El aguacero anima a un pescador de 53 años a decir, guarecido bajo un frondoso árbol a escasos metros del río Orinoco, que las cabañuelas —un método ancestral para predecir el clima del año, extendido por la América hispana— se están cumpliendo. 

El hombre prefirió no salir a pescar hoy en el enorme río Orinoco, el más caudaloso de Venezuela y el tercero del mundo. La lluvia mantiene en sus casas a los poco más de 1.500 habitantes del pequeño poblado de Santa Catalina, estado Delta Amacuro, que se levanta a orillas del brazo más grande del dédalo fluvial por el que el llamado río padre fluye hacia el océano Atlántico. 

El hombre no quiere que cese la lluvia. No por el bien que esta puede hacer a las tierras endurecidas por la sequía o al ganado disperso en la isla Tórtola, vecina a la comunidad, sino porque —piensa— quizás el chaparrón, a veces llovizna, “disipe las malas energías” y calme un poco el ahora convulso lugar.

Las malas energías no siempre predominaron en la comarca. En 1897, James E. York, gerente de la empresa de origen estadounidense, Orinoco Iron Company, luego de un viaje a Santa Catalina, reportó que nunca había visto depósitos de hierro de tan alto grado como los del lugar, “ni siquiera en la cordillera de Mesaba en Minnesota”, según relata Luis Ugalde, teólogo y filósofo jesuita, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en sus estudios sobre los proyectos de colonización en los siglos XVIII y XIX de la Guayana venezolana, región selvática del país al sur del Orinoco. “La cualidad del mineral es muy superior al de España y África con los que entrará en competencia”, se entusiasmaba York en un artículo de ese año en el Venezuelan Herald, un diario de fines del s. XIX.

Se avizoraba, en la misma pieza periodística citada por Ugalde, un “futuro color de rosa” y “una prosperidad hasta ahora desconocida en el Territorio Delta”, una región agreste y casi inexpugnable, cruzada por decenas de caños. En línea con los pronósticos de York, el lugar de Santa Catalina, un poblado misional fundado en el s. XVIII, fue designado como el corazón de la nueva explotación, donde la compañía construiría su sede y un hotel de 23 habitaciones distribuidas en dos alas de dos pisos cada una. La colonia reunió a unas 200 personas y había planes para expandir su población mediante la oferta de transporte barato y tierra gratuita para quienes llegaran a explotar el balatá, una resina gomosa natural semejante al caucho, y otros recursos locales. Antes de los norteamericanos, los británicos se habían propuesto colonizar el sitio con emigrantes venidos principalmente de Irlanda y, todavía antes, los españoles miraron esta región como clave en la defensa estratégica frente a las incursiones extranjeras, siempre según recoge Ugalde. 

Aparte de esos buenos auspicios y promesas de futura prosperidad, hasta hace unas décadas Santa Catalina sumaba puntos para ser un paraíso. No solo por su ubicación privilegiada a orillas del Orinoco o por estar rodeada de una selva frondosa, sino también por su espectacular biodiversidad amazónica y su riqueza cultural aborigen. 

Pero las mutaciones que Santa Catalina experimentaría, no siempre atribuibles a las mieles de la modernidad, se desarrollaron en muchas direcciones, y muchas de ellas resultaron indeseables. Tanto, que jóvenes y adultos dicen ahora que a estos territorios ya no los visita nadie: ni autoridades municipales ni estadales, ni turistas, ni exploradores aventureros como York. Los únicos visitantes habituales, tanto en Santa Catalina como en las comunidades aguas arriba y abajo del Orinoco, son unos nuevos colonos: gentes de uniforme militar y dotadas con armas que se han presentado como exmiembros de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tal vez disidentes, y que vienen incursionando por el territorio venezolano en dirección oeste-este desde la firma del acuerdo de paz con el Estado colombiano en 2016.

El viejo y el narcomar

Ha cesado la lluvia y el cielo se pinta de naranja. El ruido de una lancha a motor alerta a quienes están cerca del puerto de Santa Catalina. “Allí vienen”, comentan un par de jóvenes. A menos de dos metros de ellos, otro par de niños juegan y se sumergen en el agua. 

El bote, cuyo casco está adornado con franjas rojas y verdes, alcanza la orilla. Entonces, 14 hombres armados y uniformados desembarcan sin apuro. Otros cuatro, al menos, permanecen cerca de la lancha. Levantan lo que a primera vista parece solo un cajón, para descargarlo. Pero se trata de un ataúd con arabescos dorados. Otros cargan bolsas negras. Son flores. 

Es el cortejo fúnebre fluvial para el entierro de El viejo, un exlíder guerrillero, muerto en septiembre de 2024. O asesinado, como coinciden en precisar varios catalinenses, el gentilicio de Santa Catalina.

El aguacero no detiene los preparativos. En el cementerio, ya abrieron la fosa. A escasos metros del puerto, una decena de sujetos uniformados, con botas de goma y franelas con estampado de camuflaje, preparan sopa y carne en vara. Hay civiles junto a ellos. Un par de mujeres buscan a los más parroquianos que se encuentran alrededor de la Iglesia y les piden asistir al velorio para rezar un rosario.

A El viejo, el alias de Aldemar Suárez, lo empiezan a velar a las afueras de una cervecería, a escasos metros de la plaza Bolívar. Cada tanto rocían un spray alrededor del féretro, quizás para disipar malos olores. Su séquito, armado y con uniforme, rodea el ataúd. Están allí sus hijos: Juan o Güipa, el mayor; Daniel, que lo sustituyó en el mando; y Joandry, el menor, todos de origen colombiano. “La comunidad tiene que agradecer porque él murió por todos nosotros. Batalló toda su vida, primero en Colombia y luego en Venezuela por un ideal de libertad. Se identificó tanto con Venezuela que dio su vida por ella”, dice uno de ellos, trajeado de verde oliva, frente al féretro de Suárez, un hombre de 60 años descrito por quienes lo conocieron en vida como un hombre culto, carismático y humilde.

 Fue con la bandera de la libertad que llegaron a Santa Catalina —capital de la parroquia Rómulo Gallegos, municipio Casacoima, del estado Delta Amacuro— en 2020, poco antes de que la pandemia de covid-19 alcanzara el país. Lo primero que hicieron fue convocar a la comunidad para una asamblea, a la que asistieron unas 30 personas. “Decían que querían hacer vida aquí. Quien lideró esa vez se identificó como el comandante Camilo, tenía acento colombiano, y decía ‘qué bueno sería que cuando yo viniera me dijeran ‘Don Camilo, vamos a tomarnos un café’’. Pedían apoyo de la comunidad, nadie les dijo que no, pero tampoco que sí”, recuerda un catalinense de 61 años. 

—Ahorita tienen problemas de luz, tienen problemas de agua, todo eso lo podemos solucionar nosotros —siguió Camilo, tentando a su público.

“Todos nos quedamos viéndonos las caras”, recuerda el hombre, de piel morena y voz baja, sorprendido junto a sus vecinos por el conocimiento de los recién llegados sobre la zona porque, ciertamente, en Santa Catalina no hay agua ni electricidad desde hace más de una década.

—Sí, aunque no me quieran creer. Ustedes no se imaginan lo que pasa por el frente de sus narices. Si cobráramos por todo lo que pasa, ustedes tendrían tres y cuatro plantas eléctricas —recalcó el comandante.

A lo que se refería Don Camilo era el movimiento de drogas y, en menor medida, de minerales y otras mercancías, por el río Orinoco, la principal fuente de ingresos de los disidentes de las FARC.

Moverse por el río Orinoco para, de ese modo, controlar el tráfico de drogas y oro, no era un propósito gratuito. Varios eventos confirman el carácter estratégico de esta vía fluvial para las economías ilícitas y sus rutas caribeñas o trasatlánticas. A principios de marzo de 2023, por ejemplo, el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, difundió noticias por la red X sobre la intervención, mediante operativos militares en el Delta del Orinoco, de un “campamento de grupos delincuenciales asociados al narcotráfico” y sobre la incautación de un “submarino semisumergible” usado para el tráfico de drogas.

En diciembre de 2020, una fiscal del Ministerio Público en Delta Amacuro, Guerlys Hernández Urrieta, y su esposo, Jorge Luis Hernández, fueron detenidos por su presunta vinculación con el decomiso de 2.012 pastillas de la droga sintética conocida como éxtasis (Metilen-dioxi-metanfetamina) a bordo de una embarcación en aguas del Orinoco. “La cercanía de las costas del estado Delta Amacuro con Trinidad y Tobago hace a esta entidad propicia para el narcotráfico. La droga llega hasta allí en cargas que suelen ser más pequeñas y viajan en embarcaciones de menor tamaño”, señalaba Transparencia Venezuela en un informe de 2024.

El tráfico ilícito de sustancias controladas explica gran parte de este fenómeno. La Guardia Costera de Trinidad y Tobago, la nación insular de habla inglesa ubicada a apenas dos horas en lancha desde Delta Amacuro, realiza monitoreos esporádicos en la zona. También la Armada francesa, responsable de la vigilancia marina desde Cayena-Guayana Francesa, patrulla esas aguas del Atlántico. Sin embargo, sus esfuerzos resultan insuficientes. Además de las lanchas rápidas con potentes motores fuera de borda que transportan o recogen cargamentos que avionetas no identificadas lanzan al mar, los ya célebres semisumergibles artesanales que transportan cocaína por altamar también consiguen eludir a las autoridades.

Fuentes de inteligencia caribeñas indicaron para la presente cobertura que estas embarcaciones recorren la región para, luego, transferir la carga a buques pesqueros oceánicos y portacontenedores con destino a Europa y África Occidental. Un mecanismo que, según relatan, pasa inadvertido porque la mercancía termina por viajar en embarcaciones extranjeras, sin vínculos directos con Venezuela, pese a que provienen de esa nación, territorio caliente del narco, y de su ducto natural, el Orinoco.

El tránsito de cocaína hacia Venezuela suele comenzar en los países productores de la región andina, reseña el Informe 2021 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés). A partir de allí, se han identificado tres rutas para la distribución de la droga en el mercado internacional: la del Pacífico oriental, que se calcula representa 74 % del total; la del Caribe occidental (16 %), que parte de Colombia; y la del Caribe (8 %), que parte tanto de Colombia como de Venezuela. En esta última ruta se hace común el uso tanto de lanchas rápidas como de aeronaves para el transporte de drogas. 

La Unodc no identifica a Venezuela ni como país de origen ni de destino, sino como país de tránsito de la cocaína, a diferencia de la vecina Colombia, tenida por país de origen de envíos incautados de cocaína entre 2016 y 2020. Los principales destinos son Suramérica, el Caribe, Centroamérica y Europa Central.

Peaje armado y velatorio

El hombre oriundo de Santa Catalina dice que, después de aquella primera asamblea, “empezaron a venir de visita (...) desde que llegaron al pueblo dicen que vienen por orden del Gobierno”. En los primeros meses de su presencia, recuerda, la gente prefería no salir a la calle. Temían enfrentamientos de los recién llegados con el sindicato de Barrancas, otro grupo criminal con cabecillas venezolanos que controla el tráfico de drogas, mercancías y todo lo que se mueva por el paso del río entre Barrancas del Orinoco, sobre la ribera norte en el estado Monagas, y Piacoa, sobre la ribera sur en Delta Amacuro.

Al igual que Santa Catalina, Piacoa está en el municipio Casacoima, y también en una posición estratégica a la que se accede por tierra y por agua. Cuando en 1884 el entonces presidente venezolano, Antonio Guzmán Blanco, creó el Territorio Federal Delta, fueron estos dos poblados, además de Sacupana, los propuestos como capital regional, para concentrar allí las operaciones de la naciente Compañía Manoa, incorporada en Nueva York pero con derechos exclusivos para fundar una colonia en el Delta y explotar sus riquezas.

De Piacoa hacia el este, el control armado lo detentan los presuntos disidentes de las FARC, quienes en principio montaron su base en un sector conocido como Catalinita y, luego, en Mena. Ahora alcanzan el caño Amanoco, a unos 20 minutos de Santa Catalina, y tienen presencia en La Fe, una comunidad cercana a Piacoa. Se mueven, siempre con sus armas y uniformes, en embarcaciones de hasta dos motores. De hecho, en Santa Catalina ya los identifican de antemano por el ruido de sus lanchas. Antiguamente, cuenta un habitante, llegaban con el brazalete de las FARC puesto, pero últimamente no lo portan: “Creo que se han hecho más autónomos y disidentes. Se identifican con el jefe”.

Hasta septiembre de 2024, ese jefe era El viejo. Cuentan los lugareños que fue asesinado a traición por miembros de su propia facción. “Estaba en el campamento y le dijeron que iban a sustituirlo por otro. Disolvió el campamento y dio de baja a todos. De todas maneras, vinieron los que querían sustituirlo, lo engañaron y lo asesinaron a tiros para hacerse del control”, contó un lugareño. 

Entonces, coinciden los testimonios, los hijos del comandante regresaron a por lo suyo, se reagruparon, contraatacaron, cobraron venganza y retomaron el control del grupo. “Descubrieron dónde lo habían enterrado [a ‘El viejo’], entre La Fe y Piacoa, lo sacaron y lo trajeron para enterrarlo”, relató.

Los uniformados suelen llegar a Santa Catalina a buscar comida, tomar alcohol y rumbear en las noches. Pagan en dólares la mayoría de las veces, aunque en la comunidad también les aceptan bolívares, la moneda oficial de Venezuela. A partir de su llegada, reconocen los lugareños, cesaron los robos de ganado y gallinas. Aún así, esa mejora no fue suficiente para que la comunidad los dejara de rechazar, aunque no puedan hacerlo de frente. 

“La comunidad escucha y ya. No nos hemos atrevido a decirles que no, y a la vez es cierto que dentro de la comunidad hay quienes han establecido relaciones con ellos. En un momento empezaron a llevarse muchachos, a sondearlos, a ofrecerles pagos en dólares, celulares y hasta balones”, cuenta una ama de casa de 43 años. “Una tiene que aprender a saludar amablemente. ‘¿Cómo están? Buenas noches’. A veces se quedan callados o te pueden preguntar algo y luego te dan una pequeña charla: ‘Aquí estamos para proteger a la comunidad, no se preocupen, esto es territorio de paz’”.

Una de las preocupaciones de quienes habitan en Santa Catalina es que, precisamente, entre ellos no hay ni policías, ni Guardia Nacional ni vigilancia fluvial. La Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, promulgada en 2005 pero derogada apenas cinco años más tarde, en 2010, establecía en su artículo 104 que en Delta Amacuro, dadas sus características, se crearía un sistema integral de inteligencia, prevención y persecución contra el tráfico de drogas conformado por la Armada, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el Ministerio Público, que constituiría una Fuerza de Tarea Especial para el control y vigilancia de los ríos y caños y, con ello, “evitar que el Delta, dada su vulnerabilidad, se convierta en una zona preferente para las actividades del tráfico de drogas y asiento de corrupción de la sociedad civil y las instituciones de ese estado fronterizo, incluyendo la protección del hábitat de los pueblos indígenas allí asentados”, según se leía en el documento. Pero la intención se quedó en la mera teoría.

En el pequeño edificio de locales comerciales, frente al velorio de El viejo, funcionaba hasta hace un par de años un comando de la Guardia Nacional. En los años 90, recuerdan los catalinenses, había un policía asignado. Uno. 

“Ahora no solo es que no hay ningún cuerpo policial, sino que no hay ninguna entidad del Estado ni para defensa de los niños, ni para protección de la mujer, no hay nada, por eso es que aquí habrá gallos y violencia contra los niños y las mujeres porque, ¿a dónde vas a reclamar? ¿Con qué lancha, con qué internet?”, lamenta un ama de casa de 50 años de edad.

La lista de carencias es extensa. No hay electricidad desde hace más de 10 años y quienes cuentan con corriente eléctrica la tienen solo gracias a generadores a gas o pequeños paneles solares. Tampoco hay agua por tuberías, pese a que la comunidad queda frente al caudaloso Orinoco y dispone de un tanque gigante que podría abastecer a toda Santa Catalina. Falta transporte público para traslados médicos de emergencia o para proveerse de insumos y alimentos. Decenas de casas quedaron abandonadas por la emigración. 

Hace poco más de un siglo, la comunidad “miraba al futuro”, como informaban las reseñas de época citadas por el padre Ugalde: la Orinoco Company, sucesora de la Compañía Manoa, instaló una planta de vapor para el procesamiento del balatá, avanzó en la construcción de una carretera que debía llegar hasta el municipio El Palmar del estado Bolívar, y la Minnesota Street, como se llamaba la vía principal del pueblo en los tiempos del plan colonizador del proyecto Manoa, conducía a los potenciales colonos a la sede de la empresa y al hotel. También, en ese tiempo, había policía.

34 amazonas en curiara al rescate

Cuando una joven estudiante de 16 años se fue con los guerrilleros una noche de finales de mayo de 2023 para no volver, sus familiares no hallaron un policía o guardia a quien pedir ayuda. Por eso, tuvieron que salir a buscarla a la mañana siguiente con apoyo de las mujeres de la comunidad. Una de ellas recuerda que le avisaron sin medias tintas que su ahijada “se fue con un pata’e goma”.

—¿Se la llevaron a la fuerza? —preguntó.

—No, se fue.

La estudiante se había ido voluntariamente con Juan, el mayor de los tres hijos de El viejo. Ambos se fueron a pie hasta el campamento de la guerrilla por un camino lleno de monte y empantanado. Su familia sostiene que Juan la enamoró por teléfono. 

La mañana después de la huida, las mujeres se organizaron. Se repartieron en las pocas calles del pueblo y fueron sumando a otras. “Había hombres, pero no veíamos conveniente que fueran. Pensamos que a nosotras no nos iban a hacer nada y que llevar hombres podía verse como una provocación”, cuenta una mujer, de 53 años de edad, que participó en la gesta. “‘Vamos, que no nos va a pasar nada’, les decía, y así fuimos 34 mujeres en una curiara [una embarcación de madera, ligera y alargada, por lo general escarbada de un solo tronco, propia de la Orinoquia y de la Amazonía] grandísima. Aparte de nosotras solo iban tres hombres: su papá, el motorista y un menor de edad que conocía la ruta”. En el trayecto, las mujeres lloraban.

El jefe con el que entonces tenían que hablar para traer de vuelta a la joven era el mismísimo El viejo, luego fallecido. La mujer recuerda que llegaron a la orilla y, mientras caminaban al campamento, notaron que había vigilancia por parte de unos uniformados que trataban de no ser vistos entre el monte. Frente a las mujeres, El viejo insistió en que la joven no había venido obligada. 

Las mujeres pidieron verla. Esperaron dos horas. La joven, vestida de civil, por fin apareció, acompañada o escoltada por dos mujeres. Se detuvo a 200 metros de las de Santa Catalina. No quería caminar más. No hablaba, no respondía a las preguntas. “Me armé de valor y pasé en medio de los hombres que tenían las armas cruzadas para impedirnos el paso. La agarré y la cargamos por los brazos. Ella se resistía, quería quedarse”. Cargaron con ella y la embarcaron.

En el trayecto de regreso a Santa Catalina, la estudiante quería lanzarse al río. Dos embarcaciones de la guerrilla las seguían, pero las mujeres apuraron la navegación y llegaron primero al pueblo. “Cuando llegamos había muchísima gente, subimos y la dejamos en su casa”. Tuvieron que sedarla para que la muchacha se tranquilizara.

Aprovechando la presencia de los guerrilleros en la comunidad, los pobladores convocaron de inmediato a una reunión; calculan que sería la tercera desde la llegada de aquellos a la zona. El colectivo de los nativos quería poner un alto al asentamiento de los guerrilleros. Esto no podía continuar.

Así fue como, el 23 de mayo de 2023, a las 11 de la mañana, la asamblea comenzó. “Nosotros no los queremos en Catalina”, se atrevieron por fin a decir a los guerrilleros. 

“Una de las mujeres los enfrentó y les dijo que, si querían reclutar niños, que fueran a Colombia, que allá ya estaban acostumbrados a eso, ‘respeten a nuestros niños, aquí hay leyes y ustedes les están violando sus derechos’”, recuerda un comerciante de 45 años. 

—Oramos mucho para que se vayan de la comunidad —insistió la mujer, según el relato del comerciante.

—Nosotros estamos aquí porque el gobierno nos lo ha permitido. No estamos acá de manera improvisada, estamos acá porque el gobierno quiere que estemos —respondió uno de los uniformados.

—No somos ni de colectivos ni de la guerrilla. No queremos agradecerles a ustedes, pero tampoco a ningún sindicato. El hecho de que ustedes estén acá nos pone en riesgo —intervino una habitante de Santa Catalina en el intercambio, quien, a pesar de ese lance de coraje, hoy admite que la situación la atemoriza, le ha quitado el sueño.

A tres metros del ataúd de El viejo, mientras una decena de mujeres rezan el rosario, unos niños corren, gritan y brincan; ninguno tiene más de 10 años de edad. En una esquina, los lugareños toman cervezas; en otra, juegan dominó. El funeral nutre el cotilleo del día. “Se está viendo como algo normal. Los niños crecen viendo esto. Los idolatran, los ven como una figura y eso es preocupante”, dice un pescador de la comunidad en relación a los guerrilleros.

—¿Son guardias, mami? ¿Son policías? —le preguntó una niña de ocho años a su mamá, una mujer de 45 años, al ver por primera vez a un grupo de hombres armados y uniformados en la antigua Minnesota Street.

—Son policías —le respondió en seco para no entrar en detalles sobre el porqué de la presencia de los sujetos, detalles que podían resultar inoportunos.

—¿Y si ellos nos matan, mami? Dios los va a castigar, ¿verdad? —insistió la niña, curiosa.

“Por eso queremos irnos. Por ella”, dice la madre de la niña, una mujer de 45 años. Lo dice ahora con sus ojos castaños empañados por las lágrimas, al repasar para esta cobertura las primeras aproximaciones de su hija con los uniformados. 

Está bien entrada la noche y todo indica que el entierro será el domingo próximo. Mujeres y hombres armados permanecen alrededor del ataúd. Los catalinenses se han ido a dormir, pero algunos contarán después que vieron interrumpido su sueño por disparos al aire, ocho al menos. Los nuevos colonos están marcando terreno en una región indómita y que, de acuerdo con los viejos colonizadores, parecía destinada por la naturaleza a ser la provincia más productiva de América.

Por consideraciones de seguridad, en esta historia se omiten los nombres de los reporteros y de las fuentes sobre el terreno.

Pero Venezuela no es solo una víctima colateral del conflicto interno colombiano; en realidad, participa en él, quiéralo o no. Algunos de sus actores y causas echaron raíces a ambos lados de la frontera binacional.

Reportes oficiales de autoridades colombianas llevan tiempo advirtiendo que, desde hace cinco años al menos, el territorio limítrofe venezolano ya no es tan solo un aliviadero o buffer donde los grupos guerrilleros de ese país, en especial el ELN, se retiran a descansar o consiguen un burladero para esquivar la persecución militar. No: de hecho, sirve, por un lado, de teatro de operaciones y lugar de acuartelamiento, y del otro, de paso para las rutas de tráficos ilícitos -cocaína, armas, oro- cuyo control se disputan los grupos subversivos y del crimen organizado. 

Con esos fenómenos en la zona se interseca además la voluntad de control político que anima tanto a la propia guerrilla colombiana como a la autodenominada Revolución Bolivariana de Venezuela. Ambas conservan vestigios de una antigua base ideológica compartida, y sus intereses suelen coincidir -pero no siempre- hasta conformar una alianza de facto que a menudo prefieren no proclamar. 

Un defensor de derechos humanos venezolano, que se mueve con frecuencia entre los estados de Zulia y Táchira y pidió a Armando.info mantener la reserva de su identidad, confirma que la presencia del ELN del lado venezolano es permanente desde hace años “en todo el límite fronterizo”.

Como consecuencia, la seguridad y las libertades individuales de los pobladores de la zona limítrofe se mantienen en vilo. La violencia desatada en el Catatumbo y otras zonas de Norte de Santander representa el afloramiento de pugnas que soterradamente se gestaban en la zona de frontera a pesar de la vigencia del Acuerdo de Paz con las FARC de 2016. El trasiego bidireccional de negocios ilícitos permitía augurar un nuevo estallido de hostilidades. Mientras los movimientos de actores armados de un lado a otro de la frontera representaban una realidad tangible para los habitantes de la zona, a veces se colaban apenas como un secreto a voces en medios de prensa. Diversos testimonios perfilaban un hecho del que no se tenían dudas pero sí escasas pruebas. Aunque podía darse por conocida, la situación no parecía estar debidamente documentada. 

Lo cierto era que los organismos de seguridad y justicia en Bogotá sí venían haciéndole seguimiento efectivo a esa reorganización geográfica de los futuros frentes de combate y, en particular, del ELN. Y lo reflejaron en documentos.

Ahora un lote de esos documentos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Fiscalía General de Colombia, al que tuvo acceso el Proyecto de Reportería sobre Corrupción y Crimen Organizado (Occrp, por sus siglas en inglés) y fue compartido con Armando.info, muestra que por lo menos desde 2020 el Ejército Nacional de Colombia conocía el desplazamiento sostenido de tropas del ELN hacia territorio venezolano. 

“El ELN mantiene su estrategia delictiva resguardando sus principales cabecillas en territorio venezolano, con el propósito de incrementar el Trabajo Político Organizativo (TPO) para desestabilizar la zona fronteriza y continuar sus planes”, se lee en un informe del ejército colombiano preparado bajo el título de Apreciación de las Capacidades Críticas de la Amenaza.

En ese documento, fechado en diciembre de 2021 y que se presentó ante el Comando Sur de Estados Unidos, el ejército colombiano contabilizaba la presencia de 1.408 guerrilleros del ELN en Venezuela, correspondientes a 26% de su fuerza total (cifrada entonces en unos 5.397 combatientes). 

Muchas respuestas de este lado

Una bomba de tiempo explotó el 16 de enero de 2025 y dio inicio a una reacción en cadena de violencia que todavía nadie consigue sofocar. Ese día arrancaron los combates en el Tibú colombiano, sector aledaño al río homónimo -parte de la cuenca del río Catatumbo, de cauce binacional- y próximo a la frontera de Norte de Santander con el estado venezolano de Zulia. Los reportes iniciales indicaron que los enfrentamientos se iniciaron tras el asesinato de Miguel Ángel López, su esposa y su hijo de nueve meses. Según fuentes locales, el joven era muy conocido en la zona pues trabajaba en una funeraria y recogía cadáveres en lugares a los que nadie más llegaba. Pero por popular que fuera López, su muerte junto a la de su familia no bastaban para explicar la vuelta a las armas de los grupos irregulares. Solamente funcionaron como la pita que detonó el polvorín que se venía formando en esa región remota, selvática y montañosa.

Aquella masacre dejó al descubierto las cuentas pendientes entre dos grupos armados que se disputan la zona. Por un lado, el Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN y, por el otro, un grupo disidente de las casi extintas FARC, conocido como la Estructura 33 o E-33, que no se acogió al proceso de paz. 

El presidente de Colombia, Gustavo Petro solo se pronunció días después de que empezaron los combates, anunciando el decreto de un estado de conmoción interior, el primero en 17 años. También paralizó las conversaciones de paz que ya estaban en estado comatoso entre el gobierno de su país y el ELN.

“¿Cómo una organización puede saltar en fortaleza técnica y militar en el corto plazo?”, dijo Petro mientras se mostraba sorprendido, durante una alocución del 21 de enero de 2025 en la que se refería al ELN, grupo con el que adelantaba entonces unas conversaciones de paz que, tras la violencia de enero, terminaron por naufragar. “Algún tipo de información debimos tener y no la tuvimos. ¿Por dónde caminaron, anduvieron o se transportaron?”, prosiguió en sus dudas. Y eso que eran preguntas que ya tenían respuesta en los archivos de los organismos de inteligencia militar colombianos.

Muy pronto todos los ojos se posaron en la frontera con Venezuela. La estrecha vecindad del Norte de Santander colombiano con los estados venezolanos de Zulia y Táchira -entre los siglos XIX y XX, el río Catatumbo fue la vía natural para llevar el café de esas estribaciones binacionales de Los Andes al Lago de Maracaibo y, de allí, a mercados de exportación- motivó a Bogotá a pedir al régimen de Nicolás Maduro su apoyo en la zona. El entonces ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, pidió “acciones de contención” a su homólogo venezolano, el general Vladimir Padrino, en una reunión de urgencia,“de manera que las acciones que desarrolla el ELN sean repelidas igualmente desde Venezuela, evitando el ingreso y generando la gran posibilidad de actuar contra estos delincuentes”.

El reclamo llegaba tarde. El gobierno de izquierda colombiano disponía desde hace tiempo de pistas suficientes para prevenir esa infiltración guerrillera que al régimen venezolano solicitaba reprimir.

Por ejemplo, en junio de 2021, todavía con el presidente Iván Duque gobernando desde el Palacio de Nariño, otro informe militar detallaba en sus primeras páginas que 56% de los cabecillas de esa guerrilla, 13 en total, vivían en Venezuela, mientras que solo seis permanecían en Colombia y cuatro se refugiaban en Cuba. Para entonces en Venezuela se encontraban, según el mismo documento, dos jerarcas del Comando Central (COCE) del ELN: Eliécer Herlinto Chamorro, (a) Antonio García, en Zulia, y Gustavo Anibal Giraldo Quinchia, (a) Pablito, en el estado Apure de los Llanos Occidentales de Venezuela. Se trataba de los considerados número uno y número tres, respectivamente, del organismo colegiado que coordina a la federación descentralizada de grupos de base que se ampara bajo el paraguas del ELN.

El reporte del ejército colombiano aseguraba que cinco líderes del ELN estaban apostados en el estado Zulia, tres en Apure, y uno en el estado Bolívar, en el sureste de Venezuela.  De los restantes cuatro no ofrecía ubicación.

Según el documento, en 2022 el ELN se desplegaba en 14 grupos o frentes en Venezuela. También detectaba otros siete frentes de grupos disidentes de las FARC que han penetrado, viven y controlan varias actividades ilícitas en territorio venezolano.

Otro informe de Apreciación de las Capacidades Críticas de 2022 muestra que el número de cabecillas del ELN en territorio venezolano había aumentado a 19 (79%), con solo tres en Colombia y dos en Cuba. 

Para ese año, las autoridades colombianas habían detectado que el Frente Internacional del ELN estaba apostado en Los Teques, capital del estado Miranda, cerca de Caracas, con la sospecha de que “estaría realizando actividades de coordinación y diplomacia paralela con personalidades políticas afines en la región”. Sin dar nombres, menciona que el ELN tenía contactos con miembros del partido venezolano Patria Para Todos (PPT).

Entre los frentes del ELN y de las disidencias de las FARC que entonces tenían presencia en Venezuela, según los informes, se encontraban el Frente Juan Fernando Porras Martínez y la Estructura 33, los bandos que en 2025 iniciarían hostilidades en la zona del Catatumbo. 

Los informes de 2021 y 2022 identificaban que el ELN había reforzado su presencia especialmente en los estados Zulia, Táchira y Apure. Por su parte, las disidencias de las FARC habían penetrado los estados venezolanos de Amazonas y Bolívar, con el Frente Acacio Medina y el Comando Frontera como puntas de lanza de su penetración en Venezuela. De todos los referidos, Bolívar es el único estado venezolano que no colinda con Colombia.

Por cierto, Nicolás Maduro respondió con presteza a los requerimientos de Bogotá. Al menos, en apariencia. Ordenó a finales de enero la puesta en marcha de la operación Relámpago del Catatumbo, en el marco presunto de los ejercicios militares denominados como Escudo Bolivariano. Entonces el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, expresó con énfasis: "Hemos decidido lanzar la operación para evitar el acceso de grupos armados al territorio venezolano, llámense como se llamen”. 

De la operación se conoce un balance magro: decomisos de unas 31 toneladas de cocaína, el desmantelamiento de 17 campamentos de procesamiento de hoja de coca, y el apresamiento de cuatro alcaldes venezolanos presuntamente involucrados con el narcotráfico y con la propia guerrilla en la frontera. Pero no ha informado de ninguna captura de un miembro activo del ELN o de las disidencias de las FARC en territorio venezolano. 

En cualquier caso, hasta el inicio de la operación Relámpago del Catatumbo, la consigna de contener al ELN no había sido la predominante entre la jerarquía político-militar chavista. Por el contrario: había claras evidencias de cierta tolerancia de Caracas ante las incursiones de la guerrilla colombiana en territorio venezolano, cuando no de beneplácito.

El ELN tuvo de 2017 a 2018 “una lógica expansiva en toda la frontera que se hace muy evidente en 2019”, apunta María Victoria Llorente, científica política directora del instituto colombiano Ideas para la Paz. Según Llorente, ese grupo guerrillero se apresuró a llenar el vacío que las menguantes FARC dejaban, debilitadas tanto por los golpes militares sufridos en Colombia como por la desmovilización parcial tras el acuerdo de paz, y por los efectos del retiro del apoyo que en algún momento Hugo Chávez les otorgó, pero que cesó poco antes de que el comandante venezolano falleciera en 2013.  

Sin embargo, todavía en 2021, el citado reporte de inteligencia militar colombiana para el Comando Sur de Estados Unidos aseguraba que el propósito de la presencia del ELN en Venezuela seguía siendo el de “desestabilizar la seguridad y defensa colombiana facilitando la expansión de la Revolución Bolivariana”. Afirmaba también que el ELN había establecido “Zonas Operativas Temporales Especiales” para “controlar los pasos ilegales en la frontera y dar tareas de inteligencia a estos grupos en territorio colombiano”. 

¿Qué había alentado esa evolución? Que, como explica Llorente, experta en temas de paz y seguridad, Nicolás Maduro se reveló mucho más permisivo con el ELN de lo que Chávez propugnaba.

“El ELN tiene conexiones mucho más profundas, ya tiene combatientes venezolanos reclutados por ellos y, en ese sentido, sí tiene características de una guerrilla binacional”, subraya la académica en entrevista con la reportera de Armando.info. “Esto es un problema mucho más complejo, creo yo, que lo que fueron las FARC en su momento. Queda claro que para un Estado como Colombia prácticamente no hay ninguna posibilidad de que esto se resuelva si el grupo tiene un santuario político del otro lado de la frontera. (…) A Maduro hoy le sirve mucho tener este tipo de amenaza para Colombia”.

Los documentos revisados no precisan cuántos venezolanos figuraban entre las filas del ELN y de las disidencias de las FARC. Pero no dudaban en alertar que desde la vertiente venezolana de la frontera los grupos guerrilleros planificaban delitos por los que no pocas veces se confrontaban de manera intestina. El control de los pasos binacionales era uno de sus objetivos estratégicos. 

Un informe de la Policía Judicial colombiana de 2021, pero que pasa revista a eventos acaecidos desde 2019, describe que “de acuerdo a labores de inteligencia se tiene conocimiento que el Frente Juan Fernando Porras Martínez (GAO-ELN) despliega sus actividades ilícitas y accionar terrorista sobre el municipio de Tibú”.

Al municipio José María Semprún del estado Zulia, en la ladera venezolana de la Sierra de los Motilones, fueron a dar decenas de desplazados tras los ataques en la zona del Catatumbo colombiano en enero de este año. “Este municipio es el más cercano a Tibú. Entraron por el [poblado de] El Cruce y primero los acomodaron en el colegio Esminda de Núñez, pero luego abrieron el estadio, entraron muchos niños y adultos mayores”, explicó a Armando.info un periodista radicado en la zona.

A ese flujo de desplazados lo antecede otro flujo, constante y de larga data, de cocaína por el Catatumbo. El ejército colombiano dejaba constancia de ello en otro de sus informes de 2022, asegurando que dicha zona es “epicentro del tráfico internacional de estupefacientes hacia Venezuela”. Y continuaba: “Los grupos armados organizado, GAO ELN,  GAO-r E33 y el GAO-EPL han promovido la expansión de los cultivos de hoja de coca en la región del Catatumbo como una de sus principales fuentes de finanzas, estos grupos armados obtienen aproximadamente 25,10 billones de pesos anuales”.

La actuación del ELN en Venezuela incluía, al menos desde 2020 y según este informe, la formación de redes de apoyo en retaguardia, con actividades de entrenamiento en fabricación, uso y activación de explosivos y uso de armas de fuego “con fin de atentar contra la integridad física de los miembros de la fuerza pública”. En 2022, las fuerzas militares colombianas ya aseguraban que el ELN había incrementado su trabajo político en la frontera “priorizando comunidades en condiciones precarias, se evidencia construcción de vías y viviendas para fortalecer un acumulado social que respalde su presencia en estas áreas. (Venezuela: Zulia, Táchira y Apure - Ecuador: Esmeraldas)”.

El trofeo de las trochas

Con una frontera terrestre común de 2.219 kilómetros, Colombia y Venezuela se conectan por siete puntos de entrada oficiales y, según otro informe de inteligencia del Ejército de 2022, también a través de unos 270 pasos ilegales conocidos como veredas o trochas, por las que transitan personas de un lado a otro junto a todo tipo de contrabando, incluyendo tráfico de drogas, armas y minerales. 

Este último informe mencionaba los pasos terrestres hacia Venezuela como un elemento esencial del control que guerrillas como el ELN y las disidencias de las FARC procuran en Norte de Santander, “pues desde allí parten un sinnúmero de vías que intercomunican toda la Región del Catatumbo, al occidente, con el Departamento de Cesar, así como también al oriente hacia Venezuela, lugar en donde la dinámica fronteriza es neurálgica”. 

Otro informe del ejército colombiano en 2022 hacía referencia a la celebración de una reunión del “movimiento continental bolivariano” con miembros del ELN en el estado venezolano de Apure. Detallaba además el establecimiento de campamentos del ELN en los municipios venezolanos de José María Semprún, Machiques de Perijá, Catatumbo y Rafael Urdaneta, en el estado Zulia; y municipios del estado Táchira.

Todos estos niveles de alerta quedaron condensados en un análisis de inteligencia del Ministerio de Defensa, de octubre de 2022, que, visto en retrospectiva, acertó en su profecía. La cartera colombiana de Defensa enumeraba entonces al menos 10 incidentes que le llevaban a concluir que la dinámica entre los dos principales grupos armados ubicados en el Catatumbo, el ELN y el grupo E-33 (la Estructura 33) disidente de las FARC, propiciaría una “crisis de orden público en la región (…) para mantener la cadena del narcotráfico”.

Hasta el día de hoy y después de la violencia desatada en la zona del Catatumbo a comienzos de este año, los combates entre las disidencias de las FARC, el ELN y ahora la fuerza pública de Colombia han disminuido en intensidad, pero continúan. El gobierno del presidente Petro llegó a anunciar una recompensa de casi 700.000 dólares para quien diera información sobre el paradero de cuatro de los cabecillas principales del ELN: Nicolás Rodríguez Bautista, Eliecer Herlinto Chamorro, Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía e Israel Ramírez Pineda. Hasta 2022, según las autoridades militares de su país, todos menos uno (Ramírez Pineda (a) Pablo Beltrán), tenían al menos dos años viviendo en Venezuela.

Aun cuando cuenta con un anillo de seguridad que lo sigue a todos lados Julián es percibido como un “lobo solitario”, lo que sumado a su carrera de ex guerrillero ayudó a tejer a su alrededor temor y respeto entre quienes lo conocen o solo han escuchado hablar de él.

De baja estatura, piel mestiza y ojos rasgados característicos de los indígenas descendientes de los gorrones que habitaron El Dovio, un municipio de Colombia situado al sur- oeste de ese país, Julián inició su trayectoria guerrillera en el Frente 40 Jacobo Arenas y luego en el Acacio Medina, donde figuró apenas en el 2012 en los organigramas como cuarto “reemplazante”, sin volver a cambiar de posición. A pesar de haber tenido un mando medio en la guerrilla su nombre resonó cuando el Estado Mayor Central de las FARC, lo expulsó de la organización junto a cuatro comandantes que lideraban las disidencias “por entrar en contradicción con la línea política” del ahora partido.

Géner García Molina, alias “John 40”, el máximo comandante del Frente Acacio Medina; Miguel Santanilla Botache, alias “Gentil Duarte”; Ernesto Orjuela Tovar, alias “Giovanni Chuspas”, jefe del Frente 16; y Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, comandante del Frente Primero, son los cuatro renegados que junto a Julián Chollo dieron la espalda al proceso de paz en Colombia y encabezan el reacomodo criminal de la disidencia guerrillera. Estos cinco hombres con recorridos que superan los 20 años y un amplio conocimiento militar, tienen algo en común, todos lideraron frentes integrantes del Bloque Oriental, la estructura financiera de las FARC vinculada a la producción de coca y eje sobre el que se movió esta guerrilla entre 1993 y 2002, cuando alcanzó su mejor momento.

La herencia

“Al principio ellos entraron a territorio venezolano en busca de refugio (…) Desde la desembocadura del rio Meta, hasta el Cerro el Cocuy en frontera con Brasil, había presencia de guerrilla, especialmente de la FARC”, cuenta el indígena Baniva Liborio Guarulla Garrido, gobernador durante 17 años -hasta octubre de 2017- del estado Amazonas. “Era tan evidente que a uno que le tocaba atender comunidades indígenas de lado y lado, a veces teníamos que ver sus banderas, sus efectivos y pues no hubo problema, hasta que llego Uribe”.

Álvaro Uribe Vélez ganó la presidencia de Colombia gracias a la promesa de “devolver la tranquilidad a los colombianos” con un programa de gobierno denominado política de “seguridad democrática”, centrado en recuperar el control del territorio y atacar las retaguardias de la guerrilla. Corría el año 2002 cuando la nueva política de seguridad, que contó con el apoyo financiero de Estados Unidos a través del “Plan Colombia”, garantizó el despliegue de una ofensiva militar que intensificó los ataques sobre las posiciones insurgentes y proporcionó al Estado colombiano una victoria táctica sobre los principales focos guerrilleros, hasta conseguir su repliegue.

Esto obligó a los insurgentes a diversificar su portafolio de economías criminales que, para su suerte, coincidió con el aumento de los precios internacionales del oro y las materias primas, convirtiendo a la minería ilegal en una importante fuente de financiación. Sólo entre 2007 y 2012 la minería ilegal de oro había crecido en Colombia inversamente a las hectáreas cultivadas de hoja de coca, que, según Naciones Unidas, habían descendido de casi 99.000 en 2007 a alrededor de 47.000 en 2012. El oro desplazó al narcotráfico como el negocio más rentable para la guerrilla y el crimen organizado.

Fue entonces, entre 2011 y 2012, cuando se vio un gran campamento de la FARC en las riberas del rio San Miguel del municipio Maroa, que según Guarulla luego trasladaron a la carretera Yavita Maroa, donde establecieron un aeropuerto más grande que el del propio poblado, “tenía hasta iluminación para la noche”, recuerda.

Registros de inteligencia en Colombia recogidos por la Fundación Ideas para la paz (FIP), una ONG colombiana que estudia la trayectoria de las disidencias desde la firma del acuerdo de paz, coinciden con la versión de Guarulla. El 10 de junio de 2011 en la vereda del Danubio, municipio Puerto Rico, departamento de Caquetá, se realizó una reunión en la que participaron los comandantes Mauricio Jaramillo “El Médico”, miembro del secretariado de las FARC, quien asumió la jefatura del Bloque Oriental tras la muerte del “Mono Jojoy”, y los ahora disidentes Gentil Duarte y Jhon 40. En el encuentro se acordó la creación del Frente Acacio Medina con el objetivo de oxigenar al debilitado Frente 16 que había pasado de contar con 360 combatientes en 2002 a apenas 76 en 2011. La conformación del Acacio Medina se oficializó en 2012 a las orillas del Rio San Miguel del municipio Maroa, territorio venezolano, con Jhon 40 de cabecilla.

La exploración del Acacio Medina en Venezuela conectó seguidamente con el rio Casiquiare, un cuerpo de agua de 326 kilómetros que es afluente del Orinoco. En su avance, el Acacio Medina penetró el río Atabapo y tomó el control de los yacimientos auríferos que reposaban en los suelos del parque nacional Yapacana.

Los objetivos del Frente Acacio Medina eran financieros y ya entonces había incursionado en minas de oro y coltán en el vecino municipio de Guainía de Colombia, donde la actividad minera se remonta a media década. A mediados de 2015 y según un informe de la policía colombiana elaborado luego de ejecutar la “operación Arpón” el frente contaba entonces con unos 150 efectivos, medio centenar en Colombia y el resto, en Venezuela.

Eduardo Álvarez Venegas, director del área de dinámicas de conflicto y negociación de paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), explica que la creación del Frente Acacio Medina formó parte de toda una estrategia de finanzas y de políticas de frontera que nació en la octava conferencia celebrada en abril de 1993 en el Guaviare, en el que las FARC diseñó un plan de economía de guerra de las FARC para diversificar sus finanzas y un posible repliegue estratégico a otros países.

Aunque se aplicó mucho después, el investigador señala que las FARC encontraron en Venezuela a un gobierno favorable para ese repliegue. “La FARC se dijo: ‘puede que podamos explotar nuevas economías criminales, tenemos un gobierno que nos brinda resguardo y refugio’. A raíz de allí se empieza a dar una especie de adaptación a la estrategia militar del Estado colombiano, que claramente logra derrotar estratégicamente a la guerrilla de la FARC más no tácticamente. Eso fue parte de la aceptación que permitió que se sentaran a conversar en La Habana, pero parte de estar a flote tácticamente fue poder crear estructuras como el Acacio Medina, para asegurar otros espacios aún muy alejados de cualquier tipo de intervención estatal y militar en términos de control territorial”, señala.

Una información no menor registrada por los investigadores de la FIP dentro de las distribuciones de funciones del año de creación del Acacio Medina sobre Julián Chollo, el mandamás en las minas del Yapacana, es el control que tenía sobre una mina en Guainía de tungsteno, un material potencial para la fabricación de máquinas y dispositivos de energía.

Un matrimonio perfecto

El Parque Nacional Cerro Yapacana se localiza en el sector suroeste del escudo guayanés, en la región centro occidental del estado Amazonas. En la reserva natural de 230 mil hectáreas, que cuenta con una categoría de área protegida desde 1978, por su gran valor paisajístico y científico, habitan más de 8 mil venezolanos, colombianos, brasileros y ecuatorianos, que explotan día y noche siete yacimientos de oro bautizados con los nombres de Cacique, La 40, La 44, La 50, Fibral, Jerusalén y Moyo. Esta última, la más antigua y de mayor tamaño.

Así lo reveló una actuación levantada en 2017 por la Defensoría del Pueblo de Inírida en Colombia, tras un desplazamiento de mineros que produjo la activación de una alerta naranja en ese municipio, situado apenas a 40 minutos de San Fernando de Atabapo. Al menos 600 personas atravesaron la selva caminando para ponerse a salvo en Inírida. Unos papeles lanzados desde un avión militar que los instaba a tomar medidas terminaron siendo interpretados como un futuro bombardeo a las minas, lo que impulsó a miles de personas a caminar durante días y noches enteras por trochas improvisadas para evitar las requisas y extorsión en los puntos de control militar venezolano dispuestos en las vías fluviales.

Muchas versiones surgieron como razones del desalojo de la mina, pero dos acontecimientos previos registrados en el estado cedieron a la idea sobre la fuerte presión que desde el gobierno central venezolano, se estaba imprimiendo a lo interno de las fuerzas de seguridad: la desaparición por más de cuatro meses de un helicóptero tipo MI17V5 con 13 personas a bordo, entre ellos cinco civiles y un niño de 4 años y el asalto a un puesto militar en el sector “El Suspiro” del Orinoco, por hombres identificados como miembros de las FARC, quienes cargaron con armas y celulares en presunta venganza por un decomiso realizado por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana.

La explotación de oro venezolano da empleo a miles de colombianos desde hace varios lustros. Julián Mancera, responsable de la oficina de Migración Colombia en Puerto Inírida así lo explica. “Las minas son un modo de sustento económico para las familias, aquí no hay oportunidades más que trabajar para el Estado, y los que tienen dinero de pronto montan un negocio o algo por el estilo, pero generación de empleo no hay, entonces la mina se convierte en el único modo de subsistencia”.

Sentado en su escritorio de caoba oscura y dando la espalda al logo de la Alcaldía de Inírida que viene acompañado con la frase volvamos a creer, Camilo Andrés Puentes Garzón el intendente más joven que ha tenido en la historia ese municipio colombiano, extiende una sonrisa y dice sin rodeos. “La verdad es que los ciudadanos colombianos viven, trabajan y explotan una mina que queda en Venezuela. Nosotros tenemos conocimiento y ellos mismos nos comentan que hacen acuerdos de pago o como llamamos nosotros aquí dan vacunas, para poder trabajar y pasar elementos y poder extraer oro de allá”.

Pero no deja pasar la oportunidad para lanzar una queja unánime que resuena constante y silente como el murmullo del viento en la selva amazónica, entre todos los habitantes de ambos lados de la frontera, el evidente maridaje entre los grupos irregulares y las autoridades venezolanas.

-    ¿Quién media entre las autoridades venezolanas y los mineros?

-    Ellos nos cuentan que las guerrillas supuestamente son quienes los protegen de la guardia, que son ellos quienes negocian directamente”.

-    ¿La guerrilla tiene el control de las minas?

-    Tienen el control de las minas.

-    ¿Cuál guerrilla?

-    Las FARC.

-    ¿Disidentes?

-    Si, los disidentes, porque ya se acabó la FARC. Aunque bueno, eso es muy sencillo se cambiaron el brazalete y ahora se pueden llamar ELN -hace una pausa antes de terminar y agregar- yo te voy a decir algo, el ejército aquí va a acabar con las disidencias, pero si están en Venezuela imposible.

Reclutando entre trochas

En Atabapo el 90% de la población es indígena y vive en situación de pobreza, una vulnerabilidad que les ha ido integrando a la economía alrededor de la mina, con su carga de impacto ambiental y ruptura de las actividades cotidianas.

Camilo Silva, es educador jubilado y capitán de la comunidad piaroa San Juan de Puruname, tiene 61 años y hace frente a la situación intentando convencer a los jóvenes de no abandonar sus prácticas económicas como el conuco y la pesca, instando a que se dispongan a participar en la economía de la mina con la venta de sus productos. Junto a uno de sus hijos, creó una cooperativa turística que promueve la pesca deportiva en el río Atabapo, pero durante todo el año 2017 el campamento apenas recibió a dos grupos de turistas, todos nacionales, “los turistas extranjeros dejaron de visitar el estado por la inseguridad”.

Esta inseguridad es generada por la certeza de que el territorio está tomado por ex guerrilleros colombianos con amplia trayectoria en secuestros y crímenes contra la población civil. Pero a lo interno de la mina la guerrilla es fuente de temor porque representa el orden y la ley. “Son guerrilleros de las FARC quienes tienen el control de la mina, pero ahí no se te pierde ni una aguja”, cuenta Junior, un joven colombiano de 19 años que trabajó en la mina atendiendo un puesto de expendio de víveres.

Una actividad asociada al desarrollo de la minería ilegal por parte de grupos criminales, que preocupa especialmente a la organización de mujeres de Amazonas Wannaleru, es el establecimiento de alianzas con otras actividades criminales, como la explotación sexual, y el reclutamiento y utilización de menores en estructuras improvisadas, llamadas “currutelas” donde traen a pequeñas para el entretenimiento sexual. 

Mientras Wannaleru denuncia la posible existencia de redes de trata, para la Organización Indígena Piaroa Huottuja del Sipapo (OIPUS), del municipio Autana, la principal angustia es el reclutamiento de jóvenes indígenas. Carlos Morales Peña, sub-coordinador de OIPUS y poblador de la comunidad Caño Uña, afirma que los jóvenes indígenas se están yendo a trabajar con los guerrilleros atraídos por el dinero. “En estos días en mi comunidad ofrecieron balones de futbol, mallas de voleibol y también combustible de gasoil para la planta eléctrica. Les ofrecieron cosas que necesitan y los muchachos los recibieron, así captan a los jóvenes”.

Fue a través de un indígena reclutado por la guerrilla que OIPUS recibió la primera comunicación oficial de las FARC en la que le invitaban a discutir sobre su presencia en territorio Piaroa. La misiva confirmó los rumores de esa penetración guerrillera cuando empezaron a notar un inusual tráfico fluvial en la madrugada, huellas de botas y desmonte de espacios que parecían campamentos itinerantes, por caminos y ríos donde se asientan. La comunicación recibida por Otilio Santos, coordinador general de OIPUS, fechada el 14 de mayo de 2013 no dejo espacio para la suposición: las FARC invitaban a las comunidades de los afluentes del rio Sipapo a una reunión para tratar como primer punto su presencia en Autana.

Esa fue la primera de tres reuniones a las que fueron convocados los pueblos y comunidades indígenas del municipio, con hombres y mujeres uniformados y de acento colombiano que se identificaron como miembros de la FARC y luego del ELN. A través de sus organizaciones los indígenas de Autana se opusieron a la presencia de estos invasores en sus territorios. El sub coordinador de OIPUS contó que en una de las reuniones “ellos llegaron diciendo: nosotros no venimos a invadir, no venimos a hacer daño, no venimos a reclutar niños y niñas, nosotros vinimos a protegerlos. Entonces les respondimos: ustedes llegaron sin consulta previa, eso ya es una violación a nuestros derechos humanos y consuetudinarios, ustedes ya cometieron un delito”.

Pero no hubo caso y hoy en Autana los irregulares se exhiben públicamente. Las comunidades los ven pasar en sus lanchas y luciendo sus armas. “Antes no se dejaban ver, se movían de noche (…) pero después que los descubrieron no les importa nada, los ves a cualquier hora en los puertos, armados, trasladando mercancía, visitando comunidades para comprar comida”.

Lo que el coordinador de OIPUS denuncia también ocurre en los municipios Atabapo y Manapiare, donde líderes y autoridades indígenas aseguran que en casi todas las vías fluviales hombres y mujeres vestidos de uniforme militar, patrullan a orillas del río con fusiles terciados a la espalda. Los pobladores los identifican como miembros de las guerrilleras de la FARC, y a pesar del proceso de paz, para ellos siguen siendo la FARC y los disidentes que penetraron el estado Amazonas siguen enarbolando la marca del grupo armado.

Lissa Pérez presidenta de la organización de mujeres indígenas Cherejume del municipio Manapiare se encontró cara a cara con un grupo comando que rodeó su bongo, cuando navegaba las aguas del rio Ventuari rumbo a Valle Guanay. Después de un breve careo, Lissa encendió de nuevo los motores de su bongo y siguió su camino, pero lo que nunca se esperó fue encontrarlos de nuevo en el puesto militar de la Guardia Nacional en el muelle de San Juan de Manapiare, donde también la retuvieron para revisar su bote, “llegaron saludando muy tranquilos a los militares, hasta se dieron la mano” detalla.

Nuevo objetivo, el arco minero

Los guerrilleros también se desplazan hacia el Arco Minero del Orinoco (AMO) -un mega proyecto impulsado por el estado venezolano en un intento por aumentar el ingreso de divisas a la nación en medio de la caída de los precios del barril de petróleo-, que abarca una extensión de 111 mil 843 kilómetros cuadrados y cuenta con 7 mil toneladas se reservas de oro, cobre, diamante coltán, hierro, bauxita y otros minerales. Su objetivo es dinamizar las economías criminales para su continuidad o establecer nuevas alianzas que los mantengan a flote.

Camuflados en la selva, llegaron por una trocha que conecta el municipio Manapiare del estado Amazonas con el estado Bolívar, pasando por Los Pijiguaos, el Alto Parguaza y finalmente a la “Y”, una intersección entre Puerto Nuevo y la carretera Caicara, donde se encuentra un yacimiento ilegal de coltán a cielo abierto controlada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Allí ocupa el terreno del Area 1 del AMO, un bloque de 24.717 kilómetros cuadrados donde operan las dos primeras empresas mixtas para la explotación de coltán, identificadas como Oro Azul y Parguaza, constituidas entre el estado venezolano y las corporaciones Faoz y Supraca.

La presidenta de la organización de mujeres indígenas Cherejume, vio los campamentos guerrilleros en el municipio Cedeño cuando viajó a Sabana Cardoza, un poblado indígena ubicado en linderos del arco minero en el estado Bolívar. Junto a su familia caminó durante una semana por la misma trocha utilizada por los irregulares. “El trayecto caminando fue abierto y adaptado para que transiten vehículos doble tracción”, asegura. Le tomó una semana llegar al poblado donde la esperaba un familiar y los vio por primera vez al otro lado del río.

“Vi sus campamentos, sus carros, sus motos, había un montón de tambores de gasolina.  Cerca de las seis de la tarde llegó la gente, parecían militares. Todos mis parientes decían esa era la guerrilla. Todos decían, esa gente trae medicina, comida, todo, no hace falta ni gasolina ni gasoil”. Hace una pausa para agregar “ahí todos están trabajando con esa gente”.

Lo que aún se está por conocer es la relación entre los “farianos” y sus primos “elenos”, quienes mandan en los suelos repletos de coltán.

Los “pata e’goma”

Puerto Ayacucho es la capital del estado Amazonas y sede de los poderes públicos del estado, los comercios cierran entre 12 y 3 de la tarde y durante ese tiempo el bullicio del mercado se apaga y la ciudad queda desierta y sumergida en una ola de calor acompasado y polvoriento, que contraviene con la imagen de un lugar que ostenta la cifra de 214 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.

Tanta violencia junta en un apacible pueblo a orillas del río Orinoco apenas fundado en 1924, atornilló el pánico entre sus habitantes que aún no pierden su capacidad de asombro al conocer que cada fin de semana la cifra superaba al anterior. En una oportunidad se hallaron los cadáveres de seis personas en el sector Los Caobos juntos en un mismo lugar, después un grupo de siete en el sector la campiña de San José en Cataniapo y en otra oportunidad otros dos con signos de tortura en el sector Payaraima.

Ante el silencio de las autoridades policiales, Rowinson León, quien ocupó el cargo de Secretario de Política y Asuntos Fronterizos en la Gobernación de Amazonas durante tres años, se dispuso a llevar un registro de muertes violentas. El trabajo reflejó que en tres años la cifra de asesinatos fue siempre en ascenso, pasó de 38 muertes violentas en 2014, a 214 en apenas dos años sólo en el Municipio Atures.

La iglesia, autoridades locales, la oficina de derechos humanos, los trabajadores de la radio comunitaria Raudal Estéreo, el taxista y hasta el vendedor de chucherías en la Plaza Bolívar, coinciden en señalar que las muertes que convirtieron a ese apacible pueblo de 100 mil habitantes en la tercera ciudad más violenta del país -según el Observatorio Venezolano de Violencia- están asociadas a la presencia de la guerrilla en el lugar.

Los identifican como “los pata e´goma”, un seudónimo acuñado por el uso de botas de hule incorporadas a la indumentaria militar. Se trata de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) la última guerrilla activa de Colombia y con la que el gobierno de Juan Manuel Santos acaba de neutralizar un diálogo de paz.

El ex gobernador de Amazonas, testigo durante 17 años de la llegada y establecimiento de guerrilleros colombianos en esa parte del país, asegura que la presencia del ELN se evidenció cuando el gobierno venezolano decretó en mayo del 2016 un estado de excepción que se mantiene en vigencia. Esta figura permitió reemplazar a la autoridad civil por el estamento militar, “es en ese momento que toman el control de todos los puertos del municipio, controlando el negocio del contrabando de la droga, de la gasolina, pero además el tema la seguridad”.

El ELN logró en Puerto Ayacucho cimentar lo que llaman “poder criminal”, una acción que no se limita a la esfera económica, sino que también incluye lo social y político, ejerciendo funciones similares y paralelas a las del Estado pero bajo sus propias reglas de juego.

Todas las denuncias apuntan a que son los “elenos” los responsables de los múltiples asesinatos en la ciudad. Jhonny Eduardo Reyes Sequera, Obispo titular del Vicario Apostólico de Puerto Ayacucho, asegura que estos grupos ejercen un papel de limpieza delincuencial. “Por testimonios en los barrios se conoce que fue la guerrilla, pero lo más llamativo es que todos te dicen que los muchachos eran considerados azotes de barrio a quienes ya le habían avisado una y dos veces y que sabían que el tercer llamado significaba que iban a ser eliminados”.

Noraima Ángel, coordinadora general de la Oficina de Derechos Humanos de Puerto Ayacucho, una ONG que realiza trabajo en campo con las comunidades indígenas ubicadas al norte del municipio Atures revela que los guerrilleros también han llegado a las comunidades indígenas ofreciendo ayuda en la organización comunal, “encargándose de poner al día a los muchachos que tengan mal comportamiento, problemas de conducta, que estén consumiendo algún tipo de droga o roben en la comunidad”, afirma.

Betania Topocho es una comunidad piaroa ubicada a 44 km por vía terrestre de Puerto Ayacucho y políticamente emblemática por fungir como piloto en la implementación de programas sociales promovidos desde del gobierno nacional. Los pobladores de esa comunidad han sido beneficiados con una planta procesadora de frutas, una radio comunitaria, un ambulatorio, una escuela, un estantero del Gas Comunal y créditos para emprendimientos económicos y sociales. Irónicamente también es una metáfora de la penetración de los grupos guerrilleros en la organización social y política de los pueblos y comunidades indígenas de Amazonas.

Allí han surgidos desacuerdos entre directores de la escuela que condenan a los líderes comunitarios por endosar aspectos sobre el orden comunal a los grupos armados. “Un profesor nos contó que un día los ‘pata e´goma’ llegaron a un salón de clases diciendo ‘a ver quiénes son los que se portan mal’. Esto frente a unos chamitos de 16 y 17 años, entonces llamaron a un grupito de tres por sus nombres, sacaron la pistola y dijeron ‘vamos a matarlo, aquí mismo delante de todo el mundo para que aprenda’. Todos quedaron petrificados, pero lo más desconcertante es que la gente en la comunidad decía ‘si, si es verdad pa´que aprendan’” narra Noraima Ángel.

Esa atmósfera se extiende a todo Puerto Ayacucho. Si bien la población en general manifiesta que vive con miedo del poderío que ostentan los ilegales, también justifican que realizan un trabajo de “limpieza social”.

Rowinson León detalla que de los 214 asesinatos que ocurrieron en 2016, apenas 10 se caratularon como robo a víctimas identificadas como trabajadores. Sobre todos los demás lo único que se pudo identificar fue un grupo etario de víctimas menores de 30 años, en su mayoría con antecedentes penales, encontrados con heridas de bala en la cabeza, y la ausencia de deudos dispuestos a denunciar.

El ex director de política y frontera de la Gobernación opina que fue la misma población quien recurrió a estos grupos en busca de ayuda. “Personas que están cansadas de ser víctimas de robo, de atraco, que se encuentran con un organismo de seguridad totalmente corrupto, que no ve ningún avance en la denuncia, ni respeto por su problema, entonces se cansaron, yo no lo justifico, pero si aquí funcionaran las leyes nada de esto ocurriría”.

Los “elenos” se han convertido en Puerto Ayacucho en un “para-Estado” instalando una funcionalidad paralela donde no queda muy claro el nivel de acoplamiento de las autoridades nacionales. Lo llamativo, como señala la coordinadora general de la Oficina de Derechos Humanos, es que los guerrilleros que han penetrado las comunidades aseguran que su papel es de resguardo a la frontera “porque si llegara a pasar algo, tipo un golpe de estado contra el gobierno actual ellos van a intervenir, ellos van a defender, ellos están ahí para proteger la revolución bolivariana, eso es lo que dicen en las comunidades”.

Revolucionarios y maduristas

A 180 kilómetros de Puerto Ayacucho, en San Fernando, un grupo de habitantes fue convocado a una reunión en el Fundo de Don Ramón Brisa. Al profesor José Lima, contralor social ad honorem juramentado por la cámara municipal, dos hombres vestidos de civil lo fueron a buscar a la puerta de su casa. “No se identificaron, solo dijeron que había una reunión a la que debía asistir, pararon una moto taxi y le indicaron a donde debían llevarme”.

“Cuando llegué al fundo vi como 15 motos y la presencia de unos concejales, entonces pensé que debe ser una reunión muy importante que estamos rodeados de puros guardias, pero no eran guardias, eran ellos, los guerrilleros, con toda su indumentaria, uniformados, con su brazalete y un número en la espalda de la camisa. Unos estaban de seguridad, otros se encargaban de repartir refresco y pancito. En ese momento me dije ‘no, esto no se trata de una reunión con algún militar de aquí’. Y ya cuando me disponía a entrar me preguntaron:

 -Señor de donde viene usted.

-Soy el contralor social.

-Ah si, usted es el señor Lima, pase pase, ¿trajo celular?

-Sí

 -Muéstremelo.

 Me lo quitaron y depositaron en un bolso”.

Lima indica que en el salón cerrado habría cerca de 80 personas entre pobladores y autoridades municipales. Los asistentes más destacados fueron el presidente de la Cámara Municipal, José Yavinape; la entonces candidata a la Asamblea Nacional Constituyente por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Erika Belsbeth Lima; el presidente de las comunas, Rodolfo Mirabal; ocho representantes de Consejos Comunales y el responsable de la oficina de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en Atabapo.

La situación solo daba para observar al cabo de un rato un hombre alto, delgado y vestido de militar que se paró frente a todos y sin mayor protocolo dijo “yo soy el comandante Jimmy del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, nosotros venimos a poner orden aquí, nosotros somos revolucionarios, estamos con la revolución y venimos apoyados por el gobierno de Maduro”.

Durante el derecho de palabra hubo personas que manifestaron su apoyo, entre ellos el representante de la CVG y Rodolfo Mirabal, presidente de las comunas. “Luego nos enteramos que Mirabal fue el responsable de organizar todo. En la reunión se hablaban de camarada. Hasta que una maestra intervino y dijo que no estaba de acuerdo que tenían que irse del pueblo porque nosotros teníamos nuestras autoridades”, contó José Lima.

“Yo me quise ir y me dijeron que no podía, que tenía que quedarme escuchando las cosas que se estaban hablando, después querían organizarnos en mesas de trabajo para discutir los problemas del pueblo. ¿Cómo íbamos a participar en esa locura? Ellos lo que querían era que los consejos comunales agarraran firmas, redactaran un documento de reconocimiento de la presencia de esta gente. Ellos lo que andan buscando acá es como un refugio porque para allá ya no pueden pasar, allá la Fuerza Armada colombiana los persigue”.

Dos días antes de la reunión en San Fernando encontraron muerto a dos muchachos en plena calle. Se trató del único hecho violento que se registró en todo el 2017. Uno al lado del otro con disparos en la cabeza y en el rostro.

“Aquí lanzaron un panfleto subversivo que decía que no querían ver delincuentes, que a partir de las nueve de la noche no querían ver a personas en la calle y lo firmaban los del ELN, pero en la reunión negaron la autoría de los panfletos”.

“Mi mayor temor es que se vayan a apoderar nuestros hijos de nuestros nietos, ellos también necesitan reforzar su batallón y ya hay varios muchachos que los han reclutado. Ellos tienen su campamento grande por la carretera en el sector  Cayo Viejita, vía Santa Bárbara del Orinoco, dentro de una selva, tienen planta eléctrica y ya mandaron a hacer parrillas para meter ollas grandes, porque son bastante, son más de 100. Tienen dinero para todo”.

En San Fernando hay quienes han cedido al ofrecimiento de protección y servicios que ofrecen los guerrilleros, “ahora aquí te roban algo y la gente dice ‘vamos a decirle a los pata e´goma’, la gente recurre a ellos más que a los guardias o la policía. Hace un año y pico que ya se sabe que ellos andan por aquí, ellos al tiempo se van a radicar aquí como dueños de esto y entonces para vender un mañoquito tendremos que pagar impuesto, no hay una manera que ellos se vayan de acá a menos que cambie el gobierno, porque el mismo gobierno los tolera ”.

Mientras Colombia celebra el fin de una guerra que se prolongó por seis décadas con un saldo que supera los ocho millones de víctimas y se prepara para una contienda electoral con Rodrigo Londoño Echeverri, ex número 1 de la más grande guerrilla de América Latina, como candidato presidencial, Venezuela se enfrenta a las consecuencias de un conflicto heredado que cuenta con el maridaje de las autoridades locales y nacionales, que apunta a indicar que la paz no cruzara la frontera.

En esa provincia de los llanos occidentales las desapariciones de jóvenes sin aparente motivo se incrementaron en 2009. En aquel año se supo del rapto de dos infantes. El del pequeño Ben Jing Shoung Cano, de tres años de edad, hijo del conocido comerciante de origen chino Leo Shoung –rescatado sano y salvo luego de permanecer varios días en poder de un grupo de bandoleros colombianos y venezolanos– fue quizá el más relevante porque provocó una protesta de 24 horas, que incluyó el cierre de comercios regentados por chinos y árabes, que suelen darle la espalda a esta clase de manifestaciones cuando son convocadas por partidos políticos.

Fue un hito en la historia reciente de la región. Docenas de personas se apostaron con pancartas en la conocida redoma de Cada, el viejo supermercado ya desaparecido, para exigir la liberación de los menores. De pronto la comunidad caía en cuenta de lo que venía pasando. Muchos jóvenes desaparecían y nunca más se volvía a saber de ellos. Semana tras semana se conocía de uno y otro caso. Llegaban noticias de jóvenes muertos. El mismo patrón.

La noticia, de tan recurrente, dejó de tener impacto para algunos, pero no para Oscar Pineda, un jubilado que entonces tenía 60 años de edad. Con el paso de los meses Pineda se pondría al frente de una ONG llamada Comité Paz y Vida por los Derechos Humanos. Olía algo en el ambiente. Algunos llegarían a tildarlo de loco cuando lo veían con su maletín color marrón lleno de recortes de periódicos y la lista de cada desaparición reseñada en los medios de comunicación de la región.

Pineda encontró que las varias desapariciones no solo podían atribuirse a la acción de los mafiosos sindicatos de la construcción, o a individuos que actuaban al margen de la ley aprovechando sus vínculos con el gobierno local. Muchos de esos desaparecidos terminaban en las filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que entonces encontraban en el aliviadero de Venezuela la tranquilidad que no tenían en su país. Con la ayuda de Estados Unidos el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) inició una guerra sin cuartel contra la guerrilla que diezmó sus efectivos y redujo su área de influencia.

Pineda, siempre con su maletín marrón, incluso quiso plantearle en 2015 el caso de los desaparecidos en Barinas a la exsenadora colombiana Piedad Córdova. El 23 de marzo de ese año la líder Movimiento Poder Ciudadano Siglo XXI, la del eterno turbante, conocida por su estrecha amistad con Hugo Chávez, estaba en el mismo avión que esa tarde abordaría Pineda.

Allí estaba ella rodeada de miradas camino a su asiento. Pineda la reconoció al instante. Tratar de acercarse a Piedad Córdova parecía fácil hasta que se atravesaron unos escoltas. “Usted qué desea”, le preguntaron. “Yo quiero hablar con la Senadora de los casos de secuestros en Barinas”. Al escucharlo Córdova le dijo: “en Caracas hablamos”. Nunca lo recibió.

Una foto. ¡La foto!

Quizás Pineda le habría mostrado la foto que circuló en el diario De Frente (de tendencia pro gobierno y hoy fuera de circulación), en Barinas. Quiso el destino que una información sobre las FARC fuese ilustrada con una imagen del archivo de agencia AFP, y que la jefa de redacción de aquel entonces escogiera la fotografía. Allí estaba el hijo perdido de una humilde mujer.

Wilfredo Valero Díaz fue raptado el 06 de abril de 2009 a sus 19 años. Fue un día lunes, a las 12:36 pm, cuando el joven se encontraba en una peluquería cercana a su hogar. Cuatro sujetos armados descendieron de una camioneta para llevárselo a la fuerza. Nadie pudo hacer nada.

“Vimos la foto que estaba en el periódico y aparecía mi hijo con traje militar. Me dirigí al Comando de la Policía y hablé con el comandante Cacioppo, con el gobernador Adán Chávez, con el alcalde Abundio Sánchez, le entregué una carta al presidente Chávez en sus manos y hasta la fecha nunca tuve respuesta de mi hijo”, recuerda Zaida.

Esta mujer recibió la llamada de un desconocido manifestándole que no perdiera las esperanzas de ver a su hijo. Recuerda que llegó a pagar por el rescate unos 40 millones de bolívares (Bs. 40.000 después del cambio del cono monetario).

Aunque han pasado siete años la tristeza sigue igual. El relato de su drama es conmovedor. A pocos meses de la desaparición de su hijo, la depresión la atacó hasta el punto de perder por completo su cabello, soportar la descamación de la piel y no poder dormir. “Fueron dos años sin poder trabajar, mientras no lo vea muerto está vivo para mí”.

El ansiado acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC también es un alivio en muchas familias venezolanas. “Le hago un llamado al presidente Santos para que por favor haya paz, para que nos entreguen a nuestros familiares. En ese año 2009 no sólo fue mi hijo. Muchas otras madres también vivieron el dolor de su desaparición. Y al presidente Maduro que también nos ayude, aquí hubo muchos desaparecidos y de ninguno tenemos respuesta”.

Al día siguiente de aquella famosa foto, varios programas de radio hicieron mención de esta novedad, de esta noticia que removió las entrañas de una ciudad. Oscar Pineda se acercó a la emisora de mayor alcance para aquel momento en el Estado, Radio Sensacional 94.7 FM (la Comisión Nacional de Telecomunicaciones la suspendería en agosto de 2014) y ofreció detalles de lo que estaba ocurriendo en Barinas.

Pero no sólo fue Wilfredo Valero. Muchos casos comenzaron a ser reportados, la lista crecía todas las semanas y también las sospechas de que algunos desaparecidos podían estar en poder de la guerrilla colombiana.

Unos zapatos como prueba de vida Alfonso Alejandro Briceño Piña fue secuestrado el 29 de enero de 2010. Tenía entonces 20 años y estudiaba tercer semestre de Administración Tributaria. Es el hijo mayor de Rosa Gisela Piña. A ella le ha tocado sobrellevar la viudez en ausencia de Alfonso, su columna de apoyo.

“Nos dijeron que buscáramos nosotros, que llamáramos a los del taller para que declararan, pero no hemos sabido nada”, recordó. A Alfonso se lo llevaron de un taller de latonería y pintura muy cercano al Aeropuerto de Barinas. Estando en el lugar cuatro hombres lo amenazaron con pistola delante del dueño del local. Esa tarde coincidió en el negocio con un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Civiles, Penales y Criminalísticas (CICPC) a quien le reparaban el carro.

Alfonso, muy dado a hacer alardes de su pequeña “chimonera”, predio donde se prepara el chimo, producto a base de tabaco, de consumo muy común en los estados andinos y llaneros) no parecía ser una víctima propicia para que lo raptaran. “Quizá pensaron que teníamos plata”, especula Rosa.

Después de tres días comenzaron a recibir llamadas a diario. Le describían cómo estaba vestida, le dejaron los zapatos de Alfonzo en la entrada de la vivienda. Tenían claves de una tarjeta de débito y conocían el día de la graduación de bachiller de su hijo.

Esa Semana Santa entregó 300 mil bolívares, pero “Alfonsito” no apareció. “Me dijeron que me fuera, que diera no sé cuántas vueltas, vía Barrancas, cerca de río La Yuca. Y que lanzara el dinero en el puente por donde pasa la carretera a San José Obrero”.

Siete meses después recibió una llamada a las 10:00 pm. “¡Madre, madre!”, exclamó una voz al otro lado de la bocina. Solo Alfonso solía llamarla así. El número comenzaba con el código de área del estado Delta Amacuro, provincia más oriental de Venezuela). Luego Rosa se enteró que el teléfono pertenecía a una reclusa y que había pasado por varias manos antes de que escuchara la voz de su hijo.

Vendido a las FARC

El 9 de junio de 2009 ocurrió el rapto de Luis José Barrios Silva, de 19 años. El caso fue denunciado por su madre Livia Silva ante la Ong, Comité Paz y Vida por los Derechos Humanos. El hecho ocurrió en una conocida avenida del Municipio Barinas, como en el caso de Wilfredo, frente al Aeropuerto de la ciudad. Ese día se encontraba con su amigo Adrián Arturo Moreno Rodríguez, de la misma edad.

Al parecer habrían sido detenidos por unos motorizados de la Guardia Nacional, quienes le pidieron sus identificaciones. Luego, siempre según el relato de Livia, los funcionarios llamaron por teléfono. Al cabo de un rato aparecieron dos grandes camionetas. Se bajaron alrededor de seis personas vestidas de civil y hablaron con los jóvenes. A Adrián lo montaron en uno de los vehículos y a Luis lo trasladaron en una moto de parrillero. El único testigo que se encontraba de faenas esa tarde observó cuando se los llevaban. “No sabemos si realmente eran funcionarios o no”.

Esto aconteció un día martes. “El viernes”, cuenta Livia, “me llamaron a las 5:00 pm. Era un hombre con acento colombiano y me dijo que si quería saber de mi hijo teníamos que entrevistarnos. Que habían sido llevados por un teniente y cuatro funcionarios más. Se encontraba en una finca en San Silvestre, debía pagar” explica esta mujer, rememorando aquel día en que todo cambió para ella.

Nunca más pudo comunicarse con aquel hombre y perdió la única pista. Una persona de su confianza se acercó hasta Arauca, estado Apure (fronterizo con Colombia), y le informaron que el joven había sido vendido a un grupo irregular.

A los días recibió otra llamada con código del estado Táchira y le informaron que su hijo iba a ser vendido a las FARC porque no había pagado.

Livia habla de sus visiones, como mujer cristiana ha pedido revelaciones, algún indicio. “Observé a un helicóptero cuando lanzaba a esos muchachos en alguna parte montañosa donde había un camión cava, allí los metían”.

Luego de la publicación de la fotografía de Wilfredo Valero trataron de comunicarse con “Voces del Secuestro”, el muy sintonizado programa de Herbin Hoyos que escuchan los cautivos en la selva colombiana. “Le mande mensajes a mi hijo, a la FARC y al Noticiero de Colombia, a los meses de ocurrido los hechos”. Hasta el día de hoy ni la policía judicial venezolana ni en el Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES) le han dado alguna noticia sobre su paradero.

El brazalete

Miletza Sosa, hermana de Rodolfo Antonio Meléndez Sosa, desapareció cuando tenía 32 años, un 20 de septiembre de 2008. Es ella quien ha asumido la búsqueda desde el principio. Sus mensajes en la red social Facebook siempre son un recordatorio de los años que transcurren, de los cumpleaños y las ausencias de Rodolfo.

El día de su secuestro se dirigían a una finca de su propiedad cuando fueron interceptados por unos funcionarios, presuntamente del Cicpc (policía de investigación criminal), ubicados en una alcabala móvil. En el vehículo se encontraban Rodolfo, un tío, la esposa, la novia de su hermano y cuatro (4) niñas. Las mujeres fueron liberadas a las 11 p.m. y el tío dos días después. A todos los llevaron a una casa. Uno de los sujetos portaba un brazalete en uno de sus brazos con las siglas del Frente 10, donde figuraba un fusil con una bandera cruzada.

"Solicité una fe de vida y nunca me la dieron”

A los hombres los mantuvieron dos días en una finca en San Silvestre, municipio Barinas. Luego los sacaron del país a través del estado Apure. Sólo Rodolfo permanece en poder de ese grupo. Pero cuando estaban en San Silvestre el tío pudo registrar el sitio donde se encontraban aprovechando un descuido para correrse la venda. Muchas botas largas negras, una vivienda bonita, con mucha logística. Un joven que se encontraba en el lugar les dijo que se portaran bien, que no les pasaría nada, que él también era cautivo. A todos les tomaron fotos.

“Al mes un hombre al que llamaban “comandante” se puso al teléfono para pedirle 500 millones de bolívares. Solicité una fe de vida y nunca me la dieron”, explica Miletza. 

De izquierda de derecha: Miletza Sosa, Livia Silva y Rosa Piña

Son tantos y tantos casos. Andrés Eloy Blanco Fernández, de 26 años, secuestrado un 1 de diciembre de 2009, en la población de La Luz, Municipio Obispos. El rescate fue pagado, pero nunca ha llegado al hogar. Sus padres han hecho esfuerzos infructuosos.

Según una leyenda urbana extendida en la zona por esos años, habría sido lanzado al caimán Pepito, una mascota de uno de los poderosos sindicatos de la construcción en aquel tiempo. Un testigo protegido ofreció unas declaraciones en su momento, para luego retractarse al ser amenazado y chantajeado y más nunca habló de lo ocurrido. Al ser entrevistado por primera vez llegó a decir –recorte de periódico en mano– que el joven habría sido asesinado. Pero nunca ha habido indicios.

Pero hay secuestros que se extienden en el tiempo, como el de Pedro Antonio Zambrano, ocurrido el 9 de septiembre de 2006 a sus 42 años, productor, oriundo de la población del Municipio Pedraza. Como fe de vida enviaron un dedo a la madre y luego un video donde mostraba la extremidad faltante.

Nelson Alí Sánchez, desaparecido un 25 de diciembre de 2009, tenía 38 años. Se dedicaba a la venta de pescado. Seis hombres encapuchados, con armas cortas ingresaron a su vivienda y se lo llevaron sin decir una sola palabra. Gritaba que no se lo llevaran, que no había hecho nada. Los hombres llegaron en una camioneta de cuatro puertas, doble cabina y pequeño carro.

Su padre, Jacinto González se acercaría ese día a conversar con los vecinos y determinar si había algo extraño. “Tanto ellos como yo estaban sorprendidos. ¿Por qué le pasó eso si él era un hombre tranquilo, que llegaba del río con los pescados?”.

Nunca llamaron a Jacinto. Las autoridades, mutis total. “La esperanza de uno es esa, que los cuerpos de seguridad traigan a mi hijo vivo o muerto, así sea los huesos, esa es la esperanza que yo tengo”.

Hace un par de años, Oscar Pineda aseguró –en una entrevista concedida a la prensa– que los guerrilleros colombianos tendrían por lo menos a cinco rehenes que residían en Barinas cuando fueron secuestrados. Hoy lo reitera y pide apuntar el caso de una joven enfermera oriunda de Táchira con varios años en poder de la guerrilla. “Sólo recuerdo que se llama María y ha sido reseñado por los medios tachirenses”. Mientras tanto, siguen transcurriendo los días y el acuerdo de paz, con sus tropiezos, es el tema del momento en Colombia. Pero nadie les da respuestas a esas familias.

En uno de los momentos más críticos de la relación con Estados Unidos, el presidente Hugo Chávez recibió en marzo de 2009 en el palacio de Miraflores al congresista demócrata William Delahaunt, a quien hizo algunas confesiones relacionadas con la guerrilla colombiana. Chávez reconoció en esa cita que su participación como mediador en la liberación de los rehenes de las FARC había sido un error, y que así se lo había comunicado al presidente Álvaro Uribe.

La afirmación se produjo en el contexto de otra confesión: Venezuela quería mejorar las relaciones con Colombia. Chávez consideraba a ese país como un importante socio comercial. Los contactos entre ambos presidentes acababan de reanudarse después de la polémica por el bombardeo del campamento de Raúl Reyes en Ecuador. “Chávez dijo que también quiere mejorar las relaciones con Colombia, al que ve como un socio económico importante. Él reconoció que su participación en las negociaciones del año pasado para liberar a rehenes en poder de las FARC, fue un error, y afirmó que lo había admitido
también al presidente Uribe”.

Con el consentimiento del entonces presidente de Colombia, Chávez inició en agosto de 2007 contactos con las FARC para liberar a varios rehenes, entre los que se encontraba Ingrid Betancourt. En noviembre de ese año, sin embargo, el presidente Uribe cerró las puertas a la mediación. El entonces mandatario colombiano consideró que había sido una extralimitación el hecho de que Chávez hubiera llamado directamente a miembros de la cúpula del Ejército.

En enero de 2008, a pesar del desencuentro, la guerrilla entregó a Caracas a Clara Rojas y a Consuelo González

Los cables despachados desde Caracas por la embajada de Estados Unidos reseñan un par de episodios que demuestran el cambio de la política española hacia Caracas tras el sonado incidente entre el rey Juan Carlos y Chávez durante la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile en noviembre del 2007.

En el primer hecho, en mayo del 2009, durante la celebración del Día de Europa en Caracas, el encargado de Negocios de la misión estadounidense, John Caufield, participó en unas conversaciones sobre las implicaciones del proyecto de Ley de Cooperación Internacional, que planteaba restricciones al financiamiento de las organizaciones no gubernamentales. El embajador de Bélgica dijo estar preocupado por el alcance de la propuesta y la naturaleza antidemocrática del gobierno del presidente Chávez, al tiempo que agregaba que la misión de la Unión Europea lideraría el diálogo con los diputados del Parlamento venezolano sobre el negativo impacto de una legislación como la planteada. Pero el embajador de España, Dámaso de Lario, consideró la propuesta de ley un asunto de orden interno, y agregó que muchas ONG venezolanas eran “políticas”. No descartó empaparse más de los alcances de la ley y manifestar sus impresiones discretamente a las autoridades venezolanas.

El trabajo periodístico de revisión de los cables de WikiLeaks sobre Venezuela fue hecho entre SEMANA y el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. Su publicación se hace de forma simultánea en Semana.com y en ArmandoInfo En documentos relacionados vea los cables que sirvieron de soporte para esta nota.