresas venezolanas Extrudal, Trefymaca, Alambres del Yaracuy y Armco son los mismos empresarios que hace tres años renovaron, a nombre de la trasnacional suiza, los leoninos contratos a futuro que negociaron por adelantado la producción de aluminio de los últimos años

Son incluso los mismos de la compañía Alloys Metals, cuyo nombre quedó fichado hace cuatro años por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), después de que frustraran un contrabando de 2.063 toneladas que estaba listo para zarpar en las narices de los trabajadores del muelle de Palúa, la puerta de embarque que la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) tiene sobre el río Orinoco.

Fue el 23 de marzo de 2009. El Estado aparta para suministrar a las empresas nacionales un porcentaje de su producción de aluminio para que lo transformen y generen así lo que en la industria llaman un desarrollo aguas abajo. Pero ese día se embarcaron de manera irregular, listas para salir, los despachos de varias empresas, entre ellas Alloys Metals. Su nombre quedó registrado en las actas de la investigación nunca concluida por la Fiscalía Tercera del estado Bolívar, así como en las declaraciones de funcionarios que entonces prometían llegar “hasta el final”.

Venalum rescindió el contrato de las 7.700 toneladas de aluminio que en 2009 había reservado para Alloys Metals pero, al final, la empresa continuó en la cartera de clientes de la Corporación Venezolana de Guayana con el nombre Autana Aluminio, según consta en el expediente 30.910 que reposa en el Registro Mercantil Primero del estado Bolívar.

El nombre de Glencore genera controversia desde que acapara las exportaciones de aluminio junto con Noble Resources. "Hipotecaron la industria", decía ya en 2010 el dirigente sindical de Alcasa, Henry Arias. "Nos preocupan el monopolio y los sobreprecios que pueda haber en estos negociados", añadía José Luis Morocoima desde el sindicato de Bauxilum. En sintonía con ellos, la entonces diputada por el estado Bolívar, Pastora Medina, advertía que “se está privilegiando a empresas sin ningún tipo de licitación".

Al fallecido presidente Hugo Chávez una vez le tocó probar una cucharada de la indignación local contra Glencore cuando, el 16 de mayo de 2010, durante una asamblea obrera transmitida en cadena nacional de radio y TV para juramentar a los presidentes-trabajadores del llamado régimen de Control Obrero sobre las industrias básicas, desde el público se dejó escuchar la consigna: “¡Fuera Glencore!”.

Glencore no es nuevo ni en la zona ni en la industria. Pero que durante los tormentosos años del chavismo y en medio de la animadversión de la comunidad obrera, haya prosperado con tanto éxito en Guayana y se llevara los mejores contratos con el Estado, debe ser un punto a favor de sus representantes. Una muestra de su habilidad aflora al cruzar la data que hay en el sistema SAP de la CVG con el Registro Nacional de Contratistas y los archivos físicos de los registros mercantiles de Barquisimeto, San Felipe, Puerto Ordaz, Valencia y Caracas: los representantes de Glencore se las han arreglado para aparecer también como accionistas de empresas nacionales que actúan en el mercado interno del aluminio.

Puertas giratorias

Está, por ejemplo, la compañía ACBL de Venezuela. La especialidad de ACBL es el transporte fluvial con gabarras, barcazas y remolcadores. ACBL es también la empresa que en 2012 recibió de Bauxilum un cargamento de bauxita cotizado a un precio 66 por ciento menor al precio con que la estatal venezolana lo había comprado en el mercado externo. Inscrita ante el Registro Mercantil Primero del estado Bolívar, tiene su sede en la misma oficina 602 de la Torre Las Mercedes de Chuao, Municipio Baruta, Caracas, donde los representantes de Glencore en Venezuela establecieron su casa de representaciones con el nombre de Palmat. 

Desde el mismo edificio, unos pisos más arriba, despachaban el exministro de Industrias Básicas y Minería, Rodolfo Sanz, quien firmó los contratos a futuro, y su sucesor, José El Chino Khan, máximo responsable de las empresas básicas antes de salir al Banco Central de Venezuela (BCV) y llegar, por ahora, a la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).

En la junta directiva de ACBL de Venezuela destaca el nombre de un empresario argentino-venezolano, Roberto Wellisch. Wellisch y Palmat estuvieron en el mismísimo ojo del huracán durante las investigaciones de prensa que hace tres años se iniciaron cuando el exembajador de Argentina en Caracas, Eduardo Sadous, los nombró como parte de una red de tráfico de influencias que, como un peaje, cobraba comisiones de hasta 15 por ciento en los negocios binacionales que se pactaran entre los gobiernos de Caracas y Buenos Aires.

Wellisch, el directivo de ACBL de Venezuela, pasa por una puerta giratoria y aparece como Wellisch, el representante de Glencore. Pero también Wellisch puede hacer el número de accionista en Trefymaca, Alambres del Yaracuy o Armco. En cada rol impulsa y supervisa un carrusel retroalimentado de permanentes ganancias para Glencore y su propio entorno.

Una potencia extranjera

El diputado por el estado Bolívar, Andrés Velásquez, solicitó el 20 de agosto reciente ante la Fiscalía General de la República una investigación de los contratos de Glencore; el 5 de septiembre volvió a consignar una serie de memorandos que insisten en el tema, y apenas hace unos días consiguió que la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional se comprometiera a voltear la mirada a Venalum y sus irregularidades.

Ninguno de los contratos de venta a futuro con Glencore pasó en su momento por el filtro de la Procuraduría General de la República, como tampoco por los canales de la Asamblea Nacional. Ni siquiera hubo una convocatoria pública; entre sus enunciados incluso colaban cláusulas de confidencialidad.

El intermediario de materias primas más grande del mundo ha sido blanco de la prensa mundial desde que sus socios fueron acusados en Estados Unidos por fraude fiscal. “Desconocida, multimillonaria y controvertida: así es Glencore”, tituló BBC Mundo una nota que pasaba revista a la serie de señalamientos por corrupción, delitos contra el medio ambiente y evasión de impuestos ligados a los negocios que sostiene en países donde compran desde trigo hasta petróleo.

Tiene activos en 30 países. Una suerte de potencia mundial de la que hay más preguntas que respuestas, advertía el diario ABC de España en 2011. “Imaginen un país invisible, que no sale en los mapas, y que controla el 50% del mercado mundial de cobre”, comenzaba la nota del diario madrileño, con la firma de Javier Tahiri. “Que cuenta con un PIB de 145.000 millones de dólares, cercano al de Marruecos, por el que pasa el 10% del trigo global y casi el 25% de la cebada, el girasol y la colza de todo el mundo. Un ente sin fronteras que influye de forma notable sobre el precio de las materias primas y que aún así vive en el limbo de lo desconocido para la gran mayoría de la opinión pública. Ese país existe: se llama Glencore”.

La trasnacional suiza ha tenido impases en todo el mundo: desde Estados Unidos, donde ha sido acusada de estrechar vínculos comerciales con Irán, hasta en Bolivia, donde el presidente Evo Morales la azotó con su política de expropiaciones. Pero en Venezuela, hasta nuevo aviso, las cosas le han salido mejor. Opera a cancha abierta. Y se da el lujo de pagar tanto en dólares como en bolívares.

Clavel Rangel, Ciudad Guayana/ Katherine Pennacchio, Marianela Balbi y Joseph Poliszuk, Caracas

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