Esa tarde de agosto de 2024 era como cualquier otra para O., quien acababa de hacer sus deberes estudiantiles del día y decidió tomar un breve descanso en casa. Se sentó y empezó a revisar su celular para pasar el tiempo. Entonces se tropezó con un detalle que rompería su rutina.

Notó que al teléfono le había llegado una notificación de Google advirtiéndole que la dirección de correo electrónico que normalmente usaba como estudiante de la privada Universidad Arturo Michelena (UAM), presentaba fallas. Quiso ingresar a la cuenta para chequear el problema, pero se percató de que su sesión había sido cerrada por una orden de inhabilitación de la propia universidad. Enseguida revisó su usuario en Terna (la plataforma que la institución utiliza para cargar las notas y procesar los pagos de matrículas) y se encontró con el mismo resultado. 

Si bien en ese instante O. ya podía intuir por cuál motivo estaba ocurriendo todo aquel veto electrónico contra su persona, no pudo evitar el nerviosismo. Pero apenas recobró la calma, se puso a averiguar: entonces constató que decenas de estudiantes de la UAM tenían el mismo problema.

“Ahí, de inmediato, fue que supe que no se trataba de un error, sino de algo a dedo”, contó O. al reportero de Armando.info. Bajo esa premisa, varios de los afectados, como O., se coordinaron para obtener tanto una versión oficial como una solución para el percance. Preguntaron a las autoridades universitarias y no obtuvieron respuesta alguna en esos primeros contactos. El asunto no era menor para el grupo de jóvenes: mientras se mantenía la inhabilitación, perdían la posibilidad de entregar tareas y realizar exámenes. Podía hasta ocasionar la interrupción de sus estudios universitarios. 

Tuvieron que pasar unos días más para que comenzaran a sonar los teléfonos personales de los estudiantes o, en algunos casos, de sus padres y representantes. Con las llamadas, hechas desde la Consultoría Jurídica de la UAM, se les convocaba a una reunión en la recién inaugurada sede de la universidad en el centro histórico de Valencia, la capital del estado Carabobo, en el centronorte de Venezuela​. Allí iban a descubrir que el incidente con sus accesos electrónicos no había sido accidental.

Esto es por tu bien

Cuando S., otro de los estudiantes inhabilitados en la esfera virtual, acudió a la cita, uno de los docentes que lo recibieron le preguntó si sabía por qué estaba allí. S. respondió con un tajante “no”. ​L​a respuesta sirvió para que Pedro Flores, Vicerrector Académico y Consultor Jurídico de la institución, a la cabeza del grupo de autoridades universitarias en esa reunión, ​empezara a contradecirle con las "pruebas" en la mano. A S. le pusieron enfrente una carpeta con cuatro folios. Cada una de esas hojas contenía una relación de capturas de pantalla con comentarios que S. había intercambiado unos días antes a través de un grupo de estudiantes en WhatsApp. Al propio autor sus posts le lucían apenas sarcásticos; pero, por lo que le decían, ahora S. se enteraba de que las autoridades universitarias los encontraban ofensivos.

Le dieron a firmar un “acta de apercibimiento”. No puso reparos en hacerlo. Por el acta, S. se obligaba a presentar desde sus cuentas de redes sociales una disculpa pública a la UAM, así como a dejar de ​e​mitir críticas ​c​ontra la institución o mensajes que sus directivos pudieran calificar como “expresiones ofensivas”. De no cumplir lo estipulado, advertía el documento, habría consecuencias.

¿Cuáles podrían ser esas consecuencias? Las autoridades universitarias no se ahorraron pormenores al describirlas en la reunión. En el peor de los casos, dijeron a los estudiantes, podían tocarles de 20 a 30 años de prisión por delitos tipificados en la Ley Contra el Odio. Por lo tanto, insistía Pedro Flores, junto a Luis Cabrera, Director Académico de la Facultad de Humanidades, Letras y Artes, y a Fredy Martínez, abogado y docente de la universidad (quien luego en su cuenta de X negaría haber hecho algo así), la sanción disciplinaria que la universidad les imponía era por su bien; si se acogían a ella, iban a tener la “oportunidad” de resolver el conflicto mediante una “vía institucional” establecida por la UAM. La alternativa a esa mano tendida que se les ofrecía a los estudiantes, sería la de enfrentar el sistema judicial regular que el oficialismo chavista-madurista controla con riendas cortas.

“Hay dos formas de resolver esta situación”, aseguró Flores en uno de esos careos con estudiantes, para luego advertir: O “nosotros ponemos todas esas captures [imágenes de los mensajes en Whatsapp o publicaciones en las redes sociales de los estudiantes] en manos de los órganos judiciales y policiales para que hagan la averiguación correspondiente, porque estamos frente a un delito", o "la universidad ha decidido resolverlo en el ámbito académico y universitario para que las consecuencias no sean más graves, lo cual no garantiza que los órganos judiciales o policiales [no] inicien una averiguación de oficio o por instancias de alguna persona que se sienta afectada”.

Los miembros de la Consultoría Jurídica de la UAM tenían cada caso documentado con un expediente como el que habían mostrado a S., según confirmaron otras cuatro fuentes con conocimiento de las reuniones. Además, esas autoridades revelaron que las indagaciones habían estado a cargo de una “comisión designada por la universidad”, cuyos miembros no se dieron a conocer aduciendo consideraciones “de confidencialidad”. 

Una de las tareas acometidas por esa comisión habría sido la de determinar el rango de gravedad de cada uno de los casos, de modo de clasificarlos a posteriori en tres categorías:  "Menos grave, grave y gravísimo”; las penas que se les aplicarían a los potenciales sancionados tendrían severidades distintas, también según ese escalafón. Así, a los responsables de los casos “menos graves” y “graves” solo se les plantearía la firma del acuerdo de “arrepentimiento”. Pero a los de los casos considerados como “gravísimos” se les reservó una elección diabólica: debían escoger entre retirarse voluntariamente de la casa de estudios por dos semestres consecutivos, por un lado, o sufrir una expulsión de por vida, por el otro.    

Allí no acabaron las advertencias de las autoridades universitarias. Avisaron a los estudiantes que no se molestaran en publicar sus historias o hablar con periodistas, porque tenían documentado caso por caso y, si alguno lo hacía, iban a saber de quién se trataba, según la versión de diversas fuentes.

Por la misma fórmula, al menos 60 estudiantes de la UAM, con O. y S. entre ellos, se encontraron entre la espada y la pared. En un evento sin precedentes en la educación universitaria venezolana, que combinó restricciones a la libertad de expresión con la vigilancia electrónica, una comisión encubierta de la UAM se había dedicado a monitorear sus comentarios en chats grupales de mensajería o en redes sociales (muchas veces publicados bajo cuentas anónimas sin una clara vinculación con el estudiantado) para usarlos en su contra. Se les acusaba de transgredir con esas publicaciones la Normativa de los Alumnos que, supuestamente, cada uno de ellos había aceptado por defecto al momento de inscribirse.

Mordaza universitaria

El proceso usado por las autoridades universitarias (valiéndose de personas infiltradas para espiar y extraer de grupos privados de Whatsapp los mensajes de los estudiantes) parte de una seria irregularidad, según argumentaron varios abogados especialistas consultados para esta historia, que pidieron no ser identificados: viola el derecho a la intimidad y la privacidad de las comunicaciones de los estudiantes, que se establece en el artículo 48 de la Constitución vigente desde diciembre de 1999. No hay disciplina educativa que suplante la Constitución.

En tal sentido, de acuerdo con las mismas fuentes, las capturas de pantalla presentadas por la Consultoría Jurídica como pruebas de alguna falta presunta pudieran carecer de validez por haberse obtenido de forma contraria a lo dispuesto en la legislación. Para poder intervenir comunicaciones privadas, como pudiera interpretarse que ocurrió en este caso, es necesario contar con una orden de un tribunal para no incurrir en una violación, también, de la Ley Sobre la Protección a la Privacidad de las Comunicaciones.

“Hablar de esa forma del rector (...) es un hecho que podría ser sancionado si ocurre dentro del recinto universitario. Pero hay un problema: si esa conversación se obtiene violando la privacidad de las comunicaciones, entonces no lo puedes sancionar”, explica uno de los abogados. Y continúa: “Pero, además, no tienes que llamar a nadie a una reunión. Por el contrario, el procedimiento es notificarle primero al estudiante que se le abrió un proceso disciplinario y el estudiante en ese proceso disciplinario se defiende. ¿Qué es defenderse en este caso? Presentar argumentos y pruebas de que ellos no dijeron lo que la autoridad dice o, por ejemplo, argumentar que los captures son una violación a su derecho a la privacidad de las comunicaciones”.

Lo peor era que la razzia en el campus no tenía que ver con algún episodio estrictamente universitario; estaba relacionado con las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Días antes de la jornada comicial, algunos estudiantes habían creado un grupo de Whatsapp para usarlo, sobre todo, como un espacio donde podían comentar las declaraciones que Giovanni Sebastián Nani Lozada, Rector de la UAM, venía ofreciendo en distintos medios de comunicación nacionales, incluyendo canales de TV. En efecto, el rector Nani, ingeniero de profesión, empezó súbitamente a encarnar en público el rol de un analista político-electoral; hasta entonces, nadie le conocía esa faceta. En sus intervenciones en medios, aseguró haber realizado lo que llamó un “análisis predictivo” sobre los resultados de las, entoncxes, venideras elecciones presidenciales. Según el estudio, decía el rector, el candidato a la reelección, Nicolás Maduro, despuntaba como favorito para ganar la contienda con 53% de los votos. El presunto análisis, siempre de acuerdo a Nani, se habría alimentado con data proveniente de un estudio de opinión hecho por el Centro de Medición e Interpretación de Datos Estadísticos (CMIDE 50.1), una encuestadora fantasmagórica cuyos método, reputación y propia existencia habían quedado muy en entredicho tras algunas revelaciones en la prensa. 

Desde luego, los comentarios en el chat de estudiantes no solían ser amables con Nani. De hecho, empezaron a escalar en intensidad y virulencia, no solo en los chats de WhatsApp, sino en otras redes sociales. El tema empezó a llamar la atención. Muchas personas se sumaron al foro, y no todas eran conocidas. Ahora los verdaderos estudiantes que participaron en el grupo lo lamentan; algunos debieron ser infiltrados. “Eran espías, sapos”, comentó una fuente que pidió resguardar su identidad por temor a represalias.

Indicios del uso por parte del rector Giovanni Nani de las mismas técnicas de infiltración y vigilancia en las redes sociales y, sobre todo, en grupos de WhatsApp, también se encuentran en otros ámbitos. Por ejemplo, hace quince días Nani denunció en medios regionales cercanos al chavismo a la periodista María del Rosario Charito Rojas, una personalidad de la radio local, a quien acusó de difamarlo de manera continua. Para sustentar los señalamientos, mostró imágenes del intercambio privado en un chat llamado Periodismo Activo, que conformaban reporteros y editores del estado Carabobo. Con respecto al grupo de WhatsApp, Nani hizo además "un llamado a las autoridades del Estado para que investiguen a los administradores de este grupo promotor de la violencia”. Rojas se sintió obligada a dejar el país..

Mañas viejas de viejos conocidos

Hay algunas relaciones que perduran con el tiempo, aunque solo se sostengan por un componente esencial: la lealtad. Y la lealtad es a menudo unidireccional. 

Es lo que describe la relación que une en términos de subordinación a Pedro Flores y Luis Cabrera, dos de los inquisidores en la reunión con los estudiantes, con el rector Giovanni Nani Lozada, quien se apropió del cargo en agosto de 2022 sin la aprobación mediante el voto de la mayoría de los miembros de la Asociación Civil Universidad Arturo Michelena, propietaria de la UAM, de acuerdo con las actas constitutivas de la institución.

Siguiendo la estela dejada por Nani durante su ascenso en la institución, Cabrera y Flores no sólo han escalado posiciones entre los directivos de la universidad, sino que también se han beneficiado con títulos de doctorado para los cuales ni cursaron materias ni presentaron tesis, como publicó Armando.info el pasado mes de marzo. Es una relación que se ha ido tejiendo desde al menos el año 2014, según fuentes con conocimiento interno de la universidad, y que se ha consolidado a tal punto que ambos actúan a disposición del rector sin objeciones.

Las maneras represivas dentro de la universidad ya se asomaron hace diez años, cuando una ola de protestas sacudió por varios meses las calles de ciudades en todo el país. En ese año de 2014, los empleados y estudiantes de la UAM conocían a Luis Cabrera solo como “el señor que administraba un local de venta de shawarmas”, contaron fuentes. El negocio funcionaba en un espacio alquilado dentro del llamado bulevar, un pasillo que alberga distintos expendios y que, por lo tanto, concentra parte de la vida diaria en la institución. Tanto, que también escondía un secreto: en habitáculos entre sus muros se llegó a retener a estudiantes para que no pudieran acudir a las manifestaciones callejeras de 2014, según denunciaron para esta historia antiguos integrantes de la directiva de la UAM y varios estudiantes afectados entonces.

Según los testimoniantes, quienes hace una década los confinaron eran funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, policía política) que habían ingresado al recinto universitario vistiendo uniformes del personal de mantenimiento, un servicio que para ese momento Giovanni Nani dirigía. A los estudiantes los interrogaron y les pedían revelar los nombres de sus colegas que participaban en la organización de las protestas o, de lo contrario, los incluirían en una lista negra que iba a ser entregada a la justicia chavista.

Algunos de ese grupo de estudiantes sufrieron consecuencias casi de inmediato. Por ejemplo, uno de ellos, que habló con Armando.info a condición de mantener su identidad en estricta reserva, notó en aquella ocasión cómo los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Policía Municipal de San Diego, un municipio en el extrarradio de Valencia, quienes solían custodiar las calles cercanas a la UAM para sofocar las protestas, comenzaron a llamarlo por su nombre y a hacer demostraciones de que conocían sus datos personales, como su lugar de residencia. Luego, a mitad de ese semestre, ocurrió un “error” en el sistema Terna que borró todas sus notas y materias que había cursado. La falla fingida casi lo llevó a tener que reiniciar desde cero sus estudios universitarios, pero una constancia de estudios que había solicitado unos meses antes, a manera de precaución, le permitió solventar el problema.

“Un día se me acercó una persona que para ese momento no era profesor, pero que terminó siendo profesor más adelante, me llamó por mi nombre y me dijo que quería hablar conmigo”, relata el exalumno de la universidad. “Cuando me siento a hablar con él, me dice: ‘Yo sé quién eres, yo sé cuáles son tus notas y cuáles materias estás cursando, y yo no quiero dañarte a ti. Si me das el nombre de todas las personas que están en el Movimiento Estudiantil, te dejo a ti fuera de la lista, pero, si no, tu información yo se la voy a dar al grupo del Sebin’”. Quien lo presionaba era Luis Cabrera.

El estudiante supo luego, por personas que lo contactaron desde el interior del cuerpo de seguridad, que las fotos de él y de otros estudiantes de la UAM eran exhibidas en una cartelera en la sede regional del Sebin, ubicada en el municipio Naguanagua, un suburbio de Valencia.

Censura en la teoría política

Durante esos meses de protestas, que se extendieron desde febrero hasta mayo de 2014, Giovanni Nani recorría el campus universitario señalando a los manifestantes y dando indicaciones a personas no identificadas para que, según comentaron cinco testigos al reportero de Armando.info, tomaran fotos, grabaran y siguieran a los protestantes por toda la universidad. Para entonces, los estudiantes lograron identificar que una de esas personas tenía el apellido “Brito” y que, si bien estaba inscrito en un postgrado que se desarrollaba los fines de semana en la UAM, no asistía a clases.

Otro reflejo de las relaciones cercanas entre la UAM y los cuerpos de seguridad se encuentra en el relato de Roberto Romero, quien hace algunos años se desempeñaba como profesor de la cátedra de Ideas Políticas y Económicas en la Escuela de Comunicación Social.

En las aulas existía lo que él define como un “microcosmos” de diversidad de pensamientos políticos entre los estudiantes. Un día comenzó a notar la presencia de personas desconocidas, que ni siquiera se presentaban o firmaban lista, en el salón donde daba clases. No tenía que tratarse de algo irregular: en medio de ese ambiente abierto que Romero recuerda, también era frecuente que estudiantes de otros cursos le preguntaran si podían ingresar a sus clases. Pero Romero se percató de que la situación se repitió por segunda y tercera vez, hasta que se decidió a actuar.

“Comencé a notar rostros y comportamientos que no tenían que ver con la forma de actuar de los estudiantes”, contó. En una de esas ocasiones, Romero interrumpió la clase y le pidió a la persona desconocida que saliera del salón para poder conversar de manera privada. “El tipo se queda callado, sale y me pregunta que en qué me puede ayudar”, relata el exprofesor de la UAM, que le respondió: “Tú eres de la inteligencia de alguien, ¿quién te mandó?”. El sujeto soltó una carcajada y aseguró que, debido a un acuerdo entre la Gobernación de Carabobo (a cargo entonces de Francisco Ameliach) y Giovanni Nani, tenía instrucciones de vigilarlo.

Quince días después de ese episodio volvió a ocurrir lo mismo, pero con otra persona. Cuando lo confrontó, en esa ocasión frente a sus alumnos, el hombre abrió su billetera y le mostró un carnet que lo identificaba como funcionario del Sebin. En el pasado, por su rol como dirigente del movimiento estudiantil del año 2007, Romero asegura que mantuvo cierta rencilla con Ameliach, un exmilitar y dirigente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Carabobo.

Esta versión de los hechos fue confirmada a Armando.info por tres diferentes fuentes, entre estudiantes y exdirectivos de la UAM, quienes alegaron haber sido perseguidos o intimidados por funcionarios de seguridad del Estado tanto en la universidad como fuera de ella.

Armando.info solicitó respuestas a la Dirección de Administración de la UAM por correo electrónico. Como reacción por esa vía, Luis Cabrera negó que existiera cualquier “coacción o amenaza por parte de las autoridades de la Universidad Arturo Michelena contra estudiantes de esta casa de estudios que hayan emitido opiniones políticas a través de redes sociales sobre las elecciones del pasado 28 de julio”. 

En la breve misiva, Cabrera también solicitó a Armando.info que "se ponga fin a la persecución hacia nuestros estudiantes y profesores en relación con una situación que ya ha sido aclarada y forma parte del pasado".

Sobre esto último, remite a unas declaraciones emitidas el 19 de agosto por el propio rector, Giovanni Nani, en las que este, en respuesta a tempranas denuncias de periodistas sobre represalias en la UAM después de las elecciones, las desmiente y sostiene que forman parte de un "ataque sistemático contra las universidades privadas". "¿Con qué finalidad?", se pregunta de manera retórica Nani en el video, para enseguida responderse: "Porque las universidades están en paz. Venezuela están en paz y los estudiantes están tranquilos y apostando por la paz".

Luego hace referencia a las tribulaciones vividas en la UAM, de la que dice fue "víctima de la violencia" desde el 29 de julio, día siguiente al de las elecciones, a través de "redes sociales (...) y grupos de Whatsapp". Dirigiéndose a los padres y representantes de los alumnos de la universidad, Nani aparece asegurando que "aquí nunca castigaríamos a su hijo o al familiar que usted tiene estudiando aquí porque piense diferente o apoye una política o apoye a otro grupo político" y, tras mostrar algunos pantallazos con mensajes "de odio" en Whatsapp, recalca que su "intención principal fue siempre manejar esto a lo interno, por eso se llamó a estos muchachos a conversar con ellos, a lo interno, [para] hacerles ver que la violencia no tiene cabida en la universidad".

Pero ya se ve en qué tono se plantearon esas "conversaciones", que incluyeron claras amenazas de llevar los casos ante la Fiscalía. Para algunos todavía, la letra con sangre entra.

Cuando la petrochequera chavista acudió al rescate, ya habían pasado cuatro años desde que el Partido Comunista de Chile (PCCh) se había hecho del control accionario de esta universidad privada, junto a Max Marambio, un magnate que fue guardaespaldas de Salvador Allende. Marambio, un genio de las finanzas que por años controló un esquema de empresas fantasmas diseñado para captar moneda dura para el régimen cubano, figuraba en la Junta Directiva de la universidad junto a dirigentes del PCCh, como Patricio Palma y Juan Andrés Lagos –hoy en el gobierno de Michelle Bachelet–, y el ex secretario general del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario), Andrés Pascal Allende.

La gobernanza del negocio universitario mutaría a otras formas aún más entreveradas, que incluirían, por ejemplo, la venta de sus activos a una inmobiliaria creada ad hoc para controlar de hecho el negocio educativo. También a la larga Marambio cayó en desgracia con los Castro y con el partido comunista, con lo que abandonó la empresa. El PCCh, que quedó al mando, fue el último en dejar la nave, en diciembre de 2013, justo unos meses antes del naufragio. Pero no dejó de cobrar utilidades antes de su retirada.

La Universidad Arcis –siglas de Arte y Ciencias Sociales– está a punto de protagonizar el segundo colapso de una institución privada de educación superior en Chile desde que en 2012 se vino abajo el castillo de la Universidad del Mar, condenada a cerrar el próximo diciembre. Si termina de irse a pique, el hundimiento de Arcis también succionará los fondos públicos venezolanos.

Música para el tiovivo

Han pasado seis años de la donación venezolana, amparada entonces bajo la figura de “asistencia económica no reembolsable”. Pero es solo ahora que un reportaje publicado por el Centro de Investigación Periodística (Ciper) de Chile, con la firma de Juan Pablo Figueroa, descifra la maraña de ingeniería financiera por la que drenaron esos y otros fondos.

Se trata de un carrusel de traspasos de propiedades, contratos de arrendamientos y otras prestidigitaciones que ya, para el momento del aporte concedido por el gobierno del expresidente Hugo Chávez, estaba en pleno funcionamiento.

El Bandes venezolano transfirió una primera partida el 24 de enero de 2008 por 9.060.000 dólares; la segunda fue por otros 4.000.000 millones de dólares, el 29 de marzo de 2009.

El acta del primer convenio, firmada en Caracas el 11 de enero de 2008 por Rafael Isea cuando se estrenaba al frente del Ministerio de Finanzas, señala que el “Convenio de Asistencia Económica para Desarrollo Educacional de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales - Arcis” fue suscrito para “el saneamiento de pasivos de la universidad: pago de arriendos, juicios pendientes, impuestos, pagos a proveedores y traslado de todas sus dependencias a la sede principal”.

Venezuela había salido en defensa de una universidad de izquierda, para colmo quebrada, en Chile. Discutible o no, la donación, de cualquier forma, no llegó directamente a la casa de estudios. Llegó a las cuentas de dos privados: el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, ligado al Partido Comunista de Chile, y la compañía Nazareno S.A. del empresario Max Marambio. La única contraprestación que Bandes –o sea, la República Bolivariana de Venezuela– planteó como intercambio a sus beneficiarios chilenos era la futura prestación de becas de estudios o servicios académicos en una Escuela Latinoamericana de Estudios de Posgrado (ELAP) que Arcis pondría a funcionar en su campus. Apenas dos por ciento del dinero se destinó a ese programa, que casi no tuvo actividades.

Nuestro mercante en La Habana

Pero, ¿quién es Marambio? Antes que nada, un personaje de leyenda. Fue amigo de Fidel y Raúl Castro, aunque desde 2011 pesa sobre él una condena de 20 años de prisión dictada por un tribunal cubano por los delitos de cohecho, falsificación y estafa. La Habana llegó a emitir una orden internacional por su captura, aunque vive sin contratiempos en Chile.

Las armas de ayer, el libro autobiográfico de Max Marambio, precisa el momento en que su autor aterriza en Cuba en 1966. Los privilegios de los que gozaba el chileno en la isla surgieron a partir de ese viaje que emprendió junto a su padre, el ex diputado socialista Joel Marambio. Entonces Fidel Castro apadrinó al muchacho, lo alistó en tropas especiales del Ministerio del Interior cubano y lo mandó de vuelta a Chile para dirigir el Grupo de Amigos del Presidente (GAP), que estuvo a cargo de la seguridad de Salvador Allende.

La confianza en el nuevo camarada se puso a prueba cuando Marambio defendió a tiros un depósito de armas escondido en el interior de la Embajada cubana en Santiago de Chile, tras el putsch de septiembre de 1973. Ese episodio terminó por abrirle a Guatón –su apodo en Cuba– una nueva carrera, puesto que hasta entonces prefería identificarse como un productor de cine. Fue a partir de ese momento que por 20 años, junto a su hermano Marcel, se convirtió en uno de los principales conductos de divisas para los Castro, con especial entrada a la industria turística cubana. Bajo el alero de la firma Cimex, creó un imperio de empresas de fachada con estribo en Panamá.

“Él trae a Cuba una visión nueva de cómo hacer negocios”, comentó en 2010 el escritor cubano Norberto Fuentes al reportero Juan Cristóbal Peña, también de Ciper. Bajo la figura de empresas mixtas con el estado cubano, Marambio supo hacer fortuna en alianza con La Habana, a través de la red de agencias turísticas Sol y Son y la firma Alimentos Río Zaza que, paradojas de la vida, en Cuba hoy solo son un símil de traición.

En 2011 Marambio fue acusado por la propia justicia cubana de falsificar documentos para sobrefacturar importaciones, según lo que pudo saberse por la tradicional opacidad del régimen castrista. Fue a partir de allí que desapareció de la órbita de La Habana e incluso de satélites como Venezuela, en cuyo Registro Nacional de Contratistas (RNC) también figuró Alimentos Río Zaza, el joint venture que Marambio conformó con Cuba para la importación y exportación de alimentos.

Marambio mantuvo en Venezuela una sucursal que, de acuerdo con los registros públicos, funcionaba en la habitación 817 del Hotel Alba Caracas, el otrora Caracas Hilton que expropió el gobierno de Chávez. La empresa se mantuvo activa entre los contratistas del Estado precisamente hasta el año 2010, cuando la justicia cubana inició un proceso que lo lo juzgó y sentenció en ausencia.

En 2012, versiones de prensa asomaron que Marambio iba a ser el empresario chileno que inyectaría fondos para el rescate del atribulado diario de izquierdas español Público. Este tabloide era propiedad de Jaume Roures, propietario a su vez del conglomerado de medios Mediapro. Empresas de servicio de Mediapro han trabajado para la cadena TeleSur y la transmisión televisiva de actos oficiales del chavismo. Sin embargo, ni Marambio ni nadie salvaría a Público, cuya edición impresa desapareció.

Antes de caer en desgracia con sus socios cubanos y la izquierda castrista, Marambio, que comenzó como guardaespaldas de Salvador Allende, igual consiguió que la revolución bolivariana fondeara a su universidad.

No debe haber sido casualidad que allí, en esa misma casa de estudios, Chávez recibió un Doctorado Honoris Causa la noche del 10 noviembre de 2007. Aprovechando su participación en Santiago de Chile en el encuentro alternativo a la XVII Cumbre Iberoamericana, el mandatario manifestó su disposición a otorgar un mayor apoyo a la institución académica, a la que su gobierno ya auspiciaba desde 2005 mediante un acuerdo de intercambio académico con la Universidad Bolivariana de Venezuela. Luego vendrían los depósitos del Bandes.

El real y medio del Partido Comunista

Sumergida en una crisis financiera, la Universidad de las Arte y Ciencias Sociales (Arcis) pasó en el año 2004 a manos del Partido Comunista de Chile (PCCh) y otros inversionistas de izquierda, como Marambio, que entonces compraron poco más que deudas, sedes regionales que no rendían y alumnos que no pagaban. “La más pública de las universidades privadas”, había sido uno de sus lemas. Pero más allá de la demagogia, el negocio tenía que empezar a producir dinero. La fórmula que se encontrara para lograrlo imitaría la ya usada por otras empresas de educación superior chilenas: lo que el directorio de la universidad progresista decidió fue traspasar sus bienes raíces a una sociedad inmobiliaria propia. En otras palabras, deshacerse de sus principales activos para hacer caja y luego pagar arriendo por ellos para generar lucro a los controladores, que eran los mismos accionistas de la universidad.

Aunque Marambio llegaría a controlar nominalmente hasta 60 por ciento de las acciones de la universidad, en la práctica fue corto el tiempo en que manejó el negocio. Hoy solo conserva 0,5 por ciento de las acciones. El accionista principal terminó siendo el Partido Comunista de Chile, que salió de la sociedad en diciembre de 2013. Ese retiro obedeció, en principio,  a razones de estrategia política. La educación superior se convirtió en tema de la agenda pública chilena desde las masivas manifestaciones estudiantiles de 2011 y aún más, en tema de la agenda electoral durante la campaña de la que saldría triunfadora Michelle Bachelet en segunda vuelta, justamente, en diciembre de 2013. Bachelet quería la participación de los comunistas en su nuevo gobierno. Pero si el partido quería formar parte de la Nueva Mayoría –el lema con que Bachelet bautizó su segunda administración– y hacer barra por la reforma educativa, no podía tener una universidad, privada y con problemas administrativos, para más señas. Menos todavía, haber lucrado con ella.

Ahora, en el invierno austral de 2014, se destapó la olla de la Universidad Arcis. Van dos meses sin que su personal cobre, y su rector renunció. Profesores y alumnos están en paro. La crisis arroja una nueva luz sobre el retiro del Partido Comunista de la empresa y apoya a quienes se preguntan si, en vista de la evolución de los hechos, el partido de la hoz y el martillo no se habría aprovechado de información privilegiada para salirse a tiempo.

En 2013 el directorio universitario, presidido entonces por Juan Andrés Lagos –dirigente comunista, hoy asesor de los ministros del Interior y de Educación–, solicitó a una empresa de consultoría, Entrepuertos, un informe sobre la situación financiera de Arcis. El reporte, lapidario, confirmó un déficit operacional anual de 1.790 millones de pesos chilenos, equivalentes a más de 3 millones y medio de dólares, y una deuda de 6.780 millones de pesos, lo que es más de 13 millones de dólares.

Lagos aseguró en junio pasado que su partido no obtuvo ni un centavo de la Universidad Arcis y que, por el contrario, perdió dinero. Para la fecha, Lagos era todavía secretario general del PCCh. También declaró que cuando los comunistas se retiraron, en diciembre de 2013, “no estábamos con la idea de que la universidad reventara en dos meses”.

No obstante, la investigación de Figueroa y Ciper detectó que en una asamblea de accionistas de diciembre de 2012 –un año antes del retiro comunista de la sociedad–, se decidió el reparto de un excedente de 540 millones de pesos chilenos, alrededor de un millón de dólares. A los comunistas correspondía 76 por ciento del monto, pues esa era la proporción de acciones que entonces controlaban en Inmobiliaria Libertad S.A., la propietaria de los inmuebles de la Universidad Arcis, a través de dos personas jurídicas. Fue al menos el segundo evento de liquidez que permitió repartir utilidades entre los accionistas de la universidad, una verdadera bicicleta financiera en la que alguna vez pedalearon fondos venezolanos.