Desde consultorías especializadas hasta la compra de tecnología, la UNE fue el gran intermediario con empresas de otros países que dejaban en el camino cientos de miles de dólares en las arcas cubanas con las contrataciones de obras, productos y servicios ofrecidos a Venezuela. La UNE incluyó, a través de su entramado de empresas filiales, la más costosa asesoría para recomendar a proveedores en lo que terminó siendo el fracaso de la expansión de la industria eléctrica nacional prometida por la revolución.

Paradójicamente ese mismo año de 2004  la isla había sido azotada por los huracanes, lo que dejó en el mínimo su escasa estructura eléctrica y también condicionó muchos de los negocios que le propuso a Venezuela. De allí en adelante, lo que necesitaba Cuba para la recuperación de su entramado eléctrico también terminaba comprándolo Venezuela.

En la práctica, el operador privilegiado de esta trama de negocios fue Energoimport, una de las quince empresas que se agrupan en el holding de UNE.  Energoimport está a cargo de la compra en mercados internacionales de los llamados “grupos electrógenos” -grandes generadores eléctricos por motores de combustión interna-, que no se producen en la isla pero constituyen la columna vertebral de su sistema de producción de energía. En cambio, en Venezuela, cuyo sistema descansa en las producciones termoeléctrica y, sobre todo, hidroeléctrica, se trataba de algo más o menos exótico. Sin embargo, durante los últimos 20 años, Energoimport compró grupos electrógenos a pedido de su principal cliente, Venezuela.  

La misma Venezuela que contaba con uno de los más poderosos complejos hidroeléctricos del continente americano terminó comprando desde la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), y a través de la filial de la cubana UNE, generadores eléctricos a fabricantes europeos como Scania (Suecia), MTU (Alemania), Guascor (España); SDMO (Francia), Volvo (Suecia) y CYMASA (España), por casi ocho millones de dólares solo  entre 2003 y 2014, según el último informe de la Comisión Mixta para el Estudio de la Crisis Eléctrica de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición desde enero de 2016.

Todo a través de intermediación cubana y para, según la promesa también de los cubanos, generar 1.500 megavatios en toda Venezuela (alrededor de ocho por ciento de la generación eléctrica nacional), equivalente a lo que solían consumir las grandes empresas básicas productoras de hierro y aluminio al sur del país, y más de lo que instaló entre 2008 y 2011 la cuestionada empresa privada Derwick, la de los llamados bolichicos, que debía aportar cerca de seis por ciento de la producción.  

Pero eso es solo un abrebocas, porque los cubanos no solo se limitaron a vender fierros. En el marco de asesorías técnicas, los asesores cubanos recomendaban lo que era bueno para Venezuela a pesar de que, con frecuencia, ello contrariaba lo que los ingenieros venezolanos de la industria eléctrica nacional opinaban. Todo se ejecutó como un programa paralelo de generación distribuida que no estaba incluido en el Plan de Desarrollo Eléctrico Nacional 2005-2024.

A más contratos, menos energía

Cerca de 3.000 profesionales cubanos trabajaron en áreas estratégicas de Corpoelec y recorrieron el país para la formación y asesoría de servicios eléctricos, según documenta la organización no gubernamental Transparencia Venezuela en su informe del sector.

La UNE cubana aparece inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) de Venezuela, aunque su ficha está vacía en lo referente a obras y servicios prestados o proveedores contratados. Su dirección fiscal es un domicilio residencial que permanece cerrado en Bello Campo, un barrio comercial y de clase media en el este de Caracas. Es una empresa extranjera y como tal está reseñada. Sin embargo, una búsqueda exhaustiva en el RNC arroja otras pistas que permiten decir que UNE, la del expediente vacío, se convirtió en una campeona de la subcontratación.

Así, en el mismo RNC, se pueden encontrar los expedientes de 98 empresas, entre nacionales, extranjeras, asociaciones cooperativas y personas naturales, que de 2009 a 2014, por ejemplo, aparecen realizando hasta 334 obras a nombre de UNE, que las subcontrató.

Solo en el estado Carabobo, una región industrial del centro del país, 19 empresas comerciales y 21 cooperativas generaron 175 reportes de servicios para UNE. Un análisis en detalle comprueba que los trabajos se hicieron en su mayoría en la Central Termoeléctrica Planta Centro, cerca de la localidad de Morón, una de las principales plantas eléctricas del país, y cuya ampliación se había contratado a la china CMEC.

La revisión muestra además que la UNE contrató a proveedores no solo de Carabobo, sino también de otras provincias como Falcón, Miranda, Yaracuy y Anzoátegui, para hacer trabajos en Planta Centro. Estos iban desde el mantenimiento y reparaciones hasta suministro de gases industriales y aislamiento térmico. Todas las unidades de la gran termoeléctrica venezolana fueron intervenidas y el contratante fue la UNE. Pero el resultado es que hoy Planta Centro -que fue pasto de un gran incendio en 2009- está paralizada.

Otros trabajos contratados por la empresa cubana están relacionados con la  mudanza de la Planta Térmica Carora, en el estado Lara, a la Planta Táchira; compra de materiales eléctricos para transformadores (talleres de Lara y Anzoátegui); construcción e instalación de unidades de generación solar (Zulia); proyecto de instalación de sistemas híbridos eólicos-fotovoltaicos-diesel en comunidades aisladas; servicios de poda de la línea de 400 kilovatios en Uribante (Táchira) hasta el transporte y montaje de transformadores de Puerto Cabello hasta la subestación La Horqueta (Aragua) o a La Arenosa (Carabobo). Estas dos últimas fueron protagonistas de un gran apagón a finales de 2018, afectadas por incendios.

Según los mismos registros, la UNE dispuso de recursos para pagar traslados y hospedajes a personal de la Misión Revolución Energética -la misión que dio inicio a los acuerdos de cooperación energética entre Cuba y Venezuela- durante sus múltiples visitas a los diferentes estados y alcanzó para pagar vacaciones en Bolívar, a finales de 2012, para el personal cubano destinado a la Misión Saber y Trabajo.

El cortocircuito eslovaco

El RNC no refleja, en cambio, que para la misma fecha en que se ejecutaban estos trabajos y servicios, las empresas eslovacas Energo Control y PPA Control realizaban obras de modernización en la misma Planta Centro y también bajo contrato con la UNE cubana.

Energo Control, especializada en ingeniería y suministro en el área de automatización de procesos tecnológicos, fue la encargada del instalar para la unidad 5 de Planta Centro un sistema computarizado de control de plantas eléctricas Yokogawa Centum VP ProSafe en el año 2010.

Llamativamente, ese mismo año se instaló un sistema similar en la estación termoeléctrica Nuevitas, en Cuba.

UNE firmó también contrato con la eslovaca PPA Control, quien colaboraba directamente con la empresa cubana Energoimport en la rehabilitación de la unidad 5 de Planta Centro en Venezuela, donde ya operaba su paisana Energo Control.

A su vez, entre 2012 y 2013, PPA Control contrató a Energo Control para instalar otra vez un sistema Yokogawa Centum en la misma unidad de Planta Centro y con idénticas especificaciones.

Emilia Tomasovicova, quien representa los intereses de la empresa eslovaca PPA Control en Colombia, se comunicó con Armando.Info y ratificó que la firma del contrato fue con la UNE. En el mismo se especificaban los suministradores de las partes operativas: PPA Control, a cargo de la parte eléctrica y las que faltaban en la sala de caldera; Energo Control, la parte automática y de control; las checas Invelt, sala de turbina y SES Bohemia, tratamiento químico del agua. “Es por esa razón que PPA Control firmó contrato con Energo Control, Invelt y SES Bohemia. La parte eléctrica, la de control y la automática son diferentes e independientes”, dijo.

A su juicio “nadie contrató, ni facturó, ni hizo un trabajo dos o más veces”.

La licitación no se realizó sino hasta 2011 y es allí “cuando los cubanos a través de la UNE invitaron a los eslovacos para preparar el contrato de suministro”, explicó.

En el caso de la participación de los eslovacos en la rehabilitación del sistema eléctrico nacional y su vinculación con Cuba, la vocera señala que “firmaron contrato de suministro y asesoría técnica con la UNE y este contrato lo cumplieron en su totalidad hasta el año 2013”. Concluye indicando que “la unidad 5 de Planta Centro no arrancó por el fallo en el generador, el cual no suministraron los eslovacos ni los checos”.

El director del proyecto fue Pavel Svolik, ingeniero de nacionalidad eslovaca, quien trabajó en la empresa eslovaca, con sucursal en Cuba, SES Energo Caribe hasta 2009 y luego en Energo Control hasta 2014. Entre 2015 y 2017 su hoja de vida señala que fue director técnico para PSEnergía S.R.O. de la que posee la mitad de las acciones y figura, además, como vicepresidente en los registros de la compañía.

Esta última compañía tiene sucursal en Venezuela, específicamente en el estado Lara, y tuvo como cliente a la Corporación Eléctrica Venezolana (Corpoelec) a quien le hizo un servicio de fabricación de bombas para la Central Termoeléctrica Planta Centro, en 2015, como consta en la ficha del RNC. Es miembro del holding PSE Global, conformado por PSEnergía EPC a.s. y la empresa local PSEnergía de Venezuela, C.A., también registrada en Lara y constituida en 2013.

En las mismas fichas del RNC, de 2017, aparece que PSEnergía de Venezuela tuvo como cliente a PSEnergía S.R.O. para realizar mantenimiento eléctrico en el país.

De acuerdo con la información publicada en su página web, el holding comercial tiene sede en la República Eslovaca y Venezuela y que dos de sus proyectos están relacionados con Planta Centro.

Su currículo en los últimos dos años señala que participó en la preparación de la propuesta técnica del proyecto de Planta Centro U2, U3, U4 y U5, así como de la Planta Tacoa U9. También realizó estudios de factibilidad en la Planta de coque en Anzoátegui (en 2010, Pdvsa firmó carta de intención con la rusa Inter Rao Ues) y la fábrica de Pellets Orinoco. Su socia eslovaca, Tomasovicova, insiste en afirmar que nunca hizo ni un estudio de factibilidad y solo hacía propuestas técnicas.

Por otro lado pero en simultáneo, la también eslovaca Energo Control manejó entre 2006 y 2010 el proyecto de la rehabilitación de la Refinería de Cienfuegos de Cuba, cuyo cliente fue la estatal venezolana PDVSA en conjunto con la cubana CUPET.

Millones electrocutados

La declaración conjunta entre Cuba y Venezuela, firmada en 2004 y que estableció el financiamiento de proyectos productivos y de infraestructura, obtuvo solo en 2005 un presupuesto de 834 millones de dólares, según lo informado en la VI Reunión de la Comisión Mixta en Caracas. Este dinero sería destinado a 209 proyectos en esferas claves de desarrollo económico y bilateral.

En 2008, los proyectos habían disminuido a 173 y el monto de la inversión, sin embargo, se incrementó hasta 2.000 millones de dólares. Una década más tarde, en la firma del Plan Anual de Cooperación Cuba-Venezuela, los proyectos fueron apenas 22, correspondientes a servicios sanitarios, suministros de medicamentes, fomento agroalimentario y soporte eléctrico.

En total, según el informe de Transparencia Venezuela, solo la llamada Misión Revolución Energética le costó al Estado venezolano 6.323 millones de dólares entre 2006 y 2015. Los recursos llegaban por distintas vías y los órganos ejecutores eran también distintos, según fuera la naturaleza del proyecto.

En los casos de los servicios de consultoría, formación de personal para el uso eficiente de la energía eléctrica, creación de plantas de ensamblaje de microcontadores eléctricos (para llevar el conteo residencial de consumo de kilovatios), migración a plataformas libres y proyectos de instalación de sistemas híbridos, el dinero provenía del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) y el Ministerio de Energía Eléctrica.

Cuando se trató de rehabilitaciones de centrales eléctricas, soporte en subestaciones y líneas de transmisión, así como la exportación e importación de grupos electrógenos, los recursos provenían de Fonden como del Banco de Desarrollo Social (Bandes).

Venezuela, que poseía a finales de los 90 un sistema eléctrico interconectado, se vio una década después requiriendo de intervenciones y equipamientos para expandir el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Pero de la mano de las revoluciones bolivariana y cubana la industria fue estatizada y desguazada. Los asesores cubanos diseminaron su influencia en todas las áreas de generación eléctrica pero lo único que está a la orden del día hoy son los apagones, también como los cubanos, en todo el territorio nacional.

Este reportaje fue actualizado el 21 de agosto de 2019. Los cambios incorporados se hicieron en el capítulo denominado “El cortocircuito eslovaco”.

Entre sus puestos alcanzados al calor del chavismo, fue viceministro de Energía Eléctrica entre 2002 y 2006 y presidente de la estatal venezolana Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) durante tres años comprendidos en el mismo periodo en el que fue adjunto al titular del Ministerio de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez. Este también ha caído en desgracia al ser destituido por el presidente Nicolás Maduro en diciembre pasado como representante de su país ante Naciones Unidas y después de que en enero de 2018 el fiscal general Tarek William Saab informara que había emitido una orden de captura en su contra por corrupción.

Villalobos fue arrestado en Madrid a finales de octubre de 2017 por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil acusado de blanqueo de capitales y corrupción internacional junto a otras tres personas. Todos ellos habían ocupado cargos públicos en instituciones y compañías estatales de su país vinculadas al sector energético. La orden de arresto tuvo su origen en un requerimiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos por una investigación que se lleva a cabo en Houston. Seguidamente, fueron puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

El auto de acusación del tribunal de la ciudad tejana de agosto pasado describe cómo Villalobos y sus presuntos cómplices urdieron en 2011 una red internacional de empresas, intermediarios y cuentas bancarias para blanquear el dinero procedente de sobornos originados en procurar la concesión de obras en el sector de la construcción de plantas de energía a empresarios afines. El mismo Villalobos era el firmante autorizado de una cuenta en Suiza a la que otros ex funcionarios públicos transfirieron más de 27 millones de dólares, según narra el escrito de la Justicia estadounidense.

La extradición a Estados Unidos por este caso depende de que se resuelva otro procedimiento judicial que tiene ocupados a los abogados de Villalobos en la Audiencia Nacional española desde septiembre de 2017. El juez Ismael Moreno investiga al anterior viceministro de Chávez, a su mujer, a otros ex altos funcionarios venezolanos y directivos de la compañía Duro Felguera de delitos de corrupción internacional y blanqueo de capitales.

La querella de la Fiscalía Anticorrupción narra cómo Duro Felguera, para construir una central eléctrica en Venezuela con una licitación de 1.500 millones de euros a partir de 2008, entregó “varias cantidades de dinero (al menos 105.627.600 dólares americanos) al querellado Nervis Villalobos con el fin de que éste usara su capacidad de influencia en la administración venezolana en beneficio de aquella mercantil”. Los diferentes pagos se realizaron a empresas controladas por Villalobos -describe el escrito- que tenían cuentas bancarias en diversos bancos españoles, estadounidenses y suizos.

Ahora, una investigación realizada por El Confidencial junto a los medios venezolanos Armando.info, El Pitazo y Runrun.es, que parte de una filtración de documentos internos del Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), revela nuevos datos que se acomodan al espíritu de los procedimientos judiciales abiertos en España y Estados Unidos a Nervis Villalobos.

El trabajo periodístico muestra cómo en una memoria interna de 2013 del CBH firmada por Leandre Sappino, entonces gestor de carteras y consejero de inversiones de la entidad suiza, se refiere que Villalobos “dispone de cuentas en Davos Bank, Credit Suisse, BNP Paribas y CBH”. Informa la memoria que abrió una cuenta en julio de 2011, justo en la época en que las investigaciones judiciales lo acusan de urdir esos supuestos esquemas de corrupción. La misiva está dirigida a Stephane Strub y Philippe Cordornier, vicepresidente y director general de CBH, respectivamente.

Los responsables de los mecanismos de verificación del banco CBH conocen que los llamados PEP (‘politically exposed persons’) -responsables que han ocupado cargos políticos en cualquier gobierno- tienen restringidos muchos movimientos financieros internacionales dentro de los diez años posteriores tras dejar sus funciones en todos los países.

Eso no fue obstáculo para que Villalobos tuviera cuentas en CBH y otras entidades suizas. Él había dejado la función pública en 2006, por lo que hasta 2011 sólo habían pasado cinco años. Sin embargo, la nota bancaria habla de Villalobos como “un cliente de calidad que no representa mayor riesgo para el banco y que tiene un gran potencial de desarrollo”.

Consultado el banco CBH sobre sus relaciones con un ‘PEP’, un portavoz contestó escuetamente con un email en el que argumentaba: “Como institución suiza, Compagnie Bancaire Helvétique cumple estrictamente con las obligaciones del secreto bancario y las leyes del país, particularmente con la Ley Suiza contra el Blanqueo de Capitales y con las ordenanzas de la Autoridad Federal Supervisora del Mercado Bancario Suizo (FINMA)”. El mensaje añadía: “En este sentido, como usted sabe, no podemos responder a las cuestiones específicas que nos envían sobre la existencia o no de ciertas cuentas en nuestro banco”.

“Tuvo cuentas bancarias en distintos países y en distintas instituciones bancarias principalmente porque las entidades multinacionales con quien el señor Villalobos hacía negocio tenían sus bancos preferidos” para las transacciones, responde un abogado del empresario venezolano.

Añade su representante legal que el patrimonio del ex alto funcionario chavista procede de dos fuentes fundamentales: “Su trabajo como consultor y experto en ingeniería eléctrica y sus inversiones en diversas industrias que incluyen inversiones en mercados cambiarios” de divisas.

Un experto en finanzas internacionales, que conoce bien Latinoamérica y que prefiere guardar su anonimato explica que hubo empresarios avezados que en los gobiernos de Chávez hicieron fortuna en la permuta de bolívares y dólares. Básicamente, la estatal petrolera del país que más reservas de crudo tiene del mundo, Petróleos de Venezuela (PDVSA), vendía fuera su producción y ganaba muchos dólares, pero le hacían falta bolívares para gestionar la compañía en Venezuela. Ahí surgieron intermediarios del mercado de divisas internacional que vendían bolívares por dólares llevándose una plusvalía. No era una actividad ilegal.

Villalobos y Duro Felguera

Los medios venezolanos que participan en esta investigación tuvieron acceso en exclusiva al escrito de la querella de la Fiscalía Anticorrupción de septiembre pasado y a las declaraciones hasta ahora realizadas por los acusados desde que comenzara la instrucción en Audiencia Nacional en otoño de 2017. Fueron hechas ante el juez en el primer trimestre del presente año.

Al margen de Nervis Villalobos, los querellados son su mujer e ingeniero de Sistemas, Milagros Coromoto Torres; Luis Barrios Meleán, supuesto testaferro de Villalobos; Javier Alvarado Ochoa, presidente de C.A. Electricidad de Caracas; Julia Van Den Brule, exabogada del Ministerio de Energía venezolano; y los entonces dirigentes de Duro Felguera, Angel Antonio del Valle Suárez, consejero delegado, y Juan Carlos Torres Inclán, presidente.

El relato de los hechos es básicamente como sigue: se constituyó la llamada “UTE Termocentro” para construir una central de ciclo combinado que paliara en parte los problemas de crisis eléctrica en Venezuela por un valor de licitación de 1.500 millones. La conformaron en un principio la venezolana Técnicas Reunidas TERCA, C. A., cuyo presidente era Luis Barrios Meleán, y Duro Felguera. Firmaron dos contratos primeros en 2008.

Un tercer contrato, de abril de 2011, fue firmado por Duro Felguera, "TERCA e Ingeniería Gestión de  Proyectos de Energía, C. A. (INGESPRE), esta última sociedad propiedad al 50% de Villalobos y su esposa. TERCA cedió entonces todos los derechos a INGESPRE sin contraprestación alguna, lo que hace sospechar a la Fiscalía Anticorrupción que realmente Barrios Meleán era un testaferro de Villalobos y que TERCA era controlada por este desde un principio. Sólo apareció cuando se habían cumplido los cuatro años de incompatibilidad por haber sido viceministro.

Indica el escrito de la Fiscalía: “Existen varios elementos que permiten concluir que este contrato fue ficticio y solo fue una apariencia jurídica para realizar pagos a Villlalobos para conseguir sus favores e influencias ante las autoridades venezolanas”. Añade el escrito: “Entre estas autoridades estaban los querellados Javier Alvarado Ochoa y Julia Van Den Brule, abogada del Ministerio de Energía de Venezuela que recibió, al menos, un pago de 70.000 euros, en 2009”.

Concluye la Fiscalía que el investigado Villalobos habría recibido de Duro Felguera para conseguir la licitación más de 105 millones de dólares transferidos a sus cuentas bancarias en Suiza, España y Estados Unidos. Entre las sociedades controladas por él -entre las citadas por la instrucción judicial, las halladas en esta investigación y en un listado conservador- están Kingsway Holdings Overseas Ltd. registada en Islas Vírgenes Británicas, Kingsway Ltda. de la isla portuguesa de Madeira, Vamshore Enterprises Limited S.A. de Panamá, Kinsway Europe, SL de España y  Auyantepuy, INC de Estados Unidos. Las actividades de todas ellas relacionadas con proyectos especializados en las áreas de electricidad, petróleo y gas.

En sus declaraciones al juez, Villalobos admite que firmó una comisión del 5,5 por ciento de la operación, aunque no admitió nada irregular en sus servicios técnicos de consultoría energética. Solo reconoció haber cobrado los 26 millones de dólares del tercer contrato con INGESPRE, no los otros 89 hasta los 105 que plantea la Fiscalía.

Preguntado por el magistrado acerca de cómo se pagó desde el Estado a Duro Felguera, Villalobos contestó: “Básicamente unos recursos del Fondo Chino, que es un fideicomiso que se hace con préstamos del Gobierno chino, que se repaga con petróleo a futuro. Y el Presidente disponía de unas cantidades importantes de dinero en ese fondo, y también del Fonden, que era un fondo que se creaba o que creó el Estado de Venezuela con recursos de los excedentes petroleros”.

Añade que esos pagos grandes siempre los autorizaba Hugo Chávez en persona. “La complejidad de esto es muy criticada. Es decir, que ahora lo ves, ahora entiendes por qué cuando el presidente Chávez muere, el país está como está, porque era el único que controlaba todo. O sea, él creó un modelo que solamente lo podía entender él”, declara Villalobos ante el magistrado.

Añade Villalobos en su declaración en la Audiencia Nacional sobre Chávez: “Tenía el control absoluto de todo. Todo pasaba por él. El decidía qué se contrataba, qué no se contrataba, qué empresas se podían contratar, qué empresas no se podían contratar”.

Su esposa, Milagros Coromoto Torres, ante el juez de la Audiencia Nacional se desmarcó de todo conocimiento de los negocios de su marido aunque comparta accionariado en varias sociedades: “No, eso de los negocios lo maneja mi marido, lo desconozco realmente. Todo lo que se relaciona al tema de los negocios y de dónde saca el dinero y en qué cuentas lo tiene y cómo lo moviliza, eso se encarga él”.

Consultada Duro Felguera por la investigación en marcha como compañía querellada, manifiesta que “no ha cometido irregularidades en los pagos realizados” y agrega que “la documentación permite dar justificación o soporte contractual suficiente para los pagos efectuados, pues tienen su fundamento en compromisos contractuales asumidos por personas debidamente facultadas para su otorgamiento, en contratos de naturaleza ordinaria -prestación de servicios (de asesoramiento y asistencia técnica)- y propios de la actividad social que constituye el objeto social de la compañía”.

Por Javier Alvarado Ochoa, ex viceministro de Desarrollo Eléctrico, citado por el juez el pasado de 16 de abril, no compareció. Ha declinado hablar con los medios de la investigación. También sale citado en la documentación de CBH como “otro cliente cualificado que no representa mayor riesgo”, aunque ocupó cargos como presidente de la empresa pública Bariven, una filial de PDVSA, hasta febrero de 2013.

Alvarado Ochoa era también una persona políticamente expuesta (PEP) cuando abrió su cuenta el 11 de julio de 2011 en CBH, pero pasó los filtros del banco suizo sin problemas. La apertura de su cuenta ocurrió casualmente un día antes que la de Nervis Villalobos.

La memoria interna de CBH estimaba que en junio de 2013 su fortuna superaba los  20 millones de dólares. Tenía cuentas en los bancos Great Southern Bank, Davos Bank, Morgan Stanley y CBH, según la nota bancaria.

Por otro lado, Julia Van Den Brule admitió en la Audiencia Nacional que Villalobos le abonó 70.000 euros en 2009 “por motivos personales”.

Houston lo reclama

Nervis Villalobos está en prisión en Soto del Real porque está pendiente de su extradición a Estados Unidos. Un juzgado de Houston lo acusa desde agosto de 2017 de corrupción internacional y blanqueo de capitales junto a otros ex altos funcionarios y empresarios venezolanos. Entre ellos, Rafael Reiter, ex jefe de Seguridad de PDVSA, y ya extraditado a Texas.

La justicia norteamericana investiga a Villalobos por haber participado en una trama de corrupción que consistía básicamente en conseguir licitaciones en Venezuela a favor de empresarios afincados en Estados Unidos a través de sobornos a altos funcionarios del sector energético de su país de origen, principalmente de PDVSA. Según el escrito de acusación, practicaron esos cohechos entre 2011 y 2013 y blanquearon decenas de millones de dólares procedentes de los sobornos por medio de bancos suizos, panameños y estadounidenses.

Recordemos que Villalobos abrió su cuenta en CBH en julio de 2011, según una memoria interna del CBH.

El auto judicial señala de forma anónima varias cuentas en bancos suizos. Informa que Villalobos era copropietario “Swiss Account 1”, a donde se transfirieron una gran parte de los 27 millones de dólares del esquema de corrupción por el que se le investiga.

Los abogados de Nervis Villalobos tienen un gran reto por delante. Un reto transnacional.

El hecho de que Venezuela tuviera la mayor reserva de petróleo del mundo no bastó para que en esos años sus habitantes sufrieran continuos cortes de luz. Betancourt y su empresa Derwick Associates acudieron en ayuda de Chávez y su Gobierno para suministrar turbinas a las centrales termoeléctricas que intentaron paliar el desastre energético del país.

Al socorro del decreto de emergencia energética nacional firmado en febrero de 2010 por el expresidente bolivariano acudió Derwick, que después de 14 meses de su fundación y sin experiencia en el sector fue beneficiada con 12 contratos para obras eléctricas sin licitación, de acuerdo con ingenieros consultados, como José García Aguilar. Fueron otorgados por contratación directa, por un monto conservador que se acerca los 2.500 millones de dólares.

Ahora, una investigación realizada por El Confidencial y los medios venezolanos Armando.info, El Pitazo y Runrun.es revela que Derwick canaliza gran parte de sus beneficios a través de bancos suizos  mediante operaciones sospechosas de constituir delitos blanqueo de capitales que están siendo investigadas en varios países, entre ellos, Estados Unidos, Suiza y Venezuela. Se aprecian intercambio de transferencias con Gazpromban Latin America.

Según ha podido conocer esta investigación periodística, el Departamento de Justicia de Estados Unidos mandó un exhorto en 2015 a las autoridades fiscales suizas para solicitar asistencia de cooperación recíproca y estudiar si Derwick y sus empresas afiliadas y asociadas estaban usando cuentas en el país helvético para blanquear capitales asociados con los contratos llevados a cabo con las empresas estatales venezolanas.

Derwick interpuso un recurso de apelación para evitar que la investigación de sus cuentas siguiera adelante. Sin embargo, la sentencia del recurso emitada por el Tribunal Penal Federal de Suiza afirma que las autoridades de ese país están colaborando con Estados Unidos en una investigación aún viva a marzo de 2017. En el escrito judicial se señala que Derwick remitió decenas de remesas por valor de más de 200 millones de dólares entre 2009 y 2013 a diferentes bancos suizos.

El 14 de febrero pasado, la Oficina Federal de Justicia de Berna confirmó por email a los reporteros que en enero de 2016 emitió una orden para la recopilación de registros bancarios relacionados con Derwick hasta en 18 entidades financieras. En junio de 2017, “la Oficina Federal de Justicia emitió un primer decreto parcial, que ahora se ha convertido en definitivo, de ese modo, se pudieron presentar las primeras evidencias a las autoridades de Estados Unidos contra los representantes de la compañía Derwick”. Es decir, según la Justicia del país helvético a día de hoy existe una investigación en marcha tanto en Suiza como en Estados Unidos por supuesto blanqueo de capitales.

Un intermediario, un banco y un ‘bolichico’

La filtración de documentos internos de la entidad financiera de banca privada Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) y del gestor financiero francés Charles-Henry de Beaumont fue el punto de partida del trabajo periodístico que se ha complementado con la búsqueda otras fuentes, documentales, judiciales y humanas.

La investigación demuestra que De Beaumont fue capaz de constituir una cartera de clientes venezolanos que han sido hábiles para enriquecerse bajo los gobiernos de Chávez y Nicolás Maduro. Clientes de De Beaumont están siendo hoy objeto de procesos judiciales en países como España, Venezuela, Estados Unidos o Suiza. A algunos se les investiga por ser supuestamente beneficiarios de adjudicaciones de contratos de obras públicas de los sectores de la energía y el transporte que se afirman otorgados sin la debida transparencia.

Uno de los nombres que aparece en los registros bancarios es Alejandro Betancourt. En su camino exitoso le han acompañado como ejecutivos de sus muchas sociedades los también venezolanos Pedro José Trebbau, primo suyo, y Francisco Antonio Convit Guruceaga. Los beneficios por esas operaciones de intermediación se cifran en centenares de millones de dólares.

Betancourt es el paradigma de los llamados ‘bolichicos’, jóvenes empresarios ahora en la treintena que han prosperado al calor del chavismo. Presidente de la matriz que controla Hawkers, Saldum Ventures SL, ya ha invertido 70 millones de euros en esta ‘startup’ española que está conquistando el mundo con sus lentes de sol y sus accesorios ‘low cost’. Su nombre empezó a sonar en España en 2012 cuando adquirió en subasta por más de 22 millones de euros una finca de caza de 1.600 hectáreas en Toledo, levantada sobre un castillo andalusí del siglo X y expropiada al hoy convicto Gerardo DíazFerrán, expropietario del Grupo Marsans.

Los documentos bancarios sobre los socios de Derwick muestran movimientos anuales de más docenas de millones de dólares, transferencias a empresas y familiares como a la madre de Convit, Graciela Guruceaga, remesas con la compañía petrolera rusa Rosfnet, currículos, informes internos, cartas de referencia dirigidas al CBH, registro de compañías en Panamá que intercambió el gestor francés con el banco CBH de Suiza o contratos de préstamos.

Un portavoz de CBH manifiestó que “como institución suiza, Compagnie Bancaire Helvétique cumple estrictamente con las obligaciones del secreto bancario y las leyes del país, particularmente con la Ley Suiza contra el Blanqueo de Capitales y con las ordenanzas de la Autoridad Federal Supervisora del Mercado Bancario Suizo (FINMA)”. Agrega: “En este sentido, como usted sabe, no podemos responder a las cuestiones específicas que nos envían sobre la existencia o no de ciertas cuentas en nuestro banco”.

“El gobierno y PDVSA deudores de Derwick”

Desde 2009, Suiza ha ido firmando acuerdos para el intercambio de información bancaria con Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el objetivo de cooperar en la lucha contra la evasión de impuestos y el blanqueo de capitales. De modo que se vaya superando poco a poco el secreto bancario estricto y tradicional que impera en el país helvético desde una ley que prevalece desde 1934.

“Sin embargo, el problema sistémico es de origen: el centinela sigue siendo el banco. En el Derecho suizo, el gestor del cliente es el que tiene la responsabilidad de ejercer de centinela de que el capital es de origen lícito. Todas las normas de la verificación -principalmente la diligencia debida y el ‘conoce a tu cliente’ (‘due diligence’ y ‘know-your-customer’ en inglés) se basan en la presunción de que el gestor es honesto y responsable, así que el dinero se mueve antes y luego el Derecho viene después”. Quien así habla es alguien que trabajó en el sistema: Hervé Falciani, autor de la filtración del banco HSBC de Suiza que dio lugar a la conocida como ‘Lista Falciani’ que ha permitido perseguir a miles de evasores fiscales y autores de blanqueo de dinero en todo el mundo.

“El punto débil del sistema consiste en que el banco no desempeña el papel de policía ni fiscal, algo que le otorga en buena parte la legislación, sino que es el gestor financiero que atrae a los clientes el garante de la legitimidad del patrimonio, pero ahí surge un conflicto de interés porque el intermediario quiere ganar dinero”, explica Falciani.

Esa categoría de gestor recibe el nombre en inglés de ‘external asset manager’ (EAM) y están sujetos al control la autoridad reguladora FINMA, según el experto David Zollinger.

Como resultado de ese esquema de trabajo financiero, los documentos de CBH muestran memorias internas realizadas por intermediarios como Charles-Henry de Beaumont favorables a varios clientes venezolanos. Este gestor, que llegó a ser uno de los directores de CBH Ginebra, se dedicó entre al menos 2010 y 2013 a captar clientes multimillonarios de mercados emergentes como Venezuela, Brasil y Oriente Medio, según especifica su currículo.

Preguntado por este diario, De Beaumont respondió: “Estoy seguro de que ustedes entenderán que no puedo ofrecer información alguna al respecto, puesto que estoy obligado a cumplir la confidencialidad y el secreto bancario regulado por ley de mi actividad profesional pasada en CBH”. El intermediario añadió: “No obstante, puedo asegurarles que ninguno de mis clientes tenía casos judiciales pendientes ni estaban envueltos en hechos ilícitos”.

Entre esos clientes que logró el intermediario francés estaban los propietarios de Derwick Associates: Alejandro Betancourt y Francisco Convit, quienes gestionaban sus cuentas en CBH mediante las sociedades Calandra Business SA y Banstead Assets SA, respectivamente. Ambas fueron registradas en Panamá en otoño de 2012 y disueltas en noviembre de 2015, según la documentación del Registro Público de ese país.

“Han logrado su reputación en el segundo mandato de Chávez durante la crisis eléctrica en Caracas. Mientras que Chávez acusaba a los estadounidenses y a otros imperialistas de haber saboteado el sistema eléctrico, Alejandro y Francisco importaron enormes generadores que permitieron al presidente restablecer la situación y lavar la cara ante su pueblo”, reza una memoria interna de CBH firmada por De Beaumont en mayo de 2013 en la cual defiende a sus clientes. Chávez había fallecido dos meses antes.

“El Gobierno y PDVSA [la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA] está muy agradecida a sus beneficiarios económicos (…).  PDVSA, que vendió un número de pozos en la cuenca del río Orinoco a grandes empresas del sector del petróleo y el gas, ha permitido a Derwick liderar la explotación de esos pozos para producir más de 100.000 barriles diarios”, continúa leyéndose en ese informe interno de CBH.

Pero en un momento determinado, Betancourt toma medidas para poner a buen recaudo su dinero. En una carta que escribe De Beaumont en octubre de 2013 señala en una misiva dirigida a CBH Bahamas que “debido a los cambios en las leyes suizas y la disminución de la confidencialidad” en el secreto bancario “Mr. Leopoldo Alejandro Betancourt López ha decidido cerrar su cuenta en CBH Suiza para abrir otra en CBH Bahamas”

Es entonces, en octubre de 2013, cuando De Beaumont pide que la cuenta de Calandra Business SA en CBH Ginebra se pase a CBH Bahamas, un paraíso fiscal. Para ofrecer confianza sobre su cliente, el intermediario francés le dice a la destinataria de su carta en Bahamas: “Nos hemos reunido con él en numerosas ocasiones en Venezuela y Europa”.

 “La mayoría de los banqueros te confirmarían que por esa época hubo muchos flujos hacia otras jurisdicciones (hacia países árabes y asiáticos principalmente, pero también hacia Estados Unidos) porque aparentemente se extendió la creencia de que los fondos estarían más protegidos allí”, explica David Zallinger, quien fuera magistrado en el Cantón de Zurich en los años noventa y luego trabajó en la banca privada a comienzos de siglo.

Consultado Betancourt, asegura sobre De Beaumont: “Sé quien es, pero no le conozco en persona”. Añade el mayor accionista de Hawkers: “Mis cuentas nunca han sido cifradas y siempre han sido cuentas en las que el beneficiario ha sido mi persona. Ese cambio de regulación no afectó a mis cuentas. Además nunca he operado con cuentas en Bahamas”.

Alianza con los rusos

Tras el acceso de Derwick a la explotación de recursos petrolíferos venezolanos, los tres socios -Alejandro Betancourt, Francisco Convit y Pedro José Trebbau- registraron en Barbados en 2011 la firma Derwick Oil and Gas Corporation, un vehículo financiero que les sirvió a su vez para crear una asociación con la firma rusa Gazprombank Global Resources, una filial de Gazprombank.

El resultado de la alianza empresarial dio como resultado Gazprombank Latin America Ventures BV, incorporada en Países Bajos. La jurisdicción fiscal de esta nación permite a empresas que trabajan internacionalmente llegar a acuerdos privados con la Hacienda holandesa para reducir la carga tributaria sobre sus beneficios.

En principio, accedieron a la industria petrolera de Venezuela con concesiones de explotación en el estado de Zulia, noroeste del país. Betancourt niega esa asociación entre las sociedades venezolana y rusa y declina responder sobre cómo consiguió los contratos petroleros en el estado de Zulia.

Las áreas petroleras fueron cedidas por PDVSA bajo la gestión de Rafael Ramírez, expresidente de la petrolera estatal y hasta el pasado diciembre embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. Su cargo en Nueva York lo abandonó por petición expresa de Nicolás Maduro tras la detención de diez altos cargos de PDVSA por corrupción. El exdiplomático no ha vuelto por Venezuela de momento.

En noviembre de 2013, Rafael Ramírez, entonces presidente de PDVSA, tomó los papeles en sus manos antes de comenzar a hablar de forma pausada en la sede principal de la estatal petrolera en Caracas. Presentó a quienes lo acompañaban, Alexander Muravov y Boris Ivanov, ambos vicepresidentes de Gazprombank, institución financiera que financiaba el inicio de las operaciones de Petrozamora, una empresa mixta que hoy tiene como accionistas a la Corporación Venezolana de Petróleo (60%), filial de PDVSA, y Gazprombank Latin America Ventures (40%) de Betancourt, sus socios y Gazprom.

Más allá de las relaciones institucionales, al menos desde 2007, el presidente de Derwick, Betancourt López, tiene contacto directo con los rusos. Según el currículo que entregó De Beaumont a los ejecutivos del banco CBH de Suiza, Betancourt López era representante de Gazprombank en América Latina en 2007.

Las huellas de esa coalición empresarial quedaron también marcadas en la documentación interna de CBH. En una misiva de abril de 2013, firmada por Betancourt, solicita a De Beaumont que transfiera de su cuenta en CBH, a nombre de Calandra Business SA, 12,9 millones de dólares a Gazprombank Latin American Ventures.

El 4 septiembre de 2017 llegaron los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar a la sede principal de PDSA Occidente—una de las diez divisiones con las que cuenta la compañía estatal Petróleos de Venezuela--, cerca de 50 empleados estaban reunidos con los altos gerentes de la división.

"Los que vamos a nombrar, pongan sus teléfonos en la mesa y se levantan de sus sillas. Los demás, se van de la sala", dijo uno de los efectivos, según relataron dos fuentes independientes. Llamaron uno a uno a los ocho miembros de la plana mayor de la estatal petrolera en el estado Zulia. Las detenciones de esas ocho personas fueron ordenadas por el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab.

Las detenciones forman parte de una investigación por sobreprecio y sabotaje en la compra de equipos y materiales para la producción de Petrozamora. De acuerdo con fuentes del sector petrolero, la investigación se inició tras las denuncias de cobro de comisiones y sabotaje realizada por los socios rusos representantes de Gazprombank Latin America Ventures. Entre los detenidos está el exministro de Petróleo. Eulogio del Pino.

Alejandro Betancourt negó a los reporteros toda relación con la supuesta corrupción en el seno de Petrozamora, sociedad participada por su empresa. También declinó contestar sobre sus relaciones con compañías rusas.

Un préstamo dudoso

Los préstamos intragrupo, es decir, entre empresas asociadas, es una práctica común entre firmas internacionales. En muchas ocasiones se realizan para evadir o eludir impuestos o para blanquear capitales, según cuenta un experto financiero de prestigio que prefiere guardar su identidad.

El experto en banca privada David Zollinger apunta a que ese tipo de préstamos se usan habitualmente para “buscar algún tipo ventaja fiscal”

Según la documentación de De Beaumont, en abril de 2013, Derwick Oil & Gas Corporation (Barbados) otorga un préstamo de 35 millones de dólares Gazprombank Latin American Ventures BV. La transferencia desde una cuenta en Bank Julius Baer de Zúrich a otra de Gazprombank en la misma ciudad suiza. El banco intermediario es JP Morgan Chase Bank de Nueva York. Firman Francisco Convit como representante de la sociedad acreedora y Boris Ivanov como director general de la prestataria.

Otro analista financiero consultado indica que ese es un contrato típico entre partes. Pero le llama la atención que sea Derwick la acreedora, siendo ella accionista del prestatario. “Es francamente muy raro eso. ¿Para qué unos muchachos latinoamericanos le van a prestar 35 millones de dólares a uno de los bancos más grandes del mundo? Aquí debe haber algo más detrás”, comenta.

Otras investigaciones

Al margen de las investigaciones que se llevan a cabo a Derwick y sus directivos en Suiza y Estados Unidos más arriba explicadas, fuentes consultadas hablan de procesos pasados y en marcha.

Desde 2013, un par de demandas civiles fueron interpuestas contra el supuesto enriquecimiento ilícito de Betancourt y los directivos de Derwick por presuntamente haber sobornado a altos funcionarios de Venezuela para conseguir contratos y haber aplicado sobreprecios a los cobros. Fueron interpuestas por Otto Reich, exembajador estadounidense en Caracas, en un tribunal de Nueva York, y por Thor Halvorssen, activista y presidente de Human Rights Foundation, en una instancia judicial de Miami. Ambas acabaron siendo desestimadas por falta de competencia jurisdiccional.

En agosto de 2013, el consultor experto en el sector energético José. G. Aguilar publicó un estudio sobre 40 contratos otorgados en Venezuela. En apenas 14 meses, entre 2009 y 2010, 12 de los 14 solicitados por Derwick le fueron adjudicados sin concurso por PDVSA, Corpoelec y Corporación Venezolana de Guyana. En el análisis de Aguilar se recogen 11 de los 12 concedidos a Derwick, por los que facturó 2.497 millones de dólares y, según sus estimaciones, aplicó un sobreprecio de 1.421 millones.

“Hay varias investigaciones criminales contra Betancourt en Texas y Nueva York. Eso es incuestionable. Yo mismo he sido entrevistado por varias agencias federales sobre el tema”, afirma Thor Halvorssen.

Betancourt no desestima que le estén investigando, pero quiere dejar claro que no. “No tengo constancia de ninguna investigación en mi contra ni contra ninguna de mis empresas en España”

Por otro lado, preguntado el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, sobre si hay alguna investigación a Derwick en su país, ha preferido guardar silencio. El 11 de diciembre pasado, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar allanaron las oficinas que comparten Derwick y Gazprom en la Torre Kyra de Caracas.

Betancourt niega tajantemente que el objetivo de la inspección policial tuviera relación con las actividades de su compañía.

Alejandro Betancourt es un empresario de éxito, de trato agradable y un bon-vivant. Ha invertido en España en diversas compañías y ha comprado fincas e inmuebles. Desde los balcones de su casa de 453 metros cuadrados en Madrid puede admirar en su plenitud la Puerta de Alcalá, un piso valorado en más de 2,6 millones de euros a precios de mercado de hoy.

Pero España es solo un hito más en la aventura transnacional de Betancourt. Fundó y administra 12 sociedades inscritas en Barbados entre 2009 y 2016, en todos los casos junto a uno o los dos habituales socios suyos: su primo Pedro José Trebbau y Francisco Antonio Convit. Esto se pudo saber gracias gracias a Paradise Papers, investigación en la que participó El Confidencial junto a La Sexta en España y que coordinaron el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

En sus viajes en avión privado ve un paisaje lleno de oportunidades para sus ideas de negocios internacionales. En el medio plazo, las investigaciones en marcha sobre Derwick determinarán la naturaleza de la foto panorámica al alcance de Alejandro Betancourt.

Ambas historias, separadas por miles de kilómetros, tienen un protagonista común: la empresa China Camc Engineering Co Ltd.

“Por la empresa China Camc Engineering Co Ltd, el señor Peng Wei de la República Popular China; por Venezuela, Eulogio Del Pino, ministro de Petróleo y Minería y presidente de Pdvsa”, leyó el presentador en el acto que presidió Maduro el 24 de febrero en el Banco Central de Venezuela. Ambas partes firmaban un “memorando de entendimiento” para la “certificación de los recursos del Arco Minero del Orinoco”.

Camc se aseguraba así trabajar en varios “bloques” de la zona para comprobar y cuantificar la existencia de minerales como el coltán, diamantes y oro, detalló el moderador entre los aplausos de las autoridades venezolanas y los empresarios.

Los chinos cerraban en Caracas un nuevo negocio mientras que en Bolivia aún trataban de minimizar los daños causados por el escándalo.

El 3 de febrero un periodista boliviano denunció que Gabriela Zapata Montaño, novia del presidente Evo Morales en 2007, se benefició de esa relación y el consiguiente acceso al poder político cuando posteriormente ocupó el cargo de gerente comercial en la sucursal boliviana de Camc, que firmó siete contratos por casi 600 millones de dólares entre 2009 y 2015 con el Gobierno boliviano.

Pero en Venezuela el auge de la contratista china ya había comenzado desde mucho antes de que en Bolivia las sospechas de tráfico de influencias recayeran sobre ella.

De hecho, la Venezuela de Hugo Chávez no solo se convirtió en un cliente destacado del portafolio de Camc. También sirvió de cabeza de playa para conquistar desde allí nuevos mercados en países del llamado eje bolivariano, como la propia Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Cuba.

Fundada en 2001 como subsidiaria de la China National Machinery Industry Corporation (Sinomach), obtuvo su primer contrato en suelo venezolano en 2003. Se trató de la construcción de un acueducto en el estado de Falcón (noroeste del país) por 100 millones de dólares. Comenzaba una relación que se ha conservado con la actual administración del sucesor de Chávez en la presidencia, Nicolás Maduro.

El Registro Nacional de Contratistas (RNC) revela que China Camc Engineering Co Ltd apenas cuenta con 20 trabajadores y que entre 2011 y 2012 vendió equipos y maquinaria a las estatales Suministros Venezolanos Industriales (Suvinca), Logística Casa (Logicasa) y Bolivariana de Puertos (Bolipuertos). Se trata apenas de una porción del negocio porque desde 2003 ha logrado una veintena de contratos para proyectos agrícolas, eléctricos e industriales, entre otros, adjudicados bajo el paraguas de la alianza entre China y Venezuela, y los créditos que la potencia asiática concede a Caracas con la condición de que se hagan las compras a empresas de esa nación.

Una empresa, dos caras

La de China Camc Engineering no es la única figura jurídica que esta corporación ha empleado para operar en el país. El 6 de septiembre de 2007 formalizó ante el Registro Mercantil Quinto del Distrito Capital y el estado Miranda una sociedad con el nombre de Camce Sudamérica C.A, que parece pensada como portaviones para entrar a otras naciones de la región. “El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Caracas, Distrito Capital, pero podrá establecer sucursales, agencias u oficinas de representaciones en cualquier otra ciudad del territorio nacional o del extranjero, cuando así lo decida la asamblea general de accionistas”, dice el acta constitutiva. En Bolivia la compañía china no tiene ninguna sede, de acuerdo a su página web. Tampoco en Nicaragua.

El capital inicial de Camce Sudamérica fue de 20 millones de bolívares, dividido en 4.000 acciones de 5.000 bolívares cada una. La propietaria de 3.960 acciones es la casa matriz, China Camc Engineering, cuya presidenta es Chen Yufang, mientras que Shen Wei funge como vicepresidente y propietario de las 40 acciones restantes. “La compañía tendrá como objeto principal servicios de contratación de obras y servicio de consultoría en general, importación y exportación de equipos y materiales para la construcción, comercialización y representación de todo tipo de mercancías y productos foráneos; y en general podrá realizar cualquier actividad de lícito comercio vinculada con el objeto principal, ya que las actividades anteriormente citadas son de carácter enunciativo; y no de carácter limitativo o restrictivo, pudiendo dedicarse a las actividades según lo decida la asamblea general de accionistas”, establece la cláusula tercera del acta constitutiva.

Hoy Camce Sudamérica aparece como “inhabilitada” para realizar contrataciones con el Estado venezolano en los archivos en línea del Registro Nacional de Contratistas (RNC).

China Camc Engineering y Camce Sudámerica ocupan los pisos 11 y 12 de la torre E del Centro Comercial Lido, en la urbanización El Rosal de Caracas, al borde de lo que, antes de la revolución bolivariana, se consideraba el distrito financiero de la capital venezolana. En el directorio del complejo de oficinas no aparece ninguno de los nombres. Las puertas de vidrio de ambas oficinas están recubiertas de un papel ahumado que impide ver hacia adentro. Al entrar, un amplio hall recibe a los visitantes. Banderas de China y otros detalles alusivos al gigante asiático adornan la antesala desde la que también se ve una gran escalera que conecta los dos pisos y confirman el ascenso de Camc en estas tierras.

En el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (C.C.C.T), al suroeste de Caracas, hay otras dos oficinas de la compañía china. Fueron las primeras que tuvo en la capital venezolana y tampoco aparecen listadas en el directorio. “Aquí somos nada más ingenieros, entonces no te podemos contestar”, responde un hombre con marcado acento asiático a través del intercomunicador de Camce Sudamérica C.A, ubicada en el piso 7. “No exactamente”, suelta ante la pregunta de si China Camc Engineering y Camce Sudamérica C.A son lo mismo.

Ningún directivo de la empresa estuvo disponible para contestar y tampoco respondió la solicitud realizada por escrito.

Inicio con mal pie en Falcón

Desde que en junio de 2003 China Camce Engineering obtuvo su primer contrato con el Gobierno venezolano, han transcurrido trece años en los que la adjudicación de obras no ha cesado hasta el punto de amasar al menos 3.000 millones de dólares en asignaciones.

Ni siquiera las advertencias que realizó la Contraloría General de la República (CGR) con ese primer contrato frenaron la actividad de Camc. En su informe de gestión de 2007 la CGR analizó la obra Acueducto Bolivariano del estado Falcón, acordada entre el entonces Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN) y la compañía china. El análisis del órgano contralor reveló diversas irregularidades, incumplimientos de contrato y sobrecostos en lo que para entonces era “uno de los proyectos hidráulicos de mayor importancia que actualmente se desarrolla en Venezuela”.

Tras evaluar las actividades realizadas entre 2002 y el primer semestre de 2006, la institución concluyó que “se observaron deficiencias en la planificación y en sus procesos administrativos que redundaron en la disminución del alcance de la obra y costos adicionales al proyecto. Tal situación se vio reflejada en el retraso de 352 días en su culminación, gastos cuya descripción no se relacionan directamente con el proyecto, ni con el objeto de la contratación; pagos superiores a las establecidos contractualmente; omisiones de aspectos relevantes en las cláusulas contractuales (lapsos de garantías de las obras); incorporaciones de cláusulas contractuales confusas; entre otros”.

Una de las recomendaciones de la CGR fue la de “instar a la empresa China Camc a proceder con la sustitución de los 335 metros de tubería enterrada de diámetro 1.420 mm por otra de 2.000 mm, ubicada en el corredor de Pdvsa en las progresivas 64+305 y 64+640, tal como lo indican las especificaciones técnicas de la aducción para dicho tramo, así como lo acordado en minuta de reunión del 13-09-2004, efectuada entre representantes del MARN y la citada empresa, asimismo, velar por que los costos de excavación, extracción y transporte, no sean relacionados a través de valuaciones al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente”. También aconsejó “destinar los aportes recibidos mediante crédito externo, exclusivamente para el objeto estipulado en los convenios multilaterales”.

Esas observaciones se conocieron cuando Camc había pactado los contratos para completar la fase dos y tres del proyecto del acueducto en Falcón por, al menos, otros 200 millones de dólares, según detalla la empresa en su website y hasta 350 millones de dólares más, de acuerdo al informe de la CGR. “El proyecto de transmisión de agua de Camc en Falcón se completó luego de siete años de construcción”, sostiene la compañía en su portal. En noviembre de 2008, Luo Yan, presidenta de Camc Engineering, recibió la orden Juan Crisóstomo Falcón en su primera clase.

Cortocircuitos en la emergencia eléctrica

La contratista china también aparece en la lista de empresas beneficiadas por el Gobierno venezolano a raíz de la emergencia eléctrica decretada por Hugo Chávez entre 2009 y 2010. A Camc le correspondió construir la Planta de Generación Termoeléctrica El Vigía, en el estado de Mérida (Andes venezolanos). El contrato se cerró por poco más de mil millones de dólares, pero en la ejecución de la obra el precio se elevó otros 660 millones de dólares.

Una presentación de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), fechada en marzo de 2013, detalla que en el proyecto de Camc se “deben revisar y evaluar los montos adicionales solicitados para la evacuación de los 170 Megavatios (Mw) de ciclo combinado e incrementar la capacidad de transmisión hacia el Sur del Lago ya que se requiere de adecuaciones de las líneas de transmisión, que no estaban previstas en el contrato comercial ni en el Addendum 2. Se hace necesaria la firma de un nuevo Addendum (Addendum 3) que tome en cuenta esta necesidad, este monto que asciende a aprox. MM$ 660 adicionales a los MM$ 1.045”.

El documento detalla que la construcción de la planta se inició en mayo de 2011, que debía culminar el 30 de marzo de 2014 y generaría 470 Megavatios (Mw). Esa información contrasta con la descripción que hace Camc en su website corporativo: “El proyecto abarca la construcción de una planta de energía eléctrica, de ciclo combinado de turbina a gas, que cuenta con una capacidad de instalación de 583 Megavatios (Mw). La planta se diseñará de acuerdo al sistema doble combustión, en etapa previa se utilizará diésel y en la etapa posterior se utilizará gas natural. Se construirá una nueva subestación de 230 Kilovatios (Kv), se ampliará una subestación de 230 Kv, y se construirá una nueva línea de transmisión eléctrica de 230 Kv con una longitud de 56 kilómetros”.

La Comisión Mixta de la Asamblea Nacional que investiga los contratos e inversiones surgidas a partir de la emergencia decretada hace seis años citó a la compañía china por esa obra. El costo de la planta desarrollada por Camc ha llamado la atención de los parlamentarios. “Ellos han trabajado El Vigía, les preguntamos a ellos por los costos por megavatio, nos indicaron que había sido una planta en la que hubo que invertir mucho en movimiento de tierra por el territorio en el cual se decidió instalar la planta y que eso había incidido en la diferencia de los costos con los costos promedios (…) Nosotros les hemos pedido que nos aclaren cuáles son esas particularidades del proyecto donde participó Camc para que implicara esos costos”, relata el diputado y presidente de la Comisión, Jorge Millán.

Quienes escucharon al representante de Camc en el parlamento el 4 de mayo coinciden en que la exposición fue escueta y en la Comisión aún esperan que la compañía consigne más información. El ingeniero venezolano José Aguilar también destaca el elevado costo de la obra en El Vigía. Aunque reconoce que se trató de un proyecto “inusual” por la zona donde se levantó y todo lo que implicó, cree que el costo está muy por encima del estándar.

El experto explica que una media internacional apunta a un precio de mil dólares por cada Kilovatio (Kv), pero en la planta de El Vigía el precio se dispararía por encima de 3 mil dólares, de acuerdo a sus estimaciones. “La planta está funcionando y ha salvado a Los Andes, pero tiene un desempeño sub-estándar y no llega a los 583 Mw que dice la empresa”, acota a propósito de la actual crisis eléctrica.

Camc informó que el generador de “ciclo combinado” logró conexión a la red a las 11:58 de la mañana del 26 de enero de 2015 y también reseñó en su website que el 3 de mayo de este año una delegación de la Embajada de China en Venezuela visitó la instalación. El embajador, Zhao Bentang, “elogió el nivel y capacidad constructiva de Camc en la planta generadora integral y de gran magnitud” y que “merecería más esfuerzo de propaganda”, se lee en el portal.

La compañía, en cambio, no refiere que subcontrató a otra empresa china para desarrollar parte de la obra, tal y como consta en el RNC. China Camce Engineering subcontrató a China Railway No. 9 Ltd Venezuela para la “construcción de la planta termoeléctrica El Vigía” entre el 26 de septiembre de 2011 y el 30 de diciembre de ese año.

Camc logró otros contratos en infraestructura eléctrica. En la presentación de Corpoelec, fechada en marzo de 2013, se lee que 30 de noviembre de 2012 “se firmó en el marco de la Comisión Mixta China-Venezuela” un documento de trabajo entre Corpoelec y “China Camc para el desarrollo de 170 Mw del ciclo combinado Termozulia II”. Adicionalmente, en 2015 la compañía también fue seleccionada para la ampliación del sistema en el estado Cojedes en un acuerdo que implicaba la construcción de siete subestaciones eléctricas por unos 190 millones de dólares. “Ciudadanos organizados y dirigentes sociales de la región constataron por medio de varios recorridos de contraloría que las obras no presentan avances visibles o significativos y el megaproyecto está paralizado”, reseñó en mayo pasado el portal El Pitazo.

Administradores de obras

El de la planta El Vigía no es el único caso en el que la empresa china subcontrata a otras compañías para que ejecuten las obras adjudicadas por el Gobierno nacional. “El Gobierno prácticamente está contratando a un administrador de obras”, asegura un constructor venezolano contratado por Camc para realizar varias obras en Tucupido, estado de Delta Amacuro (extremo oriental de Venezuela).

En esa entidad la empresa firmó un contrato para desarrollar el “proyecto integral de desarrollo agrario Delta Orinoco de Venezuela” que consistiría en la “construcción de canales de riego y drenaje en una zona de riego de 11 mil hectáreas; construcción de un complejo para procesamiento de arroz y de su semilla; la restauración de granjas para 80 mil gallinas ponedoras; construcción de un laboratorio agropecuario”.

“Ellos (Camc) subcontratan empresas para que hagan el movimiento de tierra, la electricidad, etc”, insiste el empresario consultado. Sobre las obras en Delta Amacuro asegura que muchas de ellas no están terminadas a más de cinco años de haberse iniciado. “Tardan demasiado para pagar alegando que no han cambiado los dólares y los márgenes de ganancia que dan son muy pequeños”, relata el directivo de la compañía subcontratada por Camc.

Algo de eso consta en la Memoria y Cuenta de 2012 del Ministerio de Agricultura y Tierras. “Las obras de infraestructura fueron iniciadas con tres meses de retardo”, sostiene el documento sobre las actividades de Camc en la región del Delta del Orinoco.

En Guárico se repite la historia. Allí la empresa china logró entre 2006 y 2009 contratos para el sistema de riego Río Guárico, así como dos proyectos agrícolas en las zonas de Calabozo y San Francisco de Tiznados, entre otras obras. En conjunto se trata de negociaciones que rondan los 700 millones de dólares.

La información del RNC permite comprobar que Camc acudió a una decena de empresas venezolanas para realizar las obras en ese estado, tales como Asociación Cooperativa El Porvenir 100, Multiservicios La Paz, Cooperativa Servicios e Inversiones Brauce, Inversiones Mefapi, Constructora Inspectora y Constructora Agrollanos, entre otras. “Ellos subcontratan todo, aquí han movido mucho dinero”, relata una fuente cercana a las actividades de Camc en Guárico. Acota que es difícil comprobar si se ha cumplido con los contratos otorgados por el Gobierno, ya que han sido proyectos que en el camino han sufrido muchas modificaciones.

La compañía también selló contratos para realizar obras similares en el estado Portuguesa, así como para el desarrollo de un parque industrial en Anaco, estado Anzóategui.

Negocio maduro

La muerte de Hugo Chávez no supuso un problema para los intereses de la compañía. En la administración de Nicolás Maduro la estrecha relación con China se ha mantenido y también con Camc. En septiembre de 2013, sólo cinco meses después de ganar las elecciones presidenciales, Maduro encabezó una visita a Beijing en la que “reafirmó la alianza estratégica” entre las dos naciones y suscribió “actos de compromiso” y “cartas de intención” que beneficiaban a Camc. Uno de esos acuerdos, incluso, planteaba la posibilidad de crear la “Empresa Mixta Socialista Camce Venezuela, S.A”, adscrita al ministerio de Agricultura y Tierras con el fin de “fomentar, administrar, transformar e industrializar la producción, almacenamiento, procesamiento, comercialización, distribución y demás actividades de la cadena de producción del sector agropecuario, incluyendo la importación y exportación de rubros agrícolas y productos terminados que permitan satisfacer las necesidades del pueblo, contribuyendo a alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria de la nación”.

En esa oportunidad también se planteó la idea de firmar un contrato “para la construcción de cinco complejos agroindustriales azucareros”, así como la mejora y “optimización” de la producción en cinco de los centrales azucareros estatales. “Les ofrecieron los centrales para que los administren pero ese negocio no se cerró”, acota un empresario del sector.

En julio de 2014 el Gobierno también suscribió un “memorándum de entendimiento” entre la estatal Industria Venezolana Endógena de Papel (Invepal) y Camc para el “proyecto de adecuación y reactivación” de la producción en Invepal, pero trabas en el financiamiento a través del fondo conjunto chino-venezolano han impedido ejecutarlo ese plan.

El nombre de China Camc Engineering resonó el pasado 24 de febrero en el Banco Central de Venezuela con la firma para la participación de la compañía en el “Arco Minero del Orinoco” en la certificación de los recursos. “Esa compañía no es certificadora, hay compañías que hacen ese trabajo”, advierte un experto en minería.

A la cabeza de la cita estaba el mayor general de la Guardia Nacional y actual ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez. Hubo varias presentaciones sobre la situación de emergencia eléctrica del país. Muchos datos técnicos fueron expuestos, entre ellos la demanda y oferta de energía del país, la generación hidráulica y térmica, el caudal de Guri que se turbina, la producción eléctrica de Guayana y del suroccidente de Venezuela. Pero una preocupación sobresalió: la cota o nivel del embalse de la Central Hidroeléctrica Guri, que ha venido descendiendo drásticamente en los últimos meses debido a la dura sequía, poniendo en riesgo el suministro eléctrico del país, ya que al menos la mitad del consumo es generado por la presa del estado Bolívar.

César Cardozo, el ingeniero convocado a la reunión, conoce esa variable muy bien. Fue gerente de electromecánica de la central de Guri en la década de los años 80. Entonces fue el encargado de “estrenar” varias de las turbinas cuyos rendimientos podrían verse afectados en las próximas semanas, en caso de que las lluvias no inicien pronto.

Ese “estreno” ocurrió en 1984, cuando una de las últimas turbinas de Guri en ser instalada (de las 10 de Casa de Máquinas 1, ver infografía), la número 11, fue entregada por el fabricante a Edelca, la operadora de la represa. Las pruebas de funcionamiento fue un proceso complejo. El fabricante recomendó que la turbina tuviera al menos 10 metros de sumergencia (agua por encima). Luego de varias negociaciones, y a riesgo propio tomado por Edelca, las pruebas se hicieron por debajo de lo indicado, con vigilancia estricta y sólo por un periodo determinado. Entonces el embalse tenía un nivel de 240 metros sobre el nivel del mar (msnm).

El dato es relevante, por cuanto desde 2002 Edelca (ahora Corpoelec) manejó la cota de 245 msnm como la de “emergencia” para el embalse, y la de 240 msnm como la de “emergencia extrema”. Ambas cotas implican racionamientos fuertes en el país, más aún del que se aplica desde hace varios años, especialmente en la provincia. El mismo Motta Domínguez asomó la escala de lo que sucedería de llegarse a esos niveles. “Si no se toman las acciones, las primeras semanas o a mediados de abril podríamos tener un colapso eléctrico”, dijo el 19 de febrero. Un mes después de la declaración, Motta Domínguez intentó recoger sus palabras. “Han tratado de manipular la información tratando de provocar un caos: que viene un mega apagón”.  
Esta semana el nivel llegó a 246 msnm y resta un mes de sequía según los pronósticos de los hidrometereólogos. Por eso en la reunión que dirigió Motta Domínguez, reseñada por el departamento de prensa de Corpoelec, salió a relucir el tema de la autorización de la extinta Edelca para operar a esa cota o nivel del embalse (240 msnm) y de la posibilidad de hacerlo hoy en día. ¿Sería posible?, fue la consulta oficial.

Cardozo indicó que ese escenario no era recomendable. Las circunstancias actuales (de demanda energética, de condiciones de las turbinas, de caudal, de operatividad del sistema, incluso de fuga de talento) son muy distintas a las de los años ochenta. En rigor, aquella operación de 1984 había sido autorizada excepcionalmente, por un período de prueba.

El experto ingeniero no fue el único que manifestó su desacuerdo. Antonio Nakoul, vicepresidente de Corpoelec, se sumó, y agregó que pondría su cargo a la orden si tal decisión fuese tomada. Nadie lo secundó.

Angustiosa cuenta regresiva

La cota del embalse de Guri se ha convertido en uno de los indicadores más monitoreados, a la par del valor del dólar en el mercado negro, desde inicios de este año. Especialistas y población en general manifiestan estar reviviendo la crisis eléctrica más cercana, la de 2010, e incluso otra, la de 2003, que se vio encubierta por el paro petrolero y los efectos del golpe de Estado del 11 de abril de 2002.

Sin embargo, la situación hoy en día es más grave que entonces: en 2016 el embalse se ha vaciado a una mayor velocidad y, en contraste con ambos años, no se han anunciado públicamente planes de racionamiento eléctrico nacional o contingencias para la ciudadanía, más allá de los exhortos a ahorrar energía, el recorte de horario para los funcionarios y centros comerciales. Parte de la inacción quizás provenga de la parálisis que encierra el estado de ánimo de la Presidencia de la República. Pero también se debe a la politización y desprofesionalización del sistema eléctrico que se inició en 2001 con el desmantelamiento de la Oficina de Operación del Sistema Interconectado (Opsis), un centro de operaciones creado en 1968, responsable de planificar y manejar el sistema eléctrico.

Por más de tres décadas Opsis se encargó de dirigir el flujo de la electricidad a las regiones según la producción de las empresas, supervisar su producción y garantizar la seguridad del servicio. Estaba dotado de una plataforma tecnológica que procesaba cada dos segundos la información de las distintas compañías eléctricas (Enelven, Edelca, Cadafe y la Electricidad de Caracas) para tomar decisiones rápidas y precisas.

Con la data entregada por la red de monitoreo ambiental de Edelca, la Opsis podía proyectar qué años habría sequía y cuánto racionar. Con esa información, la oficina podía planificar el crecimiento de la demanda y la necesidad de construir nuevas centrales hidroeléctricas para complementar la generación de Guri y no depender tanto de ella.

Su naturaleza colegiada y desvinculada de nexo directo con el Ejecutivo le otorgó libertad de acción para decidir racionamientos. “Siempre prevaleció lo técnico sobre lo político”, relató Gilberto Flores, quien además de haber sido gerente general de Opsis, trabajó en las direcciones de mantenimiento, despacho de carga y planificación de Edelca. “Nunca antes de 1999 algún Presidente o ministro se inmiscuyó en nuestras decisiones”, agregó.

La visión centralizada del gobierno del presidente Hugo Chávez (1999-2013) terminó con esa prerrogativa. El primer capítulo del choque de trenes que desnaturalizó su misión ocurrió a finales de 2001. 15 años después –aún con miles de millones de dólares invertidos en plantas eléctricas y centrales hidroeléctricas que no arrancan (como Tocoma) – el país se enfrenta al vacío que dejó.

Una carta detona la crisis

El 11 de septiembre de 2001, el mismo día del atentado de Al Qaida a las torres del World Trade Center de Nueva York, ocurrió un altercado en el Ministerio de Energía y Minas, que marcó lo que vendría después. Luego de varios meses de trabajo, la gerencia de Opsis presentó al ministro de entonces, Álvaro Silva Calderón, y al viceministro de energía, José Luis Pacheco, un documento –encargado por el Ejecutivo– sobre la situación eléctrica y recomendaciones para mejorar el sistema, incluyendo las bases de una nueva ley para el área, proyectos necesarios a futuro (como Tocoma) y hasta la propuesta de una Opsis modernizada, incluyendo tabulaciones salariales.

Tras una discusión sobre esos salarios, el viceministro Pacheco desechó el documento en una papelera, aduciendo que eran muy altos. “Ustedes deben pagar mejores sueldos para mantener un personal de primera calidad que garantice la seguridad del sistema eléctrico”, le contestó Flores al viceministro Pacheco. “Si no, y por otras cosas también, van a acabar con el sistema eléctrico”, recuerda que le advirtió.

Un mes después, el 12 de noviembre, ocurrió otra desavenencia. El año 2001 había sido muy seco, y el personal de Opsis preparó análisis y proyecciones para prever planes de racionamiento para 2002 y 2003 para cuidar el embalse de Guri y no agotarlo para los años siguientes. De su manejo apropiado en período de sequía y su recuperación anual en periodo de lluvias depende la calidad del servicio eléctrico. Ese día el gerente tomó la decisión de racionar 200 megawatios en todo el país debido a que la central termoeléctrica de Planta Centro (Puerto Cabello, con una capacidad instalada de 2.000 megawatios), no estaba operativa.

“Eso causó una gran molestia en el gobierno, que a toda costa no quería racionar, debido al costo político que eso generaba. Y el 15 de noviembre nos llegó una carta a Opsis donde nos revocaba la potestad de ordenar racionamientos firmada por el ministro Silva Calderón”, recuerda Miguel Lara, ex gerente de operaciones de la oficina para entonces. Su jefe, Flores, no se quedó de brazos cruzados. “Fui a hablar con Alí Rodríguez, entonces secretario general de la OPEP y a quien conocía desde sus tiempos de diputado de la Causa R. Le hice ver el error que estaban cometiendo. Pero fue inútil. No revirtieron la decisión. Y eso que él había comprendido muy bien el rol de Opsis”, relata Flores con decepción.

Después de 33 años, la decisión de los racionamientos pasó a manos del Ministerio de Energía y Minas, que no tenía departamento especializado en electricidad, sino una oficina menor. “Hubo que aceptar la medida. A partir de allí no se racionó más con criterio de ahorro para el embalse. Se acabó la operación técnica y empezó un proceso de centralización a través del cual el gobierno abusó y continúa abusando del sistema eléctrico y vaciando el embalse de Guri cada vez más”, recuerda Lara. El historial de asesoría de Opsis a los sistemas eléctricos de España, Ecuador, Colombia y Cuba también quedó cerrado.

La segunda crisis

Para inicios de 2002 los programas de simulación instalados en el sistema de Opsis arrojaban un año seco. Además, el sistema de monitoreo de la cuenca del Caroní, que tenía más de 100 estaciones y era sobrevolada por helicópteros con regularidad, registraba que los caudales del río no serían favorables. Así, las cosas, habría un embalse menos lleno para 2003.

Atada de manos para racionar, la gerencia de Opsis envió comunicaciones al alto gobierno, alertándoles de la necesidad de no explotar el Guri en demasía, incorporar desarrollos térmicos y acelerar proyectos nuevos. El 18 de mayo de 2002, la cota del embalse llegó al nivel más bajo de su historia: 249 msnm.

Previendo el futuro, en julio de 2002 Opsis advirtió al Ejecutivo de lo peor: que el embalse llegaría a la cota crítica de 245 msnm en 2003. “Les explicamos que eso significaba tener que apagar 8 turbinas de Casa de Máquinas II, para evitarles daños. En total, unos 4 mil megawatios menos de electricidad para el país, la mitad de lo que produce Guri. Era algo duro, pero necesario”, recuerda Lara. Y para la población, eso se traducía en la necesidad de aplicar niveles de racionamiento en todo el país entre el 10% y el 40%. (ver infografía). Aun así, la política de no racionar se mantuvo en pie.

Llegó el 2003

El 10 de mayo de 2003, el equipo de Opsis y los trabajadores de Guri vieron cómo la cota del embalse descendió a un nivel muchísimo más bajo que 2002: 244,55 msnm. Unos centímetros menos que la cota de emergencia que Edelca había visualizado como crítica en 1984. El embalse se había vaciado por un uso excesivo.

Pero ese día no fue el más tenso para operadores e ingenieros de Guri. Una semana antes de ese 10 de mayo las lluvias habían comenzado en las cabeceras del Caroní y se sabía que el embalse no bajaría más. Más bien fueron las semanas previas de abril las más angustiosas, cuando los programas de simulación arrojaron la posibilidad de que el embalse llegara a 237 msnm, que es el nivel de las tomas de los ductos hacia las turbinas, una altura a la cual puede entrarles aire y generar daño. “La orden del Ejecutivo se mantenía en no parar las máquinas para no racionar”, rememoró Lara.

A partir de ese día el entonces presidente de Edelca, Oswaldo Artiles, ordenó vigilar el embalse las 24 horas con largavistas para medir los remolinos o vórtices que se empezaban a formar en la superficie del embalse. Ambos son la manifestación de un fenómeno al que todo profesional ligado a una represa hidroeléctrica teme: la cavitación. Los remolinos pueden generar burbujas que, al descender hasta la turbina, dañan sus elementos. En el mejor de los casos, las burbujas horadan la superficie metálica de los componentes, tras lo cual la turbina debe ser detenida y reparada. En el peor de los casos, se genera una bolsa de aire que puede implosionar, dañar permanentemente la turbina y hasta generar un accidente. En las dos situaciones, la turbina vibra y emite un ruido inusual.

“Acordamos que nos avisaran cuando los vórtices estuvieran muy grandes”, recuerda Lara. Si los ruidos y la cavitación comenzaban, el procedimiento era cerrar gobernadores (un componente) y bajar las compuertas para turbinar menos agua. El efecto es que el sistema genera menos potencia y, por ende, menos electricidad. De inmediato los gerentes del despacho de Guri debían decidir cuántas turbinas apagar. Ese año de 2003 Edelca manejó la posibilidad de parar una unidad por una semana e iniciar racionamientos, aun contraviniendo la orden del Ejecutivo.

Ingenieros consultados traen a colación varios accidentes ocurridos por vibraciones en las turbinas. Uno de los más graves ocurrió en Rusia en 2009, en la central hidroeléctrica Sayano-Sushenskaya, con el mismo tipo de turbinas de Guri. La investigación del accidente indicó que una de ellas, que venía presentando fallas reiteradas durante varios años, vibró hasta desprenderse, ocasionando la inundación de la casa de máquinas, la muerte de 12 personas y la desaparición de otras 50.

La regla operativa

La extrema situación de tres años secos seguidos -2001, 2002 y 2003- motivó al equipo de Opsis a diseñar una regla de operación para el embalse, según las cotas. Se construyó un modelo a escala de una turbina para estudiar el efecto de los vórtices y las burbujas de aire. El estudio arrojó un rango de operación según las cotas y el caudal turbinado. “De este análisis surgió la regla de no operar por debajo de 240 msnm”, indicó Lara.

“Por sus declaraciones, deduzco que Motta Domínguez tiene la intención de operar a esa cota”, afirma Lara. La maniobra es peligrosa porque está a escasos 4 metros de las bocas de tomas de los ductos que conducen a las turbinas, con lo cual, dependiendo de la velocidad del cauce, la entrada de aire es más probable. “Yo le hago un ruego cargado de angustia para que no lo haga. Es una ingeniería muy fina la que se necesita para hacerlo, extremadamente delicada y que necesita mucha experticia. Confío en que los ingenieros se nieguen a operar a esos niveles y alerten cuando escuchen un ruido. Son sus vidas las que pueden estar en riesgo. Pero noto que hay mucha sumisión”.

Por debajo de esa cota, el país queda a media luz, dice Alberto De Lima, ex jefe de Opsis y experto en el área. “Hay que apagar 8 turbinas de Guri, que equivalen a 5.000 megawatios de electricidad, lo que significa más de la mitad de lo que produce Guri. Eso es una tragedia. Adicionalmente habría que parar parte de las turbinas de las represas que están aguas abajo, Macagua y Caruachi. Corpoelec debió preservar el embalse en agosto del año pasado y racionar desde entonces”, dijo.

¿Qué implica eso para los ciudadanos? “No habrá un apagón”, indica Flores. “Será algo más desordenado y extendido que los racionamientos que ya empezamos a vivir”, agrega. Un apagón se genera tras una falla puntual, explica, como las ocurridas a finales de 2013, que afectaron a más de 18 estados durante varias horas de un día. Más bien vendrían racionamientos rotativos en todo el país, por periodos de 2 a 6 horas, dependiendo de la intensidad de las lluvias que vengan. Los cortes serán más prolongados en la provincia. Y pareciera que ya empezaron, hace una semana, por la proximidad de llegar la semana que viene a la cota 245 msnm.

Fuentes indican que el Ejecutivo ordenó un racionamiento de 700 megawatios en todo el país, aprovechando el asueto de Semana Santa. En Guayana esto se ha traducido en cortes de electricidad a la población entre 5:00 y 7:00 pm y 3:00 a 5 am. Lo mismo indican reportes de usuarios en Zulia esta semana. Esto se complementó el 18 de marzo con el apagado de cuatro turbinas de Guri, las más viejas y de menos poder, instaladas en la Casa de Máquinas I, que fue uno de los escenarios evaluados por Motta Dominguez en la reunión del 29 de febrero. El mismo ministro lo anunció por Twitter, alegando que es un “mantenimiento programado”.

A Caracas intentarán protegerla, indican los expertos, como ha ocurrido durante décadas. Fuentes relacionadas a Corpoelec indican que hay un plan para reforzar a la ciudad con un suministro eléctrico directo adicional de la planta termoeléctrica de Tacoa (estado Vargas). El miedo al caos de una Caracas a oscuras espanta al gobierno. “En 2001 tenían miedo de que el racionamiento eventualmente tumbara al gobierno”, recuerda Flores.

“Esta crisis fue anunciada. Desde los años 80 comenzamos a visualizar que las fallas serían mayores. Se lo dijimos al gobierno de Rafael Caldera, a finales de los años 90. Nos reunimos con la academia, las universidades, los políticos, y luego con todas las autoridades del gobierno de Hugo Chávez”, recuerda Flores. Tocoma, la central hidroeléctrica que debió entrar en operación en 2007 no está culminada, a pesar de haberse invertido 7.000 millones de dólares allí. Y más de 40 mil millones de dólares pagados en plantas termoeléctricas en todo el país no han servido para compensar la labor de la central de Guri.

Y hay un contexto poco resaltado que agrava el tema. La página de Opsis, que mostraba la producción de electricidad de Guri, el consumo del país, así como informes y otras variables, fue clausurada en 2011. Además, existe un clima de terror entre los trabajadores de Guri y, en general, de Corpoelec. Muy pocos se atreven a intercambiar comunicación con periodistas, teniendo el artículo 108 de la Ley del Servicio Eléctrico como contexto: “Cualquiera que indebidamente y con perjuicio para la Repu?blica, haya revelado secretos concernientes a la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, bien sea comunicando o publicando los documentos, u otras informaciones concernientes al sistema, será castigado con prisión de ocho a dieciséis años”.

Luego de los apagones de 2013, varios trabajadores fueron imputados como responsables de las fallas. Lara, junto a los ingenieros Víctor Poleo y José Manuel Aller, fueron citados al Servicio Bolivariano de Inteligencia y se les advirtió de no seguir dando declaraciones al respecto. Aún así, los consultados concluyen que los efectos del colapso del sistema eléctrico comenzaron a asomarse hace unos años ya con los cortes anunciados y sin anunciar en la provincia; las bajadas de tensión que se observan a diario en el suministro; la explosión de transformadores en las subestaciones; la falta de vigilancia del tendido eléctrico; y el deterioro del sistema de distribución, que genera cortes forzados del servicio como los que ha vivido Caracas en los últimos meses (El Rosal, Chacao, 23 de Enero y Catia).

José Pedroza, del departamento de proyectos de Edelca-Corpoelec en Puerto Ordaz, refrenda las opiniones técnicas de Lara, Flores y De Lima, y confirma que la crisis está centralizada en manos de Motta Domínguez. “Hay preocupación. Por debajo de la cota 245 msnm puede haber vibraciones en la turbina. De llegar el caso, la decisión de parar las máquinas es del ministro. Él está haciendo lo que procede, que es generar electricidad con las máquinas más eficientes. No hay nada más que hacer frente a una situación climática como ésta”, dice.

Alexander Arcia, presidente del Sindicato de Edelca en Puerto Ordaz, asegura que los trabajadores serán los primeros en denunciar acciones que comprometan la operatividad de las turbinas. Aunque afirma que Motta Domínguez es “radical y no escucha a nadie”, agrega: “No creo que haya gerencia tan irresponsable que ponga a las turbinas a operar a la cota 240 msnm”.

Pero en diez meses ese retrato se desdibujó en la trastienda de un bufete del Centro Rockefeller de la ciudad de Nueva York. El 5 de mayo de 2014, el equipo del abogado John J. Carney, designado por la Corte de Connecticut como el síndico en el caso seguido contra Michael Kenwood Group (MKG), empresa financiera perteneciente a Francisco Illaramendi, en un texto no mayor a página y media, desistió del proceso en contra de Piero Enrique Montelli Torres, hasta ese instante señalado como cómplice del fraude perpetrado por el propietario de MKG, en contra de al menos unas 70 organizaciones y personas, por más de dos mil millones de dólares, entre ellas Pdvsa, estatal petrolera venezolana a quien habría estafado más de 560 millones según los documentos legales del caso.

La demanda de Carney solo se mantuvo desde entonces en contra del operador financiero de origen libanés y nacionalizado venezolano, Romeo Mouwad y su familia, quienes a través de una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas recibieron recursos de los fondos de Illaramendi, pasando primero por las manos de Montelli y su casa de corretaje en Caracas, Inverplus.

“Solo 10% de lo que dice la demanda de Carney es cierto”, indica Montelli para explicar por qué su caso duró solo diez meses en la corte. En entrevista telefónica desde Buenos Aires, este contador venezolano, que se precia de mantener un bajo perfil al punto de nunca antes haber sido contactado por la prensa, niega haber entablado cualquier negociación con el síndico. Asegura que no recurrió al recurso de otros acusados en el caso, que accedieron a abrir fideicomisos a favor del representante de la Fiscalía de Estados Unidos para así evitar ir a prisión mientras se investigaba el fraude.

Montelli en cambio se duele de que el señalamiento en su contra y su relación con Illaramendi lo perjudicaron en su reputación,  así como en términos más tangibles como el tiempo que debió invertir para explicar a las autoridades de diferentes agencias de Estados Unidos cada una de las transacciones en las que se vio envuelto, y en el dinero que tuvo que pagar en los abogados para defenderse de las acusaciones en medio del esquema montado por su excompañero en el Colegio Los Arcos de Caracas, una institución educativa regentada por el Opus Dei.

El reencuentro

Esa tarde de mediados de 2002, el reencuentro fue en Oripoto, al sureste de Caracas, una urbanización de clase media alta, compuestas por casas de uno y dos pisos, rodeada de una verde vegetación y un clima más fresco al del resto de la ciudad. El motivo de la fiesta era reunir a los excompañeros de clase del Colegio Los Arcos.

A ese sitio llegó con su chofer uno de los exalumnos. Era Francisco Illaramendi. A la larga, este chico venezolano, nacionalizado estadounidense, terminaría condenado a más de 13 años de cárcel en Estados Unidos. Pero el Francisco Illaramedi de aquella tarde era solo Pancho, el muchacho buena gente, solidario, caritativo, conversador y tan religioso que rezaba el Angelus todos los mediodías.  Para ese momento había adquirido una cualidad circunstancial que comenzó a forjarse en el verano de 1999, cuando se reunió con el presidente Hugo Chávez en Nueva York, como parte de una delegación de expertos financieros que fueron a hablar de la deuda venezolana. Esa tarde de 2003, muchos de sus compañeros sabían que estaba muy bien conectado con las esferas económicas del chavismo y que sus consejos eran escuchados por quienes manejaban las arcas de la nación, entre ellos el ministro de Finanzas, Tobías Nóbrega, hoy prófugo de la justicia venezolana.

Uno de los participantes en el evento lo recuerda como si la película la proyectara en la pared del frente. Dice este exalumno que muchos se acercaron a saludar a Illaramendi. Otros, cómo él, según cuenta, mantuvieron una distancia que, sin ser hostil, buscaba proyectar el escaso agrado que les causaba la cercanía de Illaramendi con el Gobierno revolucionario. 

Entre quienes se mostraron más atentos con Illaramendi durante la velada, dice esta fuente que pidió no ser identificada, destacó Piero Montelli, hijo de un inmigrante italiano nacionalizado en 1957, dedicado a la construcción, quien junto a sus dos hermanas, su madre y su padre, vivía en un apartamento de la urbanización La Boyera, al sureste de Caracas.

“Montelli fue uno de los que más atención le brindó a Pancho. Creo que se acercaron más desde ese momento y comenzaron a hacer sus negocios. A Montelli le cambió la vida”, señala uno de los invitados al reencuentro.

Realmente Illaramendi solo estudió con ese grupo del Colegio de Los Arcos que se reencontraba esa tarde hasta sexto grado, debido a que su padre, Ramón Illaramendi, miembro del partido democristiano Copei, fue enviado como embajador a Estados Unidos en los ochenta durante el gobierno del presidente Luis Herrera Campins.

“Yo le perdí la pista a Illaramendi hasta que supe que tenía su fondo y lo contacté e hicimos las transacciones a través de la sociedad de corretaje que manejaba en Caracas (Inverplus)”, recuerda Montelli para tratar de zafarse de esa cercanía con Pancho, aunque los documentos de la corte y fuentes consultadas dicen lo contrario.

El camino al ascenso

Montelli, tras comenzar a estudiar ingeniería en la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) desertó y se cambió a Contaduría Pública, cuenta un amigo del bachillerato con quien habla muy eventualmente, pero quien prefirió reservar la identidad. Antes de culminar esa carrera laboraba en el call center del Banco Provincial y más tarde, ya con el grado de contador público, en la firma Espiñera, Sheldon y Asociados. A mediados de los noventa se movía en el pequeño mercado bursátil caraqueño con Interactivos Servicios Financieros, donde trabajó de 1986 a 1989 junto a un experto financiero como Alejandro Lara Anzola, así como con Julio César Polanco Fitzgerald, quien en la actualidad es su socio en negocios en Argentina.

Cuenta otro de los ex compañeros de clases que Montelli, tras sufrir un atraco, decidió emigrar a Canadá. Ya para entonces se había casado con Maribel Aizpun Vásquez, una joven cuyos padres eran propietarios de un pequeño colegio privado.

Regresó a Caracas y en 2003 se involucró en los primeros negocios con dólares que empezaron a realizarse en Venezuela en medio del control de cambio.  Ya para entonces parecía que la fortuna le había sonreído. “Siempre fue muy hábil y de buen olfato para los negocios”, dice la persona que lo conoció en primaria y secundaria.

“Es verdad que mi vida cambió”, responde al preguntársele por su ascenso social. “Hice buenos negocios, como muchos hicieron buenos negocios allá en Venezuela”, comenta para referirse a las oportunidades que el control de cambio y el mercado de las permutas ofreció a hombres de finanzas venezolanos desde 2003, año en que se implementó el sistema.

Los compinches

Documentos de la corte e información hallada en registros de empresas en el estado de Florida, Estados Unidos, revelan que la cercanía con Illaramendi no solo se enmarcó alrededor de MKG.  Desde abril de 2005, según la demanda impulsada por el síndico, Montelli e Illaramendi, trataron de asociarse con Manuel Oliver y Javier Marín, también ex alumnos del Colegio Los Arcos, en la junta directiva de una empresa denominada Weston International Bakery LLC, que era la propietaria de la franquicia Don Pan en Florida. 

De acuerdo con el síndico, en 2005, desde el inicio del fraude, comenzaron las operaciones de Pancho y Montelli en torno a los fondos administrados por el primero, creando una serie de empresas de papel e incluso falsificando documentos para tapar el hueco financiero. Allí se desatan los nudos de una historia común, que se rompería en 2011.

“Para 2005 yo no tenía una casa de corretaje”, apunta Montelli, quien insiste en destacar que la demanda del síndico presenta hechos exagerados para tratar de presionar la recuperación de la mayor cantidad de recursos posibles.

Como parte de su argumentación, Carney –quien, a raíz del esquema Ponzi de Illaramendi, se ha convertido en un verdadero cazador de inversionistas venezolanos– promovió como prueba el extracto del intercambio de correo del 7 de diciembre de 2006, en el que Montelli solicita la cancelación de una suma de dinero proveniente de las ganancias de los negocios de ambos, para pagar una deuda que mantenía con su suegro, quien le prestó para la compra de un apartamento. Ante esta solicitud Illaramendi respondió: “Compinche, yo hago otras transferencias que deben salir mañana. Yo puedo hacer esto por ti la próxima semana, pero solo para que quede claro, en esta operación no había dinero para ‘participación en las ganancias’. No va a haber dinero para la participación en las ganancias hasta que el otro se recupere”. Su amigo le respondió: “Yo sé que no hay una participación en las ganancias… Pero esto es parte de una conversación en la que de manera amistosa acordó enviar una actualización.... Si el problema es el título, lo llaman el lavado de dinero o una estructura financiera de un tercer mundo”. Para el síndico esa última frase fue una evidencia que Montelli sabía a lo que jugaba.

Según la información proporcionada por Carney en el escrito presentado en la Corte del Distrito de Connecticut en julio de 2013, Montelli, en el transcurso del fraude envió correos electrónicos y llamó regularmente a Illaramendi y a otros miembros y empleados MKG y High View Point Partners, la otra firma del hombre de finanzas venezolano nacionalizado estadounidense, “con el fin de negociar y ejecutar las transferencias a su nombre, los demandados y otros, y participa en otros negocios, tratos en nombre de sí mismos y de sus asociados”, entre ellos Romeo Mouwad y la esposa e hijos de este.

Dice el síndico que en ocasiones Montelli se comunicaba con Illaramendi a través de un correo electrónico personal y lo llamaba “Uniqua Backyardigan”, “nombre que deriva del viejo dibujo animado transmitido por Nickelodeon”.

Mientras esto ocurría en las conversaciones privadas reveladas en la corte, a los fondos de Illaramendi seguían ingresando recursos como los de un ex compañero de estudios, Antonio Sinopoli, quien le confió 850.000 dólares, o los seis millones de la empresa Vertra, fundada por el ex ministro copeyano de Energía y Minas, Humberto Calderón Berti, amigo de su papá, todos a la espera de un rápido y sustancial retorno.

Pero entre diciembre de 2010 se vino abajo la pirámide que ya en diciembre de 2005, con un hueco financiero inicial de un poco más de cinco millones de dólares, se tambaleaba soportada sobre decisiones que solo lograron retardar la caída. En su derrumbe arrastró consigo pérdidas para al menos 70 personas y empresas, entre ellas la más afectada Pdvsa, que reclamó un poco más de $560 millones, la mayoría de ellos recursos provenientes de los fondos de pensiones de trabajadores y jubilados de la petrolera estatal, administrados por el ex vicepresidente de Finanzas, Eudomario Carruyo, y su cercano colaborador Juan Montes. El presidente de Digitel, Oswaldo Cisneros, desistió de reclamar más de $170 millones debido a su cercana relación con Illaramendi.

En enero de 2011, Illaramendi se hallaba bajo el cercano escrutinio de la Fiscalía de Estados Unidos y de la Security Exchange Commision (SEC, por sus siglas en inglés; el equivalente a la Comisión Nacional de Valores), pero aún así, de acuerdo con Carney, Montelli seguía cooperando con su amigo, tratando de salvaguardar recursos mientras las autoridades estadounidenses continuaban indagando. En marzo de 2011, Illaramendi se declaró culpable.

“Pancho no volvió a hablar con Montelli”, afirma una persona cercana a Illaramendi, quien asegura que el hombre, hoy sentenciado a 13 años de cárcel, no generó ninguna pérdida a Pdvsa, ni afectó a las otras personas que depositaron recursos en los fondos de MKG y HVP Partners. “Se declaró culpable porque estaba mal asesorado”, ha manifestado su padre, Ramón Illaramendi, en otras ocasiones.

El 13 de octubre de este año, la Corte del Distrito de Connecticut pidió a los abogados de la firma Baker&Hostetler, asistentes del síndico Carney, retirar los documentos del caso Illaramendi o de lo contrario serían destruidos. El sentenciado promovió el 23 de octubre una solicitud para evitar la eliminación de esos papeles porque debe revisarlos para preparar su apelación. “De pronto allí están las evidencias que comprueban las negociaciones realizadas por Montelli para salirse del caso”, comenta la persona allegada al hoy prisionero. Pero desde el otro lado del teléfono, Montelli reafirma que no tuvo ninguna negociación. Expresa que lo de Carney fue un relato exagerado para tratar de recuperar la mayor cantidad de recursos posibles. “Cómo una demanda tan extensa se resuelve en menos de un año”.

El redactor de esta nota escribió a dos de los abogados del síndico y al correo de la página de Carney, pero hasta el cierre de esta edición no se recibió una respuesta acerca de las razones que llevaron a desestimar, en 10 meses, el caso contra Montelli.

Mejores Aires

El proceso contra Montelli lo siguió, aunque por un breve tiempo, al país que escogió como destino en 2011, justo cuando Illaramedi caía en desgracia: Argentina. En octubre de 2013, Carney presentó un exhorto en contra de Montelli en una Corte Mercantil de Buenos Aires. Solicitó información de migración y otros datos del contador venezolano que ya para ese momento llevaba tres años en el negocio eléctrico argentino.

Entre diciembre de 2010 y noviembre de 2013 asumió participación como directivo en tres empresas, junto a su esposa Maribel Aizpun de Montelli y su socio Julio César Polanco Fitzgerald. En 2011, acordó con el también venezolano y quien fuera su vecino en La Boyera en la época de la adolescencia, Miguel Alfredo Mendoza, asociarse para la compra de tres empresas pertenecientes a la norteamericana AES, las distribuidoras Edelap y Edes, más la generadora Central Dique, por un monto estimado en 20 millones. Pero en la actualidad, pese a que sus oficinas funcionan en el mismo edificio, Montelli asegura que ya no trabaja con Mendoza, un abogado graduado en la Ucab, con amplia experiencia en el sector de la energía eléctrica gracias a su trabajo en la transnacional Ashmore. Afirma que mantuvo en operación durante tres años una unidad generadora por la cual el Estado argentino le cancelaba un servicio. Pero como parte del convenio ya entregó el equipo a la autoridad eléctrica del sur, por lo que se encuentra en búsqueda de otros negocios. Desde agosto de 2014 no viaja a Caracas.

Montelli y sus socios venezolanos tuvieron nexos con Alejandro Ivanissevich, un empresario argentino con buena entrada al todopoderoso ministro de obras públicas en los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Julio De Vido. Sin embargo, niega cualquier vinculación con los sectores políticos argentinos o venezolanos, si bien reconoce que en Argentina todo cambia muy rápido, aunque quizás no tanto como evolucionó su caso en la Corte de Connecticut, donde pasó de ser un cómplice fundamental en una estructura fraudulenta a una persona libre de juicio o condena.

(*) Hugo Alconada aportó algunos datos para este reportaje desde Buenos Aires, Argentina.