No avisó a nadie. Hizo la travesía solo y no es el único. Los niños, niñas y adolescentes venezolanos que se desplazan sin acompañamiento por el sur de América como consecuencia de la crisis socioeconómica del país ya no son un fenómeno aislado. Lo que fue una excepción hoy es una situación alarmante que se registra con frecuencia.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que desde el año 2015 más de 25.000 menores de edad han migrado de Venezuela no acompañados y/o separados y podrían encontrarse en situación de vulnerabilidad, de acuerdo con las evaluaciones realizadas por el Sistema de Naciones Unidas en 2019. Un número que, en proporción, es como si todos los habitantes de Ortiz, en el estado llanero de Guárico, hubiesen abandonado el pueblo. Una especie de reedición de Casas Muertas, la obra de Miguel Otero Silva que narra la huida de un mísero lugar debido al boom petrolero. Solo que este boom no tiene nada de desarrollo en su concepto, solo la onda expansiva del hambre y la pobreza.

Los datos de ACNUR contabilizaban para finales de 2019 la migración de 1,1 millones de menores de edad salidos de Venezuela con necesidades de protección, en situación de riesgo y bajo amenazas durante todo el ciclo de desplazamiento. De ese número, 2,3% son niños y niñas no acompañados y/o separados, unos 25.000. En España se les conoce por las siglas de “Mena”: “Menores de edad no acompañados”.

Esta es una fracción del total de refugiados y migrantes que sobrepasa los 4,7 millones de venezolanos, según la actualización más reciente de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial (R4V), publicada el 5 de diciembre de 2019, una iniciativa de Naciones Unidas en la que participan 41 organizaciones. La información de los reportes de gobiernos anfitriones, sin embargo, no consideran a los ciudadanos sin estatus migratorio regular, con lo cual, el número es probablemente más alto.

A buscar trabajo

Aunque el porcentaje luce reducido, basta imaginarse las circunstancias que empujan a un menor de edad a tomar camino solo para que el fenómeno se convierta en un reflejo ineludible de fracaso y abandono.

Como Jesús, los menores de edad que viajan solos y comienzan a contabilizarse al otro lado de la frontera cuentan que él y su familia están pasando hambre y que “deben trabajar” para ayudar en la casa. Provienen de hogares empobrecidos y no tan conscientes de sus capacidades y derechos parecen dispuestos a trabajar incluso en condiciones de esclavitud y maltrato infantil, dentro y fuera del territorio venezolano.

Son también parte del fenómeno de “niños dejados atrás”, cuyos padres -uno o ambos- han emigrado para garantizar algún ingreso que puedan enviar mientras los hijos quedan al cuidado de algún familiar, en el mejor de los casos. Otros son atendidos por terceros sin vínculos filiatorios y los más grandes han quedado solos.

El psicólogo y coordinador adjunto del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), Abel Saraiba, señala que en Venezuela esta movilidad forzada supone que en 2019 al menos “1 de cada 5 migrantes dejó un niño atrás”, lo que incrementó la cifra de niños dejados atrás a 930.020. Específicamente 81.000 niños, niñas y adolescentes más que en 2018.

Al respecto, Acnur apunta como uno de los motivos para que los niños migren solos el deseo de “reunirse con sus padres o familiares que salieron de Venezuela anteriormente”, según Olga Sarrado, oficial de comunicaciones de la agencia. Hace referencia expresa que “trabajan de forma conjunta con las autoridades nacionales de los distintos países para facilitar la reunificación familiar de una forma segura y evitar la exposición del menor a riesgos de protección”.

Un apoyo que la institucionalidad venezolana no otorga. “Los niños y adolescentes requieren una atención especializada y no reciben ningún tipo de apoyo psicosocial para enfrentar esta situación”, señaló Saraiba.

Jesús, contra todo pronóstico, llegó a su destino. La fundadora y presidenta de la organización Nueva Ilusión, Nelsy Patricia Salguero, una colombiana que vivió en Venezuela hasta el 2015, narró que se hicieron las gestiones para contactar a su papá. El niño fue enviado al Albergue Avivamiento, en Los Vados, muy cerca del primer refugio y allí pasó la noche. Por intermedio del pastor del pueblo, el papá envió el dinero para un ticket de pasaje y el menor siguió su viaje en bus.

Los refugios de la ruta entre Los Patios y Tunja, a 115 kilómetros al noreste de Bogotá, se han organizado en una red humanitaria que se mantienen en constante comunicación y levantan las “alertas” de casos en un grupo de WhatsApp.

Salguero levanta su celular uno de los días de enero de este año y lee que en el refugio del páramo de Berlín -una meseta a 3.200 metros de altura en el camino hacia el departamento Santander- una madre venezolana embarazada dejó abandonados a sus dos hijos de 1 y 3 años. Advierte que cada vez es más frecuente encontrarse con estos casos.

Hasta diciembre de 2019 funcionaban 14 albergues pero, sin recursos para operar en enero de 2020 cerraron cinco, entre ellos, el de Los Vados que disponía de pernocta. En estos lugares es obligatorio mostrar un documento para poder recibir alimentos, un kit humanitario (primeros auxilios y aseo personal) y pasar la noche. Es en ese momento cuando los menores de edad no acompañados son identificados por los voluntarios de los refugios. Algunos adultos expresamente admiten que no existe ninguna relación con los niños que los acompañan en el trayecto.

Uno pasivo, otro rebasado

El Estado venezolano ha sido testigo pasivo ante migración de sus pobladores, especialmente frente a la niñez que se le escapa. El Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna) es el organismo al que le toca velar por los derechos de los menores de edad, creado en el 2007 después de la reforma de la Ley Orgánica de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Lopnna).

Desde su fundación hasta el 2013, el Idenna ha sido responsabilidad burocrática de cinco ministerios hasta que aterrizó en el Despacho de la Presidencia, adscrito al Viceministerio de la Suprema Felicidad del Pueblo, una estructura estatal que se encarga de coordinar los programas sociales gubernamentales y que bajo la administración de Nicolás Maduro cuenta más fracasos que aciertos.

Cuando se visitó la sede del Idenna para este reportaje, no había vocero presente ni autorizado para dar declaraciones. La institución no cuenta con material informativo sobre las competencias actuales, programas activos o centros de atención especializada para la infancia que ha quedado sola, que está en crisis, o que quiera regresar.

“No existe programa de localización familiar”, explica Saraiba referente a los niños, niñas y adolescentes que migran solos. En el Idenna, a lo sumo, señalan que cualquier deportación de menores desde otros países pasa por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Siendo Colombia el principal receptor de la migración venezolana, es visible una mayor y mejor organización para detectar y atenderla, aunque con las limitaciones y decisiones improvisadas que sobrevienen ante un fenómeno que se hizo masivo en muy poco tiempo. En Nueva Ilusión, aunque detectan a los menores no acompañados, no pueden retenerlos contra su voluntad. Los responsables de los refugios que quedan en la ruta de los migrantes apenas advierten la presencia de estos menores.

“No estamos preparados para afrontar este tipo de situaciones”, reconoce la abogada venezolana Vanessa Apitz, colaboradora de Nueva Ilusión. “Debido a los casos que nos han llegado ahora contamos con los contactos en Colombia de la Comisaría de Familia y de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que tiene enlace directo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)”. Comenta que la recomendación que le han hecho algunos funcionarios colombianos es que “los deje ir”. La cantidad de NNA venezolanos migrantes ha rebasado las capacidades de atención del Estado colombiano.

El ICBF es el organismo homónimo del Idenna, pero en Colombia. El coordinador del Grupo Especial de Niñez Migrante, Felipe Cortés Cleves, declaró a Armando.Info que “el Estado colombiano definió como prioritario el caso de los niños, niñas y adolescentes venezolanos” que se han desplazado hasta su país. Expuso que es una situación sin precedentes en la región y que la tendencia es que se duplique el próximo año.

Hasta octubre de 2019, el ICBF registró 212 menores de edad no acompañados, actualmente bajo protección y restablecimiento de derechos. El 35% de ellos viajó con documentos y el restante sin papeles, lo que suma complejidad al problema. “En 2018 fueron aproximadamente unos 50 niños y adolescentes que se desplazaban no acompañados”, puntualizó.

Cuando los menores de edad no acompañados y/o separados son detectados por alguna institución colombiana, agencias de cooperación u organizaciones que trabajan con migrantes, se  identifica si han sufrido la vulneración de algún derecho (violencia, maltrato, esclavitud laboral, trata de personas, explotación sexual comercial, reclutamiento) y se trabaja en las medidas de protección. Esto incluye la búsqueda familiar o cualquier otra contemplada en la Convención de Derechos del Niño.

En cuanto a la atención de niños, niñas y adolescentes venezolanos, el ICBF registra un incremento significativo en los últimos ocho años. En 2012 era de 501 beneficiarios y para el corte de octubre de 2019, la cifra era de 98.473 atendidos entre cero y 17 años, de los cuales, 8.121 eran mujeres gestantes.

Para este año se estima que ingresen a Colombia 400.000 niños, niñas y adolescentes venezolanos y para el 2021 el pronóstico es de 800.000. “La gran mayoría son menores de cinco años, con necesidades de cuidado y educación inicial”, indicó Cortés, abogado que trabajó anteriormente con la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y lideró en Sri Lanka el establecimiento de la unidad de víctimas.

Un cálculo de la inversión hecha por el Estado colombiano en los programas de prevención a menores de edad provenientes de Venezuela es de 105.302.257.929,78 pesos colombianos (casi 32 millones de dólares). Este monto corresponde al cierre del 30 de octubre de 2019, calculado a tasa oficial del momento.

Los números ocultos

A principios de 2019, la Fundación Nueva Ilusión recién se había instalado en el local de Los Patios, a 10 kilómetros de La Parada en el departamento Norte de Santander, e iniciaba las modificaciones en su infraestructura. Sus trabajadores no esperaban que se prolongara tanto la crisis migratoria venezolana, así que empezaron a sistematizar su capacidad de atención y recalcular sus insumos. Algunos caminantes se quedaron y se convirtieron en voluntarios. Priorizaron la atención a menores de edad y mujeres.

“Empezamos a visualizar la situación, se acercaban muchos pidiendo comida y alojamiento, pero cada vez había más presencia de menores de edad”, explica Apitz.

A finales del primer trimestre del año pasado les llegó un grupo de cuatro jóvenes entre 12 y 17 años, tres varones y una adolescente.

“Nos impactó verlos solos. Eran las siete de la noche. Nosotros los sentamos y les preguntamos. Uno de los varones dijo que se iban a trabajar, porque la mamá se había quedado en Venezuela y el papá se había ido, desentendiéndose de ellos. Eran familias, unos hermanos y otros primos”, narró.

A pesar de las advertencias -“ustedes están a tiempo, no pueden estar solos, no pueden caminar a esta hora”- los menores le explicaron que su destino era Ecuador donde estaba el papá del mayor de los jóvenes. Le pidieron el número de teléfono y la responsable de Nueva Ilusión hizo contacto. Ninguno de los padres del adolescente de 17 años sabía de la travesía.

“La mamá en Venezuela estaba incomunicada por los problemas de luz”. El asombro arropaba a los trabajadores del refugio. “Nosotros no sabíamos cómo tratar el caso. Pedimos apoyo a un cura que nos dijo que lastimosamente ‘él hacía la vista gorda’, los albergaba, les daba comida y al día siguiente que se fueran. Había tenido mala experiencia con Bienestar Familiar porque no había condiciones para los niños colombianos, menos para los venezolanos”, recordó.

Desde Nueva Ilusión se insistió en llamar a la Policía de Infancia y Adolescencia, que integra el Sistema Nacional de Bienestar Familiar en Colombia, quienes asistieron el caso, levantaron el acta pero los dejaron ir. Admitían que no contaban con las herramientas para atender la situación.

Los jóvenes siguieron su camino y a los siete meses Apitz volvió a ver a dos de ellos, el de 12 y el de 15 años. En el mismo refugio.

El caso de los menores de edad que viajan solos representa un número difícil de precisar en el largo listado que llevan las agencias, instituciones gubernamentales y organizaciones que trabajan con el tema de niñez y adolescencia pues suelen pasar desapercibidos. Algunas fuentes consultadas para este reportaje confirmaron que manejan un subregistro de menores no acompañados y no se consolida como único.

Otras organizaciones como la Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), que están trabajando en la situación de los NNA refugiados y migrantes provenientes de Venezuela, indicaron que los datos que corresponden al desplazamiento de infantes y adolescentes no acompañados son “cifras oscuras identificadas” que se pierden en la marea de venezolanos que se desplazan hacia Colombia.

Desde 2015 hasta el 31 de octubre de 2019, el cálculo de migrantes venezolanos en Colombia fue de 1.630.903, según el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) en ese país. Este fue creado a finales de 2016 y está liderado por la ACNUR en conjunto con la OIM. Las organizaciones no gubernamentales han alertado de una Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela desde 2014 aunque ha habido un tardío reconocimiento internacional.

El GIFMM atienden en promedio 10.000 NNA migrantes venezolanos mensuales concentrados en 7 municipios de frontera. Mientras que el ICBF atiende la misma cantidad, principalmente en 20 municipios de frontera.

Save the Children es otra organización de atención a la infancia, especializada en los derechos de la niñez y que mantiene activos programas de educación y atención a los NNA migrantes venezolanos en situación pendular. Esto es, que viven en Venezuela y pasan a Colombia a estudiar o trabajar y regresan a territorio venezolano. Tiene presencia en dos puntos fronterizos, uno en La Guajira colombiana, al norte del país y, también en el departamento de Arauca, al sur de los llanos venezolanos.

Ellos también tienen un subregistro que supera la cifra arrojada por el ICBF en el Arauca y que es compartida por el GIFMM. Desde noviembre de 2018 a octubre de 2019, identificaron 136 niños casos de NNA no acompañados: 4 menores de un año, 5 niños entre 2 y 5 años, 13 niños hasta 11 años y el resto adolescente de 12 a 17 años. La mayoría eran varones. El mes en que se identificó más fue octubre. De estos 136 casos, el ICBF solo identificó a 66.

Jasec Moreno, coordinadora de Incidencia Política y Campañas Humanitarias de Save the Children, advierte la necesidad de hacer seguimiento al recorrido de estos menores de edad que se desplazan solos para tratar de garantizar sus derechos, sobre todo el de la reunificación familiar. Aunque un niño podría solicitar en los campamentos de la Cruz Roja y ACNUR estar con sus padres o abuelos, es difícil la ejecución de un protocolo de protección cuando los protagonistas no son conscientes de sus derechos. En eso han venido trabajando las organizaciones desde mediados de 2019.

“Han sido niños dejados atrás que se han encargado de sus hermanos menores. Incluso, a los 12 años ya están a cargo de los más pequeños y de sus primos”, comentó la vocera de Save the Children, que para este año elabora unas cartillas destinada a la población migrante, no para persuadirlos de emprender el viaje, sino para que sepan a lo que se enfrentan.

Destino Sur

-Viajo con dos niños que no son mis hijos, uno de 3 y otro de 7 años. No tienen pasaporte.

-Si los niños no tienen pasaporte aplica el combo refugio. Este consta de traslado en vehículo particular hasta Pacaraima. Allí debe aguardar dos noches de hospedaje por el trámite del refugio de la frontera. Una vez cumplido ese paso, los trasladamos a Boa Vista donde pasarán otra noche mientras aguardan el vuelo hasta Foz de Iguazú (frontera con Argentina). De allí continúa el viaje en bus hasta Buenos Aires durante 20 horas.

- ¿Combo Refugio?

- Es un documento de identidad con foto que se tramita en la frontera con Brasil. Esto le permite al pasajero venezolano tomar vuelos dentro del territorio brasileño que viajan con niños que no poseen pasaportes, solo partida de nacimiento. Si viaja sin los padres, necesita un permiso emitidos por ellos, la Policía Federal no se complica si el documento no está apostillado, solo los ven. 

Esta fue una conversación telefónica con una agente de viajes que ofrecía alternativas para salir del Venezuela con niños que no tienen pasaportes.

A principios de diciembre de 2019, la organización Human Rights Watch (HRW) emitió un informe sobre el estado de los derechos en la frontera entre Venezuela y Brasil arrojando un dato revelador: en seis meses de ese año contabilizaron 529 niñas y niños venezolanos no acompañados que se desplazaron hacia el estado brasileño de Roraima, según la Defensoría Pública Federal de Brasil.

Entre el 1 de mayo y el 21 de noviembre de 2019 los menores fueron detectados y entrevistados, casi el 90% de ellos tenían a la fecha entre 13 y 17 años. Cerca del 60% eran niñas, una cifra que incluye a las menores no acompañadas que llegaron al país con hombres con quienes mantienen una relación.

En el mismo período contabilizaron a 2.133 niños y niñas “separados” que viajaban con un familiar adulto que no es su tutor legal. El 43% llegó con su abuela, 19% con una tía y el resto con otros familiares, cita el informe. Nuevamente, cerca del 50% eran niñas. Aunque Armando.Info intentó contactar a voceros de Unicef, HRW y otras organizaciones de derechos humanos radicadas en Brasil para ampliar la información, a la fecha de la publicación no se obtuvo respuesta.

La ACNUR contestó sobre la situación de los menores de edad venezolanos que se desplazan a Brasil e indicó que desde julio de 2019, el Comité Nacional para los Refugiados (Conare) de Brasil aplicó “la definición ampliada de asilo recogida en la Declaración de Cartagena para analizar las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado de ciudadanos venezolanos”, que contemplen la violación grave y generalizada de los derechos humanos.

La mayoría de las solicitudes reconocidas correspondían a mujeres, niños y niñas. Si se encuentra no acompañados o separados, les será asignado un tutor mientras realizan los trámites. Sobre aquellos menores de edad que viajan sin identificación, ACNUR advierte que “los menores de edad solicitantes de refugio tienen derecho a no ser investigados o multado por entrada irregular en territorio brasileño”.

Existe un protocolo provisional sobre las solicitudes de asilo de la niñez venezolana. “En Brasil nadie puede ver sus derechos restringidos por causa de ser menor de edad, ser mujer o por la orientación sexual ni por la religión”, comenta la vocera de ACNUR.

En el informe de Monitoreo del Flujo Migratorio Venezolano N° 2, emitido por la OIM en el 2018, se levantó la alerta de de “menores de edad (mayores de 15 años) sin acompañamiento de un adulto”. De las 3.785 personas entrevistadas 726 eran menores de edad, 27 de ellos se encontraban sin acompañamiento y 224 relataron que acompañaban niños y adolescentes que no eran sus hijos.

Sin vuelta a la patria

El programa de retorno al país ideado por las autoridades venezolanas y que llamaron “Vuelta a la Patria”, también incluía a NNA migrantes. Poco se conoce sobre el protocolo venezolano de repatriación en estos casos y la Cancillería venezolana se abstuvo de dar explicaciones para este reportaje.

Sin embargo, Felipe Cortés del ICBF explicó que en diciembre de 2018 se empezaron las conversaciones con Venezuela para ejecutar la repatriación de 44 niñas, niños y adolescentes no acompañados que se encontraban bajo resguardo de Colombia. La vía fue consular y también se estableció contacto con el Idenna.

“Desarrollamos un protocolo en conjunto con la Unicef: niño que manifestara su interés en irse, identificación del NNA, restablecimiento del contacto familiar, garantía del derecho de protección que la institución homóloga en Venezuela (Idenna) debía comprobar”, explicó.

Todo se paralizó tras el 23 de febrero de 2019, cuando Venezuela rompió relaciones consulares con Colombia en la pulseada política generada por la presidencia interina de Juan Guaidó, después de que el régimen de Nicolás Maduro acusara de “fascista” al gobierno colombiano y expulsara a los diplomáticos de ese país en 24 horas. Cualquier intento para que los menores regresaran a su país no llegó a concretarse y “hoy por hoy no existe ningún proceso de reunificación familiar que se haya dado con Venezuela”, indicó Cortés.

El proceso de reunificación familiar, establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) -suscrito por 194 países, entre ellos Venezuela- está expuesto en el artículo 10: “A los efectos de la reunión de la familia será atendida por los Estados Partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva”.

Se han continuado con los intentos por atajar la situación de los infantes y adolescentes migrantes, incluso después de la asunción de Guaidó. El gobierno del presidente colombiano Iván Duque reconoció el mandato interino del venezolano -al igual que otros 50 países- y los nuevos representantes diplomáticos restablecieron los diálogos parciales sobre el tema, aunque sin mucho éxito para lograr los mecanismos de búsqueda y reunificación familiar.

De acuerdo con lo descrito por el vocero del ICBF, se concilió un equipo con los designados por Guaidó y se acordaron algunas rutas. Sobre este particular, las agencias de cooperación y organizaciones no gubernamentales han sumado esfuerzos para lograr el restablecimiento de derechos de los menores de edad migrantes venezolanos que se esparcen por la región.

Pero el tema escala sin condescendencia. En promedio 45.000 personas cruzan la frontera desde Venezuela todos los días, unos para quedarse en Colombia, otros para seguir. Van y vienen con morrales, cobijas y almohadas. Se amontonan sobre el Puente Internacional Simón Bolívar cada madrugada esperando cruzar el corredor donde los oficiales migratorios de Colombia observan y a discreción piden documentos. Unos llevan en las manos las hojas desgastadas y las Tarjetas de Migración Fronteriza (TMF).

Son miles de rostros que se acompañan pero no tienen ninguna relación. Ese río humano es imperceptible para distinguir quién es quién. Cruzan niños en brazos, tapados hasta la cabeza y llevados en cochecitos. Algunos más grandes van arrastrados por la velocidad del adulto que los lleva. Los adolescentes parecen suficientemente mayores para cruzar solos y, al final, queda en manos del azar el destino de estos caminantes.

Alans Peralta es periodista venezolano y se fue a Colombia a trabajar. Allá ha desarrollado distintas actividades de ayuda a los migrantes venezolanos. Su iniciativa es la organización Caminante Tricolor y centraliza las donaciones a los albergues de la ruta humanitaria. Estima que el tope de caminantes venezolanos ha llegado a las 1.200 personas diarias.

En estos momentos, la migración venezolana no tiene comparación alguna en la región. Es el desplazamiento de personas vulnerables más rápido y numeroso del mundo, después de la crisis de Siria. Cada día el flujo migratorio aumenta y la acción gubernamental de los países del continente y de las agencias de cooperación es limitado a las proporciones.

Al cierre de 2019, Migración Colombia enciende la alarma cuando señala en sus estadísticas que casi el 50% de los venezolanos que ingresan al país son irregulares.

De la misma forma, el ICBF expone que 2.411 menores de edad venezolanos se encuentran bajo protección y responsabilidad del Estado colombiano. No todos estaban solos pero sí con alguna vulneración de derechos. De estos, el 65% está indocumentado. El ICBF distingue a 533 que están en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y 1.878 ingresaron al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) por motivo de maltrato. El 50% de los PARD se abren por violencia sexual y omisión o negligencia, niñez no acompañada, y trabajo infantil.

Nelson Villasmil, consejero de Derechos del Niño, Niña y Adolescente del municipio Sucre del estado Miranda, comentó que ha recibido casos de familiares interesados en conocer el proceso de repatriación de un menor de edad. “Les han pedido hasta 250 dólares por enviarle a su nieto que está en Perú”, le contó una señora que había recibido un mensaje de un policía local que había identificado al joven adolescente no acompañado.

Cada paso del camino

Daniel Pérez era el “representante” del grupo de seis jóvenes que decidieron salir de Venezuela. Es alto, delgado y moreno. Uno de sus antebrazos está tatuado y su cabello teñido de amarillo, al igual que un pequeño mostacho que se le asoma. Dice que tiene 21 años.

El destino era Barranquilla, o “un poco más allá”. Esta es la segunda vez que emprendía el viaje, al igual que una de sus acompañantes que trabajó en Medellín y Cúcuta, que tiene 19 años y a quien la asaltan los recuerdos de su bebé que murió. El resto, tres adolescentes de 17 años y uno de 16. Salieron por la noche del terminal de Valencia, estado Carabobo, en el centro norte de Venezuela.

Dos de ellos tienen familia en Barranquilla y Bogotá, pero no los esperan y ellos lo saben. Si llegan a sus casas, apenas esperan apoyo por unos días mientras encuentran trabajo. Todos asentaban cuando Daniel hablaba de lo difícil que es conseguir dinero “para ganarse la vida”. Si el silencio se prolongaba, él respondía.

“Nos vinimos con los pasajes. Conseguimos cinco dólares cada uno y pagamos 30 dólares por todos. Nos bajaron de una camioneta para montarnos en otra porque no teníamos el dinero completo”, dijo uno de ellos. Bajaron en el terminal de San Antonio del Táchira y allí empezaron su ruta de los caminantes. El mayor sabía por cuál trocha cruzar, había trabajado comprando y vendiendo productos en La Parada, un desorganizado y peligroso sector colombiano que se encuentra justo luego de pasar el Puente Internacional Simón Bolívar.

Todos acordaron que Daniel era quien hablaría cuando fuese necesario y se hizo indispensable en el momento en que le cobraron cinco mil pesos (1,5 dólares) a cada uno por dejarlos pasar la frontera. Él salía al paso cuando alguien se le acercaba a sus acompañantes femeninas.

El menor hablaba poco. En realidad aparentaba menos de los 16 años que dijo tener y, aunque aseguró que estudiaba, no precisó el nivel educativo. Acompañaba a su hermana de 17 que también estaba en ese grupo. Otra de las jóvenes, dejó de estudiar cuando salió embarazada a los 16 años, ahora su mamá cuida a su hijo de un año que quedó en Venezuela.

“Todos somos del mismo barrio, de La Florida”, dijo Daniel. Son vecinos de este sector que se encuentra en el sur oeste de la capital carabobeña y fue uno de los que recibió ayuda de la Cruz Roja cuando permitieron el ingreso humanitario, en 2018.

Viajaban con cédula, menos Daniel que solo tenía la copia. Una persona “que sabe meterse en esos sistemas” le gestionó a todos la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), documento que otorga el gobierno colombiano en línea para formalizar el ingreso de movilidad pendular. No recuerdan cuánto les costó el trámite ni haber entregado los requisitos exigidos.

Migración Colombia registra para septiembre de 2019, la entrega de 4.315.103 TMF y, en promedio, 32.000 entradas diarias de venezolanos con esta credencial.

-Nosotros viajamos para ayudar a nuestra familia. Cada uno somos la cabeza de cada familia-, comentó una de las jóvenes.

-Nosotros somos hermanos, salimos para ayudar a mi papá.

-Yo tengo una hermana. Esto es para ayudarla.

-¡Por mi hijo! Yo me regreso a Venezuela.

Dicen que no piensan quedarse en Colombia, solo “conseguir un capital para trabajar por su cuenta” cuando regresen, así sea “viajando para Cúcuta por mercancía y luego vendiendo, como trabajan muchas personas”.

No saben qué harán cuando lleguen, pero se dejan convencer por las palabras de Daniel quien le contó su experiencia como “charlero” en el transporte público, vendiendo productos de manera ambulante. Eso fue lo que hizo la vez pasada.

La mayoría de los jóvenes del grupo había escuchado que debían cuidarse en la frontera, pero más temían a la xenofobia. Comenta Daniel que en los alrededores de Bucaramanga opera un grupo llamado “los hinchas”, que asaltan a los caminantes venezolanos con machetes, palos y cuchillos.

A principios de enero de 2020, dos adolescentes de 15 años del estado andino de Mérida fueron reportadas como desaparecidas. A los pocos días, enviaron un video desde Bogotá, en el que admitían que se habían ido “por voluntad propia”. La frontera más cercana del estado está a cuatro horas, Puerto Santander, y su cruce es menos transitado que el Puente Internacional Simón Bolívar y Ureña.

La vulnerabilidad de los menores venezolanos se hace cada vez más visible conforme aumenta la migración. En 2018 el descontrol fue tan visible y la migración venezolana hasta tal punto indetenible que el Tribunal Supremo de Justicia instaló una mesa técnica de trabajo continuo para “intercambiar información en cuanto a la forma en que son otorgados los permisos de viajes al exterior de niñas, niños y adolescentes, y así evitar irregularidades en este procedimiento”, según nota de prensa. Los niveles de control fueron más estrictos, igual que las formas de esquivarlos.

“Diariamente atendíamos entre 15 y 20 personas que solicitaron autorizaciones de viajes para NNA”, comentó Nelson Villasmil, consejero de derechos del NNA del municipio Sucre, del estado Miranda. A su juicio, el punto más álgido fue en el año 2016, sin embargo, el impacto regional de semejante movimiento poblacional no fue estimado ni vaticinado correctamente. Son cientos las historias de los caminantes, algunos niños y adolescentes que persiguen la ilusión del padre o de la madre que se fue. Otros siguen su camino.

Mientras tanto, activistas como Alans Peralta relatan sus recuerdos más impresionantes, como la historia de unos padres separados de sus hijos cuando hubo el cierre de frontera entre Ecuador y Colombia, “unos quedaron de un lado y otros, del otro” en el Puente Internacional de Rumichaca.

Este venezolano ahora residenciado en Cúcuta tampoco olvida a unas hermanas tachirenses de 5 y 7 años que cruzaron a Colombia junto a su madre, quien las “alquilaba” a un hombre mayor que las inducía en la mendicidad hasta que un día la madre no las buscó más. El hombre fue detenido y las niñas fueron atendidas por el ICBF. Meses después, la abuela hizo las gestiones con un cura para saber de ellas y poder reclamarlas, así llevarlas de regreso a casa.

En la ruta humanitaria supo de eventos desafortunados en que “olvidaban a uno de los niños o adolescentes en la vía” para poder correr detrás de un transporte público o camión de carga pesada que les ofrecía un aventón. A pesar de las tragedias, reconoce: “No hay duda que el Estado colombiano ha hecho un enorme esfuerzo por atender la situación”.

El esfuerzo siguiente, más allá de lo que ha hecho Colombia y Brasil para la atención de los menores no acompañados, apunta a que debe ser multilateral. La vocera de Acnur comentó que las acciones de la agencia están enfocadas en la identificación y respuesta temprana de NNA no acompañados, coordinado con las autoridades estatales para evitar mayor exposición a factores de riesgo.

“Se han asignado recursos y acciones concretas para la creación y el fortalecimiento de redes comunitarias de protección, compuestas de comunidad local y refugiados/migrantes de Venezuela, dirigidas a la prevención y protección de los niños y niñas no acompañados, y el fortalecimiento de los sistemas de protección de la niñez a nivel nacional y local”, expresó Sarrado.

Entre otras actividades, Acnur está trabajando en el terreno. Fortalece las rutas de referencias de casos para garantizar el principio de Interés Superior del NNA y facilita la integración local.

Su presencia es visible en algunos puntos de la frontera lo que busca limitar los posibles riesgos y la identificación de las personas que pueden requerir protección y servicios dedicados, como niños no acompañados y separados y mujeres embarazadas.

Por su parte, algunas iniciativas privadas que atienden el primer frente de atención humanitaria en la ruta de los caminantes, como el refugio Nueva Ilusión y los otros que conforman la red entre Los Patios y Tunja, han señalado que se está socializando la ruta que siguen para garantizar la mínima vulneración y máxima protección de los derechos, especialmente de NNA no acompañados.

Si tiene que hacerse alguna radiografía sobre cómo avanza la atención de estos menores que viajan solos, por ahora solo despuntan las dificultades que crecen al mismo tiempo que las políticas restrictivas de algunos gobiernos de la región. Estas dispersaron los escasos esfuerzos que se adelantaban mientras las acciones de los Estados siguen luciendo sido insuficientes para atajar el fenómeno, que a su vez y resulta sumamente costoso para las agencias de cooperación.

A finales de 2019, durante la reunión en Bogotá de los delegados de los 14 países que participan en el Proceso de Quito -iniciativa para evaluar los impactos de la migración venezolana-, Colombia presentó una propuesta para elaborar un Protocolo de Cooperación Regional para la protección de la niñez y adolescencia. Lo que busca es consolidar el compromiso de los Estados para articular acciones en pro de la atención de NNA. Ninguna de las representaciones existentes de Venezuela (ni la de Maduro ni la de Guaidó) aparecen firmando el documento.

Aunque la Ley Orgánica de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (LOPNNA) establece que a partir de los 14 años las personas tienen responsabilidad penal, los jueces y fiscales que tomaron sus casos no sólo obviaron el principio fundamental de la presunción de inocencia sino que sobre expedientes policiales débiles e incluso inexistentes decidieron acusar a estos jóvenes de “terrorismo”. Estrenaron masivamente la tipificación de ese delito en la ley, que fue incluido en el año 2015.

Según este reportaje pudo comprobar, se trata de jueces y fiscales itinerantes, de nombramiento provisional, en su mayoría militantes inscritos en el gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y cuyas carreras dentro del sistema judicial venezolano lucen como un sueño en el que los requisitos para ocupar el cargo son una formalidad infundada. Funcionarios con mínima preparación académica que apenas desempeñan cargos menores dentro de los tribunales de pronto son nombrados jueces, a pesar -o justo por eso- de hacer proselitismo a favor de la autodenominada Revolución bolivariana” y mostrar abiertamente sus nexos, amistades y relaciones con el chavismo gobernante. O quizá por eso mismo.

Dentro de esa justicia cubierta con el manto de la complicidad, estos jueces recibieron a los menores y, como si de una plana escolar se tratara, recitaron las mismas acusaciones por los mismos delitos y ordenaron reclusión a los jóvenes donde permanecieron privados de libertad junto a adultos con historial de delitos más graves durante ocho días.

La insensibilidad también tuvo lugar en las actuaciones de estos jueces. “Si usted se siente mal se me va de aquí”, le dijo una jueza en Caracas a la abuela de un muchacho que lloraba la detención de su nieto de 14 años, en el barrio de Cotiza, en el norte de Caracas. La defensora de derechos humanos, Naremi Silva, fue testigo de esta situación.

La itinerancia en los nombramientos de jueces y fiscales ha permitido al Gobierno moverlos a conveniencia y nombrarlos sin credenciales. Ya en el 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) alertaba del peligro en la administración de justicia en Venezuela por la provisionalidad de los responsables de tribunales, quienes desde el 2002 son designados a dedo, lo que les hace vulnerables a las presiones: de una decisión puede depender su permanencia en el cargo. El informe de 2016 reconocía que solo 34% de los jueces en Venezuela son titulares de su cargo.

Sobre esa base el sistema judicial actuó rápido esta vez. La presentación de los niños, niñas y adolescentes se hizo entre las primeras 50 horas de su aprehensión. No faltaron los fiscales, ni los alguaciles, ni el papel y tinta para las sentencias, hubo despacho y habilitaron hasta altas horas en el Palacio de Justicia de cada estado a todos los que debían y tenían que estar, prestos a una llamada que indicaba el camino a seguir.

Se reseñaron casos en la misma situación en Amazonas, Aragua, Apure, Bolívar, Cojedes, Distrito Capital y Yaracuy. Después de ocho días detenidos, los menores fueron excarcelados, no sin antes sufrir los rigores del régimen penitenciario: les raparon el cabello y los uniformaron. Algunos no llegaron a ver a sus padres durante su cautiverio.

Se les otorgó medidas sustitutivas de libertad en las que deben presentarse ante el tribunal cada 30 días. Estas medidas representan una espada de Damocles por la que los jóvenes están presos sin los barrotes, sujetos a la celebración de una audiencia de presentación que debería ocurrir en 45 días, pero que en la Venezuela de hoy suele diferirse una y otra vez, hasta por años, a conveniencia de la política de turno. Mientras tanto, estos jóvenes no pueden salir del país ni expresar su opinión política, viven en el miedo de repetir las penurias que estos jueces les hicieron sentir en carne propia.

La jueza empresaria de Bolívar

La juez Miguelina Maneiro de Carreño tiene 30 años en el Poder Judicial y se graduó en la Universidad de Carabobo, en el centronorte del país. Está inscrita en el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y posee una empresa familiar llamada Asociación Cooperativa Compañeros sin Límites desde el año 2011, inscrita en el Registro Nacional de Contratistas por haberle prestado servicios al Estado ese año. No ha actualizado sus datos en el registro.Además de sus lazos estrechos con el oficialismo, desde hace cuatro años se registran en su currículo juicios polémicos y mediáticos. En 2014 su trabajo estuvo expuesto en los medios de comunicación por el juicio seguido a tres trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), el gran complejo metalúrgico estatal en el corazón de la industria pesada de Guayana, que fueron detenidos luego de exigir mejoras salariales y participar en protestas gremialistas.

Rederick Leiva, Leinys Quijada y Heberto Bastardo son los nombres de los obreros detenidos en la tarde del viernes 19 de septiembre de 2014 en una zona residencial de Puerto Ordaz, la ciudad industrial sobre la ribera oeste del río Caroní. En esa fecha llegaba a su fin una huelga que logreó imponer un nuevo contrato colectivo. El 21 de septiembre, el Tribunal Primero de Control, a cargo de la jueza Maneiro, les dictó privativa de libertad por presunto tráfico de armas y asociación para delinquir.El caso fue un compendio de arbitrariedades. Quizás la más grosera fue cuando la jueza Maneiro se saltó el parámetro legal al aceptar que la fiscal presentara la acusación al día siguiente de culminar el lapso, es decir, en el día 46, pese a que una vez vencido el lapso de 45 días sin que la Fiscal haya presentado la acusación, el detenido debe quedar en libertad.

En vista del incumplimiento, la defensa solicitó la liberación de los obreros, pero no hubo pronunciamiento de Maneiro. La agonía de estos trabajadores se prolongó hasta mayo de 2015 cuando se decidió que serían procesados en libertad.

La semana pasada la jueza Maneiro dio curso legal a la detención de 20 adolescentes, entre los 14 y 17 años, a quienes se les acusó por haber protestado el 23 de enero en Puerto Ordaz cuando el diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se juramentó como presidente encargado de Venezuela. A todos se les señaló como participantes de saqueos en la ciudad.

Uno de estos jóvenes es Jixson, de 14 años de edad, quien sufre de convulsiones. Su caso atrajo la atención de los medios, pero no de la jueza. Aunque se le advirtió a Maneiro sobre la condición de salud del menor de edad, permaneció detenido desde el miércoles 23 de enero a las 8:30 pm hasta el martes 29 de enero. Jixson informó a su madre que fue golpeado por funcionarios de la Guardia Nacional en la cabeza y en la planta de sus pies cada vez que decía que quería ir al baño.

Fue imputado por alteración del orden público, agavillamiento y resistencia a la autoridad, al igual que los demás detenidos.

El domingo el adolescente convulsionó y su madre no pudo verlo. Solo se enteró por mensajes de texto que le mandaba un Guardia Nacional. El lunes pasado la defensa pudo consignar sus informes médicos y se le otorgó un arresto domiciliario el martes pasado, y luego una medida cautelar con régimen de presentación.

El jueves 31 de enero todos los padres fueron citados a una audiencia especial en donde se les otorgó medidas cautelares al resto de los menores de edad. En la audiencia se les recalcó a los padres que “el presidente Nicolás Maduro y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, decidieron dejarlos en libertad”, Mientras el presidente del Circuito judicial penal del estado Bolívar, Andrés Eloy Mazza.  Hacía esa afirmación, la jueza Maneiro guardaba silencio a su lado.

La justicia es toda roja en Yaracuy

En el estado centro occidental de Yaracuy la justicia pasa por las manos de Darcy Lorena Sánchez Nieto, la rectora y presidenta del circuito judicial del estado. Según la jueza Eddiluh Guédez, Sánchez fue quien la presionó para dictarle la medida de detención a 19 menores de edad que fueron detenidos por protestar contra el régimen de Nicolás Maduro el 23 de enero. Según Guédez, la amistad de la presidenta del circuito con el gobernador de Yaracuy y miembro del partido de gobierno, Julio León Heredia, es harto conocida, por lo que Sánchez suele ser el vehículo de las órdenes del partido que bajan a su circunscripción.

Sánchez Nieto negó la especie, pero su currículo habla por sí solo. Ostenta una carrera corta pero fulgurante dentro del sistema judicial venezolano, al que ingresó hace apenas ocho años, en 2011, y por la que en menos de un año se convirtió en jueza: primero de un tribunal penal en el año 2012, luego de Apelaciones, también en un tribunal de protección de niños, niñas y adolescentes y de nuevo está en Apelaciones, donde firmó su última sentencia en diciembre del 2018 como “juez superior provisoria”.

Esto indica que su cargo le fue asignado directamente por la magistratura y que así mismo se le puede revocar, una condición que comparte hasta 90 por ciento de los jueces venezolanos y que les hace especialmente vulnerables, pues pueden ser removidos con la sola voluntad del Tribunal Supremo de Justicia, de tendencia abiertamente oficialista.

Pero a Sánchez Nieto le ha ido bien. Su estabilidad parece garantizada. Ha decidido en 909 casos, se ha inhibido de actuar en 24 oportunidades y ha sido recusada 31 veces. A pesar de su carácter provisional, se sintió con la fortaleza suficiente para postularse en 2015 a ser magistrada de la República, cuando solo tenía 37 años y la Asamblea Nacional de mayoría oficialista eligió los nuevos miembros del Tribunal Supremo de Justicia, en un controversial procedimiento express que terminó de teñirlo de rojo revolucionario.

Darcy Sánchez aparece inscrita en el Psuv. Un extracto de un artículo suyo publicado en la revista del Centro de Investigación y Estudios Gerenciales, bajo el título de Axiología de los saberes teórico epistémicos e identidad cultural en el sujeto investigador del programa de formación avanzada doctorado en ciencias para el desarrollo estratégico de la Universidad Bolivariana de Venezuela, deja una enrevesada muestra de esa filiación.

En ese escrito, afincándose en el postulado de Karl Marx que asegura que “no es la conciencia del ser humano la que constituye la realidad sino que, por el contrario, es la realidad de la conciencia social la que constituye la conciencia de los seres humanos”, concluye en que “el carácter transformador de la investigación debería contribuir con el desarrollo humano integral implícito como finalidad estratégica del Estado venezolano en función de la construcción histórica sociocultural del Proyecto de Patria Socialista Bolivariana del Siglo XXI, desde la apropiación de conciencia social mediante la praxis de un ethos revolucionario, reconocedor del saber popular y el dialogo de saberes, como procesos que favorecen la construcción del Estado comunal (socialismo comunal) como parte del legado material y espiritual de Hugo Chávez”.

Tal vez a partir de ese ethos revolucionario Sánchez Nieto anunció que los 19 menores detenidos en las protestas ocurridas el 23 de enero en San Felipe, la capital del estado -entre ellos dos muchachas de 14 años-, serían liberados y entregados a sus padres no sin antes hacer un “gran acto de profunda reflexión” en el que ella misma les diría que la protesta es cosa de adultos y no “de muchachos”.

Pero semejante proselitismo fue demasiado hasta para el chavismo, que a última hora decidió suspender el acto. Los adolescentes fueron devueltos a sus padres con la cabeza rapada y medidas sustitutivas de libertad con régimen de presentación cada 30 días.

Por ahora no se sabe nada más de la jueza Eddiluh Guédez, la jueza que denunció públicamente la intervención del poder Ejecutivo local en la determinación de meter en prisión a los menores de edad.  “No aguantó la presión”, dice el activista del partido opositor Voluntad Popular en Yaracuy, Gabriel Gallo, quien explica que en esa entidad “todo el mundo sabe que las órdenes sobre lo que pasa en los tribunales las dicta el gobernador Heredia”.

Guédez se desempeñó hasta el 26 de enero como jueza temporal -también de libre nombramiento y remoción- del Tribunal Primero de Juicio de Adolescentes, cargo que desempeñaba desde el año 2009 y día en que circuló el video en el que denuncia haber sido coaccionada. Igual que la presidenta del circuito, Guédez también está inscrita en el Psuv y formó parte de la junta directiva de la cooperativa La Toñeca, que aunque sale en el Registro Nacional de Contratistas, no parece haber recibido algún contrato o adjudicación por parte del Estado venezolano. En el teléfono de la cooperativa nadie contesta.

Antes de su denuncia imputó a los adolescentes y otras 60 personas de siete delitos: terrorismo, obstaculización de vía pública, daños a bienes, resistencia a la autoridad, detentación de materiales inflamables, agavillamiento y flagrancia. Las pruebas presentadas por la fiscalía para solicitar la imputación fueron un yesquero, seis piedras y un envase de vidrio.

La influencia partidista en la justicia la cierra, en el caso de Yaracuy, la Fiscal Primero de Control, Normely Josefina Pérez Ramos, una abogada de 38 años cuyos datos aparecen también en la lista de militantes inscritos en el partido de gobierno. Se desempeñó durante un tiempo como fiscal auxiliar interino en la Fiscalía 13ª del estado, cuando la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz -hoy disidente del chavismo y exiliada en Colombia-, firmó su pase a la Fiscalía Primera para ejercer “con competencia plena” a partir del 1 de abril de 2016.

Fue Pérez Ramos la encargada de tipificar los delitos supuestamente cometidos por los 19 menores y los 60 adultos detenidos y desestimó la apelación de los abogados. A pesar de las quejas de los defensores sobre las actas policiales incompletas o mal llenadas sobre lo ocurrido el 23 de enero, Pérez Ramos miró hacia otro lado; también cuando cundió la queja porque a los adolescentes varones detenidos se les rapó el pelo.

La jueza que llora y condena en Amazonas

Quizás fue la imagen de Boris Leopoldo Guapo, de 16 años, la que quebró a la jueza Dayana Matera. El indígena del pueblo yekuana se presentó en la audiencia, en el Tribunal Segundo de Control del estado Amazonas (sur), con la franela llena de sangre y con huellas de botas marcadas por todo su cuerpo.Tras haber sido detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) la tarde del 23 de enero de 2019, en el marco de protestas antigubernamentales en la ciudad de Puerto Ayacucho, fue trasladado junto a otras 22 personas al Destacamento de Seguridad Urbana de la GNB, donde pasó la noche de pie por el hacinamiento.

No era el único menor de edad en el grupo de detenidos. También pernoctaron en aquel lugar Junior Cardona, de 16 años; Neidys Yuriyuri, de 14 años; y otra niña, también de 14 años, que no tenía papeles. Los cuatro llegaron al tribunal a su audiencia de presentación en las mismas condiciones. “Tenían las franelas rotas y con pisadas, parece que los patearon horrible”, relata uno de los testigos, quien prefiere resguardar su identidad por temor a represalias.

La jueza Dayana Matera no se pudo contener y lloró en el tribunal. Quienes estuvieron allí cuentan que tuvo que retirarse de la sala dos veces para maquillarse. La presión –aseguran fuentes de la entidad– era muy fuerte; y ­–acotan– venía directamente del gobierno de Nicolás Maduro.

Pero las lágrimas no frenaron la imputación a los menores del delito de terrorismo. Y no fue sino hasta este martes 29 de enero cuando obtuvieron una medida sustitutiva de libertad bajo fianza. A cada niño le pidieron tres fiadores. Matera no actuó sola. Sus cómplices fueron la jueza Mirla Teresa Castro Parra y la fiscal de flagrancia Romairy Katiuska Gutiérrez Fernández.

Dayana de los Ángeles Matera Camejo, de 35 años, es poco conocida en Amazonas, pero algunas sentencias dan pistas de su carrera como abogada: en 2010 era secretaria de tribunales y para 2016 ya era jueza del Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Amazonas, el mismo en el que conoció la causa de los adolescentes Guapo y compañía.Al menos en tres oportunidades los nombres de Matera Camejo y Castro Parra coincidieron en un expediente. Fue en diciembre de 2010, cuando Castro Parra, entonces de 37 años, era jueza del Tribunal Penal de Control Sección Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Amazonas y Matera Camejo secretaria. Pero las une algo más que eso: las dos militan en el Psuv.

En Aragua manda la tribu

La excarcelación de 22 adolescentes en el estado Aragua -centro del país-  llegó después de ocho días de detención desde que unos salieron a las calles a manifestar el 23 de enero y, otros, fueron apresados por la Guardia Nacional por “presuntamente” haber protestado. En total, 25 hombres y tres mujeres de 15 a 17 años fueron presentados a los Tribunales  1° y 2° de Control de Responsabilidad Penal del Adolescente, a cargo de las juezas Nunziatina Porrovecchio Tovar y Aliani Josefina Castillo Galeano.

En esa audiencia inicial, solo tres de los detenidos pudieron regresar a casa y el resto permaneció confinado en los distintos centros de reclusión preventiva del Estado. La Fiscal 17 del estado Aragua, Floralba Salazar, precalificó los delitos en un veloz salida judicial que los inculpó de agavillamiento, instigación al orden público y obstaculización de la vía pública.

Un día antes de la masiva manifestación contra Nicolás Maduro, el Fiscal General, Tarek William Saab, amenazó con profundizar la acción punitiva por parte de los fiscales estadales. “El Ministerio Público va a actuar de manera severa” y así lo hizo en el circuito circuito judicial de Aragua.

En Aragua, como en el resto del país, ni las juezas ni la fiscal son titulares en sus cargos. Puertas adentro del Palacio de Justicia se comenta que tampoco reúnen las credenciales para ocupar tal responsabilidad. Porrovecchio y Castillo son egresadas como abogadas de la Universidad Bicentenaria de Aragua, la primera en el año 2004 y, la segunda, en 2010.

Aliani Castillo, de 32 años, tuvo un rápido ascenso en el circuito judicial. En el junio de 2009, sin graduarse, estaba ya adscrita a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y dos años después, en 2011, con título de abogada, figuraba como Secretaria del Tribunal de Primera Instancia en Función de Control de Aragua que presidía -y preside- el juez Julio Urdaneta. Este último tomó las decisiones judiciales en contra de los manifestantes mayores de 18 años que fueron aprehendidos el 23 de enero de 2019.

A Castillo le tocaron los menores. De esos primeros años de rápido ascenso, el 13 de diciembre de 2016 fue designada jueza itinerante de los Tribunales de Primera Instancia Penal que atiende las solicitudes de sobreseimientos realizadas por el Ministerio Público. En 2017, todavía como “suplencia temporal”, se le asignaron competencias en el Tribunal 2° de Control de Responsabilidad Penal del Adolescente.

Una fuente que pidió no ser identificada señaló que la joven jueza fue la más “indulgente” con los primeros tres jóvenes que asistieron al juzgado, excarcelados el mismo día de la audiencia de presentación y con algunas medidas impuestas que los obliga a asistir periódicamente a los tribunales. Por su parte, la jueza Porrovecchio, responsable del Tribunal, fue más severa en las audiencias , en un torbellino judicial sentenció a 25 adolescentes a ser privados de su libertad.

Porrovecchio fue secretaria de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Aragua en 2006, cuyo jueces eran Fabiola Colmenarez, Alejandro José Perillo Silva y Juan Luis Ibarra Verenzuela. De ellos, autores de varias decisiones favorables al chavismo, Ibarra llegaría a ser magistrado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Formó parte del grupo de trece magistrados express que la Asamblea Nacional de entonces, dominada por el oficialismo y a punto de salir, designó entre gallos y medianoche para asegurarse el control del máximo tribunal.

La jueza siguió su ascenso y con dos años de graduada, el 25 de abril de 2006 asumió una “suplencia especial” en el Juzgado Ejecutor de Medidas de los municipios Sucre y José Ángel Lamas, del estado Aragua. Ocuparía funciones temporales de Mazzei Rodríguez, señalado por la comunidad judicial del estado como protegido de la magistrada Maryori Calderón Guerrero, la jueza del caso Simonovis.

En 2013, Porrovecchio fue nombrada jefa de la División de Servicios al Personal de la Dirección Administrativa Regional del estado Aragua, también en condición de suplencia hasta que en julio de 2017 llega como “provisoria” al Tribunal 1° de Control de Responsabilidad Penal del Adolescente.

Desde allí Porrovechio remitió a 20 adolescentes entre el Servicio Autónomo de Protección y Atención al Niño, Niña y Adolescente de Aragua (Sapanna) y la estación policial San Carlos conocida como “cuartelito” por haber manifestado contra el gobierno el 23 de enero.

“Es la peor maldad que haya podido hacer un profesional del derecho. Las familias están asustadas”, comentó por la línea telefónica la abogada Zuleima Siso, quien ha atendido el caso. Junto a los miembros del Foro Penal le prestaron atención jurídica a los jóvenes, de los cuales tres son mujeres.

Siso asegura que la decisión de las juezas es netamente política, que siguen órdenes superiores y que en ningún momento mostraron arrepentimiento a pesar de que hubo escenas de dramatismo durante la audiencia, incluyendo desmayos de algunos progenitores.El abogado Daniel Merchán señaló que la decisión de excarcelación de los adolescentes de Aragua, ocurrida ocho días después, obedeció a una “instrucción nacional” y que las juezas solo expresaron que los chicos “ahora pasaban a cuidado de sus padres con medidas más educadoras e indulgentes” sin dar mayores detalles acerca de qué motivó el cambio de decisión.

“Esto obedeció a la presión social que se ejerció sobre el tema de los menores de edad”, puntualizó.

Para el presidente del Colegio de Abogados del estado Aragua, Rosalino Medina, el proceso fue ilegal desde el momento mismo de la detención, con expedientes viciados y actas levantadas donde se precalificó el delito. “Fueron jueces inquisitivos en conjunto con una fiscal inquisitiva”, señaló Medina quien advirtió que las medidas tomadas por el Tribunal de Porrovecchio y Castillo para que los detenidos pudieran obtener su libertad fueron engorrosas. “Les exigieron fiadores con ciertas condiciones, entre ellas remuneración de gerentes y una carta de buena conducta emitida por los consejos comunales”, dijo.

Coincide, al igual que otros abogados, que la decisión es política, “para que las protestas no prosperen” y continuar con la política represiva en contra de las manifestaciones. “Son jueces provisorios supeditados a una llamada”, concluye Medina, recordando que aunque la presunción de inocencia es el principio fundamental que rige las leyes venezolanas, los jueces y la fiscal a cargo en el estado tienen la orden de “detener a los individuos así no existan pruebas”.

El presidente del Circuito Judicial Penal de Aragua es Luis Enrique Abello García, compañero del gobernador del estado, Rodolfo Clemente Marco Torres, en la promoción de 1988 de la Academia Militar de Venezuela. Abello García también está inscrito en el partido de gobierno y, a finales de 2018, ocupó el cargo por recomendación del gobernador sustituyendo a Cinthia Meza.

Abello fue tajante desde su llegada al Palacio de Justicia y ordenó a todos los jueces que no se liberara a nadie sin su autorización. Su último cargo fue en el vecino estado Carabobo como juez “provisorio” del Juzgado Superior en lo contencioso y administrativo de la región centro norte, con sede en Valencia.La cabeza del circuito judicial de Aragua la ocupa Ramón Carlos Gámez Román, un comprometido chavista también inscrito en el Psuv y que limpió el terreno para la llegada de Abello. Es juez Rector del estado desde el 2016, designado por la Sala Plena del TSJ a cargo de su entonces presidenta, la magistrada Gladys Gutiérrez.

Su desempeño como vicepresidente del comité de postulaciones judiciales en 2015 fue recompensado por los mismos magistrados express cuyas credenciales avaló.Gámez, junto con Elvis Amoroso -actual contralor de la República, pero entonces presidente del comité- seleccionaron a los 13 principales y 21 suplentes que el oficialismo nombró como magistrados del máximo tribunal de la república antes de entregar el bastión legislativo a la oposición que ganó la Asamblea Nacional ese año.

Gámez es, además, juez coordinador del Circuito Judicial del Trabajo, y juez provisorio del Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Aragua. Su poder plenipotenciario en Aragua le permitió conformar un consejo con los máximos representantes de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), Dirección Administrativa Regional (DAR) y los circuitos Civil, Laboral, Contra la violencia de Género, Judicial y Responsabilidad Penal de Adolescente para impulsar el Plan Estratégico del Poder Judicial que propone el Gobierno de Maduro para la reorganización de la administración de justicia

Justicia súbita en Cojedes

Adonay Urdaneta era conocido como un alguacil hasta el año pasado. Hoy en su cuenta de Twitter se describe como abogado especialista en Procesal Penal y Criminalista. Pero en esa red social fue bautizado como el “verdugo de Cojedes” -estado llanero en el centrooccidente de Venezuela- tras haber dejado detenidos a 13 adolescentes que estaban en las calles el 23 de enero, entre ellos un joven con esclerodermia y que recibe tratamiento de quimioterapia, y otro con Síndrome de Down. Desde que circularon y viralizaron sus fotos señalándolo como el responsable de estas detenciones su cuenta está bloqueada.

En la audiencia, Urdaneta no escuchó las intervenciones de ninguno de los 13 jóvenes que fueron detenidos. “El juez entraba y salía y en ningún momento escuchó a los niños”, cuenta una de las madres que prefiere declarar bajo protección. Luego, sin saber en dónde y cómo fue detenido cada uno, ignorando su derecho a decir su versión de los hechos, fue firme al ratificar la imputación de los cargos: resistencia a la autoridad, daños a la propiedad pública, alteración del orden público y agavillamiento.

Luego de nueve día, a los adolescentes se les otorgó una medida cautelar con régimen de presentación cada 30 días.

A Urdaneta se le conoce por su súbito ascenso en los tribunales. En el año 2018 pasó de alguacil destituido (los alguaciles en los tribunales venezolanos funcionan como personal de apoyo para mantenimiento del orden en el tribunal y la fluidez en las comunicaciones) a juez de Control del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente.No se conoce de primera mano las razones que impulsaron semejante ascenso, pero queda claro que su afiliación al oficialista Psuv no fue un impedimento para ello, pues aparece con su nombre, apellido y cédula en la lista de militantes del partido de gobierno; por el contrario. Su pareja, Senaida Utrera, fiscal auxiliar superior de investigación del estado Cojedes, también expone abiertamente su lealtad al chavismo: “Así seguiré leal a ti mi comandante eterno y a mi presidente Maduro doblegarse jamás ante estos desleales”, cita en su cuenta de Twitter.

La secretaria de Apure

La noche del 23 de enero, cuatro menores, con edades comprendidas entre los 16 y 17 años, resultaron detenidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el estado Apure, en los Llanos del suroccidente de Venezuela. Fueron trasladados al Destacamento 351 de San Fernando, donde fuentes aseguran que fueron golpeados y se solicitaron exámenes médicos forenses de cada uno de los chicos.

Pasaron 48 horas antes de que los excarcelaran por órdenes llegadas de la gobernación –según relatan fuentes locales– pero proferidas no por el Gobernador, Ramón Carrizález -ex militar y ex vicepresidente de la República con Hugo Chávez- sino por su esposa. A pesar de ese gesto tardío de magnanimidad, a los jóvenes, para liberarlos, les impusieron la obligación de presentar hasta ocho fiadores cada uno, una decisión que activistas de Derechos Humanos catalogan de “atroz”. Antes de ser entregados a sus padres, se les imputaron los delitos de obstaculización de vías públicas, resistencia a la autoridad, detentación de artefactos explosivos y agavillamiento.

Apure no es el único estado en el que la orden viene de una gobernación en manos del PSUV. En Monagas, en la región nororiental, abogados hacen la misma denuncia.

Quien ejecutó la orden de la gobernación oficialista fue la jueza de control Dairys Colmenares. “La única carrera que tiene es que era secretaria de ese tribunal”, aseguran abogados de la entidad, quienes insisten en que “la aterrizaron” allí. Una revisión de su carrera da cuenta que efectivamente, la secretaría de tribunales ha sido su principal fuerte, pues también fue secretaria del Juzgado de Primera Instancia Sexto de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, al menos entre abril de 2008 y junio de 2009.