La joven Padilla, quien apenas dos años antes había recibido su título de abogada de la Universidad Santa María (USM) de Caracas, intentó salvar a quien muchos años después se convertiría en su marido: falsificó un documento, junto a la hermana de este, en el que Inpreabogado supuestamente certificaba a Arretureta como abogado. Lo enviaron al tribunal que llevaba la causa, la jueza y el inspector detectaron la irregularidad, y a ellas no les quedó otra opción que reconocer su autoría, por lo que resultaron detenidas preventivamente.

Pero la carrera de Padilla, entonces de 25 años de edad, no se truncó por ese incidente. Todo lo contrario: a más de dos décadas de distancia, es hoy la jueza por cuyas manos, en fase de control, han pasado los expedientes de los más recientes y renombrados casos políticos, entre otros, el del atentado fallido con drones contra Nicolás Maduro, del 4 de agosto de 2018, y el intento de golpe de Estado del pasado 30 de abril de 2019. Esos y otros casos no solo tienen en común a la jueza Padilla. Aunque con protagonistas distintos, también comparten irregularidades y un retraso crónico.

En 2017 Padilla se convirtió en brazo ejecutor de la que catalogan como una “dictadura judicial”. Aunque, de hecho, ya ha comenzado a perder poder. A principios de agosto de 2019, le quitaron uno de los tres tribunales que controlaba: el 2º de Primera Instancia en Función de Control en materia de delitos de Terrorismo con Jurisdicción Nacional, por lo que quedó a cargo del 1º de control de terrorismo y del 20º de Primera Instancia en Función de Control de Caracas. 

Su nombre, sin embargo, ya se sumó a la lista de otros “juristas del horror”, jueces que estuvieron en su posición antes, algunos de ellos con antecedentes penales, como ella, que se mostraron leales al Gobierno hasta llegada la hora -en algunos casos- de caer en desgracia: como Alí Paredes, quien conoció los casos de la jueza María Afiuni  y del narcotraficante Walid Makled, y que tras condenar a este fue detenido por la policía política; Miguel Graterol, quien llevó los casos del exalcalde Antonio Ledezma y del otrora estudiante Lorent Saleh, y terminó siendo destituido por otro caso; el mismísimo Maikel Moreno, quien jugó un rol importante en el caso del excomisario Iván Simonovis, y quien también después fue destituido de un tribunal de apelaciones por haber cometido “graves errores judiciales inexcusables” en la liberación de unos sospechosos de homicidio, aunque luego fue reenganchado y hoy en día preside el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); o Gumer Quintana, quien llevó el caso del fiscal asesinado Danilo Anderson, y también fue suspendido de sus funciones a posteriori.

Defensora de causas perdidas

Llegar hasta ahí no fue fácil para Padilla. Una vez superado el escollo del documento falso, se inició en tribunales, en noviembre de 2002, como defensora de Édgar Márquez, quien se identificó como víctima de la oposición en los sucesos ocurridos en el país entre el 11 y 14 de abril de 2002, e interpuso una querella ante la Sala Plena contra un grupo de magistrados, para que esta determinara si existían o no méritos para su enjuiciamiento en la comisión de los delitos de complot político y privación de libertad psíquica. El juzgado de sustanciación declaró la solicitud “inadmisible para su tramitación”.

En enero de 2004, Padilla insistió con un recurso de habeas corpus a favor de un hombre que admitió haber cometido el delito de transporte ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Quince años más tarde, cuando se convirtiera en jueza, le harían a ella la misma pregunta que planteó su defendida, la concubina del condenado, en aquel documento: “El derecho a un debido proceso que tiene un imputado (...) ¿no tiene importancia?”. Padilla estaba próxima a cumplir los 32 años de vida cuando, el 29 de enero de ese año, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del entonces estado Vargas se declaró competente para conocer de la acción de amparo y la declaró inadmisible. 

Las pequeñas derrotas no la detuvieron. La joven abogada asumió pocos meses después la defensa de un hombre imputado por homicidio calificado y, nuevamente, denunció ante la Corte de Apelaciones de la mencionada entidad costera violaciones del debido proceso e infracciones de normas de rango constitucional; exactamente las mismas denuncias de las que hoy es objeto.

El recurso de amparo en el que solicitaba fuera declarada la nulidad absoluta del acta policial y de la acusación a su nuevo defendido, sin embargo, fue decretado inadmisible en abril de 2004. Un mes antes, ya el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Vargas había declarado sin lugar su solicitud de requerir la nulidad del acta policial “por ser manifiestamente improcedente”. 

Padilla no se amilanó. En noviembre de 2005 lo intentó de nuevo, esta vez como defensora de Yonny Eduardo Bolívar Jiménez, quien casi nueve años después se convertiría en el asesino de la intérprete de señas con 18 semanas de gestación, Adriana Urquiola, cuando en el marco de protestas antigubernamentales le dispararía para abrirse paso entre barricadas. 

En 2005, Bolívar ya había sido acusado de cometer los delitos de secuestro, ocultamiento ilícito de arma de fuego, usurpación de título militar, aprovechamiento de acto falso y obtención de pasaporte con falsedad ideológica, y Padilla fue su apoderada judicial. 

En aquel momento, la abogada denunció, una vez más, violaciones “flagrantes” al debido proceso e hizo una solicitud de radicación de juicio, que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró sin lugar. 

Aunque su especialización es de Derecho Penal, de acuerdo con información de su síntesis curricular a la que tuvo acceso Armando.Info, Padilla dejó esos casos atrás y comenzó a ejercer el Derecho de Familia, con un poco más de suerte.  Entre otros, ya en Caracas, en 2006, volvió a asistir a Arretureta –quien era un hombre casado– y a su mujer anterior, a disolver el vínculo matrimonial que mantuvieron por 16 años, los mismos que tenía el hijo de la pareja al momento del divorcio.  

De acuerdo con su ficha del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Arretureta trabajó hasta el 31 de octubre de 2018 en la Corporación de Desarrollo de la Región Centro Occidental (Corpooccidente), instituto autónomo de la Dirección General de Coordinación y Planificación (Cordiplan), que auxilia al Presidente de la República y al Consejo de Ministros en la planificación del desarrollo social y económico de la nación. 

Un cargo a la medida

La abogada Padilla pasó a llevar orgullosamente el apellido de quien se convirtió en su marido. En la actualidad son tan inseparables que el hombre la acompaña con frecuencia al Palacio de Justicia, en Caracas, donde la ahora jueza tiene su despacho, en la mezzanina. De hecho, allí goza de ciertos privilegios. Como ya publicó Armando.Info, Arretureta fue el hombre “extraño” que estuvo presente en la audiencia de presentación –que se suponía privada– del diputado opositor Juan Requesens, quien este 7 de agosto cumplió un año de haber sido detenido por su supuesta participación en el atentado contra Maduro. 

Quizás su presencia en ese acto íntimo era de apoyo a la jueza, de quien se rumora se pone nerviosa cuando debe ver al joven parlamentario, reconocido por ser aguerrido. Pero lo cierto es que Padilla siempre está acompañada, ya sea por el marido o por el escolta. Ya no es la misma muchacha sencilla que llevaba el cabello lacio, franelas de algodón y pantalones anchos, y que sonreía genuinamente. Ahora Padilla lleva el cabello más largo, con ondas y mechas, y exhibe llamativos atuendos florales.

Después del divorcio de Arretureta, lo volvió a asistir en al menos dos casos de arrendamientos, uno de ellos en 2009 cuando, tras no haber pagado ocho meses de alquiler, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Caracas lo condenó a hacer entrega de un apartamento en El Paraíso, la misma parroquia del municipio Libertador, al Oeste de Caracas, donde la jueza está registrada para votar.

En 2012, sin embargo, la vida de Padilla dio un vuelco auspicioso. El 5 de enero, el entonces diputado Diosdado Cabello -quien se convertiría en el reconocido número dos del chavismo y actual presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente- asumió la presidencia de la Asamblea Nacional. Cabello creó en ese parlamento de mayoría oficialista la Sección de Seguimiento y Control Legislativo, adscrita a la dirección general del Despacho de Presidencia. Quienes trabajaban en ese momento en el despacho de Cabello aseguran que la sección fue creada especialmente para que Padilla ingresara al parlamento. 

La abogada recibió la notificación el 16 de mayo de 2012. Ese día, la entonces directora general de Desarrollo Humano de la Asamblea Nacional, Numidia Flores -prima de la llamada primera combatiente, Cilia Flores-, le informó con una carta que había sido designada para ocupar la jefatura de la mencionada sección a partir del 1º de junio de ese año. Un día antes, la directora general del Despacho de Presidencia, Aura Hernández, había enviado un memorándum interno a Flores en el que le remitía el currículo de Padilla y le solicitaba girar instrucciones para su designación. 

No era, sin embargo, el primer cargo público que ocuparía Padilla. De acuerdo con la síntesis curricular que consignó en la Asamblea Nacional, antes trabajó como directora del despacho de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento; como coordinadora de Asesoría Legal, Conciliación y Mediación del Ministerio para la Vivienda y Hábitat; y como abogada adjunta en la Fiscalía General de la República.

De hecho, para el momento de su contratación en la AN, Padilla aún aparecía activa en la cuenta individual del IVSS del Ministerio para la Vivienda y Hábitat, algo que reflejó la entonces jefa de División de Captación y Selección del Parlamento, Ana Malpica, en un informe técnico, en el que informó, además, que por esta razón Padilla tuvo que hacer una carta explicativa antes de ingresar al Parlamento. 

Quienes trabajaron con ella en el poder legislativo dicen que se mantuvo ocupada en la AN hasta que Cabello culminó su gestión. Por eso, hasta el año 2015, no hay registros de actividad de Padilla en el histórico de sentencias del TSJ. No fue sino hasta 2017 cuando reapareció, ahora como jueza, primero del Juzgado 9º Itinerante en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, y luego del que ha vuelto famoso Juzgado 20º de Primera Instancia en Función de Control también del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. 

Metamorfosis de una jueza

Aunque Padilla no tenía experiencia previa en el otro lado de un tribunal, ni siquiera como secretaria, comenzó pronto a recibir los casos políticos más emblemáticos. Uno de los primeros que llevó fue el del general de brigada del Ejército, retirado, Ángel Vivas Perdomo. Vivas y su figura, armada con un fusil de asalto en los jardines -convertidos en trinchera- de su quinta en Prados del Este, una urbanización de clase media-alta de Caracas, se convirtieron en un emblema de las protestas antigubernamentales de febrero de 2014. Fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política del chavismo) en el marco de otras protestas, las de 2017, en un momento en el que abandonó su residencia.

Vivas fue liberado en junio de 2018 bajo una medida de casa por cárcel. Pero antes, en mayo de 2017, su defensa interpuso una acción de amparo constitucional ante la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, señalando como presunto agraviante a Padilla, por la que catalogaron como una violación al derecho de acceso a la justicia por la omisión de pronunciamiento en relación a un amparo constitucional en la modalidad de habeas corpus, incoado por ellos un mes antes en el tribunal de Padilla. 

Después de tantas derrotas como litigante, por fin la justicia estaba del lado de Padilla. Esta vez, la Corte de Apelaciones declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por la defensa del general Vivas. Todavía así fue un logro judicial, pues los defensores de las causas que caen en sus tribunales aseguran que las acciones de amparo contra sus tribunales usualmente no reciben respuesta. 

A Padilla le dieron casos cada vez más importantes. En agosto de 2017, cuando el chavismo arremetió contra el equipo de la entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz- quien finalmente debió huir al exilio-, de entre 52 tribunales que hay en el Área Metropolitana de Caracas, la causa de la presunta red de extorsión que comandaba Ortega fue a dar al tribunal 20º de control de Padilla.

Ya Armando.Info denunció algunas de las irregularidades de este caso. Entre otras cosas, tras casi dos años de haber sido detenido, el ex fiscal auxiliar 55, Luis Sánchez, señalado como parte esa red, no ha tenido su audiencia preliminar. Ha sufrido 20 diferimientos, principalmente porque el tribunal de Padilla no da despacho. Padilla también lleva uno de varios casos relacionados con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que hay en tribunales, precisamente el de los contratistas de empresas mixtas como Petropiar, que la fiscalía de Sánchez había investigado. 

Padilla se mantuvo anclada en el tribunal 20º de control, pese a que en julio de 2016, el TSJ reguló la rotación anual de los jueces. Pronto recibió un nuevo expediente, pero no caería en su tribunal de Caracas sino en otro para el que fue designada como jueza: el 1º de control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo, con jurisdicción nacional. Allí, a sus manos, llegó la causa del intento de magnicidio, en la que supuestamente estaban involucrados los diputados Juan Requesens y Julio Borges, y posteriormente se dijo que también el concejal Fernando Albán, todos dirigentes del partido opositor Primero Justicia. 

Armando.Info también ha reportado irregularidades en este otro caso. Al comienzo, el tribunal no estaba ni siquiera constituido de manera regular según la ley. La secretaria Yasmily Rojas no era profesional del Derecho, como establece el artículo 510 del Código Orgánico Procesal Penal, y esto se supo por una comunicación emitida, precisamente, por Inpreabogado. Y aunque ya Rojas no es parte del equipo de Padilla, las irregularidades continúan. 

Entre otras cosas, el 4 de octubre de 2018 no dieron acceso a la defensa de Requesens para que revisara el expediente, alegando que el tribunal no estaba dando despacho, pero, al mismo tiempo, Padilla supuestamente emitió una orden de captura contra el concejal Albán, quien luego fallecería en circunstancias aún por aclarar, bajo custodia de funcionarios del Sebin: desde el oficialismo alegan que se suicidó, mientras que desde la oposición aseguran que fue un asesinato. 

El reclamo lo incluyó la defensa de Albán en una denuncia que introdujo, primero, el 4 de diciembre de 2018, en la Fiscalía General de la República y, luego, el 6 de febrero de 2019, en la Defensoría del Pueblo; y que, más recientemente, el 26 de abril de este año, respaldaron con una petición individual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

En los documentos, la defensa destaca otras irregularidades, principalmente relacionadas con la supuesta orden de detención: dicen que no era original, sino que se trataba de una “copia simple”; y que no contenía ningún tipo de motivación o razonamiento que justificara la necesidad de dictar la medida preventiva privativa de libertad, lo que a juicio de la defensa viola las disposiciones previstas en los artículos 236 y 232 del Código Orgánico Procesal Penal, que señalan no solo la verificación de los requisitos que justifiquen la medida, sino la necesidad de una resolución judicial fundada. Esa falta de motivación es, precisamente y en términos jurídicos, una de las críticas más comunes a Padilla en los casos políticos. 

A ambas instituciones, Fiscalía y Defensoría, se les solicitó que investigasen a Padilla, entre otros funcionarios judiciales y fiscales “que habrían participado en la producción de la supuesta orden judicial, dictada mientras no existía acceso al expediente y sin que el tribunal diera despacho, y quienes no permitieron que el concejal Albán, detenido en ese momento, se presentara ante el juez competente en los lapsos que prevé la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal”. 

Aunque Padilla fue quien dictó su detención, tras estar dos días desaparecido, Albán fue presentado ante otro tribunal, el 6º de control, que declinó su competencia, el domingo 7 de octubre, un día antes de su muerte. 

“El tribunal supuestamente, sí laboró ‘a puertas cerradas’ para dictar la orden de aprehensión, pero se mantuvo cerrado para recibir al detenido (Albán), oírlo y decidir si revocar la medida de detención o conceder la libertad plena, lo que hoy incluso significaría que Fernando Albán continuase con vida”, se lee en la denuncia presentada en las instancias nacionales.

En la petición que hicieron a la CIDH, la defensa incluyó un listado de autoridades supuestamente responsables de la muerte de Albán, y ubicó a Padilla en el tercer lugar, después de quien para entonces también era el director del Sebin, Gustavo González López, y del fiscal general de la República, Tarek William Saab. 

Para la fecha, la CIDH no le ha dado entrada al documento, pero una vez que lo haga solicitará información al gobierno venezolano y hará una investigación. Posteriormente, si considera que hubo una violación de Derechos Humanos, el caso será elevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, “que puede procesar y condenar a la República”, recuerda el abogado Ramón Aguilar. 

Pero ya Padilla está en aprietos, una vez más. El mismo día que se introdujo ese documento en la CIDH, el 26 de abril de 2019, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (EEUU) emitió un comunicado en el que informaba que había impuesto sanciones sobre ella y sobre el canciller venezolano Jorge Arreaza.

“El Tesoro seguirá apuntando contra los cercanos al corrupto Maduro, incluidos los encargados de llevar la diplomacia e impartir justicia en nombre de su régimen ilegítimo”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en el comunicado.

Sin embargo, Padilla sigue a cargo del caso y del tribunal 1º de control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo. Cosa que no sucedió con el tercer tribunal que encabezaba, el 2° de Primera Instancia en Función de Control en materia de delitos de Terrorismo con jurisdicción nacional, en el que llevaba la causa del golpe del 30 de abril, encabezado por los dirigentes opositores Juan Guaidó y Leopoldo López. 

A principios de agosto de 2019, otra abogada, Hilda Villanueva, fue designada jueza de dicho tribunal. Pero antes, Padilla fue acusada de retrasar también ese caso. Para el jueves 1º de agosto de 2019 estaba previsto iniciara la audiencia preliminar del diputado Édgar Zambrano, detenido por su supuesta participación en los hechos, la noche del 8 de mayo, en las inmediaciones de la sede del partido de centroizquierda Acción Democrática, desde donde su vehículo fue remolcado por una grúa. 

Pero, para la audiencia, Zambrano no fue trasladado desde su sitio de reclusión en Fuerte Tiuna, la instalación militar más conocida de la capital, hasta los tribunales, en el centro de la ciudad. Al llegar al Palacio de Justicia, su defensa se encontró con dos papeles pegados en la puerta de la oficina de Padilla, en la mezzanina, donde para entonces todavía funcionaban los tres tribunales a su cargo, en los que notificaban que no había despacho en los dos de terrorismo. 

“Desde el día 21 de junio (de 2019), que fue presentada la acusación (contra Zambrano) en horas de la tarde, hasta el día de hoy (1º de agosto), el tribunal de la causa (2° de Primera Instancia en Función de Control en materia de delitos de Terrorismo) solamente ha dado despacho durante seis días en casi un mes”, denunció el abogado Francisco Banchs a su salida del Palacio de Justicia, al tiempo que recordó que, de acuerdo con la ley venezolana, la audiencia preliminar debe ser fijada entre 15 y 20 días después del acto conclusivo, que en este caso se celebró ese 21 de junio.  

La demora no es solo en causas políticas. En otro tipo de casos hay abogados que también denuncian esperas de hasta más de un año por una decisión, y que la jueza se desentiende de sus causas dejándolas muchas veces en manos de las secretarias. 

Sin embargo, a diferencia de los políticos, dicen que en estos otros casos Padilla “argumenta” bien y es justa con los tiempos de las intervenciones, algo que no sucede en los casos políticos, en los que insisten en que no justifica sus decisiones y limita los tiempos de intervención. 

Trinomio maquiavélico

Padilla es el brazo ejecutor de un aparato mucho más complejo que un individuo, e incluso que tres, como es el caso. Antes de que a ella le corresponda actuar, los fiscales hacen lo suyo. No siempre está en sintonía con ellos, pero cuando se trata de Farik Mora Salcedo y Dinora Bustamante Puerta la alineación de los tres es casi perfecta. 

Uno de los supuestos implicados en la causa del magnicidio, el general Héctor Hernández Da Costa, detalló en una audiencia en la que estaban presentes los 17 imputados, con sus abogados, los mencionados fiscales y la aludida jueza Padilla, las torturas de las que asegura fue víctima en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), y mirando a Mora Salcedo le dijo, palabras más, palabras menos: “Usted fue testigo de la tortura. Usted tiene una oficina al lado del ascensor (en la Dgcim)”. Varios de los imputados respaldaron su versión.

Mora Salcedo y Bustamante Puerta también estuvieron presentes en el allanamiento a la casa del jefe de Despacho del líder opositor Juan Guaidó, Roberto Marrero, cuya causa también cayó en manos de Padilla, aunque los dos fiscales posteriormente se desvincularan. Para el momento de su detención, en marzo de 2019, Marrero fue acusado de ocultamiento de arma de guerra y explosivo. En junio de este año, el tribunal de Padilla, con una celeridad atípica, ordenó el pase a juicio de los implicados, y admitió las acusaciones de la fiscalía. 

Mora Salcedo tuvo experiencia previa, en el año 2010, como abogado en tribunales con competencia en materia de violencia contra la mujer, defendiendo a los presuntos agresores. En 2011, formó parte de un equipo de apoderados judiciales de Mercal. Luego, entre 2013 y 2014 se desempeñó como abogado laboralista en tribunales de trabajo de Aragua, entidad en la que está registrado para ejercer el derecho al voto, aunque también hay registros de que vivió en otro estado central, Carabobo. 

Ya para 2015 era fiscal auxiliar interino 121º del Área Metropolitana de Caracas, donde se mantuvo hasta 2016. A finales de ese año y principios de 2017, estuvo al frente de la fiscalía 55 de Caracas. Hoy día es fiscal 67 nacional con competencia plena y fiscal 11 nacional con competencia en materia contra la corrupción, y está vinculado también a la causa de Luis Sánchez.

Bustamante Puerta fue fiscal auxiliar interina 151 de Caracas, en 2016, luego fue fiscal provisorio 83 nacional, durante el primer semestre de 2017, y posteriormente, al menos desde julio de 2017, fue fiscal 83 nacional con competencia en delitos de legitimación de capitales, financieros y económicos. Ese es el cargo en el que se mantiene.

Pero algo de lo que no dijo es que había compartido cuentas bancarias en Suiza con uno de los mismos comisionistas que entonces señaló.

Euzenando Prazeres de Azevedo figura en Suiza en tres cuentas bancarias que llegó a compartir con el abogado venezolano Héctor Joseph Dáger Gaspard, a quien año y medio atrás señaló él mismo como uno de los comisionistas que había reclutado, para lograr que el gobierno del presidente Hugo Chávez bajara los recursos que debía en obras como la tan prometida y aun inconclusa represa hidroeléctrica de Tocoma, al sur del país, en el estado de Bolívar.

Azevedo señaló a Dáger como un lobista o gestor que agilizaba los desembolsos que la burocracia chavista represaba en Caracas. “Él consiguió que Edelca (la empresa pública Electrificación del Caroní) nos pagase directamente en una semana o semana y poco”. Eso explicó, sentado en el banquillo de los acusados, frente a dos fiscales que tomaron su testimonio en los tribunales de la ciudad de Aracajú, al extremo oriental de Brasil. Allí fue a declarar; el sistema judicial brasileño, en contingencia frente al masivo caso Lava Jato, repartió en simultaneo por todos sus circuitos penales a los 78 “delatores premiados” de Odebrecht que aceptaron contarlo todo a cambio de beneficios procesales.

Caracas

Según el testimonio de Azevedo, un buen día conoció a Dáger en Caracas, en el estacionamiento de las residencias Valle Alto. Apenas estaba estrenando uno de los apartamentos de ese edificio situado en la avenida principal de Valle Arriba, un reducto de clase alta en el sureste de la capital venezolana, cuando uno de sus nuevos vecinos lo abordó para hablar de negocios. “Él se presentó”, contó a los fiscales del caso. “Me estaba esperando en el garaje y dijo que sabía que teníamos dificultades y que podía ofrecerme la solución”.

Y así fue. En menos de dos semanas Odebrecht recibió más de seis millones de dólares que el Gobierno venezolano le debía desde hacía dos años. “Para mí fue una sorpresa”, resumió. “Siempre demostró que tenía un acceso privilegiado con los presidentes de Edelca”.

Ese fue el inicio de una relación comercial en la que Odebrecht giró a Dáger 2% de cada una de las facturas que rápido conseguía liquidar. “Unos 28 millones de dólares”, que Azevedo aseguró entregar entre los años 2006 y 2009 a ese abogado de bajo perfil que siempre supo moverse dentro del andamiaje chavista sin hacer ruido.

Las comisiones quedaron apuntadas a nombre de Lombriz en el llamado Departamento de Operaciones Estructuradas, el eufemismo que empleó la empresa brasileña para evitar presentarla como su unidad de sobornos y comisiones. Despojado del seudónimo, sin embargo, en Suiza figura el nombre de Dáger en 13 cuentas bancarias receptoras de depósitos provenientes de las offshore de la llamada caja dos de Odebrecht.

Tres de esas cuentas bancarias evidencian una sociedad entre Dáger y nada más y nada menos que el propio Euzenando Azevedo.

Pernambuco

A diferencia de sus pares, Azevedo reportaba directamente al Presidente Ejecutivo de la empresa, Marcelo Odebrecht, en lugar de rendir cuentas a la Vicepresidencia de África y América Latina de la empresa. Pero más que eso, logró meterse a Chávez en el bolsillo.

Discreto como buen hombre de negocios y provisto de la simpatía brasileña, supo transitar sin hacer bulla por los vericuetos de las esferas bolivarianas. Tanto que el líder de la Revolución bolivariana nunca escatimó elogios y buenas palabras para este brasileño nacido en Pernambuco, al este de Brasil. “Grande amigo”, le dijo públicamente el 13 de noviembre de 2006 mientras resaltaba su papel durante la inauguración del segundo puente sobre el río Orinoco. “Para Euzenando un abrazo muy especial y una felicitación pero muy, muy especial, por su voluntad de acero, inquebrantable en el impulso de la obra y de las distintas obras que estamos adelantando en Venezuela”.

Otra parte de la historia afloró tras la muerte de Chávez. Quienes llegaron a hablar con Azevedo, destacan su español con giros coloquiales venezolanos, por los que bien se le podía escuchar hablar del “zaperoco” (lío) que había desatado la trama Odebrecht y la “arrechera” (rabia) que le tenían Diosdado Cabello y el resto del anillo que rodeaba a Chávez.

No en vano, Azevedo tuvo que partir de Venezuela en 2013, a la llegada de Nicolás Maduro al poder. El mandatario venezolano no soportó que a espaldas de su gobierno, el representante de Odebrecht en Caracas se hubiera reunido y aportado contribuciones para la campaña de su oponente, Henrique Capriles Radonski, como luego lo relató Azevedo ante los fiscales del caso.

Contó allí Azevedo que gestionó 35 millones de dólares para la campaña presidencial de Nicolás Maduro y a la vez otros 15 millones para el comando de Henrique Capriles en 2013. No dijo palabra alguna, no obstante, sobre sobornos. A diferencia de los delatores premiados de otros países, nunca mencionó comisiones a funcionarios o sobreprecios de obras. Mucho menos se refirió a las cuentas que mantuvo en Suiza con uno de sus comisionistas. Probablemente confiaba en que ninguna autoridad venezolana investigaría sus palabras.

Lugano

Los registros del banco Union Bancaire Privée de Suiza advierten que Azevedo y Dáger compartieron la cuenta número 001-6155901 de una empresa llamada Fidellis Holdings Ltd. También la cuenta número 128450 que el Banque Pictet & Cie tenía a nombre de la empresa offshore Boreal Group Management Inc.

Caso especial el de la 240-545623, que la misma offshore Boreal Group Management Inc mantuvo en el banco UBS Switzerland AG. Allí, el titular de la cuenta, Héctor Dáger, no solo apuntó a Azevedo como firma autorizada sino también a dos brasileñas cuyos nombres corresponden con la esposa e hija del llamado virrey de Odebrecht en Caracas.

Así se desglosa de una lista varada en alguna gaveta del Ministerio Público venezolano, que el año pasado envió la Fiscalía de la Confederación Suiza a través de su embajada en Caracas, para dejar constancia de una serie de ciudadanos venezolanos vinculados a 27 cuentas sospechosas relacionadas con la maraña de comisiones y pagos en negro, que el gigante de la construcción brasileña transfirió desde cuentas offshore.

Apostillado en Lugano -la ciudad suiza de lengua italiana donde el Ministerio Público tiene sede principal- el 10 de noviembre de 2017 bajo el procedimiento número SV.17.0220-REZ, en el documento la fiscal Dounia Rizzonico –a cargo del caso Lava Jato– sugiere que se trata de compañías relacionadas con los sobornos de Odebrecht.

“De las investigaciones realizadas en Suiza resulta que Héctor Joseph Dáger Gaspard (…) ha recibido, entre julio de 2008 y marzo de 2016, en cuentas bancarias a él atribuidas en Suiza un total de cerca de 49 millones de USD de cuentas bancarias a nombre de sociedades atribuibles directa o indirectamente al grupo Odebrecht”, sostiene. “Estas sociedades fueron designadas por la misma sociedad como cajas negras, a través de los cuales se pagaban los sobornos a los beneficiarios últimos”.

Las autoridades suizas empezaron a hablar de sobornos tras armar el rompecabezas de varias transferencias que aterrizaron en sus bancos acompañadas con palabras clave, de las que hoy Odebrecht reconoce como criptónimos o códigos especiales que emplearon para identificar a qué obra correspondía cada uno de los depósitos.

De esa forma vinculan más de 16 millones de dólares que llegaron a las cuentas de Dáger –etiquetadas con palabras como “Beau 1”, “Carrapato”, “Calmo”, “Moral”, “Irmao” y “Bonito”– con seis de las obras aún inconclusas: las líneas 5 y 2 del Metro de Caracas y Los Teques, respectivamente, el Metro Guarenas-Guatire, el sistema de riego El Diluvio-El Palmar y el puente Cacique Nigale del estado Zulia y la ya célebre represa de Tocoma, que de estar lista habría ahorrado gran parte de los apagones de estos días. Al menos sumaría unos 2.000 megavatios a la red eléctrica nacional.

Saint John

No fue posible obtener una declaración formal para que Azevedo y Dáger explicasen cómo es que terminaron compartiendo cuentas bancarias. Agazapado en Sao Paulo, la megalópolis brasileña, Azevedo se ha ceñido al silencio al que le obliga su condición de testigo protegido. El venezolano, por su parte, ha preferido un bajo perfil desde Ciudad de Panamá, hasta donde se le han enviado mensajes, cartas, llamadas telefónicas y recados, para contrastar los señalamientos que lo presentan como una de las claves para desentrañar la trama venezolana de Odebrecht.

En defensa de ambos, Azevedo nunca tuvo un contrato de exclusividad; en su círculo destacan el derecho y la libertad que siempre tuvo para desarrollar negocios paralelos al de su papel como directivo de Odebrecht. Añaden que si bien la relación de ambos se gestó a la sombra de Odebrecht y la hidroeléctrica de Tocoma, a partir de allí emprendieron negocios personales. Aún así, resaltaría un posible conflicto de intereses.

Fuentes vinculadas a Azevedo señalan que aun mientras era director superintendente de Odebrecht fue asesor de Dáger en la empresa BMS Investment BV LLC, cuya cuenta bancaria está congelada en Suiza y desde la que aseguran haber surtido tractores, máquinas y equipos de construcción a Odebrecht y las otras dos empresas encargadas de construir la hidroeléctrica de Tocoma a través del consorcio OIV.

Las fechas no cuadran, mucho menos las obras y los montos reportados en los juicios de Lava Jato. Según la delación premiada de Azevedo, Dáger recibió unos 28 millones hasta el año 2009. Sin embargo, los depósitos en Suiza y varias transferencias filtradas hace meses al calor del escándalo de Lava Jato desde el Meinl Bank –el banco que Odebrecht compró e hizo a su medida en Saint John, capital de la isla caribeña de Antigua– muestran que no solo fue mucho más dinero, sino que siguió recibiendo depósitos al menos por cinco años más.

Solo la offshore Innovation Research Engineering and Development, de Odebrecht, muestra 14 transferencias que entre 2012 y 2014 llegaron a Dáger desde el Meinl Bank, por más de 14 millones de dólares que guardó en las cuentas de otras dos de sus firmas: Altea Capital y Kenvest Corp.

Buena parte de esos fondos pasaron luego a las cuentas de Azevedo, pero hay que advertir que no se ha llegado hasta el final: los suizos primero hicieron notar que Dáger recibió unos 49 millones de las offshore de la corrupción de Odebrecht y otras diez de cuentas vinculadas, pero luego señalaron que envió una suma un poco mayor a Azevedo.

“Una parte del dinero depositado en cuentas bancarias atribuibles a Dáger, concretamente un importe global de aproximadamente 64,8 millones USD, se ha transferido a continuación –entre 2009 y 2015– a cuentas bancarias atribuibles a Euzenando Prazeres de Azevedo en diversos bancos de Suiza”, afirma la fiscal suiza Dounia Rezzonico en la carta certificada que envió a sus homólogos venezolanos. “Todas las cuentas bancarias atribuibles a Azevedo en Suiza se han cerrado en el entretanto y el dinero se ha trasferido a otras cuentas bancarias atribuibles a Azevedo en el extranjero y a terceros desconocidos”, precisa.

No en vano, Azevedo cerró en Suiza hasta el fideicomiso personal que compartía con su esposa e hijos, entre los que destacaba el nombre de Euzenando Azevedo Junior, quien con 38 años emerge en Estados Unidos con una decena de empresas que van desde restaurantes como The Tap o Griddler’s Burgers & Dogs hasta bienes raíces en Florida y Massachusetts.

También empresas de construcción como la 418 Real Estate LLC, con la que en este momento espera los permisos municipales para levantar un complejo habitacional de 18 apartamentos equipado con estacionamiento, locales comerciales y restaurantes en la calle Cambridge del sur de Boston.

(*) Este es un trabajo publicado e investigado en simultáneo por la Red Latinoamericana de Periodismo de Investigación Estructurados, que une a IDL-Reporteros en Perú, La Prensa de Panamá, La Nación de Argentina, Sudestada de Uruguay, Quinto Elemento Lab en México y Armando.info en Venezuela.

Todo quedó resumido en una presentación de 45 segundos, tan poderosa como su presentador, emitida en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), en el programa “Con el mazo dando”, que conduce el número dos del chavismo, Diosdado Cabello Rondón. Alexander Sierra, nombre del joven etiquetado, quedó sentenciado por esa transmisión, a pesar de las irregularidades que, según sus abogados, envolvían el caso.

Sierra fue detenido el sábado 24 de junio de 2017 a las 5:30 de la tarde, cuando salía junto a varios amigos de un restaurante ubicado en Altamira, al este de Caracas, donde celebraban el cumpleaños de una compañera. A pocos metros del local fueron interceptados por cuatro camionetas. De ellas bajaron varios hombres armados, vestidos de civil y sin identificación. Uno de ellos apuntó a Alexander Sierra en el pecho. Él soltó su bolso en el suelo, donde guardaba su camisa de chef, su celular, audífonos y objetos personales, y alzó las manos.

No cargaba niples, cohetones ni pólvora, dicen sus abogados. No fue capturado durante una “Operación Tun Tun”, como se sugirió en el video televisado, un operativo tipo redada denominado así por Cabello, surgido durante las protestas antigubernamentales con el fin de “buscar a los terroristas” en sus propias casas.

Sierra estuvo desaparecido durante 46 horas hasta que fue hallado el lunes 26 de junio en la tarde en el Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la policía política venezolana. En la víspera los funcionarios apostados en la entrada del tenebroso edificio siempre negaron su presencia ahí. Es otro de los motivos por el cual sus defensores y familiares aseguran que el de Sierra sigue el patrón de otros célebres casos de presos políticos: una detención arbitraria, que no siguió los procedimientos judiciales. Un claro ejemplo de desaparición forzada, considerada delito según el derecho internacional.

En esas horas de incertidumbre, Alexander Sierre fue golpeado reiteradas veces para obligarlo a delatar nombres y a dar un falso testimonio. De esas golpizas y otras que siguieron, le quedó un hombro dislocado y una fractura en una mano por permanecer tres días guindado de un tubo.

“A mi hijo no lo mataron porque es artista y lo conoce mucha gente. En las redes sociales se difundió la noticia de que el Sebin se lo había llevado y estaba desaparecido”, asegura su mamá, Nancy Sierra. Ella siempre se refiere a Alexander como “Líryko”, su verdadero apodo, derivado de su faceta como rapero, que combina con su profesión de chef y actor de teatro. El joven de 23 años además es técnico superior universitario en Diseño Gráfico y estudiaba inglés cuando fue detenido.

“Líryko” fue presentado el 27 de junio ante los tribunales militares por supuestamente haber atacado una base militar, poseer prendas militares en su morral junto con niples, cohetones y pólvora, ser terrorista, “financista de las guarimbas” y activista de Primero Justicia. “Todo eso era completamente falso, ninguno de nosotros milita en ningún partido, él no causó esos destrozos y ese día él no andaba marchando. Sí tenía puesta su franela de ‘Soy Libertador’ y sí había ido a varias marchas. Nosotros no estamos de acuerdo con el régimen que nos quieren imponer, y no solo fuimos a las marchas de este año, a las de antes también habíamos ido”, afirma su mamá.

Su abogada, Elenis Rodríguez, asumió el caso como parte de la organización no gubernamental Fundeci y logró demostrar que no podía ser imputado por esos cargos. Para el día de la audiencia preliminar en tribunales militares (fijada para el 9 de agosto), el expediente de Alexander Sierra solo incluía cargos por alteración del orden público y resistencia al arresto, pero ese día su abogada no pudo representarlo. Elenis Rodríguez fue juramentada el 21 de julio junto a 32 abogados más como magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, por la Asamblea Nacional, en una de las últimas acciones del parlamento venezolano para intentar frenar la elección de la llamada Asamblea Nacional Constituyente. A los ocho días Rodríguez solicitó asilo a la embajada de Chile en Caracas para evitar ser juzgada por “traición a la patria y usurpación”.

La abogada Alejandra Tosta asumió el caso de Alexander Sierra desde que Rodríguez fue postulada como magistrada. Ese 9 de agosto logró que el juez militar aceptara remitir el expediente a un tribunal ordinario. Pero desde entonces el caso parece estar en un letargo. El expediente tardó tres meses en llegar a la jurisdicción civil. La insistencia de la señora Nancy se concretó recién el 8 de noviembre. No pudo agilizar un simple traslado de una carpeta desde Fuerte Tiuna hasta el Palacio de Justicia, un trayecto de 12 kilómetros que puede demorar no más de 30 minutos en motocicleta. “Un funcionario de tribunales llegó a decirme que el Plan República no lo había podido llevar. ¿Qué tiene que ver el Plan República con un expediente?”, se pregunta Nancy, ante lo que luce como un sinsentido. ¿El operativo militar que resguarda las elecciones en Venezuela eran, según ese empleado, responsables del retardo judicial?

Alexander Sierra es uno de esos presos políticos que cayeron en el olvido. Son apenas un nombre más en una lista que se encoge y se alarga según las necesidades del régimen bolivariano. No concentran ellos la atención de los medios y a medida que pasa el tiempo nadie los recuerda.

A las pocas semanas de su detención, otro joven parecido a él fue llevado al Helicoide por la misma causa (ataque a la base aérea militar de La Carlota). Su madre y sus abogados están de acuerdo: Alexander Sierra fue detenido arbitrariamente porque se parece a alguien sospechoso de atacar una instalación militar y es moreno, de cabello ensortijado tipo afro, y tiene uno de sus brazos tatuados casi por completo. Lleva seis meses en el Sebin. Se dice que el otro joven, de características similares por el cabello y los tatuajes, que era la persona que las autoridades estaban buscando, fue a la cárcel de El Dorado, en el estado Bolívar, al sur del país. Lo de Alexander fue una equivocación, sospecha la madre.

La oportunidad de salir en libertad antes de Navidad se esfumó la semana del 15 de diciembre. El martes 12 le informaron a Alexander que sería trasladado al Palacio de Justicia para su segunda audiencia. Nunca ocurrió. Un funcionario de jerarquía informó a los detenidos que el Sebin había suspendido los traslados a tribunales hasta febrero.

Narrativa política

Desde las protestas del año 2014 hasta el 15 de diciembre de 2017, la organización Foro Penal Venezolano ha contabilizado 12.007 presos políticos. De ese total, 4.609 personas han recibido libertad plena mientras el restante 61.6% permanece criminalizado: 274 están presos y 7.124 han sido liberados con medidas cautelares.

En esa lista de personas que continúan tras las rejas, están incluidos todos los que responden a los criterios que califican a un detenido como preso político -con base en parámetros y definiciones validadas internacionalmente por la OEA, Parlamento Europeo y el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU-, sean defendidos por abogados de Foro Penal o no, asegura su director, Gonzalo Himiob.

Según esta organización hay tres categorías para identificar a un preso político: a) cuando se trata de un líder político o social que es detenido o condenado por representar individualmente una amenaza política para el Gobierno; b) cuando la persona forma parte de un grupo social al cual se quiere intimidar (defensores de derechos humanos, comunicadores, jueces, militares, activistas sociales y políticos, estudiantes); y c) personas que son utilizadas por el gobierno para sustentar una campaña o una determinada narrativa política del poder, con respecto a determinadas situaciones de trascendencia nacional (no son líderes políticos ni sociales, ni representan a un grupo clave). En esta última categoría estarían los más olvidados, aquellos que terminan abandonados por los abogados, por el sistema, por su familia o por la sociedad.

Himiob aclara que cuando Foro Penal no lleva la defensa de algún preso político puede ocurrir que no tengan cómo manejar la información sobre ese caso en particular, y por lo tanto no lo incluyan en el listado que ellos manejan. “No porque nosotros no queremos, sino porque no tenemos información a la mano”, agrega.

Por ello puede haber más detenidos por razones políticas que los indicados por esta organización, varios de ellos desconocidos o relegados, y en algunos casos identificados por organizaciones de derechos humanos. Los casos de Magaly, Leybis, Héctor, Yeison y Alexander son un ejemplo.

Sin pediatra ni docente

Magaly Izarra es la única pediatra existente en el pueblo de Santo Domingo, en el estado Mérida (andes venezolanos, occidente del país). Leybis Uzcátegui es docente, con postgrado en Gerencia Educativa y coordinadora del único liceo que existe en esa localidad. Ambas estuvieron 60 días detenidas en los calabozos de la policía científica (Cicpc) del estado, y otros 30 días en el Centro Penitenciario de Los Andes sin haber tenido la audiencia preliminar que corresponde por ley, sin haber ido a juicio y sin recibir alguna sentencia.

Las dos fueron detenidas luego de una denuncia presentada por la alcaldesa de Santo Domingo, Idania Quintero, del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela, por participar en una protesta en el pueblo contra la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Les imputaron siete delitos: obstaculización de la vía pública, asociación para delinquir, instigación al odio, lesiones leves a personas de la comunidad, lesiones al centinela (funcionario militar), robo al centinela y financiamiento al terrorismo.

El 21 de julio la doctora y la docente participaron, junto a varias personas, en una protesta pacífica que incluso contó con protección policial. Por minutos se atravesaban en la vía con pancartas en contra de las elecciones de la ANC, y se regresaban a la acera.

No eran más de 20 personas, no hubo enfrentamientos hasta que la alcaldesa Quintero se presentó con unas 50 personas. Cuentan los testigos que, con actitud hostil, les quitaron las pancartas, pitos, les lanzaron piedras y los corrieron del lugar. Al menos dos de los integrantes de la comitiva oficial estaban armados. Incluso le solicitaron a la policía que custodiaba la protesta que se llevara detenidos a todos, pero el funcionario no acató la orden, recuerda Omar Cardona, familiar de ambas.

En medio de los forcejeos uno de los acompañantes de la alcaldesa hirió con un arma blanca a un joven de 21 años en la parte baja de la espalda. Magaly Izarra lo auxilió mientras esperaban trasladarlo al hospital. El resto de los manifestantes corrió hacia una casa cercana para refugiarse de los ataques. Una vez adentro las personas que acompañaban a la alcaldesa, que forman parte de los llamados colectivos, las fuerzas de choque del régimen chavista, comenzaron a lanzarle piedras a la casa y a detonar morteros

Lo que ocurrió luego fue casi una sublevación del pueblo de Santo Domingo. Al correrse la información de lo que estaba sucediendo, unas 200 personas salieron a defender a los manifestantes y lograron que el grupo liderado por la alcaldesa se replegara en la alcaldía. Gracias a esto, las personas que estaban dentro de la vivienda pudieron salir, entre ellas Leybis, quien se marchó a su casa.

La gente se concentró frente a la alcaldía en reclamo por lo sucedido. Alguien llamó a la Guardia Nacional para que los ayudara. De pronto varios oficiales aparecieron en el lugar, agresivos, pero no muy bien equipados, según los testigos. Apenas empezó la represión se quedaron sin municiones y sin vehículos. La poblada los persiguió y cazó a uno de ellos, a quien golpearon fuertemente, lo desnudaron y lo dejaron ir. Allí el enfrentamiento cesó. Ni Magaly (56 años) ni Leybis (52 años) estuvieron en los hechos que ocurrieron frente a la Alcaldía ni en la golpiza contra el guardia. Magaly al final acompañó al joven herido hasta el hospital de Mérida, a 2 horas de Santo Domingo, porque la herida era considerable.

Un mes después de estos hechos, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), allanó las viviendas de algunos de los manifestantes y entregó citaciones. Magaly y Leybis estaban dentro del grupo y viajaron hasta Mérida para cumplir con el trámite. Están detenidas desde entonces.

A mediados de octubre las trasladaron al Centro Penitenciario de Los Andes. En el penal fueron recibidas con golpes y agresiones salvajes, al punto de que ellas mismas pidieron a sus hijas y familiares que no las visitaran. Ambas fueron señaladas por la alcaldesa de Santo Domingo como agresoras del guardia nacional, junto a los demás hombres detenidos, aun cuando la propia víctima declaró que ellas no participaron en su golpiza.

Las familias de Leybis y de Magaly escogieron a un abogado privado para que las defendiera. A finales de noviembre salieron del centro penitenciario pero con medidas cautelares: régimen de presentación mensual y prohibición de salir del estado Mérida. Siguen a la espera del juicio porque fue diferido para el 20 de abril de 2018. Entre tanto, la doctora intenta retomar sus actividades luego de que el pueblo de Santo Domingo sumara cuatro meses sin pediatra.

Veintisiete años

En febrero de 2014, cuando se registraron las primeras protestas contra el presidente Nicolás Maduro, hubo dos fallecidos en el estado Lara (centro occidente de Venezuela). Héctor Cusati Martínez fue señalado como responsable de la muerte de Alexis Martínez (58 años de edad), hermano del entonces diputado del Psuv a la Asamblea Nacional, Francisco Martínez.

Alexis Martínez falleció en la avenida Hernán Garmendia de Barquisimeto, capital de la provincia, al recibir un disparo en el pecho mientras retiraba unos escombros y barricadas que se encontraban en la vía colocados por manifestantes. No estaba solo. Alexis Martínez llegó a esa avenida junto a otras personas identificadas por los manifestantes como colectivos, justo después de que pasaran unas tanquetas de la Guardia Nacional por el lugar, para acabar con la protesta de los vecinos.

“Como el señor que murió era del Gobierno, vinieron buscando a un culpable”, afirma Amada Martínez, madre de Héctor Cusati, tres años después de lo ocurrido.

Héctor Cusati era escolta privado y tenía porte legal de arma de fuego. Según las investigaciones de la policía científica, la bala que mató a Martínez coincidía con los proyectiles que usa su armamento. Salvo esa coincidencia en el transcurso de las investigaciones no se pudo comprobar que Héctor Cusati disparó su arma contra Martínez. Su expediente está viciado, reitera su mamá. “Una persona, un patriota cooperante, fue el que lo incriminó en esto”, agrega. Esa figura de delator, no incluida en las leyes venezolanas, comenzó a ser usada por el Gobierno en 2014. Es una persona no identificada que denuncia a alguien y luego no se presenta en tribunales a rendir declaraciones.

La experticia practicada en el apartamento de Héctor Cusati, quien vivía en un piso 11 con su esposa, su hija de 8 años y su mamá, de 61 años, salió negativa. No se halló pólvora en el apartamento, lo cual desmontó la versión de que había disparado desde el balcón de su casa, hecho que también fue descartado por la distancia existente entre el apartamento en un piso 11 y el lugar donde cayó el hermano del diputado del Psuv. La policía al final determinó que el disparo salió a 80 centímetros de distancia de Martínez. Héctor Cusati no estaba en la calle cuando eso ocurrió sino en el quinceavo piso de su edificio buscando a su hija en el apartamento de una vecina. Su abuela la había dejado ahí para protegerla de los gases lacrimógenos que estaba lanzando la Guardia Nacional.  

Treinta y seis personas declararon en contra de Héctor Cusati. En la mayoría de esos testimonios, cuenta su madre, hubo contradicciones. No se pudo comprobar que Héctor Cusati estuviera disparando cerca de donde cayó el hermano del diputado del partido de gobierno. En el juicio se planteó la posibilidad de que Cusati prestara su arma a otra persona, pero esa versión no pudo ser comprobada

Este caso fue llevado desde el comienzo por un abogado privado que recomendó a la familia no dar declaraciones a los medios. Incluso le sugirió a su defendido declararse culpable y admitir los hechos para que le bajaran la pena. Héctor Cusati no aceptó. Fue condenado a 27 años de prisión y lleva tres años recluido en la cárcel de Uribana. Para poder pagarle los honorarios al abogado la familia debió vender el apartamento donde vivían.

Varios defensores de derechos humanos identifican un patrón que une los casos de las personas enjuiciadas por las protestas ocurridas en 2014 y 2017. “Hay abogados privados que descuidan la defensa jurídica. No hay continuidad, o convencen a sus representados de que se declaren culpables para que reciban una sentencia exprés y así quitarse la responsabilidad de un litigio que extenderse durante 4 o 5 años”, explica Andrés Colmenares, coordinador general de Funpaz.

Gonzalo Himiob recuerda el caso de Víctor Ugas, quien se declaró culpable para salir rápido de presión, le dieron boleta de excarcelación, pero aún no lo han liberado. “Cuando un tribunal te obliga a declararte culpable es para desarticular la narrativa de prisión por hechos políticos, pero además el efecto secundario es que el poder no cumple con su palabra, no te libera”.

El caso de Héctor está en fase de apelación, ahora sin asistencia de abogados privados. La señora Amada no sabe si su hijo está en la lista de presos políticos que maneja el Foro Penal, pero quiere que lo incluyan. El 6 de marzo de 2014, cuando se llevaron detenido a Héctor, el propio presidente Nicolás Maduro se refirió a él en cadena nacional, horas después. “Este muchacho, Héctor Doménico, ¿por qué a sus 20 años se convirtió en homicida? Ah, por la prédica de odio”. Maduro no solo se equivocó al calcular la edad de Héctor Cusati. También dijo que había confesado un crimen. Era mentira.

Perfil “mediático”

En el Sebin hay varios presos políticos que son indigentes. Poco se sabe de ellos. También hay casos como el de Yeison Rodríguez, un joven de 20 años que vendía agua en las protestas que se desarrollaron en Caracas entre abril y julio, y que fue detenido por conocer a un grupo de manifestantes que solían enfrentarse a la Guardia Nacional con escudos y cascos, conocidos como “La Resistencia”.

Su detención ocurrió el 10 de junio en Guarenas, al salir del funeral de Neomar Lander, el adolescente de 17 años que murió por el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho. Cuatro hombres se bajaron de un vehículo modelo Aveo, lo abordaron y obligaron a entrar en el carro bajo amenazas. Lo llevaron al helicoide. Sobre Yeison, el director del Sebin, Gustavo González López, fue el encargado de difundir a través de su cuenta en la red social Twitter la información sobre su detención. Quedó marcado como uno de los “organizadores y ejecutores de acciones terroristas en Caracas”.

González López mostró supuestas pruebas que incriminaban a Yeison. Se trataba de audios y mensajes de texto obtenidos de su celular. En uno de ellos otro joven le comenta sobre unos escudos que llevaría a una de las marchas, y una conversación que sostuvo con una funcionaria de la gobernación de Miranda que lo estaba ayudando a ingresar a trabajar como rescatista. El Sebin argumenta que esa conversación es la prueba de que la gobernación, dirigida hasta octubre por el opositor Henrique Capriles Radonski, lo financiaba para que organizara las “acciones terroristas”.

En la primera audiencia de presentación, a días de su detención, el joven solo contó con un defensor público. Luego de seis meses en el Sebin, no ha asistido a su primera audiencia preliminar, no tiene fiscal asignado ni fecha de su próxima presentación ente la justicia militar, que lo acusa con cargos de traición a la patria, rebelión y sustracción de equipos militares. La asistencia de abogados ha sido intermitente e incluso a quienes han intentado asumir su defensa les han negado ver el expediente. 

Yeison proviene de una familia humilde, no tiene padres, su abuela era su principal apoyo y desde que lo llevaron al Helicoide estuvo pendiente de su caso, buscaba abogados, iba a los tribunales, pero cayó en cama a los meses. En uno de sus viajes a Caracas para visitar a su nieto, tuvo un accidente abordando el ferrocarril que comunica a la capital con los Valles del Tuy. Se fracturó una de sus piernas, no ha podido caminar de nuevo.

Gonzalo Himiob afirma que todo caso político debe ser visto y abordado desde tres variables: la jurídica, la mediática y la política. En la primera se analizan todos los elementos jurídicos del caso para poder sustentar que se trata de una detención arbitraria por motivos políticos. La segunda tiene que ver con “subirle el perfil mediático” a un caso, pues a veces es muy importante hacerlo y otras ocasiones es mejor bajárselo, dice Himiob, y cita como ejemplo al grupo de indigentes que son presos políticos, detenidos porque estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. “No es que los descuidemos, es que a ellos no les subimos el perfil porque es más difícil. No tienen ningún familiar que hable por ellos. Y en general nunca le subimos el perfil a un caso si el colega abogado o la familia no está de acuerdo, eso lo respetamos”.

La tercera variable (política) tiene que ver con cómo se busca, dentro y fuera del país, subirle el costo político al Gobierno por estos casos. “La prisión política no es solo un tema jurídico, es un tema de costo-beneficio para el Gobierno. A veces nos acusan de ser mediáticos, pero en la medida en que a un caso le subas el perfil y el costo político al Gobierno, esa persona tiene más posibilidades de salir. No vas a tener éxito si no manejas estas tres variables”, agrega Himiob.

Pero no todos los presos políticos y sus familiares quieren ser asistidos por el Foro Penal, ni las detenciones por razones políticas han dejado de ocurrir. En diciembre de 2016 la policía política detuvo a los directivos de la empresa Credicard, por supuestamente ser responsables de un ataque informático que colapsó la red de puntos de venta del país, y ser acusados por el Gobierno de “traición a la patria”. Cinco directivos de la empresa están siendo juzgados por la justicia militar.

Más recientemente, la fuga del alcalde metropolitano Antonio Ledezma, detenido en febrero de 2015 y quien estaba bajo la medida de casa por cárcel, derivó en la detención de más de 20 personas que incluían desde el conserje del edificio donde vivía Ledezma, el presidente de la junta de condominio, un representante de la empresa privada encargada de proveer el servicio de cámaras de seguridad a las residencias, y trabajadores de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. La mayoría fueron liberados a los pocos días de ser detenidos por el Sebin, pero Carmen Andarcia, de 61 años de edad, directora de Administración de la alcaldía, fue dejada tras las rejas (en el helicoide).

No es necesario que se desarrolle una protesta para que se registren detenciones arbitrarias por razones políticas. La puerta giratoria sigue activa, y un mensaje de Gonzalo Himiob, en sus redes, lo ilustra: “Al 11 de agosto de 2017 registrábamos 676 presos políticos en Venezuela. Desde el 11 de agosto al 19 de noviembre se ha logrado la liberación de 476, pero en paralelo se ha detenido a 167”, escribió el 25 de noviembre. Entre tanto, los olvidados siguen en los calabozos.

¿Era ese el cálculo que tenía en mente cuando se entregó a las autoridades el 18 de febrero de 2014, en medio de una multitud congregada en la Plaza Brión de Chacaíto? Quizá sí. Y si fue así, le atinó al pronóstico. Pero también debió contemplar en su cálculo de riesgos los costos de ponerse a merced de un proceso judicial que se inició en julio y cuyos vaivenes rescatan el sentido del adjetivo kafkiano.

El Gobierno, a través de la Fiscalía -a la que controla con riendas cortas-, atribuye a López la instigación de la oleada de disturbios que durante tres meses, de febrero a mayo de 2014, asoló a las principales ciudades de Venezuela y que solo se sofocó con un saldo de 43 muertes, más de 800 heridos y 3.000 detenciones. En particular, el Gobierno quiere demostrar que los discursos de López durante el lanzamiento del movimiento La Salida llevaron a unos jóvenes a iniciar un conato de incendio y causar daños en la fachada de la sede de la Fiscalía General de la República, en el barrio de La Candelaria, en el centro de la capital venezolana, el propio 12 de febrero, verdadero Día de la insurrección callejera.

El caso llegó al Tribunal 28 de Juicio de Caracas. Su titular, Susana Barreiro, es una abogada joven, menuda, de pelo lacio y tez pálida, a la que se le hace difícil proyectar la voz en la Sala de Audiencias en el Palacio de Justicia de Caracas, un edificio levantado en los años 50 por la última dictadura militar que sufrió Venezuela y que de manera incompleta se intentó remodelar como sede de las cortes penales en los 90. Sobre la cara oeste del edificio, dos inmensas vallas con las imágenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro acompañan la consigna de "Chávez vive, la lucha sigue", a la vez que siembran dudas más que razonables sobre la imparcialidad de la justicia que allí se imparte.

La sala que sirve de escenario para el juicio oral muestra, en cambio, un decorado magro, propio de una burocracia impersonal.

La circunscriben paneles de formica beige. Adheridos a ellos y manuscritos, varios carteles advierten sobre las reglas que los asistentes a la sesión deben observar. Dos cuadros, uno con Simón Bolívar y otro con el escudo nacional, dominan el recinto desde el fondo. A la entrada hay una primera área para el público, con bancos de iglesia donde se pueden acomodar veinte personas, cuando mucho. Luego sigue una segunda zona con bancos, de superficie apenas menor, para la decena de abogados de la defensa, que no es solo la de López, sino la de cuatro jóvenes, de entre 20 y 35 años de edad -Marco Coello, Christian Holdack, Ángel González y Damián Martín, todos detenidos durante los eventos del 12 de febrero-.

Al lado opuesto, los representantes de la Fiscalía, Narda Sanabria, Franklin Nieves y José Gregorio Foti. Los dos primeros llevan la batuta en el interrogatorio de los declarantes, que se sientan en un podio separado del salón por una baranda de madera. De Nieves se dice que está a punto de retiro, y que ha aceptado de mala gana este caso, una última cucharada de purgante antes del merecido descanso.

Como los abogados de la defensa y la propia juez, los fiscales van de toga negra, alguna con ribetes de color. La majestad que se pretende con la prenda se desvanece, sin embargo, con el aspecto de Sanabria, un compendio de los lugares comunes que se le achacan a la moda de las abogadas: zapatos de plataforma, una gruesa capa de panqué y el cabello teñido de rubio con reflejos.

Por modesta que sea, la sala parece obrar entre sus paredes el prodigio de la dilatación del tiempo. Los días de audiencia, López es trasladado desde Ramo Verde al centro de Caracas entre tres y cinco de la madrugada. La sesión debe comenzar entre las diez de la mañana y la una de las tarde. Pero invariablemente se retarda sin que haya explicación oficial para ello. El día en que este reportero asistió, la audiencia empezó a las tres y media de la tarde.

Pero todavía hay más sobre la relatividad del tiempo: si al comenzar el proceso se daba largas al asunto –a veces transcurrieron dos semanas entre audiencias-, ahora se celebran tres audiencias a la semana, 120 horas al mes, a toda máquina judicial. El rumor es que se quiere condenar a López antes de que venza el período de postulación de candidatos a la Asamblea Nacional.

Con prisa o sin ella, la acusación no parece tenerlas todas consigo. En la audiencia anterior, su testigo estrella, una lingüista de la Universidad de Los Andes (ULA), Rosa Amelia Asuaje, traída desde Mérida (ciudad universitaria en la región suroeste-andina de Venezuela) para separar el polvo de la paja en el discurso de López y poner así en evidencia su llamado a la violencia, había dicho, tras repasar 80 horas de grabaciones de alocución del dirigente opositor, que no podía afirmar tal cosa. Para reducir los daños producidos por este inesperado gesto de honestidad de la profesional, luego la acusación promovería como perito experto al director de la policía judicial, José Gregorio Sierralta, que no tuvo pudor para asegurar que el discurso “agresivo y violento” de López manipuló a los jóvenes manifestantes del 12 de febrero de 2014.

De estos detalles apenas se entera la opinión pública, como no sea a través de los esporádicos boletines de prensa del Ministerio Público, siempre sesgados, y a pesar de los esfuerzos de los bien organizados familiares y allegados de López. Diversas señas indican que el caso ha perdido momentum para los medios. Los piquetes antidisturbios, los cortes de avenidas y, en general, las medidas de seguridad de los albores del juicio, se han relajado de manera ostensible.

Aun así, se trata del Monstruo de Ramo Verde, como el presidente Maduro se refiere a López. En noviembre pasado la policía política apresó en el barrio de La Candelaria (centro de Caracas, nada lejos del sitio del juicio) a un grupo de militantes de Voluntad Popular a los que acusó de planear un atentado con explosivos contra el Palacio de Justicia para liberar a López.

Además, el Gobierno no quiere que quede constancia de ningún discurso para la historia por parte de López. Para asegurarse de ello ha conseguido que la juez ponga toda clase de cortapisas con tal de impedir el acceso a un acto eminentemente público como lo es, por ley, un juicio oral. No se permiten ni periodistas ni representantes diplomáticos. No se puede tomar nota y quien quisiera tuitear, por capricho o necesidad, no podrá hacerlo pues todos los equipos electrónicos son incautados en la entrada.

Al padre del acusado, Leopoldo López Gil, le ha sido prohibida la entrada desde que en febrero los alguaciles del tribunal descubrieron que grababa la sesión con unas gafas de espionaje, que llevan cámara incorporada. Los familiares y los abogados del exalcalde se quejan de que no pueden ver el registro en vídeo de las audiencias que lleva la corte.

Por cierto, durante la audiencia a la que este reportero asistió, de pronto la secretaria del tribunal descubrió que la cámara de vídeo oficial no funcionaba. Para entonces, ya Christian Holdack llevaba más de 20 minutos de una extensa declaración en la que relató las circunstancias en las que cayó detenido, el 12 de febrero de 2014, cuando fue a cubrir, como videasta, la marcha juvenil de la oposición. Su testimonio, con toda probabilidad, se perdió en el desperfecto electrónico.

Cuando después habló Leopoldo López, quien también había pedido declarar, lo hizo con voz clara y cadencia pausada. La grabación de video ha sido restituida pero se diría que López ha elegido encarnar a un profesor no para la cámara, sino para garantizar un efecto didáctico ante el juez y los fiscales, sus contrapartes. El contrainterrogatorio al que lo someten luego de sus palabras es ligero, por no dejar. La juez Barreiro le pregunta, por ejemplo, si los riesgos de los que advertía a sus seguidores en sus arengas antes del 12 de febrero, respondían a una conciencia previa por parte de López de la violencia que se iba a desatar.

López, que estudió en Harvard, apela a una parábola para responderle: “Acá en todas las audiencias la juez hace un receso como a las seis y media de la tarde para que los abogados y todas las partes puedan ir a buscar sus carros y los estacionen dentro del Palacio de Justicia”, empieza la analogía, mientras hace un paneo con sus ojos por todos los asistentes, como calibrando las reacciones que genera la imagen que utiliza. “Eso lo hace la juez porque sabe que el centro de Caracas es una zona peligrosa y quiere darle la oportunidad a los demás de que busquen su carro y para que no tengan que caminar en esta zona más tarde. Ahora bien, si alguien no le hace caso a la juez, y  no va a buscar su carro y después lo asaltan, a nadie se le ocurriría atribuirle responsabilidad a la juez por ese asalto, aunque ella conocía los riesgos”.

Se asoma un Leopoldo López distinto al muchacho de mente despierta pero impulsivo que retratan algunos testimonios de colaboradores y adversarios, el joven de familia acomodada, caprichoso, que el oficialismo caricaturiza a veces como “predestinado desde la cuna para ser presidente”, pero otras demoniza como si de un curtido agente de la CIA se tratara.

En ese punto, los efectos presuntos del cautiverio en su personalidad del cautiverio, arranca el cuestionario que se le hizo llegar a su celda en Ramo Verde. La transcripción de sus respuestas, originalmente puestas sobre papel con la caligrafía nerviosa y, aun así, por demás legible, de López, aparece a continuación. Era el segundo intento. Al primero, el borrador de López quedó destruido tras una violenta requisa en su celda. En este, exitoso, el prisionero ha querido estampar, también manuscrito, un certificado de autenticidad al final del escrito, junto a su firma: “Esta entrevista la escribí en mi celda de la Cárcel Militar de Ramo Verde el 5 de marzo de 2015”.

Entrevista

“En prisión siento una libertad más profunda que cuando estaba en libertad plena”

PREGUNTA: En su audiencia se le ve más aplomado, centrado, en comparación con su acostumbrada imagen pública, ¿en qué cree que lo ha cambiado esta experiencia como ser humano y en su perspectiva política?

RESPUESTA: La cárcel es una experiencia dura, especialmente si se es inocente y esta viene cargada de injusticias y violaciones a derechos elementales. Llevo más de un año en prisión. He sido víctima, al igual que mi familia, de la privación de derechos básicos. Los primeros seis meses los pasé en total aislamiento del resto del penal, sin contacto con otros presos y encerrado en mi celda. Cuando me visitaba mi familia, apenas entraban en mi celda, los guardias cerraban la reja con candado. No he podido recibir visitas sino de mi familia directa y de mis abogados. Las conversaciones con mi defensa son grabadas, leen y confiscan mi correspondencia de manera arbitraria, hemos sido víctimas de requisas violentas por parte de comandos de inteligencia militar, han lanzado excremento humano al interior de nuestras celdas y en todo momento somos grabados directa o clandestinamente por parte de la inteligencia militar y los custodios. Hemos hecho las denuncias correspondientes. No hemos obtenido una respuesta oficial en Venezuela, pero hemos obtenido respaldo y respuesta de diversos organismos de derechos humanos. El más relevante de ellos, por su obligatorio acatamiento constitucional, es la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

A pesar de estas dificultades propias de mi condición de prisionero de conciencia, de preso político, he tenido tiempo para crecer y lo he aprovechado buscando convertir la adversidad en oportunidad. Desde que llegué a la cárcel me he nutrido de las experiencias y testimonios de otros prisioneros de conciencia que se han convertido en una referencia permanente en mí día a día.

Las vidas y el ejemplo de Mandela, de Martin Luther King, de Václav Havel, de Aung San Suu Kyi, de Sócrates, de San Pablo y de muchos otros hombres y mujeres me han servido de inspiración sobre cómo asumir la realidad de estar preso por las ideas, por las convicciones. De hecho, confieso que he experimentado un sentimiento de libertad más profundo que cuando estaba en libertad plena. Es la libertad del espíritu, de sentir la serenidad de defender ideas de libertad ante la turbulencia del cautiverio y de los abusos de mis carceleros. He aprendido a conocerme mejor y a arrancar de mi corazón cualquier sentimiento negativo en contra de quienes me metieron y me mantienen en la cárcel. Pero al mismo tiempo he logrado afianzar y profundizar mis convicciones. Es estimulante conseguir coincidencias de lo que estamos viviendo con gigantes de la lucha universal por la igualdad en derechos y la libertad.

La prisión me ha permitido pensar y reflexionar mucho sobre por qué estoy aquí y sobre el compromiso que tengo con Venezuela y con los venezolanos. Me ha permitido encontrar temas, ideas, principios que se han aferrado a mí de manera profunda y que estoy seguro me marcarán positivamente para el resto de mi vida. El más importante de esos principios, sobre el cual he tenido largas horas de reflexión, es la idea de construir un país, una nación en donde estemos unidos alrededor del compromiso de que “Todos los Derechos sean para Todas las Personas”. Esa idea sencilla pero poderosa, ha condicionado mi visión sobre la democracia, la justicia y la libertad.

La democracia en el siglo XXI tiene que ir mucho más allá de la formalidad de una elección, o de la división de poderes, incluso más allá de la idea republicana del imperio de la ley. En mi opinión, la democracia por la que debemos luchar y por la que hoy estoy dispuesto a estar y seguir en prisión, es un sistema centrado en la aspiración de que los derechos de todos sean respetados y promovidos sin exclusiones ni privilegios. Eso supone la existencia de un Estado eficiente, de una justicia verdaderamente justa y de una ciudadanía activa. Lograr que nuestro país garantice todos los derechos para todos solo se puede alcanzar con un profundo respeto a la libertad y la justicia.

Yo crecí leyendo sobre nuestra historia y sobre filosofía y política. Siempre leí y creí que conocía el significado de ideales como la libertad, la igualdad y la justicia. Pero ha sido desde mi experiencia en la cárcel que he llegado a comprender su significado. Es difícil hablar de justicia si no se ha vivido la injusticia, es difícil hablar de libertad si no se ha sido privado de ella. En ese sentido, le doy gracias a Dios por haberme permitido transitar este camino de dificultad y así convertir la adversidad en crecimiento, en una oportunidad.

P: ¿Teme usted que su permanencia en prisión le haya aislado de la realidad de las calles, hasta el punto de que su interpretación del momento político pueda quedar condicionada por ello?

R: Busco mantenerme informado de lo que ocurre en el país leyendo prensa, con las limitaciones que tenemos todos los venezolanos para tener acceso a la información, debido al secuestro de la libertad de expresión en el país. Mi familia me mantiene informado y los días de audiencia de mi juicio puedo hablar con abogados, alguaciles, personal de seguridad y otros presos. Lo que ocurre en el país es de lo que se habla. De las colas, de la escasez, de la inseguridad, de la falta de respeto del Gobierno. De hecho, es común el comentario: “Cuando salgas en libertad te vas a encontrar con otro país. Si estábamos mal, ahora estamos mucho peor”.

Ciertamente estoy preso y he pasado la mayor parte del último año encerrado en mi celda, es decir, preso incluso dentro de la cárcel. Estoy más preso que los otros internos de Ramo Verde. Pero lejos de aislarme de la realidad del país, esta experiencia me ha acercado mucho a la realidad que viven los venezolanos. He aprendido de las vivencias de jóvenes presos, de sus familiares, de las carencias del sistema de justicia, de la corrupción que ha infectado todos los sectores. He aprendido a conocer de cerca el mundo militar porque estoy preso en una cárcel militar y mis custodios son militares. He conocido de cerca las vivencias, las expectativas del soldado, del sargento, de los oficiales. He vivido en carne propia la injusticia de jueces y fiscales corrompidos, de la dilación de la justicia procesal, de las condiciones de los presos.

Insisto, mi experiencia en la cárcel, lejos de alejarme de los problemas de los venezolanos, me ha acercado a ellos. Los vivo y comparto lo que veo y reflexiono con mi familia, que también es víctima de la carencia de justicia al igual que otras miles de familias más.

Por otra parte, tener la posibilidad de ver la dinámica política desde la distancia me ha permitido tener una apreciación del mundo político más profunda y con una perspectiva histórica que me ha dado una mejor precisión del momento que vivimos.

Hoy entiendo por qué la cárcel ha marcado profundamente la vida y la perspectiva de muchos líderes de Venezuela y del mundo. La cárcel es una especie de prueba de fuego para las ideas y el carácter de quienes la sufrimos por los ideales de cambio. Ideales que son y han sido criminalizados por regímenes autoritarios a lo largo de la historia.

P: Los estudios de opinión muestran de manera consistente que usted es, junto al gobernador Henrique Capriles Radonski, uno de los dos líderes de oposición más reconocidos y respaldados. Algunos interpretan esos números como un premio a su actuación del año pasado, otros sostienen que solo reflejan una solidaridad circunstancial por su estadía en la cárcel. ¿Cómo los interpreta usted?

R: En mi opinión, lo más relevante de los estudios de opinión que he podido leer es la profunda vocación de cambio que hoy tenemos los venezolanos. Cuando Maduro llegó al poder en unas elecciones cuestionadas, 49% de los venezolanos evaluaba la situación del país como negativa. Hoy, 86% de los venezolanos tienen una apreciación negativa de lo que ocurre en el país y 80% evalúa negativamente el mandato de Nicolás Maduro. Eso representa un cambio significativo que sitúa a la inmensa mayoría de los venezolanos del lado de la aspiración de un cambio de rumbo, de un cambio profundo. Siendo esta la realidad, nuestra prioridad tiene que ser canalizada por el camino constitucional y democrático. Mientras tanto, en paralelo, debemos ir definiendo las propuestas concretas que nos permitirán convertir esa vocación de cambio en una transformación positiva para todos los venezolanos. En ese camino todos los líderes y liderazgos democráticos somos necesarios y estoy seguro que todos tendremos una contribución positiva y constructiva para el momento en que nos corresponda construir una mejor Venezuela.

P: El presidente Maduro ofreció retóricamente liberarlo si Estados Unidos liberaba de manera simultánea a un independentista puertorriqueño. Más allá de ese gesto de Maduro, ¿percibe usted que se ha convertido en moneda de cambio del Gobierno en una mesa de negociación?

R: El comentario en el que ha insistido Maduro de canjearme por otros presos, es la confirmación pública de mi condición de preso político, preso de Nicolás Maduro. Maduro, con esta afirmación reiterada actúa como el representante de la guerrilla o de una banda de secuestradores en lugar de como Jefe del Estado, que en democracia no tendría ni que opinar ni pretender incidir en procesos judiciales.

P: En 2014 se hizo evidente una fractura al interior de la oposición. En este momento, desde la cárcel, ¿considera necesaria la unidad opositora? En caso afirmativo, ¿qué propone para lograrla?

R: Unidad de todos los factores democráticos en todos los terrenos. No puede haber fracturas que nos debiliten. Requerimos unidad en la protesta y unidad en lo electoral, unidad en la calle y unidad en el voto. No son estrategias excluyentes, más bien las considero complementarias. La clave de la unidad está en tener un propósito común y en no hacer de la unidad un fin en sí mismo. Es la unidad para el cambio, la unidad para superar la pobreza en paz y en democracia, la unidad para construir las bases de una democracia sólida basada en el respeto de los derechos de todos, la unidad para el progreso de todos los venezolanos. Es decir, el cerebro de la unidad tiene que ser la base de una visión compartida por millones de venezolanos de la Venezuela que queremos, la que merecemos, una visión compartida que emocione y movilice a la gente. Y hoy estamos mucho más cerca de ese cambio a pesar de la difícil situación del país.

P: En recientes declaraciones el ex presidente uruguayo José Mujica diferenció entre una oposición venezolana pacífica, liderada por Capriles, y una inmediatista que intenta "voltear" al presidente Maduro. ¿Se reconoce usted como líder o parte de la segunda?

R: Sobre las opiniones del expresidente Mujica, leí sobre su rechazo al hecho de que en Venezuela existan presos políticos y sobre su advertencia de un posible golpe militar de izquierda. De esa manera hacía clara alusión a un golpe militar dado por las propias fuerzas del chavismo. Dijo que no había opinado sobre Venezuela antes porque no tenía todos los elementos concretos. Espero pueda profundizar en las instancias correspondientes sobre estos graves señalamientos. Sobre sus opiniones de la oposición no he leído nada, por lo que no puedo hacer referencia a ellas.

P: Al menos dos naciones, España y Colombia, han arriesgado una crisis diplomática con Venezuela al pedir que lo liberen. ¿Qué diría a los mandatarios de esos países para que perseveren en ese reclamo?

R: Los pronunciamientos a favor de la liberación de los presos políticos en Venezuela han sido muy diversos y contundentes. Las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, Colombia, España, Estados Unidos, Canadá, Perú, la OEA en voz de su secretario general, Amnesty International, Human Rights Watch, La Internacional Socialista, ODCA, entre muchos otros, rechazan que existan presos políticos y solicitan su liberación inmediata. Estos pronunciamientos tan claros y provenientes de distintos sectores ratifican nuestra inocencia y a la vez lo grave de que el Gobierno tenga como práctica el encarcelamiento de la disidencia política.

P: Este cautiverio ¿ha resultado más largo de lo que pensaba? A raíz de lo que ha pasado, ¿modificaría su decisión de entregarse en febrero de 2014?

R: Cuando me presenté voluntariamente ante las autoridades de la justicia injusta sabía que me estaba exponiendo a un largo cautiverio, a un encarcelamiento injusto que podría durar mucho tiempo. Desde un año antes del 18 de febrero del 2014, Maduro me había amenazado con cárcel innumerable cantidad de veces en cadena nacional. Estas amenazas me permitieron prepararme mentalmente y preparar a mi familia para este escenario. Lo hable mucho con mi esposa Lilian, quien ha sido mi voz ante Venezuela y el mundo, pero más allá de eso le ha tocado ser padre y madre de nuestros hijos Manuela y Leopoldo. A ella le estoy eternamente agradecido por ser mi principal apoyo en estos momentos difíciles. Viendo en retrospectiva lo que ha ocurrido, volvería a tomar la decisión de entregarme a una justicia injusta. La otra opción que se me presentaba, el exilio, el destierro, hubiese sido mucho más dolorosa y me sentiría más preso de lo que estoy en esta cárcel. Decidí dar la cara y asumir mi responsabilidad por haber convocado a la protesta pacífica a favor de un cambio político como condición necesaria para el cambio social y económico. Hoy estoy preso, pero soy libre de espíritu.

P: A la reciente detención del alcalde Ledezma parece que seguirán otras de dirigentes de oposición. ¿Cree usted que esos cautiverios lograrán intimidar la protesta? Si no, ¿cómo va a evitarlo la dirigencia opositora?

R: La persecución y la criminalización de la disidencia política van a continuar. Al menos esas son las señales claras que manda el gobierno de Maduro con el encarcelamiento de Ledezma,  la condena a ocho años de jóvenes por protestar, el encarcelamiento de twitteros, de empresarios, de líderes sociales. Ante esa realidad nos toca mantenernos firmes y llenos de esperanza, y de comunicar como podamos que nuestra lucha a favor de una Venezuela democrática, libre y soberana, en donde todos los derechos sean para todas las personas, vale la pena.