Esa tarde de agosto de 2024 era como cualquier otra para O., quien acababa de hacer sus deberes estudiantiles del día y decidió tomar un breve descanso en casa. Se sentó y empezó a revisar su celular para pasar el tiempo. Entonces se tropezó con un detalle que rompería su rutina.

Notó que al teléfono le había llegado una notificación de Google advirtiéndole que la dirección de correo electrónico que normalmente usaba como estudiante de la privada Universidad Arturo Michelena (UAM), presentaba fallas. Quiso ingresar a la cuenta para chequear el problema, pero se percató de que su sesión había sido cerrada por una orden de inhabilitación de la propia universidad. Enseguida revisó su usuario en Terna (la plataforma que la institución utiliza para cargar las notas y procesar los pagos de matrículas) y se encontró con el mismo resultado. 

Si bien en ese instante O. ya podía intuir por cuál motivo estaba ocurriendo todo aquel veto electrónico contra su persona, no pudo evitar el nerviosismo. Pero apenas recobró la calma, se puso a averiguar: entonces constató que decenas de estudiantes de la UAM tenían el mismo problema.

“Ahí, de inmediato, fue que supe que no se trataba de un error, sino de algo a dedo”, contó O. al reportero de Armando.info. Bajo esa premisa, varios de los afectados, como O., se coordinaron para obtener tanto una versión oficial como una solución para el percance. Preguntaron a las autoridades universitarias y no obtuvieron respuesta alguna en esos primeros contactos. El asunto no era menor para el grupo de jóvenes: mientras se mantenía la inhabilitación, perdían la posibilidad de entregar tareas y realizar exámenes. Podía hasta ocasionar la interrupción de sus estudios universitarios. 

Tuvieron que pasar unos días más para que comenzaran a sonar los teléfonos personales de los estudiantes o, en algunos casos, de sus padres y representantes. Con las llamadas, hechas desde la Consultoría Jurídica de la UAM, se les convocaba a una reunión en la recién inaugurada sede de la universidad en el centro histórico de Valencia, la capital del estado Carabobo, en el centronorte de Venezuela​. Allí iban a descubrir que el incidente con sus accesos electrónicos no había sido accidental.

Esto es por tu bien

Cuando S., otro de los estudiantes inhabilitados en la esfera virtual, acudió a la cita, uno de los docentes que lo recibieron le preguntó si sabía por qué estaba allí. S. respondió con un tajante “no”. ​L​a respuesta sirvió para que Pedro Flores, Vicerrector Académico y Consultor Jurídico de la institución, a la cabeza del grupo de autoridades universitarias en esa reunión, ​empezara a contradecirle con las "pruebas" en la mano. A S. le pusieron enfrente una carpeta con cuatro folios. Cada una de esas hojas contenía una relación de capturas de pantalla con comentarios que S. había intercambiado unos días antes a través de un grupo de estudiantes en WhatsApp. Al propio autor sus posts le lucían apenas sarcásticos; pero, por lo que le decían, ahora S. se enteraba de que las autoridades universitarias los encontraban ofensivos.

Le dieron a firmar un “acta de apercibimiento”. No puso reparos en hacerlo. Por el acta, S. se obligaba a presentar desde sus cuentas de redes sociales una disculpa pública a la UAM, así como a dejar de ​e​mitir críticas ​c​ontra la institución o mensajes que sus directivos pudieran calificar como “expresiones ofensivas”. De no cumplir lo estipulado, advertía el documento, habría consecuencias.

¿Cuáles podrían ser esas consecuencias? Las autoridades universitarias no se ahorraron pormenores al describirlas en la reunión. En el peor de los casos, dijeron a los estudiantes, podían tocarles de 20 a 30 años de prisión por delitos tipificados en la Ley Contra el Odio. Por lo tanto, insistía Pedro Flores, junto a Luis Cabrera, Director Académico de la Facultad de Humanidades, Letras y Artes, y a Fredy Martínez, abogado y docente de la universidad (quien luego en su cuenta de X negaría haber hecho algo así), la sanción disciplinaria que la universidad les imponía era por su bien; si se acogían a ella, iban a tener la “oportunidad” de resolver el conflicto mediante una “vía institucional” establecida por la UAM. La alternativa a esa mano tendida que se les ofrecía a los estudiantes, sería la de enfrentar el sistema judicial regular que el oficialismo chavista-madurista controla con riendas cortas.

“Hay dos formas de resolver esta situación”, aseguró Flores en uno de esos careos con estudiantes, para luego advertir: O “nosotros ponemos todas esas captures [imágenes de los mensajes en Whatsapp o publicaciones en las redes sociales de los estudiantes] en manos de los órganos judiciales y policiales para que hagan la averiguación correspondiente, porque estamos frente a un delito", o "la universidad ha decidido resolverlo en el ámbito académico y universitario para que las consecuencias no sean más graves, lo cual no garantiza que los órganos judiciales o policiales [no] inicien una averiguación de oficio o por instancias de alguna persona que se sienta afectada”.

Los miembros de la Consultoría Jurídica de la UAM tenían cada caso documentado con un expediente como el que habían mostrado a S., según confirmaron otras cuatro fuentes con conocimiento de las reuniones. Además, esas autoridades revelaron que las indagaciones habían estado a cargo de una “comisión designada por la universidad”, cuyos miembros no se dieron a conocer aduciendo consideraciones “de confidencialidad”. 

Una de las tareas acometidas por esa comisión habría sido la de determinar el rango de gravedad de cada uno de los casos, de modo de clasificarlos a posteriori en tres categorías:  "Menos grave, grave y gravísimo”; las penas que se les aplicarían a los potenciales sancionados tendrían severidades distintas, también según ese escalafón. Así, a los responsables de los casos “menos graves” y “graves” solo se les plantearía la firma del acuerdo de “arrepentimiento”. Pero a los de los casos considerados como “gravísimos” se les reservó una elección diabólica: debían escoger entre retirarse voluntariamente de la casa de estudios por dos semestres consecutivos, por un lado, o sufrir una expulsión de por vida, por el otro.    

Allí no acabaron las advertencias de las autoridades universitarias. Avisaron a los estudiantes que no se molestaran en publicar sus historias o hablar con periodistas, porque tenían documentado caso por caso y, si alguno lo hacía, iban a saber de quién se trataba, según la versión de diversas fuentes.

Por la misma fórmula, al menos 60 estudiantes de la UAM, con O. y S. entre ellos, se encontraron entre la espada y la pared. En un evento sin precedentes en la educación universitaria venezolana, que combinó restricciones a la libertad de expresión con la vigilancia electrónica, una comisión encubierta de la UAM se había dedicado a monitorear sus comentarios en chats grupales de mensajería o en redes sociales (muchas veces publicados bajo cuentas anónimas sin una clara vinculación con el estudiantado) para usarlos en su contra. Se les acusaba de transgredir con esas publicaciones la Normativa de los Alumnos que, supuestamente, cada uno de ellos había aceptado por defecto al momento de inscribirse.

Mordaza universitaria

El proceso usado por las autoridades universitarias (valiéndose de personas infiltradas para espiar y extraer de grupos privados de Whatsapp los mensajes de los estudiantes) parte de una seria irregularidad, según argumentaron varios abogados especialistas consultados para esta historia, que pidieron no ser identificados: viola el derecho a la intimidad y la privacidad de las comunicaciones de los estudiantes, que se establece en el artículo 48 de la Constitución vigente desde diciembre de 1999. No hay disciplina educativa que suplante la Constitución.

En tal sentido, de acuerdo con las mismas fuentes, las capturas de pantalla presentadas por la Consultoría Jurídica como pruebas de alguna falta presunta pudieran carecer de validez por haberse obtenido de forma contraria a lo dispuesto en la legislación. Para poder intervenir comunicaciones privadas, como pudiera interpretarse que ocurrió en este caso, es necesario contar con una orden de un tribunal para no incurrir en una violación, también, de la Ley Sobre la Protección a la Privacidad de las Comunicaciones.

“Hablar de esa forma del rector (...) es un hecho que podría ser sancionado si ocurre dentro del recinto universitario. Pero hay un problema: si esa conversación se obtiene violando la privacidad de las comunicaciones, entonces no lo puedes sancionar”, explica uno de los abogados. Y continúa: “Pero, además, no tienes que llamar a nadie a una reunión. Por el contrario, el procedimiento es notificarle primero al estudiante que se le abrió un proceso disciplinario y el estudiante en ese proceso disciplinario se defiende. ¿Qué es defenderse en este caso? Presentar argumentos y pruebas de que ellos no dijeron lo que la autoridad dice o, por ejemplo, argumentar que los captures son una violación a su derecho a la privacidad de las comunicaciones”.

Lo peor era que la razzia en el campus no tenía que ver con algún episodio estrictamente universitario; estaba relacionado con las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Días antes de la jornada comicial, algunos estudiantes habían creado un grupo de Whatsapp para usarlo, sobre todo, como un espacio donde podían comentar las declaraciones que Giovanni Sebastián Nani Lozada, Rector de la UAM, venía ofreciendo en distintos medios de comunicación nacionales, incluyendo canales de TV. En efecto, el rector Nani, ingeniero de profesión, empezó súbitamente a encarnar en público el rol de un analista político-electoral; hasta entonces, nadie le conocía esa faceta. En sus intervenciones en medios, aseguró haber realizado lo que llamó un “análisis predictivo” sobre los resultados de las, entoncxes, venideras elecciones presidenciales. Según el estudio, decía el rector, el candidato a la reelección, Nicolás Maduro, despuntaba como favorito para ganar la contienda con 53% de los votos. El presunto análisis, siempre de acuerdo a Nani, se habría alimentado con data proveniente de un estudio de opinión hecho por el Centro de Medición e Interpretación de Datos Estadísticos (CMIDE 50.1), una encuestadora fantasmagórica cuyos método, reputación y propia existencia habían quedado muy en entredicho tras algunas revelaciones en la prensa. 

Desde luego, los comentarios en el chat de estudiantes no solían ser amables con Nani. De hecho, empezaron a escalar en intensidad y virulencia, no solo en los chats de WhatsApp, sino en otras redes sociales. El tema empezó a llamar la atención. Muchas personas se sumaron al foro, y no todas eran conocidas. Ahora los verdaderos estudiantes que participaron en el grupo lo lamentan; algunos debieron ser infiltrados. “Eran espías, sapos”, comentó una fuente que pidió resguardar su identidad por temor a represalias.

Indicios del uso por parte del rector Giovanni Nani de las mismas técnicas de infiltración y vigilancia en las redes sociales y, sobre todo, en grupos de WhatsApp, también se encuentran en otros ámbitos. Por ejemplo, hace quince días Nani denunció en medios regionales cercanos al chavismo a la periodista María del Rosario Charito Rojas, una personalidad de la radio local, a quien acusó de difamarlo de manera continua. Para sustentar los señalamientos, mostró imágenes del intercambio privado en un chat llamado Periodismo Activo, que conformaban reporteros y editores del estado Carabobo. Con respecto al grupo de WhatsApp, Nani hizo además "un llamado a las autoridades del Estado para que investiguen a los administradores de este grupo promotor de la violencia”. Rojas se sintió obligada a dejar el país..

Mañas viejas de viejos conocidos

Hay algunas relaciones que perduran con el tiempo, aunque solo se sostengan por un componente esencial: la lealtad. Y la lealtad es a menudo unidireccional. 

Es lo que describe la relación que une en términos de subordinación a Pedro Flores y Luis Cabrera, dos de los inquisidores en la reunión con los estudiantes, con el rector Giovanni Nani Lozada, quien se apropió del cargo en agosto de 2022 sin la aprobación mediante el voto de la mayoría de los miembros de la Asociación Civil Universidad Arturo Michelena, propietaria de la UAM, de acuerdo con las actas constitutivas de la institución.

Siguiendo la estela dejada por Nani durante su ascenso en la institución, Cabrera y Flores no sólo han escalado posiciones entre los directivos de la universidad, sino que también se han beneficiado con títulos de doctorado para los cuales ni cursaron materias ni presentaron tesis, como publicó Armando.info el pasado mes de marzo. Es una relación que se ha ido tejiendo desde al menos el año 2014, según fuentes con conocimiento interno de la universidad, y que se ha consolidado a tal punto que ambos actúan a disposición del rector sin objeciones.

Las maneras represivas dentro de la universidad ya se asomaron hace diez años, cuando una ola de protestas sacudió por varios meses las calles de ciudades en todo el país. En ese año de 2014, los empleados y estudiantes de la UAM conocían a Luis Cabrera solo como “el señor que administraba un local de venta de shawarmas”, contaron fuentes. El negocio funcionaba en un espacio alquilado dentro del llamado bulevar, un pasillo que alberga distintos expendios y que, por lo tanto, concentra parte de la vida diaria en la institución. Tanto, que también escondía un secreto: en habitáculos entre sus muros se llegó a retener a estudiantes para que no pudieran acudir a las manifestaciones callejeras de 2014, según denunciaron para esta historia antiguos integrantes de la directiva de la UAM y varios estudiantes afectados entonces.

Según los testimoniantes, quienes hace una década los confinaron eran funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, policía política) que habían ingresado al recinto universitario vistiendo uniformes del personal de mantenimiento, un servicio que para ese momento Giovanni Nani dirigía. A los estudiantes los interrogaron y les pedían revelar los nombres de sus colegas que participaban en la organización de las protestas o, de lo contrario, los incluirían en una lista negra que iba a ser entregada a la justicia chavista.

Algunos de ese grupo de estudiantes sufrieron consecuencias casi de inmediato. Por ejemplo, uno de ellos, que habló con Armando.info a condición de mantener su identidad en estricta reserva, notó en aquella ocasión cómo los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Policía Municipal de San Diego, un municipio en el extrarradio de Valencia, quienes solían custodiar las calles cercanas a la UAM para sofocar las protestas, comenzaron a llamarlo por su nombre y a hacer demostraciones de que conocían sus datos personales, como su lugar de residencia. Luego, a mitad de ese semestre, ocurrió un “error” en el sistema Terna que borró todas sus notas y materias que había cursado. La falla fingida casi lo llevó a tener que reiniciar desde cero sus estudios universitarios, pero una constancia de estudios que había solicitado unos meses antes, a manera de precaución, le permitió solventar el problema.

“Un día se me acercó una persona que para ese momento no era profesor, pero que terminó siendo profesor más adelante, me llamó por mi nombre y me dijo que quería hablar conmigo”, relata el exalumno de la universidad. “Cuando me siento a hablar con él, me dice: ‘Yo sé quién eres, yo sé cuáles son tus notas y cuáles materias estás cursando, y yo no quiero dañarte a ti. Si me das el nombre de todas las personas que están en el Movimiento Estudiantil, te dejo a ti fuera de la lista, pero, si no, tu información yo se la voy a dar al grupo del Sebin’”. Quien lo presionaba era Luis Cabrera.

El estudiante supo luego, por personas que lo contactaron desde el interior del cuerpo de seguridad, que las fotos de él y de otros estudiantes de la UAM eran exhibidas en una cartelera en la sede regional del Sebin, ubicada en el municipio Naguanagua, un suburbio de Valencia.

Censura en la teoría política

Durante esos meses de protestas, que se extendieron desde febrero hasta mayo de 2014, Giovanni Nani recorría el campus universitario señalando a los manifestantes y dando indicaciones a personas no identificadas para que, según comentaron cinco testigos al reportero de Armando.info, tomaran fotos, grabaran y siguieran a los protestantes por toda la universidad. Para entonces, los estudiantes lograron identificar que una de esas personas tenía el apellido “Brito” y que, si bien estaba inscrito en un postgrado que se desarrollaba los fines de semana en la UAM, no asistía a clases.

Otro reflejo de las relaciones cercanas entre la UAM y los cuerpos de seguridad se encuentra en el relato de Roberto Romero, quien hace algunos años se desempeñaba como profesor de la cátedra de Ideas Políticas y Económicas en la Escuela de Comunicación Social.

En las aulas existía lo que él define como un “microcosmos” de diversidad de pensamientos políticos entre los estudiantes. Un día comenzó a notar la presencia de personas desconocidas, que ni siquiera se presentaban o firmaban lista, en el salón donde daba clases. No tenía que tratarse de algo irregular: en medio de ese ambiente abierto que Romero recuerda, también era frecuente que estudiantes de otros cursos le preguntaran si podían ingresar a sus clases. Pero Romero se percató de que la situación se repitió por segunda y tercera vez, hasta que se decidió a actuar.

“Comencé a notar rostros y comportamientos que no tenían que ver con la forma de actuar de los estudiantes”, contó. En una de esas ocasiones, Romero interrumpió la clase y le pidió a la persona desconocida que saliera del salón para poder conversar de manera privada. “El tipo se queda callado, sale y me pregunta que en qué me puede ayudar”, relata el exprofesor de la UAM, que le respondió: “Tú eres de la inteligencia de alguien, ¿quién te mandó?”. El sujeto soltó una carcajada y aseguró que, debido a un acuerdo entre la Gobernación de Carabobo (a cargo entonces de Francisco Ameliach) y Giovanni Nani, tenía instrucciones de vigilarlo.

Quince días después de ese episodio volvió a ocurrir lo mismo, pero con otra persona. Cuando lo confrontó, en esa ocasión frente a sus alumnos, el hombre abrió su billetera y le mostró un carnet que lo identificaba como funcionario del Sebin. En el pasado, por su rol como dirigente del movimiento estudiantil del año 2007, Romero asegura que mantuvo cierta rencilla con Ameliach, un exmilitar y dirigente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Carabobo.

Esta versión de los hechos fue confirmada a Armando.info por tres diferentes fuentes, entre estudiantes y exdirectivos de la UAM, quienes alegaron haber sido perseguidos o intimidados por funcionarios de seguridad del Estado tanto en la universidad como fuera de ella.

Armando.info solicitó respuestas a la Dirección de Administración de la UAM por correo electrónico. Como reacción por esa vía, Luis Cabrera negó que existiera cualquier “coacción o amenaza por parte de las autoridades de la Universidad Arturo Michelena contra estudiantes de esta casa de estudios que hayan emitido opiniones políticas a través de redes sociales sobre las elecciones del pasado 28 de julio”. 

En la breve misiva, Cabrera también solicitó a Armando.info que "se ponga fin a la persecución hacia nuestros estudiantes y profesores en relación con una situación que ya ha sido aclarada y forma parte del pasado".

Sobre esto último, remite a unas declaraciones emitidas el 19 de agosto por el propio rector, Giovanni Nani, en las que este, en respuesta a tempranas denuncias de periodistas sobre represalias en la UAM después de las elecciones, las desmiente y sostiene que forman parte de un "ataque sistemático contra las universidades privadas". "¿Con qué finalidad?", se pregunta de manera retórica Nani en el video, para enseguida responderse: "Porque las universidades están en paz. Venezuela están en paz y los estudiantes están tranquilos y apostando por la paz".

Luego hace referencia a las tribulaciones vividas en la UAM, de la que dice fue "víctima de la violencia" desde el 29 de julio, día siguiente al de las elecciones, a través de "redes sociales (...) y grupos de Whatsapp". Dirigiéndose a los padres y representantes de los alumnos de la universidad, Nani aparece asegurando que "aquí nunca castigaríamos a su hijo o al familiar que usted tiene estudiando aquí porque piense diferente o apoye una política o apoye a otro grupo político" y, tras mostrar algunos pantallazos con mensajes "de odio" en Whatsapp, recalca que su "intención principal fue siempre manejar esto a lo interno, por eso se llamó a estos muchachos a conversar con ellos, a lo interno, [para] hacerles ver que la violencia no tiene cabida en la universidad".

Pero ya se ve en qué tono se plantearon esas "conversaciones", que incluyeron claras amenazas de llevar los casos ante la Fiscalía. Para algunos todavía, la letra con sangre entra.

Todo quedó resumido en una presentación de 45 segundos, tan poderosa como su presentador, emitida en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), en el programa “Con el mazo dando”, que conduce el número dos del chavismo, Diosdado Cabello Rondón. Alexander Sierra, nombre del joven etiquetado, quedó sentenciado por esa transmisión, a pesar de las irregularidades que, según sus abogados, envolvían el caso.

Sierra fue detenido el sábado 24 de junio de 2017 a las 5:30 de la tarde, cuando salía junto a varios amigos de un restaurante ubicado en Altamira, al este de Caracas, donde celebraban el cumpleaños de una compañera. A pocos metros del local fueron interceptados por cuatro camionetas. De ellas bajaron varios hombres armados, vestidos de civil y sin identificación. Uno de ellos apuntó a Alexander Sierra en el pecho. Él soltó su bolso en el suelo, donde guardaba su camisa de chef, su celular, audífonos y objetos personales, y alzó las manos.

No cargaba niples, cohetones ni pólvora, dicen sus abogados. No fue capturado durante una “Operación Tun Tun”, como se sugirió en el video televisado, un operativo tipo redada denominado así por Cabello, surgido durante las protestas antigubernamentales con el fin de “buscar a los terroristas” en sus propias casas.

Sierra estuvo desaparecido durante 46 horas hasta que fue hallado el lunes 26 de junio en la tarde en el Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la policía política venezolana. En la víspera los funcionarios apostados en la entrada del tenebroso edificio siempre negaron su presencia ahí. Es otro de los motivos por el cual sus defensores y familiares aseguran que el de Sierra sigue el patrón de otros célebres casos de presos políticos: una detención arbitraria, que no siguió los procedimientos judiciales. Un claro ejemplo de desaparición forzada, considerada delito según el derecho internacional.

En esas horas de incertidumbre, Alexander Sierre fue golpeado reiteradas veces para obligarlo a delatar nombres y a dar un falso testimonio. De esas golpizas y otras que siguieron, le quedó un hombro dislocado y una fractura en una mano por permanecer tres días guindado de un tubo.

“A mi hijo no lo mataron porque es artista y lo conoce mucha gente. En las redes sociales se difundió la noticia de que el Sebin se lo había llevado y estaba desaparecido”, asegura su mamá, Nancy Sierra. Ella siempre se refiere a Alexander como “Líryko”, su verdadero apodo, derivado de su faceta como rapero, que combina con su profesión de chef y actor de teatro. El joven de 23 años además es técnico superior universitario en Diseño Gráfico y estudiaba inglés cuando fue detenido.

“Líryko” fue presentado el 27 de junio ante los tribunales militares por supuestamente haber atacado una base militar, poseer prendas militares en su morral junto con niples, cohetones y pólvora, ser terrorista, “financista de las guarimbas” y activista de Primero Justicia. “Todo eso era completamente falso, ninguno de nosotros milita en ningún partido, él no causó esos destrozos y ese día él no andaba marchando. Sí tenía puesta su franela de ‘Soy Libertador’ y sí había ido a varias marchas. Nosotros no estamos de acuerdo con el régimen que nos quieren imponer, y no solo fuimos a las marchas de este año, a las de antes también habíamos ido”, afirma su mamá.

Su abogada, Elenis Rodríguez, asumió el caso como parte de la organización no gubernamental Fundeci y logró demostrar que no podía ser imputado por esos cargos. Para el día de la audiencia preliminar en tribunales militares (fijada para el 9 de agosto), el expediente de Alexander Sierra solo incluía cargos por alteración del orden público y resistencia al arresto, pero ese día su abogada no pudo representarlo. Elenis Rodríguez fue juramentada el 21 de julio junto a 32 abogados más como magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, por la Asamblea Nacional, en una de las últimas acciones del parlamento venezolano para intentar frenar la elección de la llamada Asamblea Nacional Constituyente. A los ocho días Rodríguez solicitó asilo a la embajada de Chile en Caracas para evitar ser juzgada por “traición a la patria y usurpación”.

La abogada Alejandra Tosta asumió el caso de Alexander Sierra desde que Rodríguez fue postulada como magistrada. Ese 9 de agosto logró que el juez militar aceptara remitir el expediente a un tribunal ordinario. Pero desde entonces el caso parece estar en un letargo. El expediente tardó tres meses en llegar a la jurisdicción civil. La insistencia de la señora Nancy se concretó recién el 8 de noviembre. No pudo agilizar un simple traslado de una carpeta desde Fuerte Tiuna hasta el Palacio de Justicia, un trayecto de 12 kilómetros que puede demorar no más de 30 minutos en motocicleta. “Un funcionario de tribunales llegó a decirme que el Plan República no lo había podido llevar. ¿Qué tiene que ver el Plan República con un expediente?”, se pregunta Nancy, ante lo que luce como un sinsentido. ¿El operativo militar que resguarda las elecciones en Venezuela eran, según ese empleado, responsables del retardo judicial?

Alexander Sierra es uno de esos presos políticos que cayeron en el olvido. Son apenas un nombre más en una lista que se encoge y se alarga según las necesidades del régimen bolivariano. No concentran ellos la atención de los medios y a medida que pasa el tiempo nadie los recuerda.

A las pocas semanas de su detención, otro joven parecido a él fue llevado al Helicoide por la misma causa (ataque a la base aérea militar de La Carlota). Su madre y sus abogados están de acuerdo: Alexander Sierra fue detenido arbitrariamente porque se parece a alguien sospechoso de atacar una instalación militar y es moreno, de cabello ensortijado tipo afro, y tiene uno de sus brazos tatuados casi por completo. Lleva seis meses en el Sebin. Se dice que el otro joven, de características similares por el cabello y los tatuajes, que era la persona que las autoridades estaban buscando, fue a la cárcel de El Dorado, en el estado Bolívar, al sur del país. Lo de Alexander fue una equivocación, sospecha la madre.

La oportunidad de salir en libertad antes de Navidad se esfumó la semana del 15 de diciembre. El martes 12 le informaron a Alexander que sería trasladado al Palacio de Justicia para su segunda audiencia. Nunca ocurrió. Un funcionario de jerarquía informó a los detenidos que el Sebin había suspendido los traslados a tribunales hasta febrero.

Narrativa política

Desde las protestas del año 2014 hasta el 15 de diciembre de 2017, la organización Foro Penal Venezolano ha contabilizado 12.007 presos políticos. De ese total, 4.609 personas han recibido libertad plena mientras el restante 61.6% permanece criminalizado: 274 están presos y 7.124 han sido liberados con medidas cautelares.

En esa lista de personas que continúan tras las rejas, están incluidos todos los que responden a los criterios que califican a un detenido como preso político -con base en parámetros y definiciones validadas internacionalmente por la OEA, Parlamento Europeo y el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU-, sean defendidos por abogados de Foro Penal o no, asegura su director, Gonzalo Himiob.

Según esta organización hay tres categorías para identificar a un preso político: a) cuando se trata de un líder político o social que es detenido o condenado por representar individualmente una amenaza política para el Gobierno; b) cuando la persona forma parte de un grupo social al cual se quiere intimidar (defensores de derechos humanos, comunicadores, jueces, militares, activistas sociales y políticos, estudiantes); y c) personas que son utilizadas por el gobierno para sustentar una campaña o una determinada narrativa política del poder, con respecto a determinadas situaciones de trascendencia nacional (no son líderes políticos ni sociales, ni representan a un grupo clave). En esta última categoría estarían los más olvidados, aquellos que terminan abandonados por los abogados, por el sistema, por su familia o por la sociedad.

Himiob aclara que cuando Foro Penal no lleva la defensa de algún preso político puede ocurrir que no tengan cómo manejar la información sobre ese caso en particular, y por lo tanto no lo incluyan en el listado que ellos manejan. “No porque nosotros no queremos, sino porque no tenemos información a la mano”, agrega.

Por ello puede haber más detenidos por razones políticas que los indicados por esta organización, varios de ellos desconocidos o relegados, y en algunos casos identificados por organizaciones de derechos humanos. Los casos de Magaly, Leybis, Héctor, Yeison y Alexander son un ejemplo.

Sin pediatra ni docente

Magaly Izarra es la única pediatra existente en el pueblo de Santo Domingo, en el estado Mérida (andes venezolanos, occidente del país). Leybis Uzcátegui es docente, con postgrado en Gerencia Educativa y coordinadora del único liceo que existe en esa localidad. Ambas estuvieron 60 días detenidas en los calabozos de la policía científica (Cicpc) del estado, y otros 30 días en el Centro Penitenciario de Los Andes sin haber tenido la audiencia preliminar que corresponde por ley, sin haber ido a juicio y sin recibir alguna sentencia.

Las dos fueron detenidas luego de una denuncia presentada por la alcaldesa de Santo Domingo, Idania Quintero, del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela, por participar en una protesta en el pueblo contra la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Les imputaron siete delitos: obstaculización de la vía pública, asociación para delinquir, instigación al odio, lesiones leves a personas de la comunidad, lesiones al centinela (funcionario militar), robo al centinela y financiamiento al terrorismo.

El 21 de julio la doctora y la docente participaron, junto a varias personas, en una protesta pacífica que incluso contó con protección policial. Por minutos se atravesaban en la vía con pancartas en contra de las elecciones de la ANC, y se regresaban a la acera.

No eran más de 20 personas, no hubo enfrentamientos hasta que la alcaldesa Quintero se presentó con unas 50 personas. Cuentan los testigos que, con actitud hostil, les quitaron las pancartas, pitos, les lanzaron piedras y los corrieron del lugar. Al menos dos de los integrantes de la comitiva oficial estaban armados. Incluso le solicitaron a la policía que custodiaba la protesta que se llevara detenidos a todos, pero el funcionario no acató la orden, recuerda Omar Cardona, familiar de ambas.

En medio de los forcejeos uno de los acompañantes de la alcaldesa hirió con un arma blanca a un joven de 21 años en la parte baja de la espalda. Magaly Izarra lo auxilió mientras esperaban trasladarlo al hospital. El resto de los manifestantes corrió hacia una casa cercana para refugiarse de los ataques. Una vez adentro las personas que acompañaban a la alcaldesa, que forman parte de los llamados colectivos, las fuerzas de choque del régimen chavista, comenzaron a lanzarle piedras a la casa y a detonar morteros

Lo que ocurrió luego fue casi una sublevación del pueblo de Santo Domingo. Al correrse la información de lo que estaba sucediendo, unas 200 personas salieron a defender a los manifestantes y lograron que el grupo liderado por la alcaldesa se replegara en la alcaldía. Gracias a esto, las personas que estaban dentro de la vivienda pudieron salir, entre ellas Leybis, quien se marchó a su casa.

La gente se concentró frente a la alcaldía en reclamo por lo sucedido. Alguien llamó a la Guardia Nacional para que los ayudara. De pronto varios oficiales aparecieron en el lugar, agresivos, pero no muy bien equipados, según los testigos. Apenas empezó la represión se quedaron sin municiones y sin vehículos. La poblada los persiguió y cazó a uno de ellos, a quien golpearon fuertemente, lo desnudaron y lo dejaron ir. Allí el enfrentamiento cesó. Ni Magaly (56 años) ni Leybis (52 años) estuvieron en los hechos que ocurrieron frente a la Alcaldía ni en la golpiza contra el guardia. Magaly al final acompañó al joven herido hasta el hospital de Mérida, a 2 horas de Santo Domingo, porque la herida era considerable.

Un mes después de estos hechos, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), allanó las viviendas de algunos de los manifestantes y entregó citaciones. Magaly y Leybis estaban dentro del grupo y viajaron hasta Mérida para cumplir con el trámite. Están detenidas desde entonces.

A mediados de octubre las trasladaron al Centro Penitenciario de Los Andes. En el penal fueron recibidas con golpes y agresiones salvajes, al punto de que ellas mismas pidieron a sus hijas y familiares que no las visitaran. Ambas fueron señaladas por la alcaldesa de Santo Domingo como agresoras del guardia nacional, junto a los demás hombres detenidos, aun cuando la propia víctima declaró que ellas no participaron en su golpiza.

Las familias de Leybis y de Magaly escogieron a un abogado privado para que las defendiera. A finales de noviembre salieron del centro penitenciario pero con medidas cautelares: régimen de presentación mensual y prohibición de salir del estado Mérida. Siguen a la espera del juicio porque fue diferido para el 20 de abril de 2018. Entre tanto, la doctora intenta retomar sus actividades luego de que el pueblo de Santo Domingo sumara cuatro meses sin pediatra.

Veintisiete años

En febrero de 2014, cuando se registraron las primeras protestas contra el presidente Nicolás Maduro, hubo dos fallecidos en el estado Lara (centro occidente de Venezuela). Héctor Cusati Martínez fue señalado como responsable de la muerte de Alexis Martínez (58 años de edad), hermano del entonces diputado del Psuv a la Asamblea Nacional, Francisco Martínez.

Alexis Martínez falleció en la avenida Hernán Garmendia de Barquisimeto, capital de la provincia, al recibir un disparo en el pecho mientras retiraba unos escombros y barricadas que se encontraban en la vía colocados por manifestantes. No estaba solo. Alexis Martínez llegó a esa avenida junto a otras personas identificadas por los manifestantes como colectivos, justo después de que pasaran unas tanquetas de la Guardia Nacional por el lugar, para acabar con la protesta de los vecinos.

“Como el señor que murió era del Gobierno, vinieron buscando a un culpable”, afirma Amada Martínez, madre de Héctor Cusati, tres años después de lo ocurrido.

Héctor Cusati era escolta privado y tenía porte legal de arma de fuego. Según las investigaciones de la policía científica, la bala que mató a Martínez coincidía con los proyectiles que usa su armamento. Salvo esa coincidencia en el transcurso de las investigaciones no se pudo comprobar que Héctor Cusati disparó su arma contra Martínez. Su expediente está viciado, reitera su mamá. “Una persona, un patriota cooperante, fue el que lo incriminó en esto”, agrega. Esa figura de delator, no incluida en las leyes venezolanas, comenzó a ser usada por el Gobierno en 2014. Es una persona no identificada que denuncia a alguien y luego no se presenta en tribunales a rendir declaraciones.

La experticia practicada en el apartamento de Héctor Cusati, quien vivía en un piso 11 con su esposa, su hija de 8 años y su mamá, de 61 años, salió negativa. No se halló pólvora en el apartamento, lo cual desmontó la versión de que había disparado desde el balcón de su casa, hecho que también fue descartado por la distancia existente entre el apartamento en un piso 11 y el lugar donde cayó el hermano del diputado del Psuv. La policía al final determinó que el disparo salió a 80 centímetros de distancia de Martínez. Héctor Cusati no estaba en la calle cuando eso ocurrió sino en el quinceavo piso de su edificio buscando a su hija en el apartamento de una vecina. Su abuela la había dejado ahí para protegerla de los gases lacrimógenos que estaba lanzando la Guardia Nacional.  

Treinta y seis personas declararon en contra de Héctor Cusati. En la mayoría de esos testimonios, cuenta su madre, hubo contradicciones. No se pudo comprobar que Héctor Cusati estuviera disparando cerca de donde cayó el hermano del diputado del partido de gobierno. En el juicio se planteó la posibilidad de que Cusati prestara su arma a otra persona, pero esa versión no pudo ser comprobada

Este caso fue llevado desde el comienzo por un abogado privado que recomendó a la familia no dar declaraciones a los medios. Incluso le sugirió a su defendido declararse culpable y admitir los hechos para que le bajaran la pena. Héctor Cusati no aceptó. Fue condenado a 27 años de prisión y lleva tres años recluido en la cárcel de Uribana. Para poder pagarle los honorarios al abogado la familia debió vender el apartamento donde vivían.

Varios defensores de derechos humanos identifican un patrón que une los casos de las personas enjuiciadas por las protestas ocurridas en 2014 y 2017. “Hay abogados privados que descuidan la defensa jurídica. No hay continuidad, o convencen a sus representados de que se declaren culpables para que reciban una sentencia exprés y así quitarse la responsabilidad de un litigio que extenderse durante 4 o 5 años”, explica Andrés Colmenares, coordinador general de Funpaz.

Gonzalo Himiob recuerda el caso de Víctor Ugas, quien se declaró culpable para salir rápido de presión, le dieron boleta de excarcelación, pero aún no lo han liberado. “Cuando un tribunal te obliga a declararte culpable es para desarticular la narrativa de prisión por hechos políticos, pero además el efecto secundario es que el poder no cumple con su palabra, no te libera”.

El caso de Héctor está en fase de apelación, ahora sin asistencia de abogados privados. La señora Amada no sabe si su hijo está en la lista de presos políticos que maneja el Foro Penal, pero quiere que lo incluyan. El 6 de marzo de 2014, cuando se llevaron detenido a Héctor, el propio presidente Nicolás Maduro se refirió a él en cadena nacional, horas después. “Este muchacho, Héctor Doménico, ¿por qué a sus 20 años se convirtió en homicida? Ah, por la prédica de odio”. Maduro no solo se equivocó al calcular la edad de Héctor Cusati. También dijo que había confesado un crimen. Era mentira.

Perfil “mediático”

En el Sebin hay varios presos políticos que son indigentes. Poco se sabe de ellos. También hay casos como el de Yeison Rodríguez, un joven de 20 años que vendía agua en las protestas que se desarrollaron en Caracas entre abril y julio, y que fue detenido por conocer a un grupo de manifestantes que solían enfrentarse a la Guardia Nacional con escudos y cascos, conocidos como “La Resistencia”.

Su detención ocurrió el 10 de junio en Guarenas, al salir del funeral de Neomar Lander, el adolescente de 17 años que murió por el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho. Cuatro hombres se bajaron de un vehículo modelo Aveo, lo abordaron y obligaron a entrar en el carro bajo amenazas. Lo llevaron al helicoide. Sobre Yeison, el director del Sebin, Gustavo González López, fue el encargado de difundir a través de su cuenta en la red social Twitter la información sobre su detención. Quedó marcado como uno de los “organizadores y ejecutores de acciones terroristas en Caracas”.

González López mostró supuestas pruebas que incriminaban a Yeison. Se trataba de audios y mensajes de texto obtenidos de su celular. En uno de ellos otro joven le comenta sobre unos escudos que llevaría a una de las marchas, y una conversación que sostuvo con una funcionaria de la gobernación de Miranda que lo estaba ayudando a ingresar a trabajar como rescatista. El Sebin argumenta que esa conversación es la prueba de que la gobernación, dirigida hasta octubre por el opositor Henrique Capriles Radonski, lo financiaba para que organizara las “acciones terroristas”.

En la primera audiencia de presentación, a días de su detención, el joven solo contó con un defensor público. Luego de seis meses en el Sebin, no ha asistido a su primera audiencia preliminar, no tiene fiscal asignado ni fecha de su próxima presentación ente la justicia militar, que lo acusa con cargos de traición a la patria, rebelión y sustracción de equipos militares. La asistencia de abogados ha sido intermitente e incluso a quienes han intentado asumir su defensa les han negado ver el expediente. 

Yeison proviene de una familia humilde, no tiene padres, su abuela era su principal apoyo y desde que lo llevaron al Helicoide estuvo pendiente de su caso, buscaba abogados, iba a los tribunales, pero cayó en cama a los meses. En uno de sus viajes a Caracas para visitar a su nieto, tuvo un accidente abordando el ferrocarril que comunica a la capital con los Valles del Tuy. Se fracturó una de sus piernas, no ha podido caminar de nuevo.

Gonzalo Himiob afirma que todo caso político debe ser visto y abordado desde tres variables: la jurídica, la mediática y la política. En la primera se analizan todos los elementos jurídicos del caso para poder sustentar que se trata de una detención arbitraria por motivos políticos. La segunda tiene que ver con “subirle el perfil mediático” a un caso, pues a veces es muy importante hacerlo y otras ocasiones es mejor bajárselo, dice Himiob, y cita como ejemplo al grupo de indigentes que son presos políticos, detenidos porque estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. “No es que los descuidemos, es que a ellos no les subimos el perfil porque es más difícil. No tienen ningún familiar que hable por ellos. Y en general nunca le subimos el perfil a un caso si el colega abogado o la familia no está de acuerdo, eso lo respetamos”.

La tercera variable (política) tiene que ver con cómo se busca, dentro y fuera del país, subirle el costo político al Gobierno por estos casos. “La prisión política no es solo un tema jurídico, es un tema de costo-beneficio para el Gobierno. A veces nos acusan de ser mediáticos, pero en la medida en que a un caso le subas el perfil y el costo político al Gobierno, esa persona tiene más posibilidades de salir. No vas a tener éxito si no manejas estas tres variables”, agrega Himiob.

Pero no todos los presos políticos y sus familiares quieren ser asistidos por el Foro Penal, ni las detenciones por razones políticas han dejado de ocurrir. En diciembre de 2016 la policía política detuvo a los directivos de la empresa Credicard, por supuestamente ser responsables de un ataque informático que colapsó la red de puntos de venta del país, y ser acusados por el Gobierno de “traición a la patria”. Cinco directivos de la empresa están siendo juzgados por la justicia militar.

Más recientemente, la fuga del alcalde metropolitano Antonio Ledezma, detenido en febrero de 2015 y quien estaba bajo la medida de casa por cárcel, derivó en la detención de más de 20 personas que incluían desde el conserje del edificio donde vivía Ledezma, el presidente de la junta de condominio, un representante de la empresa privada encargada de proveer el servicio de cámaras de seguridad a las residencias, y trabajadores de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. La mayoría fueron liberados a los pocos días de ser detenidos por el Sebin, pero Carmen Andarcia, de 61 años de edad, directora de Administración de la alcaldía, fue dejada tras las rejas (en el helicoide).

No es necesario que se desarrolle una protesta para que se registren detenciones arbitrarias por razones políticas. La puerta giratoria sigue activa, y un mensaje de Gonzalo Himiob, en sus redes, lo ilustra: “Al 11 de agosto de 2017 registrábamos 676 presos políticos en Venezuela. Desde el 11 de agosto al 19 de noviembre se ha logrado la liberación de 476, pero en paralelo se ha detenido a 167”, escribió el 25 de noviembre. Entre tanto, los olvidados siguen en los calabozos.

Son las 12 del mediodía del domingo 4 de junio. Los miembros de los distintos grupos de choque, conocidos como “La resistencia” entre los adversarios del régimen de Nicolás Maduro, que han surgido con las protestas opositoras que iniciaron en abril pasado, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia, mediante dos sentencias, confiriera poderes dictatoriales a Maduro, se concentran en ese sitio. En uno de los asientos está Luis, un estudiante de cuarto semestre de Psicología en la Universidad Central de Venezuela. Por protección, pide ser identificado con este nombre. Viste con un blue jean claro y una franela manga corta que, pese a su azul intenso, no disimula el rosario con una bandera pequeña de Venezuela que pende del cuello.

Luis no tiene máscara, capucha, o una franela que le cubra el rostro. La barba, al descuido. “Es domingo y estamos relajados. Aunque hoy no hay marchas ni protestas, igual venimos. Es una manera de comunicarle a la gente que aquí seguimos, resistiendo para transmitir que queremos un cambio”, manifiesta el estudiante de Psicología que es uno de los integrantes del grupo Resistencia Contra la Represión (RCR).

También los llaman “guerreros” y “escuderos” y se cubren los rostros con máscaras y franelas. Se protegen con escudos improvisados, arman barricadas con lo que consiguen y, cuando van a las marchas, son quienes se enfrentan con la policía. No todos se conocen ni actúan de la misma manera. La mayoría proviene de los sectores más golpeados por la crisis económica de Venezuela, campeona mundial de la inflación en 2016, y que sufre de una tenaz escasez. No siempre siguen la agenda de la oposición agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática. “A todos los grupos nos une el propósito de salir de este gobierno. Como dice el dicho, los enemigos de tu enemigo son tus amigos”, precisa Luis. 

Luis arma barricadas, usa su escudo para protegerse de los ataques de la Guardia Nacional devuelve las bombas de humo que arroja la policía y lanza bombas artesanales. “Pero en realidad no comparto la idea de lanzar las molotov, es como macabro. Cualquiera no puede devolver lacrimógenas. El que lo hace debe saber moverse entre la multitud, porque te pueden linchar por tonto. Pero también debe tener buena vista al cielo, reflejo y reconocimiento de estas bombas, porque hay algunas que pueden explotar en las manos, como ha pasado con varios hermanos”.

Sin embargo, otros grupos sí practican antes de enfrentarse con los cuerpos de seguridad del Estado. Es el caso de los miembros de “Los Pedros”, un grupo de jóvenes que viven en Caricuao, Petare y en el estado Zulia (occidente de Venezuela). El lunes 15 de mayo, durante el plantón que se desarrolló en la autopista Francisco Fajardo de Caracas, quedó clara una de sus prácticas: Un adolescente de 15 años se cubría con un escudo mientras uno de sus compañeros le lanzaba metras. Luego, hicieron una pausa para lanzar varias piedras hacia uno de los extremos de la arteria vial en donde no había personas.

Las protestas de Venezuela, que hasta mediados de junio sumaban diez semanas, nada tienen que ver con el conflicto de 93 días en Ucrania, que derrocó al gobierno de Víctor Yanukovych. Pero los choques entre los manifestantes y los cuerpos de seguridad de ambos países son similares: jóvenes encapuchados y con máscaras, que se guarecen detrás de escudos artesanales fabricados con metal y madera, se enfrentan con funcionarios con todos los pertrechos necesarios para controlar el orden público. Estas personas no tienen armas de guerra ni se desplazan en vehículos acorazados como sus adversarios, pero han logrado incendiar las tanquetas con bombas de fabricación casera.

Tres grupos

En la plaza Altamira se escucha cuando, desde los vehículos en marcha, animan a los jóvenes. “¡Vamos, guerreros!, ¡Sí se puede!”.

Desde que recrudeció el conflicto los días de Luis han transcurrido entre las aulas de clases de la Universidad Central de Venezuela y en las zonas de resistencia de Caracas. Dice que casi no descansa, pero que tampoco puede dejar de prepararse. Un día llegó a su casa con una franela llena de sangre. Había auxiliado a un compañero herido. “Ella se preocupa y me dice que me cuide. No entiende que estoy luchando por el bien de ella y de todos los venezolanos”.

No es fácil conversar con Luis. A cada rato llegan “hermanos” a saludarlo. Entre ellos está “Guarimbín”, un niño de 10 años de edad que vive en la calle y que se ha sumado a las protestas para comer los alimentos que les donan algunos manifestantes. “Guarimbín” tiene dificultad para hablar. Tiene un chichón en la cabeza porque recibió un golpe en una de las tantas manifestaciones.

“Él es nuestra mascota”, comenta una joven de 15 años de edad. Ella vive en Cúa (en el estado Miranda, cerca de Caracas) y también ha hecho amistades entre los manifestantes. Le dicen “La nadadora” porque cuando la Guardia Nacional utiliza la ballena, uno de los vehículos que repliega a los manifestantes con potentes chorros de agua, ella se lanza al suelo para evitar lesiones, aunque tiene una herida abierta en la rodilla derecha. Sus compañeros relatan que es una de las pocas chicas que acompaña a los escuderos en la primera línea de los enfrentamientos. “La nadadora”, que estudia cuarto año de bachillerato, está preocupada. A principios de este mes aseguraba que no acudiría al colegio. Estaba dispuesta a pedirle los apuntes a una amiga, pero no a abandonar la protesta.

“Guarimbín” y “La nadadora” le ponen rostro a los niños y adolescentes que se han sumado a las manifestaciones. En dos meses y medio de protestas se ha evidenciado cómo hay tres grupos de menores de edad que, de manera independiente, también participan en las marchas: el primero es el de los niños de la calle que ven en el ambiente que rodea a las escaramuzas una oportunidad para comer y pedir dinero. En el segundo grupo hay también niños de la calle que se tapan el rostro no sólo para buscar alimentos, sino protección en el ambiente de la resistencia. El tercero es de adolescentes que tienen un hogar, pero que sienten la necesidad de protestar contra el gobierno.

Al igual que la mayoría de los jóvenes que se identifica con la resistencia, Luis vive en un sector popular. Vive en el municipio Libertador: “No puedo dar más datos personales porque este es un régimen dictatorial y por mi casa los colectivos (bandas armadas que defienden al gobierno) no permiten que la gente proteste contra el gobierno. Mientras menos tienes, más sacrificas”.

A los miembros de la resistencia no les importa si son heridos o apresados. Luis explica que le satisface pertenecer al movimiento de los escuderos, porque no pierde las esperanzas de vivir el fin del conflicto. Dice que mientras tanto, ha podido conocer personas y vivir la adrenalina. “Maduro ha impuesto el modelo de papá gobierno, el que tiene el cucharón para repartirle comida a quien quiere y el que pone a las personas a hacer colas para comprar alimentos. Y no me da la gana de calarme eso. Prefiero estar aquí en esta plaza, llevando sol y luchando. Mi sueño es que mis amigos y familiares regresen a mi país, para compartir con ellos. También quiero salir por las noches sin el riesgo de ser robado, secuestrado o asesinado”.

Mientras Luis concede la entrevista, parte de sus compañeros atraviesan la avenida con carteles y escudos que dicen resistencia. Saludan a los conductores y gritan: “Venezuela”. Algunos ciudadanos bajan los vidrios para donarles ropa, dinero o comida. Los que reciben más ayuda retornan, cuentan su experiencia y comparten comida con sus amigos. La mayoría, aunque son menores de edad o personas que no superan los 30 años de edad, conserva la inocencia de un niño: juegan cartas y corren para jugar al escondite.

¿Y cómo surgen estos grupos? El gobierno asegura que los integrantes de la resistencia son financiados por la oposición, pero no se ha confirmado esta hipótesis. Se ha comprobado, sí, que el descontento con el gobierno y el hambre son los elementos que unen a estas personas que han formado grupos de resistencia en sectores populares como La Vega, Caricuao y Petare.

No es la primera vez que Luis protesta con otros jóvenes. En 2014 también participó en las manifestaciones que iniciaron en el mes de febrero y terminaron en junio de aquel año. Dice que, aunque el conflicto en Venezuela no es similar al de Ucrania, considera que la presión de calle es clave para avanzar hacia el fin de la crisis.

“La impotencia de los manifestantes en estas protestas de 2017 es totalmente distinta a la de 2014. La falta de tolerancia y el nivel de violencia son, de alguna manera, la canalización de la ira que tiene la gente porque no consigue comida, medicinas y tampoco oportunidades de progreso (... ) Me he documentado bastante y he comparado el conflicto que hay en Venezuela con el de Ucrania. Sin embargo, considero que el fin se concretará con una negociación entre los líderes políticos de oposición y del oficialismo. Pero no podemos rendirnos”, asegura.

Hambre y solidaridad

A las 2:00 de la tarde de ese 4 de junio. Luis se levanta de golpe. Llegan dos señoras con varios envases de comida con sopa, pasta y arroz. En una bolsa hay varios cambures. Él trata que a ninguno le falte una ración de comida. Un joven de 16 años solo agarra una fruta y le pide a uno de sus compañeros que “le cuadre” una llamada para pedirle a su tía que le lleve comida. “Yo soy de Santa Fe Norte, pero vengo a la plaza a montar patineta con ellos y los días de guerra, los acompaño. A nosotros no nos importa de qué zona o clase social somos, todos somos compañeros de lucha”, relata el adolescente que estudia cuarto año de bachillerato.

Al banco de cemento también llega “Pinto Salinas”, un joven de 23 años de edad que vive en ese sector popular y que trabaja en una empresa de vigilancia. A diferencia del día anterior (sábado 3 de junio), también se deja ver el rostro. Tiene una cicatriz en el pómulo izquierdo y la mirada apagada. Manifiesta con voz tenue que tiene hambre y sed.

Al otro extremo de la plaza está otro de los grupos de la resistencia: Fraternidad Charallave. Mientras Luis se acerca para hacerles llegar parte de la comida que les donaron, uno de sus miembros explica que son “un ligadito”, porque están integrados por personas que viven en La Guaira, Charallave, Petare y por una adolescente de 16 años que vino a Caracas desde el estado Trujillo en abril.

Durante las protestas en Caracas han surgido zonas de conflicto en urbanizaciones de clase media como Bello Monte, Las Mercedes y Altamira, en las que actúan los escuderos. Para moverse en estos sectores hay que pasar cordones de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional. Luego, a unos dos kilómetros de distancia de las áreas donde estos jóvenes hacen barricadas, se ubican funcionarios de las policías municipales para desviar el tránsito. En el área de conflicto hay que saber manejarse con estos manifestantes que no permiten ser grabados sin capuchas, supervisan qué periodistas los quieren entrevistar y evitan el ingreso de civiles armados, también conocidos como colectivos.

Ópticas distintas

Los escuderos están en la mira del gobierno por la violencia que rodea a las manifestaciones. Luis se refiere a dos recientes eventos para explicar que entre los jóvenes no hay opiniones unánimes. El lunes 29 de mayo a las 5:30 de la tarde, en las inmediaciones del Distribuidor Altamira, se veían los jirones de las cajas de zapatos de la marca RS21. Minutos antes un camión había sido saqueado por personas encapuchadas. Los manifestantes no estaban de acuerdo con incendiarlo. Unos rechazaban el saqueo, mientras que otros se repartían los calzados para guardarlos en sus bolsos o quemarlos.

“Yo no estaba aquí. Lo que cuentan los hermanos es que le pidieron al señor del camión que atravesara el vehículo para trancar la vía. Pero el conductor dijo que el dueño de la empresa es Diosdado Cabello. Parecía como una provocación. ¿Cómo ese camión se va a atravesar en una zona donde no apoyan al gobierno? Como hay varios muchachos pobres que no tienen calzados, algunos agarraron zapatos y otros los quemaron en las barricadas”, explica Luis.

El miércoles 31 de mayo al caer la tarde un camión, que decía: “No al saqueo”, ardía. Unos encapuchados querían llevarse una batería y los cauchos del vehículo. Otros lo evitaron y les exigieron que no pueden hacerlo. “Somos la resistencia”, dicen. Con respecto a este otro suceso Luis asegura que ese camión no fue quemado por sus compañeros de lucha y lo atribuye a unos infiltrados.

Si bien varios de los escuderos viven en la calle, quienes tienen un hogar también han pernoctado en la Plaza Altamira y en otros espacios públicos. Aunque los rostros que frecuentan las zonas de conflictos son casi siempre los mismos, los miembros de estos movimientos están preparados para aceptar que sus amigos, o incluso ellos mismos, puedan ser detenidos. Por ejemplo, los militantes del Grupo Resistencia Contra la Represión vieron por última vez a tres amigos que el lunes 29 de mayo tenían pautado dormir cerca de unas barricadas en la avenida Miguel Ángel de Bello Monte. Pero asumen que fueron apresados por la policía judicial durante un operativo la madrugada del martes 30 de mayo.

Ese domingo los manifestantes lamentan la detención de un hombre de 32 años de edad que trabaja como chofer en una casa de familia y que es conocido como “el colador”, debido a las heridas de perdigón que tiene en la espalda, en el glúteo y pierna izquierda. Camina encorvado y se apoya con un palo de golf desde que fue herido. Lo vieron por última vez el sábado 3 de junio cuando se montó en uno de los cuatro autobuses que salieron desde Chacao hasta Montalbán para la marcha de las ollas vacías. En el trayecto una unidad fue interceptada por el Sebin, la policía política, y 51 manifestantes fueron detenidos.

Mientras las protestas en Venezuela superan los 70 días el gobierno insiste en que los escuderos son terroristas financiados por líderes de la oposición. Los cuerpos de seguridad del Estado han realizado operativos en las zonas de conflicto para dar con estos manifestantes. Pero líderes de la oposición como el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles y el diputado Juan Requesens, aseguran que estos jóvenes luchan por el cambio y han atribuido la violencia en manifestaciones a infiltrados del gobierno.

No obstante, los sectores donde protestan estos grupos han sido focos de violencia y anarquía. El domingo 4 de junio a las 7:30 de la noche uno de los militantes de la resistencia, Jesús Rojas, de 33 años, quien es conocido como “El Gringo”, fue asesinado de varias puñaladas en el cuello y el tórax en la plaza Francia. Miembros del movimiento denunciaron que al hombre lo mató un infiltrado que, después de atacarlo, le robó sus pertenencias. El gobierno, por su parte, asegura que la víctima fue asesinada durante una riña entre militantes de la resistencia.

En primera fila

Lunes 12 de junio. Luego de las 3:00 de la tarde los caminos que desembocan en la avenida Francisco de Miranda, cerca de la estación del Metro de Chacao, están cerrados. Cada vez llegan más escuderos. Arman barricadas en las inmediaciones de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) y también colocan barreras que impiden el tránsito hacia el Centro Comercial San Ignacio y hacia el Centro Comercial Sambil. No hay funcionarios policiales en la zona. Se sienten libres. Vecinos y trabajadores de la zona se ubican en las esquinas para ver y grabar lo que pasa. También llegan motorizados para ver cómo los encapuchados se organizan para asediar la sede de la DEM.

En la esquina del Metro que conecta con la calle que lleva hacia el Centro Comercial San Ignacio está parado “Guarimbin” con unos binoculares para niños observando a unos 300 metros de distancia cómo sus amigos lanzan bombas molotov y piedras contra la DEM. “¡Ese guarimbín está vestido chiquiluki! La gente se enamora de él y le regala ropa”, comenta uno de los paramédicos de Venerescate, que se ubica cerca de los sitios donde ocurren las refriegas para atender a los heridos. Las personas presentes largan la carcajada. “Guarimbin” sonríe y muestra una herida que tiene en la pierna.

Entre la multitud está Luis, con un casco de moto y un escudo de metal que tiene pintado a Jesucristo. “Hoy vine a guerrear, como siempre, con mi escudo que no me deja mal”, manifiesta el joven. De inmediato se pierde de vista.

Son las 4:35 de la tarde. Desde el interior de la DEM lanzan bombas lacrimógenas y disparan perdigones. Los encapuchados se desplazan agachados sin ver al frente. Los que lanzan objetos contra la dependencia del Tribunal Supremo de Justicia se apoyan con quienes tienen escudos. Uno de ellos es Luis. “Escuderos adelante”, grita uno de los encapuchados. Cada vez que se escucha la detonación de una molotov, los jóvenes aplauden y algunos espectadores responden de la misma manera. En la misma cuadra de esa sede hay paramédicos de la Universidad Central de Venezuela que también auxilian a los heridos. Sin embargo, los que reciben impactos en la cabeza son trasladados en moto hacia centros asistenciales. Cuando los escuderos gritan que hay un herido, los motorizados se ofrecen a trasladarlos.

Cuando faltan 15 minutos para las 6:00 de la tarde los jóvenes celebran que la sede de la DEM arde en llamas. Entre el humo sale molesto Luis, que recibió al menos 20 perdigones en el brazo izquierdo. “No me toquen, no me toquen”, le grita a sus amigos que intentan convencerlo que debe ser atendido para que no se desangre. Él se resiste y les dice “que es un guerrero” y que debe “llevar” adelante, como los hombres.

Los paramédicos de Venerescate convencen a Luis y lo auxilian. Pero en cuestión de segundos hay una estampida en la zona. Funcionarios de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana irrumpen en la avenida y lanzan bombas lacrimógenas. Después de correr menos de 100 metros, Luis mete el pie izquierdo para evitar que una señora cierre la puerta de su edificio. Entra con unos amigos y le pide que los deje estar allí por un rato. Casi media hora después el joven se comunica con otros amigos que lo esperan hacia la avenida Libertador: “Señora, por favor, guarde mi escudo y deme su teléfono para venir más tarde a buscarlo”. La mujer acepta y él sale para encontrarse con sus compañeros.

Luego de estar en la sede de la Policía Nacional fue trasladado ese mismo día al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política) y, ya en horas de la madrugada de la jornada siguiente, llegó a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en el noreste de Caracas.

La ruleta de traslados desembocó el viernes 12 de mayo, en horas de la noche, en el Tribunal Militar Primero de Control de Caracas, al que Contreras fue presentado. Esa corte está a cargo de la capitán Claudia Carolina Pérez de Mogollón, abogada con diplomado del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana en la especialidad de Derechos Humanos y Fuerzas Armadas. También su currículo certifica estudios sobre Derechos Humanos en la Fundación "Juan Vives Suria", adscrita a la Defensoría del Pueblo.

Así como Contreras, cientos de civiles han sido presentados ante tribunales militares desde que comenzaron las protestas de la oposición, el 1 de abril de 2017, una verdadera Intifada para exigir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el respeto de la autonomía de la Asamblea Nacional y hacer un llamado a elecciones generales para salir de la crisis política, entre otras exigencias.

Según trascendidos de la reunión que mantuvo Nicolás Maduro la semana pasada con el alto mando militar, a los que la prensa electrónica ha dado eco y que el líder opositor, Henrique Capriles Radonski, también difundió, el presidente venezolano informó a los oficiales su intención de trasladar a la justicia marcial los manifestantes callejeros bajo arresto cuyos casos el Ministerio Público no aceptara procesar. Tal sería su manera de sortear el obstáculo que ahora le impone una Fiscalía inesperadamente indócil, al mando de Luisa Ortega Díaz, para la tarea prioritaria de sofocar la rebelión civil iniciada en abril de 2017. Se trate o no de una estrategia deliberada, las constantes denuncias de organizaciones de derechos humamos permiten comprobar que en el combate contra la revuelta que ya cumple 50 días, el Gobierno está optando, sin más miramientos por la normativa local y los estándares internacional, por llevar a civiles a ser juzgados ante tribunales militares.

De acuerdo a datos del Foro Penal Venezolano -una organización no gubernamental que asiste a detenidos por razones políticas-, hasta el 17 de mayo reciente 295 civiles habían sido presentados ante tribunales militares, de los que 161 quedaron privados de libertad, en contravención del artículo 49 de la Constitución vigente, que reza: “Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales con las garantías establecidas en esta constitución y en la ley”. A ellos se les suma los 14 detenidos en Nueva Esparta que fueron enviados al Tribunal Militar Décimo Sexto de Control con sede en Barcelona.

Seis de cada diez procesados en tribunales militares fueron arrestados en el estado de Carabobo, en el centro del país, que ha sido escenario de fuertes desórdenes. Tal vez sea mera coincidencia, pero es en el tribunal de control de Valencia, la capital del estado, donde trabaja la jueza con más tiempo de permanencia en toda la jurisdicción militar nacional: la mayor Luz Mariela Santafé Acevedo, nombrada en noviembre de 2011 y ratificada a finales de 2016. Un término tan prolongado puede dar lugar -sostiene Rocío San Miguel, directora de la organización Control Ciudadano para la Defensa, la Seguridad y la Fuerza Armada Nacional- a perversiones en las prácticas del tribunal.

Justicia u obediencia debida

Así como existe un circuito judicial ordinario, los militares tienen su propio circuito de justicia que está conformado por los Tribunales Militares de Primera Instancia, a cargo estos de jueces que ejercen las funciones de Control, Juicio y Ejecución de Sentencia, así como por la Corte Marcial, en funciones de Corte de Apelaciones y Tribunal Constitucional con competencia nacional, a cargo de cinco jueces profesionales.

La sala de la corte marcial la conforman un presidente, el General de División Henry José Timaure Tapia; un canciller, José de la Cruz Vivas Sáez; un relator, el coronel Jesús E. González Monserrat; un primer vocal, Carmen Lucía Salazar Romero; y un segundo vocal, Edmundo Ramón Mujica Sánchez.

En toda la jurisdicción militar se cuentan 19 tribunales de control, cinco tribunales de juicio y siete tribunales de ejecución. Sus titulares, 45 magistrados, no solo tienen competencia sobre el futuro de los militares acusados de cometer delito sino, con la nueva doctrina que el Gobierno de Nicolás Maduro intenta imponer, también sobre el de civiles a los que se imputen delitos militares. Desde luego, no todos ellos deliberan ahora sobre la suerte de los 161 civiles puestos a la orden de tribunales militares durante las protestas callejeras. De acuerdo a denuncias de redes sociales, esto ha ocurrido, además de Caracas, en estados como Carabobo, Barinas, Táchira y Nueva Esparta. Pero todo indica que el número de casos y de regiones involucradas va a aumentar.

Estos jueces han sido elegidos a dedo por el Ministerio de la Defensa. Aunque el Reglamento Interno del Circuito Judicial Penal Militar establece que el nombramiento de los integrantes de la Corte Marcial la realizará el Tribunal Supremo, lo hace a través de una lista enviada por el propio ministerio y no a través de concurso como establece la Constitución, explica Ali Daniels, director de la organización Acceso a la Justicia.

Aún más: según la Gaceta Oficial 40.462 del 28 de julio de 2014, fue el ministerio de Defensa quien nombró sin más remilgos a la Fiscal General Militar, Siria Venero; al Defensor Público Militar, Oscar Alfredo Gil Arias; y al Presidente de la Corte Marcial. Todos se mantienen en el cargo y están por cumplir tres años en su posición, en contra de la convención que dispone la constante rotación de esos cargos y que la Revolución Bolivariana ha convertido casi en un mantra.

“El Tribunal Supremo de Justicia avaló esta usurpación de sus propias funciones, y con el mayor desparpajo publicó una nota de prensa por la que informó que ese Tribunal juramentó al nuevo presidente de la Corte Marcial sin explicar que no lo nombró y sumisamente aceptó lo decidido inconstitucionalmente por la Ministra de la Defensa”, relata el vocero de Acceso a la Justicia.

Como irónico contraste, desde 2011 el ministerio de Defensa dejó de publicar en Gaceta Oficial los nombramientos en la justicia militar. En correspondencia con lo establecido por el Reglamento Interno del Circuito Judicial Penal Militar, desde esa fecha las designaciones de jueces, magistrados y defensores públicos militares -en suma, los miembros de la jurisdicción, sin contar al personal administrativo y de contabilidad- aparecen en el website del Tribunal Supremo. 

Conexión ejecutiva

La modalidad no es nueva, sin embargo. Casos anteriores ahora lucen como tanteos para medir la disposición del aparato de justicia militar para asumir casos civiles.

Entre ellos destaca uno de septiembre de 2016. Entonces el partido Primero Justicia hizo circular por las redes un vídeo en el que se hace una recreación de efectivos militares padeciendo, como cualquier otro ciudadano, los problemas de la crisis económica y política que vive el país. Ese fue el motivo de detención y envío a tribunales militares de los productores Marco Trejo, César Cuellar y James Mathison.

En esa ocasión, el presidente magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno -sancionado esta semana por el Departamento de Justicia de Estados Unidos-, ordenó “sustraer la presente causa de dicha jurisdicción y remitirlo a su jurisdicción natural, la cual es la jurisdicción penal ordinaria, para que continúe el proceso asegurando el resguardo de los derechos y las garantías constitucionales”.

A pesar de ese antecedente, ahora el Poder Judicial -bajo estricto control del Ejecutivo- se aviene a aceptar el procesamiento de civiles por el fuero militar. Con toda probabilidad, el cambio de señas obedece a la necesidad de evadir el ámbito de influencia de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz. De la dependencia de os jueces militares con el ministerio de Defensa se deduce otra línea de mando, la que los conecta con el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Nicolás Maduro, presidente de la República.

La noche en que Sergio Contreras fue presentado en el Tribunal Militar, la capitán Claudia Carolina Perez de Mogollón lo imputó por delitos de Rebelión Militar, Traición a la Patria y Sustracción de Elementos de las Fuerzas Armadas. Fue enviado a la cárcel militar de Ramo Verde, en las montañas al suroeste de Caracas, donde también se encuentra confinado desde hace tres años el más conocido preso político de la Revolución Bolivariana y compañero de partido, Leopoldo López, ex alcalde del municipio Chacao del noreste de Caracas.

Su familia no lo ha podido ver, exige -aún sin suerte- conocer de su estado de salud y sus condiciones de reclusión. Sus abogados esperan la entrega de copias de actuaciones y designación de defensa para trasladarse a Ramo Verde e tratar de verlo. Mientras tanto corren los 45 días en el que debe presentarse el acto conclusivo de la investigación en el que se sabrá finalmente el destino que la justicia militar eligió para Contreras.

En La Iguaraya -donde todo comenzó- no hay nada. Si no fuera por las fotos de antes, solo algunos ingenuos podrían creer que de ese fundo salieron las mejores cosechas de patilla que recuerdan en la población del Guarataro.

Enclavada en la mitad del camino que conduce de Ciudad Bolívar a Caicara del Orinoco, Guarataro es un pueblo en el que no hay mucho más que casas y conucos a un lado de la carretera. Hasta hace seis años, cuando el boom de los celulares inteligentes bullía por todo el país, los más de 7.000 habitantes de la zona se las arreglaban con un teléfono público de la Cantv.

Más célebre por sus suelos fértiles que por cualquier otra cosa, los agricultores destacan que en 1998 del Guarataro salieron más de 40 millones de kilos de ñame. Fueron tantos los guacales que ese año viajaron de allí incluso al exterior, que terminaron por coronar a ese rincón del estado Bolívar como la tierra del ñame.

No hay muchas más referencias para un lugar en el que -aún en pleno siglo XXI- faltan estaciones de gasolina y emisoras de radio local. Ni siquiera se vislumbra un terminal de buses. Franklin Brito, sin embargo, puso a ese pueblo en el mapa: en 1994 estableció allí el fundo Iguaraya y por esas mismas tierras, más tarde emprendió una cadena de siete huelgas de hambre, que llegaron a ser noticia en la prensa mundial.

Primero protestó los documentos que permitieron a sus vecinos repartirse el espacio de la vía de arena que conducía a su fundo. Más tarde, cuando logró reabrir la entrada, exigió precisar el origen de los fondos que dispuso el Gobierno para indemnizar sus demandas. Algo que no ha conseguido ni después de muerto.

"Lo que pedía era que anularan las cartas agrarias y que el Gobierno dijera por qué y bajo qué condiciones le querían beneficiar", concluye Elena, la viuda de Brito. "En 2007 le otorgan un tractor a crédito sin haberlo solicitado, que luego apareció como un comodato. Entonces Franklin les dijo: 'Yo quiero que me expliquen eso porque más adelante no me gustaría verme involucrado en un hecho de corrupción'".

98 kilos

No es que el Gobierno no haya hecho absolutamente nada por Franklin Brito. En el año 2005 obligó a los vecinos que ocupaban parte del fundo a replegarse y abrir otra vez el camino, pero hasta allí. ¿Cómo ignorar después de todo a un hombre que viajó de Guayana para acampar en el centro de Caracas; que llegó a cortarse un dedo en un morboso espectáculo improvisado frente a varias cámaras de televisión; que se cosió la boca y, por si faltaba algo, emprendió la primera de siete huelgas de hambre?

En julio de 2004 se le vio por primera vez en huelga de hambre en la plaza Miranda de Caracas. Al año siguiente prometieron cumplirle sus demandas, luego de retomar otra vez la protesta. Fue así como volvió a su casa ya no con los 105 kilos habituales sino con 98, pero con un papel que le garantizaba poder sembrar otra vez.

El Ministerio de Interior y Justicia, a la cabeza de Jesse Chacón, reconoció en 2005 los derechos de Brito sobre su propiedad y conminó a los vecinos a echar su cerca otra vez a un costado de la carretera. Sin embargo, al final nunca formalizaron el hecho. Ni siquiera ahora...

El 30 agosto del año pasado Brito murió en el Hospital Militar. El próximo mes habrá transcurrido un año y las famosas cartas agrarias que motivaron su protesta siguen vigentes; en el papel sus vecinos aún tienen derechos sobre 24 hectáreas de su fundo.

Elena Brito cree que el Gobierno nunca quiso admitir que el Instituto Nacional de Tierras cometió un error: "El Ministerio de Interior y Justicia reconoció la propiedad, pagó 70 millones de bolívares para volver a acondicionar el terreno, pero nunca devolvió las tierras, porque mi esposo no firmó un documento en el que le pedían decir que no le habían invadido".

60 kilos

Franklin José Brito Rodríguez nació en Irapa, estado Sucre, en 1960. Se mudó a Caracas para estudiar Biología en la Universidad Central de Venezuela; hizo prácticas en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas; trabajó en el Centro Médico Docente La Trinidad y, en algún momento, convirtió su carro en taxi.

En 1994 animó a su esposa a vender el apartamento que tenían en Caricuao para probar suerte en un pueblo del estado Bolívar. "Fue un cambio totalmente radical", cuenta hoy su viuda. "Queríamos luchar para tener un futuro mejor, y en el fundo depositamos todo para dejarle un patrimonio a nuestros cuatro hijos".

Si las colas para llamar por teléfono eran difíciles, mucho más la poca luz. A falta de cableado, el Guarataro dependía de una planta eléctrica. Allí llegaron los Brito. Sobre ese pueblo Franklin instaló La Iguaraya como homenaje a su esposa, Elena Iguaraya Rodríguez, y en ese mismo punto comenzó el primero de una retahíla de desencuentros que en 2007 lo mostraron protestando frente al TSJ con poco más de 60 kilos.

Se trata de una sucesión de eventos que Elena atribuye a un pase de factura del entonces alcalde del municipio Sucre, Juan Carlos Figarella: una plaga había arrasado con el ñame del Guarataro y frente a la proximidad de las vacas flacas, el funcionario introdujo ante la Corporación Venezolana de Guayana un proyecto agrícola al que Brito se enfrentó en nombre de la Federación Campesina de la zona.

Seguro de que era mejor sembrar otra variante de la misma especie antes que aplicar agroquímicos, Brito rechazó la solución oficial y planteó otra. "La alcaldía por eso dejó de percibir 1.000 millones de bolívares, yo imagino que a raíz de eso empezó todo", cuenta Elena.

33 kilos

Brito llevó su propuesta agrícola hasta la Asamblea Nacional. Ya se veía que no era persona de quedarse callado. Quienes lo conocieron por el pueblo lo definen como alguien conversador y amante de la naturaleza. Se identificaba con la izquierda por su papá, de quien siempre dijo que formó parte de la resistencia que el Partido Comuntista armó contra Pérez Jiménez en el estado Sucre. Además, era empecinado; aunque no lo dicen así lo pintan como terco.

Sea lo que sea, Jairo Torres cree el Guarataro no entendió la lucha de Brito. "Aquí pudo venir Vargas Llosa y lo hubieran visto como un tonto más, puede llegar Obama que sería cualquiera", dice sentado en el porche de su casa, donde conversaba con Brito.

Por supuesto, a nadie le alegró su muerte. Aunque cada elección el chavismo demuestra quién manda en casa, nadie del Guarataro celebró el final de este caso. Muchos, sin embargo, todavía rechazan las banderas de Brito. "A Frank le decían 'El rey de la patilla' y aquí se le reconoció más por eso que por su defensa por los derechos humanos", lamenta Torres. "Aquí el más bravo es el que se mete en una montaña y saca un millón de kilos de ñame y Frank lo hizo y consiguió las mejores cosechas de patilla de la zona".

En el liceo del pueblo, por su parte, algunos empleados no entienden por qué además de dar clases de biología, matemática y física, conminada a la población estudiantil a reclamar. "Alborotaba a los alumnos". Dicen que una vez los motivó a saltar la cerca de la institución educativa para protestar por mejores instalaciones.

Tiempo después Brito estaría al frente de otra clase de protestas. Aún en terapia intensiva radicalizó la huelga de hambre. Una semana antes de morir, el ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, fue a visitarlo y garantizó que todo se iba a resolver. Pero ese mismo día los sedantes ocasionaron problemas respiratorios que obligaron a entubar al paciente.

"Yo le pedí al ministro que, si iban a arreglar el problema que no mandara a nadie a hablar con Franklin, que le viera la cara si era que él podía engañarlo nuevamente", relata Elena. "Y Loyo fue, le dijo que todo se iba a resolver, que pusiera de su parte y nunca más volvió".

Brito al final llegó a pesar 33 kilos. "Yo misma lo cargaba", dice su hija Ángela. La autopsia indica que murió el 30 de agosto del año pasado de un shock séptico. Los familiares agregan que la temperatura de la terapia intensiva y las drogas que le dieron contra su voluntad fueron una tortura. En mayo por eso se les vio llevando una nueva denuncia al TSJ.

"Una vez encontré en la papelera un frasquito de Aloperidol", señala Elena. "Nosotros le exigimos al director de la terapia intensiva que nos explicara por qué le estaban poniendo una droga para gente con problemas de esquizofrenia, cuando Franklin siempre estuvo consciente".

Todavía la semana pasada había gente en El Guarataro que se refería a él como "El loco". Incluso algunos de los vecinos que llegaron a ocupar parte de su fundo. Son pocos los que quieren declarar a la prensa sobre el tema. Tal vez nadie quiere restregarle a su familia que no vale la pena sacrificar la vida, tal vez un año sea muy pronto para destacar su causa.

(*) Este reportaje fue originalmente publicado en El Universal el 31 de julio de 2011, a un año de la muerte de Franklin Brito.

Además de las imágenes que han circulado en las redes sociales y la Web, una serie de testigos empiezan a filtrar nuevos documentos que muestran a efectivos de la policía política apretando el gatillo de escopetas de las que en la noche ya no quedaban evidencias. Algunos funcionarios incluso se agacharon a recogerlas en medio de la misma contienda en la que murieron un joven que protestaba y el líder de uno de los colectivos que acompañan al Gobierno.

La Candelaria recibió el 12 de febrero a una masa de jóvenes que levantaban pancartas a favor de la liberación de los estudiantes detenidos en el Táchira, pero a las 2:30 de la tarde la protesta tomó visos de batalla. Desde entonces Venezuela es un polvorín.

Los estudiantes habían marchado desde Plaza Venezuela hasta la Fiscalía General de la República y cuando ya parecía que la protesta empezaba a dispersarse, empezó un toma y dame de botellas y piedras que terminó con los propios funcionarios del Sebin relevando a los llamados grupos colectivos que inicialmente habían enfrentado la manifestación.

"Fue una encerrona", relata un vecino. Los estudiantes forzaron a los colectivos a replegarse y en el forcejeo de las piedras y las botellas, subieron una cuadra desde la avenida Universidad hasta la esquina de Tracabordo, donde se vieron rodeados de cordones militares que impedían la salida por cualquiera de las esquinas de los alrededores.

Quienes rebobinan la película les parece extraño que la única barrera policial que desapareció fue la que permitió que un grupo de los manifestantes entrara al callejón donde finalmente cayeron las dos víctimas. Los efectivos de la Policía Nacional que habían estado impidiendo que los jóvenes pasaran de la avenida Universidad recibieron la orden de irse y minutos después de que se les viera descansando en la calle Este 2, aparecieron colectivos armados acompañados de efectivos del Sebin.

Balas por aquí y más allá

Esta historia fue reconstruida con relatos anónimos sin nombres ni apellidos. Nadie quiere exponerse, pero más de 20 testimonios coinciden en que lo del 12 de febrero fue una suerte de emboscada en la que si bien hubo un grupo de estudiantes que lanzaron piedras, encontraron pelotones que dispararon desde varios puntos.

Los impactos de bala de dos centímetros de ancho, que hay en la sede de Fundacaracas, son la mejor prueba de que 200 años después de la Batalla de la Victoria, los estudiantes que conmemoraban el Día de la Juventud encontraron otra contienda en la parroquia La Candelaria.

Solo en la fachada de ese organismo hay 10 impactos de bala, que coinciden con la posición de los mismos funcionarios que en las redes sociales aparecieron disparando al pie de los edificios Orlando y Acosta Ferro VI, desde la calle Sur 11 a la avenida Universidad, donde inicialmente se encontraban los estudiantes.

Esos funcionarios disparaban más abajo y a espaldas de la esquina de Tracabordo, por lo que la bala que mató al joven Bassil Dacosta, de 23 años, tuvo que salir de otro punto. Más que una batalla entre dos bandos, fue una refriega de piedras contra balas.

Cuatro días después del escándalo, Maduro respondió que esos funcionarios nunca debieron estar en lo que terminó como la escena del crimen. "Yo mandé a acuartelar al Sebin en la madrugada", dijo el domingo pasado, y el martes terminó destituyendo al director del organismo, Manuel Bernal, quien será sucedido por el mayor general Gustavo González López.

Este viernes, por su parte, sugirió que se trataba de una conspiración dentro de su propio gobierno. "Parece que compraron a algunos funcionarios, cuidado con los infiltrados", dijo. "Están detenidos parte de los involucrados que usaron armas, los que son funcionarios públicos los entregue inmediatamente".

Eran escoltas de funcionarios

La versión oficial indica que el alto Gobierno nada tiene que ver con esas acciones, pero sea como sea varios de esos funcionarios igual no estaban obligados a respetar el acuartelamiento, porque eran escoltas de altos funcionarios. Es lo que cantan dentro del propio Sebin y también los uniformes que vestían.

De acuerdo con testimonios que vienen del mismo Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, varios de los que fueron grabados in fraganti tenían unas botas altas que los identifican como funcionarios asignados como escoltas.

Portaban, además, pistolas Beretta 92FS en lugar de los fusiles de reglamento. Es el caso de Melvin Collazos, cuyo nombre y rostro coincide  –de acuerdo con el expediente penal CO-11-2565-03 del Tribunal Undécimo de Control de Caracas– con el mismo efectivo de la entonces Disip que arrestó a Raúl Díaz Peña antes de que consiguiera asilo en Estados Unidos.

Con vínculos y antecedentes

El nombre de Collazos ya había sido involucrado en los atentados que en 2003 sufrió la periodista Marta Colomina y que al año siguiente acabó con la vida de Germán Delgado, guardaespaldas de Patricia Poleo. El 11 de abril de 2002 fue parte de la brigada especial que desde la avenida Baralt actuó a cargo de la Disip, entonces al mando del hoy ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres.

Este 12 de febrero, por su parte, se le identificó entre las decenas de funcionarios que, tal como lo atestiguan varias fotos de quienes estuvieron en el lugar, al final de la operación caminaron unas cuadras a la esquina de Platanal, dentro del mismo ministerio que comanda el mayor general Miguel Rodríguez Torres.

Collazos, sin embargo, no es el único que disparó. A falta de cámaras de televisión y reporteros que transmitieran en vivo, Twitter y Youtube terminaron corriendo la voz sobre una ráfaga de disparos que accionaron no uno ni dos, sino decenas de funcionarios que compartían escena con motorizados y otros integrantes de los colectivos que acompañan al Gobierno.

Aunque Maduro habló en la noche del viernes de varios detenidos, no aclaró si aparte de Collazos está el sargento del Ejército Jonathan Rodríguez, quien también apareció disparando. Tampoco se refirió a Miguel Domínguez que, aun sin ser policía, desde ese día se le llama "El hombre de la camisa caqui", por aparecer así girando instrucciones a varios efectivos del Sebin.

En su cuenta de Twitter (@MiguelDomingue) no solo reconoce que estuvo en el sitio sino que se presenta no con su foto, tampoco con la de Maduro o Chávez, sino con la del mismo diputado con quien lo relacionan: Freddy Bernal.

Limpiaron la escena

"Cuando llegamos al lugar, como puedes ver en el video ya había ocurrido lo de Juancho. Llegaremos a la verdad", respondió por la misma cuenta de Twitter a Jonny Montoya, quien le pedía explicaciones por el asesinato de su hermano, Juan Montoya.

Juancho, a quien el propio Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas llegó a señalarlo como "terrorista" –por formar parte del grupo que en 2008 puso una bomba en la sede de Fedecámaras– cayó ese día a escasos metros de donde se vio al agente Melvin Collazos disparando junto a otros efectivos de la policía política.

Las minutas preliminares de la División de Homicidios del Cicpc no precisan si estaba mirando hacia el norte o en dirección a la avenida Universidad, por lo que aún no reconfirman si murió a manos de sus camaradas.

Fue muy cerca de la esquina de Monrroy. Más de 100 minutos de varios videos, filtrados desde el propio Ministerio Público, muestran el momento en que las cámaras de seguridad de la zona grabaron una camioneta Pick up blanca y sin placa bajando de retroceso, para que sus camaradas montaran al herido y lo sacaran por los mismos cordones militares que antes y después impidieron la huida de los estudiantes.

Menos de 10 minutos después, a las 2:43 pm, los estudiantes corrían a contracorriente de esa camioneta cargando a cuestas a su compañero Bassil Dacosta, quien falleció horas después.

Aun en retirada y con el herido en hombros, el Sebin siguió disparando. Las cámaras de los alrededores también grabaron la manera como los efectivos se agachaban durante y después de la contienda, para no dejar constancia de las balas. A las 8:00 pm todavía había policías que montaban guardia para supervisar que ni siquiera quedaran rastros de la sangre derramada.

* Este trabajo fue originalmente publicado el 23 de febrero de 2014 en El Universal