Pero Venezuela no es solo una víctima colateral del conflicto interno colombiano; en realidad, participa en él, quiéralo o no. Algunos de sus actores y causas echaron raíces a ambos lados de la frontera binacional.

Reportes oficiales de autoridades colombianas llevan tiempo advirtiendo que, desde hace cinco años al menos, el territorio limítrofe venezolano ya no es tan solo un aliviadero o buffer donde los grupos guerrilleros de ese país, en especial el ELN, se retiran a descansar o consiguen un burladero para esquivar la persecución militar. No: de hecho, sirve, por un lado, de teatro de operaciones y lugar de acuartelamiento, y del otro, de paso para las rutas de tráficos ilícitos -cocaína, armas, oro- cuyo control se disputan los grupos subversivos y del crimen organizado. 

Con esos fenómenos en la zona se interseca además la voluntad de control político que anima tanto a la propia guerrilla colombiana como a la autodenominada Revolución Bolivariana de Venezuela. Ambas conservan vestigios de una antigua base ideológica compartida, y sus intereses suelen coincidir -pero no siempre- hasta conformar una alianza de facto que a menudo prefieren no proclamar. 

Un defensor de derechos humanos venezolano, que se mueve con frecuencia entre los estados de Zulia y Táchira y pidió a Armando.info mantener la reserva de su identidad, confirma que la presencia del ELN del lado venezolano es permanente desde hace años “en todo el límite fronterizo”.

Como consecuencia, la seguridad y las libertades individuales de los pobladores de la zona limítrofe se mantienen en vilo. La violencia desatada en el Catatumbo y otras zonas de Norte de Santander representa el afloramiento de pugnas que soterradamente se gestaban en la zona de frontera a pesar de la vigencia del Acuerdo de Paz con las FARC de 2016. El trasiego bidireccional de negocios ilícitos permitía augurar un nuevo estallido de hostilidades. Mientras los movimientos de actores armados de un lado a otro de la frontera representaban una realidad tangible para los habitantes de la zona, a veces se colaban apenas como un secreto a voces en medios de prensa. Diversos testimonios perfilaban un hecho del que no se tenían dudas pero sí escasas pruebas. Aunque podía darse por conocida, la situación no parecía estar debidamente documentada. 

Lo cierto era que los organismos de seguridad y justicia en Bogotá sí venían haciéndole seguimiento efectivo a esa reorganización geográfica de los futuros frentes de combate y, en particular, del ELN. Y lo reflejaron en documentos.

Ahora un lote de esos documentos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Fiscalía General de Colombia, al que tuvo acceso el Proyecto de Reportería sobre Corrupción y Crimen Organizado (Occrp, por sus siglas en inglés) y fue compartido con Armando.info, muestra que por lo menos desde 2020 el Ejército Nacional de Colombia conocía el desplazamiento sostenido de tropas del ELN hacia territorio venezolano. 

“El ELN mantiene su estrategia delictiva resguardando sus principales cabecillas en territorio venezolano, con el propósito de incrementar el Trabajo Político Organizativo (TPO) para desestabilizar la zona fronteriza y continuar sus planes”, se lee en un informe del ejército colombiano preparado bajo el título de Apreciación de las Capacidades Críticas de la Amenaza.

En ese documento, fechado en diciembre de 2021 y que se presentó ante el Comando Sur de Estados Unidos, el ejército colombiano contabilizaba la presencia de 1.408 guerrilleros del ELN en Venezuela, correspondientes a 26% de su fuerza total (cifrada entonces en unos 5.397 combatientes). 

Muchas respuestas de este lado

Una bomba de tiempo explotó el 16 de enero de 2025 y dio inicio a una reacción en cadena de violencia que todavía nadie consigue sofocar. Ese día arrancaron los combates en el Tibú colombiano, sector aledaño al río homónimo -parte de la cuenca del río Catatumbo, de cauce binacional- y próximo a la frontera de Norte de Santander con el estado venezolano de Zulia. Los reportes iniciales indicaron que los enfrentamientos se iniciaron tras el asesinato de Miguel Ángel López, su esposa y su hijo de nueve meses. Según fuentes locales, el joven era muy conocido en la zona pues trabajaba en una funeraria y recogía cadáveres en lugares a los que nadie más llegaba. Pero por popular que fuera López, su muerte junto a la de su familia no bastaban para explicar la vuelta a las armas de los grupos irregulares. Solamente funcionaron como la pita que detonó el polvorín que se venía formando en esa región remota, selvática y montañosa.

Aquella masacre dejó al descubierto las cuentas pendientes entre dos grupos armados que se disputan la zona. Por un lado, el Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN y, por el otro, un grupo disidente de las casi extintas FARC, conocido como la Estructura 33 o E-33, que no se acogió al proceso de paz. 

El presidente de Colombia, Gustavo Petro solo se pronunció días después de que empezaron los combates, anunciando el decreto de un estado de conmoción interior, el primero en 17 años. También paralizó las conversaciones de paz que ya estaban en estado comatoso entre el gobierno de su país y el ELN.

“¿Cómo una organización puede saltar en fortaleza técnica y militar en el corto plazo?”, dijo Petro mientras se mostraba sorprendido, durante una alocución del 21 de enero de 2025 en la que se refería al ELN, grupo con el que adelantaba entonces unas conversaciones de paz que, tras la violencia de enero, terminaron por naufragar. “Algún tipo de información debimos tener y no la tuvimos. ¿Por dónde caminaron, anduvieron o se transportaron?”, prosiguió en sus dudas. Y eso que eran preguntas que ya tenían respuesta en los archivos de los organismos de inteligencia militar colombianos.

Muy pronto todos los ojos se posaron en la frontera con Venezuela. La estrecha vecindad del Norte de Santander colombiano con los estados venezolanos de Zulia y Táchira -entre los siglos XIX y XX, el río Catatumbo fue la vía natural para llevar el café de esas estribaciones binacionales de Los Andes al Lago de Maracaibo y, de allí, a mercados de exportación- motivó a Bogotá a pedir al régimen de Nicolás Maduro su apoyo en la zona. El entonces ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, pidió “acciones de contención” a su homólogo venezolano, el general Vladimir Padrino, en una reunión de urgencia,“de manera que las acciones que desarrolla el ELN sean repelidas igualmente desde Venezuela, evitando el ingreso y generando la gran posibilidad de actuar contra estos delincuentes”.

El reclamo llegaba tarde. El gobierno de izquierda colombiano disponía desde hace tiempo de pistas suficientes para prevenir esa infiltración guerrillera que al régimen venezolano solicitaba reprimir.

Por ejemplo, en junio de 2021, todavía con el presidente Iván Duque gobernando desde el Palacio de Nariño, otro informe militar detallaba en sus primeras páginas que 56% de los cabecillas de esa guerrilla, 13 en total, vivían en Venezuela, mientras que solo seis permanecían en Colombia y cuatro se refugiaban en Cuba. Para entonces en Venezuela se encontraban, según el mismo documento, dos jerarcas del Comando Central (COCE) del ELN: Eliécer Herlinto Chamorro, (a) Antonio García, en Zulia, y Gustavo Anibal Giraldo Quinchia, (a) Pablito, en el estado Apure de los Llanos Occidentales de Venezuela. Se trataba de los considerados número uno y número tres, respectivamente, del organismo colegiado que coordina a la federación descentralizada de grupos de base que se ampara bajo el paraguas del ELN.

El reporte del ejército colombiano aseguraba que cinco líderes del ELN estaban apostados en el estado Zulia, tres en Apure, y uno en el estado Bolívar, en el sureste de Venezuela.  De los restantes cuatro no ofrecía ubicación.

Según el documento, en 2022 el ELN se desplegaba en 14 grupos o frentes en Venezuela. También detectaba otros siete frentes de grupos disidentes de las FARC que han penetrado, viven y controlan varias actividades ilícitas en territorio venezolano.

Otro informe de Apreciación de las Capacidades Críticas de 2022 muestra que el número de cabecillas del ELN en territorio venezolano había aumentado a 19 (79%), con solo tres en Colombia y dos en Cuba. 

Para ese año, las autoridades colombianas habían detectado que el Frente Internacional del ELN estaba apostado en Los Teques, capital del estado Miranda, cerca de Caracas, con la sospecha de que “estaría realizando actividades de coordinación y diplomacia paralela con personalidades políticas afines en la región”. Sin dar nombres, menciona que el ELN tenía contactos con miembros del partido venezolano Patria Para Todos (PPT).

Entre los frentes del ELN y de las disidencias de las FARC que entonces tenían presencia en Venezuela, según los informes, se encontraban el Frente Juan Fernando Porras Martínez y la Estructura 33, los bandos que en 2025 iniciarían hostilidades en la zona del Catatumbo. 

Los informes de 2021 y 2022 identificaban que el ELN había reforzado su presencia especialmente en los estados Zulia, Táchira y Apure. Por su parte, las disidencias de las FARC habían penetrado los estados venezolanos de Amazonas y Bolívar, con el Frente Acacio Medina y el Comando Frontera como puntas de lanza de su penetración en Venezuela. De todos los referidos, Bolívar es el único estado venezolano que no colinda con Colombia.

Por cierto, Nicolás Maduro respondió con presteza a los requerimientos de Bogotá. Al menos, en apariencia. Ordenó a finales de enero la puesta en marcha de la operación Relámpago del Catatumbo, en el marco presunto de los ejercicios militares denominados como Escudo Bolivariano. Entonces el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, expresó con énfasis: "Hemos decidido lanzar la operación para evitar el acceso de grupos armados al territorio venezolano, llámense como se llamen”. 

De la operación se conoce un balance magro: decomisos de unas 31 toneladas de cocaína, el desmantelamiento de 17 campamentos de procesamiento de hoja de coca, y el apresamiento de cuatro alcaldes venezolanos presuntamente involucrados con el narcotráfico y con la propia guerrilla en la frontera. Pero no ha informado de ninguna captura de un miembro activo del ELN o de las disidencias de las FARC en territorio venezolano. 

En cualquier caso, hasta el inicio de la operación Relámpago del Catatumbo, la consigna de contener al ELN no había sido la predominante entre la jerarquía político-militar chavista. Por el contrario: había claras evidencias de cierta tolerancia de Caracas ante las incursiones de la guerrilla colombiana en territorio venezolano, cuando no de beneplácito.

El ELN tuvo de 2017 a 2018 “una lógica expansiva en toda la frontera que se hace muy evidente en 2019”, apunta María Victoria Llorente, científica política directora del instituto colombiano Ideas para la Paz. Según Llorente, ese grupo guerrillero se apresuró a llenar el vacío que las menguantes FARC dejaban, debilitadas tanto por los golpes militares sufridos en Colombia como por la desmovilización parcial tras el acuerdo de paz, y por los efectos del retiro del apoyo que en algún momento Hugo Chávez les otorgó, pero que cesó poco antes de que el comandante venezolano falleciera en 2013.  

Sin embargo, todavía en 2021, el citado reporte de inteligencia militar colombiana para el Comando Sur de Estados Unidos aseguraba que el propósito de la presencia del ELN en Venezuela seguía siendo el de “desestabilizar la seguridad y defensa colombiana facilitando la expansión de la Revolución Bolivariana”. Afirmaba también que el ELN había establecido “Zonas Operativas Temporales Especiales” para “controlar los pasos ilegales en la frontera y dar tareas de inteligencia a estos grupos en territorio colombiano”. 

¿Qué había alentado esa evolución? Que, como explica Llorente, experta en temas de paz y seguridad, Nicolás Maduro se reveló mucho más permisivo con el ELN de lo que Chávez propugnaba.

“El ELN tiene conexiones mucho más profundas, ya tiene combatientes venezolanos reclutados por ellos y, en ese sentido, sí tiene características de una guerrilla binacional”, subraya la académica en entrevista con la reportera de Armando.info. “Esto es un problema mucho más complejo, creo yo, que lo que fueron las FARC en su momento. Queda claro que para un Estado como Colombia prácticamente no hay ninguna posibilidad de que esto se resuelva si el grupo tiene un santuario político del otro lado de la frontera. (…) A Maduro hoy le sirve mucho tener este tipo de amenaza para Colombia”.

Los documentos revisados no precisan cuántos venezolanos figuraban entre las filas del ELN y de las disidencias de las FARC. Pero no dudaban en alertar que desde la vertiente venezolana de la frontera los grupos guerrilleros planificaban delitos por los que no pocas veces se confrontaban de manera intestina. El control de los pasos binacionales era uno de sus objetivos estratégicos. 

Un informe de la Policía Judicial colombiana de 2021, pero que pasa revista a eventos acaecidos desde 2019, describe que “de acuerdo a labores de inteligencia se tiene conocimiento que el Frente Juan Fernando Porras Martínez (GAO-ELN) despliega sus actividades ilícitas y accionar terrorista sobre el municipio de Tibú”.

Al municipio José María Semprún del estado Zulia, en la ladera venezolana de la Sierra de los Motilones, fueron a dar decenas de desplazados tras los ataques en la zona del Catatumbo colombiano en enero de este año. “Este municipio es el más cercano a Tibú. Entraron por el [poblado de] El Cruce y primero los acomodaron en el colegio Esminda de Núñez, pero luego abrieron el estadio, entraron muchos niños y adultos mayores”, explicó a Armando.info un periodista radicado en la zona.

A ese flujo de desplazados lo antecede otro flujo, constante y de larga data, de cocaína por el Catatumbo. El ejército colombiano dejaba constancia de ello en otro de sus informes de 2022, asegurando que dicha zona es “epicentro del tráfico internacional de estupefacientes hacia Venezuela”. Y continuaba: “Los grupos armados organizado, GAO ELN,  GAO-r E33 y el GAO-EPL han promovido la expansión de los cultivos de hoja de coca en la región del Catatumbo como una de sus principales fuentes de finanzas, estos grupos armados obtienen aproximadamente 25,10 billones de pesos anuales”.

La actuación del ELN en Venezuela incluía, al menos desde 2020 y según este informe, la formación de redes de apoyo en retaguardia, con actividades de entrenamiento en fabricación, uso y activación de explosivos y uso de armas de fuego “con fin de atentar contra la integridad física de los miembros de la fuerza pública”. En 2022, las fuerzas militares colombianas ya aseguraban que el ELN había incrementado su trabajo político en la frontera “priorizando comunidades en condiciones precarias, se evidencia construcción de vías y viviendas para fortalecer un acumulado social que respalde su presencia en estas áreas. (Venezuela: Zulia, Táchira y Apure - Ecuador: Esmeraldas)”.

El trofeo de las trochas

Con una frontera terrestre común de 2.219 kilómetros, Colombia y Venezuela se conectan por siete puntos de entrada oficiales y, según otro informe de inteligencia del Ejército de 2022, también a través de unos 270 pasos ilegales conocidos como veredas o trochas, por las que transitan personas de un lado a otro junto a todo tipo de contrabando, incluyendo tráfico de drogas, armas y minerales. 

Este último informe mencionaba los pasos terrestres hacia Venezuela como un elemento esencial del control que guerrillas como el ELN y las disidencias de las FARC procuran en Norte de Santander, “pues desde allí parten un sinnúmero de vías que intercomunican toda la Región del Catatumbo, al occidente, con el Departamento de Cesar, así como también al oriente hacia Venezuela, lugar en donde la dinámica fronteriza es neurálgica”. 

Otro informe del ejército colombiano en 2022 hacía referencia a la celebración de una reunión del “movimiento continental bolivariano” con miembros del ELN en el estado venezolano de Apure. Detallaba además el establecimiento de campamentos del ELN en los municipios venezolanos de José María Semprún, Machiques de Perijá, Catatumbo y Rafael Urdaneta, en el estado Zulia; y municipios del estado Táchira.

Todos estos niveles de alerta quedaron condensados en un análisis de inteligencia del Ministerio de Defensa, de octubre de 2022, que, visto en retrospectiva, acertó en su profecía. La cartera colombiana de Defensa enumeraba entonces al menos 10 incidentes que le llevaban a concluir que la dinámica entre los dos principales grupos armados ubicados en el Catatumbo, el ELN y el grupo E-33 (la Estructura 33) disidente de las FARC, propiciaría una “crisis de orden público en la región (…) para mantener la cadena del narcotráfico”.

Hasta el día de hoy y después de la violencia desatada en la zona del Catatumbo a comienzos de este año, los combates entre las disidencias de las FARC, el ELN y ahora la fuerza pública de Colombia han disminuido en intensidad, pero continúan. El gobierno del presidente Petro llegó a anunciar una recompensa de casi 700.000 dólares para quien diera información sobre el paradero de cuatro de los cabecillas principales del ELN: Nicolás Rodríguez Bautista, Eliecer Herlinto Chamorro, Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía e Israel Ramírez Pineda. Hasta 2022, según las autoridades militares de su país, todos menos uno (Ramírez Pineda (a) Pablo Beltrán), tenían al menos dos años viviendo en Venezuela.

Entre ellos estaba Carmen Porras, entonces Jueza Rectora del estado Táchira. 

Algunos testigos aseguran que la vieron salir corriendo de la sede de los tribunales en San Cristóbal, la capital de ese estado andino, fronterizo con Colombia.  

La historia posterior es bien sabida: Chávez fue restituido en el poder 47 horas más tarde. Con él regresó su corte. El giro ocurrió tan rápido como la versión que Porras ofrecería del episodio: aseguró que había resistido defendiendo la trinchera del poder judicial.

Desde entonces, su carrera empezó a ser otra, ya no de huída. 

Porras, jueza que se graduó de Contaduría en 1979 y en Derecho en 1987 en la Universidad Católica del Táchira, para luego especializarse en Derecho Mercantil, vivió un ascenso meteórico dentro de la justicia chavista que ya en 2004 la llevó a Caracas para desempeñarse como magistrada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Un puesto que en principio demanda la más alta de las probidades pero que, bajo la autodenominada Revolución Bolivariana, exigía una fuerte lealtad política ante todo.

Es por eso que ahora sorprende la aparición de su nombre en el listado definitivo de exfuncionarios del chavismo con propiedades y empresas en Florida, resultante del cruce de los datos de más de 120.000 funcionarios venezolanos designados entre 2007 y junio de 2022, con los registros de la División de Corporaciones de Florida, y que ha dado lugar a la serie Miami Nostro, que de forma conjunta publican Armando.info y el Miami Herald.

En los registros, cuya búsqueda también fue apoyada por Occrp (siglas en inglés del Proyecto de Reportería del Crimen Organizado y la Corrupción), se constata que Porras, bien lejos del Socialismo del s. XXI, armó un emporio de bienes raíces en Miami, el puerto soñado en Estados Unidos para el capitalismo latinoamericano.  

El despertar inmobiliario

La hoy exmagistrada se transformó en una virtual magnate de los bienes raíces en el sur de Florida y en Panamá en combinación con su marido y sus dos hijas: Mariela Salas, también ex jueza en el estado Táchira, y Onelymar Salas, que hasta 2011 figuró como funcionaria del Seniat, el ente tributario. 

Porras, sus hijas y sus dos yernos, registraron 11 empresas en Florida y una en Panamá, mientras compraron 10 propiedades en Florida y otras dos en Panamá. En conjunto, el valor de sus inversiones supera los 3,4 millones de dólares, si se toman en cuenta los precios indicados en diversos documentos públicos.

Empezó a comprar en 2008, cuando todavía desempeñaba el cargo de magistrada en Venezuela. Porras se casó por segunda vez ese año con el coronel del Ejército que pasó a retiro en julio de 2008, Luis Roa Vivas, quien luego de jubilarse del Ejército, también en 2008, compró un apartamento en Florida valorado en 151.000 dólares americanos, según los datos del Registro de Propiedades del Condado de Miami Dade: tres habitaciones y dos baños, en un condominio construido en 1986 en la localidad de Tamiami. 

Al año siguiente, en 2009, Porras y su esposo crearon en Florida la empresa Inversiones Sofia LLC, con la que luego se dedicaron a comprar apartamentos y casas y que aún se mantiene activa. Ese año, con esta nueva empresa, compraron otra propiedad ubicada en Doral, uno de los enclaves predilectos del exilio venezolano en Miami Dade. Esta inversión, más ambiciosa, está valorada en 560.000 dólares. El inmueble cuenta con cuatro habitaciones, piscina y jacuzzi. 

En agosto de ese mismo año, su hija menor, Onelymar Salas, que estudió Contaduría, compró dos apartamentos en Panamá, valorados cada uno en 118.000 dólares, además de otra casa en octubre de 2011, pero ubicada en Doral. Esta última, de dos pisos, cuatro habitaciones y tres baños, costó 420.000 dólares, siempre según el Registro de Propiedades del Condado de Miami Dade. Amigos cercanos a la familia aseguraron a Armando.Info, que Onelymar fue la primera de la familia migrar a Estados Unidos cuando todavía su madre estaba en la carrera judicial en Venezuela. 

Durante su gestión, Porras se mostró como una celosa guardiana de los intereses del chavismo gobernante. Varios de sus antiguos colegas comentaron a Armando.info que Porras no vacilaba en hacer presiones a abogados y jueces en funciones para que estos se plegaran a los deseos del gobierno en determinadas decisiones. “Porras quería crear un sistema judicial solo con sus aliados y amenazaba con destituir a quien no acataba sus órdenes”, dice una exjuez del Táchira que pidió mantener el anonimato.

Ya habían pasado siete años desde su primera transacción inmobiliaria en el sur de Florida cuando el infortunio alcanzó a Porras: cayó en un lote de 13 magistrados que fueron jubilados de forma prematura por el chavismo gobernante en 2015. Fue parte de una maniobra del oficialismo, que entre gallos y medianoche intentaba dejar bien amarrado desde la Asamblea Nacional un Tribunal Supremo a su gusto para un nuevo período. Pero eso implicaba sacar algunos magistrados para abrir espacio y meter otros. 

Aquella jubilación, forzada y temprana, sin embargo dio pie para que Porras protagonizara una metamorfosis salvadora. A partir de 2015 pudo afirmar que era una perseguida política y en 2016 hizo oficial esta denuncia ante la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Así pudo entrar, ya de lleno, en el negocio de los inmuebles. En 2016, y en menos de dos semanas, adquirió dos nuevos inmuebles a través de Inversiones Sofia LLC.

El primero, una casa de tres habitaciones y dos baños, lo adquirió el 7 de septiembre de 2016 por 180.000 dólares. El otro, una casa de un piso, dos habitaciones y dos baños, también en Doral, una semana después, el 22 de septiembre, por 258.000 dólares. 

El próximo hito de los negocios de la pareja ocurrió en 2018, cuando Porras y su esposo registraron la empresa 5083 Doral West Llc, disuelta el 6 de febrero de 2019. 

En ese 2019 de prosperidad,  su hija, Mariela Salas, compró otra propiedad, también en Doral, por 180.000 dólares, que vendió en 2021 por 225.000 dólares. Los Roa-Porras también crearon Súper Génesis LLC el 1 de agosto de 2019, que sigue activa. 

También en 2019, pero en enero, la pareja había adquirido una casa por 294.000 dólares. Luego, Porras se hizo con otra propiedad valorada en 412.000 dólares a su nombre, con tres habitaciones y un dormitorio con vista a la piscina, bañera romana y patio, ubicada en el condado de Broward, justo al norte de Miami Dade. 

En enero de 2020 compró a través de su empresa, Inversiones Sofia LLC, un apartamento valorado en 225.000 dólares. Pero sería en 2020 cuando estableció su registro por la compra más cara: una casa recién construida, también en Doral, de 3,690 pies cuadrados -unos 350 metros cuadrados- con cinco habitaciones y cinco baños, valorada en 800.000 dólares para el momento de la compra. La transacción la hizo a nombre de su hija, Onelymar Salas, y el esposo de esta, Wilson Lastra, funcionario del Consejo de la Judicatura hasta 2012 y quien entre 2018 y 2019 se identificaba en redes sociales como realtor en Florida.

Su hija, Mariela Salas, fue contactada por la autora de este reportaje en tres oportunidades a través de Whatsapp para solicitar una entrevista, pero no respondió a ninguno de los mensajes. Su yerno también fue contactado a través de Whatsapp y a su hija menor, Onelymar Salas, se le solicitó una entrevista a través de sus redes sociales. Ninguno contestó a los requerimientos.

Revelación tardía

En Táchira hay quienes se refieren a Porras como “la dama de hierro de San Cristóbal”, una analogía que en poco o nada está vinculada al talento de férreo gobierno de la ex primera ministra británica Margaret Tatcher, sino a la mano dura e insistente con que Porras alineaba el poder judicial regional con sus intereses y lealtad política. Así, aseguran, podía llegar a obsesionarse con perseguir a cualquiera que no comulgara ni con el chavismo ni con ella. 

En mayo de 2004, al entrar en vigencia la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se aumentó el número de magistrados en las salas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y se establecieron mecanismos para que los mismos pudieran ser designados y removidos por una mayoría simple de la Asamblea Nacional, entonces controlada por el partido de gobierno. En esa fecha, el terremoto en la carrera judicial alcanzó al resto de la pirámide, pues fueron suspendidos los concursos públicos de oposición, lo que consagró de facto que los jueces provisorios fueran nombrados sin concursos y que expuestos a los libres nombramiento y remoción.

Estas reformas desvirtuaron el carácter imparcial del Poder Judicial e incentivaron, en cambio, que las subsiguientes generaciones de jueces y magistrados se preocuparan primero por mostrar lealtad al gobierno.

Carmen Porras lo entendió rápidamente o al menos así se desprende de un expediente que se fue confeccionado en el tiempo desde el año 2002 por colegas jueces con al menos diez denuncias que se entregaron a la Fiscalía y al Tribunal Supremo de Justicia, instando a esos organismos a evaluar el comportamiento ético de la magistrada. En el documento, Porras fue señalada por nepotismo, dar falso testimonio, influenciar juicios, perseguir abogados, amenazar a colegas y hasta perseguirlas, Así lo explicaron a Armando.info los autores del reporte, cinco excompañeros de la exjueza,  que pidieron la reserva de sus nombres.

Todos esos colegas recuerdan el pasado de Porras como militante de Acción Democrática (AD) -el partido socialdemócrata hegemónico de la antigua democracia puntofijista- y, luego, como parte del coloquialmente llamado chiripero, la sumatoria de facciones de centroizquierda que se congregaron en torno a la segunda presidencia (1994-99) del democristiano Rafael Caldera. De allí saltó al chavismo y, por fin en su última escala, como perseguida política. 

Ya con esa condición acudió a la Asamblea Nacional opositora a denunciar acoso por parte de sus antiguos compañeros de trabajo. El 17 de febrero de 2016, en una reunión privada, dijo en el Palacio Federal Legislativo que recibió presiones para que pidiera su jubilación y aseguró que tuvo que esconderse. Agregó que recibió una llamada de la Presidencia del TSJ, donde la entonces -y ahora de nuevo- titular del despacho, Gladys Gutiérrez, le dijo que debía firmar su petición de jubilación un año antes, tal como lo había requerido a otros 12 magistrados cuyos períodos en realidad se vencían en diciembre de 2016.

Luego, en una comparecencia ante la Asamblea Nacional un año más tarde, el 16 de febrero de 2016 la exmagistrada, aseguró que el vocero del hostigamiento había sido el vicepresidente del TSJ de ese momento y cabeza de la Sala Penal, el magistrado Maikel Moreno, que a la postre sería el presidente del máximo tribunal de 2017 a 2022. “Me dijo ‘es una orden que me están dando, no es sí o no. De mi parte, seguiré presionando, porque es un trabajo que me mandaron a hacer a mí y seguiré coaccionado. Lo vea bien o mal, es una decisión tomada'”, relató la exmagistrada, citando de memoria a Moreno.

La comisión parlamentaria que recibió la denuncia de Porras concluyó que sus declaraciones demostraban que la jubilación de ella y los otros magistrados había sido parte de un esquema diseñado entre los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales y la directiva de la Asamblea Nacional vigente -casi unánimemente chavista- hasta 2015, “para desarrollar un proceso de selección violento, carente de forma y totalmente contrario al marco constitucional, legal y reglamentario, que les permitiera designar como magistrados a afectos al gobierno nacional, para crear una hegemonía política al servicio del Poder Ejecutivo”.

Una tribu muy familiar

Ante esa hegemonía Porras no había tenido hasta entonces problemas para inclinarse, no solo con el propósito de asegurar su cargo, sino hasta para colocar a sus protegidos en puestos de trabajo y poder. Según colegas, consiguió insertar en la nómina del circuito judicial de Táchira a 11 familiares y 22 allegados.

Su hija, Mariela Salas Porras, fue secretaria temporal en las Salas de Control y Juicio, secretaria del Area Penal y, por último, juez de Primera Instancia Sección Adolescente del Circuito Penal. Su otra hija, Onelymar Salas Porras, desempeñó el cargo de Analista Profesional III, en la División de Servicios administrativos y Financieros de la Dirección Administrativa Regional (DAR) Táchira, y su ficha del Seguro Social indica que trabajó en el Seniat hasta 2011, justo el año en que compró la casa ubicada en el Doral. 

Su sobrina, Eva María Bustamante Porras fue defensora pública a partir del año 2000. Mientras que el esposo de Bustamente, Freddy Josué Duque Ramírez,  también se benefició entre los años 2000 y 2002 y ocupó el cargo de Juez Suplente del Tribunal de Protección del Niño y el Adolescente, conjuez del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo de Estabilidad Laboral y Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, juez Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la región Los Andes (con competencia en los estados Táchira, Mérida y Barinas).

Su cuñada, Midrelis Yajaira Ruiz, y el hermano de su esposo, Régulo Roa Vivas, fueron alguaciles. Y así sigue una larga lista de cargos hasta conformar lo que se bautizó como la tribu de Carmen.

“Muchas veces intentó influenciar los juicios”, dice una exjuez de Táchira. Una abogada del mismo estado la acusa de hacer que todos sus casos se perdieran. “Mi bufete pasó de 900 clientes a solo 17 porque Carmen Porras los llamaba para que cambiaran de abogado y ella les haría ganar los casos”, denuncia la litigante.

Otro juez asegura que Porras lo amenazó con destituirlo porque su hija, Mariela Salas, iba a ser reubicada en la jurisdicción de San Antonio del Táchira, alejada de la capital regional. “Carmen Porras quería que el sistema judicial del Táchira fuera gente leal a ella, que acatara sus órdenes”, dicen sus viejos compañeros.