Como resultado de la indagación, el Ministerio Público luso compiló un voluminoso expediente de alrededor de 19.000 folios que, sumados a otros 900 de la acusación, conforman el caso de las connivencias corrupta del BES con instituciones y funcionarios del Estado venezolano, intermediarios y testaferros. En el legajo, al que el diario Expresso de Lisboa tuvo acceso y que compartió con Armando.info, se encuentran referencias a negociados que el banco pactó, entre 2009 y 2014, con sobornos y comisiones de por medio, con entes del Estado como la petrolera Pdvsa, el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), Corpoelec o Carbozulia, entre otros.

Entre las muchas historias que contiene, está la del general Alcides Rondón y su abogado, Carlos Caripe. Esta dupla formó parte de la red de altos funcionarios venezolanos que recibió al menos 124 millones de dólares por los favores recibido: firmas y decisiones que contribuyeron al envío de fondos del Estado venezolano al BES entre 2008 y 2014. Una cascada de pagos e inversiones que fungieron como salvavidas temporal para esa entidad que estaba haciendo agua y que, lejos de apuntalarla, echaron al foso miles de millones de dólares del tesoro público venezolano.

Para estos venezolanos, como todos los demás mencionados en el extenso expediente, no hay imputación formal por parte de la Fiscalía de Portugal, Este organismo, sin embargo, consiguió reconstruir con detalles las actuaciones de los venezolanos dentro del esquema, incluyendo el rastreo del dinero con el que fueron beneficiados.

El General de División Alcides Rondón Rivero ocupó funciones de alto nivel dentro de los gobiernos de Hugo Chávez, quién en varias ocasiones evidenció en pública su cercanía y amistad con el colega militar. “Es que estos muchachos son compañeros de promoción y nos permitimos esta confianza porque somos buenos amigos de toda la vida, desde que teníamos 16 o 17 años, son estos compañeros del alma”, confesó el fallecido caudillo en una emisión de programa dominical, Aló, Presidente.

Esa camaradería desde los cuarteles franqueó el ascenso de Rondón hasta cargos directivos en diferentes áreas del gobierno. Así, fue director de Relaciones Presidenciales del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia en 2002; viceministro de Gestión Comunicacional en 2003; viceministro de Seguridad Ciudadana en 2004; vicecanciller para Asia, Medio Oriente y Oceanía en 2005; y canciller encargado en 2006. Gravitando todavía en el círculo de confianza del mandatario, en 2008 fue nombrado presidente de Carbozulia International Inc, hasta el año 2010, la empresa encargada de comercializar en mercados internacionales el carbón de las minas de Guasare, Estado Zulia, en el extremo noroccidental de Venezuela, colindante con La Guajira colombiana.

Inversiones y favores

Ostentando esa posición, según el expediente portugués, Rondón Rivero entró en contacto con João Alexandre Silva, director general de la Sucursal Financiera Exterior (SFE) del BES en la isla de Madeira y de la Oficina de Negocios Extranjeros del banco. Silva, hoy refugiado en Dubái, fue el operador más importante de la trama tejida, por órdenes de Ricardo Salgado, entre el banco portugués y funcionarios venezolanos para el pago. En esa sucursal de Madeira, Carbozulia International abrió una cuenta el 11 de agosto de 2008. 

Carbozulia International Inc. fue una sociedad creada en 2008 y registrada en Panamá, cuya propiedad la detentaba Carbones del Zulia S.A., compañía del Estado venezolano constituida en 1976 y destinada a explotar, procesar, transformar y comercializar el carbón. La filial panameña se creó para llevar las actividades de exportación.

Uno de los folios de la investigación de la fiscalía lusa describe que Rondón Rivero figuró en los documentos constitutivos de Carbozulia International como presidente de la entidad hasta 2010 y que, luego, otro militar lo sustituyó en el cargo: Carlos Javier Chirinos Cabré, quien era un miembro principal de Carbones del Zulia S.A.

Durante la presidencia de Rondón Rivero, Carbozulia International no realizó grandes movilizaciones de efectivo en su cuenta en el BES. Pero esta sí fue usada para inversiones y flujos de dinero que llamaron la atención de los fiscales portugueses. 

Según se lee en el expediente, a finales de 2008 Carbozulia International compró 7,5 millones de acciones del BES. La compra de acciones y papeles de deuda del BES constituyó uno de los patrones más características de la participación del Estado venezolano en el rescate del banco. “La empresa venezolana participó en el aumento de capital de Espírito Santo Financial Group (ESFG), principal accionista del BES”, se lee en la carpeta de la fiscalía; les decir, la exportadora estatal de carbón se convirtió en inversionista con fondos públicos.

Luego Carbozulia International vendería esa participación en la segunda mitad de 2009.

Los bolsillos de la plata pública

Reclutar funcionarios del alto gobierno venezolano y crear el andamiaje para movilizar grandes sumas de dinero en el BES -y pagar a los participantes- fue una operación que requirió de una preparación técnica y legal urdida con filigrana. Para canalizar el flujo de fondos, el BES, bajo la conducción de Paulo Murta, el gestor portugués que manejó las principales sociedades creadas para distribuir los pagos en negro, ordenó al bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) el registro de decenas de compañías en el istmo y otros paraísos fiscales. Todas contarían con cuentas en el banco portugués. 

Murta fue quien identificó al general Rondón Rivero como un funcionario de alto perfil que podía ser de utilidad para el esquema, así como susceptible a las tentaciones. Lo contactó y en la misma diligencia llegó a Carlos Caripe Ruiz, un abogado identificado en los papeles como “asesor” del presidente de Carbozulia Internacional.  

Meses antes de la apertura de la cuenta de Carbozulia International en la sucursal del BES en Madeira, en marzo de 2009, Murta y Silva viajaron a Caracas y se reunieron con Rondón Rivero y Caripe Ruiz. Para esa fecha ya estaba lista la sociedad Ronav Investments, registrada el 24 de noviembre de 2008 por los directivos del BES en Islas Vírgenes Británicas pero a nombre de Carlos Caripe. En las cuentas bancarias de Ronav Investments “Ricardo Salgado [presidente del BES y miembro del grupo familiar dueño del banco] ordenó el pago de sobornos a Alcides Rondón”, según precisa el expediente. Algo que se cumplió de 2008 a 2010.

Caripe Ruiz, dueño en los papeles de Ronav, actuó además como beneficiario de otra empresa de nombre Tilak Consultants, una sociedad que llegó a ser “cliente” de Carbozulia International Inc. Era una coartada que sirvió para encubrir con una justificación creíble las transferencias entre ambas. Tilak también había sido incorporada por Alcogal, siguiendo órdenes de Paulo Murta.

El 8 de diciembre de 2009, Caripe transfirió desde Tilak 300.000 dólares a la cuenta de Carbozulia. Una segunda transferencia llegó el 12 de abril de 2010, por un monto similar.

Por otro lado, en otra cuenta en el Espírito Santo Bankers de Dubái (ESBD), distinta a la de Carbozulia en Madeira, se registraron cuatro pagos entre marzo de 2009 y abril de 2010. Estos fueron realizados desde Enterprises Management Services LTD –una empresa del BES creada también en Islas Vírgenes Británicas– a nombre de Ronav Investment, por un monto total de 253.272,30 dólares.

Estas cuatro transferencias a Ronav, junto a las transferencias hechas desde Tilak Consultants, alcanzaron 853.272 dólares, que fueron depositados en cuentas cuyo beneficiario final era Rondón Rivero.

Los empleados del BES encargados de analizar la información de verificación y cumplimiento (KYC o Know Your Client) fueron, no por casualidad, Paulo Murta y Humberto Coelho, este último un administrador de entera confianza de la alta gerencia del banco. En noviembre de 2008, Murta y Coelho dejaron constancia de haber completado estas diligencias de verificación a Rondón Rivero y Caripe Ruiz, en las que se evidenció que Rondón era una Persona Políticamente Expuesta (PEP, por sus siglas en inglés), calificación que se le asigna a funcionarios de gobierno o de otro tipo con altas responsabilidades administrativas y sobre cuyas transacciones se debe ejercer una supervisión especial.

A pesar de las banderas rojas que ese hallazgo levantó,, el acuerdo con Humberto Coelho incluyó que Caripe abriera una cuenta en nombre de otra sociedad, Crescent Financial, con el objetivo de “recibir los fondos obtenidos profesionalmente, lo que era falso”, según detalla el expediente. Luego, Gestar –una empresa del Grupo Espirito Santo en Suiza especializada en servicios fiduciarios– dio fe de “la fuente de riqueza” del cliente, quien no estaría involucrado en “actividades ilícitas”.

El gusto por Andorra

A pesar del escenario preparado para las idas y venidas del dinero entre sociedades offshore, algunas transacciones tenían tropiezos al pasar alcabalas y chequeos dentro del mismo banco. Así ocurrió con una de las cuatro transacciones recibidas por Ronav Investments de la que, según se describe en el expediente de la Fiscalía de Portugal, el compliance del BES se percató que se hacía entre cuentas de un mismo cliente y presentaba “un problema en la división de los fondos a favor de la sociedad Crescent”. Esta última, vale recordar, pertenecía a Carlos Caripe. 

Fue el 23 de febrero de 2010 cuando Ronav envió a Crescent una transferencia por 212.780,28 dólares, por instrucciones de Murta y Coelho. Ese dinero fue enviado a una cuenta abierta en la Banca Privada de Andorra (BPA) en nombre de la sociedad Capital Investments Advisors, cuyo beneficiario final era el mismo Carlos Caripe, quien lo justificó diciendo que los fondos eran para “capitalizar” a la misma. 

Meses después, el 15 de septiembre de 2010, desde la cuenta de esa Capital Investments en BPA, se realizó una transferencia por 249.000 dólares a la cuenta de Carlos Caripe en el BES. Ese monto fue transferido luego en dos partes, de 150.000 y 75.138,75 dólares respectivamente, a una cuenta del Banco Santander a nombre de otro venezolano, de nombre José Agustín de Andrade Pereira, por el concepto de “pago de honorarios para la comercialización de commodities, en particular carbón”. Andrade Pereira no sale mencionado en el resto del expediente. 

Esta transacción constituye un punto de intersección entre el esquema de pago de favores por parte del BES para funcionarios venezolanos, y el escándalo del desvío de fondos venezolanos, tanto públicos como obtenidos por coimas, al banco andorrano. Un informe de la Red de Investigaciones de Delitos Financieros (FinCen, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al que en 2015 tuvo acceso el diario español El Mundo, fue la Piedra de Rosetta que permitió descifrar el mecanismo por el que se blanquearon unos 2.000 millones de dólares provenientes de Pdvsa –y en total 4,200 millones de dólares de Venezuela– a través de una madeja de empresas fantasmas creadas ad hoc para esconder esos fondos. 

Cuando FinCen emitió el reporte mencionó al Banco Madrid –filial española de BPA– como una “institución financiera sometida a preocupación de primer orden en blanqueo de capitales”. Aunque Banco Madrid sería eventualmente intervenido y liquidado, apenas pagó una multa de un millón de euros por “faltas en el sistema de control del origen del dinero” en sus bóvedas, en las que reposaban las fortunas de funcionarios del chavismo. Entre ellos, de nuevo, estaba Alcides Rondón Rivero, uno de los seis jerarcas implicados con cuentas y fondos procedentes de sobornos en el BPA.

Fue tal la magnitud del escándalo de corrupción en el Principado pirineo que, ese mismo año, la Fiscalía y la Asamblea Nacional oficialistas en Venezuela decidieron investigar el caso. Simultáneamente, las autoridades andorranas siguieron la pista de lo ocurrido con investigaciones a más de 35 personas por el saqueo de Pdvsa, pero las averiguaciones se diluyeron con el paso del tiempo y entorpecidas por trabas políticas. Hoy no se puede exhibir ningún resultado judicial ni en Venezuela ni en Andorra.

Tímidos, pero no tanto

En el expediente, el abogado Carlos Caripe aparece como protagonista de este esquema por el cual las comisiones ilícitas circulaban en un rizo de empresas hermanadas. Pero fuera del rastro portugués, Caripe Ruiz lleva una vida casi anónima. Su huella en las redes alcanzan hasta 2020, como fundador de una empresa llamada Calvert Capital -el dominio de la página web se registra en Colombia, aunque la empresa no señala alguna dirección física- y se presenta como una suerte de polímata. Se describe como “internacionalista, administrador de empresas, investigador académico, futurista e inversor tecnológico que ha desarrollado su actividad profesional en banca, mercado de valores, negocios internacionales, dirección de empresa y economía productiva”. 

Armando.info intentó contactarlo por el formulario de contacto de la empresa, pero no hubo respuesta.

Pero entre los años 2010 y 2011 -justo después de las operaciones con el BES- Caripe Ruiz parecía tener más confianza en sostener un perfil público. Llegó a dar entrevistas en las que se daba a conocer como consultor en temas de blanqueo de capitales, desde su experticia como profesional del derecho, y dictó conferencias en Panamá. Su hoja de vida incluye estudios como penalista y criminólogo que lo llevaron a ocupar la posición de director de la Policía de Baruta, un distrito de clase media en el sureste de Caracas, antes de 2010. En 2008 y desde Panamá, abrió la empresa Thrive International S.A. y, dos años después, otra de nombre Lumal Trading, años que coinciden con su actividad empresarial en el BES y también con el registro en Panamá de una empresa Alcides Rondón Rivero, Izote Energy Group. 

Tras la muerte de Hugo Chávez y con el escándalo de Andorra a cuestas, Rondón Rivero pasó a una especie de ostracismo, sin mayor sobresalto. Aunque en redes sociales circuló la versión de que el militar habría salido de Venezuela con destino a Kuwait en 2015, hoy se encuentran en Internet dos perfiles en LinkedIn con su nombre que ponen en duda ese destino: en uno asegura que es director de dos empresas Oceanus y Grupo Izote, mientras que en otro se presenta como director de la compañía rusa LTD Prosienteks Coffe desde 2011, con sede en la ciudad rusa de San Petersburgo (antes Leningrado), además de director de otra empresa llamada Izote Energy. 

Armando.info escribió un mensaje para contactarlo y obtener su versión, pero hasta la fecha de publicación no se obtuvo respuesta.

Ese antecedente tuvo como beneficiario al régimen de Aleksandr Lukashenko, presidente de Bielorrusia y considerado como el último dictador de Europa. Solo se conocen ahora los detalles del impago por documentos filtrados y obtenidos recientemente por una coalición periodística conformada por Occrp (siglas en inglés del Proyecto de Reportería del Crimen Organizado y la Corrupción), el Centro de Investigación de Bielorrusia (BIC, por sus siglas en inglés) y Armando.info.

De acuerdo a la documentación, Bielorrusia quedó debiendo, deliberadamente, un pago restante que supera los 1.400 millones por cargamentos de crudo venezolano recibidos en medio de una amenazante crisis político-energética con su vecino oriental, Rusia, que le había cerrado las fuentes de suministro.

Fueron un total de 9,2 millones de toneladas (equivalentes a 65,8 millones de barriles) las vendidas por Pdvsa a Minsk mediante una fórmula de 80% de pago al contado, y 20% diferido. Este último fue el tramo que Bielorrusia nunca pagó.

Regálame eso

La operación se inició en 2010. En una de sus periódicas riñas, los gobiernos de Minsk y Moscú -aliados a veces mal avenidos, que a menudo planean federarse en una sola nación para enseguida enemistarse- estaban distanciados. La Rusia de Putin se negaba a seguir vendiendo crudo a la Bielorrusia de Lukashenko a precios subvencionados. Eran otros tiempos para los hoy socios en la guerra de Ucrania.

Ante ese virtual cerco, Lukashenko acudió al presidente Hugo Chávez. Que encontrara la solución en Venezuela, a miles de kilómetros, podía lucir extravagante y escasamente factible. Pero aún así tenía visos de realidad: de hecho, desde 2007, ambas partes ya habían firmado y puesto en práctica diversos acuerdos de cooperación, que si a la larga resultaron estériles, en lo inmediato habían convertido a Minsk en un proveedor de Caracas en materia de tecnología, camiones, tractores, y construcción.

En uno de los documentos revisados por la alianza periodística, suscrito originalmente por siete gerentes de Pdvsa y otros tantos de la bielorrusa JSC Belarusian Oil Company, se deja asentado que la estatal venezolana se comprometía a surtir de crudo tipo “Santa Bárbara o cualquier otro crudo de mutuo acuerdo” a su par bielorrusa entre 2010 y 2012. Los despachos serían pagados de la siguiente forma: 80% de cada cargamento a un máximo de 35 días después de recibido y “el 20% restante se abonará en la cuenta del vendedor y el uso de esta cantidad se definirá entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Bielorrusia en un acuerdo diferente”.

Pero otro documento posterior, esta vez interno del régimen de Lukashenko, obtenido por BIC y fechado en mayo de 2015, admitía que de aquella fórmula 80-20, a Pdvsa nunca le llegó el pago correspondiente al tramo final. El documento bielorruso lo expresaba en contante y sonante: Pdvsa había dejado de recibir un poco más de 1.440 millones de dólares. Eso representaba 20% de la factura total de 7.057 millones de dólares, el precio de las 9,2 millones de toneladas de crudo que Venezuela había suministrado. 

Sin embargo, en el mismo documento, el gobierno bielorruso declara su posición sin ruborizarse: considera esa deuda como una “asistencia” del gobierno venezolano y, por lo tanto, no la pagará.

Minsk acepta en el documento “declarar su voluntad, de conformidad con las obligaciones contractuales entre JSC y Pdvsa, de establecer un grupo de trabajo intergubernamental para liquidar la deuda existente (…). Como posible alternativa, en respuesta a la asistencia venezolana en 2010, considerar la posibilidad de proporcionar asistencia a la parte venezolana (por ejemplo, mediante la organización de suministros periódicos de bienes de consumo no vendidos como productos químicos de uso doméstico, medicamentos, etc.), sin vincular el importe de la asistencia al importe de la deuda”.

La conformación de ese “grupo de trabajo”, todavía según el mismo documento, había sido propuesta por el entonces ministro de Energía y Petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez Carreño, en 2014.

Ramírez respondió desde su exilio a las preguntas de los autores de este reportaje, con la advertencia de que hablaba "de memoria porque no tengo acceso a los documentos". Con todo, recuerda que los bielorrusos "en algún momento comenzaron a negarse a pagar eso. Sobre todo cuando el presidente Chávez estaba enfermo. Cuando Chávez muere, lo primero que le digo a Nicolás Maduro es: 'hay una deuda de Bielorrusia con Venezuela, está documentada, ahí están los documentos, y tú como presidente tienes que hacer la presión ahí'. Maduro no hizo nada. Recuerdo que la única vez que hice una gira con Maduro estuvimos en Bielorrusia y él no me dejó entrar a la reunión porque sabía que yo iba a cobrar esa deuda (...)  Los bielorrusos dijeron una cosa insólita.. Que eso era un acuerdo de Chávez y Lukashenko y que si se Chávez se murió ellos no.... Y claro, nos faltó, del lado venezolano, que Maduro como presidente exigiera a su contraparte bielorruso que pagara esa deuda, sobre todo porque los bielorrusos a partir de la muerte de Chavez, y antes, incluso, tenían interés de vender equipos militares".

Asegura Ramírez que durante su gestión en Pdvsa el acuerdo con Minsk se asumió como un intercambio de petróleo por bienes y servicios. Pero "creo que se aprovecharon mucho de la buena voluntad de Chávez, tuvimos muchos problemas con las obras que ejecutaban en Venezuela y al final hubo una situación de acumulación de deudas. (...) Ese monto de 1.400 millones [de dólares en deuda] a mí suena más a 2.000 millones, que es el monto que yo tengo en la cabeza".

Ante esas deficiencias en las contraprestaciones bielorrusas, siempre según Ramírez, Pdvsa debía aguardar la extinción del contrato por incumplimiento, lo que no significó que se quedara de brazos cruzados. "Creo recordar que suspendí el suministro de petróleo ante el incumplimiento de la compañía y, bueno, lo que procedía era una demanda, pero yo ya no estaba allí (...) Hice la alerta a nivel de jefes de Estado. Si el gobierno bielorruso no quiere cumplir porque dice esta cosa loca de que Chávez se murió, entonces corresponde demandar a esta empresa bielorrusa (...) Ahora, ¿a quién correspondía demandar? Al gobierno nacional,  los que quedaron después en la junta de Pdvsa". Según Ramírez, el acuerdo original de venta de petróleo fue firmado por Asdrúbal Chávez, primo del presidente Chávez y hoy también expresidente de Pdvsa, pero la relación con Bielorrusia la habría llevado el ministro Ricardo Menéndez -"que tiene ya como 50 años en el gobierno", apunta Ramírez- en coordinación con el viceprimer ministro, Vladimir Semashko, por la parte bielorrusa.

Los periodistas no encontraron pruebas de que se hubiera redactado algún otro acuerdo para el pago del 20% restante. Anatol Kotov, que trabajaba en la oficina del presidente Aleksandr Lukashenko en aquel momento, declaró que nunca se puso nada por escrito sobre el cierre del saldo. “Al final no se registró sobre el papel. De hecho, fue un acuerdo verbal entre Lukashenko y Chávez. Y en general, digamos, para Minsk oficialmente el problema de la deuda con Venezuela no existe en absoluto. Porque pagó 80% del precio y todo lo demás se consideraba un regalo. Tras la muerte del comandante [Chávez], en general, la postura oficial fue que se trataba de un regalo del hermano pueblo venezolano al pueblo bielorruso”, dijo a BIC.

Pdvsa no registró la deuda de Bielorrusia en un documento público y oficial más allá de una mención de su existencia en el informe anual de 2011 de la petrolera, sin mayores precisiones. La cifra superior a los 1.400 millones de dólares, según los cálculos de Minsk reflejados en los documentos, nunca se hizo pública.

Por su parte, Mikhail Kostechko, director general de la JSC Belarusian Oil Company, la petrolera estatal bielorrusa implicada en el acuerdo, afirmó que no existía tal deuda. "No sé en absoluto de qué tipo de deudas están hablando", dijo. Comunicaciones enviadas a Pdvsa y a la embajada de Bielorrusia en Caracas solicitando información o comentario al respecto no fueron respondidas.

La existencia de una deuda de esta magnitud poco sorprende a estudiosos de la relación entre Venezuela y Bielorrusia, sobre todo por el carácter informal y populista de sus líderes. El analista bielorruso, Pavil Slukin, lo explica de esta forma: “No sabemos en realidad cuánto pagó Lukashenko en petróleo y cuánto pagó Venezuela por esos servicios. Sólo la gente de adentro [lo puede saber]. Puedo imaginar que fue bueno para ambos. La razón es el poder sin control. Lukashenko no está controlado por la gente, no comparte información. Lo mismo ocurría con Chávez. (…) Lukashenko estaba contento de recibir petróleo barato y Chávez estaba contento de recibir tecnologías que, aunque no eran las mejores del mundo, eran bastante buenas para Venezuela. Todos estaban contentos, pero desde mi punto de vista era más interesante para Lukashenko, porque las empresas bielorrusas no tenían que invertir y todo se hacía con dinero venezolano. Eran servicios muy bien pagados”.

Mucho precio, pocas casas

En esa relación desigual, donde Bielorrusia podía ufanarse de estar ganando más, la construcción de viviendas de interés social en Venezuela fue un desaguisado emblemático.

Un documento interno del gobierno venezolano muestra que entre 2008 y 2010 ambos países pactaron en diez acuerdos la construcción de al menos 27.000 viviendas. En ese total, los proyectos más renombrados eran los de la promesa de construcción de 6.968 unidades en los sectores de Guasimal y la Base Libertador, en el estado Aragua -80 kilómetros al oeste de Caracas-, y el de otras 10.000 viviendas en Fuerte Tiuna, en Caracas. Por Venezuela firmó el Ministerio de Vivienda y Hábitat y, por Bielorrusia, la empresa Belzarubezhstroy.

En 2014, Loymar Díaz se mudó a un apartamento de tres habitaciones junto a su primer hijo, que apenas tenía un año, y su madre, en el complejo construido en Guasimal. La vivienda le fue adjudicada dos meses después de haber hecho la solicitud formal ante el programa gubernamental Misión Vivienda, y aunque no deja de mostrar gratitud, hace un comentario llamativo: “No puedo quejarme. No tenía vivienda y ahora sí. El problema son los acabados. Pareciera que el dinero se acabó a mitad de construcción”.

Pero para esa construcción en particular había suficiente dinero, al menos asignado. Los documentos oficiales muestran que para las viviendas en Aragua el gobierno venezolano pagaría 695 millones de bolívares en 2008, que al cambio oficial de entonces representaba 323,3 millones de dólares, lo que equivalía a un costo prorrateado para cada vivienda de 46.403 dólares.  

Casi nueve años después de mudarse, Díaz muestra las paredes de su apartamento, manchadas por el agua que se filtra por las paredes al quedar depositada en las juntas de la fachada. Las fisuras en las tuberías forman burbujas en el friso. “Los primeros edificios que entregaron están en mejores condiciones que estos. El problema son los acabados y quizá los materiales que se usaron para finalizar el proyecto”, aventura Díaz una hipótesis con sus pocos conocimientos de construcción y plomería. El proyecto de Guasimal consistió en la fabricación y entrega de 2.520 viviendas proyectadas, 720 en un primer lote y las 1.800 restantes en un segundo lote, en el que estuvo la que finalmente sería la residencia de Díaz.

No llegó Chávez a ver la totalidad de las construcciones bielorrusas en Fuerte Tiuna, como tampoco lo ha hecho Nicolás Maduro, aunque en junio del año pasado hizo un acto simbólico de entrega de viviendas en el que banderas venezolanas y bielorrusas colgaban del edificio mientras una banda tocaba música folclórica tradicional. Tras chocar los puños con una cantante de 12 años, Maduro entregó las llaves a un grupo de niños, que condujeron a sus familias a las nuevas viviendas. 

Los apartamentos formaban parte de los 21.000 (de los 27.000 pactadas inicialmente) que la constructora estatal bielorrusa, Belzarubezhstroy, había acordado construir. En Fuerte Tiuna, la principal guarnición militar del país, en el suroeste de Caracas, menos de una décima parte de los 10.000 apartamentos prometidos están habitados. Una vista efectuada en diciembre de 2022 por Armando.info permitió comprobar que los edificios recién inaugurados por Maduro seguían vacíos. Los esqueletos inacabados de una docena de otros edificios se alzaban en las inmediaciones. 

Según los documentos revisados, una orden de pago firmada por el ministro venezolano de Vivienda en 2011, Ricardo Molina Peñaloza, explicaba al detalle los números de cuenta para pagar a Belzarubezhtroy: 227 millones de dólares “correspondientes al 30% del anticipo con cargo al Fonden” para “la construcción de 10.000 viviendas en Fuerte Tiuna en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, según el convenio Venezuela – Belarús”. Esta orden implica que el costo total del proyecto era de 756 millones de dólares, lo que dejaría a cada vivienda, si se cumpliera el proyecto de construir 10.000 de estas, a un costo de 75.600 dólares cada una. 

A mediados de 2011, un documento obtenido por BIC muestra que a Belzarubezhtroy se le transfirieron unos 525 millones de bolívares, aproximadamente 120 millones de dólares a la tasa oficial de la época. El trabajo se detuvo seis meses después, mientras Belzarubezhtroy esperaba otro desembolso de 227 millones de dólares, según un informe del gobierno de una reunión entre Chávez y Lukashenko en junio de 2012.

Una fuente familiarizada con el caso dijo que el ministro de Vivienda de Venezuela ordenó el pago después de la reunión, pero nunca se recibieron los fondos. Al final, la empresa bielorrusa señala haber construido 912 apartamentos, 20 guarderías y 40 pequeños locales comerciales. Los cálculos basados en estos datos muestran que cada unidad habría costado unos 122.000 dólares, según el tipo de cambio oficial de la época. 

Esto es más del doble de lo que, según los expertos, deberían haber costado. Un informe de 2018 de la Cámara Venezolana de la Construcción estimó que para levantar una unidad de vivienda social no deberían hacer falta más de 45.000 dólares. En el caso de Fuerte Tiuna, el presidente de la cámara, Enrique Madureri, estima que cada unidad debería haber costado aún menos, alrededor de 30.000 dólares. "Hemos hecho antes estimaciones de precios de las viviendas de interés social y 45.000 dólares por vivienda es un número muy conservador, que incluye, por supuesto, los costos del terreno, el financiamiento de la obra y el costo de la vivienda en sí. Tomando en cuenta que para construir en Fuerte Tiuna no había que hacer pagos de terrenos urbanizados, financiamiento, seguros, promoción y venta, podríamos decir que cada vivienda debió haber costado unos 30.000 dólares por unidad", afirmó.

Otro experto en urbanismo en Venezuela y estudioso de la Misión Vivienda, que pidió tener su nombre en reserva, señaló que de todas las construcciones de ese proyecto elaboradas en la zona metropolitana de Caracas, la de Fuerte Tiuna “fue la más ineficiente, simplemente porque fue donde más se prometió y donde menos se construyó”.

Por su parte Kotov, el funcionario bielorruso que trabajaba en la oficina de Lukashenko en el momento de los acuerdos, afirmó que Belzarubezhtroy cobró más del doble de lo que deberían haber costado las viviendas. Un cuestionario con preguntas dirigido a la empresa para aclarar los costos del proyecto nunca fue respondido por Belzarubezhtroy, ni las fuentes consultadas accedieron a aclarar el costo unitario real de cada una de las casas construidas o cuánto dinero recibió del gobierno venezolano.

En todos los escenarios de cálculo, incluso si se calcula al precio del dólar paralelo para la época, el costo de las viviendas hechas por Bielorrusia en Fuerte Tiuna excede la estimación de 45.000 dólares por unidad. Un sobreprecio que para Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela, es uno de los grandes motores que impulsó la crisis económica del país.

“La Gran Misión Vivienda fue una de las grandes culpables de la crisis que vive Venezuela y no porque lo diga yo o lo digan los periodistas, sino porque lo dijo [el ex ministro de Planificación, Jorge] Giordani en aquella carta en que dijo que Chávez había quebrado al país con la Misión Vivienda para ganar las elecciones. Los montos a los que llegamos a tener acceso eran tan increíbles que uno no podía creer en lo que veía de las construcciones, tan deficientes. Sobre el manejo de los recursos públicos me faltan palabras para explicar lo terrible. Primero, para los temas de contratación no había formato de contratación ni exigencias básicas conocidas o condiciones, ni necesidades de permisos para los servicios de luz, agua, conectividad, transporte, el urbanismo. Eso no se consideró ni se exigió a las empresas que contrataban. Los acuerdos se firmaron sin tener en cuenta el tesoro de Venezuela o sus leyes anticorrupción, y ahora es difícil encontrar información sobre dónde fue a parar el dinero”. 

El Ministerio de Vivienda y Hábitat en Venezuela tampoco respondió a las preguntas.

Sobre ese contexto queda casi como una anécdota el incidente en el que el jefe de Belzarubezhtroy, Viktor Shevtsov, aliado de Lukashenko, fue detenido por la inteligencia bielorrusa en 2011, acusado de malversar unos diez millones de dólares de proyectos de construcción en Venezuela. La investigación se archivó y fue puesto en libertad al año siguiente, según informaron los medios bielorrusos. No está claro si entre los fondos malversados estuvieron algunos correspondientes a la construcción en Fuerte Tiuna, y Shevtsov no respondió a las peticiones de comentarios. 

Ganó la maleza

La deuda pendiente y el proyecto de viviendas muy bien pagadas pero nunca terminadas no son los únicos temas pendientes de aquella cooperación entre Chávez y Lukashenko. Otras manifestaciones de esa asociación no solo atraen la atención sino que muestran el alcance del despilfarro de modos más que elocuentes.  

En el último kilómetro antes de llegar, en la localidad de San Silvestre del estado Barinas, entidad llanera que fue tierra natal de Chávez, el paisaje advierte lo que viene. La vía, llena de huecos, flanqueada por altos pastizales, comienza a mostrar letreros desgastados por el sol y el agua. Uno apenas dice “Veneminsk” y otro, metros más allá, “Mazven”, conjunciones de las palabras Venezuela y Minsk -la capital bielorrusa- y de Venezuela con el acrónimo de “Minski Autamabilny Zavod” (MAZ) de los famosos camiones bielorrusos.

Con estos nombres fueron bautizadas dos empresas que, una frente a otra, pretendieron ser la perla de un “eje productivo” creado por Chávez y Lukashenko, abiertas en 2012 y cuyas enormes instalaciones hacen más intensa la soledad del único custodio del lugar. Veneminsk y Mazven, empresas mixtas que construyeron algunos tractores -la primera- y algunos camiones -la segunda- hoy están casi abandonadas a pesar de un exiguo intento de reactivación anunciado en marzo de 2022 de lo que también se ha bautizado como el Complejo Industrial Santa Inés. Las plantas debían fabricar miles de vehículos al año, pero la producción se retrasó desde el principio. 

Desde su inauguración hasta 2015, las fábricas, aunque con una capacidad instalada para producir 10.000 vehículos por año, produjeron menos de un tercio de los más de 13.700 vehículos que tenían programados, según cifras de la Memoria y Cuenta del Ministerio de Industrias que no se volvieron a publicar después de ese año. Específicamente, para 2012 y 2013 tenían programado producir 1.344 vehículos cada año pero se hicieron 100 y 605 respectivamente, para 2014 la meta eran 1.566 vehículos pero se hicieron 367 y en 2015, para la meta de 2500 apenas se alcanzaron a hacer 325.

Pero aquel relanzamiento de marzo de 2022, con la foto de 12 tractores en período de prueba (de un total de 30 recién ensamblados) que buscó ser la imagen del fin de cuatro años de paralización de una empresa creada para producir 18 tractores diarios, no fue más que otro gesto publicitario. La reactivación ha sido exigua, según confirmó un trabajador de Veneminsk. “No hay producción, lo que hacen es servicio de mantenimiento. Hay comedor. El personal unos se han retirado y otros que son de nuevo ingreso. Me dicen que Mazven está igual. Eso está todo parado, ahí no hay nada”. 

No está claro cuánto invirtió finalmente cada país en el proyecto. Bielorrusia calculó que la construcción de las dos fábricas costaría 55 millones de dólares, de los que Venezuela asumiría el 60% y Bielorrusia el resto. No está claro cuánto invirtió finalmente cada país en el proyecto pero en 2014 -apenas dos años después de su puesta en marcha- el entonces ministro de Agricultura de Venezuela, Yván Gil, hoy Canciller, visitó las plantas y pidió que se invirtieran 70 millones de dólares adicionales para mejorar su decaída producción. 

En 2016 y 2017, el medio digital del chavismo crítico, Aporrea.org, denunció que Venezuela llevaba años sin suministrar materia prima a las plantas, lo que casi paralizó la producción. A finales de 2021, el ministro de Industria de Venezuela visitó una de las plantas, Veneminsk, y prometió que la producción se "reactivaría". Y en 2022 una comisión parlamentaria inspeccionó la fábrica tras ser denunciada por supuestas irregularidades, pero todavía no muestra signos reales de recuperación. 

El Ministerio de Industria de Venezuela, responsable de las fábricas, no respondió a una solicitud de comentarios. 

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Este reportaje se hizo con el apoyo de Isayén Herrera.

Addenda: En la versión original de este reportaje, publicada el miércoles 12 de abril de 2023 a las 11:00 am de Caracas, no aparecían declaraciones del exministro y expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez Carreño. Ramírez habló con los reporteros luego de la publicación, y en consecuencia se agregaron al texto, a las 8:00 am del jueves 13 de abril (hora de Caracas), algunos segmento de esa conversación, editados para su mejor comprensión.