La oficina de Glencore en la sede central de Appleby en Bermuda no era muy llamativa.

Situada frente al baño de mujeres, la sala dedicada a una de los clientes offshore más importantes del despacho se componía por un archivero, una computadora, un teléfono, una máquina de fax y una chequera. Una vez, en 2009, se convirtió brevemente en un espacio para fiestas. “Es mi cumpleaños”, escribió el anfitrión. “El pastel está en el segundo piso, en la Sala Glencore”.

Pero, aún siendo modesta, dicha sala contenía una gran cantidad de secretos.

“Glencore” se refiere a Glencore Plc., uno de los conglomerados de minería y agricultura más grandes del mundo. Ocupa el lugar número 16 en la lista Forbes Global 500 de las empresas más grandes a nivel internacional y el año pasado obtuvo ingresos por más de 170.000 millones de dólares. Es el operador de materias primas más grande del mundo: proveedor de zinc y cobalto, comerciante de trigo y de garbanzo, sus productos afectan prácticamente a cualquiera que haya manejado un automóvil, usado un teléfono inteligente o incluso comido una rebanada de pan.

 Glencore también ha recibido la atención de oficinas gubernamentales que por años han investigado, multado y criticado al gigante de las materias primas. 

Una nueva filtración de información financiera offshore que empieza en la Oficina Glencore pero va mucho más lejos ha tumbado la cortina y algunos de sus más grandes secretos quedan al descubierto para su escrutinio.   

La información surgió de las oficinas del despacho de abogados offshore Appleby y el proveedor de servicios corporativos Estera, el cual operaba de manera conjunta bajo el nombre de Appleby hasta el 2016. Copias de más de 6,8 millones de archivos que documentan décadas de actividad dentro de la sede en Bermuda y otras oficinas fueron obtenidas por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartidas con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por su sigla en inglés) así como con 94 medios de comunicación asociados.  

Los archivos sobre Glencore contienen correos electrónicos confidenciales, actas del Consejo Directivo, diagramas de restructuración impositiva, contratos de préstamos multimillonarios, acuerdos de venta y conversaciones abiertas sobre qué reglas se podían o no corromper como parte del debate riesgo-beneficio.

Los registros ilustran como un coloso global, asistido por su despacho de abogados offshore de mayor confianza, utiliza paraísos fiscales para llevar a cabo sus lucrativos tratos en secreto, incluso cuando ejerce una vasta influencia en partes del mundo ricas en recursos y a la vez plagadas de corrupción. Los documentos de Appleby muestran que Glencore desvió millones de dólares a través de las Bermudas y otros paraísos fiscales mientras eludía declaraciones de impuestos y litigios en Europa y el Caribe.

No obstante, es en el país más pobre del mundo –la República Democrática del Congo (RDC), donde Glencore adquirió intereses en una importante mina de cobre– donde la larga trayectoria de Glencore se revela en los documentos lo más detalladamente. A lo largo del tiempo, investigadores han intentado reconstruir la magnitud de la relación entre Glencore y Daniel Gertler, un empresario israelí con amigos en altas esferas de la RDC, quienes ayudaron a Glencore a negociar el acceso a la rebosante mina Katanga. Las nuevas revelaciones, puestas al descubierto en más de mil páginas de documentos, presentan cómo Glencore prestó 45 millones de dólares a una compañía controlada por Gertler después de reclutarlo en los esfuerzos para cerrar el trato de la mina con autoridades congolesas.  

Los archivos filtrados proporcionan la prueba más detallada hasta el momento del cabildeo que realizan los gobiernos tras bastidores y de los flujos de capital que ayudaron a Katanga, mina en la que Glencore era accionista en ese momento, a adquirir licencias mineras. Al mismo tiempo, se plantean nuevas preguntas sobre cómo y por qué Katanga, posteriormente adquirida por Glencore, pagó un precio que los críticos han considerado menor a su valor real.

En respuesta a las preguntas realizadas por ICIJ, Glencore dijo que el precio de las licencias mineras reflejaba la cantidad acordada antes de que Gertler entrara a formar parte de las negociaciones y dijo que el préstamo a la compañía controlada por Gertler fue "realizado en términos" con las disposiciones estándares vigentes.

Glencore también dijo que, a excepción de tres, recientemente movió todas sus entidades comerciales de las Bermudas a Suiza o al Reino Unido.

La mina Katanga

A inicios de este siglo, la República Democrática del Congo era un lugar caótico. Una larga guerra civil terminó en 2003 y en 2006 se llevaron a cabo las primeras elecciones en 40 años. Bajo el liderazgo del presidente Joseph Kabila, la República Democrática del Congo estableció un comité para revisar los contratos mineros con compañías extranjeras. La revisión provocó el desconcierto de los consejos directivos en Europa, Asia y las Américas, incluyendo las oficinas de Katanga Mining Ltd.

La compañía minera con sede en Canadá poseía derechos sobre los valiosos depósitos de cobre en la República Democrática del Congo y Glencore, desde ese tiempo accionista de Katanga, tenía los ojos puestos en la mina con un entusiasmo cada vez mayor.

A principios de 2008, con la inminente revisión de los contratos de la RDC y con la inversión de cientos de millones de dólares en juego, Katanga y sus accionistas tuvieron que actuar.

Inicialmente, Katanga creía tener poco de qué preocuparse, de acuerdo a uno de los cientos de momentos capturados “en vivo” en las actas de reuniones en el archivo de clientes de Appleby. A pesar del "tono político" del comité de revisión establecido por el gobierno, en febrero de 2008 el presidente ejecutivo de Katanga le dijo al resto de los miembros del consejo directivo que era poco probable que el país quisiera tener una participación mayor en la empresa en virtud de la alianza estratégica (joint venture) existente.

Sin embargo, meses después, el organismo gubernamental encargado de negociar las concesiones mineras a inversionistas privados comenzó a insistir cambios en los programas de ejecución propuestos por Katanga. La compañía minera del gobierno congolés planteó una serie de contrapropuestas "bastante inaceptables", según acordó la junta directiva de Katanga en una reunión en junio de 2008.

Y entonces a la junta directiva se le ocurrió un plan.

"Dan Gertler, quien tenía un interés indirecto sustancial en la compañía, debería recibir un mandato de la Junta para negociar con las autoridades de la RDC", acordó la junta directiva de Katanga en un almuerzo de trabajo el 23 de junio, celebrado en el hotel Hilton cercano al aeropuerto de Zúrich, Suiza. Entre los miembros de la junta de Katanga se encontraba el accionista y director de Glencore, Aristotelis Mistakidis.

Gertler, un distribuidor israelí de diamantes y cobre que mantenía sus acciones en Katanga a través de un fideicomiso offshore, estaba bien conectado en la República Democrática del Congo. Era particularmente cercano a la mano derecha del presidente Kabila, Augustin Katumba Mwanke. Los abogados de Gertler le dijeron al Consorcio (ICIJ) que los dos hombres establecieron "un trato personal" sólo después de que Katumba se retirara del gobierno.

Conocido por muchos congoleños como "Dios Padre" (God the Father), Katumba también era conocido por ser el contacto ideal para quien buscara acceso a las enormes reservas de recursos naturales de la República Democrática del Congo.

En una ocasión, Gertler, Katumba y sus familias vacacionaron juntos en un yate por el Mar Rojo antes de que Katumba ingresara a un hospital israelí para un tratamiento quirúrgico. Después de que fallara la cirugía, Katumba entró en coma por lo que Gertler apresuradamente llevó a 13 médicos, incluidos tres de Londres.

"Durante los 12 días que permanecí en el hospital, Dan no me abandonó", posteriormente escribió Katumba en sus memorias. "Dejó todo, su negocio, su familia, su vida. Permaneció a mi lado día y noche ". En palabras de Katumba, Gertler le salvó la vida.

A nivel internacional, la cercanía de Gertler con el régimen ha atraído el escrutinio público. En 2001, dos informes de las Naciones Unidas sobre la explotación de los recursos naturales en la República Democrática del Congo, incluidos “diamantes de conflicto" o piedras preciosas que se intercambian para financiar ejércitos enemigos, describieron la amistad de Gertler con Kabila e informaron que una de las compañías de Gertler recibió un monopolio minero de diamantes valuado en 600 millones de dólares por sólo 20 millones de dólares. Uno de los informes argumentaba que, como parte del negocio de los diamantes, Gertler acordó entregar armamento a las fuerzas armadas congoleñas durante la época en que los ejércitos nacionales en disputa, las milicias y los caudillos militares mataban y violaban indiscriminadamente, de acuerdo a los observadores de derechos humanos.

Años después, en 2013, un grupo de expertos dirigido por el exsecretario general de las Naciones Unidos Kofi Annan hizo referencia a las compañías de Gertler en un reporte acusándolas de adquirir activos mineros de la RDC por cerca de un sexto de su valor comercial.

Los abogados de Gertler dijeron a ICIJ que el empresario negó las acusaciones de los reportes de la ONU del 2001 y dijo no haber tenido oportunidad de réplica antes de su publicación. La ONU no lo ha mencionado desde el 2011, dijeron sus abogados. Respecto al reporte de 2013, los abogados de Gertler dijeron que las compañías del grupo empresarial tampoco tuvieron oportunidad de responder a las acusaciones, las cuales “rechazan categóricamente”.

“El señor Gertler es un empresario respetable que aporta la vasta mayoría de su riqueza y tiempo a los necesitados, así como a diversas comunidades, por un valor igual a grandes sumas de dinero”, dijeron sus abogados al Consorcio (ICIJ). “Sus transacciones de negocio se llevan a cabo de manera justa y honesta y en estricto apego a la ley”.

Optimismo, angustia y perseverancia

The Financial Times, Bloomberg, la ONG anticorrupción Global Witness y otros han pasado años reuniendo casos que involucran a Glencore, Gertler y a los líderes de la RDC con la finalidad de entender cómo uno de los países más ricos en recursos naturales de todo el mundo ha permanecido tan pobre. Ahora, la filtración de archivos de Appleby revela un recuento mensual de la forma en que Glencore dependió de la intermediación de Gertler. 

Poco después de aquel acuerdo en junio de 2008 en Zúrich sobre reclutar a Gertler, Katanga celebró buenas noticias. “Dan Gertler cumplió satisfactoriamente su mandato”, anunció a la junta directiva el director general saliente durante una teleconferencia el mes siguiente, de acuerdo a los archivos internos de Appleby. “Las reuniones de los pasados dos días fueron extremadamente productivas”.

Un nuevo Memorándum de Entendimiento solicitaba un pago adicional al gobierno por 10 millones de dólares en regalías futuras a cambio de un acuerdo, pero, a pesar de todo, la junta directiva de Katanga expresó su aprobación.

En octubre de 2008, Glencore nombró al gerente general Steven Isaacs como director ejecutivo interino de Katanga. Poco después, la compañía minera estatal de la RDC regresó con más exigencias, incluyendo “dineros adicionales” por un total de 585 millones de dólares en un bono por subscripción (signing bonus).

Para resolver ese “asunto de vital importancia”, la Junta decidió que cuatro ejecutivos de Katanga, incluidos Isaacs y Mistakidis, de nuevo “sostuvieran una conversación con Dan Gertler”.  

Mientras los directivos se preocupaban por las solicitudes de más dinero por parte del gobierno, la compañía se encontraba corta de liquidez. Los registros muestran que estaba en la búsqueda de dinero de potenciales inversionistas para mantener a la compañía funcionando.  

Y entonces llegó dinero caído del cielo.  

Un préstamo oportuno

En febrero de 2009, Katanga notificó a la Bolsa de Valores de Toronto sobre un considerable préstamo millonario de Glencore y otros, incluyendo Lora Enterprises, una compañía en las Islas Vírgenes Británicas propiedad de un fideicomiso beneficiando a la familia Gertler. Los detalles proporcionados al respecto fueron pocos.

No fue sino hasta 2014 que Global Witness, la organización anticorrupción sin fines de lucro con sede en el Reino Unido, publicó documentos mostrando que Glencore había prestado el capital a la compañía de Gertler que a su vez había hecho el préstamo a Katanga. La compañía de Gertler y Glencore además adquirieron nuevas acciones en Katanga.

Ahora los documentos e intercambios descubiertos en los archivos de Appleby proveen mayor información sobre cómo el préstamo de Glencore a la compañía de Gertler mantuvo al ya bien posicionado israelí cercano a Glencore como un accionista dentro de Katanga, mientras Katanga terminaba los últimos meses de negociación con el gobierno de la RDC.

Así es como se dieron los préstamos: el 9 de enero de 2009, cuando las negociaciones con la RDC se convulsionaban, Glencore envió documentos a sus abogados en Bermuda entre los cuales se encontraba uno denominado hoja de términos. “Glencore deberá usar su voto en la junta directiva de Katanga para garantizar que Dan Gertler sea exclusivamente encomendado para asistir a Katanga en finalizar los términos de la alianza estratégica”, indicaba la hoja de términos.

Un documento autorizaba a los abogados internos de Glencore y Mistakidis, el director de Glencore quien también formaba parte de la Junta Directiva de Katanga, aprobar un préstamo bianual por 45 millones de dólares a Lora Enterprises.

La hoja de términos muestra que Glencore tenía el derecho a exigir el reembolso del préstamo si la alianza estratégica que Gertler estaba ayudando a negociar con la RDC no se concretaba dentro de pocos meses. En otras palabras, el préstamo de 45 millones de dólares de Glencore a Gertler dependía de que las autoridades de la RDC aprobaran un acuerdo con Katanga.

“El préstamo a Lora refleja los términos apropiados negociados con base en condiciones equitativas”, respondieron los abogados de Gertler a ICIJ y sus socios, agregando que no es poco común que las transacciones mineras en África exijan al prestamista reclamar el reembolso del préstamo si la alianza estratégica fracasa. El préstamo Lora se amortizó completamente en 2010 y “ni Lora Enterprises ni el señor Gertler ni ninguna compañía o persona relacionada con ellos recibió los fondos del préstamo directamente”, dijeron los abogados.

En marzo, dos meses después de que la hoja de términos fuera aceptada, el director ejecutivo de Katanga anunció a la junta directiva que se había reunido con Gertler en Kinshasa, la capital congoleña. “Como resultado…Katanga realizó revisiones a las propuestas resolviendo la mayoría de los temas” con las autoridades de la RDC, de acuerdo a la minuta de la reunión.

No sólo se avanza con el acuerdo, dijo el director ejecutivo, sino que Katanga también ha convencido a la RDC de aceptar un bono de suscripción de 140 millones de dólares, en lugar de uno de más de 580 millones de dólares. La reducción del bono significaba que Katanga habría pagado un cuarto de lo que otras compañías mineras habrían pagado en promedio por tonelada de cobre en ese tiempo, de acuerdo a Elisabeth Caesens, una experta en acuerdos mineros congoleños quien revisó los documentos filtrados.

El acuerdo Katanga-RDC fue firmado en julio de 2009, semanas después de que Glencore había incrementado una vez más sus acciones en Katanga, hasta una cantidad aproximándose al control total de la compañía.

“Glencore básicamente le otorgó un préstamo de 45 millones de dólares al señor Gertler bajo la condición de que pudiera cerrar un acuerdo crucial con las autoridades congolesas”, explicó Caesens.

“Al hacerlo, Glencore ignoró las muchas señales de alarma que debieron haber surgido por los antecedentes y vínculos del señor Gertler y se expuso al riesgo de incumplimiento de leyes anticorrupción”, dijo Caesans, quien asesora al Carter Center, la organización en defensa de los derechos humanos sin fines de lucro fundada por el expresidente estadounidense Jimmy Carter.

Durante una reunión anual de la compañía, el presidente de Glencore le dijo a socios de ICIJ que las comprobaciones de antecedentes de Gertler fueron “amplias y extensas”. Abogados de Gertler dijeron “de manera clara e inequívoca” que las acusaciones de que los préstamos fueran usados para realizar pagos corruptos eran “falsas y sin fundamento alguno… el señor Gertler enérgicamente las rechaza por completo”. 

Katanga no recibió trato preferencial en su alianza estratégica como resultado del involucramiento de Gertler, aclararon sus abogados al Consorcio y sus medios asociados. Todas las negociaciones fueron realizadas de buena fe, dijeron los abogados.

En febrero de 2017, Glencore compró las participaciones de Gertler en importantes minas de la RDC, incluyendo Katanga, por más de 500 millones de dólares. Entre aquellos que observan de cerca a Glencore, el movimiento fue ampliamente considerado como un esfuerzo de la compañía para distanciarse de Gertler.

Despues de diez años de negociaciones, emprendimientos en hoteles aeroportuarios y miles de páginas de documentos circulando entre compañías offshore, Glencore y la RDC ahora son prácticamente dueñas de la mina Katanga en su totalidad.

Cinco meses antes de que Glencore comprara la participación de Gertler, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos resolvió un caso, conforme a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por su sigla en inglés), contra el hedge fund Och-Ziff Capital Management Group con sede en la ciudad de Nueva York. El Departamento de Justicia discutió Lora Enterprises, a quien la resolución de la disputa describe como controlada por un israelí no indentificado “socio de la RDC” y muy posiblemente Gertler.

El Departamento de Justicia alegó que una compañía de Och-Ziff prestó 110 millones de dólares a Lora Enterprises en noviembre de 2010 y que desde ese mes y hasta febrero de 2011, “el socio de la RDC causó que se hicieran pagos corruptos por aproximadamente 20 millones de dólares a varios funcionarios”, incluyendo a un “funcionario de la RDC 2”  no identificado, quien se cree es Augustin Katumba Mwanke. En septiembre de 2016, una filial de Och-Ziff se declaró culpable y acordó pagar 413 millones de dólares en multas y penalizaciones.

El acuerdo al que llegó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con Och-Ziff “no constituye como evidencia de nada en contra del señor Gertler”, dijeron sus abogados. “En la medida en que dicho acuerdo se presuma estar relacionado al señor Gertler, se hizo sin su participación ni oportunidad alguna de proveer cualquier comentario…el señor Gertler absolutamente rechaza cualquier acusación de ofensa o criminalidad en su contra”. El presidente Joseph Kabila no respondió a repetidas peticiones de comentario. Katuma murió en un accidente aéreo en 2012.

Lora Enterprises no fue acusada de ningún delito en el caso Och-Ziff, el cual no involucró a Glencore.

Un titán corporativo

Las agresivas prácticas empresariales de Glencore en el África central postconflicto no sorprenden a nadie familiarizado con la compañía y su historia.

Glencore es la sucesora corporativa de la comercializadora fundada por Marc Rich, el infame financiero que pasó años como fugitivo en la lista de los más buscados del FBI antes de ser indultado por el presidente Bill Clinton en el último día de su mandato, en 2001. 

Un niño refugiado de la ocupación nazi en Bélgica, Rich asistió a escuelas privadas en Manhattan antes de abandonar sus estudios en New York University para trabajar en la compañía comercializadora de metales, Philipp Brothers, ahora PhiBro, donde conoció a su futuro socio de negocios Pincus Green. En 1974, se mudaron a Suiza para conformar Marc Rich + Co AG, posteriormente cambiada a Glencore Xstrata Plc, comericalizadora de hierro y metales, después expandiéndose a petróleo en Rusia y África, granos en Europa y más.

La compañía, como posteriormente la describió un perfil de Vanity Fair, “floreció como prestamista y canjeador con países del Tercer Mundo y el bloque oriental que se encontraban carentes de liquidez o en deuda, pero que contaban con materias primas como garantía las cuales Rich podía obtener y vender con un amplio margen de ganancia”.

En 1983, Rich y Green fueron acusados en Estados Unidos por evasión de impuestos y evadir un embargo comercial con Irán durante la crisis de rehenes. En vez de enfrentar la acusación por 65 cargos, Rich huyó.

Rich continuó a cargo de la compañía hasta 1993, cuando un intento audaz de arrinconar el mercado global de zinc falló, dejando a la compañía con una deuda de 172 millones de dólares. Presionado por sus socios, Rich vendió la mayoría de su participación en 1994 por 600 millones de dólares, según lo reportado. La compañía renació como Glencore, el nombre supuestamente sacado de las primeras dos letras de cada palabra en Global Energy Commodities and Resources.

Glencore tuvo éxito sin Rich y en 2011 empezó a cotizar en la Bolsa de Valores de Londres. De un día para otro, un puñado de sus accionistas mayoritarios se hicieron multibillonarios. El director ejecutivo Glasenberg se volvió tan rico que el pueblo suizo donde vive, Rüschlikon, recortó los impuestos municipales para todos los demás ciudadanos como resultado de tantos impuestos que él pagaba. En 2013, Glencore finalizó la adquisición del gigante minero Xstrata en una de las fusiones corporativas más grande de todos los tiempos en el sector de recursos naturales.

La compañía con sede en Suiza ha trabajado arduamente en restaurar su imagen. Ha fundado programas antimalaria en Zambia, patrocinado un barco a indígenas australianos para investigar sobre tortugas y ayudado a desparasitar vacas, alpacas y llamas en Perú.

Sin embargo, Glencore nunca está alejado de titulares negativos. En años recientes, sus empleados han protestado por presuntas condiciones de trabajo peligrosas y bajos salarios en Canadá, Australia, Burkina Faso, Namibia y Colombia. Científicos australianos vincularon a la compañía minera con la contaminación del aire y la tierra que causó envenenamiento de plomo en niños. Después de acusaciones de evasión de impuestos en Zambia, el banco de desarrollo de la Unión Europea le suspendió préstamos en 2011 a la filial de la compañía con una mina de cobre en Zambia. En las Filipinas en 2012 y 2013 fuerzas paramilitares mataron a tres aldeanos en medio de protestas contra la mina de cobre y oro de Glencore y, en 2017 en Argentina, una corte suspendió temporalmente las operaciones mineras de cobre y oro de la compañía tras quejas por contaminación. En todos los casos, Glencore ha negado las presuntas irregularidades.

Pero Appelby está ahí

Durante todo este tiempo, Glencore ha escogido a Appleby como su abogado offshore por excelencia. 

Appleby trabajó por muchos años para Marc Rich en sus asuntos de negocios, incluyendo bienes raíces, aún después de los cargos imputados en Estados Unidos en 1983. Cuando se dio a conocer la muerte de Rich en junio de 2013, uno de los abogados más antiguos de Appleby envió un correo electrónico al abogado principal de Glencore: “En nombre de los socios y el personal de Appleby, le ruego acepte nuestro más sentido pésame por el fallecimiento del señor Marc Rich. Un verdadero titán empresarial de nuestros tiempos”.

Por mucho tiempo, Glencore fue un cliente mayoritario de Appleby, despacho que convirtió gran parte de su negocio de gestión de patrimonio en 2016 como una compañía independiente llamada Estera. En su conjunto, para el año 2014, la caballería de 107 compañías offshore convirtieron al conglomerado en uno de los clientes más importantes de Appleby.

Glencore trabajó con Appleby  en grandes proyectos con nombres en clave como Project USA (cuando compró al operador de granos más grande Canadá en 2012), Project Great Game (un acuerdo comercial en Rusia) y los proyectos Ranger, Sunset, Everest y Pebble. Un empleado de Glencore le dijo a Appleby que la compañía no tenía un esquema completo que mostrara todas sus entidades en offshore “principalmente porque ocuparía toda una pared :)”.

La Sala Glencore presumía ofrecer a la compañía una “robusta huella física” en las islas Bermudas libre de impuestos, de acuerdo a un correo electrónico de un gerente de Appleby en 2014.

Ese especial salón pudo haber ayudado a la compañía a reducir sus impuestos al despistar a cualquier recaudador fiscal curioso haciéndole creer que desde la isla se llevaban a cabo negocios verdaderos, expertos explicaron a ICIJ.

Glencore cuenta con 800 empleados en su sede suiza. No tenía ningún empleado en su filial financiera en las Bermudas, a excepción de un pluriempleado de Appleby quien se desempeñaba simultáneamente como director sustituto oficial por un “número muy reducido de horas”. El contrato de empleo estaba diseñado para mantener al director por debajo de los requisitos que hubieran requerido el pago de impuestos sobre la renta y contribuciones de cobertura de seguridad social, de acuerdo a una nota de expediente preparada por Appleby en mayo de 2014.

Aunque Bermuda no requiere que compañías offshore como la filial de Glencore en Bermuda sostengan reuniones en la isla para beneficiarse de las generosas exenciones fiscales, muchas compañías lo hacen para comprobarle al “mundo exterior” y a cualquier recaudador fiscal curioso que la operación en Bermuda no es ficticia. Durante una reunión en Suiza en 2014 un alto directivo de Glencore le dijo a empleados de Appleby que los directores de sus sucursales en Bermuda “nunca viajan” a juntas ahí. No hay ningún indicio en los documentos filtrados de que dicha declaración haya suscitado alguna inquietud entre los abogados de Appleby. Es posible que otras empresas como Glencore lo hagan, un director ejecutivo de Appleby le dijo a Glencore, pero sólo debido a “una asesoría impositiva más conservadora”.

Los archivos de Appleby también revelan preocupaciones sobre las exigencias que Glencore, una confiable fuente de ingresos, hizo al despacho en las Bermudas a través de los años.

Una vez en 2006, un abogado de Appleby dijo haberse negado a firmar un documento que declaraba que los préstamos de Glencore a sus sucursales por 2,000 millones de dólares “beneficiarían a las compañías” porque no había leído sus contenidos.

“Esto sí plantea la cuestión sobre nuestra responsabilidad como directores y cómo podemos desahogar asuntas a completa satisfacción tanto del cliente como de nosotros mismos, durante un plazo aceptable y bajo una remuneración razonable”, dijo. “Ese debate riesgo-beneficio se ha convertido en el tema”.

Al final, el abogado firmó el documento como solicitado.

Solicitudes de Glencore de que empleados de Appleby antedataran documentos desencadenó puntos álgidos recurrentes, revelan los archivos de Appleby sobre el cliente. El 6 de mayo de 2009, Glencore pidió a Appleby firmar una moción de aprobación de la junta cuya fecha era el 28 de abril del mismo año. Glencore se comportaba “de manera engañosa desde mi punto de vista”, dijo una administradora en las Bermudas. “¡La lista está creciendo!”, añadió.

Un alto directivo de Appelby se quejó en 2011 porque las solicitudes frecuentes de antedatar los documentos por parte de las secretarias en la sede central de Glencore en Baar, Suiza, estaban poniendo a los abogados en “una situación muy difícil”. Dicho comportamiento incluso les valió un sobrenombre acuñado por los abogados de Appleby: “Las damas en Baar”.

“Glencore ya volvió a sus andadas”, un abogado le escribió a un colega en diciembre de 2013, quejándose de que Glencore estaba haciéndole firmar un documento atestiguando que una compañía había aprobado una decisión antes de, en efecto, hacerlo.  

Ambos lados finalmente acordaron no fechar más los documentos retroactivamente en 2014, de acuerdo a las notas de una reunión en Zúrich que duró 90 minutos.

Antedatar documentos o firmar documentos y después registrarlos con una fecha anterior para que el reloj de los derechos u obligaciones legales empiece a correr antes de tiempo es algo que los abogados ven “una y otra vez” pero es un crimen en algunas jurisdicciones, dijo Douglas Kellner, un abogado y especialista en fraudes financieros en Nueva York.

“Las ocasiones cuando es apropiado hacer eso son muy raras”, dijo Kellner.

Appleby no respondió a las preguntas detalladas pero emitió un boletín de prensa manifestando: “Somos un despacho de abogados offshore que asesora a sus clientes sobre la manera legal y legítima en la que deben conducir su negocio. Nosotros no toleramos comportamientos ilícitos”.

Lejos de Suiza y lejos también de la estancia especial en las Bermudas, los congoleses que viven y trabajan cerca de las minas tienen su propia opinión sobre las operaciones de Glencore que les atañen directamente.

Leonie Kamanda, una supervisora del parque nacional en Kisenda, un pueblo cercano a las operaciones de cobre de Katanga Mining Ltd., ha atestiguado por años como la vegetación del parque se torna amarilla—resultado del escurrimiento mineral de las excavaciones de cobre y cobalto que operan dentro y alrededor del parque, considera. Kamanda trabaja dentro de una reserva protegida de caza en donde conviven hipopótamos, simios, búfalos y operaciones mineras controladas por diversas sociedades corporativas.

Las compañías mineras no respetan el medio ambiente, dijo Kamanda, y la deforestación es abundante. Glencore dice que sus políticas y prácticas ambientales cumplen y exceden los estándares de la industria a nivel internacional.

A pesar de ser la región mineral más rica de la RDC, del 60 al 70% de los habitantes de la región que alberga las operaciones de Glencore viven en pobreza. Pasaron al menos diez años hasta que los pueblos cercanos a la mina tuvieron agua corriente, dijo Christian Sapu Kankonade, un activista de derechos humanos. “La población se encuentra a merced de sus propios medios para sobrevivir”.

Sapu Kankonade ha visto y oído en la televisión a los dueños de las minas cercanas. Mr. Glencore”, los llama. 

“Nosotros somos los que estamos en el terreno”, reclama Daudet Kitwa Kalume, un abogado de derechos humanos en Kolwezi, la localidad más grande cercana a la alianza estratégica minera de Katanga. “Cuando visitas el pueblo, puedes prácticamente leer la miseria en la cara de la gente”.

La riqueza natural en esta parte de la RDC es abundante, dijo Patrick Mbombi, un maestro de secundaria que también coordina una asociación de desarrollo local sustentable. Debería ser un paraíso.

(*)Traducción al español realizada por Univision Noticias para el resto de socios de ICIJ.

Solo fue en 2005 cuando se vinculó a la trasnacional suiza, que entonces firmaba sus primeras compras a futuro con las compañías estatales del aluminio, y justo cuando se negoció el financiamiento para desarrollar la Línea V de Alcasa por 685 millones de dólares. ¿Por qué entonces se le tendría que conocer en esos portones, sitios tradicionales de concentraciones obreras, siendo Wellisch un mercante ante de minerales? Porque algunas veces su oportuna intervención ha salvado la quincena de los trabajadores con dinero fresco que desembolsó a cambio de entregas a futuro, y con ese dinero, ha aplazado la fecha de quiebre de las usinas estatales.

Wellisch no lo esconde. El 23 de agosto de 2010 protagonizó un evento, sin duda inusual, en el Teatro Orinoco de Venalum. Entonces se presentó en una reunión de Control Obrero y reveló que había negociado contratos a futuro con Venalum por 180 millones de dólares y que la producción se entregaría en tres o cuatro años. En la reunión Wellisch aclaró que el representante de Glencore en Venezuela era Palmat C.A. Luego de dar respuestas a las demandas de los trabajadores, ofreció desde transporte para los hijos de los empleados hasta apoyar la unidad de quemados, como parte de su política de responsabilidad social empresarial.  

En 2007, sin embargo, el nombre de Wellisch sonaba menos a Mesías. Al menos era así en un informe que Carlos Lanz Rodríguez, el sociólogo que entonces presidía Alcasa y lideraba un experimento fallido a la postre de cogestión, presentó ante la Asamblea Nacional. En el papel denunciaba la existencia de cárteles entronizados en la región que monopolizaban las actividades productivas en las empresas de aluminio, hierro, oro y diamantes en el sur de Venezuela. Señalaba sin cohibirse a Glencore A.G. y a Roberto Jorge Wellisch, quien, en palabras de Lanz, “funciona bajo la cobertura de la empresa Palmat C.A.”. Titular de un día: fracasada la cogestión y con Lanz fuera de su cargo gerencial, nadie se ocupó de investigar ni una letra de la denuncia.

En el Informe confidencial sobre la compañía Glencore en Venezuela, aparecido el 14 de febrero de 2007 en www.aporrea.org y que presentó originalmente ante la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional, Lanz se refería a la mala conducta de la trasnacional en los siguientes términos: “Glencore coordina y lideriza el cártel del aluminio en Venezuela, agrupa a estas empresas ya mencionadas y se distribuyen buena parte de la producción del aluminio. Según los traders de la competencia, Glencore y sus empresas asociadas juegan duro y sucio, como norma, en todos los países. Por regla general, los agentes de Glencore poseen un estilo agresivo y utilizan el soborno, el chantaje, el manejo de medios de comunicación para desprestigiar o destruir reputaciones. Se mueven con agilidad y eficiencia en el terreno de la corrupción de funcionarios y el lobby político”.

La conexión K

Tres años después el nombre de Roberto Jorge Wellisch también quedó expuesto por el escándalo de los presuntos pagos de comisiones en los negocios argentinos-venezolanos. El exembajador argentino en Caracas, Eduardo Sadous, reveló que empresarios de su país se veían obligados a hacer un pago de 15 por ciento en comisiones para la venta de maquinarias agrícolas al Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT) de Venezuela, entonces a cargo de Elías Jaua; y la desaparición momentánea del dinero de un fideicomiso depositado en el Banco Nacional de Desarrollo de Venezuela (Bandes). 

La negociación comenzó en una feria agrícola realizada en Barinas y a la que asistieron los directivos de Palmat y de la competencia, la trader brasileña Cotia, además del ministro de Planificación, Julio De Vido –asumido ya como una especie de superintendente ad hoc de los negocios con Venezuela-, la embajadora Nilda Garré, el entonces lugarteniente de De Vido, Claudio Uberti y el agregado comercial de la embajada, Alberto Álvarez Tufillo, entre otros. El negocio ya tenía la venia de los presidentes Nestor Kichner y Hugo Chávez. Un acuerdo binacional refrendaba el acuerdo.

El alto gobierno argentino, es decir, Julio De Vido, ministro de Planificación de Argentina, y Claudio Uberti, otro funcionario también involucrado con el caso de la valija de Guido Antonini Wilson; y representantes del propio Presidente Hugo Chávez, acordaron otorgar la exclusividad de los “contratos de agencia” a dos empresas: Palmat Internacional S.A., creada en 1995 pero que luego del escándalo del maletín donde estuvieron implicados Uberti y Guido Antonini Wilson, entre otros, fue sustituida por la subsidiaria PalmatIntertrade S.A.; y Madero Trading, registrada en  agosto de 2007. Palmat Internacional S.A. era representada por Roberto Jorge Wellisch y Francisco José Carrasquero; y Madero Trading era del argentino José Ernesto Rodríguez.

A través de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma) se presentaba a los industriales agremiados las necesidades del gobierno venezolano y se establecía el vínculo con funcionarios designados por De Vido y Uberti, quienes además avalaban a las empresas argentinas favorecidas con los contratos de venta de maquinaria agrícola. Estas empresas contactaban al presidente de Palmat, ahora PalmatIntertrade S.A., Roberto Jorge Wellisch, como intermediario (aunque señalaron que todas las negociaciones las hacían con Francisco Carraquero), y posteriormente se concretaba la firma del contrato con la Corporación Venezolana Agrícola (CVA) y el desembolso de los recursos por parte del Bandes.

Un episodio con dudosa explicación fue la desaparición por algunas semanas de los 84 millones de dólares destinados a un fideicomiso, también alertada por el exembajador Eduardo Sadous.

¿Qué relación tiene este episodio con el pago de comisiones por parte de los comerciantes argentinos? En el marco del acuerdo bilateral, entre 2005 y 2008, Pdvsa recibió pagos de parte de Camessa –Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico de Argentina- por 554 millones de dólares por venta de combustible, dinero que se depositaba en la cuenta del Bandes. Esos recursos se desembolsaron para pagos realizados por la CVA por maquinarias agrícolas a las empresas argentinas.

Las empresas que vendieron maquinarias agrícolas a Venezuela habrían de pagar 40 millones de dólares en comisiones a las intermediarias Palmat y Madero Trading, según la denuncia de Sadou. Se dice que ganaron 43 millones de dólares, como pago de servicios para allanar la burocracia venezolana y trasladar las maquinarias desde el puerto hasta el destino final dentro de Venezuela en algún estado llanero del país.

Vínculos financieros

Pero aún falta un tercer capítulo donde coinciden los mismos protagonistas. El representante de Madero Trading, el argentino José Ernesto Rodríguez, también era representante del Banco Guayana en Argentina. Roberto Jorge Wellisch formaba parte de la Junta Directiva de ese banco en Puerto Ordaz (estado Bolívar) y la sede argentina del Banco Guayana estaba en el mismo domicilio de Madero Trading. El presidente del Banco Guayana, para el momento, era otro argentino llamado Oscar Eusebio Giménez Ayese. José Ernesto Rodríguez, también era representante de Impsa, empresa que en 2008 comenzó a operar en la repotenciación de la central hidroeléctrica Macagua I, en el estado Bolívar.

En el diario argentino Clarín, del 13 de agosto de 2010, se afirma que según los datos obtenidos por la diputada opositora y excandidata presidencial, Elisa Carrió, existe otro vínculo entre Roberto Jorge Wellisch y, esta vez, el presidente de Fluviomar, Andrés René Guzmán, quien “tuvo participación en la empresa americana ACBL donde en Venezuela, Roberto Wellisch tenía intereses. ACBL ya domina el transporte por el río Orinoco en Venezuela. También el presidente del Banco Guayana para el 2007, Oscar Giménez Ayesa, “tiene intereses” en ACBL y fue uno de los intermediarios del polémico fideicomiso. Además, Paloma Loewenthal y Juan de Dios Santucchi (socios de Palmat S.A.), fueron ejecutivos de ACBL Argentina”.

Los vínculos siguen. Según Carrió, Wellisch “adquirió, junto a dos socios más en el 2006, por 32 millones de dólares, los intereses que la firma American Commercial Lines Inc. tenía en ACBL de Venezuela, según un registro de la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU”. Paralelamente a esa compra, ACBL Hidrovías S.A. de Argentina tiene sus oficinas en la misma dirección (Leandro L Alem 1.010 de Buenos Aires), que Fluviomar y Palmat S.A.“De lo descrito se desprendería que el mismo grupo empresario coincidió en ACBL Venezuela, ACBL Hidrovías, Palmat y Fluviomar/Fluvioalba”, finaliza la denuncia de Elisa Carrió.

Las empresas de Wellisch en Venezuela agrupan a diversas razones jurídicas con sede en Puerto Ordaz, estado Bolívar. Muchas de ellas tuvieron relación crediticia con el Banco Guayana, extinto luego de su fusión con el Banco Caroní en diciembre de 2012. Este último absorbió la cartera de negocios del Banco Guayana.

Fuentes señalan que la absorción del Banco Guayana por el Banco Caroní fue el mecanismo idóneo para limpiar el nombre de la entidad financiera. El actual presidente del Banco del Caroní es Arístides Maza Tirado y otro de los directivos es Bernardo Kabche, representante del Banco Guayana. La Junta Directiva del Banco Guayana estaba conformada por doce personas, de las que siete siguen activas en el Directorio del Caroní. en su Junta Directiva.

La única defensa de Roberto Wellisch por el caso de las comisiones cobradas a los empresarios argentinos la plasmó en un comunicado que hizo llegar al diario prokirchnerista, página 12, de Buenos Aires. “Llego al otoño de mi vida con una posición sólida gracias a mis esfuerzos cotidianos”, escribió con cierto lirismo. “Soy un hombre de valores y conducta ética. Mi empresa tiene treinta años dedicados a la intermediación comercial. Palmat cuenta con conocimientos e infraestructura que agregan valor a las operaciones de nuestros clientes y aliados. Tenemos filiales y oficinas propias en varias ciudades del mundo. Palmat fue seleccionada de manera individual por treinta y nueve empresas fabricantes de maquinarias agrícolas de la Argentina. La relación profesional fue estipulada en contratos, suscriptos directamente y sin intermediación. Fueron absolutamente legales, firmados y registrados en Buenos Aires en forma voluntaria y transparente. Reafirmo, y está plenamente documentado, que realizamos un trabajo profesional, que la relación profesional estuvo enmarcada en contratos legales y se facturó en forma transparente y legal. Se cumplió con el contrato con un trabajo arduo y sin reclamo de ninguna de las partes”.

Para esta nota se intentó conseguir, sin resultados, una versión personal de Wellisch en Venezuela.

El caso de las comisiones y las denuncias del exembajador Sadou fueron desestimadas por la justicia argentina y en Venezuela nunca se investigó a ninguno de los implicados, pero el nombre de Roberto Jorge Wellisch junto al de Palmat, que es lo mismo que decir Glencore, continúa pronunciándose en Guayana, por donde se le ve pasar solo de vez en cuando.

Clavel Rangel, Ciudad Guayana/ Katherine Pennacchio, Marianela Balbi y Joseph Poliszuk, Caracas

Lea acá la primera entrega de la serie: "Guayana, el feudo de Glencore"

Lea acá la segunda entrega de la serie: "Negociar con aluminio es como montar en carrusel"

Como representantes de Glencore en Venezuela aparecen personeros de otras firmas privadas que le compran a Bauxilum, Venalum y Alcasa, entre las industrias básicas del Estado que actúan en el sector. Es así como los directores de las empresas venezolanas Extrudal, Trefymaca, Alambres del Yaracuy y Armco son los mismos empresarios que hace tres años renovaron, a nombre de la trasnacional suiza, los leoninos contratos a futuro que negociaron por adelantado la producción de aluminio de los últimos años

Son incluso los mismos de la compañía Alloys Metals, cuyo nombre quedó fichado hace cuatro años por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), después de que frustraran un contrabando de 2.063 toneladas que estaba listo para zarpar en las narices de los trabajadores del muelle de Palúa, la puerta de embarque que la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) tiene sobre el río Orinoco.

Fue el 23 de marzo de 2009. El Estado aparta para suministrar a las empresas nacionales un porcentaje de su producción de aluminio para que lo transformen y generen así lo que en la industria llaman un desarrollo aguas abajo. Pero ese día se embarcaron de manera irregular, listas para salir, los despachos de varias empresas, entre ellas Alloys Metals. Su nombre quedó registrado en las actas de la investigación nunca concluida por la Fiscalía Tercera del estado Bolívar, así como en las declaraciones de funcionarios que entonces prometían llegar “hasta el final”.

Venalum rescindió el contrato de las 7.700 toneladas de aluminio que en 2009 había reservado para Alloys Metals pero, al final, la empresa continuó en la cartera de clientes de la Corporación Venezolana de Guayana con el nombre Autana Aluminio, según consta en el expediente 30.910 que reposa en el Registro Mercantil Primero del estado Bolívar.

El nombre de Glencore genera controversia desde que acapara las exportaciones de aluminio junto con Noble Resources. "Hipotecaron la industria", decía ya en 2010 el dirigente sindical de Alcasa, Henry Arias. "Nos preocupan el monopolio y los sobreprecios que pueda haber en estos negociados", añadía José Luis Morocoima desde el sindicato de Bauxilum. En sintonía con ellos, la entonces diputada por el estado Bolívar, Pastora Medina, advertía que “se está privilegiando a empresas sin ningún tipo de licitación".

Al fallecido presidente Hugo Chávez una vez le tocó probar una cucharada de la indignación local contra Glencore cuando, el 16 de mayo de 2010, durante una asamblea obrera transmitida en cadena nacional de radio y TV para juramentar a los presidentes-trabajadores del llamado régimen de Control Obrero sobre las industrias básicas, desde el público se dejó escuchar la consigna: “¡Fuera Glencore!”.

Glencore no es nuevo ni en la zona ni en la industria. Pero que durante los tormentosos años del chavismo y en medio de la animadversión de la comunidad obrera, haya prosperado con tanto éxito en Guayana y se llevara los mejores contratos con el Estado, debe ser un punto a favor de sus representantes. Una muestra de su habilidad aflora al cruzar la data que hay en el sistema SAP de la CVG con el Registro Nacional de Contratistas y los archivos físicos de los registros mercantiles de Barquisimeto, San Felipe, Puerto Ordaz, Valencia y Caracas: los representantes de Glencore se las han arreglado para aparecer también como accionistas de empresas nacionales que actúan en el mercado interno del aluminio.

Puertas giratorias

Está, por ejemplo, la compañía ACBL de Venezuela. La especialidad de ACBL es el transporte fluvial con gabarras, barcazas y remolcadores. ACBL es también la empresa que en 2012 recibió de Bauxilum un cargamento de bauxita cotizado a un precio 66 por ciento menor al precio con que la estatal venezolana lo había comprado en el mercado externo. Inscrita ante el Registro Mercantil Primero del estado Bolívar, tiene su sede en la misma oficina 602 de la Torre Las Mercedes de Chuao, Municipio Baruta, Caracas, donde los representantes de Glencore en Venezuela establecieron su casa de representaciones con el nombre de Palmat. 

Desde el mismo edificio, unos pisos más arriba, despachaban el exministro de Industrias Básicas y Minería, Rodolfo Sanz, quien firmó los contratos a futuro, y su sucesor, José El Chino Khan, máximo responsable de las empresas básicas antes de salir al Banco Central de Venezuela (BCV) y llegar, por ahora, a la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).

En la junta directiva de ACBL de Venezuela destaca el nombre de un empresario argentino-venezolano, Roberto Wellisch. Wellisch y Palmat estuvieron en el mismísimo ojo del huracán durante las investigaciones de prensa que hace tres años se iniciaron cuando el exembajador de Argentina en Caracas, Eduardo Sadous, los nombró como parte de una red de tráfico de influencias que, como un peaje, cobraba comisiones de hasta 15 por ciento en los negocios binacionales que se pactaran entre los gobiernos de Caracas y Buenos Aires.

Wellisch, el directivo de ACBL de Venezuela, pasa por una puerta giratoria y aparece como Wellisch, el representante de Glencore. Pero también Wellisch puede hacer el número de accionista en Trefymaca, Alambres del Yaracuy o Armco. En cada rol impulsa y supervisa un carrusel retroalimentado de permanentes ganancias para Glencore y su propio entorno.

Una potencia extranjera

El diputado por el estado Bolívar, Andrés Velásquez, solicitó el 20 de agosto reciente ante la Fiscalía General de la República una investigación de los contratos de Glencore; el 5 de septiembre volvió a consignar una serie de memorandos que insisten en el tema, y apenas hace unos días consiguió que la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional se comprometiera a voltear la mirada a Venalum y sus irregularidades.

Ninguno de los contratos de venta a futuro con Glencore pasó en su momento por el filtro de la Procuraduría General de la República, como tampoco por los canales de la Asamblea Nacional. Ni siquiera hubo una convocatoria pública; entre sus enunciados incluso colaban cláusulas de confidencialidad.

El intermediario de materias primas más grande del mundo ha sido blanco de la prensa mundial desde que sus socios fueron acusados en Estados Unidos por fraude fiscal. “Desconocida, multimillonaria y controvertida: así es Glencore”, tituló BBC Mundo una nota que pasaba revista a la serie de señalamientos por corrupción, delitos contra el medio ambiente y evasión de impuestos ligados a los negocios que sostiene en países donde compran desde trigo hasta petróleo.

Tiene activos en 30 países. Una suerte de potencia mundial de la que hay más preguntas que respuestas, advertía el diario ABC de España en 2011. “Imaginen un país invisible, que no sale en los mapas, y que controla el 50% del mercado mundial de cobre”, comenzaba la nota del diario madrileño, con la firma de Javier Tahiri. “Que cuenta con un PIB de 145.000 millones de dólares, cercano al de Marruecos, por el que pasa el 10% del trigo global y casi el 25% de la cebada, el girasol y la colza de todo el mundo. Un ente sin fronteras que influye de forma notable sobre el precio de las materias primas y que aún así vive en el limbo de lo desconocido para la gran mayoría de la opinión pública. Ese país existe: se llama Glencore”.

La trasnacional suiza ha tenido impases en todo el mundo: desde Estados Unidos, donde ha sido acusada de estrechar vínculos comerciales con Irán, hasta en Bolivia, donde el presidente Evo Morales la azotó con su política de expropiaciones. Pero en Venezuela, hasta nuevo aviso, las cosas le han salido mejor. Opera a cancha abierta. Y se da el lujo de pagar tanto en dólares como en bolívares.

Clavel Rangel, Ciudad Guayana/ Katherine Pennacchio, Marianela Balbi y Joseph Poliszuk, Caracas

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Como deudores de Glencore, la industria estatal del aluminio ha llegado, en las ocasiones más extravagantes, a pagar a Glencore con insumos que le ha comprado, nada más y nada menos, que a la misma Glencore. Son escenarios de un mismo circuito en el que la trasnacional traslada bauxita y otras materias primas hasta Guayana y luego se las vuelve a llevar como aluminio y otros productos terminados.

En el comercio de la bauxita y el aluminio venezolano, Glencore parece estar en todas partes. Le favorecen condiciones inéditas pero que fueron aceptadas por los representantes de las empresas básicas y funcionarios de un gobierno que se proclama socialista y antiimperialista.

Bajo esa administración, por ejemplo, Bauxilum por primera vez ha tenido que acudir a una empresa trasnacional para importar bauxita, el mineral primario para la fabricación de aluminio. La trajo desde Brasil, Guyana y hasta Indonesia por intermedio del trader suizo. Luego lo suministró en forma de alúmina –el precursor del aluminio– a la industria transformadora estatal, que con eso fabricó aluminio del que 30% estaba previamente reservado como pago de deudas contraídas… con Glencore.

Es un negocio redondo para Glencore, una de las transnacionales más poderosas del mundo en el mercado de materias primas. La firma suiza compra y vende en todo el planeta desde maíz hasta petróleo y no en vano tiene su propia sucursal en Ciudad Guayana, donde florece a pesar de las proclamas anticapitalistas del Socialismo del siglo XXI.

Futuro empeñado

Solo entre 2009 y 2010 Glencore reservó cerca de un millón de toneladas de aluminio en contratos a futuro. Y aun antes de volverse proveedor, ya esos convenios generaban pérdidas millonarias al Estado venezolano.

En esa relación comercial, Bauxilum ha firmado tres contratos con Glencore desde el año 2005 y negociado tres extensiones que la comprometen hasta el año 2018. Eso sin contar otro suscrito el 30 de agosto de 2011, en el que garantizó el suministro de 1,4 millones de toneladas de bauxita a Glencore a cambio de un préstamo por 120 millones de dólares.

Ese último acuerdo fue autorizado por el entonces ministro de Industrias Básicas y Minería, José Khan, quien llegó al cargo –precisamente– por el escándalo que provocó su antecesor, Rodolfo Sanz, por esos contratos. Mientras Sanz decía que esos acuerdos eran un “vicio perverso porque terminan apoderándose de las empresas y terminan ellos haciendo lo que les da la gana” (18 de julio de 2009), en el cuarto piso del edificio de Bauxilum les colocaba su firma.

En esas compras a futuro, Glencore se aseguró todas las de ganar: en lugar de pagar los cargamentos al precio del mes inmediatamente anterior registrado en la bolsa de valores del London Metal Exchange, como se estila en todo el mundo, la República Bolivariana de Venezuela aceptó que Glencore y Noble Resources, otra trasnacional, escogieran el mejor precio –el menor– de los últimos tres meses de cada despacho.

De haberse cumplido los convenios al pie de la letra, hasta septiembre de 2013 el Estado habría dejado de percibir algo más de 10 millones de dólares –US$ 10.126.297 con exactitud– solo por la venta de 183.600 toneladas de aluminio primario y 32.400 de cilindros que Alcasa, otra de las empresas del complejo del aluminio de la Corporación Venezolana de Guayana, se comprometió a enviar en condiciones preferenciales en un contrato firmado el 1 de diciembre de 2009.

Pero ya se ve que con Glencore se negoció mucho más que eso. Los compromisos financieros de Alcasa y Venalum con el gigante suizo –en esas condiciones– reservaron alrededor de 964.000 toneladas de aluminio, el equivalente a casi toda la producción de los últimos tres años.

Amén de quebradas, las empresas básicas del aluminio están hipotecadas con Glencore. La emergencia eléctrica de 2010 obligó a desconectar buena parte de la cadena de producción, por lo que salir de las deudas se ha hecho cada vez más complicado. La transformación de bauxita en alúmina, por ejemplo, pasó en seis años de casi 2 millones de toneladas a unas 807.000 anuales. En este marco, Bauxilum aún le debe a Glencore más de 3 millones de toneladas de alúmina, una cifra que supone entregar la totalidad de la producción actual de casi cuatro años.

Aunque ahora los contratos están suspendidos por “razones de fuerza mayor”, las empresas aún deben parte de los 540 millones de dólares de anticipo que recibieron al momento de su firma. El monto fue depositado en una cuenta offshore de las estatales en una oficina comercial del banco ruso Gazprombank en el Líbano y, según los convenios, ese “adelanto” se pagaría con descuentos de 700 dólares a cada una de las toneladas despachadas entre 2010 y 2012. 

Los contratos a futuro existen en todo el mundo con cláusulas como la 11.3, que establece que, si un evento impide el despacho por más de 90 días, entonces las condiciones serán extendidas por un período igual a la fecha de cesantía. Lo que no es usual, explica un comprador nacional de aluminio, es que se tengan que pagar con más 162,9 dólares por cada tonelada, un plus que pudiera interpretarse como una compensación por los intereses generados; solo que ese excedente equivale a 30% del anticipo. Es decir, hay un elevado 20,23% anual de interés sobre saldos. “Pareciera una grosería achanchullada”, señala.

Bauxilum se va a pique

Muy pocos en la industria hablan de esos contratos. Los compromisos con Glencore se hicieron tabú luego de que el presidente Hugo Chávez ideara el Plan Guayana Socialista 2009-2019, cuyo propósito era la transformación de la materia prima en Venezuela. La transición al socialismo soñaba con lograr el llamado desarrollo de aguas abajo que buscan en Guayana desde hace 60 años, para que el aluminio termine siendo procesado en estas fronteras en lugar de salir al exterior. En la realidad, sin embargo, hoy hay más dependencia de las transnacionales.

El caso de Bauxilum es emblemático por lo contradictorio con el discurso oficial: datos del sistema SAP de información de la empresa, un informe de auditoría de 2013 (AL-DCPM-XX/12) y los documentos de Memoria y Cuenta del Ministerio de Industrias desde 2010 a la fecha, confirman que Bauxilum se va empeñando al tiempo que Glencore se beneficia.

La crisis alimenta un círculo vicioso: ahogada en deudas y caídas de la producción, Bauxilum accede a hacer más deducciones de dólares por tonelada a cambio de dinero fresco de Glencore. La táctica le permite ganar tiempo para aplacar conflictos laborales, pero no de gratis. Bauxilum queda comprometida para el futuro. Deberá enviar más alúmina a Glencore pero a cambio de menos divisas en los próximos años.

Los informes de Memoria y Cuenta que el Ministerio de Industrias ha presentado desde 2010 resultan elocuentes: las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana han disminuido su producción en la misma medida que ha crecido su relación con Glencore. Bauxilum, de hecho, registra una caída de 70% y hasta 80% de su capacidad instalada en cuestión de seis años.

Trasnacionales prosperan

La firma de los contratos a futuro coincidió con el inicio de una crisis en toda la cadena de producción del aluminio, que arrancó en la mina de bauxita de Los Pijiguaos, ubicada al oeste del estado Bolívar, donde en 2012 por ejemplo llegaron a extraer el mínimo histórico de 2 millones de toneladas de bauxita, apenas un cuarto de los 6 millones de toneladas que como promedio solía producir.

La sustitución de importaciones que la industria había logrado durante décadas se revirtió en tan solo cinco años. Con la tercera reserva de bauxita más grande del mundo, Bauxilum importó 1,3 millones de toneladas de bauxita a través de Glencore, provenientes de Brasil, Guyana e Indonesia, que según el sistema SAP de la estatal, le costarán 106 millones de dólares. De acuerdo con el informe de auditoría AL-DCPM-XX-12, el producto no solo se compró con sobreprecio sino fuera de especificaciones técnicas.

Para justificar el requerimiento, la gerencia adujo la desinversión en la industria, bajos niveles del caudal del río Orinoco para el traslado de la bauxita en gabarras y el consecuente aumento de las demoras en los tiempos de descarga por el daño de un equipo indispensable. Pese a la emergencia, Bauxilum eventualmente decidiría –en 2012– disponer de bauxita para amortizar sus deudas con la empresa de transportación ACBL de Venezuela, en donde figura como accionista el representante de Glencore en Venezuela, Roberto Wellisch.

En esa transacción, Bauxilum otorgó a ACBL un cargamento de bauxita cotizado a precios más de dos veces por debajo del monto por el que la empresa estatal lo había adquirido, lo que quiere decir que compró caro y revendió barato al mismo grupo de empresarios.

“Durante 2011 y 2012 CVG Bauxilum adquirió 900.000 t de bauxita a un precio de 85 US$/t en el mercado externo a la empresa Glencore AG, requerimiento basado en una serie de factores que han incidido negativamente en la disponibilidad de ese material”, reza la auditoría.

“CVG Bauxilum celebró el contrato denominado ‘Venta de 900.000 t de bauxita de fecha 27-04-2012’ con la empresa ACBL Venezuela LTD, contratación aprobada por la junta directiva en su reunión JDB-2012-07-E del 30/04/2012, el cual fue vendido a un precio de 32 US$/t, para ser despachado en ese año (300.000 t) y en el 2013 (hasta 600.000 t), situación que no es cónsona con la necesidad planteada de insuficiencia de bauxita que motivó la adquisición de 900.000 t a Glencore AG durante los años 2011 y 2012”.

Solo en esa triangulación se evaporaron 47,7 millones de dólares. El documento dice que Bauxilum demandó 28,8 millones de dólares por un cargamento similar al que meses antes había adquirido por 76,5 millones.
En las últimas semanas el representante de Glencore, Roberto Wellisch, ha visitado Guayana. Se supo que pidió a Venalum retomar sus intercambios, suspendidos en marzo de 2013, pero esta vez a cambio de facilitarle el coque de petróleo calcinado, un insumo requerido para la fabricación de ánodos de carbón que falta en sus plantas.

Según una carta filtrada desde la propia CVG, Palmat –la representante de Glencore en el país– propuso al gerente de logística de Venalum, teniente coronel Larry Aragort, entregar 200.000 toneladas de coque de petróleo calcinado en el puerto de la estatal –a un precio de 450 dólares por tonelada– a cambio de 1.000 toneladas de aluminio de mejor calidad entre agosto y marzo de 2014, con las mismas condiciones del contrato de 2009. Venalum aceptó la oferta el 2 de agosto, según consta en la comunicación GL-155/2013.
El convenio es conservador, sin embargo, en comparación con las 604.000 toneladas de aluminio que Venalum comprometió a finales de 2009, a días de que el presidente Chávez decidiera desincorporar el equivalente a dos líneas de producción bajo el pretexto de la emergencia eléctrica.

La decisión del gobierno logró que Venalum, hasta entonces una tacita de aluminio con récords de producción y uno de los mejores contratos colectivos de la región, empezara a hacer aguas. A partir de entonces no ha logrado recuperarse. De 422.000 toneladas producidas en 2009, ha caído a 266.000 al cierre de 2012. Un efecto de la debacle fue que las empresas básicas debieran salir a comprar 60.000 toneladas de aluminio primario en mercados internacionales para pasar a ser simples revendedores.

De acuerdo con los datos de comercio exterior del Instituto Nacional de Estadística, Venezuela solo ha importado de Estados Unidos y Brasil 6.941 toneladas metal de las 115 mil toneladas de aluminio aprobadas por Chávez en el punto de cuenta Nº 065/10 el 4 de junio de 2010. De no haber un error, las empresas básicas pagaron más de lo que llegó al país. ¿A dónde fue a parar el aluminio que el gobierno importó?

Clavel Rangel, Ciudad Guayana/ Katherine Pennacchio, Marianela Balbi y Joseph Poliszuk, Caracas