El negocio tuvo como beneficiarios a los empresarios argentinos Juan José Levy y Pablo Rubio. Pero, como luego se descubriría, la iniciativa había encubierto un esquema distorsionado de sobreprecios y triangulación de productos, desvío de fondos y participación de empresas sin ningún tipo de experiencia. Ya en mayo de 2017 se daban detalles sobre este proceso judicial en Armando.Info.

La novedad no es solo que el caso permanezca sin resolver a estas alturas. Lo llamativo es la suerte dispar que tuvieron Levy y Rubio en el proceso. Mientras que el primero está siendo investigado por las irregularidades en los contratos -una circunstancia que probablemente quede en suspenso con la profunda reforma que el nuevo presidente Alberto Fernández ha anunciado para la justicia argentina-, el segundo no enfrentó ningún procedimiento judicial. Toda una curiosidad si se toma en cuenta que son muchos los nexos entre ambos y que lleva a pensar que Rubio contó con la protección o de la Providencia o de alguna otra instancia.

El esquema

Según recoge la agencia de noticias argentina Telam, Juan José Levy y Pablo Rubén Rubio estuvieron presentes en un encuentro en la sede diplomática que organizó el entonces embajador de Argentina en Venezuela, Carlos Cheppi, el 21 de febrero de 2013 en Caracas. La reunión se llevó a cabo un día después de la inauguración del sistema TDA y también contó con la asistencia del entonces ministro de Planificación Federal de Argentina, Julio De Vido. Este exfuncionario kirchnerista aparece en diversas causas de corrupción en la Argentina y actualmente se encuentra privado de libertad luego de que la justicia lo condenara por su responsabilidad en un accidente ferroviario ocurrido el 22 de febrero de 2012, donde murieron 52 personas. Pero además fue una especie de Supra embajador de los negocios argentinos en Venezuela. Levy es allegado a De Vido.

“Un importante número de empresas argentinas mantienen conversaciones con las autoridades venezolanas con el objetivo de incrementar sus exportaciones y para instalar sus plantas en el país caribeño, en el marco del proceso de transferencia de tecnología acordado por ambos países”, se lee en la bajada de la nota de Telam sobre aquel encuentro. 

La agencia señala que el representante de la empresa Novatech Solutions S.A., Pablo Rubio, aseguró que la firma exportó 200.000 decodificadores de manera directa y otros 100.000 kits desarmados para la puesta en marcha de la TDA. Además, dijo que en abril de ese año iban a empezar la instalación en Venezuela de la maquinaria necesaria para el ensamblaje de ese último lote de decodificadores. 

Pero Venezuela debía comprar aún más decodificadores si pretendía beneficiar al 50% de la población a través de este sistema, tal y como se había prometido. Según aseguraron las autoridades venezolanas en la cadena de radio y televisión de ese 20 de febrero de 2013, se disponían a distribuir 600.000 decodificadores en total. Si habían comprado a Novatech, el proveedor argentino, 300.000 decodificadores, ¿de dónde saldrían los demás? 

En esa misma nota de prensa se recogen las palabras de Juan José Levy, que representaba públicamente a Laboratorios Esme S.A., una compañía que fabricaba productos de higiene personal y aseo. Aunque Levy habló con Telam sobre la instalación de una planta en Venezuela para la producción de ese tipo de insumos. Pero se sabe que a través de otras de sus empresas, Bleu Tel y Corporación Gulfos, vendió decodificadores para este proyecto y con sobreprecio. 

A esa conclusión llegó la justicia argentina al analizar los contratos que hicieron las tres compañías vinculadas a Levy con Venezuela. La información fue confirmada por una fuente de Conatel con quien Armando.Info conversó. En la causa judicial se dice que las mercaderías vendidas, como también los fletes y seguros cobrados a empresas estatales venezolanas por Laboratorios Esme Saic, Bleu Tel S.A. y Corporación Gulfos S.A., fueron contratados con precios mucho mayores respecto a iguales productos exportados por las mismas empresas argentinas a otros países o en relación con similares productos vendidos por otras empresas a Venezuela o a otros Estados. 

Por ejemplo, la justicia argentina comparó modelos de decodificadores comprados desde la nación austral a la empresa china Sichuan Changhong Network Technologies al costo de 30 dólares a precio de venta detal. Los que aparecían en los contratos investigados que la Corporación Gulfos vendía a Cantv (Venezuela) alcanzaban los 77 dólares por unidad (en una venta cuantiosa, de 275.000 unidades), sin incluir costos adicionales como el seguro y el flete. Los montos en los que se fijaron estos últimos también fueron considerados por la investigación con sobreprecio. Mientras que la misma empresa china tasó el flete y seguro de sus decodificadores vía marítima hasta Argentina a menos de un dólar por unidad; Corporación Gulfos fijó las tasas a Venezuela vía aérea en 19,85 dólares por unidad, y en 10,15 dólares por vía marítima. 

Mismo caso con la segunda empresa. Un contrato entre Bleu Tel y Cantv para la venta de 150.000  decodificadores ya ensamblados provenientes de China estipulaba que el pago total sería de un poco más de 11,8 millones de dólares, a razón de 78,80 dólares por unidad. Ese monto representa casi el doble de lo que la Unión Transitoria de Empresas (UTE), que se encargó de los decodificadores en la puesta en marcha de TDA en Argentina, pagó por ellos a la misma fábrica asiática. En el caso de los fletes el precio inflado sería también de escándalo. Mientras que UTE pagó cerca de un dólar por cada decodificador transportado, Bleu Tel habría cobrado entre 7 y 15 dólares. 

Lazos de familia

La investigación judicial estableció nexos entre las familias de Levy y de Rubio. Aunque el propio Pablo Rubio no se mencione en el documento de 226 páginas emanado del Poder Judicial de Argentina, sí figuran su esposa, Marcela Carolina Paz, y su hermano, Julián Francisco Rubio. Este último procesado y señalado como accionista menor y director suplente de la empresa Corporación Gulfos, perteneciente a Levy. Gulfos está vinculada a su vez con otra empresa: Frolem Corporation LC.

Frolem Corporation fue, en su momento, accionista mayoritaria de Gulfos. Apareció en los llamados Panama Papers como una empresa offshore registrada en Nevada, Estados Unidos, asesorada por el estudio Mossack Fonseca. De acuerdo con los documentos de esa masiva filtración procesada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), Juan José Levy fungía en la empresa como intermediario y los accionistas eran Gabriel Znidardic y las firmas Kastel Limited y Sunlead Enterprises Inc. En la investigación que dirigió la fiscalía en su contra se sugiere que Frolem sería la pieza clave en un mecanismo pensado por los empresarios para dar apariencia de origen lícito al dinero que provenía de los diversos contratos que se hacían a través de las empresas argentinas. 

El otro vínculo que aparece en este entramado es el de Frolem Corporation con Marcela Carolina Paz. Frolem, representada por Miguel Álvaro Romero, suscribió dos contratos de mutuo acuerdo con Paz, por un total de 80.000 y 50.000 dólares en efectivo, para invertir en el mercado de bienes raíces de Argentina. Al no declarar esos 130.000 dólares en efectivo ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) de Argentina, habría incurrido en evasión fiscal. 

Pero la relación no termina allí. En la base de datos de los Panama Papers figura Marcela Paz como intermediaria de la empresa Dockland Properties, ubicada en Islas Vírgenes Británicas. Julián Rubio, además de ser su cuñado, presidió la sociedad de bienes raíces Dockland Argentina, la que se presume es hermana gemela de la anterior. Otros dos Rubio también aparecen relacionados con esta última: Carolina y Rubén José. 

En un reportaje del diario argentino La Nación se recoge la versión según la cual el FPB Bank, un pequeño banco panameño, encendió las alarmas luego de analizar movimientos de 40 millones de dólares vinculados con Levy; con su esposa, María Julieta Ratto; y con sus socios de otra empresa llamada Grupo Núcleo: la familia Rubio y Maximiliano González Kunz. La entidad, según refiere el artículo, estudia si las operaciones bancarias relativas a ese dinero, provienen de intercambios entre la estatal venezolana Cantv y la firma Dockland Properties. Por este caso, según reporta Infobae, Levy está siendo procesado en Panamá. 

Finalmente aparece una tercera sospechosa: Sunblaze Foundation. Creada en Panamá en marzo de 2014 tiene a Levy como intermediario. Señala La Nación que fue una de las investigadas en Panamá tras la alerta del FPB Bank. 

No parece casual que justamente las empresas escogidas por Cantv para la compra de decodificadores sean las de Levy y la de Rubio. Algunos de los nexos se pueden ver en esa investigación. Lo que sí es extraño es que a pesar de tantos vínculos entre ambos sea solo el primero quien tenga una extensa y minuciosa investigación en su contra. Uno está siendo procesado por la justicia argentina y aparezca en medios de comunicación nacionales e internacionales por las irregularidades relacionadas con sus empresas -el abogado de Levy se negó a conversar con Armando.Info alegando que no quiere afectar el juicio de su cliente- y el otro, incluso, continuó haciendo negocios con el Estado argentino.  

Un Rubio silencioso

Tanto como relacionarse y hacer negocios, Pablo Rubio sabe esconderse. La única foto que aparece en internet es la que se encuentra bajo este párrafo, cedida por la web minutodecierre.com. Desde ese portal confirmaron que la fotografía proviene de Migraciones y se pudo comprobar la veracidad de la información al contrastarla con la fotocopia del pasaporte del empresario de Novatech. 

De resto, no hay más imágenes de quien pudiera calificarse como un empresario “exitoso”, lo que refuerza la idea de que Rubio contrató servicios para limpiar su reputación y borrar trazas de su imagen en la web, tal como lo afirmó la prensa argentina, que aseguró que Rubio pagó hasta millón y medio de dólares por un servicio de limpieza de imagen a La Agencia de Raúl Timerman y Juan Carlos Malagoli, dos importantes consultores y publicistas argentinos.

Se especula que esa limpieza de reputación habría influido en que Novatech y otras empresas vinculadas a Rubio (y a Levy) volvieran a participar en la licitación para la venta de computadoras en un plan estatal argentino llamado Conectar Igualdad. Este fue un programa que lanzó en el año 2010 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el objetivo de reducir la brecha digital en Argentina. Consistía en entregar una netbook a todos los estudiantes y docentes de establecimientos públicos de educación secundaria, educación especial y de formación docente, y aunque el plazo original era de tres años se extendió y continuó incluso durante el mandato de Mauricio Macri hasta que en 2018 se reemplazó por Aprender Conectados. 

El programa era financiado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, Anses, y una de las premisas era que las compras se hicieran a empresas argentinas para impulsar la economía nacional. De esta forma quienes determinaban el precio conveniente para la compra de netbooks eran todas empresas locales. Durante el kirchnerismo las empresas PC Arts, Grupo Núcleo y Novatech, entre otras, participaron y ganaron.

Pero durante el gobierno de Macri se determinó que el precio en el que se venían comprando los artefactos era sobrevaluado. Una vez que desde el Ejecutivo amenazó con comprar las netbooks a empresas foráneas, las licitaciones bajaron casi a la mitad. Esto quiere decir que las mismas empresas que ofrecieron y vendieron equipos tasados cada uno en 500 dólares, durante el kirchnerismo, redujeron su precio a 250 dólares por unidad, ante la posibilidad de perder la cotización a manos del mercado internacional. 

¿Qué pasó después?  En 2017 la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos y el Ministerio de Educación y Deportes a través de su sociedad del estado, Educar, realizó la licitación para la compra de 450.000 netbooks del Programa Conectar Igualdad. De acuerdo con un informe de la jefatura de gabinete de ministros de Argentina, se presentaron once ofertantes cubriendo los 22 lotes para adquirir las casi medio millón de netbooks. “El modelo es la nueva versión del entregado el año pasado. El Ministerio de Educación y Deportes pagará un estimado entre U$D225 y U$D230 por computadora”, refiere el documento. 

Allí se señalan los once ofertantes, de los cuales ocho fueron seleccionados para la adjudicación. Figuran de nuevo Grupo Núcleo, Novatech y PC-Arts (con el nombre de Bangho), además de Newsan S.A, Coradir S.A y Positivo BGH.  

Sólo durante 2014, PC Arts, Grupo Núcleo y Novatech le vendieron notebooks a la Anses por 890 millones de pesos argentinos -112 millones de dólares-  incluyendo el servicio técnico. La primera de las empresas vendió 47.000 unidades, al igual cantidad que la segunda cuya cotización eran 82 pesos menor ( 4.094 pesos -511 dólares-y  4.012 pesos -502 dólares- respectivamente). Mientras que Novatech vendió 124.000 netbooks a 4.101 pesos -512 dólares- cada una. La conclusión es casi obvia: las empresas vinculadas con Rubio y Levy habrían competido falsamente entre sí, alzándose con un negocio grande. 

En 2017, aunque a mitad del precio, el negocio de las tres continuó. Armando.Info intentó contactar varias veces a Rubio a través de Novatech, pero se informó cada vez que estaba de viaje. 

Los privilegios de Argentina

El proyecto de Televisión Digital Abierta o Televisión Digital Terrestre fue asignado a la antigua Investigaciones Aplicadas, que hoy se llama INVAP Sociedad del Estado. La empresa estatal argentina se dedica al diseño, integración, y construcción de plantas, equipamientos y dispositivos en áreas de alta complejidad como energía nuclear, tecnología espacial, tecnología industrial y equipamiento médico y científico. Ya había desarrollado el proyecto de TDA en la nación austral. 

Pero éste no era el primer contrato jugoso que hacía la estatal con Venezuela. Poco después de la creación del convenio binacional en 2004, INVAP llevó adelante un proyecto con el Ministerio de Salud venezolano que consistió en la construcción y equipamiento de 19 centros de radioterapia en el país. Diez años más tarde, Venezuela le pagaría por el mantenimiento y actualización de esos mismos centros, misión que se vio interrumpida por la crisis venezolana. 

Documentos y resúmenes de gestión de INVAP dan cuenta de que desde 2012 la compañía se desempeñó como contratista principal de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (ARSAT) en la instalación y puesta en marcha de las trece estaciones de Televisión Digital para la venezolana Cantv. 

El 15 de marzo de 2012 Da Vido, por Argentina, y Jorge Arreaza, por Venezuela, firmaron un “Convenio de Cooperación para el Intercambio de Experiencias y la Implementación de Acciones Conjuntas en Materia de Políticas Públicas de Inclusión Digital, Telecomunicaciones y Contenidos Educativos y Culturales”. Días más tarde, el 29 de marzo de 2012, se legalizó el “Contrato Sistema de Televisión Digital Terrestre entre la empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima- Arsat y la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv)” con las firmas de Néstor Pablo Tognetti, presidente de Arsat, y Manuel Fernández, por Cantv. (Ver documentos). 

El documento enumera las 33 cláusulas del acuerdo. En la octava, titulada Contraprestación se señala que “el monto máximo de contraprestación a favor de LA CONTRATISTA en virtud del presente CONTRATO, pagaderos con recursos provenientes del Fideicomiso del Convenio Integral de Cooperación suscrito con la República de Argentina, es la cantidad fija de Veintiún Millones Ciento Veintiocho Mil Cuatrocientos Siete Dólares ($ 21,128,407.00)”. A través de tres adendos se fijó el monto final de 25,578,407.00 de dólares, más la cantidad de hasta otros dos millones de dólares que corresponderían al equipamiento de la estación cabecera y telepuerto de los mismos para un total.

Ese monto, que es de la primera fase del sistema, ejecutado por Arsat, no incluía el costo de los decodificadores, según se pudo comprobar en el listado de entregables que refieren los contratos. Solo la instalación de las trece estaciones de transmisión, con todos sus equipos. 

En la Memoria y Cuenta del Ministerio de Ciencia y Tecnología del año 2012 se menciona la adquisición por parte de Venezuela de una cantidad de receptores, aunque no especifican el origen de todos:

Adquisición de partes y piezas, e instalación de una línea piloto de ensamblaje de 650 decodificadores en el Complejo Tecnológico Simón Rodríguez de La Carlota.

Ensamblaje de 100.000 decodificadores en Brasil para la transferencia tecnológica y de conocimientos al equipo técnico venezolano, ejecutado por Telecom Venezuela C.A. 

Adquisición 300.000 decodificadores Semi Knocked Down (SKD) para ser ensamblados en Venezuela.

Ensamblaje de 600 decodificadores SKD en Venezuela como parte de la prueba piloto de la línea de producción nacional 

Contratación de la línea para el ensamblaje de los decodificadores SKD en Industrias Canaima, adquiridos a los proveedores argentinos y brasileños, así como el decodificador desarrollado por el Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones.

La premura por la expansión del sistema de TDA y la presión para que se compraran los decodificadores a empresas argentinas, se llevó por delante el esfuerzo de ingenieros venezolanos que venían trabajando con Brasil en el desarrollo de receptores muy avanzados. 

En 2010 los ingenieros venezolanos del Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones (Cendit), impulsados por la Comisión para el Despliegue de la TDT en Venezuela, fueron al Centro de Referencias de Tecnologías Innovadoras (Certi) de Brasil en el marco de la cooperación con ese país que se había firmado para la transferencia tecnológica para el diseño y fabricación de un decodificador venezolano. Se ideó un modelo original y único, con tecnología nacional pero con microprocesador extranjero (suizo).

De entre las ventajas de este equipo, pensado en la tecnología televisiva venezolana, se cuenta con que el usuario tenía la posibilidad de acceder a las señales de TDA, de Cantv Satelital, la TV de Red de fibra óptica y el ABA de Cantv a través de un mismo equipo. Otro de los elementos diferenciadores del equipo tiene que ver con el ahorro y uso eficiente de la energía.

Dos meses antes de la culminación de la primera fase del proyecto, el 1 de noviembre de 2012, a la salida de una reunión con representantes del gobierno brasileño, encabezada por el entonces Canciller Antonio Patriota, el Presidente Chávez mostró el prototipo del corazón de un decodificador de TDT, desarrollado por el Cendit.

El 28 de diciembre de 2013, en el acto de inauguración de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (TVFANB), el entonces ministro Fernández dio cuenta del estatus del proyecto TDA al presidente Nicolás Maduro.  “Al día de hoy, en este momento en que estamos hablando, hay 18 estaciones al aire, los 18 puntos más poblados de nuestro país, que suman en torno a 53-54% de la población, tienen transmisión”, dijo con respecto a la señal TDA. 

Incluye en este resumen también información relacionada con los decodificadores aunque él los llama receptores. (Ver video) Allí explica que fueron desarrollados a lo largo del último año y medio, por “científicos venezolanos que están en La Carlota, del Cendit, con Brasil, en la alianza que tenemos con Brasil”. 

“Hemos producido los desensamblados que ensamblamos aquí de Argentina, en Industrias Canaima (…) hemos producido 72.000 receptores. En los hogares de Venezuela, el día de hoy hay 362.000 hogares que tienen un receptor. De ésos, 72.000 fueron ensamblados por manos venezolanas y lo disfrutan familias venezolanas”. 

Esto quiere decir que años de esfuerzo y de intercambio tecnológico con Brasil concluyeron con el ensamblado de solo 72.000 aparatos. La posibilidad de fabricar más receptores “venezolanos” se acabó precisamente porque debido a los altos volúmenes de compra de decodificadores a empresas argentinas, la compañía suiza que fabricaba los microprocesadores culminó el tiraje de los aparatos venezolanos y se abocó a fabricar únicamente los de las empresas chinas, subcontratadas por las argentinas, sin saber que todos iban a culminar en el país caribeño. 

El plan original para darle cobertura televisiva digital a la población venezolana contaba con tres fases. En la primera se crearon 13 estaciones transmisoras y en la segunda, desarrollada en 2013 e inicios de 2014, se sumaron 9 más y así se alcanzó a 22 estaciones con sus transmisores desplegadas. Esto permitió alcanzar una cobertura del área donde se concentraba casi un 60% del total de la población. Para que las familias pudiesen tener acceso al servicio precisaban de un decodificador. Documentación emanada de Cantv a la que Armando.info tuvo acceso señala que hasta el 17 de junio de 2014 se había repartido 424.675 decodificadores en todo el país. Para fines de ese año el monto ascendía a 500.000, de los cuales 350.000 habían sido ensamblados en Venezuela. Entre esos últimos se cuentan los 72.000 que se hicieron entre Brasil y Venezuela. La tercera fase, que empezó en 2015, tenía como meta instalar 17 estaciones más de las cuales solo se lograron ocho. 

Desde el colapso económico de Venezuela, la tecnología dejó de ser prioridad y se frenaron todos los proyectos relacionados con la ampliación de la TDA. Hoy se estudia la televisión satelital como una forma más eficiente y económica de llegar a más hogares en menos tiempo. Venezuela, que tiene en órbita tres satélites, pudiera aprovecharlos para alargar la señal televisiva sin necesidad del mantenimiento de las estaciones transmisoras que tanto dinero le costaron al tesoro nacional.

En su ampliación de indagatoria completa como arrepentido ante la justicia argentina, Uberti reveló detalles increíbles de cómo Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela, aceptó el pedido de su colega argentino, Néstor Kirchner, de mandarle "11 de los 25 millones de dólares" en un vuelo privado y que la operación fue realizada por "bancos amigos", que no identificó. El acuerdo eran 25 millones de dólares para Kirchner y 25 millones de dólares para Chávez, mientras que los bancos intermediarios se llevaron otros 50 millones.

McLaughlin había asesorado a Kirchner sobre cómo invertir en el exterior los 630 millones de dólares de los fondos de Santa Cruz -provincia patagónica de la que Kirchner fue Gobernador antes de conquistar la presidencia argentina- y luego fue nombrado secretario de Finanzas de la Nación.

En 2003, Kirchner tenía una cuenta con 1,7 millones de dólares en el Deutsche Bank de Nueva York.

Por su parte, Ramírez Carreño fue embajador de Venezuela ante la ONU y Merentes, presidente del Banco Central hasta diciembre del año pasado cuando el presidente Nicolás Maduro hizo cambios en su Gabinete.

En su declaración, a la que accedió Clarín de fuentes judiciales, Uberti recordó que en agosto de 2005 escuchó a Kirchner que le dijo al entonces ministro de Economía Roberto Lavagna: “Explicale a Chávez cómo es el tema de la ayuda financiera que necesitamos”.

Entonces, Lavagna le respondió: “Necesitamos que compre unos 500 millones de dólares de bonos argentinos”.

Uberti, que era además titular del Occovi (el organismo de control de los peajes en Argentina), se había ganado la simpatía de Chávez el año anterior cuando le había pedido que le autografiara una versión de bolsillo de la Constitución bolivariana.

Luego, en diciembre de ese año, viajó a Caracas con el subsecretario (viceministro) de Combustibles, Cristian Folgar. Sorpresivamente, Chávez los invitó al palacio de Miraflores. sede del gobierno venezolano, y durante una charla de tres horas les preguntó si aún Argentina necesitaba los 500 millones. Uberti, entonces, le pidió permiso a Chávez para salir y llamar a Kirchner. Finalmente lo ubicó, a través del secretario privado Daniel Muñoz y, al trasladarle la pregunta, el presidente le contestó: “Pedazo de pelotudo, decile a ese que los mande inmediatamente”. Volvió a la reunión y le comunicó a Chávez el mensaje sobre los denominados bonos Boden 2012. Cuando regresó a Buenos Aires, la operación ya se había realizado.

En julio de 2006, Uberti estaba en una reunión con el entonces gobernador de Córdoba -provincia del oeste de Argentina-, Juan Manuel de la Sota, y su equipo, en la capital cordobesa, cuando recibió una llamada urgente de Ana Carelli, secretaria privada del entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, quien le ordenó “volver urgente a Buenos Aires porque estaba el ministro de Economía de Venezuela, Nelson Merentes”. Pidió disculpas y regresó ese mismo día a Buenos Aires.

Apenas arribó, secundó a Merentes y lo acompañó en un auto oficial hacia el aeropuerto de Ezeiza -el mayor de los que sirven a Buenos Aires-, donde le dio explicaciones técnicas -que no entendió- sobre “lo bien que les estaba yendo con los bonos argentinos”. Sacó una tira de impresión de una cuenta bancaria y le señaló que “acá están las ganancias, pregúntale a tus superiores cómo les hacemos llegar su parte”.

Uberti recordó que Merentes le mostró “muchísimas cuentas y por montos elevados” y le explicó cómo era la maniobra. “Ellos buscaban bancos de inversión 'amigos' y le entregaban los bonos argentinos; con esos bonos los bancos iban al mercado financiero venezolano y conseguían, gracias a las gestiones del gobierno chavista, dijo, dólares al cambio oficial. Luego esos dólares los vendían en el mercado informal. La diferencia, según me explicó, se la quedaban mitad los bancos y mitad los gobiernos”.

Entonces, Merentes le indicó que “le avisara a mis superiores que tenían la plata que les correspondía a ellos, que me dijo que eran algo así como 25 millones de dólares y que necesitaba instrucciones de qué hacer con ella”.

Inmediatamente, se comunicó con De Vido para transmitirle el mensaje de Merentes y este le contestó: ”Hablá con el malo”, en alusión al presidente Kirchner. Al día siguiente, Uberti le trasladó la pregunta de Merentes al propio Kirchner, quien lo instruyó así: “Te vas con Alfredo urgente a Venezuela y que Merentes le explique bien a él cómo es la operación”.

A los dos días, viajó con el secretario de Finanzas y ex banquero, McLaughlin, a Caracas “en un avión chico contratado por el gobierno”. En la capital venezolana los recibió Merentes. “Yo era la cara 'conocida' pero no tenía ningún tipo de injerencia en la conversación (y la verdad, no entendía mucho). Merentes le explicó a McLaughlin qué hacían con los Boden 2012”.

“No tengo conocimiento si el presidente Kirchner y McLaughlin se reunieron, pero lo que puedo afirmar es que a los dos o tres días de regresar de aquella visita me llamó Néstor Kirchner y me dijo: 'Decile a tus amigos venezolanos que quiero la mitad de lo recaudado en billetes físicos en Buenos Aires'”, agregó Uberti en su ampliación de indagatoria.

A fines de julio del 2006, Chávez arribó al Aeroparque Metropolitano -otro aeropuerto que sirve a la ciudad de Buenos Aires- y Uberti le transmitió cara a cara el pedido de Kirchner. Con naturalidad, el presidente venezolano, entre una multitud de funcionarios, llamó a Merentes y le dijo que se reuniera con Uberti para arreglar “el asunto”. Se encontraron en el Sheraton y le solicitó enviar los “billetes a Buenos Aires”. Sorprendido, Merentes contestó que le parecía “imposible” y que él no sabía cómo instrumentar una operación de ese tipo.

Al transmitirle a Kirchner esa respuesta, recibió como contestación un insulto: “Pedazo de pelotudo, yo me encargo”.

Días después, Kirchner le ordenó que volviera a Caracas, donde se reunió con el ministro de Energía y titular de Pdvsa, Rafael Ramírez Carreño, quien le dijo que tenía instrucciones de instrumentar el “envío de 25 millones de dólares al sur”, a través de la petrolera estatal. Ramírez Carreño precisó que la gestión la iba a realizar Diego Uzcátegui -presidente de la sucursal argentina de Pdvsa- y que por teléfono iban a hablar de la coima como "la refinería”. Días después el titular de Pdvsa lo llamó para avisarle que iba un avión de su empresa con “once técnicos de la refinería” en alusión a la coima.

Junto con el secretario privado de De Vido, José María Olazagasti, fue al sector militar del Aeroparque Metropolitano a recibir a los funcionarios venezolanos que venían en el avión. Olazagasti “se encargó de los trámites y el control”. En el hall, Uzcátegui “separa tres o cuatro valijas” del resto y le dijo a Uberti: “Estas son tuyas”. Desde el aeroparque se trasladó hasta el departamento de los Kirchner entre las calles Juncal y Uruguay donde le entregó las valijas con el dinero al secretario privado, Daniel Muñoz.

En abril de 2007, durante la Cumbre Energética de presidentes sudamericanos realizada en la isla de Margarita -destino turístico en el Caribe venezolano-, Kirchner llamó a Uberti a su habitación y le ordenó que les exigiera a los venezolanos que “carguen en el avión presidencial el resto del dinero por la operación”.

Le trasladó el pedido a Ramírez Carreño y éste le contestó que “era imposible, puesto que había en la isla más de quince presidentes con sus delegaciones y su correspondiente personal de seguridad”.

Ante esta situación, Kirchner le ordenó que transmitiera a los venezolanos un mensaje sin vueltas: “Si no me cargan la guita en el avión, mañana no voy a la ceremonia de cierre de la cumbre”. Sin embargo, Ramírez Carrero insistió en que era “imposible”.

En el vuelo de regreso a Buenos Aires, el secretario Muñoz advirtió a Uberti que no se durmiera, pues Kirchner iba a llamarlo en cualquier momento. Viajaban en un Jumbo alquilado a Aerolíneas Argentinas. A mitad del viaje, el presidente lo convocó y le lanzó todo tipo de insultos por su “inoperancia”.

“Pedazo de pelotudo, inútil, nos volvemos con las manos vacías. Al final sos más empleado de los venezolanos que mío. Los venezolanos te agarraron de forro”, le lanzó. Y lo mandó a la parte de abajo del avión -el Jumbo tiene dos cubiertas-, como escarmiento. Al llegar a Buenos Aires, renunció a su cargo en medio del escándalo por el maletín de Antonini Wilson, del que afirmó no haber conocido su contenido.

El maletín de Antonini Wilson fue descubierto el 4 de agosto del 2007 por María Luján Telpuk, agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). En su interior se encontraron casi 800.000 dólares en billetes. La causa de la valija de Antonini se había cerrado y la reabrió el mes pasado el juez en lo penal económico Pablo Yadarola.

Esta confesión de Uberti está relacionada con una operación financiera de agosto del 2007. Ese mes Argentina concretó la colocación de deuda más cara desde el default del 2002: le pagó a Venezuela una tasa en torno al 10,6% por la compra de 500 millones de dólares en Boden 2015, en medio de un extraño contexto. Con la llegada del presidente venezolano Hugo Chávez a Buenos Aires, se avanzó en la negociación para la colocación de estos títulos. En principio, había trascendido que Venezuela compraría Boden 2015 por 1.000 millones de dólares. Pero la operación se hizo, finalmente, por solo 500 millones.

Este fue el aporte argentino a la tercera emisión del llamado Bono del Sur que se completó con un título propio del gobierno de Hugo Chávez. En aquella visita, el mismo Chávez había detallado que su país compró en dos años en total 4.572 millones de dólares en títulos argentinos.

La compra de bonos argentinos no fue la única relación financiera entre Néstor Kirchner y Hugo Chavez. En el 2004 se había creado un fideicomiso argentino-venezolano para el intercambio de fuel oil por productos industriales en el banco suizo UBS. El fideicomiso lo administraban la petrolera estatal Pdvsa y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), y su cuenta en Argentina la manejaba el Banco Nación.

Pero en el 2010, luego de la denuncia pública del ex embajador argentino en Caracas, Eduardo Sadous, el UBS le pidió datos al Bandes para investigar si había habido operaciones de lavado de dinero, tal como reveló Clarín en el 2013.

Como consecuencia de la negativa del Bandes a dar “información detallada” de las operaciones, el UBS cerró la cuenta del fideicomiso. Según las fuentes, el banco suizo pedía datos sobre los movimientos financieros de las cuentas de la venezolana Compañía de Mecanizado Agrícola y Transporte Pedro Camejo S.A., y la argentina Madero del Plata S.A. (ex Madero Trading) para investigar si hubo lavado de dinero. Este aspecto de la relación con Venezuela lo investiga el juez federal Julián Ercolini.

En un cable secreto enviado por el entonces embajador argentino en Venezuela, Eduardo Sadous, a la Cancillería, y fechado el 28 de mayo del 2004, saltó la punta de la turbia relación financiera de los Kirchner con Chávez.

El informe relata que ese 3 de junio iba a llegar a Caracas una delegación oficial presidida por el secretario de Minería, Jorge Mayoral, e integrada por el presidente del Occovi, Claudio Uberti; el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), Carlos Cheppi; el jefe de ceremonial de Planificación Federal, José María Olazagasti; y la asistente de ese ministerio, la rubia Victoria Bereziuk.

Agrega, en potencial, que el objetivo de esa comitiva sería tomar contacto con la petrolera Pdvsa, el Banco de Comercio Exterior (Bancoex), el Ministerio de Energía y Minas, y el Ministerio de Agricultura.

Sadous cerró su cable secreto con un ruego diplomático: “Por lo expuesto, y debido al total desconocimiento de esta sede sobre ese particular, se agradecerá poder recibir confirmación de la misma así como programa de actividades y vuelos respectivos”. Era el primer indicio de la “embajada paralela” que manejaba De Vido, a través de Uberti.

Como antecedente de las maniobras con los acuerdos bilaterales con la Venezuela chavista, Sadous informó además a la Cancillería que habían desaparecido “90 millones de dólares de la cuenta del fideicomiso que estaba en un banco en Nueva York (una sucursal del UBS) cuando lo trajeron a Caracas, lo vendieron en el mercado negro de dólares y luego pusieron esa plata en el mercado oficial, donde se hicieron de una diferencia de 14 millones de dólares. Esto fue en enero de 2005 y fue lo que motivó mi reemplazo por Nilda Garré”.

Sadous fue embajador en Caracas entre 2002 y 2005 cuando fue removido por Kirchner y luego en el 2010, cuando la diputada del ARI (Coalición Cívica Afirmación para una República Igualitaria, opositora a los Kirchner), Elisa Carrió, hizo trascender su cable secreto, De Vido le hizo un juicio y logró procesarlo por falso testimonio con el apoyo de jueces adictos a los Kirchner.

En ese cable Sadous alertó al entonces canciller, Rafael Bielsa, sobre la existencia de una “embajada paralela” a la suya, y también sobre las irregularidades en el fideicomiso binacional investigado ahora por la justicia. La “arquitecta” de ese fondo fiduciario fue Marta Cascales, pareja del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, entonces al mando de la secretaría de Comunicaciones.

El 25 de noviembre del 2004, el diplomático en otro cable secreto se explaya sobre el malestar que había entre empresarios que no podían acceder al registro de proveedores de Pdvsa para participar de las ventas a Venezuela debido a que existía “falta de transparencia en la gran central de compras de esa firma en Houston, Texas”.

Tras otras consideraciones, concluye: “Tal vez, la reciente creación del grupo informal de seguimiento del fideicomiso -con la coordinación venezolana del lic. Franklin Méndez y del Ing. Claudio Uberti por la parte argentina- genere un nuevo ámbito de debate donde este tema pueda reverse”.

El diplomático cierra su escrito con una frase ambigua sobre cómo se realizaban los negocios en Caracas: “A criterio de esta representación no deben generarse muchas esperanzas en lograr un acceso amplio de las empresas Gapp sin existir socios locales que conozcan los mecanismos, códigos y canales informales usuales en el ámbito petrolero en esta” (sic).

Este reportaje se publicó originalmente el 1 de octubre de 2018 en el diario ‘Clarín’ de Buenos Aires bajo el título “Uberti reveló más detalles de las coimas entre Kirchner y Chávez con los bonos argentino”. Se reproduce con autorización expresa del autor.

Los antecedentes de esta historia se remontan 13 años y llevan al acuerdo de cooperación sellado en ese momento por Chávez y Néstor Kirchner, que posteriormente desembocó en un fideicomiso bilateral. Gracias a esa alianza las tres modestas compañías de Levy (Laboratorios Esme, Corporación Gulfos y Bleu Tel) sacaron un oneroso negocio que hoy se descubre ruinoso para los venezolanos. La tuerca que atornillaría a Laboratorios Esme, por ejemplo, como uno de los principales proveedores de insumos de aseo a la estatal Suministros Venezolanos Industriales (Suvinca) fue la firma de una “carta de intención” entre ambas partes.

Ocurrió el 20 de abril de 2010 y se trató de un gesto seguido con celo oficialista, pues días previos y hasta posteriores al pacto una comitiva de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, conformada por el embajador argentino en Caracas, Carlos Alberto Cheppi y José María Olazagasti (mano derecha de Julio De Vido, el polémico ministro de Planificación de los Kirchner), había compartido unas cuantas horas de vuelo con Levy entre Caracas y Buenos Aires. No fue el único. Una veintena de viajes compartidos entre el empresario y varios funcionarios de la Casa Rosada, entre ellos el propio De Vido, y otras evidencias expuestas en el expediente judicial muestran que en este caso no existen casualidades.

Allanado el camino por altos jerarcas de los K, Levy aprendió a navegar sin naufragar en los negocios gestados entre Buenos Aires y Caracas. Sin capacidad económica para soportar los convenios acordados, sus empresas gozaron del privilegio de un adelanto del 60% de los pagos nada más firmar contratos con Suvinca y la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv), pero también incurrieron en sobrefacturación de mercancías, fletes y hasta los seguros de los embarques, en incumplimientos en los despachos, así como en el desvío de los fondos a bancos privados que después se giraron a cuentas aún desconocidas y hasta el forjamiento de la firma de uno de los socios de las compañías de Levy: su hermano Alejandro. Es un cóctel que explica el porqué es visto por la justicia argentina como sospechoso de lavado de activos, evasión y contrabando agravado en estas operaciones comerciales con Venezuela y que unos 300 millones de pesos en sus cuentas bancarias estén embargados.

Esos negocios con Levy no sólo involucran a varias compañías estatales, sino que también alcanzan la gestión de unos cuantos funcionarios de Venezuela como Manuel Fernández Meléndez (presidente de Cantv y exministro de Ciencia y Tecnología), Richard Canán y Edmeé Betancourt (exministros de Comercio) y Eddie Betancourt (expresidente de Suvinca), entre otros.

Licencia para engañar

Para la Fiscalía de Argentina resulta “llamativo” que en el primero de los tres contratos firmados por Suvinca con Laboratorios Esme –incluyendo sus “adendas”, entre el 22 de febrero de 2011 y el 21 de marzo de 2012–, estaba previsto el suministro de 6.325.440 unidades de productos por un valor de 22.3 millones de dólares, un monto que se incrementó “significativamente” hasta 65,5 millones de dólares y finalmente a 119,7 millones de dólares, pero sin “indicarse de modo explícito el aumento” de la mercancía a comprar por la estatal venezolana.

Casi lo mismo sucedió con las otras firmas de Levy. Corporación Gulfos y Bleu Tel suscribieron contratos con CANTV por más de 126 millones de dólares entre 2012 y 2013 para el suministro de decodificadores, antenas exteriores de televisión y repuestos. La telefónica venezolana incurrió, en el menor de los casos, en un acto de fe. Ninguna de las sociedades de la familia Levy tenía reputación y fueron, más bien, recién constituidas al momento de los acuerdos. Hasta diciembre de 2014 la Corporación Gulfos había pertenecido a Frolem Corporation LC, radicada en Nevada (Estados Unidos) y controlada por Plascot Limited, en Seychelles (ambas creadas por el ya célebre bufete panameño Mossack Fonseca, cuyos documentos filtrados a la prensa dieron origen a la investigación global publicada en 2016 y conocida como Panamá Papers).

Pero Frolem Corporation LC es un sigilo. “Según el formulario de alta de datos generales y/o comerciales de la Dirección de Personas Jurídicas (Argentina) registra domicilio en la calle Quinquela Martín número 19, manzana 11 “c” de Ciudad Evita, Partido de la Matanza, provincia de Buenos Aires (…). En relación a este domicilio, el acta de constatación de fecha 17 de marzo de 2014, volcada en la escritura pública 19, de la escribana Alicia Folco da cuenta que la casa allí ubicada aparentaba estar desocupada, y que el medidor de luz no marcaba el uso de corriente eléctrica”, explica otro expediente judicial.

A la postre, el desaguadero de plata y los incumplimientos de los contratos fueron la constante. Con la venta de productos de cuidado personal, tan escasos en el mercado venezolano desde hace años, y que Levy debió realizar a través de Laboratorios Esme, el desaguisado es tal que aún en 2016 no había cumplido con los suministros acordados y previamente pagados por Suvinca. “Entre enero de 2011 y el 19/07/2016 el valor CIF (incluye flete y seguro) de las exportaciones de Laboratorios Esme a la empresa Suvinca fue de US$ 49.281.502, 65, mientras que las liquidaciones de divisas en ese mismo periodo alcanzaron un total de US$ 88.269.655. Entonces las exportaciones realizadas representan solo un 55,83% del total de divisas liquidadas”, refiere el expediente elaborado por la fiscal María Luz Rivas Diez.

El documento revela casi la misma irregularidad en los contratos para el suministro de decodificadores y antenas de televisión. De una cuenta del BBVA Banco Francés de la Corporación Gulfos se desprende que la empresa tenía un patrimonio de 5,7 millones de dólares, pero no había “registrado ventas” durante 2012 y 2013. Sin embargo, entre agosto y diciembre de ese último año había registrado un aumento inusual en depósitos a plazo fijo por la suma de 52 millones de dólares. “No hemos podido obtener constancia real de la existencia de la mercadería descrita en las constancias aportadas –adquiridas de la firma Chai Wang Digital Limited de Hong Kong–, de su real envío como así tampoco de su efectiva entrega en Venezuela a la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela –propiedad de PDVSA– como así tampoco de la causa o justificación de la triangulación operada”, indica el “reportante” de este grupo bancario a la fiscalía.

La sobrefacturación en la mercancía, los fletes y hasta los seguros fueron práctica común, de acuerdo a la investigación judical. “Las mercaderías exportadas por Laboratorios Esme a Suvinca habrían sido declaradas a un precio que superaría ampliamente el verdadero, es decir, se sobrevaluó el precio de los bienes enviados a Venezuela”. Comparado con los precios de exportación desde Argentina de compañías multinacionales como Johnson & Johnson o Kimberly Clark, los productos despachos por Levy al Gobierno venezolano reflejan un sobreprecio que osciló entre 145% y 339% en artículos como pañales y toallas sanitarias. Incluso, hay un diferencial de precios enorme entre lo que exportó Levy a países como Chile, Cuba o Uruguay, y lo que vendió a Venezuela. “A modo de ejemplo, para el producto Top Win Suavizante para ropa de 4 litros, en la factura 111 del 11/06/2012 a favor de Suvinca de Venezuela, se expresó un valor por unidad de US$ 6,700; mientras que en la factura 118 del 26/06/2012 el mismo producto fue venido a Chile a un precio unitario de US$ 2,640. Es decir, la diferencia de precio ronda el orden del 154%”.

Esa práctica de abultar las facturas no se redujo a los productos. Se repitió a la hora de tasar el costo de los fletes y seguros. “Se observa que los valores de flete cobrados por Laboratorios Esme a Suvinca son desproporcionados con relación al costo que Esme pagó por tales conceptos a Juwald”, expone la fiscal argentina tras comparar facturas de varios embarques.

“Ello conlleva a advertir que además de un contrato millonario interrumpido, buena parte del dinero adelantado y/o girado por Suvinca a Laboratorios ESME no fue destinado a pagar mercaderías, sino que habría sido imputado a solventar gastos de logística aumentados de manera escandalosa por ESME”, añade el expediente.

Con la estatal Cantv esa maniobra de sobreprecio en el valor de los envíos resulta más escandalosa. Para la fiscalía argentina resulta “inexplicable e irrazonable” desde una mirada comercial que el costo del flete en los traslados aéreos fuera igual o superior al precio de la mercadería. Las facturas de venta de Bleu Tel muestran que las antenas tenían un costo de 38 dólares por unidad, mientras que el costo del flete aéreo osciló entre 38 y 48 dólares por pieza. “En cuanto al flete marítimo, tuvo un costo de US$ 13,12 por unidad. No cabe perder de vista que no se trata de productos de primera necesidad ni perecederos que requieran arribar a destino de manera urgente”, sentencia el expediente.

Catalogo Laboratorios Esme 2010-2011 by ArmandoInfo on Scribd

Los documentos recabados por las autoridades judiciales de Argentina revelan, además, que esa maniobra de abultar el precio de los fletes contó con la connivencia de la telefónica venezolana. En un intercambio de correos electrónicos entre funcionarios de CANTV con los hermanos y socios Levy se detalla el consentimiento. “Te escribo para solicitarte que por favor me envíes una cotización formal por el flete y seguro de los decodificadores y las antenas que faltan por llegar. Te pido que presentes dos cotizaciones, una aérea y una marítima, esto con el fin de ajustar el costo del flete a lo presupuestado en el contrato. Puede ser una solución mixta, es decir, enviar, por ejemplo, 75.000 STB por avión y 75.000 por barco. Y todas las antenas por barco, que es lo que cuesta más y disparó los precios. Debo presentar esa cotización al Ingeniero (Manuel) Fernández por el aumento lo ante posible” escribió un empleado, Rafael Belisario, a Alejandro Levy, el 4 de diciembre de 2012.

Ríos de dinero a paraísos fiscales

Para las autoridades argentinas los manejos sospechosos de Levy no se limitaron a esos incumplimientos o recargas injustificadas en los precios de venta a las estatales venezolanas. Las fugas de dinero se produjeron por varios flancos. Cuando se hicieron estas negociaciones había un estricto control cambiario de divisas en Argentina y Venezuela. De ahí que Corporación Gulfos y Bleu Tel recibieron entonces dólares a precios preferenciales para pagar mercancía a las empresas Sichuan en China y Chai Wan Digital Limited en Hong Kong, y luego revenderla a Cantv.

Obedece a una estrategia bien fraguada, de acuerdo a los informes judiciales. De este modo el dinero no entraba a Argentina, sino a cuentas bancarias controladas o con la cooperación de empresas internacionales: Chai Wan Digital LTD y Sichuan Changhong. Por las relaciones de Levy con otros empresarios vinculados a estas compañías se sospecha además que estos dólares hayan circulado o sido girados a las arcas de Frolem Corporation.

“Chai Wan Digital Limited se encuentra registrada bajo el número 1909266, en fecha 20 de mayo del año 2013 como una Private Company Limited By Shares. Es decir, que esta sociedad fue registrada 25 días después de la firma del contrato entre Corporación Gulfos y Cantv de Venezuela, hecho que ocurrió el 25 de abril de 2013. Sin embargo, los precios del contrato entre Cantv y Corporación Gulfos se fijaron cuando el proveedor elegido por esta última ni siquiera existía”, observa la fiscal de la causa contra Levy.

Junto a las operaciones vía Hong Kong, considerado uno de los lugares de “mayor secreto bancario y financiero del mundo”, la fiscal también detectó extraños desvíos de dinero en el contrato de Levy con Suvinca que también conducen a paraísos fiscales. La Fiscalía comprobó que Laboratorios Esme realizó pagos en dólares a Importadora Asiria, una empresa venezolana dedicada a la comercialización de bienes, con una oficina en el centro de Caracas y de apenas dos trabajadores, según el Registro Nacional de Contratistas.

Se trató de tres transferencias realizadas entre el 14 de diciembre de 2011 y el 18 de enero de 2012 por un total de 224.371 dólares a una cuenta en el Venecredit Bank & Trust de las Islas Caimán. “Todos estos aspectos llevan a sospechar que se trató de una operatoria armada con el fin de girar divisas al exterior aduciendo para justificarlos, supuestos servicios de traslado de contenedores”, concluye la fiscal.

En los papeles de constitución de la empresa en Caracas tampoco hay constancia de que el “objeto” de la compañía sea el de prestar servicios portuarios o logísticos. Uno de sus accionistas, Daniel Cabrices, respondió vía telefónica: “No sé de qué me estás hablando, ninguna de las dos compañías las conozco”, al ser consultado sobre los pagos en dólares que la empresa de Levy le giró a su favor. Cabrices se comprometió a verificar la información y contestar nuevamente, pero eso nunca ocurrió.

En el escrito de unas 120 páginas elaborado por la fiscalía argentina no hay constancia de que ninguna autoridad venezolana haya reparado en lo ruinoso de los negocios con Levy. Al contrario, hay documentos con decisiones incomprensibles para la fiscal, como la carta que el 7 de marzo de 2014 envió a Levy el entonces presidente encargado de Suvinca, el General de División, Vinicio Eusebio Micotti Lanz. En esa misiva el funcionario venezolano planteó la necesidad de “modificar el cronograma de despacho de la mercancía”, “establecer una mesa de trabajo” para verificar los “pedidos y despachos acordados por las partes” y hasta una “suspensión temporal” de los envíos “hasta el mes de junio aproximadamente”.

Esos argumentos llevan a la fiscal a sentenciar que “bajo el ropaje comercial de un contrato de suministro se habría girado millonarias sumas en dólares que en gran medida no serían destinadas al cumplimiento de ese contrato”. Para el momento de la carta otros dos ministros habían pasado a dirigir la cartera de Comercio: Alejandro Fleming y Dante Rivas. Nadie detuvo la sangría. Al contrario, a Levy las autoridades venezolanas lo incluyeron en nuevos negocios, hasta el punto de designarlo como proveedor de medicamentos en otro convenio millonario.

Los medicamentos debieron llegar al mercado venezolano en 2015, pero ni los anaqueles de las farmacias –desde hace meses Venezuela padece un desabastecimiento generalizado de medicinas-, ni los empresarios ligados al sector farmacéutico venezolano tienen constancia de los resultados de ese convenio. “A esa empresa (Laboratorios Esme) la metieron en el sector de la mano de Cheppi (el ex embajador argentino en Caracas)”, sostiene un empresario venezolano que prefirió el anonimato y que no descarta que la inclusión de Laboratorios Esme como proveedor de medicamentos sea a través de una “triangulación” desde Cuba.

En Argentina señalan que ni Laboratorios Esme, ni Farmamed forman parte de la industria farmacéutica del país sureño. “Ninguna de esas empresas actúan en el ámbito de la producción de medicamentos y en todo caso se trata de Pymes, es decir, de tamaño y escala reducida”, apuntó un empresario sureño.

De la bonanza petrolera de los tiempos de Chávez y los sueños de una gran unión suramericana con aliados ideológicos poco queda. En ese tránsito se fueron unos millones de dólares a las cuentas bancarias de empresarios argentinos como Levy y que hoy son anhelados en la época de “vacas flacas” y escasez del heredero de Chávez. En febrero de 2013 Levy llegó a declarar, incluso, a Telam, la agencia de noticias argentina, que su empresa Laboratorios Esme se “encuentra en el tramo final” de un acuerdo para la “instalación de una planta en Venezuela para la producción de champú, cremas, detergentes y otras manufacturas de higiene y aseo que serán comercializadas en el país y en otras naciones que componen el acuerdo del ALBA” como Cuba y Bolivia. Nada de eso se materializó. En el mismo origen de los acuerdos de cooperación sellados entre los fallecidos Chávez y Néstor Kirchner se alertaron irregularidades, como las que formuló el exembajador argentino en Caracas Eduardo Sadous y que le costaron el cargo. Fue una alianza que nació condenada a los escándalos de corrupción-

Villa Lugano es el segundo barrio más grande de la ciudad de Buenos Aires, una suerte de 23 de Enero porteño -por el militante barrio obrero de Caracas-, un bastión peronista de la Capital Federal. Fue este el lugar que en 1974 vio nacer al hijo de “El Vasco Olazagasti”, dirigente histórico del justicialismo. El padre era amigo de Julio De Vido, hoy diputado nacional, con el que estaba en una sede partidaria a nivel local. “Viene de muy abajo socialmente, incluso en 2002, antes de que Néstor Kirchner llegara al poder, le pedía trabajo a empresarios argentinos porque estaba recién empezando y era un tipo muy humilde”, cuenta el periodista Francisco Olivera, del diario La Nación y autor junto a Diego Cabot del libro Hablen con Julio (2011).

José María, “regordete, bajito y de bajo perfil”, lo describe otro periodista argentino, empezó a militar en 2006 en Compromiso K, una agrupación para apoyar la reelección de Néstor Kirchner. Pero fue antes cuando la melodía cambia para él, cuando Julio De Vido lo llama para ser su asesor personal tras su nombramiento como Ministro de Planificación en 2003. Entonces empezarían sus viajes a Venezuela.

El tango

El ascenso de Olazagasti fue de un cargo menor, como asesor, secretario, a ser Jefe de Ceremonial de ministerio. Su puesto no fue designado en el Boletín Oficial, por lo que no se tiene obligatoriedad de declarar ante la Oficina Anticorrupción sus bienes personales y ganancias (y por lo que pudiera zafarse ahora de cualquier fallo condenatorio de la justicia). El cargo que se le supone corresponde una categoría C del Sistema de Profesión Administrativa según la escala laboral de Argentina, por el que debía cobrar entre 3.000 y 4.000 (de 198 a 264 dólares). Sin embargo, el de Villa Lugano parece que logró medrar y estirar la plata. En un reportaje de 2010 del diario La Nación dicen que para ese entonces vivía en el country (urbanización cerrada) Villa Nueva del Tigre, “no es lo más exclusivo, pero sí es de un costo alto para un empleador de categoría C”, destacan en la nota. A lo que añaden la cuota de un colegio en el barrio privado de Nordelta “cuya cuota no baja de 2500 pesos (o cerca de 165dólares)”. Se trata de lugares en el delta del río Paraná que, al desembocar en el río de la Plata, cerca de Buenos Aires, se ha convertido en un suburbio de clases acomodadas de la capital argentina.

“Es discreto, pero come en lugares buenos, va con autos buenos, tiene custodia. Es como un secretario, pero es algo más que un secretario. Es alguien al lado de un ministro, pero con bastante poder”, cuenta Rodrigo Alegre, periodista del Canal Trece de Buenos Aires.

¿Cómo pudo hacerlo desde un cargo de secretario? “Tenía vínculos con la obra pública, pasó de ser un secretario a tener mucho poder, incidir en la política y meterse en negocios. Era el que llevaba los papeles, la agenda de De Vido, el encuentro con los empresarios”, dice Alegre. Se convirtió en el principal operador del ministro y, con los viajes internacionales, comenzó a negociar como un Secretario de Estado y cerrar acuerdos con Venezuela, Ecuador o Argelia. Aunque, concuerdan todas las fuentes consultadas, no firmaba nada, no declaraba nada, así que su pista sólo se puede intuir a partir de las visitas que hizo, por ejemplo, a la capital venezolana.

Tras el escándalo del valijagate de Antonini Wilson, Claudio Uberti, director del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) y coordinador del convenio Argentina-Venezuela, el llamado Fideicomiso Financiero Serie II o, como se le conoce en Argentina, Pdvsa II, fue relegado de su cargo, en diciembre de 2007. En ese momento, el ya de por sí empoderado Olazagasti, toma más poder y es quien se encarga de los negocios en el exterior.

“Todos los empresarios argentinos sabían que hablando y reuniéndose con él, lo hacían directamente con De Vido. De ser alguien poco formado, sin título, y que no sabía lo que era un litro de gasolina, terminó con los empresarios más importantes de Argentina del sector energético. Tuvo un poder enorme y su patrimonio creció considerablemente”, dice Olivera.

Se calcula que a partir de la caída de Uberti, Olazagasti tuvo 42 salidas al exterior. A través de documentos provenientes de fuentes del Ministerio Público Fiscal de Argentina a los que tuvo acceso Armando Info, se pudieron constatar al menos 15 viajes del Jefe de Ceremonial a Venezuela.

La salsa

Si Olazagasti viajaba, lo hacía solo por indicación de Julio De Vido, incide Rodrigo Alegre. El primer vuelo del que se tiene constancia fue el 5 de abril de 2004, un viaje que hizo con el ministro y Uberti. Repetiría compañía un poco después, el 28 de mayo, coincidiendo con la firma del fideicomiso. Ese año haría al menos otro viaje más, del 3 al 6 de junio, junto con Uberti y Victoria Bereziuk -esta última, también pasajera del vuelo privado de Antonini Wilson-, para lo que se les entregó 89, 118 y 110 dólares en concepto de viáticos respectivamente, así como 46 dólares de seguro médico.

El Boletín Oficial anunciaba el 22 de noviembre de 2005 el viaje oficial del trío De Vido-Olazagasti-Uberti con carácter retroactivo: del 20 al 22 de noviembre, esta vez con destino Puerto Ordaz, estado de Bolívar, la capital de la industria pesada en Venezuela, un viaje al que también acudió el presidente Kirchner y en el que se reunieron con Hugo Chávez. En esa ocasión, una de las visitas que hicieron los mandatarios fue a la represa hidroeléctrica de Macagua, sobre el río Caroní en plena ciudad, “señal de que en esta cumbre se habló o hablará de cooperación energética”, señalaban en BBC Mundo.

Con el retraso semejante se hacía otro anuncio en el mismo soporte el 7 de julio de 2006, para el idéntico terceto, que viajó a Caracas del 3 al 5 de julio. El sexto viaje del que se tiene constancia se hizo del 5 al 8 de marzo de 2008, ya con Cristina Fernández como presidenta, quien iba en la comitiva junto con De Vido, su mano derecha y el vocero presidencial Alfredo Scoccinarro, con destino Caracas pero también con paradas en República Dominicana y Haití para la XX Cumbre del Grupo de Río. Nuevamente, el anuncio se hizo en Boletín Oficial a los 2 días de iniciar el viaje.

En los siguientes viajes la particularidad es que, además de saber que José María Olazagasti viajó a Caracas, está que, o bien compartió vuelo o coincidió en la capital con Juan José Levy, el empresario que afronta varias causas penales por presunto lavado de dinero y contrabando y que apareció como propietario de empresas offshore en la investigación de los llamados Panama Papers. En 2009, entre el 10 y el 12 de agosto, ambos estuvieron en Caracas. Al año siguiente, el 16 de abril, compartieron vuelo de Aerolíneas Argentinas con partida de Buenos Aires y destino Caracas. Levy participó en la venta de medicamentos a Venezuela, así como la del sistema de televisión digital que el Gobierno de Nicolás Maduro terminó por adoptar.

Levy niega a la justicia que conozca al secretario, pero según cuenta Olivera, se conocen, “los hijos de ambos son compañeros en un colegio que está en Northland, un barrio de Buenos Aires. Y justamente esos vuelos y esa junta son de las pocas cosas que se sabe de Olazagasti y de las que están en manos de la Justicia”.

En 2012 vuelven a coincidir, primero entre el 20 y 23 de marzo y luego en septiembre. Es en esta fecha cuando parece que el baile se vuelve de a tres, porque comparte viaje de ida y vuelta Buenos Aires-Caracas entre el 14 y el 19 con Olazagasti y un pasajero más, el ministro De Vido, según consta en los registro de Migración. El mismo y, al parecer, último queer tango trio se repite el 19 de marzo de 2013. Olazagasti y Levy estarán nuevamente en Caracas en marzo y abril de 2013 y en mayo de 2014.

El ruido y la furia

Qué negocios hacía Olazagasti en Venezuela, con quién se reunía, qué dinero de qué negocios se concretaban. En este momento, la música baja sus decibeles hasta volverse casi inaudible. Nadie sabe con certeza. Olazagasti, cuenta Rodrigo Alegre, viajó solo por indicación de Julio De Vido, “él le hacía nexos con los empresarios de ambos países, algunos argentinos que están acá (Argentina), que no se sabe cuáles son a ciencia cierta”. Y explica que, al parecer, tuvo un papel preponderante en el fideicomiso con la estatal petrolera venezolana Pdvsa, “varios de los viajes fueron en el marco de diagramarlo”.

En la melodía de Olazagasti y cómo se pudo enriquecer también hay un momento en que el volumen es alto, muy alto, y se convierte en ruido. Es algo que todos escuchan, pero nadie puede precisar. “Todo el mundo lo sabe, los empresarios han comentado que pagaron una comisión para conseguir esos negocios con Venezuela. Uno de los que me contó, que ya murió, estuvo en el fideicomiso y decía que para entrar había que pagar”, cuenta Francisco Olivera. Los medios argentinos denunciaron que la comisión que se cobraba a cada empresa era 15% del contrato, en dólares. Pero no hay mucha transparencia y es ahora, con el cambio de administración, en las manos de Mauricio Macri desde diciembre de 2015, cuando se empiezan a despiezar las partituras.

Ni siquiera desde la Cámara de Comercio Venezolana Argentina (Cavenarg), con sede en Caracas, dicen saber de los negocios. Benjamín Tripier, presidente de Cavenarg, dice que nunca vio a Olazagasti, “ni siquiera estuvo cerca de la Cámara, sé de él por la prensa. No había trato con la Cámara, estábamos en otra dimensión. Sabíamos lo que iba ocurriendo, de los contratos del Gobierno, pero nunca pasó de eso. No sabemos si alguna empresa inscrita tuvo que ver con eso. Ni ellos (el Gobierno) tuvieron interés en nosotros ni nosotros en ellos, tenían su propio circuito”. Sobre el fideicomiso, Tripier asegura que “era algo muy selectivo, al que no todo el mundo tenía acceso. No sé si hubo algún negocio genuino ahí y el que hacía esas cosas no creo que lo comentara mucho, uno lo entiende, porque no estaba muy cerca de lo que podían ser negocios transparentes”. Y asegura que lo mismo que dice ahora es lo mismo que sabía entonces, “nunca nos tocó participar en una reunión donde estuvieran De Vido u Olazagasti”.

En un contacto vía correo electrónico con Eduardo Alberto Sadous, quien fue embajador entre 2002 y 2005, contestó a la petición de entrevista sobre Olazagasti con una negativa. “Lamentablemente no puedo ayudarla, ya que durante mi gestión, el mencionado Olazagasti era nada más que el secretario de Julio De Vido, el ministro. Después de Uberti y el episodio Antonini Wilson pasó a ser el ‘embajador paralelo’, pero eso fue cuando yo ya me había ido de mi cargo”.

En los documentos del Ministerio Público Fiscal de Argentina a los que se tuvo acceso para esta nota, se pueden ver las declaraciones de Sadous sobre el secretario y los movimientos en la embajada. De su testimonio se desprende que “a la embajada no se le comunicaba sino la llegada de los funcionarios y su partida, no participaba en la mayoría de las reuniones que se celebraban con los distintos organismos gubernamentales de Venezuela, sobre todo con el Ministerio de Energía y con PDVSA, cuyo titular era Rafael Ramírez”. Ni siquiera el embajador Sadous era el encargado de recibirlos, sino Álvarez Tufillo, ex consejero económico y comercial de la embajada en Venezuela.

“Las visitas del ministro De Vido y Uberti eran consideradas oficiales, eran visitas de funcionarios, en un sentido amplio sí, pero no aquellas que requieran tratamiento protocolar. Eran visitas de trabajo”. Sadous testifica que ni siquiera obtuvo copia del acuerdo firmado entre PDVSA y el Ministerio de Planificación Federal y, sobre el mecanismo por el cual las empresas argentinas eran habilitadas para participar en el convenio, no le consta “que existiera algún sistema o mecanismo especial”, ignora la manera en que erran seleccionadas.

Tampoco quiso hablar sobre el tema Carlos Cheppi, embajador en el país caribeño entre 2001 y 2015. “Buenas noches. Discúlpame. No doy entrevistas. Gracias”, fue todo lo que se obtuvo por respuesta tras contactar por mensajería instantánea.

Tango... electrónico

“Buenas tardes, señor Olazagasti. Estoy haciendo un perfil sobre usted y quisiera entrevistarlo. Espero poder contar con su ayuda. Saludos”. Una hora después, las dos marcas de whatsapp cambian de color a azul. “Hola, 2 o 3 veces me preguntaron x la persona. Este número teléfono (sic) no corresponde”. Después de confirmar con varias personas, se corrobora que el número pertenece a José María Olazagasti. Se insiste en la identidad detrás de la pantalla del teléfono, quedan las marcas azules, pero no hay respuesta sino al rato. Llama.

“Yo no soy ese señor, soy Rodrigo Vaquerizo, productor musical. Estoy seguro de que esto son unos amigos que me están gastando una broma, no sé de quién me hablás”. Se busca el nombre pero no se consigue rastro de alguien del mundo de la música con ese nombre en Argentina. Se corrobora nuevamente con varios periodistas argentinos que el número es de Olazagasti. “Puede que se haya cambiado la foto de perfil –una foto con muy baja resolución de un escenario vacío, a medio montar y con las luces prendidas–, pero ese es su número, seguro”, confirman al otro lado del teléfono. De nuevo, se insiste sobre la identidad. Nueva llamada.

•  Yo soy músico, ¿este hombre (Olazagasti) es artista?
• No.
• ¿No es de mi rubro?
• No.
• Buscame en Google como yo te busqué a ti. ¿A mí me llaman los periodistas y no es por temas artísticos? Yo quiero que me llamen por mi música. No es chiste. ¿De dónde llamás?
• De Venezuela.
• Allí la cosa está difícil...
• Pero parece que no para los negocios.
• No lo sé, nunca fuimos a tocar en Venezuela. Pónete en Google “Otros Aires” y cuando vengas a la Argentina y quieras tango electrónico, yo te voy a sacar a bailar. Uno nunca sabe cómo comienzan las relaciones amistosas.

Otros Aires, nació en 2003 en Barcelona (España) ideada por el músico argentino Miguel Di Genova. Si bien los precursores del género del neotango fueron Malevo, seguidos de Gotan Project –luego Bajofondo–, la banda de Di Genova alcanzó rápidamente fama mundial. Pero no se encuentra ni rastro de Rodrigo Vaquerizo ni de su relación con el tango electrónico. Se llamó nuevamente al teléfono y estaba desconectado.

Este alter ego real o ficticio al menos tiene algo en común con la mano derecha de De Vido: la producción y la música. Marmot Producciones SRL, inscrita en marzo de 2013, es una empresa que se encarga de la producción de espectáculos teatrales y musicales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se encarga de la prestación de servicios y organización de eventos sociales, culturales, deportivos, empresariales y similares. ¿Su gerente? José María Olazagasti.

El silencio

Si cuando era una pieza clave de los negocios del Gobierno de los Kirchner era un hombre del que poco o nada se sabía, cuando el mashup tango-salsa empieza a tocar el final, es casi imposible seguirle la pista. Tanta es la discreción de Olazagasti que luego pasó a engrosar las filas de la Agencia Federal de Inteligencia, según una publicación de la revista Noticias, en la que se le incluye junto con otros 137 nombres. Su alías de espía coincidiría con sus iniciales: José Oslo. Una fuente cuenta que estuvo vinculado en los tribunales federales para limpiar las causas contra Daniel Scioli, gobernador en la provincia de Buenos Aires y luego candidato en las últimas elecciones presidenciales.

Ni Cheppi, ni Sadous hablan de él. Porque “no pueden, no dan entrevistas, no coincidieron con él”. Pero quienes deberían conocerlo bien, tampoco lo hacen. Es el caso de Alberto Fernández, al cargo en la Jefatura de Gabinete de Argentina de 2003 a 2008, cuenta no tiene mucha idea sobre el tema, ni sobre Olazagasti, porque nunca trabajó con él. “En la estructura del Gobierno era un personaje marginal. Sólo era el secretario de De Vido. No tenía más función que esa. Si hacía otras cosas, no eran públicas”. Incluso, a pesar de la relevancia que el Jefe de Ceremonial parece tener, apunta: “Me llama la atención que hayan reparado en esa figura”.

¿Por qué lo niegan si fue responsable de coordinar uno de los mayores negocios del gobierno de Néstor y Cristina? Porque en un sector del kirchnerismo lo considera un traidor. José López, quien fuera secretario de Obra Pública, fue detenido después de que un vecino del monasterio Nuestra Señora de Fátima de Buenos Aires denunciara que alguien estaba arrojando bolsos cargados de dinero desde un auto al interior del convento. Hay quienes tienen la sospecha de que no fue un vecino, sino Olazagasti, pero es algo que no está demostrado.

Y, ahora... “Está desaparecido. Lo más probable es que esté en Argentina”, coinciden todas las fuentes consultadas. Y también en que, a medida que perdió poder político, se desvaneció su vínculo con los empresarios.

El Grupo Tak S.A, tal el nombre de esa empresa, fue creado el 30 de marzo de 2010 en Buenos Aires, pero su acta fundacional recién apareció publicada en el Boletín Oficial argentino del 22 de abril del mismo año. Unas 48 horas antes de ese día, en una reunión entre los presidentes Chávez y Cristina Kirchner realizada en Caracas, se anunció que la firma había sido escogida por el Ministerio del Poder Popular de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias para levantar en Venezuela una fábrica de materiales de construcción. Posteriormente, el 1 de diciembre de 2011, el Grupo Tak apareció nuevamente mencionado en los acuerdos firmados por ambos gobiernos en una ceremonia que incluyó el obsequio, por parte del presidente Chávez, de una pintura hecha por el propio mandatario donde aparecen él y el difunto Néstor Kirchner. En ese caso se anunció que la firma trabajaría en la “instalación de líneas para la producción masiva de insumos para la construcción de material de concreto”.

Un equipo de periodistas de ambos países detectó llamativas inconsistencias en la breve historia de esta constructora beneficiada por contratos en Venezuela. Por caso, que nació con un escaso capital de menos de 3.000 dólares (12.000 pesos argentinos) y declaró un domicilio legal en Buenos Aires, en la calle Lavalle al número 1.700, un departamento donde en realidad funciona una agencia de viajes y turismo.

Más curiosos aún resultan ser sus dos socios, que declararon ser “comerciantes”. La mencionada pintora Bessouet, una mujer argentina nacida en 1939, figura como su presidente. Y César Ramón Bogadi, un venezolano de 1956, aparece como vicepresidente de la compañía. Una y otro viven la mayor parte del tiempo en Nueva York; el venezolano, desde hace 17 años al menos. Sin embargo, la artista declaró como domicilio legal un departamento de su propiedad ubicado en Buenos Aires. Mientras, el venezolano aseguró residir en Arenales 855, dirección que corresponde a la cadena de hoteles LoiSuites.

Acuerdo de amistad

De acuerdo a una profusa cantidad de correspondencia mantenida entre ambas y difundida en Internet por el sitio “Leakymails.com”, Bessouet, y la embajadora Castro, se conocen desde hace muchos años y son amigas íntimas, al punto que entre ellas se saludan llamándose sister (hermana en inglés). Un amigo común confirmó ese viejo lazo, cultivado sobre todo a la distancia. En su currículum público, la pintora -que no es muy reconocida en el medio artístico argentino- reconoce haber vivido desde los años setenta fuera de la Argentina. En aquella década emigró a Europa, donde obtuvo la nacionalidad española. Y desde 1981 se radicó en Nueva York. Antes de 2011, Bessouet ya había expuesto al menos una vez en Venezuela; en 1978, también en el Museo de Bellas Artes. En 1981 la entrevistó para El Diario de Caracas el periodista Rubén Wisotzki, hoy mismo director del Museo o, vale decir: su anfitrión en la reciente muestra en Caracas.

De su socio venezolano, Bogadi, se sabe que trabajó hasta 1982 en la constructora caraqueña Atamani, pero luego también se radicó en los Estados Unidos. Ya en Nueva York, Bogadi patentó en 1991 una marca de cajas reusables para embalaje. Y con su empresa CB Construction Inc., entre 1995 y 1998 se encargó de la remodelación del Consulado de Venezuela en Nueva York. Ese trabajo generó un conflicto con las autoridades venezolanas, a las que les reclamó una deuda de 16.000 dólares. Bogadi fue el arquitecto de los espacios destinados a la Galería de Arte Nuestra América en la sede del Consulado sobre la calle 51 Este neoyorquino.

La relación de Castro, que en enero pasado dejó su puesto en Caracas para mudarse a Gran Bretaña, y los negocios del Grupo Tak, no se limita a su amistad con la artista plástica. En febrero de 2011, varios meses después de la firma del primer acuerdo, Alicia Castro viajó junto a Bogadi y el agregado comercial de la embajada, Alejandro Piñeiro, al estado Aragua (a una hora al oeste de Caracas), donde se reunió con el gobernador Rafael Isea, exministro de Finanzas y exoficial del ejército. Tras esa reunión, la diplomática declaró a la prensa local que el empresario estaba “interesado en fabricar en el país tejas y materiales de construcción”. Hasta el momento, sin embargo, oficialmente no pudo confirmarse si ese proyecto -u otros semejantes- registran algún tipo de avance en suelo venezolano.

 “Yo no tengo nada que hablar con ustedes”, fue la respuesta de Bessouet a los periodistas que intentaron consultarla por teléfono, en Buenos Aires, sobre su participación en el Grupo Tak. Bogadi, por su parte, confirmó la existencia de un proyecto para crear una empresa mixta, aunque eludió brindar detalles. “No hay mucho que pueda informar en este momento”, escribió al ser interrogado por correo electrónico. “Debido a que el acuerdo es parte de los acuerdos bi-laterales entre Venezuela y Argentina”, refirió, “te sugiero que le preguntes al Embajador Argentino en Venezuela o a la Empresa Mixta” (del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, N. de R.)

La actual embajadora argentina en Gran Bretaña también evitó las declaraciones sobre este asunto. Pero no hizo lo mismo al inaugurar en Caracas, unos meses atrás, la muestra de su buena amiga, la pintora y presidenta del Grupo Tak SA. Frente a varios funcionarios venezolanos, entre ellos el entonces ministro de Energía Eléctrica (antes presidente de la petrolera Pdvsa y exembajador de Caracas ante el gobierno cubano, actual Secretario General de Unasur), Alí Rodríguez Araque, Castro definió los cuadros de Bessouet como un “viaje y relato que nos llevan al corazón de la poesía”. Una poesía hecha de la realidad. Pero también de sus sombras. 

Con reportes desde Caracas de Emilia Díaz-Struck (arman-do.info) y César Batiz (Últimas Noticias)

Minutos después, en el marco de la firma de 35 convenios de cooperación, la locutora del acto leyó el punto 6 de la minuta de la reunión binacional, que contenía un “acuerdo marco de cooperación en materia de vivienda y hábitat”, el primero en este rubro firmado por ambos países. Lo firmaron el canciller argentino, Héctor Timerman, y el ministro de Vivienda y Hábitat venezolano, Ricardo Molina, y en los hechos significaba la llave de ingreso de las empresas argentinas a la Gran Misión Vivienda Venezuela, el colosal programa de construcción que impulsa el gobierno venezolano en este año electoral. La locutora agregó que como “acuerdo complementario” se suscribiría también un convenio “para la construcción de 10.000 viviendas en el estado Carabobo con la empresa Conlat”.

Detrás de las declaraciones rimbombantes del protocolo, sin embargo, yacía una realidad más cruda. Pues, como demuestra esta investigación de un equipo argentino-venezolano de reporteros, la denominación “Conlat” describe a un extraño consorcio, que incluye como pares a una experta empresa de ingeniería y a una compañía de inversores de Santa Cruz -la provincia patagónica que es el terruño de la dinastía Kirchner- que pusieron plata para la campaña presidencial de la Cristina de Kirchner, pero que no había sido constituida todavía para el momento del anuncio y la firma oficial en Caracas.

Negocios por adelantado

En realidad, Conlat solo llega a constituirse el 26 de diciembre de 2011, 25 días después del acto en Miraflores. El 1 de diciembre, mientras en el palacio de la avenida Urdaneta se celebraba la lacrimógena ceremonia, Conlat no existía. O, mejor dicho: ya debía existir en la mente de unas pocas y bien avisadas personas, entre ellas sin duda el ministro argentino de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, quien -como siempre- intervino directamente en la negociación de esa tanda de acuerdos con Venezuela.

De Vido, originario de Santa Cruz, ha estado junto a los Kirchner desde la época en que Néstor, el patriarca, estuvo en la gobernación de la provincia, y los acompañó ya desde su entrada a la presidencia de Argentina en 2003. En sus gestiones como funcionario público, De Vido fue señalado por Guido Antonini Wilson durante el escándalo del maletín de 2007, y en 2011 su nombre salió a relucir en el caso Schoklender, relacionado con la Fundación “Sueños Compartidos” de las Madres de Plaza de Mayo. También se le conoce como una suerte de Embajador de facto ante el gobierno de Venezuela, a cargo por vía de los hechos de los negocios entre ambas naciones. En la reciente nacionalización de las acciones de la española Repsol en la petrolera YPF, De Vido fue nombrado Interventor, y son tan amplias sus facultades y áreas de influencia, que viene a ser una especie de superministro del gabinete Kirchner.

Luego de aquella mención prenatal delante de los dos presidentes, Conlat apareció documentada por primera vez en un acta de la empresa publicada en el Boletín Oficial (equivalente en Argentina de la Gaceta Oficial o la Gaceta Mercantil) del 26 de diciembre. “Bajo la denominación CONLAT Construcciones Latinoamericanas SA seguirá funcionando la sociedad anónima que fuera inscripta el 18 de abril de 2007, como Consular Latinoconsult SA”, se informa allí. La publicación refiere a una asamblea que, realizada el 15 de diciembre, había sido convocada por los accionistas el 5 de diciembre, es decir, cuatro días después del acto en Caracas.

La situación, irregular sin dudas, solo puede deberse o a una capacidad premonitoria de los redactores de los convenios o, con más probabilidad, a que en las cúpulas del poder existía un acuerdo previo de palabra para beneficiar a una empresa cuya denominación todavía no se había formalizado en el papel. Hoy, cuando se acaban de cumplir los primeros seis meses de la firma del “acuerdo complementario”, Conlat sigue siendo nada más que verbo y papel para la parte venezolana. De las 10.000 viviendas anunciadas, en Carabobo no hay ni movimiento de tierras ni vallas que den rastro de ellas. En la Cámara de la Construcción del estado Carabobo no conocen de Conlat.

Los paisanos

Entonces, ¿cómo pudo Conlat disponer de una venia semejante? La sospecha cobra cuerpo cuando se sabe quiénes integran la firma argentina beneficiada en el acuerdo binacional.

Tres de sus socios provienen de Consular (Consultores Argentinos Asociados SA), una firma especializada en la mensura, el diseño y dirección de obras públicas que fue creada en 1972, pero que registró un impresionante crecimiento desde que en 2005 fue vendida por sus creadores, un grupo de viejos arquitectos porteños, a tres profesionales recién llegados de Santa Cruz.

Casualidad o no, esa venta ocurre apenas unos meses después del arribo de De Vido al ministerio. Consular S.A. tiene oficinas en la ciudad de Buenos Aires, a pocos metros de la sede del organismo que encabeza De Vido, en la cuadra del número 600 de la avenida Julio A. Roca.

Uno de esos empresarios pingüinos (un mote ganado por las latitudes australes de Santa Cruz), Jorge Luis Pinto, aparece como presidente tanto de la flamante Conlat como de Consular. Y según varios testimonios recogidos para este reporte, suele acompañar al ministro De Vido en sus rutinarios viajes a Venezuela. Otro de los accionistas es Jorge Osvaldo Donnini, quien ya había estado en sociedad con Pinto compartiendo un estudio de agrimensura y un servicio de catering en Río Gallegos, la capital provincial. El trío lo completa Guido José Ambrosi, viejo compañero de colegio del gobernador santacruceño Daniel Peralta y exempleado de varias empresas constructoras santacruceñas. Los tres figuran como aportantes a la primera campaña presidencial de Cristina Kirchner en Argentina. Pinto y Donnini pusieron 26.666 pesos cada uno (alrededor de 8.574 dólares al cambio de entonces). Ambrosi fue apenas más generoso: aportó 26.902,50 pesos (alrededor de 8.650 dólares al cambio de entonces). Juan Franco Donnini, hijo de uno de ellos y asesor del gobierno argentino y el Congreso en temas energéticos, figura como director suplente de la sociedad.

Para su desembarco en el prometedor negocio de la construcción en Venezuela, los santacruceños de Consular decidieron reflotar su alianza con Latinoconsult SA, pues en noviembre de 2011 (días antes del anuncio en Caracas) rehabilitaron, mediante una segunda inscripción ante la autoridad tributaria, una vieja unión transitoria de empresas nacida en 2007. Latinoconsult es una tradicional empresa de ingeniería con sede en Buenos Aires, que acumula una rica historia desde 1958, incluso en varios países latinoamericanos. En Venezuela, sin embargo, no registra mayores antecedentes que tareas de asesoría en planes de desarrollo ganadero, de acuerdo a su website.

El redactor Matías Longoni contactó desde Buenos Aires tanto a la embajada argentina en Venezuela como a Conlat, para obtener su versión de los hechos. Sin embargo, no obtuvo respuesta.

La buena estrella y el mal rastro

En Argentina, ambas sociedades (Consular y Latinoconsult, los socios en Conlat) integraron además uno de los tres consorcios que este año compitieron en la Licitación Pública Internacional 1/2010, para concretar la construcción de la represa binacional de Garabí, sobre el río Uruguay y en la frontera entre Brasil y Argentina. A la postre, fueron los ganadores de este proyecto de 4.600 millones de dólares.

Fue el 8 de marzo de 2012 cuando se dio a conocer el veredicto del proceso, que favorecía al Consorcio Energético del Río Uruguay, al que, además de Consular y Latinoconsult, lo conformaron Engevix Engenharia SA, Grupo Consultor Mesopotámico SRL, IATASA e Intertechne Consultores S.A. Pero entonces no fue sorpresa para sus competidores, al decir de uno de los empresarios de los consorcios rivales: “Nosotros ya sabíamos desde bastante antes el resultado del concurso”, admitió a condición de mantener el anonimato.

Esta adjudicación puede considerarse la guinda del postre entre las obras obtenidas en racha por Consular, S.A. En su propia página web, la firma creada en 1972 admite que su buena estrella comenzó en mayo de 2005, con la llegada de los inversionistas santacruceños, ya que, según su relato, “se fusionó con Topografía y Agrimensura SA, una empresa de 30 años de trayectoria en el área de servicios de la ingeniería y quienes han incorporado una nueva gestión de negocios, incorporando personal, renovando el equipamiento, y fundamentalmente reposicionando a Consular como consultora líder del mercado”.

El Plan de Terminación de la represa Yaciretá, sobre el río Paraguay; el mejoramiento de la ruta 40 en la provincia de Jujuy; trabajos en las rutas nacionales 12 (Entre Ríos) o la 205 (Buenos Aires); el camino de acceso al parque nacional Monte León; los puentes Reconquista-Goya y Encarnación-Posadas. Todas esas obras públicas fueron adjudicadas en su oportunidad a Consular S.A.

En su controvertida foja también aparece un conjunto de obras en Santa Cruz y Córdoba. Entre ellas, una que ahora es investigada por la justicia federal. Se trata de la construcción de La Barrancosa – Cóndor Cliff, dos represas sobre el Río Santa Cruz que tendrían un costo de 16.000 millones de pesos (alrededor de 3.600 millones de dólares al cambio actual) y que han sido cuestionadas por dirigentes opositores al kirchnerismo, pues sospechan que se pagarán elevados sobreprecios.

En febrero de 2010, además, diputados de la Coalición Cívica denunciaron que el empresario local de afiliación kirchnerista, Lázaro Báez, había comprado grandes extensiones de tierras aledañas a ese río sabiendo que allí se realizaría la construcción del complejo hidroeléctrico. La especulación de los denunciantes era que por esa obra, los terrenos iban a ser inundados, y su nuevo dueño debía recibir una millonaria indemnización del Estado. “Consideramos que Lázaro Báez ha adquirido los terrenos a sabiendas de ello y bajo las indicaciones de Néstor Kirchner", sostuvieron entonces los diputados Adrián Pérez y Juan Carlos Morán.

En esta historia también metió la cola la consultora designada ahora para operar en Venezuela. Y es que el 27 de noviembre de 2007, el exministro de Economía de Santa Cruz, Juan Bontempo, firmó el decreto 3110 donde aprobó la licitación para llevar adelante “levantamientos topográficos del área necesaria para el diseño de las obras correspondientes a la Central Hidroeléctrica de Cóndor Cliff”. Aquel contrato, que hubiera permitido saber al dedillo qué tierras debían luego ser inundadas, recayó en “la Empresa CONSULAR SA, representada por su apoderado señor Jorge Donnini”.

* Con reportes de Emilia Díaz-Struck y César Batiz (Caracas)