Pero al mismo tiempo eran tiempos de bonanza petrolera y de hegemonía política: el presidente Hugo Chávez se había declarado "socialista" en 2006 y su partido controlaba la Asamblea Nacional casi por completo, tras la deserción opositora de las elecciones parlamentarias de 2005. El oficialismo contaba entonces con el poder y las ambiciones políticas para reforzar la red de nuevos aliados internacionales, entre ellos China. La relación con el gigante asiático florecía entre decenas de nuevos proyectos articulados en largas reuniones, memorandos y millones de dólares.

Fue en medio de esa embriaguez que, sin estudios de evaluación ni proyecciones, el 22 de diciembre de 2009, el Banco de Desarrollo de China (CDB, por sus siglas en inglés) volcó en las arcas del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) esos 1.000 millones de dólares destinados a financiar proyectos para mejorar la capacidad de producción y despacho de mineral de hierro de la empresa básica CVG Ferrominera desde el estado Bolívar, en el sur del país, y que serían pagados por Venezuela con 42,96 millones de toneladas de mineral de hierro. El acuerdo preveía además que para las obras de mejoramiento se contrataría a empresas chinas, según documentos a los que ha tenido acceso Armando.info y han sido procesados y analizados junto con el equipo de datos del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con la reportería adicional de Diálogo Chino.

No se trataba de un acuerdo de exportación regular. Si China hubiera pagado por adelantado las 42,96 millones de toneladas y en concordancia con el precio internacional del mineral de hierro para 2009, habría tenido que girar al país caribeño una cifra de alrededor de 4.176 millones de dólares y no los 1.000 millones que se pagaron. Según los términos de este intercambio, vestido de cooperación para el desarrollo de la capacidad exportadora de Venezuela de esta materia prima esencial para producir el acero, China estaba en efecto comprando mineral barato, muy barato. Pero, como se vería a la postre, el enorme descuento de 75% estaba ligado a un riesgo muy alto de incumplimiento por la contraparte.

Los tiempos del acuerdo eran apretados. Según el contrato de venta que había sido firmado dos meses antes, el 22 de octubre de 2009, la estatal CVG Ferrominera estaba en la obligación de entregar al término de ese mismo mes de octubre una primera cuota de 160.000 toneladas de material. Luego vendrían otros dos despachos: uno de 160.000 toneladas en noviembre y otro en diciembre de 140.000 toneladas adicionales. La entrega del mineral se demoró, pero se cumplió la cuota de ese año. Durante el primer semestre de 2010, Ferrominera entregó 460.000 toneladas de mineral hierro que todavía correspondían a la cuota del 2009.

Para 2010, la cuota pactada era mucho mayor: cuatro millones de toneladas; es decir, 29% de lo que sería finalmente la producción total de Ferrominera ese año, que fue de una pizca más de 14 millones de toneladas, según el documento de Memoria y Cuenta del Ministerio de Industrias Básicas de 2013. La meta era ambiciosa pero lucía alcanzable si se acometían las mejoras establecidas en el préstamo chino. Ello no ocurrió. Pronto quedaría claro que no había alquimia que pudiera transformar el optimismo inicial de Beijing y Caracas en mineral de hierro.

Para el 30 de junio de 2010, CVG Ferrominera apenas había suministrado 337.250 toneladas del mineral de hierro, menos de 10% del total prometido. Para cumplir el compromiso del año le quedaban un saldo pendiente de 3.461.946 de toneladas y solo seis meses de plazo.

En un informe conjunto de la delegación venezolana del Convenio de Financiamiento CVG y el Banco de Desarrollo de China (CDB), se advertía que la empresa venezolana navegaba por aguas peligrosas y que, de no cumplir con el calendario, estaría en la obligación de pagarle a China un monto equivalente al volumen no entregado al precio pactado. Es decir, casi 70 millones de dólares (69.909.301,32 para ser exactos), además de los pagos por transporte, carga y descarga, entre otros.

No pasó mucho tiempo para que quedara al descubierto la imprudencia de los monumentales proyectos planeados con dinero proveniente del Fondo Chino, sin que existiera garantía de un verdadero cumplimiento. “El ministro [Rodolfo] Sanz efectuó promesas que la Corporación Venezolana de Guayana no estaba en capacidad de cumplir y comprometió a Ferrominera a suministrar mineral de hierro en niveles que no posee”, se quejó con rudeza Tian Yunhai, subdirector del departamento de cooperación internacional del CDB, durante un encuentro urgente convocado en diciembre del 2010 en Beijing para discutir los motivos del incumplimiento del acuerdo.

El desengaño

Poco a poco y de un modo que denotaba cierta ingenuidad, las autoridades venezolanas cayeron en cuenta de que habían firmado un contrato poco favorable para ellas y muy difícil de cumplir.

En un informe presentado por la Delegación Venezolana de Financiamiento de la CVG y el Banco de Desarrollo de China (CDB) en junio de 2010, se detalló que el contrato de entrega de mineral de hierro suscrito con Wisco no generaba ingresos para CVG Ferrominera. “A pesar que hasta el momento se ha contado con suficiente mineral en inventario para cubrir los compromisos es necesario recuperar e incrementar la capacidad productiva de CVG Ferrominera para garantizar el volumen de mineral de hierro a China, sin menoscabo de sus otros compromisos (…) es indispensable disponer de otras fuentes de ingresos para poder cumplir con los compromisos contractuales y de funcionamiento y actualmente dicha fuente son las exportaciones a Europa”, dice el documento.

El informe enumeraba aspectos que dejaban en evidencia la incapacidad operativa y logística de la empresa para enfrentar un compromiso de la magnitud pactada. “Para incrementar la capacidad de acarreo se requiere contar con el buque Río Caroní, el cual actualmente se encuentra en reparaciones mayores en el dique de Curazao. El costo de estas reparaciones asciende a la cantidad de USD 9 MM, de los cuales no dispone CVG Ferrominera. A la fecha dicho pago presenta un retraso de dos meses y el dique de Curazao manifiesta que sacará el buque de fosa sin culminar la reparación en el caso de persistir el retraso en el pago. Ello implicaría que el buque quedaría fondeado y fuera de operaciones, con los consecuentes costos asociados”, dice el documento.

El reporte no ahorraba ni detalles ni amarguras, en un poco frecuente rapto de realismo. Admitía que la empresa no contaba con recursos para cubrir los costos de materiales y repuestos que le permitirían alcanzar la capacidad operativa en las distintas etapas del proceso -extracción, procesamiento y acarreo de mineral- y el mantenimiento de la estación de transferencia Boca Grande II, la mayor estación de transferencia de mineral de hierro flotante en el mundo, situada en el estrecho de Serpiente o canal de Colón, frente a la desembocadura del río Orinoco, entre las costas sur de la isla de Trinidad y oriental de Venezuela.

Otro inconveniente que enumeraba el informe: la infraestructura portuaria de la estación Boca Grande II no se correspondía con la capacidad de carga de los buques contratados por la china Wisco. Por si esto fuera poco, los buques de transporte no contaban con sistemas de navegación asistidos por GPS que permitieran la navegación nocturna, ralentizando el acarreo de mineral por las traicioneras aguas del estrecho.

Al hecho de que el hierro que se comprometía con los chinos presentaba un importante descuento en su precio, se agregaba la perspectiva de una inminente reducción de los ingresos de Ferrominera por ventas a sus clientes nacionales del sector de transformación. Ya estaba en vigencia un plan de recorte de consumo eléctrico -era el año de la emergencia eléctrica decretada por Chávez- que preveía importantes limitaciones para la industria pesada, y había problemas técnicos en las plantas de reducción directa de Guayana (Matesi, Orinoco Iron, Planta de Briquetas de FMO y Comsigua), responsables del segundo proceso en el ciclo productivo del hierro, que consiste en transformar las pellas (pequeñas bolitas del mineral) de manera que sean aptas para la fabricación de acero, lo que incluye la remoción del oxígeno contenido en el óxido de hierro.

El informe, elaborado a petición del Ministerio de Industrias Básicas y Minería (Mibam) de Venezuela, concluía que sería necesaria una inversión extraordinaria de 50 millones de dólares para atender aspectos urgentes que podrían sortear parte de los obstáculos y aumentar la línea de producción de Ferrominera. “De no acometer acciones inmediatas se incurrirá en el incumplimiento del contrato de préstamo a septiembre de 2010 y con el contrato de suministro en diciembre de 2010, que generarán las consecuencias legales y económicas ya descritas. Sin embargo, tales acciones tampoco garantizan el debido cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de los diversos contratos para los años subsiguientes, debido a que su cumplimiento dependerá de reformas estructurales en la empresa”, advierte el informe.

A pesar de que el crédito de 1.000 millones de dólares -el mismo que, según el compromiso, Venezuela debía pagar con 42.96 millones de toneladas de mineral de hierro- iba destinado a mejorar la capacidad de producción y despacho de la empresa, en el reporte la representación venezolana aseguraba: “CVG Ferrominera no se ha beneficiado de los recursos del financiamiento”.

Entre tanto, y a pesar de los retrasos, la parte china podía darse por servida. Más allá de asegurar los materiales necesarios para alimentar su crecimiento económico, con el convenio se había asegurado el acceso a mediano plazo a la fuente de uno de los mejores minerales del mundo. Cuando la mena de óxidos o hidróxidos de hierro contiene más de 65% de concentración de hierro seco, se considera de alta calidad ,y entre el 62 y el 64% se considera de calidad media. “Entre las reservas declaradas [en Venezuela] la media en 1.748 millones de toneladas es de 63,51% y en otras 4.176 millones de toneladas es de 41,2%. Esta proporción es rara en el mundo”, dijo en 2018 Zhan Hongkun, ingeniero jefe de China Railway 10th Engineering Group (y filial de Cregc) en Venezuela, al diario chino People’s Daily . Además, el mineral de hierro venezolano es muy adecuado para el uso industrial, ya que según Zhan “la dificultad de extracción es pequeña, el mineral de hierro se encuentra todo por encima de la superficie, y se puede cargar y transportar directamente después de ser excavado”.

Según Rebecca Ray, investigadora de la Iniciativa de Gobernanza Económica Global (GEGI) de la Universidad de Boston, que ha estudiado ampliamente los préstamos chinos en América Latina, el acuerdo parece seguir un modelo tradicional de préstamos respaldados por materias primas.

“En lugar de un reembolso directo en especie, conllevan envíos de materias primas a una empresa china (en este caso, Wisco), que luego canaliza los ingresos de la venta a una cuenta vinculada al préstamo. Normalmente, si el valor de los envíos supera la cantidad necesaria para el reembolso, el excedente puede devolverse al país prestatario como ingresos normales de exportación. Obviamente, en este caso, con la empresa minera en apuros, no esperamos que haya excedentes de envíos”, dice Ray, quien también dirige el proyecto de mapeo de la financiación del desarrollo en el extranjero de China.

Sin mejoras en su capacidad productiva, en 2010, Ferrominera Orinoco apenas pudo cumplir con la entrega de 514.250 toneladas de hierro, solo 13,45% del compromiso asumido para el año.

“Lamentablemente, hasta donde sé, los detalles del acuerdo nunca se han hecho públicos, por lo que no podemos confirmar si sigue el patrón tradicional”, añadió.

'Espantá' en Beijing

A pesar del tenor del hierro venezolano, los envíos llegaban a cuentagotas. A finales de ese año, la proverbial paciencia china se agotó ante el incumplimiento venezolano.

El 9 de diciembre de 2010, en la sede del Banco de Desarrollo de China (CDB) en Beijing, se celebró una reunión a la que debía asistir la presidenta del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), Edmée Betancourt. Sin embargo, en su lugar se presentaron Richard Miranda, oficial de cumplimiento del Bandes, y Guadalupe Franco, primera secretaria adscrita a la Embajada de Venezuela en China.

Durante el encuentro, Tian Yunhai, subdirector del departamento de cooperación internacional del CDB, expresó su molestia: “Tanto el banco como Wisco esperaban de Venezuela una respuesta orientada a la cooperación y el diálogo sincero, sin embargo, las negociaciones lideradas por Ferrominera distaban de ese objetivo, presentando solamente una postura netamente comercial y con unos rangos de suministro que no respondían a las expectativas de Wisco”, dijo el funcionario, según los documentos a los que Armando.info tuvo acceso. Tian recordó que en 2009, cuando el entonces ministro de Industrias Básicas y Minería, Rodolfo Sanz, solicitó con carácter de emergencia recursos al banco, “se respondió acorde a la confianza que mantiene en la cooperación con Venezuela”.

El objetivo de la reunión era recibir una propuesta del CDB para la utilización de la línea de crédito, pero la representación china se quejó por la ausencia del recién nombrado ministro de Industrias Básicas y Minería, José Khan, y de la presidenta de Bandes, Edmée Betancourt, quienes hasta entonces habían dado la cara en representación de Venezuela durante las negociaciones del contrato con China. “La situación está afectando la relación financiera con Venezuela y seguro que esta situación no sería del agrado del señor presidente Hugo Chávez”, amenazó Tian, no muy veladamente. 

Un día después de la reunión, la Comisión Diplomática de Venezuela en China recibió una comunicación con carácter de urgencia del funcionario chino, en la que informaba de una visita que haría a Venezuela en 30 días, acompañado por técnicos del banco y equipo técnico de Wisco, para evaluar la capacidad productiva y condiciones logísticas e iniciar la ejecución de proyectos para el año 2011. “El objetivo es solucionar lo antes posible los problemas que CVG tiene en la producción y logística”, refería.

Con socios así...

Mejorar la capacidad de producción y despacho de mineral de hierro de Ferrominera justificó el endeudamiento por 1.000 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de China, y obligó a la estatal a comprometer 42,96 millones de toneladas de su producción. Pero la puesta en marcha de los proyectos de mejoramiento de la minera se encontró con tantos traspiés como los intentos de cumplimiento del calendario de pago establecido.

En una reunión celebrada el 30 de mayo de 2011, Ferrominera y Wuhan Iron and Steel Corporation (Wisco) firmaron un nuevo convenio que comprometía a la empresa china a diseñar y poner en marcha dos proyectos junto a la estatal china China Railway Engineering Corporation Group (Cregc), que incluían la “ampliación de la capacidad del muelle de Palúa”, un pequeño puerto en el noroeste de San Félix, ciudad del estado Bolívar, y el “dragado del río Orinoco”. El acuerdo contempló también un tercer proyecto que iba a ser desarrollado por Wisco y que estaba destinado a la “compra de maquinaria y repuestos para las minas” para aliviar la crisis operativa y de infraestructura que enfrentaba la empresa.

Tres meses después, el 10 de agosto de 2011, luego de continuas jornadas de trabajo entre Ferrominera y Wisco, las partes concluyeron que los proyectos debían ser ejecutados por empresas especializadas en estas áreas. Wisco admitió por fin que no tenía la experiencia suficiente para llevar a término las obras de ingeniería para ampliar la capacidad operativa del muelle de Palúa y llevar adelante el dragado del Orinoco. Por ello, informó a Ferrominera la cesión total a terceros de ambos proyectos. Otorgó el de dragado a China Railway Engineering Corporation Group (Cregc) y China Communications Construction Company (CCCC), esta última a cargo de más de 50 proyectos en América Latina. La ampliación de la capacidad operativa del muelle de Palúa fue encomendada a China Railway N° 10 Engineering Group Co., Ltd.

Wisco quedaría así con solo uno de los tres proyectos contemplados en el acuerdo original, para la compra de maquinarias y repuestos para las minas.

El 5 de septiembre de 2011, Ferrominera firmó con China Communications Construction Company (CCCC) el contrato para la ejecución de dragado de mantenimiento y profundización del canal del río Orinoco, comprendido entre las millas 0 y 42 de su canal exterior y entre las millas 42 y 196 de su canal interior. Ese mismo día, la estatal venezolana dio el visto bueno a China Railway N° 10 Engineering Group Co., Ltd para que iniciara los trabajos de ampliación del muelle de Palúa, que abarcaban la construcción, instalación y puesta en marcha de tolvas receptoras de mineral de hierro fino y grueso, transportadores, casa de trasferencia, un apilador de 3.500 tn/h de capacidad nominal cada uno, un recuperador, un cargabarcos, un patio de apilado, y la construcción de 2,5 km de vía férrea en circuito cerrado para la entrada, descarga y salida de trenes.

Ambas obras debían iniciarse en octubre de 2011 y culminar catorce meses después, en diciembre de 2012.

Pero mientras los proyectos de mejoramiento de infraestructura no se concretaban, Ferrominera enfrentaba compromisos de entrega de material cada vez más altos y con dificultades cada vez mayores para cumplir. En 2011 le correspondía una cuota de seis millones de toneladas, o 35% de la producción total registrada ese año. Para 2012, la cuota subió a 6,5 millones de toneladas, correspondientes a 43% de la producción que, según la Memoria y Cuenta del Ministerio de Industrias Básicas de ese año, alcanzaría a duras penas las 15 millones de toneladas.

De los proyectos financiados por el Fondo Chino a Ferrominera, el único que llegó a término fue la ampliación del muelle de Palúa de Ferrominera Orinoco, con cinco años de retraso respecto a la fecha prometida, y ya cuando Hugo Chávez había muerto. En el programa de televisión Contacto con Maduro, el viceministro de Planificación Industrial e Inversiones Estratégicas para la fecha, Marcial Arenas, el presidente de la estatal minera,  Isaías Suárez Chourio, y representantes de la empresa China Railway Engineering Corporation Group (Cregc), inauguraron la obra el 31 de enero del 2017.

El año 2013 marcó el quiebre definitivo de la industria, con deudas millonarias por cobrar. Nacionalizada en 1975, un año antes que la industria del petróleo, la explotación de los yacimientos férreos del estado Bolívar fue el primer pilar de un plan estatal de los gobiernos democráticos para convertir la ribera sur del río Orinoco en un enclave siderúrgico y de industria pesada de escala global. Ferrominera, levantada a partir de las operaciones que tenían antes empresas norteamericanas, era fundamental para ese horizonte.

Ese 2013, el presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, admitió en una entrevista pública que la empresa enfrentaba dificultades hasta para pagar los recibos de electricidad, gas, Seguro Social y los compromisos contractuales asumidos a través del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih). A su vez, parte importante de la producción se encontraba hipotecada por el contrato con China, que no dejaba ganancias directas a la industria. El precio internacional del mineral de hierro ese año promedió 135 dólares la tonelada, mientras Venezuela había aceptado un trato por el que, en la práctica, estaba entregando la tonelada a 23 dólares. Caracas había desaprovechado una década de alza en los precios de las materias primas impulsada, irónicamente, por la voracidad de China. Lo peor es que el asfixiante compromiso seguía: para 2013 la promesa de entrega de mineral ascendía a 6,5 millones de toneladas; ese año, la producción de Ferrominera fue de diez millones de toneladas. En otras palabras, de cada kilogramo de hierro producido en 2013, 650 gramos salieron de la tierra ya empeñados al cliente chino, sin posibilidad de venderlos por dinero en efectivo. Estaban "pagados" desde hacía mucho tiempo antes.

El documento oficial Memoria y Cuenta del Ministerio de Industrias Básicas del 2013 da como explicación para el descenso acusado en la producción de las plantas del sector del hierro y el acero nacional la de “los efectos acumulados del viejo esquema de gestión capitalista que predominaba, así como la desinversión histórica del viejo modelo de gestión de estas fábricas, en equipamiento y mantenimiento programado para garantizar la disponibilidad de los equipos necesarios para la sustentabilidad de la producción y las ventas”.

Pero la parrafada no era creíble. Algo más debía estar sucediendo y, para averiguarlo, desde Caracas enviaron a Ciudad Guayana -el conurbano de San Félix y Puerto Ordaz alrededor de la desembocadura del río Caroní en el Orinoco, sede de la CVG y capital de la industria pesada venezolana- a un súper agente de inteligencia, Juan Carlos Álvarez Dionisi, alias El tiburón, coronel de la Guardia Nacional Bolivariana. Fue el comienzo de un escándalo de corrupción que terminó engullendo al propio Álvarez Dionisi.

El 12 de junio del 2013, el presidente Nicolás Maduro, recién electo en abril anterior tras el fallecimiento de Chávez, anunció la detención de Sabbagh, el presidente de Ferrominera que se quejaba de la imposibilidad de pagar la factura de los servicios. Sabbagh fue después condenado a seis años de prisión, tras admitir su responsabilidad en el desvío de una partida presupuestaria de más de 1,8 millones de dólares, durante su gestión entre 2006 y 2013. Con él, también fueron a prisión las gerentes de Finanzas, María Acosta, y de Administración, María Rodríguez; el consultor jurídico, Noel Ramírez, el exgerente técnico de Operaciones de Ferrominera, Ángel Ramón Campero Franco; y un empresario, Yamal Mustafá, de amplios vínculos con el varias veces gobernador del estado Bolívar por el chavismo, general Francisco Rangel Gómez.

El anuncio puso al descubierto varios ilícitos que vinculaban a la alta gerencia de Ferrominera con un esquema de corrupción de venta de mineral de hierro con descuentos  a empresas intermediarias, que colocaban el producto en el mercado internacional. Además, dio a conocer que los implicados habían dado sobornos al coronel Álvarez Dionisi, enviado a investigar las irregularidades, a cambio de que no las reportara. El tiburón fue acusado entonces por las fiscales 54º nacional y 2º nacional auxiliar, Nelly Sánchez Pantaleón y Maryori Da’Cunhade, respectivamente, por los delitos de extorsión, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

En la ya citada Memoria y Cuenta de 2013, el Mibam alude a la investigación abierta en tribunales por la desviación de recursos y señala que “a raíz de esto y otras denuncias se destituyó parte del tren directivo de la planta así como efectuaron diversas detenciones por parte de los órganos competentes en la materia”.

Frustrados, y frente a la incapacidad de su socio comercial -lastrado ahora por un escándalo de corrupción- de cumplir con los acuerdos, los ejecutivos chinos se vieron obligados a evaluar y renegociar los proyectos, en procura de una recuperación real de la producción. Los últimos registros públicos sobre el estatus de los proyectos se encuentran en el documento Memoria y Cuenta del Poder Popular para Industrias de 2015.

“El proyecto 'Ampliación de la capacidad del muelle de Palúa', no contempló avance de la meta física, por haberse alcanzado esta a finales de 2014 con la culminación de las instalaciones”, reza el documento. Añade que se recibieron los planos del proyecto “en condición de construido”, se realizaron pruebas sin carga y con carga que permitieron la corrección en diferentes puntos de los sistemas instalados y la firma de las actas de aceptación provisional, a pesar de que quedó pendiente finalizar la asistencia técnica al proyecto.

Entre tanto, en 2016, Wisco, con sede en Wuhan, la ciudad elevada luego a una triste celebridad por el coronavirus, se fusionó con Baoshan Iron and Steel Group (Baosteel), con sede en Shanghai, como parte de la amplia reforma de las empresas estatales iniciada por el gobierno chino. El resultado de esa operación fue que la empresa, ahora llamada Baowu Steel Group, se constituyó en la segunda mayor siderúrgica del mundo. No está claro si las obligaciones contractuales de Ferrominera pasaron a ese grupo. Según Panjiva, compañía que registra datos del comercio internacional, entre 2017 y 2018, Ferrominera todavía exportaba cerca de tres millones de toneladas de mineral de hierro por año a China.

El último anuncio público realizado por Nicolás Maduro aseguraba que, en octubre de 2019, Ferrominera volvería a producir tres millones de toneladas de material al año. Un año después de aquel pronóstico, los hornos ubicados dentro del complejo industrial Punta Cuchillo, en el área industrial de Matanzas, al oeste de Ciudad Guayana, permanecían apagados, mientras las cifras de producción de la empresa continúan en franco descenso, sin siquiera haber alcanzado los dos millones de toneladas en 2020, la séptima parte de lo que estaba produciendo Ferrominera una década antes, cuando recibió el crédito de China para su expansión.

*Esta investigación tuvo su origen en un grupo de documentos que obtuvo Armando.info (Venezuela), que procesó y analizó en alianza con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y con reportería adicional de Diálogo Chino.

Ese bajo perfil tendría su fin. Su nombre salió a relucir en los expedientes del escándalo de corrupción en Ferrominera que en 2013 llevó a la cárcel al expresidente de la empresa, Radwan Sabbagh, y a otros personeros. Tras la defenestración de la directiva civil de Ferrominera, por ese escándalo, y su sustitución actual por un tren de altos oficiales militares, Tyrone Serrao perdió el rol de intermediario privilegiado que había conquistado para sí con la compañía estatal. Así que entonces, en un raro giro del destino, pasó a demandar al Estado venezolano en una causa que se dirime en tribunales nacionales e internacionales y en las que, hasta ahora, Venezuela lleva todas las de perder.

La metamorfosis de Serrao, de socio a contendor de la empresa estatal, se inicia en 2005. Aunque para entonces ya tenía una considerable experiencia como trader de materias primas y de insumos para la industria pesada de Guayana, fue con la administración en Ferrominera de César Augusto Bertani Fratini -que transcurrió de noviembre de 2001 a marzo de 2007- que comenzó su edad dorada.

Bertani, un ingeniero salido del seno de la industria con 25 años de experiencia, es contemporáneo de Serrao. Aquel le dio a este una entrada sin cortapisas al catálogo de productos de Ferrominera. Serrao aprovechó la oportunidad, en especial, a través de una empresa que incorporó en junio de 2005 en las Islas Vírgenes Británicas, un reconocido paraíso fiscal, bajo el nombre de Commodities and Mineral Enterprise Ltd (CME).

Ya en el año 2000 Serrao había hecho su primera visita a China y obtenido allí, según cuenta en su biografía (disponible en serraofamily.com), su primer cliente: Taiyuan Iron & Steel (TISCO), lo que le permitió abrir el mercado asiático a Venezuela, principalmente para la venta de mineral de hierro.

Esa proeza, y su posterior conexión con Ferrominera, coincidieron con dos tendencias que resultaron de manera casi instantánea favorables para sus planes de negocio: una, la creciente aproximación del comandante Hugo Chávez a China, que desembocaría en una relación estratégica de socios entre Caracas y Beijing; y la segunda, el auge de los precios del hierro, impulsado por la voracidad de la misma China, que escalaron desde 16 dólares por tonelada en 2000, a 125 dólares por tonelada en 2009.

Ya en 2008, CME era el mayor intermediario de ventas para Ferrominera. Todos los hados le sonreían a Tyrone Serrao.

Diversos testimonios prestados ante la Fiscalía Cuarta en Materia de Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales de la Circunscripción Judicial del estado de Bolívar (sureste de Venezuela) dan fe de la ascendencia que, para entonces, tenía Serrao en la comercialización del hierro.

Cuando una delegación de trabajadores viajó a China para completar una venta de mineral al gigante asiático, enseguida comprobó que había una condición: la transacción se haría pero “no directamente, sino a través de un intermediario de nombre Tyrone Serrao de la empresa CME”, según cita el expediente a un trabajador. 

Con el cambio de gerentes[1] , de Jorge Cañas a Juan Aníbal Vásquez, se abren las puertas para la entrada de los intermediarios en condiciones nunca antes soñadas. “A medida que vendía el precio por debajo, mayores eran las comisiones”, dice otro testigo.

De acuerdo a una analista IV de Facturación y Cobranza de Ferrominera, entrevistada el 19 de agosto de 2013 por la Fiscalía, a partir de 2008 CME comenzó a suministrar vagones, apiladores, cargabarcos, entre otros productos, a cambio de mineral de hierro despachado a la empresa de Serrao y cotizado en divisas.

El trueque de bienes y servicios por hierro no se quedaría allí. La relación luego se extendería a las operaciones de transbordo de carga de buques a la estación de transferencia Boca Grande II; el atraque de buques graneleros, descarga, operación, reparación, mantenimiento y conservación, incluso hasta la estación de transferencia en el Mar Caribe, así como la contratación y gestión de los oficiales y tripulación de todos los buques en el Sistema de Transferencia. A final de cuentas, CME, la empresa de Serrao, tenía la parte del león en la relación. Ferrominera lucía minimizada, a pesar de que era quien producía el hierro.

“En 2009 o 2010, el presidente de la empresa (Ferrominera) comenzó a solicitarle a CME los pagos en bolívares, con la intención de que estos pagos fueran descontados de deudas en dólares. Nosotros como gerencia de finanzas nos enteramos de esta situación por medio de CME”, apunta la misma analista en declaraciones a la Fiscalía. “Esta situación quedó parada ya que finanzas no procedió a cancelar con CME de esta forma, (…) teníamos deudas con CME, pero no reconocimos esos pagos en bolívares”.

La solución, relata, se logró a mediados de 2010. Se hizo una extensión al contrato marco, donde se especificaba que el precio del mineral de hierro iba a ser dividido en dos porciones: una parte se facturaría en dólares y otra en bolívares, pero a la empresa Arivenca, filial – según la analista – de CME en Venezuela. Otra empresa de Serrao.

Para agosto de 2011 todas las cuentas estaban conciliadas. El saldo se oficializó mediante un acta firmada entre el exgerente Juan Aníbal Vásquez y el abogado Gustavo Blanco, representante de las empresas de Tyrone Serrao. Para el momento del arreglo el precio del hierro en mercados internacionales estaba en su mejor momento: por encima de los 150 dólares por tonelada, en promedio.

Es un arreglo que Serrao recuerda bien y que no duda en calificar de “oportunidad” en su autobiografía. Con la antesala de la caída de los precios, comenta, “era obvio que las empresas mineras con las que trabajábamos estaban sufriendo”.

“Un acuerdo de reestructuración financiera, impuesto por el gobierno, significaba que las empresas, desde nuestro punto de vista, estaban luchando por mantener sus equipos, lo que con el tiempo tendría un efecto adverso en nuestro negocio”, explica.

Para alcanzar una solución, Serrao examinó el escenario y aceptó suministrar equipos para auxiliar a Ferrominera y recibir mineral de hierro como reembolso. Una especie de acuerdo de trueque con esteroides, que en su biografía Serrao valora como positivo: “Out of crisis, comes opportunity”.

“Hemos suministrado una gama de equipos, así como (asumido) nuevos proyectos de ingeniería de varios millones de dólares, para los cuales la compañía ha recibido el pago en mineral”.

Un orgullo para Serrao es la administración de la terminal de transferencia marítima Boca Grande II, destinada a la exportación de mineral de hierro, surta en aguas profundas, cerca de las aguas territoriales de Trinidad y Tobago. “No puedo evitar sonreír mientras veo cómo mi vida parece haber llegado a un círculo completo. Nacido en el campamento de la estación de trasbordo de Puerto de Hierro y tras recorrer varios caminos a lo largo de mi vida, me encuentro, más de 50 años después, de nuevo con la estación de transferencia”.

El círculo de la vida

Cierto es que, para alcanzar este cénit de su carrera empresarial, Serrao había tenido que completar más de un círculo.

En la Guayana venezolana (conformada por los estados de Bolívar, Amazonas y Amacuro, la mitad del territorio nacional que se halla al sur del Orinoco) lo recuerdan por sus participaciones en el canal regional TV Guayana, donde era invitado de frecuencia por las canciones de raigambre regional que componía e interpretaba, como una pieza llamada Luces de Puerto Ordaz. 

Como muchos guayaneses, nacidos en el sitio, Serrao tiene ascendencia extranjera. Su familia llegó a la región como parte de la riada de aventureros que en los años 60 y 70 acudieron a la llamada de la Conquista del Sur, que buscaba convertir a Guayana en una alternativa al ingreso petrolero sobre la base de la energía hidroeléctrica y la industria pesada de extracción y transformación de minerales.

Su padre, nacido en la Guyana Británica pero de ascendencia portuguesa, llegó a trabajar en la Orinoco Mining Company, la empresa estadounidense que obtuvo la concesión de explotación de mineral de hierro hasta la nacionalización de la industria en 1974.

Serrao fue el primero de ocho hermanos en nacer en Venezuela. Vino al mundo un 23 de enero de 1959, un año después de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez, y justo cuando Fidel Castro visitaba Caracas, por primera vez como jefe de Estado cubano.

Su adolescencia transcurrió en la Urbanización Orinoco, en el centro de Puerto Ordaz, una comunidad creada para los trabajadores de las empresas básicas. Luego, en la década de los 70, pasaría a formar parte del grupo de originarios de Puerto Ordaz que poblaron la zona de Los Olivos. Hoy, por cierto, puede verse un busto de Tyrone Serrao junto a la iglesia católica de ese sector.

Como muchos en la región, estudió en el colegio Fe y Alegría y terminó una carrera técnica en Fundación La Salle, en San Félix (la ciudad gemela y proletaria de Puerto Ordaz, sobre la ribera oriental del río Caroní).

Fue un niño scout, de padres divorciados, siempre dispuesto a la música, parte de la clase media de la ciudad y activo colaborador de actividades benéficas.

En 1978, recién casado, comenzó a trabajar para Ferrum C.A, una empresa que suministraba maquinaria y equipo para la industria pesada. Allí, dice, aprendió la ética empresarial, el mercado de los metales ferrosos y no ferrosos, así como de los insumos para las industrias básicas.

“Decidí que me gustaría tener mi propia compañía. Este fue un paso importante para mí”, comenta en su biografía.

Con HTR Representaciones SRL se estrenó en el mundo del empresariado, con el propósito de representar a otras compañías. El nombre de HTR era la combinación de Hilary, Tyrone y Renaldo, sus hermanos y padres, porque su intención inicial era la de atraerlos al emprendimiento.

Vendió a Sidor (la acerera estatal, Siderúrgica del Orinoco) chatarra importada desde Polonia. Tanto HTR como otra compañía del conglomerado familiar, ABB Trading, fueron suplidoras de insumos para la industria del aluminio.

Sus hermanos, en su mayoría, trabajaron en las empresas básicas del Estado, especialmente en la industria del aluminio.

Entre ellos estaba su hermano, Gerardo Serrao, quien más tarde trabajaría en Indorca -una metalmecánica que terminaría bajo control obrero- y en la polémica Alloys Metals (que luego cambió el nombre a Autana), empresa propiedad del argentino Óscar Giménez, vinculado a las empresas del aluminio y al representante de la trasnacional Glencore en Venezuela, Roberto Wellisch.

Su ininterrumpido ascenso solo encontró un tropiezo en 1991. Ese año el Contralor Interno de Alcasa (la empresa estatal de producción de aluminio), Miguel Natera, solicitó a la Contraloría General de la República la suspensión de cualquier tipo de transacción, así como la suspensión de pagos a las empresas ABB Trading y HTR Representaciones, incluidos aquellos pagos a compañías en las cuales figurase como accionista o empleado el nombre de Tyrone Serrao, presidente de ambas empresas. Entonces el ente contralor sospechaba de un sobreprecio de 1,6 millones de dólares en una venta de 3.000 toneladas de criolita a la empresa.

Serrao capeó el temporal y regresó a un anonimato que apenas rompió en 2012, por propia voluntad. Compró páginas enteras de distintos diarios -entre ellos, El Nacional de Caracas- para publicitar el galardón Personalidad Iberoamericana de Año 2012, otorgado por la Organización de Periodistas Iberoamericanos (OPI) y que este 2016 compartió con Raúl Gorrín, el empresario de las finanzas y seguros que un año después se convertiría en el mayor accionista del canal de noticias Globovisión.

“Ellos tuvieron conocimiento de lo que hacemos hace varios años en Puerto Ordaz y es que una vez que nosotros contabilizamos nuestras ganancias, también distribuimos recursos en entidades como la Fundación Virgen de Coromoto y otra asociación civil para el deporte, Los Olivos Fútbol Club”, declaró emocionado en una rueda de prensa en la que, además, destacó su actividad benéfica en pro de la Orquesta Sinfónica de Miami (The Miami Symphony Orchestra, MISO), así como su respaldo a un club de fútbol en Kenia y a una iglesia en Mato Grosso, Brasil.

En 2007, cediendo a su vena artística, Serrao subió a YouTube un videoclip de la década de los 90 que protagoniza: Luces de Puerto Ordaz. En la trama, un hombre -el mismo Serrao- aparece en una calle, bajo la nieve, con traje de invierno, para dar paso a un tema de pop amelcochado que canta su nostalgia por la ciudad industrial del estado de Bolívar, su terruño. Tienes poco más de 21.000 vistas.

Dos años después, en lo que debió ser el apogeo de su carrera empresarial, hace un cameo en un videoclip de su hija y pupila Gretchen, con el título de La perra. Pasado el minuto tres de la pieza, la joven starlette aparece al pie de la escalerilla de un jet ejecutivo. Junto a ella, un hombre de porte señorial y lentes de sol al que apunta un insert: “That´s my dad”. Las visitas andan por las 15.000.

El escándalo

El escándalo de corrupción de Ferrominera en 2013, un caso resuelto a medias por la justicia venezolana, precipitó el cese de la relación para al menos de cuatro de las 10 empresas de Serrao con la estatal minera. (Se ignora la magnitud del grupo empresarial de Tyrone Serrao; en una reciente filtración, dos empresas de Serrao aparecen mencionadas en los registros de Bahamas: Guatapalo Holdings, S.A, incorporada el 29 de agosto de 2014; y The Reef XVIII Ltd, incorporada en enero de 2009).

En junio de ese año, el flamante presidente Nicolás Maduro -ungido apenas dos meses antes- anunció, en medio de lo que resultaría una muy breve campaña anticorrupción, la detención del entonces presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh. Con él, también cayeron en prisión cinco gerentes de la usina y un empresario, Yamal Mustafá, de amplios vínculos con el gobernador Francisco Rangel Gómez del estado de Bolívar.

Un expediente con las entrevistas hechas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DIM), filtrado al entonces diputado de La Causa Radical y ex gobernador de Bolívar, Andrés Velásquez, dejó ver parte del entramado de sobornos y corrupción tejido alrededor de la procesadora de mineral de hierro.

El Ministerio Público abrió por el caso dos expedientes: uno por extorsión, cuya causa pesa sobre el coronel de la DIM, Juan Carlos Álvarez Dionisi, conocido como El Tiburón, encargado inicialmente de investigar la corrupción en la plantilla empresarial; y otro por el desvío de una partida presupuestaria, por la que a Sabbagh se le imputaron delitos de peculado doloso propio, malversación agravada, evasión de procedimientos de licitación, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir.

En un interrogatorio, Sabbagh dice que fue Gustavo Blanco -abogado y socio de Tyrone Serrao- quien lo puso por primera vez en contacto con alias El Tiburón.

Álvarez, El Tiburón, había ganado fama tras haber armado un expediente contra el exgerente de comercialización de Sidor, Luis Velásquez, El Rey de la Cabilla, en cuya defensa participó Blanco. De acuerdo a los cargos por los que se le imputaron, en determinado momento empezó a chantajear a los sujetos de su investigación para que le pagaran.

Según la declaración de Sabbagh registrada en el expediente, días después, el abogado Blanco se presentó en su casa con un organigrama que dibujaba una presunta “mafia del hierro” y en cuyo vértice figuraba el expresidente de Ferrominera, César Bertani, el mismo que había abierto en 2005 las puertas del negocio a Tyrone Serrao.

“Yo le pregunté a él (Gustavo Blanco) de dónde conocía a ese coronel y él me respondió que él, es decir Gustavo Blanco, junto con Yamal Mustafá, eran abogados de Luis Velásquez, que había sido detenido meses antes por el caso de las cabillas en Sidor (…) Días después me dijo el abogado Gustavo Blanco que el coronel Álvarez Dionisi solamente se reuniría conmigo en la casa del abogado Yamal Mustafá”, dijo.

La reunión se habría concretado a finales del mes de noviembre de 2011, siempre según la versión del expresidente Sabbagh, que también sostiene que Juan Aníbal Vásquez, exgerente de comercialización de Ferrominera, contactó a Tyron Serrao por la empresa CME y a Julio Silva -representante de Duferco, otro de los clientes de Ferrominera- para que lo ayudaran a concretar el pago a El Tiburón. Según Sabbagh, Serrao, aunque contrariado, aceptó pagar diez millones de dólares para evitar que CME apareciera en la investigación del agente secreto militar.

La aseveración de Sabbagh contrasta con la declaración de Blanco, quien en entrevista con la DIM contó que su relación con Álvarez se limitó a explicar la legalidad de los contratos de Ferrominera con CME. Asegura que Serrao nunca sostuvo reunión con el coronel ni pagó soborno alguno.

“Eso de aceptar pagar para evitar una investigación era como apagar un incendio con gasolina, de no ponérsele un parado a eso no sabríamos para quién estábamos trabajando, pues la utilidad generada en los contratos se iba a ir por esos desaguaderos”, arguyó frente a sus entrevistadores.

El contrataque

Serrao no figuró entre los imputados de ninguno de los dos casos, haya estado de por medio un pago o no. Casi un milagro por el que tuvo que pagar un precio: perder sus lazos con Ferrominera. Los contratos con CME fueron interrumpidos después del escándalo y las empresas intermediarias sacadas de la cartera de clientes. Al menos cuatro de diez empresas de Serrao resultaron perjudicadas en la purga.

No del todo ileso, aunque libre, Serrao contratacó. En agosto de 2013 presentó una demanda contra Ferrominera ante el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de Caracas. El apoderado de la empresa CME en el proceso fue Herman Escarrá, el constitucionalista oficial del chavismo. Escarrá atribuyó entonces la ruptura de Ferrominera con Serrao a “una brutal campaña de descrédito por parte de un político de oposición en decadencia (Andrés Velásquez), señalamientos que por supuesto son completamente falsos, absurdos o en el mejor de los casos parten de una interpretación tergiversada o sesgada de la realidad, de los contratos y de la normas jurídicas”.

Aún si, tal como fue el caso, Serrao ganaba la acción en tribunales, el cese de los contratos tuvo el efecto inmediato de poner a CME en aprietos. No solo no estaba despechando hierro, sino que la falta de carga aumentaba los tiempos de mora de los buques que, a su vez, eran contratados para el transporte de mineral.

Mientras Ferrominera asfixiaba a CME incumpliendo los contratos, la directiva de Serrao intentó poner freno al cobro millonario que empresas navieras como Kyma Ship Management intentaban ejercer.

De modo que CME primero demandó a las navieras Oldendorff Carriers y a Gretchen Shipping, esta última filial de Kyma Ship Management, acusándoles de haber sobornado a sus abogados para que litigaran a su favor en la contratación del buque de acarreo General Manuel Carlos Piar (fabricado en 1982 y utilizado como buque de transporte hacia la estación de transferencia), lo que a la postre le habría ocasionado daños por 14,6 millones de dólares al haber excluido del contrato cláusulas de fuerza mayor para momentos de contingencia como los que vivían.

En paralelo, CME intentaba que un tribunal en Venezuela declarase “que todos los contratos que fueron celebrados cumplieron con la normativa legal” y se determinara que el pago en compensación de los aportes efectuado por CME “están dentro del supuesto de excepción previsto en el artículo 18 del Convenio Cambiario Nº 01”.

La demanda fue declarada con lugar por parte del tribunal que conoció de la causa, aceptando la legalidad de los contratos en agosto de 2015.

En paralelo, CME inició demandas por distintas jurisdicciones del mundo (Londrés, Alemania, Nueva York, Miami) sobre la base de las cláusulas de arbitraje, que permiten resolver litigios en tribunales privados, una práctica usual en este tipo de contratos.

La iniciativa de CME, según dejó saber Ferrominera en un recurso interpuesto en junio pasado, hacía “caso omiso al Contrato de Alianza Comercial de litigar en los tribunales venezolanos, así como a las renuncias expresas e implícitas al arbitraje, todo ello con el objeto de embargar los activos de Ferrominera en los Estados Unidos de Norteamérica”. Alega la estatal ferrera que, toda vez que se había activado un mecanismo de conciliación en Venezuela (a través de la Procuradoría General de la República, oficina de abogacía del Estado), ello equivalía a una renuncia al arbitraje internacional.

Dos años antes, de acuerdo al Expediente administrativo Nº 005-2013, el departamento de Auditoría Interna de Ferrominera había recomendado a la Presidencia de la estatal denunciar las irregularidades en los contratos ante la Contraloría y Fiscalía General de la República.

El objetivo era “acumular” pruebas en el proceso que se le seguía al expresidente Sabbagh, pero esta vez con una causa por los contratos de alianza comercial suscritos con CME y valorados en 139.9 millones de dólares y 76,4 millones de dólares, por concepto de compensación, y un daño patrimonial calculado en 182,9 millones de dólares.

A la par de estas recomendaciones, Auditoría Interna recomendó remitir copia a la Contraloría General de la República a los fines de iniciar una averiguación más amplia, y solicitarle a la Fiscalía General de la República una acusación “de manera directa a los representantes y accionistas de Commodities and Mineral Enterprise LTD, CME, previo a la solicitud de medida de enajenar y gravar de todos los bienes muebles e inmuebles y cuentas bancarias de la referida empresa y todos sus accionistas”, se lee en expediente.

Una orden expresa era que CVG registrara y cuantificara las deudas a favor de Commodities and Mineral Enterprise “a fin de retenerle el pago como garantía de los daños y perjuicio ocasionados a la república”, recomendaciones parcialmente acogidas.

Pero Tyrone Vicente Babtista Serrao otra vez picó adelante. Acaba de introducir ante la Corte para el Distrito Sur de Nueva York un pedido para que embargue 6,5 millones de dólares que mantiene Ferrominera en una cuenta bancaria de Estados Unidos. Esta solicitud de resarcimiento es parte de unas cuatro demandas que impulsa en distintos tribunales para cobrar daños que calcula en 413 millones de dólares.

Junto a Mustafá permanece Numa Rojas, el ex alcalde de la ciudad de Maturín (capital del estado Monagas, oriente de Venezuela) y ex dirigente regional del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que en diciembre de 2013 fue acusado por el Ministerio Público por supuestos actos de corrupción solo después de que decidiera distanciarse del partido progubernamental y lanzarse como candidato independiente a la gobernación de Monagas.

Bienvenidos al más vistoso, pero menos visto, reality show del estado Bolívar. Como si se tratara de un proyecto al estilo de Gran Hermano, en una misma vivienda quedaron agrupados –no es el caso de Numa Rojas– miembros de bandos distintos del elenco de un mismo drama: los señalamientos de corrupción en el manejo de Ferrominera Orinoco, extractora y comercializadora de mineral de hierro, uno de los bastiones del complejo siderúrgico de la industria pesada en la vecina Puerto Ordaz, a unos 100 kilómetros al este de Ciudad Bolívar.

No hay constancia pública de que cámaras de televisión graben día y noche lo que pasa en el interior de la casa. Lo que sí es seguro es que la casa, que está en la urbanización Vista Hermosa y a la que solo tres cuadras separan de la prisión homónima, guarda muchas comodidades imposibles en el cercano Centro Penitenciario de Ciudad Bolívar –su nombre oficial–.  Sirve de sede en la capital bolivarense a la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y, por vía de los hechos, tiene que hacer las veces –en estos tiempos de vendettas políticas– de la cárcel militar de Ramo Verde o el cuartel general del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) en Caracas: aloja a presos célebres.

La conversión de la central de inteligencia local en reclusorio de famosos empezó en junio de 2013.  Un secreto a voces, el de la presunta comercialización furtiva del mineral de hierro producido por la estatal, por parte de una red de individuos, estalló ese mes en manos del propio presidente de la República, Nicolás Maduro, como una bengala propicia para guiar su recién anunciada cruzada contra la corrupción. “Sea quien sea, tenga el cargo que tenga, ¡voy a fondo, con todo, contra los corruptos!”, decía eufórico el sucesor de Hugo Chávez, electo para la presidencia apenas dos meses antes, en cadena nacional desde el estado Trujillo.

“Las investigaciones bien conducidas nos llevaron primero a destituirlo (…) Está involucrado en mafias por todos lados en las empresas básicas”, dijo Maduro sobre Radwan Sabbagh, entonces presidente de Ferrominera. “Es inaceptable que se le dé a esta gente, a un funcionario, que se le dé toda la confianza pública y termine haciendo negocios con las empresas que le pertenecen al pueblo de Venezuela”, sentenció de antemano.

Fue así como Sabbagh y cuatro integrantes del equipo gerencial de la empresa –entre ellos, dos mujeres–, junto con el empresario Mustafá –presunto cómplice en el esquema de comercialización paralela–, cayeron en desgracia con el poder y tras las rejas.

Según testimonios, los primeros días de reclusión de los antiguos ejecutivos no fueron fáciles. Las comodidades fueron llegando solo según la estadía se extendía, y así fue cómo consiguieron las camas, los aparatos de aire acondicionado y, más pronto que tarde, los teléfonos celulares, la conexión a internet y hasta unas máquinas de hacer ejercicio.

Cazador cazado

No tuvo la misma suerte otro de los protagonistas de la historia, el coronel del ejército y oficial de Contrainteligencia, Juan Carlos Álvarez Dionisi, alias El Tiburón, quien estuvo a cargo de las pesquisas que pusieron tras las rejas a los dos primeros y, aún antes, al llamado Rey de la Cabilla.

Nadie sabe exactamente qué pasó para que, dos años después de su llegada entre vítores a Guayana, aquel hombre cuarentón, alto, moreno, y de porte marcial, tras ser aclamado como héroe terminara como cazador cazado y en la misma celda junto a quienes comenzó a investigar.

Los detalles de esta parábola se conocieron por el expediente Nº 47 16.156 – 13 que entonces reposaba en el Juzgado Cuadragésimo Séptimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y que, para junio de 2013, un informante entregó al diputado de la Asamblea Nacional, Andrés Velásquez.

Los relatos impresos en esos documentos revelan un daño patrimonial por más de 1.113 millones de dólares y en consecuencia, una red de extorsión que a cambio de silencio, movió montos superiores a los 23 millones de dólares a cuya cabeza estaba El Tiburón. Álvarez llegó a Guayana en 2011 con una misión propia de un Elliot Ness. Tenía que investigar la hasta entonces inexpugnable “mafia de las cabillas” que mortificaba al Gobierno Nacional, pues minaba el rendimiento de una de las principales empresas básicas del Estado y mermaba la distribución de un insumo esencial para la construcción de los grandes proyectos de viviendas que el Ejecutivo patrocinaba.

Como resultado de las pesquisas de Álvarez, quedó detenido Luis Velásquez, director de comercialización de Sidor (Siderúrgica del Orinoco, principal transformadora de hierro en el país, de propiedad estatal) y presidente de las comisiones de transición de las empresas Orinoco Iron y Matesi, amigo cercano del Gobernador del estado Bolívar, el ex general del Ejército Francisco Rangel Gómez. A Velásquez se le acusó de comandar una red paralela de venta de las cabillas producidas por la empresa estatal.

La detención de Velásquez –quien desde entonces pasó a ser conocido por la opinión pública con el mote de El rey de la cabilla– abonó la fama del coronel Álvarez como investigador recio y eficaz.

“El que tenga pruebas, hermano, que las presente; que no hablen tanta paja. Sencillamente, que las presenten. Es un compatriota nuestro, es parte del partido (PSUV), es un amigo nuestro y seguirá siéndolo”, sorteó Rangel Gómez al ser consultado por la prensa sobre las acusaciones contra Velásquez que amenazaban con salpicarlo.

Velásquez, que pasó un tiempo prisionero en las celdas de la DGCIM en el sector Boleíta Norte de Caracas, a la postre quedaría libre. Sin embargo, en esa oportunidad, su reclusión lució como un emblema de una campaña anticorrupción que esta vez sí partía en serio y que tenía en el coronel Álvarez Dionisi su campeón.

Antes de enrolarse en esa cruzada, Álvarez Dionisi había figurado como secretario privado del Gobernador del estado Carabobo (centronorte de Venezuela) entre 2004 y 2008, el ex general de la Guardia Nacional Luis Felipe Acosta Carlez. El Coronel llegó a sonar como posible candidato oficialista a la Alcaldía de Valencia (capital de Carabobo) en 2008.

Pero en algún momento la trayectoria del paladín se torció. Después de sus éxitos investigando Sidor, puso bajo su radar los negociados en el sector inmobiliario de Ciudad Guayana y en Ferrominera. El punto de quiebre pudo haber sido el mismo año 2011. Entonces, según el expediente, ya extorsionaba a los sospechosos de irregularidades, en lugar de presentarlos a la justicia. Siempre según los documentos filtrados, uno de los primeros a los que Álvarez llamó para plantear el chantaje fue al abogado y empresario Yamal Mustafá, contratista de la gobernación del estado Bolívar.

Asuntos internos

“Me increpó diciéndome que por yo ser amigo del gobernador (Francisco) Rangel, estoy señalado en un organigrama, que me mostró, donde aparecía, además de otras personas, mi nombre”, sale Mustafá declarando a la DGCIM.

Mustafá, abogado de origen palestino, ha sido conocido en Ciudad Guayana por su empresa de alimentos Corporación de Alimentos Brindisi (Corpobrica) y, más recientemente, por su papel de editor de medios al frente del diario Primicia, creado en 2011.

El diputado Andrés Velásquez ha denunciado de forma activa el rol clave de Mustafá en el entramado que controlaba los contratos de servicios otorgados por la gobernación local. Tanto que, en julio de 2013, puesta ya a la luz la olla de Ferrominera, el diputado opositor entregó a la Fiscalía documentos que mostraban cómo las empresas de la familia de Mustafá habían acaparado obras y servicios, que iban desde la entrega de canastillas hasta tickets de alimentación para los empleados regionales a través de la empresa Credilab.

A cambio de su silencio, testimonió Mustafá, El Tiburón le pidió un millón de dólares que, aunque no los pagó, “quedó la amenaza de que en cualquier momento me involucraba en este caso o en cualquier otro, ya que soy un empresario conocido en la región”.

El caso de las cabillas tenía especial importancia, pues, según Mustafá, “los medios de comunicación de la región, afectos a la oposición, pretendieron involucrar al ciudadano Gobernador del estado Bolívar y su familia, el cual evidentemente no estaba involucrado en el escándalo que produjo la investigación”.

Los pagos que el Coronel exigió se extendieron hasta el sobrino de 27 años de Mustafá, Manuel, propietario de las empresas Consorcio Ferromineral LLC, Metals Alloys LLC, Muszam Investment INC, DMG Audio, C.A y Gremaca –registradas en Venezuela y en el estado de Florida, Estados Unidos–, todas clientes de Ferrominera Orinoco, recién creadas ese año y con razones sociales tan diversas como decoración de interiores hasta importación y exportación de material ferroso. 

En determinado momento, los intercambios telefónicos entre el coronel Álvarez y el empresario se hicieron tan frecuentes que les pareció preferible encontrarse en persona. Las reuniones tuvieron lugar en Puerto La Cruz (estado Anzoátegui, noreste de Venezuela) y Puerto Ordaz, en la casa de Mustafá.

Al mismo tiempo, la persecución de Álvarez Dionisi se hacía “agobiante” para el entonces presidente de Ferrominera Orinoco, Radwan Sabbagh Achkar, quien desde 2006 permanecía en el cargo.

Cuando otros gerentes entraban y salían de la dirección del atribulado grupo de fábricas del complejo ferrosiderúrgico, Sabbagh era referencia por su estabilidad y por ser el anfitrión favorito del fallecido líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, en sus visitas a Guayana.

Algunos atribuían su estabilidad a su relación con el gobernador Rangel Gómez, con quien trabajó en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en el 2002.

Sabbagh dijo haber conocido a El Tiburón por una llamada del abogado Gustavo Blanco, asesor de la empresa Comodities Minerals Enterprisde (CME), propiedad del empresario Tyrone Serrao, y entonces cliente de Ferrominera Orinoco.

Según el testimonio de Sabbagh, Blanco le llamó para decirle que estaba en Puerto la Cruz con Mustafá y que “se encontraron con una persona del DIM y que esa persona hablaba de una supuesta mafia del hierro”, dijo en su declaración a la DGCIM el 8 de mayo de 2013, a las 5:30 de la tarde.

En su teléfono le mostró fotografías del organigrama de la supuesta mafia del hierro. “Le pregunté (a Gustavo Blanco) de dónde conocía él a ese Coronel y él me respondió que él junto a Yamal eran abogados de Luis Velásquez, que había sido detenido meses antes por el caso de las cabillas y me dijo que Álvarez fue quien había llevado a cabo esa investigación”.

Sabbagh dijo estar dispuesto a reunirse con el Coronel pero, según su testimonio, Blanco le dijo que El Tiburón solo se reuniría con él en la casa de Mustafá.

“A finales del mes de noviembre de 2011 recibí la llamada de que ese día, a las cinco de la tarde, me debía dirigir a la casa del abogado Mustafá a reunirme con El Tiburón (…) fui guiado por teléfono por el propio abogado Yamal Mustafá, entré a su residencia y en la parte de atrás me esperaba el coronel Álvarez Dionisi”.

Sabbagh y El Tiburón quedaron solos. Conversaron por largo rato hasta que el Coronel se levantó, agarró una mochila, se puso la gorra e intentó salir.

“El abogado Yamal Mustafá, que se encontraba afuera de la sala, al ver que el Coronel se marchaba preguntó si todo estaba bien pero el Coronel respondió que pronto vendría una comisión a buscarme. Mustafá intercedió para hacerle entender al coronel Álvarez que eso no era conveniente, con lo cual el Coronel volvió a sentarse en el mismo sillón”.

El Tiburón habló a Sabbagh sobre el organigrama de la mafia del hierro y el barco con droga que se encontraba en el puerto de Ferrominera Orinoco “y yo le dije que fue la propia Ferrominera quien realizó la denuncia sobre esa droga”, relató el ex presidente.

En ese encuentro el Coronel les pide 20 millones de dólares para no generar “un escándalo” similar al de las cabillas. Pidió papel y lápiz y sobre un pedazo de cartón escribió el número 20 y luego lo quemó por seguridad.

"Yo le dije que todo eso era mentira, que era chisme (...) me respondió con una mirada fría que nunca olvidaré y me dijo textualmente: 'es más difícil demostrar la inocencia preso que en libertad".

Sabbagh accedió a pagar por temor a que tuviese alguna repercusión política, pues se le asociaba con Rangel Gómez y con el Gobierno. “Me fui a mi casa sin saber muy bien que es lo que iba a hacer y con ese gran sentimiento de impotencia de temor por lo que había pasado, pensé en cómo habían actuado en la zona cuando se llevaron a Luis Velásquez, el cual tenía dos meses preso sin juicio y en ese momento mi único hijo tenía diez meses de nacido. Pensé que el mundo se me venía encima”.

Así que consiguió el dinero a través de las empresas CME y Duferco que, a su vez, depositaban a las cuentas de Mustafá. “Le manifesté mi conformidad con el único propósito de solventar el problema con Manuel Mustafá”, declaró el empresario.

Fue así como suministró una cuenta en Barbados a nombre de Logistic Trading and Services LTD para que los clientes hicieran sus depósitos y posteriormente él hiciera las transferencias al destino indicado por el Coronel; la misma cuenta en la que, según la denuncia del diputado Velásquez a la Fiscalía, se pagó la compra de unos autobuses de la Gobernación de Bolívar por una triangulación financiera.

De acuerdo al testimonio de Yamal Mustafá, de sus cuentas se hicieron 12 transferencias en dólares a Nueva York, Canadá y Florida, así como 27 operaciones en bolívares entre transferencias y dinero en efectivo; un total de poco más de 4,4 millones de dólares y 2,5 millones de bolívares.

Pero en 2012 y ya harto de la situación, Sabbagh denunció la extorsión al entonces presidente de la CVG, Rafael Gil Barrios, al mayor general Cliver Alcalá y finalmente al general Hugo El Pollo Carvajal, quien se desempeñaba como director de la DGCIM.

Otros recién incorporados a la cartera de clientes fueron sobornados por el Coronel, quien, con carpeta en mano y con el caso de las cabillas fresco, amenazaba a empresarios y gerentes.

Ante cualquier contratiempo, Álvarez Dionisi contactaba con Mustafá y con Carlos Vieira (de la empresa Viherca) y este a su vez con el presidente de Ferrominera Orinoco, Radwan Sabbagh, quien hacía los contactos y resolvía con los clientes el pago.

Con este mismo procedimiento el representante de la empresa Corinsur, Douglas Flores, accedió a pagar un dólar por tonelada de mineral despachado por Ferrominera Orinoco, aunque la aspiración de Álvarez –dijo Flores a las autoridades– era conseguir cinco dólares por tonelada.

Según Flores, el Coronel insistía diciéndole, “te meto preso y después averiguo, es mejor defenderse afuera que defenderse preso”. Fue así como accedió a pagar 800.000 bolívares. El dinero viajó en una caja desde el aeropuerto Manuel Carlos Piar de Puerto Ordaz.

Los favores que recibía Álvarez iban desde entrega de equipos de computación, cajas llenas de dinero, transferencias y, según Néstor Moreno, quien trabajaba con el Coronel desde el caso de las cabillas, en la última campaña electoral le depositaron “300 mil bolívares para hacer los bigotes para la campaña del actual presidente de la república”.

Otros funcionarios, como el ex gerente de comercialización y ventas de Ferrominera Orinoco, Juan Aníbal Vásquez, pagaron dos millones de dólares a través de “contactos internacionales” y su asistencia a la empresa Miami Trust.

Final del casting

A pesar de la abundancia y aparente solidez de los testimonios, el Ministerio Público solo imputó al coronel Álvarez Dionisi y tres presuntos cooperadores en la extorsión –Carlos Viera, Carlos Martínez y el primer teniente de la Guardia Nacional, Néstor Arturo Nieves.

Mientras que, por el desvío de una partida presupuestaria de 295 millones de bolívares, a Radwan Sabbagh y cuatro gerentes más, entre ellos dos mujeres.

Los primeros meses los imputados estuvieron detenidos en la sede del Sebin en Caracas. Allí estrenaron la célebre celda llamada La Tumba, según se denuncia en una solicitud de amparo presentado por los abogados de El Tiburón en 2013. En esa celda se somete a los presos a aislamiento total, supervisión de 24 horas por circuito cerrado de televisión y bajas temperaturas. Además de esos rigores, siempre según la denuncia, al Coronel se le privó el acceso a los medicamentos que regularmente se le administraban para combatir un cáncer de piel que sufría en la cara. Carlos Viera, el joven ejecutivo de Viherca, en esas condiciones intentó quitarse la vida durante 2013.

Apenas el pasado 23 de abril se celebró la primera audiencia preliminar del juicio, y mientras Álvarez Dionisi sigue preso en la sede de Ramo Verde, el resto de los actores siguen en esa cárcel especial de Ciudad Bolívar.

Casi en simultáneo, el proceso por las irregularidades en Ferrominera mostró un primer resultado: las exgerentes María Acosta y María Rodríguez se declararon culpables del desvío de una partida presupuestaria, y el 30 de abril el Tribunal 9º de Control del Área Metropolitana de Caraca les condenó a cinco años de prisión, de los cuales ya han pagado dos. Se les acusó de los delitos de peculado doloso y malversación agravada.

El ex gerente técnico de Operaciones, Ángel Ramón Campero Franco, también admitió responsabilidad por la comisión de los delitos de peculado doloso propio, en grado de cooperador y en poco menos de 12 meses saldrá en libertad.

Sabbagh y el consultor jurídico, Noel Ramírez, eligieron otro camino y mientras esperan su juicio buscan que se les rebaje la pena para admitir los hechos, como al resto de los imputados.

Al ex presidente de la estatal se le acusa de peculado doloso propio, malversación agravada, evasión de procedimientos de licitación y concertación de funcionario público con contratista.

No es el caso del empresario Yamal Mustafá, a quien el tribunal de control le dio una medida de sobreseimiento luego de no encontrar elementos para mantenerlo preso la misma noche del 30 de abril, cuando todos fueron presentados en el Tribunal 9° de Control. La decisión, sin embargo, no se tradujo en su libertad pues los fiscales apelaron y minutos después exigieron una suspensión de la medida.

Esa es la razón que ha mantenido a Mustafá en las dos últimas semanas en Caracas, esperando la decisión de la Corte de Apelaciones. En el rotativo que dirige, el diario Primicia, han publicado un editorial titulado “La Doctrina de la Real Malicia y el Juicio Paralelo”, en la que defienden la sentencia y enfilan baterías contra el diario Correo del Caroní, el único medio impreso del estado Bolívar que ha reseñado los pormenores del caso desde 2012.

Ahora en espera obligada con Álvarez Dionisi, su alegado extorsionador, Mustafá, Sabbagh y el propio Coronel siguen aguardando para saber quién de ellos quedará nominado para la eliminación y quién seguirá formando parte de la vecindad. Hagan juego, señores.