Tan ambicioso fue ese proyecto industrial previsto para procesar oro con la técnica de la cianuración, y tan grande fue la inversión -precisada por Víctor Cano en 30 millones de euros- que les pareció pertinente tener material promocional para la inauguración: franelas y gorras bordadas especialmente para la ocasión, con los nombres y logos de las seis empresas privadas que hacen parte del complejo Domingo Sifontes. El combo lo lucieron varios de los invitados capturados por las cámaras y, por supuesto, el propio Rivas, quien tenía razones para vestir con orgullo esa franela.

Uno de los nombres bordados, Inversiones y Representaciones Glenduard, resulta ser el de una empresa de su propiedad, donde Rivas controla la mayoría accionaria y actúa como director principal; y como esa, hay otra empresa del complejo de importancia particular, Corporación Petroglobal, cuyos dueños son Mario Bonilla Vallera y Raúl Saavedra Leterni, los fieles socios en más de una docena de empresas en Venezuela y el exterior, amigos cercanos de los hijos de Cilia Flores, Yoswal y Yosser Gavidia Flores, y de su hermanastro Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro.

Bonilla Vallera fue identificado en 2018 como testaferro de los hijos de Cilia Flores en la investigación penal llevada en Estados Unidos bajo el nombre de Operación Money Flight, que siguió el rastro al lavado de 1.200 millones de dólares de Pdvsa, y por la que Bonilla Vallera se mantiene prófugo de la justicia estadounidense tras ser sentenciado a 20 años de prisión.

La importancia del complejo Sifontes y de su presidente guarda relación directa con la alta jerarquía de la administración de Nicolás Maduro, lo que explica el rol prominente que tiene Rivas ahora y que se ha consolidado en los últimos dos años.

Hoy Rivas es bien conocido en El Callao y en todo el eje minero al sur de Bolívar, pero mientras más lo conocen más le temen. Quienes trabajan en el sector, directa o indirectamente, prefieren no nombrarlo o guardar silencio por miedo. “Aquí dicen que ese es el hombre que está manteniendo al país”, susurra un trabajador de una de las plantas de procesamiento de oro de la zona, al otro lado del teléfono. El temor se sobreentiende. La Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) es responsable de la seguridad de Rivas y del Complejo Industrial Domingo Sifontes, así como de algunas plantas de procesamiento de oro en la zona. La presencia de este organismo de inteligencia en áreas mineras y plantas para cumplir funciones de resguardo y vigilancia no era común. Esta labor siempre le había correspondido y aún corresponde a la Fuerza Armada Nacional, pero a los funcionarios regulares de uniforme verdeoliva, no a los que visten de negro de pies a cabeza y ocultan su rostro con pasamontañas.

Más recientemente, en noviembre de 2019, fue inaugurado otro complejo similar bautizado como Manuel Carlos Piar, por el general independentista guayanés. Se trata de una versión menor de la anterior instalación, dotada de nueve plantas de cianuración, de las que por ahora solo una está activa. Otra diferencia es que este no se encuentra ubicado en la zona aurífera del río Cuyuní, sino a tres horas de distancia en carro, en la zona industrial de Matanzas, en Puerto Ordaz, a orillas del Orinoco y junto al mayor cluster venezolano de industria pesada para la transformación de minerales.

A pesar de la distancia, la instalación también es presidida por Eduardo Rivas y resguardada por la Dgcim. Como ha venido ocurriendo desde la creación del Arco Minero del Orinoco (AMO) en febrero de 2016, el mapa de actores que participan en la zona se ha reconfigurado.

El hombre intocable

En el pueblo de El Callao se tienen al menos dos certezas: que el complejo de cianuración reviste gran interés para la cúpula que se mantiene en Miraflores, y que Rivas es el gran hombre de confianza, casi intocable. Cómo llegó a convertirse en una figura de tanta importancia en el sector aurífero es algo que pocos saben.

Rivas es del estado Bolívar, aunque no de El Callao. En 2008 fue candidato al Consejo Legislativo del estado (parlamento regional), con apoyo de la coalición conformada por el gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), UPV e IPCN. A pesar de semejante respaldo en una entidad que desde el año 2000 no ha dejado de tener un gobernador chavista, su candidatura perdió. Al menos hasta 2013 era un desconocido en el sector aurífero. Algunos de quienes dicen que su oficio era el de técnico de refrigeración, recuerdan haber sabido que de vez en cuando vendía oro.

Alguien que llegó a tener información de primera mano sobre esta persona es el general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), así como subdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), cargo que tuvo durante años.

En entrevista concedida para este reportaje, el general asegura que Eduardo Rivas “es persona de confianza de Nicolasito”, en referencia a Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro Moros. Su afirmación se desprende, en parte, de un hecho que siguió desde el órgano de contrainteligencia militar. “Con información que proporcionó ese individuo (Rivas), Nicolasito utilizó la Dirección General de Contrainteligencia Militar para conducir la llamada ‘Operación Manos de Metal’. Cuando se inició esa operación, yo me desempeñaba como subdirector de la Dgcim y también como director del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, donde me llegaron denuncias de familiares de personas perseguidas por la Dgcim, que se dedicaban al comercio del oro”.

Cuando intentó saber más información sobre las personas detenidas en la Dgcim por esas causas sobre la comercialización del oro, recibió como respuesta que esos procedimientos los estaba dirigiendo personalmente Nicolás Maduro Guerra con apoyo de la Dgcim, bajo instrucciones presidenciales y que el director del organismo de inteligencia, el general Iván Hernández Dala, “estaba en cuenta y dio la orden de apoyar”, sostiene el general, actualmente exiliado en Estados Unidos luego de haber desertado del gobierno de Maduro tras el fallido golpe de Estado del 30 de abril de 2019. De hecho, es él quien confirma que la Dgcim tiene la responsabilidad de cuidar a Rivas desde hace, al menos, tres años por órdenes de Nicolás Maduro. “Es público que Rivas ascendió a las esferas del poder de forma meteórica”, dice.

La "Operación Manos de Metal", activada en junio de 2018 por el Ejecutivo nacional, buscaba impedir el contrabando y extracción de minerales, sobre todo oro, de acuerdo con la versión del entonces vicepresidente Tarek El Aissami, quien hizo el anuncio. Pero, según el general Cristopher Figuera, “fue para establecer un monopolio con la compra-venta del oro, en la que Eduardo Rivas con apoyo desde la presidencia de la República, estableció un ‘pranato industrial y artesanal’ en ese comercio”.

Sobre esto no dio mayores detalles. Tampoco se pudo confirmar de manera independiente cómo operaría ese supuesto “pranato”. Eduardo Rivas fue contactado para este reportaje a través del equipo de prensa del complejo Manuel Carlos Piar, pero no atendió la entrevista solicitada. “El señor Eduardo está cumpliendo unos compromisos y por eso está aislado de entrevistas”, indicaron.

Pero más allá de ese rol que le atribuye Cristopher Figuera, la prensa local abiertamente afín con el proceso que encabeza Nicolás Maduro muestra otra faceta del personaje. Una vez hecho pública en 2018 la identidad de Eduardo Rivas, comenzó a aparecer regularmente en las reseñas de la prensa oficialista o sumisa como el gran ingeniero-empresario, inversionista y benefactor, comprometido con acciones sociales que van desde el asfaltado de vías, recuperación de áreas verdes y recientemente, la dotación de insumos médicos y desinfección de espacios para mantenerlos “libres” de la Covid-19, tanto en El Callao como en Puerto Ordaz. En todas esas actividades el complejo Domingo Sifontes se muestra como el mecenas que hace posible las obras sociales en alianza, eso sí, con la gobernación del estado, a cargo del general del Ejército Justo Noguera Pietri. Así como Rivas se convirtió en un actor clave en Bolívar, el centro industrial que dirige también.

Una apuesta colosal que se queda corta

Una imagen satelital permite apreciar las dimensiones del complejo industrial construido en el sector Nacupay de El Callao. El Domingo Sifontes fue levantado en tiempo récord, recuerdan los lugareños, y posee una capacidad de procesamiento envidiable en comparación con las procesadoras de oro que existían en los alrededores. Adentro operan seis plantas, al menos según las palabras de Victor Cano el día de su inauguración, puestas en marcha en el marco de las “alianzas estratégicas” firmadas entre la Corporación Venezolana de Minería (CVM) y seis empresas privadas: Inversiones y Representaciones Glenduard (que pertenece a Rivas), Corporación Petroglobal (de Bonilla y Saavedra), Invertrade, Mipre, Inversiones RPN e Inversiones Oriente. Tan solo dos de las seis plantas suman una capacidad para procesar, entre ambas, 600 toneladas de material primario al día.

Se trata de plantas de “hidrometalurgia por lixiviación con cianuro para el aprovechamiento de las arenas auríferas derivadas de la pequeña minería” para la producción de oro, de acuerdo con el ministerio de Desarrollo Minero Ecológico. En palabras más sencillas, son plantas que usan cianuro en lugar de mercurio para recuperar el oro que queda en las arenas, una técnica que no es nueva pero que el ministerio ofrece como solución para reducir el uso del tóxico mercurio en el Arco Minero del Orinoco. La apuesta era grande: para 2018 se esperaba haber instalado 45 de esas plantas.

Este proceso de cianuración es como un repaso o segundo tamizado en la producción de oro. El insumo básico para alimentar el proceso es el de las llamadas arenas de cola, es decir, el desecho que queda luego de procesar las arenas auríferas en un molino primario.

En detalle, el minero extrae con técnicas rudimentarias de las minas de galerías o túneles, a unos 30 metros de profundidad, trozos de piedras que luego lleva a triturar a un molino, también con escasa tecnología. Allí, con el uso de mercurio, se puede rescatar del 30% al 35% del oro que contiene el material aurífero extraído de la mina. Culminado el proceso queda un desecho o remanente, en forma de arena, que posee aún un porcentaje considerable de oro, hasta 70%. “Por eso las arenas se volvieron la última panacea”, comenta un geólogo que trabaja en el sector y que por precaución ante posibles represalias de la Dgcim o de los grupos irregulares que operan en la zona, pide mantener su anonimato.

“De ese 70% que deja el minero aún le puedo sacar un 85% o 90% del oro que contiene, usando la técnica de cianuración”, continúa explicando. Justamente ese remanente del que aún es posible recuperar buena cantidad de oro es el que los molineros le venden al complejo Domingo Sifontes y a las plantas de cianuración, pues estas nacieron con una debilidad: no tienen mina propia que les garantice el material primario que necesitan. “Las arenas de oro no se importan, las tienes o no”, sentencia el geólogo.

En la inauguración, Víctor Cano precisó que estas seis plantas, junto a otras dos que se activaron ese mismo día, tendrían capacidad para producir 21,6 kilos de oro al día, lo que se traduciría en un promedio de ocho toneladas de oro al año, equivalentes -de acuerdo a la cotización del momento- a 270 millones de euros.

No se conoce con claridad cuáles son las funciones que cumplen cada una de las empresas, pues solo dos de las seis aparecen en los informes oficiales del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico que presentan balances de logros y alianzas firmadas al cierre de 2018. Se trata de Glenduard y Petroglobal. En ambos casos, firmaron la “alianza estratégica” con la Corporación Venezolana de Minería (CVM) en 2017 por un período de cinco años, contados a partir de 2018. La alianza establece que la CVM aporta el derecho minero y la comercialización del mineral mientras que las empresas aportan el capital, la tecnología y el talento humano.

Glenduard fue registrada en enero de 2016, un mes antes de la publicación del decreto presidencial que anunciaba la creación del Arco Minero del Orinoco, como una empresa que se dedicaría al análisis de suelos, estudios de planificación urbana y de rentabilidad de proyectos, con posibilidades de suscribir alianzas estratégicas con el Estado. En ella, Eduardo Rivas posee el 90% de las acciones y es el director principal, mientras que la abogada Eukarys Lazzar Bernay es la accionista minoritaria y directora gerente. 

En septiembre de 2017 modifica su objeto social, “por requerimiento del  Banco Central de Venezuela (BCV) y del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes)”, para incluir dos detalles: que las alianzas estratégicas con el Estado pueden ser para compartir procesos productivos para el aprovechamiento del oro y demás materiales estratégicos y, la más llamativa, para “la compra y venta de oro al Banco Central de Venezuela y al Bandes”.

Corporación Petroglobal, en cambio, fue constituida a finales de septiembre de 2016, a los pocos días de haberse hecho una modificación en el expediente mercantil de una empresa homónima, registrada en otro país. En este caso, la dupla de Mario Bonilla y Raúl Saavedra, conocidos por haber usado otra de sus empresas -Constructora MyR- para la compra de siete de las catorce casas de la calle Laguna de Tacarigua de Cumbres de Curumo, a donde se mudaron los hijos de Cilia Flores y su familia tras adquirir todas las viviendas del callejón, habían registrado en Panamá a través de terceros la compañía Petroglobal Management, en octubre de 2015.

La misma tendría como fin principal la gestión petrolera, incluida la operación, servicios, comercialización de productos y materiales, compartido con otras actividades amplias como bienes raíces, importación y exportación en general y la facultad de servir de agentes o representantes de cualquier empresa nacional o internacional.

Pero este objetivo petrolero no fue suficiente para sus intereses (o para los intereses de quienes representan), pues al año siguiente modificaron la razón social de la empresa procurando no dejar rastros: en abril de 2016 Mario Bonilla había sido designado presidente y representante legal de Petroglobal Management, Raúl Saavedra fue nombrado secretario y Carlos Villafranca Blanco quedó como tesorero. Allí estuvieron por cinco meses, hasta el 23 de septiembre, cuando cambiaron de nuevo a toda la directiva (ellos tres salen) y amplían las atribuciones de la compañía, incorporando la explotación y comercialización de minerales como el carbón, manganeso, oro, diamante, hierro, bauxita y cobre.

Cinco días después de haber efectuado este cambio en Panamá, Bonilla y Saavedra registraron en Puerto Ordaz la Corporación Petroglobal, dedicada también a la minería y con la posibilidad de firmar alianzas estratégicas con el Estado. El objetivo estaba claro desde el principio, tener presencia en otro negocio de interés para la familia presidencial.

En esta empresa ya no contaron con Carlos Villafranca Blanco, un personaje que los sigue conectando con el entorno de Cilia Flores: Villafranca es el vicepresidente de Esaica, la empresa de cacao favorecida por sus conexiones con el poder, y está casado con Erika Alexandra Albornoz Gavidia, sobrina de Walter Gavidia y por tanto prima de los hijos de Cilia Flores. Bonilla también tiene un cargo en la directiva de Esaica. 

La planta de cianuración de Corporación Petroglobal tiene capacidad para procesar 200 toneladas de material primario al día, mientras que la planta de Glenduard puede procesar el doble, 400 toneladas.

Otra de las empresas del complejo Domingo Sifontes, Invertrade, tiene otra historia no menos interesante. Se ha dedicado desde 2019 a la importación de cianuro de sodio, indispensable para el funcionamiento de las plantas y la recuperación del oro de las arenas. Pareciera que su rol dentro del complejo es ese.

A partir de un proveedor mexicano, Invertrade importó cinco cargamentos de cianuro de sodio en 2019 y tres más en 2020 (febrero, abril y mayo), de acuerdo con información de la base de datos Panjiva. Seis de esos envíos, de 150.800 kilogramos en total, significaron un costo de 478.000 dólares.

Adicionalmente, en abril de 2019 importaron 5.140 kilogramos de mercurio desde México hasta Cuba, en tres envíos que costaron 257.000 dólares, según los registros de la base de datos Veritrade, procesados y suministrados a Armando.Info por la organización no gubernamental C4ADS, con sede en Washington DC. El destino de estos cargamentos de mercurio no está claro, pero no deja de ser llamativo que una empresa venezolana dedicada a la minería importe un elemento que desde agosto de 2016 tiene prohibición de uso, tenencia, almacenamiento y transporte con fines de obtención o tratamiento de oro.

Invertrade también fue creada en febrero de 2016, días antes de la publicación del decreto presidencial sobre el arco minero. En los papeles de la empresa aparecen como accionistas Carlos Alberto Ávila Mendoza, Ricardo Alfonso Brito Arasme y la compañía panameña Steel and Mining Group, donde a su vez participan otros venezolanos (Katiuska Da Camara Lucas, Félix Manuel Bastardo Arias y Richard Pinzón Neira).

Estas tres empresas, junto a Mipre (registrada en enero de 2017), tienen en común no solo formar parte del complejo Domingo Sifontes sino también compartir a la misma abogada como redactora de las actas constitutivas, quien además es la socia de Eduardo Rivas en Inversiones y Representaciones Glenduard: Eukarys Lazzar Bernay. La abogada fue contactada para este reportaje y aunque en un primer momento mostró disposición para hablar con el equipo de Armando.Info, luego no respondió más. Sobre las otras dos, Inversiones RPN e Inversiones Oriente, no se obtuvo la documentación.

Según Cristopher Figuera, el complejo Domingo Sifontes inició actividades en mayo de 2018 con una producción de 150 kilos de oro al mes, pero luego comenzó a bajar y para el primer semestre del año estaría entre 80 y 90 kilos por mes. La reducción también la confirman algunos molineros de la zona con conocimiento de causa, pues estos pequeños molinos son los proveedores de ese material primario que necesita el complejo. Los molineros reciben como forma de pago el 10% del oro que se puede recuperar de las toneladas de arenas que suministran; pero cuando se inauguró, pagaban el 20%. “Ellos se quedan con el lomito. No podemos hacer nada, usted sabe cómo son las reglas aquí”, dice con temor uno de los molineros contactados.

La escasez de gasolina y la emergencia instaurada desde marzo por el coronavirus han incidido en el trabajo de los mineros y de los molinos que procesan el material aurífero hasta convertirlo en arenas. La producción ha disminuido.

En junio de 2018, a un mes de la inauguración, se realizó la primera fundición de oro en el complejo y Rivas, en compañía del presidente de Minerven de ese momento, mostró el lingote de 4,4 kilogramos ante las cámaras. Desde entonces no ha habido más información sobre la producción.

Los grandes intereses

El 28 de junio de 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Nicolás Maduro Guerra, Nicolasito, entre otras cosas por haberse “beneficiado de las minas venezolanas junto con Maduro y su esposa, Cilia Flores”. Si bien el diputado de la Asamblea Nacional, Américo De Grazia, actualmente en el exilio, lo ha vinculado a una de las empresas que está explotando coltán en la zona del arco minero, las declaraciones del general Cristopher Figuera sobre la posible influencia de Maduro Guerra en la llamada “Operación Manos de Metal” y la confianza de Eduardo Rivas, dan una nueva perspectiva sobre su participación en el sector aurífero.

El exdirector del Sebin también sostiene que Rivas “cuida los intereses de los Maduro Flores, de los hermanos Rodríguez Gómez, de Jorge Arreaza, de un sector de la élite militar y de Tareck El Aissami”, e incluso menciona a Alex Saab, detenido desde el 12 de junio en Cabo Verde por ser el presunto testaferro de Nicolás Maduro, y solicitado por Estados Unidos para su extradición hasta ese país, que lo investiga por lavado de dinero. Sobre él asegura que “aparece como el principal financista en la mayoría de las empresas” del complejo Domingo Sifontes.

En el caso del complejo Manuel Carlos Piar, construido en Puerto Ordaz e inaugurado en noviembre de 2019, es aún más grande la opacidad. Solo está claro que Rivas es también el presidente y que su producción es también importante; la planta se instaló en menos de seis meses y de esa eficiencia hizo alarde el almirante Gilberto Pinto, actual ministro de Desarrollo Minero Ecológico. Además, el propio Nicolás Maduro comentó, el día de la inauguración, que el oro allí extraído sería usado “para las medicinas, para la alimentación, para la vida, la salud del pueblo y la educación”.

Fue construido en la vieja zona industrial Matanzas, uno de los primeros desarrollos de la pequeña y mediana industria en Guayana, devenido en reflejo del descalabro productivo en el país. En uno de los extremos, dos briqueteras expropiadas por el gobierno de Hugo Chávez en 2009 operan con limitaciones y a un ritmo alejado de sus máximos registros de producción.

En ese enclave de ruina industrial, instalaron la primera planta de lixiviación de oro de las nueve previstas, que tendrán capacidad para procesar 200 toneladas de arena aurífera por día con la aspiración de extraer 20 kilos de oro por mes, de acuerdo con la información oficial difundida. El complejo está ubicado detrás de las alicaídas briqueteras en una extensión de tierra en la que está ubicada una sede de la Dgcim, cerca de la margen sur del río Orinoco. La presencia de uniformados de la Dgcim fuertemente armados en la entrada del complejo es otra evidencia del nexo entre la iniciativa privada y el régimen de Nicolás Maduro.

Iniciativa privada que tampoco es transparente con los datos que declara sobre las empresas. El equipo de Armando.Info se acercó a las oficinas de Corporación Petroglobal, Invertrade, Mipre e Inversiones Glenduard y solo pudo confirmar la existencia de esta última. Allí también funciona otra empresa llamada Veta Minera, dedicada también a la explotación de minerales y con la misma abogada como redactora del documento constitutivo. Y en la oficina de al lado está otra compañía con las mismas características de Glenduard y Veta Minera, llamada Cripto Gold.

La sede de Petroglobal no existe, en el centro comercial en el que supuestamente está ubicada no hay un local con el número de oficina 2-16 ni un segundo piso como sugiere la dirección; los datos no corresponden con la del espacio comercial. La sede de Invertrade no tiene identificación ni tampoco alguien abrió la puerta del lugar. Y el galpón donde estaría la oficina de Mipre no pudo ser ubicado.

Aunque se trate de empresas sin experiencia previa en el sector aurífero, creadas justo para participar en alianzas estratégicas con el Gobierno para la explotación minera, nada indica que eso sea impedimento para que el complejo Domingo Sifontes esté operativo. En varias ocasiones se han visto camiones cargados de arenas auríferas escoltados por la Dgcim y la Guardia Nacional ingresar a la planta ubicada en El Callao, mientras que la entrada y salida de sus instalaciones tiene un control férreo.

Es en este contexto de vigilancia extrema, inteligencia militar, opacidad y extracción de oro “para la vida”, como expresó Nicolás Maduro, que Eduardo Rivas halló un ascenso meteórico tras llevar una vida aparentemente anónima, alejada de la minería. Ahora le atribuyen, incluso, el control de la comercialización del oro.

Su primer acercamiento con el mundo empresarial ocurrió en enero de 2011. Mario Enrique Bonilla Vallera tenía 20 años de edad y su vida transcurría en Caracas entre la universidad, tardes de jugar FIFA en Playstation y el embeleso de las redes sociales, sobre todo Twitter. Nada permitía predecir en este joven alguna inclinación para el mundo de los negocios. Estudiaba Comunicación Social y llevaba una vida de clase media tan normal que prácticamente no permite reseñar nada más.

Por eso quizá se sorprendió a sí mismo cuando decidió comprar la única acción que uno de sus primos tenía en la empresa Alpha Corporation 17, C.A, creada en el año 2006 por Mario Enrique Bonilla Salazar, su padre, y Jhonar Bonilla Varela, el primo. Se trataba de una compañía dedicada a la importación, exportación, compra, venta y mantenimiento de equipos de computación, electrónica, telecomunicaciones y línea blanca. O quizá no hubo sorpresa porque con su llegada, tanto la empresa como la vida del jovencísimo Bonilla dio un giro radical.

Alpha Corporation 17, con una nueva razón social, pasó de ser una empresa dedicada al ramo tecnológico a una compañía de negocios más amplia con la importación, exportación, compra y venta de alimentos perecederos y no perecederos, artículos de ferretería, equipos médicos y de laboratorio, material odontológico, transporte de carga menor y el servicio de representación de compañías nacionales e internacionales; todo esto condensado en un domicilio fiscal que terminaría siendo la residencia familiar de Bonilla en Caracas, un apartamento en la urbanización Las Mercedes. 

Su padre, ingeniero de profesión, estampa siempre en su firma un símbolo de dólar ($) por su segundo apellido Salazar y se ha mantenido como trabajador activo en esta empresa aunque sin cobrar desde abril de 2018. Cabe imaginar que haya sido él quien estimuló aquella vena empresarial que empezaba a mostrar Bonilla hijo. Lo cierto es que al poco tiempo de haber ingresado en la privada Universidad Santa María (USM) ya figuraba en las juntas directivas de varias de las 25 empresas distribuidas entre Venezuela, Estados Unidos, Panamá, Belice e Islas Mauricio sin haber cumplido 30 años de edad.

Con compañeros universitarios formó una logia virtual. Uno de estos compañeros clave era el hijo menor de Cilia Flores, la actual esposa del presidente Nicolás Maduro, con Walter Gavidia Rodríguez, su primer marido. Yoswal Gavidia Flores y Mario Bonilla estudiaron juntos y se graduaron en mayo de 2013 en la promoción XVIII, mención Comunicación Audiovisual, de la USM; tuvieron su propio programa de radio en la emisora 102.3FM cuando estuvo en manos de la Asamblea Nacional de mayoría chavista -tras la expropiación del dial al circuito CNB-, y compartían el mismo círculo de amigos.

Este incluía también al segundo hijo de Flores, Yosser Gavidia Flores, y a Nicolás Maduro Guerra, Nicolasito, el hijo de su actual esposo, Nicolás Maduro, cabeza del régimen chavista desde 2013; y otro outsider sin apellidos del cogollo chavista, Raúl Eduardo Saavedra Leterni, quien a la postre se convertiría en el socio favorito de Bonilla.

Flanqueado por estas amistades de talla presidencial, Bonilla escaló posiciones confeccionando una red de empresas dedicadas a distintas tareas, y lo que parecía una labor discreta pronto llamó la atención de las autoridades estadounidenses, que a mediados de 2018 le señalaron como el testaferro de los hijos de Cilia Flores, el straw owner, como se lee en los documentos del caso. 

Fue así como las investigaciones efectuadas en la Corte Penal del Distrito Sur de Florida (EEUU), como parte de la Operación Money Flight, concluyeron en identificarlo como tal y le incluyeron en una demanda que terminó con su sentencia a 20 años de prisión por “conspirar para lavar dinero”. Específicamente, por participar en el esquema que desvió 1.200 millones de dólares de la petrolera estatal Pdvsa. Todo esto con apenas 28 años de edad.

Los primeros pasos

Las confesiones del banquero Matthias Krull, uno de los implicados en la Operación Money Flight que cooperó con la justicia de Estados Unidos tras ser detenido, fueron determinantes para conocer la labor de testaferro que cumplía Bonilla para ese momento y que siguió ejerciendo luego, según ha podido confirmar Armando.Info.

El documento explicativo de la denuncia penal del caso (criminal complaint), fechado en julio de 2018, explica a partir del testimonio de Krull cómo Bonilla Vallera (Conspirador 8) fungió de intermediario para recibir 200 millones de dólares en una cuenta bancaria europea, cuyos beneficiarios finales serían los hijos de la “primera combatiente” -el eufemismo revolucionario con que se bautizó el término de “primera dama”- Cilia Flores. Según el banquero, Raúl Gorrín, presidente del canal venezolano de noticias Globovisión, también tuvo un rol de intermediario para los hermanos Gavidia Flores. 

Gorrín no sería acusado en las primeras de cambio del proceso judicial, pero Bonilla Vallera sí, y su nombre fue el último en ser sumado al caso donde ya se había confirmado la participación de otras siete personas en el desfalco: los venezolanos Francisco Convit Guruceaga (uno de los “bolichicos” del caso Derwick, protagonista de uno de los grandes fraudes el sector eléctrico), José Vicente Amparan Croquer, Carmelo Antonio Urdaneta Aqui, Abraham Edgardo Ortega y Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois (portugués) y Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara (uruguayo). Hasta ahora Bonilla se mantiene prófugo de la justicia.

La investigación penal reveló su participación en este caso de corrupción de Pdvsa y su labor como “front man” de la familia presidencial, un rol que Bonilla no cumplió exclusivamente para el fiasco petrolero. Recientemente Armando.Info reveló la ambiciosa tarea de Bonilla al participar en la compra de siete de las 14 casas ubicadas en la calle Laguna de Tacarigua de la urbanización Cumbres de Curumo, al sureste de Caracas, conocida como “la calle de los Flores” al ser adquiridas todas por sus grandes amigos, los hijos de Cilia Flores.

La firmeza con la que fue adquiriendo las siete viviendas coinciden con su determinación de avanzar en la creación del entramado empresarial que terminaría por darle sentido a su oficio. Tras comprar en 2011 ese mínimo porcentaje de acciones de  Alpha Corporation 17 y ampliar el objeto social de la empresa, en 2013 adquirió 50% de las acciones de la misma empresa familiar (compartiendo el mismo porcentaje de acciones que su padre), y 60% del capital de otra compañía adicional: Inversiones Difusión Latina Mágica, dedicada a la publicidad, mercadeo y producción audiovisual desde su constitución en octubre de 2012. 

Esto ocurrió en vísperas de su graduación en la universidad siendo un muchacho de 22 años y justo en una época en la que trabajó muy cerca de Cilia Flores, cuando ésta se desempeñaba como Procuradora General de la República. Bonilla trabajó desde enero de 2013 -apenas tres meses antes de que su jefa se convirtiera en Primera Dama- hasta junio de 2014 en la Procuraduría, según confirma su ficha del Seguro Social venezolano.

Ese 60% que adquirió pertenecían a Mariana Staudinger, esposa de Yosser Gavidia Flores, hermano de su amigo Yoswal y otra amiga del entorno. Desde entonces Bonilla se dedicó a comprar acciones de empresas y a crear nuevas, hasta acumular once en Venezuela en las que su nombre figura como dueño, accionista principal o socio; y catorce sociedades más en el exterior: diez en Estados Unidos, dos en Belice, una en Panamá y otra en las lejanas Islas Mauricio, en el océano Índico. Un total de 25 empresas según pudo confirmar Armando.Info en esta investigación. 

Primero comenzó adquiriendo acciones de sociedades ya existentes; continuó con las gestiones para crear las compañías en el exterior -ahí ya con la compañía de su socio Saavedra Leterni-, y luego hizo lo propio en Venezuela despuntando en 2018 con cinco sociedades registradas en seguidilla, y que coincidirían en un patrón irrisorio: el capital de respaldo, casi siempre, reposaría sobre una o dos computadoras portátiles Lenovo (i3, de 500gb y 4gb de RAM), o en un refrigerador de 350 litros o tipo charcutero si se trataba de una empresa de alimentos como Brown Box Associated. Esta simplificación de trámites vendría después de la experiencia con Constructora M y R (creada en 2014), con la que tocó hacer un esfuerzo mayor por incluir en la declaración del capital cuatro bienes: una impresora HP, un escritorio ejecutivo y dos MacBook Pro. 

Aunque no se pudo confirmar que las compañías venezolanas contrataran con el Estado, diez de las once registradas en el país fueron inscritas en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) lo que sugiere la intención de trabajar para un sistema que conocían muy bien, tras la amistad de ambos socios, Bonilla y Saavedra, con la familia presidencial. Cinco se encontraban habilitadas al menos hasta 2019 y el resto a la espera de ser actualizadas en algún momento.  

Entre Flores te veas

Los vínculos que pueden hallarse en varias de las empresas, tanto en Venezuela como en el exterior, demuestran que Bonilla no es un joven emprendedor como cualquiera y que fue la amistad con los Flores lo que marcó su expansión. 

Scruton Investment es la empresa registrada en Panamá donde Bonilla comparte un cargo en la junta directiva. Podía pasar como una sociedad más de su portafolio, si no fuese porque en la directiva está Erika Albornoz Gavidia, sobrina política de Cilia Flores. Erika Albornoz también figura en los papeles mercantiles de Esaica, empresa dedicada a la comercialización de cacao con particulares privilegios, como reveló una investigación de Armando.info en 2019. En esta ocupa un cargo como directora administrativa, mientras que Bonilla es accionista al igual que Mariana Staudinger, la pareja de Yosser Gavidia Flores, el segundo hijo de Flores. Otra cara familiar.

En el paraíso fiscal de Islas Mauricio, el nombre de Mario Enrique Bonilla Vallera quedó registrado en las actas de una compañía llamada Worldwide Wealth Management PCC (constituida en 2014), al igual que el nombre de Jenifer Karina Fuentes Gómez y el de Fernando Valero Gutiérrez. 

Bonilla aportó 200.000 euros de capital mientras que Fuentes contribuyó con 3.000, según los documentos obtenidos por Armando.Info a través de Investigative Dashboard. Jenifer Fuentes Gómez es la pareja de Walter Jacob Gavidia Flores, el hijo mayor de Flores.

En el caso de Valero Gutiérrez, su contribución a la empresa fue mucho mayor, aunque su presencia en esta sociedad fue corta. Perdió la vida en un accidente de paracaídas en agosto de 2018, en Higuerote, costa del estado Miranda. En la tragedia también murió otro deportista. Para ese momento Valero Gutiérrez era dueño de una cadena de joyerías y varias de sus propiedades en Estados Unidos estaban bajo investigación por su relación con Raúl Gorrín y su participación en la Operación Money Flight, como lo detalla una investigación de Univisión. 

Los nombres de Mario Bonilla y Raúl Gorrín no solo quedaron vinculados en esta investigación federal por las transacciones bancarias que involucran a los hijos de Flores, sino también por otras asociaciones descubiertas a la luz del caso. Cosme De La Torrente, agente registrador de varias empresas e inmuebles de Gorrín y de Gustavo Perdomo, su socio y cuñado, también registró tres de las diez empresas que Bonilla tiene en el estado de Florida: Comtech Solutions and Investments, INC, Carlo Investments Associates, INC y Cheddleton Investments Corp. 

Un dúo imparable

En esa lista de 25 empresas vinculadas a Mario Bonilla se repite con frecuencia el nombre de Raúl Eduardo Saavedra Leterni como socio.

Saavedra Leterni lo acompaña no solamente en Constructora M y R, C.A, figura jurídica que posee la propiedad de siete casas de “la calle de los Flores” y que crearon juntos cuando tenían 24 años, sino también en doce más. Ha sido el socio de Bonilla en casi todas sus empresas en Venezuela y en varias en EEUU, así como apoderado judicial en otras.

Se trata de una relación de negocios que pasa por una estrecha amistad y de la que han dejado algunas huellas en las redes sociales. Ambos han compartido juntos en los cumpleaños de los hijastros de Nicolás Maduro y con su propio hijo, Nicolás Maduro Guerra, todos contemporáneos al haber nacido en 1990.

Cuatro años después de fundar Constructora M y R, Bonilla y Saavedra registraron cinco empresas más entre marzo y octubre de 2018, en Caracas. De nuevo impusieron la diversidad de objetivos en sus razones sociales: son compañías dedicadas a la importación y comercialización de alimentos y bebidas, a los desarrollos inmobiliarios, a ofrecer servicios administrativos y de recursos humanos, a ejecutar proyectos de ingeniería y construcción, y a la hotelería y turismo. En dos de ellas comparten propiedad con otros dos jóvenes: Gabriel Alejandro Lorenzo Bilbao (1991) y Pedro Vicente Goodman Brito (1989), quienes a su vez tienen otras empresas donde participa Saavedra sin Bonilla. 

Las sociedades que comparten tienen en común a los socios, las direcciones y oficinas. Las supuestamente ubicadas en el piso 6 de la torre Kepler del Centro San Ignacio, en la urbanización La Castellana del noreste de Caracas, según la información que aportaron en el Registro Nacional de Contratistas, no quedan allí. Tampoco las que declaran estar en el edificio Matu, en la calle Londres de Las Mercedes; los vigilantes aclaran que el edificio fue remodelado y no ha sido ocupado, aunque algunos trabajadores de mantenimiento y vigilancia visten uniforme con el nombre de una de las empresas: Grupo Empresarial BBG. Intuyen que se mudaron.

Otra de las empresas registradas recientemente fue Inversiones Difusión Latina Radio 2017 (IDL Radio 2017), emisora que se mantiene activa en el dial de Frecuencia Modulada 97.7, la antigua emisora cultural de Caracas. Allí Bonilla mantiene 50% de las acciones mientras que Yoswal Gavidia Flores figura como director. El resto del capital lo completa Saavedra Leterni, abogado de profesión y quien se ha ocupado en no dejar tantos rastros como sus amigos.

Raúl Eduardo Saavedra Leterni se llama igual que su padre, Raúl Eduardo Saavedra Campos, quien también estudió Derecho y posee varias propiedades. Saavedra Campos es el abogado que firma el acta constitutiva de Constructora M y R. 

Ambos, padre e hijo, tienen una empresa juntos destinada a la comercialización de alimentos y bebidas, así como a la inversión en cualquier tipo de negocios, llamada Box & Go Traders y registrada en marzo de 2018. El objeto social de esta compañía es prácticamente igual al de Brown Box Associated, creada también en marzo de ese año pero por Saavedra Leterni y Mario Bonilla, destinada a la comercialización de alimentos y bebidas, construcción de empresas y fundaciones. Box & Go Traders nació con un capital respaldado por un freezer charcutero de cuatro puertas, y ambas declararon en los formularios del Registro Nacional de Contratistas tener capacidad para distribuir arroz, agua y bebidas alcohólicas.

Como dato curioso, o tal vez revelador para las conexiones tejidas en esta historia, el nombre de Raúl Saavedra Leterni también aparece relacionado a una de las fantasmales intermediarias escogidas por el gobierno de Maduro para las importaciones de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Al menos en el registro de Florida su nombre aparece junto al de Kwok Cheung en la firma Million Rise Industries, LLC, sociedad espejo de otra registrada en Hong Kong para el negocio de los CLAP, llamada Million Rise Industries Limited, donde también aparece Cheung. Esta compañía actuó como intermediaria para traer a Venezuela azúcar y mayonesa de Brasil, y arroz blanco de Uruguay, tras firmar contrato con Corpovex.

Cualquier cosa

Esa primera empresa constituida en 2006 por el papá de Mario Bonilla en Caracas, a la que se sumó el joven recién salido de la adolescencia, no fue el único negocio familiar en el que participó. Pero la incorporación del joven sí que parece haber funcionado como un incentivo para toda la familia. En Florida, en mayo de 2014, fue registrada Alpha 1718 Corporation, una sociedad donde Mario Bonilla Salazar -padre- actuaba como presidente, Hilda del Carmen Vallera Flores -madre y esposa- era la vicepresidenta y Mario Bonilla Vallera -hijo de ambos- como vicepresidente-secretario, y cuyo nombre era similar a la registrada en la capital venezolana. 

En ella se hizo una jugada de disolución y reactivación entre noviembre de 2015 y enero de 2016 para sacar a Bonilla hijo de la directiva. Tal vez fue para proteger a sus padres, un ingeniero del estado Bolívar que se fue a la capital del país, y una extrabajadora del Consejo Nacional Electoral (entre 2010 y 2016) de la que muy poco se sabe y recuerda dentro de la institución. Pero el joven veinteañero no cesó en su constancia por constituir y comprar empresas. 

En julio de 2018, en un acto que no llegó al expediente de la empresa sino hasta finales de 2019, Bonilla y Saavedra Leterni venden Constructora M y R, la sociedad que habían creado juntos cuatro años atrás, y que capitalizó la mayor cantidad de casas en la calle ciega que pasó a ser propiedad de los hijos de Cilia Flores, en Cumbres de Curumo, sus amigos desde al menos 2011. Sin embargo, el comprador fue el mismo Bonilla, a través de la empresa KPMG Servicios Inmobiliarios -ubicada en el estado costero de Anzoátegui-. Esta dejó a ser una más de sus empresas al cambiar su rol, pasando de ser un simple apoderado a accionista único, después de haber sido usada para comprar, también, una de las 14 casas de la calle de los Flores.  Específicamente la primera, donde reside actualmente el padre de sus amigos y ex de Cilia Flores.

Con Mario Bonilla y Raúl Saavedra Leterni no fue posible hablar hasta el cierre de este reportaje. En la residencia de Bonilla alcanzaron a decir que no estaba. Aunque han seguido haciendo movimientos en algunas de sus empresas, se han asegurado de dejar muy pocos rastros en el mundo digital, sobre todo Saavedra Leterni. Bonilla mantiene su cuenta de Twitter inactiva y cerrada, sin ningún detalle de su pasado, a diferencia de su amigo Yoswal. Solo una frase se deja ver en la biografía de la cuenta de Bonilla en Twitter, donde suele darse alguna descripción del personaje y que en este caso parece calzar muy bien con la función que practica: “Cualquier cosa!” 

*Anibal Pedrique colaboró con este reportaje.

Hacían, a través de emisarios, ofertas de compra por las viviendas que bien valía considerar.

Primero, porque la transacción brindaba la posibilidad de obtener una jugosa suma en momentos en que el mercado inmobiliario se encuentra prácticamente paralizado, y con precios a la baja, en la capital de Venezuela.

Pero, sobre todo, por la identidad de quienes buscaban comprar las casas: aunque al principio no se hizo evidente, pronto diversos indicios dieron volumen a un runrún que cubrió como un nuevo pavimento de suspicacias y sobrentendidos todos los recodos del callejón. Los hijos de Cilia Flores, la Primera Dama de Venezuela -o su Primera Combatiente, según el argot oficial del chavismo-, eran quienes llevaban a cabo esa batida para tomarse toda una calle para ellos solos.

La presunción era cierta. Este reportaje comprueba documentalmente que catorce de las quintas de la avenida Laguna de Tacarigua fueron adquiridas por un entramado de diversas empresas detrás del cual se asoman, sin camuflar, nombres de allegados a los hijos de Cilia Flores: Walter Jacob, Yosser y Yoswal Gavidia Flores.

Entre esos nombres despunta, por su frecuente repetición, el de Mario Enrique Bonilla Vallera, un veinteañero que estudió en la Universidad Santa María (USM) de Caracas con Yoswal. Bonilla ha sido señalado abiertamente como testaferro de los hermanos Gavidia Flores en un proceso penal en el sur de Florida.

Vecinos que hablaron con Armando.info a condición de la reserva de sus nombres, confirmaron que en una de las quintas que cambiaron de dueño, la #599 según la numeración catastral de la calle, vive Walter Gavidia Rodríguez, ex esposo de Cilia Flores, también ex representante del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) al Parlamento Latinoamericano y ex presidente de la estatal Fundación Negra Hipólita.

Otra quinta, la #335, diseñada en 1961 por el arquitecto Jesús Tenreiro y declarada Bien de Interés Cultural por el Municipio Baruta, se destinó al alojamiento del personal de escolta de los hermanos Gavidia Flores.

Son algunos de los detalles más caprichosos de este proyecto de cohousing, un emprendimiento de por sí extravagante y todavía más en la Venezuela del descalabro socioeconómico, que en silencio los hijastros del presidente Nicolás Maduro adelantaron durante cuatro años hasta completarlo con éxito.

Mujeres y viejos primero

Cumbres de Curumo es un barrio residencial cómodo y por lo general apacible. Desde las alturas domina el valle de Caracas, sobre el que ofrece una vista privilegiada y tiene acceso garantizado desde diversos flancos. Una de esas vías lo conecta con Fuerte Tiuna, el principal acantonamiento militar del país, sede del Ministerio de Defensa y de otras dependencias de las Fuerzas Armadas. Por ello, Cumbres de Curumo ha sido una de las selecciones predilectas de los oficiales del ejército cuando deben conseguir residencia en la capital.

Pero con el chavismo, de clara inspiración castrense, Fuerte Tiuna se convirtió de facto en la residencia presidencial, una joven tradición que inició Hugo Chávez, soltero desde su temprano divorcio en 2004 de Marisabel Rodríguez y hasta su muerte en 2013, y que Nicolás Maduro ha continuado desde esta última fecha a la actualidad junto a Cilia Flores y otras personalidades de la nomenklatura revolucionaria que hicieron del enorme cuartel su hogar

Caben pocas dudas de que ese debe haber sido el principal incentivo para que los hermanos Gavidia Flores quisieran construir su baluarte: el sueño de vivir cerca de los viejos. De hecho, la avenida Laguna de Tacarigua, un callejón sin salida protegido desde hace años por una reja, es adyacente a las instalaciones militares. Tiene condiciones naturales para su privatización.

La conquista de las catorce casas de ese recodo de Cumbres de Curumo fue una labor paulatina que debió requerir tanto tesón como planificación. Empezó en 2015, se consolidó en 2017 y concluyó en agosto de 2019 con el registro de la última compra. Son todas casas de al menos dos niveles, con un área total de terreno que varía entre 815 y 1.880 metros cuadrados por unidad residencial. Seis de ellas colindan directamente con la zona verde y montañosa de Fuerte Tiuna.

El 20 de febrero de 2015 quedó registrada, en un documento notariado, la venta de la primera casa, la identificada como la #599 en el mapa de la avenida Laguna de Tacarigua. La familia propietaria vendió su residencia a la sociedad mercantil KPMG Servicios Inmobiliarios, C.A, una empresa creada en septiembre de 2014 en el estado Anzoátegui, en el oriente costero de Venezuela, con un capital de 300.000 bolívares y que cuatro meses después desembolsó diez millones de bolívares por esa casa. La persona que firmó la compra en representación de KPMG fue Mario Enrique Bonilla Vallera, apoderado de la empresa desde noviembre de 2014.  Los dueños de KPMG son Carolina de los Reyes Araguainamo Buriel y Darwin José Mejías Perozo, un par de jóvenes que crearon esta empresa rozando sus 30.

Los diez millones de bolívares desembolsados por esta vivienda entonces equivalían nominalmente a 55.000 dólares, de acuerdo al tipo de cambio paralelo para la fecha en que se emitió el cheque correspondiente.

No obstante, y de acuerdo al testimonio de varias fuentes, los precios que quedaron asentados en los documentos notariados no fueron los que finalmente se pagaron. Las versiones recogidas entre los habitantes de la urbanización sitúan los precios reales en un rango que oscila entre los 500.000 dólares y 1,5 millones de dólares por vivienda.

Quien terminaría por ocupar esa vivienda, según las fuentes, fue Walter Gavidia Rodríguez, ex esposo de Cilia Flores y padre de sus tres hijos: Walter Jacob (n. 1978), Yosser (n. 1988) y Yoswal (n.1990). Gavidia Rodríguez formó parte del equipo de seguridad de Hugo Chávez en su época de candidato presidencial en la década de los 90, es abogado egresado de la Universidad Santa María al igual que Cilia Flores, y ambos se vincularon desde temprano a la causa del chavismo. Fue diputado en tiempos de Chávez y ha dirigido organismos públicos en tiempos de Maduro. 

Tras la negociación de este inmueble fueron llegando los ofrecimientos de compra al resto de los vecinos de la calle.

En noviembre de 2015 se concretaron dos adquisiciones más. Una, la quinta #333, fue comprada por Bienes Raíces e Inmobiliaria Walysebas 110, C.A, constituida ocho días antes de adquirir la casa, el 29 de octubre de 2015. Se trata de una empresa registrada por Jenifer Karina Fuentes Gómez, abogada y ex jueza del Área metropolitana de Caracas, quien ha sido identificada como pareja de Walter Jacob Gavidia Flores -el hijo mayor de Cilia Flores- y José Orlando Fuentes Fernández, su padre.

Ese inmueble pasó a manos de Fuentes luego de entregar un cheque personal por 120 millones de bolívares, cantidad equivalente a unos 135.000 dólares al tipo de cambio paralelo de la fecha. Fuentes explicó en un documento aparte, al que Armando.info tuvo acceso, que procedió de esa manera porque “la empresa está recién registrada y el banco todavía no ha entregado chequeras”. Aún de haberla tenido probablemente no hubiera podido pagarla: el capital declarado al momento de constituir la empresa, ocho días antes, era de dos millones de bolívares.

Cuatro días después hizo lo propio su concuñada, Mariana Staudinger Lemoine, esposa de Yosser Gavidia Flores, el segundo hijastro de Nicolás Maduro, con la empresa La Fortaleza III. Se trata de una compañía creada por Mariana Staudinger  junto a su padre, Bernd Johann Staudinger Lekel, un mes antes de comprar la vivienda #329, el 8 de octubre de 2015.

La dirección de La Fortaleza III, descrita en su acta constitutiva, remitía a la oficina 902 de la torre C del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT), un mall emblemático de la capital, construido en los años 70. Es la misma dirección de Esaica, empresa vinculada a familiares de Cilia Flores y dedicada a cultivar y exportar cacao de Barlovento, en el céntrico estado Miranda, como en su oportunidad reveló Armando.info. En Esaica, Mariana Staudinger figura como accionista junto a otros personajes del elenco de esta historia: Jenifer Fuentes y Mario Bonilla Vallera. Con los meses y una vez completada la transacción, la dirección fiscal de La Fortaleza III cambiaría del CCCT a Cumbres de Curumo.

A pesar de que la transacción la hacía una persona jurídica, Mariana Staudinger también la fondeó con un cheque personal por la cantidad de 134 millones de bolívares (unos 150.000 dólares). El capital de La Fortaleza III era de un millón de bolívares para ese momento.

Tanto Mariana Staudinger como su pareja, Yosser Gavidia Flores, fueron objeto de sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 25 de julio de 2019, al vincularlos con la red de corrupción tejida alrededor de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

Otra de su propia cuenta

Los tres hermanos, que llegaron a vivir en la urbanización El Paraíso (una zona residencial de comienzos del s.XX, entonces aristocrática y en las afueras de Caracas, pero que ahora en el centro-oeste de la metrópolis aloja a gentes de clase media baja) junto a su madre y padrastro, Nicolás Maduro, como la propia Cilia Flores lo contara en una entrevista concedida al periodista Roger Santodomingo en el año 2005, protagonizaron un ascenso social y económico indetenible. Como es tradición, ese progreso se tradujo en su mudanza al este de Caracas

En agosto de 2016 se registró otra compra-venta en la campaña de take over de los hermanos Gavidia Flores.

La transacción se hizo a nombre de una empresa registrada en Panamá y cuyos directores fueron provistos por la firma Del Valle & Del Valle, un servicio que regularmente ofrecen los agentes en la nación istmeña.

La compañía se llama Inmobiliaria AMR1515, S.A, incorporada en la Notaría Octava del circuito de Panamá el 17 de marzo de 2016. Al día siguiente de su constitución celebró su primera reunión extraordinaria, en la que los directores decidieron otorgar un poder general a José Orlando Fuentes Fernández, de nacionalidad venezolana, para que los representara tanto en Panamá como en cualquier parte del mundo; y también acordaron conferir un certificado de diez acciones a favor del mismo Fuentes, por un valor de diez millones de dólares, el total de acciones y capital de la empresa.

Casi en simultáneo, de la chequera personal de Fuentes salía el pago correspondiente a la compra de la quinta #334. Según consta en registro, el comprador otra vez adujo que “la empresa que represento no tiene cuenta en Venezuela” (en referencia a AMR1515) y que, por ello, se veía obligado a pagar los 200 millones de bolívares (cerca de 200.000 dólares según la tasa vigente en agosto de 2016) de su cuenta personal.

Mario Bonilla fue identificado en la Operación Money Flight como testaferro de los hijos de Cilia Flores. Trabajó en la Procuraduría cuando Cilia era la jefa máxima. 

Yoswal ganó “de calle”

En 2017, a pesar de los cuatro meses de protestas y muertes en las calles de Caracas y otras ciudades del país, las compras no se detuvieron en la avenida Laguna de Tacarigua de Cumbres de Curumo. La actividad estuvo a cargo de la Constructora M y R, C.A. En un breve lapso la empresa se hizo de la propiedad de al menos cinco casas de las seis que ese año se vendieron en el callejón.

Constructora M y R, C.A. es una empresa de Mario Enrique Bonilla Vallera y Raúl Eduardo Saavedra Leterni, sus accionistas. Dos muchachos que tenían 24 años de edad cuando decidieron registrarla en el año 2014.

Este Bonilla es el mismo que en 2015 había firmado la compra de la primera casa de la campaña, así como el mismo Bonilla que fue identificado como testaferro de los hijos de Cilia Flores en el expediente del proceso judicial iniciado en Florida tras la llamada Operación Money Flight de 2018, en la que se juzga un esquema de lavado de dinero por 1.200 millones de dólares sustraídos de la caja de la estatal petrolera Pdvsa. Por el caso, Bonilla, todavía en contumacia, fue acusado de conspirar para lavar dinero y sentenciado a 20 años de prisión en ese país.

Las casas que fueron compradas en 2017 por la empresa de Bonilla fueron las identificadas con los números 330, 331, 332, 368 y 367 de la calle Laguna de Tacarigua. En 2018 sumó dos más en la misma calle, las 366 y 598. A la larga Constructora M y R, CA, se haría dueña de siete viviendas, de acuerdo a las notas asentadas en decenas de libros consultados en registros públicos de Caracas para esta investigación. Sin embargo, y de manera irregular, esos siete expedientes no aparecen en el registro inmobiliario donde se archivaron estas compras.

Super Mario Bros

Mario Enrique Bonilla Vallera es un viejo amigo de Yoswal, el hijo menor de Cilia Flores, el que faltaba en 2017 por llegar a la calle Laguna de Tacarigua.

Ambos estudiaron y compartieron aulas en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Santa María de Caracas, una institución privada. En mayo de 2013 formaron parte de la promoción XVIII, mención Comunicación Audiovisual. Antes de recibir el título universitario trabajaron juntos en AN Radio, 102.3 FM, la emisora asignada a la Asamblea Nacional durante los años en que el parlamento solo tuvo diputados chavistas (la frecuencia había pasado en 2009 a manos del Gobierno, cuando le revocó la concesión al circuito CNB, que tenía ese dial). Yoswal y Mario eran los locutores del programa Enrumbaos, que se transmitía de ocho a diez de la noche

Eran años en los que conversaban públicamente en Twitter sobre temas tan diversos como las asignaciones de la universidad, las preferencias de Mario por el Real Madrid y los Leones del Caracas, así como de sus antojos por el sándwich de cangrejo que por entonces vendía la franquicia Subway en el mercado venezolano.

Más que compañeros, se hicieron amigos, Mario Bonilla ha quedado retratado en varias fotos de celebraciones donde además de compartir con Yoswal Gavidia también lo hacía con Yosser Gavidia y Nicolás Maduro Guerra (Nicolasito, como le dicen para diferenciarlo de su papá, el presidente de la República). Los tres son contemporáneos, de la cohorte de 1990, hoy a punto de convertirse en treintañeros.

Iban a clases juntos, trabajaban juntos, compartían en fiestas juntos. Así Mario Bonilla llegaría a trabajar con Cilia Flores, la mamá de sus amigos, cuando esta se desempeñó como Procuradora General de la República. Mario Bonilla trabajó desde enero de 2013 -apenas tres meses antes de que su patrona se convirtiera en Primera Dama- hasta junio de 2014 en la Procuraduría.

En noviembre de 2017 Mario Bonilla y Yoswal Gavidia Flores crearon una empresa conjunta, Inversiones Difusión Latina Radio 2017 (Difusión Latina). Allí Mario Bonilla posee 50% de las acciones y es vicepresidente, mientras que Yoswal Gavidia es el director. El socio de Bonilla, Raúl Saavedra Leterni, es el accionista dueño de la otra mitad.

Se trata de la razón jurídica de una radioemisora que puede presumir de dos cosas en su fugaz historia: de contar con un aviso luminoso que la proyecta día y noche a los conductores que transitan por la autopista Francisco Fajardo en Caracas, en ambos sentidos (algo que no es común); y de operar en el mismo dial que le perteneció, durante 38 años -desde 1975-, a la Emisora Cultural de Caracas, la 97.7 FM.

Mario Bonilla también comparte acciones y cargos en varias empresas con las cuñadas de Yoswal, Jenifer y Mariana, y con la sobrina política de Cilia Flores, Erika Albornoz Gavidia.

Last but not least

De este modo, para enero de 2019, la familia de Cilia Flores ya había concretado la adquisición de doce casas.

Las salidas no fueron forzadas. Nunca hubo amenazas explícitas para conseguir que se fueran los habitantes de las casas codiciadas. Los compradores sí contaron a su favor, en cambio, con cierta presión psicológica que se generó a partir de las versiones sobre compras consecutivas de casas. Cada decisión fue tomada tras una oleada de rumores entre vecinos, un nerviosismo que inadvertidamente contribuyó al plan de gentrificación que los Gavidia Flores se proponían hacer en un vecindario de familias instaladas allí desde décadas antes y entre las que hay apellidos de abolengo.

Pero la subasta no terminaba todavía.

La décimo tercera casa terminó de negociarse en abril de este año. Se trata de la más grande de la calle, la #358, ubicada al fondo, frente a la redoma. Un inmueble de 1.120 metros cuadrados de construcción y otros 764 metros cuadrados de terreno, que ahora le pertenecen a Bienes Raíces e Inmobiliaria Walysebas 10, C.A, la empresa de Jenifer Fuentes y José Fuentes, también propietaria de la quinta #333.

De nuevo el pago salió de la cuenta personal de José Fuentes, por un precio nominal de 100 millones de bolívares o 25.000 dólares, al tipo de cambio paralelo de esa fecha.

Como ocurrió en la compra de las primeras casas en 2015 y 2016, José Fuentes declaró que debió emitir un cheque de su cuenta personal porque “la compañía no tiene chequera”.

Cabe destacar que, como consecuencia de la larga prohibición impuesta a las transacciones denominadas en dólares en medio del control de cambios que rige en Venezuela desde 2003, esas transacciones, que de todas maneras se realizaban en el mercado inmobiliario venezolano para conservar el valor de las propiedades dentro de un entorno de alta inflación y constante devaluación de la moneda, por lo general se reflejaban con un correlato ficticio en bolívares en los registros públicos. Normalmente, se menciona allí un valor que representa apenas una fracción del monto total, que se completa tras bambalinas en divisas.

El trámite de venta de una última casa se concretó en mayo de este año y se oficializó en fecha tan reciente como el pasado agosto, hace menos de tres meses. Como comprador aparece Inversiones Indor, una empresa recién creada en abril de 2019, y que tan solo mes y medio más tarde pagaba un inmueble. Los directores son Roger Alexander Cáceres Fernández y Juan Publio Linares Ustariz, dos trabajadores del área de seguridad y vigilancia que han laborado juntos para Control & Protocolo VIP Seguridad R.&.C. La casa que compraron es la #328.

Un cheque personal de Roger Cáceres cerró el negocio el 27 de mayo, por un monto de cien millones de bolívares (casi 16.000 dólares al cambio paralelo del momento). De nuevo, el mismo inconveniente: “La compañía no tiene chequera”. El exiguo capital de la empresa (dos servidores marca HP, tasados en cinco millones de bolívares cada uno) representaba 10% del monto total pagado por la casa.

Como colofón de la exitosa toma de la calle, esta, así como otras que desembocan en ella y que necesariamente deben transitar los miembros de la familia Gavidia Flores avecindados allí, recibieron una nueva capa de asfalto. Y el alumbrado eléctrico, crónicamente dañado, fue restituido.

Actualmente no están ocupadas todas las catorce quintas. Hay varias en obras de remodelación. La avenida Laguna de Tacarigua dejó de ser tranquila y discreta para convertirse en una especie de refugio vigilado e impenetrable. Bulle un trajín de obreros que comienza cerca de las siete de la mañana y finaliza a las seis de la tarde; suele haber escoltas afuera junto a la garita, entre motocicletas de alta cilindrada y camionetas blindadas, y un cono anaranjado siempre está atravesado en la entrada cuando la reja está abierta. No puede pasar cualquiera, ni en carro ni a pie. Hay que identificarse antes y citar buenas razones para estar allí.

Solo una de las casas se ubica fuera del perímetro del cercado. Es la #335, de nombre Vanadi, Wanadi o Uanadi, según las distintas variaciones que le atribuye el redactor de la cédula catastral. Se trata de una construcción noble. Fue diseñada por el arquitecto venezolano Jesús Tenreiro en 1961 y construida en 1963. En los cursos sobre la obra de Tenreiro en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela (UCV) era estudiada como referencia. En el Catálogo de Patrimonio Cultural del Municipio Baruta es listada como Bien de Interés Municipal. Por sus obras, trayectoria y aportes, Tenreiro recibió el Premio Nacional de Arquitectura en 1991 y ganó la IX Bienal de Arquitectura en 1998. 

Y también es la única en la que sus habitantes, desde 2018, no hacen mayor esfuerzo por pasar inadvertidos. Por el contrario. Es donde hacen vida los guardaespaldas y personal de seguridad de los nuevos dueños de la calle.