Con suavidad comparable también atracó en los muelles de esa rada del estado Carabobo una concesión, por demás ventajosa, para un empresario socio del almirante y excomandante de la Armada entre 2009 y 2011, Carlos Aniasi Turchio.

La presencia de oficiales militares al mando de ese y otros puertos del país se volvió costumbre desde 2009, cuando Hugo Chávez ordenó estatizar la administración de los terminales náuticos de embarque y desembarque y crear Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), a partir de entonces siempre a cargo de personal castrense. Pero el acuerdo con la empresa Servicios Colonial, suscrito en septiembre de 2021, más que una escalada de la militarización, en realidad parece haber dado inicio a una etapa de reprivatización de las instalaciones y actividades portuarias, bajo el amparo del mismo expediente de las llamadas alianzas estratégicas, que el gobierno de Nicolás Maduro aplica en otros sectores de la industria.

En Puerto Cabello, Bolipuertos cedió a Servicios Colonial las labores de descarga de buques graneleros, una de las actividades más rentables e importantes dentro del puerto. 

Bolipuertos selló el acuerdo con Servicios Colonial el 15 de septiembre de 2021, según muestran documentos obtenidos por Armando.Info. Por el organismo estatal firmó Irwin José Ascanio Escalona, General de División del Ejército y participante en la intentona golpista del 4 de febrero de 1992, que intentaba derrocar al entonces presidente, Carlos Andrés Pérez y dio a conocer al teniente coronel de paracaidistas, Hugo Rafael Chávez Frías. Por Servicios Colonial firmó su presidente, Leonardo Wever Farías.

Wever Farías es un empresario de 58 años de edad. Servicios Colonial, fundada en 2006, es sólo una de sus compañías con las que desde hace más de una década participa en el negocio portuario de Puerto Cabello. Por ejemplo, el Registro Nacional de Contratistas (RNC) indica que Wever es también propietario de Almacenadora Colonial, mencionada por la Contraloría General de la República en su informe sobre el sonado caso “Pudreval”, aquel en el que toneladas de alimentos importadas por el Estado para la extinta red Pdval, se dañaron en los puertos, abandonados.

Esa Almacenadora Colonial obtuvo autorización para controlar un almacén dentro de Puerto Cabello en 2006, año en el que el excomandante de la Armada, Carlos Aniasi Turchio, fungía como Presidente Ejecutivo de la junta directiva del Instituto Autónomo de Puerto Cabello (Ipapc), el organismo que administraba el puerto antes del nacimiento de Bolipuertos. 

Ahora que, no obstante sus antecedentes, Leonardo Wever vuelve a conseguir la asignación de una actividad importante en Puerto Cabello, conviene detenerse en su relación con el oficial de marina, Carlos Aniasi, que de un contrato al otro pasaron de un nexo original de cliente y proveedor, al de socios. 

En efecto, Aniasi, el excomandante de la Armada, y Wever, el empresario, compartieron sociedad en Seabridge Agentes Navieros, de acuerdo al RNC. Esa compañía tuvo en 2011 un contrato de la extinta Corporación CASA, adscrita al Ministerio de Alimentación, para descarga de buques, detalla el mismo RNC. En 2013 hizo un aporte a la alcaldía de Puerto Cabello, cuando esta era ocupada por el actual gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En 2016, Seabridge Agentes Navieros obtuvo un permiso para “establecer y operar un almacén general de depósito”, otorgado por el Superintendente fiscal y aduanero, José David Cabello, hermano de Diosdado Cabello, tal y como apareció en la Gaceta Oficial 40.851 de ese año.

Esa cercanía de Aniasi, quien nació en el estado Barinas del piedemonte andino, al igual que Chávez, y participó en la segunda intentona golpista contra Carlos Andrés Pérez en noviembre de 1992, y Wever, ya fue denunciada en 2006 en un escrito de aporrea.org, el portal que aglutina la opinión del chavismo descontento. 

Cuestionamientos más graves contra Aniasi llegarían tiempo después. Fue cuando se divulgó que había sido una de las autoridades que otorgó concesiones en el puerto a Walid Makled, quien usaba los muelles para traficar cocaína y que en 2015 fue condenado en Venezuela a casi 15 años de prisión por delitos de narcotráfico. Antes, en una entrevista que concedió en 2011 a la cadena Univisión de Estados Unidos, Makled aseguró que había entregado 5,5 millones de dólares a Aniasi.

Poco después del escándalo de Makled, Aniasi dejó el cargo de comandante de la Armada. En 2017 su nombre reapareció en las noticias de medios de Estados Unidos, que reportaban los cacelorazos o escraches de los que fue objeto en sitios públicos del estado de Florida, luego de que se divulgara que en esa jurisdicción poseía propiedades valoradas en más de dos millones de dólares, así como varias compañías. 

Ahora su antiguo socio y protegido, Leonardo Wever, es quien reaparece en Puerto Cabello tras asegurarse el monopolio de la descarga de buques graneleros, un negocio rentable del que han quedado por fuera el resto de operadores portuarios inscritos ante Bolipuertos.  

Monopolio colonial

Como si de una nueva versión de la Casa de la Contratación de tiempos de la Colonia se tratara, Bolipuertos entregó el monopolio a Servicios Colonial, sin que mediara licitación o concurso alguno, a través de un contrato previsto para durar cinco años. En sus términos se establece que en ese plazo ambas partes se dividirán las ganancias de las actividades portuarias, a razón de 60% para la estatal Bolipuertos y 40% para la compañía privada de Wever.

Casi la mitad de los buques que cada año llegan al principal terminal portuario del país son, precisamente, graneleros, según explican varias fuentes conocedoras de la actividad portuaria y que prefieren no ser citadas. Detallan que la descarga de esas embarcaciones, con cargas de entre 30.000 y 40.000 toneladas de materias primas como maíz, trigo o soya, se factura al importador de la mercancía en 8,50 dólares por tonelada, de los que 4,75 dólares van por concepto de impuestos portuarios a Bolipuertos. Una simple multiplicación arrojará cifras representativas de la magnitud del negocio que monopoliza Servicios Colonial desde septiembre del año pasado. 

Otra de las ventajosas condiciones que establece el convenio para Servicios Colonial es que su personal trabajará a la par con el de Bolipuertos -al que deberá “capacitar y certificar” a través de entrenamientos- en los patios número 34 y 35 y que podrá desarrollar obras para “adecuar y mantener la infraestructura”. El convenio le garantiza a la compañía una indemnización si ocurre alguna “disminución patrimonial de la empresa", que sea causada por una "acción u omisión" de Bolipuertos.

A cambio de estas prebendas, Servicios Colonial deberá “ejecutar el plan de inversión 2021-2026” para el que destinará 17.000 dólares una vez firmada la alianza y, “a corto plazo”, otra inversión de 250.000 dólares para la adecuación de la infraestructura de los mencionados patios. La contratista también deberá entregar maquinaria para las operaciones en los muelles, tales como seis dragas estilo clamshell de 15 toneladas métricas; seis dragas estilo clamshell de 10 toneladas métricas; 12 tolvas (una maquinaria usada para la canalización y almacenamiento de los granos); tres tractores con cargador frontal; un montacargas de 10 toneladas y tres vehículos marca Toyota, modelo Tacoma.

En la “alianza estratégica” Bolipuertos delega en la compañía de Leonardo Wever la contratación y pago, a nombre de la estatal, de las pólizas de seguro para resguardar las operaciones portuarias en caso de desastres naturales, el seguro para los buques en casos de robos, hurtos o daños a terceros, así como idear las estrategias para mejorar los servicios de los patios.

Ni Bolipuertos, ni Servicios Colonial, respondieron a las solicitudes de entrevista enviadas vía correo electrónico. Mientras tanto, en Puerto Cabello casi no se habla de otra cosa. 

Ventajismo a todo vapor

Entre los documentos obtenidos para este reportaje destacan comunicaciones que en los últimos meses la Asociación Civil de Operadores Portuarios de Puerto Cabello ha dirigido al presidente de Bolipuertos, a la Contraloría General de la República, a la Vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y hasta a la Superintendencia Antimonopolio de Venezuela.

“Se ha obviado el pleno derecho del cual gozan todos los operadores portuarios al justo desempeño de sus actividades operacionales en la atención a los buques, así como también el suministro de recursos humanos, el manejo de la carga y descarga, y todas las demás operaciones portuarias conexas”, se lee en el escrito remitido el pasado 3 de mayo a la Superintendencia Antimonopolio, adscrita al Ministerio de Comercio.  

De acuerdo con la denuncia, las empresas que contratan a operadores portuarios distintos a Servicios Colonial son presionadas desde Bolipuertos, a través de llamadas telefónicas o visitas a sus oficinas, para que cambien su elección. Entre quienes ejercen esos actos de intimidación mencionan a la gerente de comercialización de Bolipuertos, Crice Antonieta Nieves Palma, quien, según el texto, se justifica “ante los consignatarios en el cumplimiento de órdenes emanadas del Presidente de Bolivariana de Puertos S.A., G/D Irwin José Ascanio Escalona”.

Entre las empresas afectadas por las prácticas de Bolipuertos la denuncia menciona a Renovatio Navem, C.A.; Inversiones Kadi 2015, C.A y Servicios Graneleros Maracaibo, C.A. (Segramar). Los operadores portuarios destacan el caso de Servicios Generales Marítimos, C.A. (Segemar), escogido previamente como operador por El Tunal, pero Bolipuertos obligó a que la descarga fuera ejecutada por Servicios Colonial, aún y cuando Segramar había hecho el pago de aranceles portuarios. 

Las presiones son de tal magnitud, de acuerdo con los denunciantes, que han ocasionado que los consignatarios decidan cambiar de terminal portuario, como el caso de Alimentos del Sur 2050, C.A. que desvió los buques M/N Toros y M/N Bulk Corageous al terminal granelero de la Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la Armada (Ocamar) el pasado 26 de marzo. “Se perdieron esas operaciones, pérdida tanto para nuestro agremiado como para Bolivariana de Puertos que dejó de percibir ingresos”, señalaron.  

En esos casos el propio terminal de Puerto Cabello deja de percibir los impuestos relacionados con las operaciones. “No entendemos que la actual presidencia de Bolivariana de Puertos esté permitiendo la celebración de alianzas que son perfectamente excluyentes, que lejos de beneficiar a la administración portuaria generan pérdidas cuantiosas en el manejo de los costos de operaciones”, se lee en texto.

Para Servicios Colonial, en cambio, la marea se mueve a su favor. Sólo siete meses antes del acuerdo con Bolipuertos, Leonardo Wever registró Nautiocean S.A, en Panamá, para ofrecer asesoramiento en inversiones y correduría en “todas sus ramas” hasta ejercer el “negocio de agencias y representaciones especialmente de corporaciones, sociedades o personas y distribución de cualquier producto o mercancía”. Esa compañía se suma a las que, durante años, han operado en Puerto Cabello a su nombre y en las que hasta compartió sociedad con el excomandante de la Armada venezolana. 

Pero los militares, finalmente, pasaron al frente. Desde 2017, y al amparo de la apertura que con pragmatismo el gobierno de Nicolás Maduro viene impulsando en determinados sectores de la economía, la incursión del componente armado en los puertos tomó una nueva forma: los militares crearon sus empresas y contrataron directamente con sus colegas que, ya desde antes, están al frente de Bolipuertos, la estatal a cargo de los atracaderos de todo el país. 

Fue precisamente durante la presidencia del coronel Luis Augusto Piligra Jiménez en Bolipuertos, entre 2017 y 2018, cuando la Caja de Ahorros del Ejército atendió el llamado de Nicolás Maduro y decidió expandir su “gestión empresarial”, como lo denomina en su página web, con la creación de seis empresas en poco más de dos meses, entre el 21 de septiembre y el 30 de noviembre de 2017, de las cuales cinco están directamente relacionadas con el trabajo en los puertos.

Esta acelerada expansión empresarial a partir de la Caja de Ahorros del Ejército venezolano no concuerda con la naturaleza de estas instituciones que, de acuerdo con la Ley que rige su funcionamiento, son asociaciones civiles sin fines de lucro “de carácter social”, destinadas a fomentar el ahorro entre sus asociados. 

El 18 de julio de 2018 se inscribió ante el Registro Nacional de Contratistas (RNC) una corporación que agrupa a todas las empresas relacionadas con la actividad portuaria: la Compañía Venezolana de Logística CVL-Caejerb, S.A (CVL-Caejerb). Sin embargo, el 16 de abril de 2018, tres meses antes de aparecer en este registro que faculta para contratar con el Estado venezolano, los representantes de esta empresa firmaron una “alianza estratégica” con Bolipuertos por un lapso de diez años para tener presencia en cinco patios de cuatro puertos venezolanos, de acuerdo con un documento de la gerencia de comercialización de Bolipuertos al que Armando.info. tuvo acceso.    

El coronel se montó en la puerta giratoria

La alianza se firmó cuatro días antes de que el coronel Piligra fuera sustituido en el cargo por el contralmirante de la Armada, Reinaldo Castañeda. No habían pasado cinco meses desde su separación de esa posición cuando, en septiembre de 2018, el propio coronel Piligra reapareció como vicepresidente y luego como “director general” de la CVL-Caejerb, la misma empresa con la que había pactado una alianza. Tanto en Twitter como en Instagram se le ve vestido de civil y usando lentes de sol, mientras recorre los patios que antes, con la gorra de Bolipuertos, asignó a la empresa cuya gorra pasó a llevar.

En la mayoría de las asociaciones estratégicas que Bolipuertos ha establecido con terceros de la empresa privada o pública, cuenta con una participación de 60% contra un 40% de la contraparte. Pero en el caso de la CVL-Caejerb la relación se acerca a la paridad: se asignó 51% a Bolipuertos y 49% al emprendimiento de los militares que, además, es el único que tiene presencia en cuatro puertos distintos: en los patios Charlie 9, 10 y anexos del puerto de La Guaira (estado La Guaira), el patio 18 del puerto de Maracaibo (estado Zulia), el patio 2 de Puerto Cabello (el principal de Venezuela, en el estado Carabobo), y el patio 16 del puerto de Guanta (estado Anzoátegui). 

Entre las funciones que concede el acuerdo se señala la de “optimizar el servicio de almacenamiento”, con lo que en la práctica el Gobierno revirtió la ocupación de los almacenes, y de las empresas que los administraban bajo concesiones, que ejecutó en 2009 con la creación de Bolipuertos. También concede al socio de Bolipuertos otras atribuciones como el “manejo de contenedores llenos y vacíos, trasiego de carga, reparación de contenedores, consolidación y desconsolidación de carga, agenciamiento aduanal, cabotaje nacional”, entre otras.

Esto le permitió a CVL-Cajaejerb ofrecer, a través de sus redes sociales, servicios a clientes privados de almacenamiento de contenedores en los patios que administran, de llenado y  traslado de estos contenedores, así como de representación ante la autoridad aduanera, un servicio en el que tienen la ventaja, sobre otros competidores, de haber sido funcionarios en en las instituciones que procesan estos trámites.   

El coronel dejó su cargo en Bolipuertos el 20 de abril de 2018. En algunas versiones de prensa se indicó que su salida se debió, precisamente, a presuntas irregularidades en el otorgamiento de estas asociaciones con empresas privadas. El pasado 14 de mayo el fiscal designado por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, anunció la detención de Piligra a quien acusó de poseer yates, aviones, vehículos de alta gama, apartamentos de lujo y fincas.  

Saab indicó que desde la presidencia de la empresa estatal Lácteos Los Andes, cargo para el que fue designado en agosto de 2019, Piligra creó una red de empresas privadas, presididas por familiares y amigos, que fueron favorecidas en las contrataciones públicas. Entre las empresas proveedoras de la estatal estaban: Corporación AA Hidalgo & Urdaneta C.A, cuyo representante legal era su hermano; Novedades Miguel García 2019 C.A, propiedad de su hermana y de su pareja sentimental Amelys Aracely Cabrera Gómez, quien resultó detenida y que también era propietaria de La Fonda de Helenmar C.A, que vendía alimentos a la compañía.

Señaló que el funcionario tenía un hato de nombre Villa La Estancia, de una gran extensión, en el estado llanero de Apure, en el suroccidente de Venezuela, y que a través de las empresas La Fonda de Helenmar C.A. y Comercializadora Hermanos Correia era propietario de un bodegón en el municipio Chacao -cantón comercial del noreste de Caracas, que aloja torres de oficinas y urbanizaciones de clase media y alta- llamado La Esquinita Gourmet. Se presume, además, que usaba la materia prima y las instalaciones de la empresa estatal para empaquetar una marca de leche en polvo, llamada Villa La Estancia, que es de su propiedad.

Por algo hay hasta un Puerto Cabello

Como en otros sectores públicos estratégicos, los puertos son escenario de la distribución de cuotas de poder y pugnas dentro del chavismo. En los tiempos de Chávez estos fueron controlados por los hermanos Diosdado y José David Cabello, desde la época en que Diosdado Cabello se desempeñaba como ministro de Obras Públicas (2008-2010) y los puertos estaban adscritos a ese despacho. Posteriormente pasaron a ser regidos por el Ministerio de Transporte. Por aquellos años la familia Cabello era considerada la segunda más poderosa, después del propio Hugo Chávez, una clasificación que ahora está en proceso de cambio con el ascenso de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.

La época dorada del auge de los Cabello data de 2008, cuando José David Cabello pasó a ocupar, por primera vez, la superintendencia del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat). Aunque ha tenido breves pasantías por otros cargos, Cabello volvió a la jefatura del Seniat, donde se mantiene hasta hoy. Ambos hermanos fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en mayo de 2018, bajo acusaciones de “lavado de dinero, malversación de fondos estatales y otras actividades corruptas”.

Hasta el momento de su detención, el coronel Piligra fue ampliamente favorecido por los hermanos Cabello. Durante la gestión de José David Cabello al frente del ministerio de Industrias, el oficial del Ejército fue designado como presidente de la estatal Venalum, director suplente del Complejo Siderúrgico Nacional, director principal de CVG Alcasa y director principal de Maderas del Orinoco, industrias básicas pertenecientes a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), un holding estatal venezolano al sur del país, conformado por un complejo de industrias dedicadas a la explotación de materias primas. 

Durante su presidencia en Bolipuertos, Piligra también tuvo contacto frecuente con José David Cabello, que seguía en su cargo de superintendente del Seniat. Las fotos de Piligra junto a los dos hermanos en medios y redes hicieron que Diosdado Cabello se sintiera obligado a desmarcarse públicamente del coronel, luego de que este fue detenido. “A ningún funcionario lo ponen en un cargo para que se enriquezca. Esta persona, más miserable aún, cuando la corrupción es en los alimentos. Nuestra condena absoluta”, dijo en su programa semanal, Con el Mazo Dando, transmitido por el canal estatal VTV todos los miércoles en la noche.

A pesar de su protagonismo en las redes sociales, Piligra no figura en las juntas directivas de la CVL-Caejerb que están en los documentos de registro de la empresa, aunque en las cuentas de Twitter e Instagram se le identifica como “director general” de la compañía y hasta firmó contratos en nombre de esta. Así lo registra la cuenta de Instagram el 19 de mayo de 2019, en donde aparece una foto de Piligra firmando un acuerdo con Venalum, la empresa estatal que también presidió el coronel, para que la compañía del Ejército preste “apoyo logístico” en la reductora de aluminio. 

Los directivos que aparecen formalmente en los papeles también son personas cercanas a los Cabello. La primera junta directiva, nombrada en 2018, estuvo presidida por el exministro de Alimentación, el General de División Yván José Bello Rojas, quien era la máxima autoridad de la compañía en el momento de la firma de la alianza con Bolipuertos en 2018.

Bello Rojas duró poco más de seis meses frente al despacho de Alimentación, entre el 2 de septiembre de 2014 y el 25 de marzo de 2015. Bajo su gestión, el 17 de octubre de 2014, fue designado Gustavo Cabello Canales, primo de los hermanos Cabello, como director suplente en la junta directiva de la Corporación de Alimentos y Servicios Agrícolas (CASA).

Al salir tan abruptamente del ministerio de Alimentación, otro despacho clave dominado por autoridades que vienen de la Fuerza Armada, fue el Superintendente del Seniat, José David Cabello, quien lo reintegró rápidamente a la administración pública al designarlo como director de su despacho, como lo indica la Gaceta Oficial número 40.683 del 16 de junio de 2015. Actualmente el general es el jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) —una suerte de protectorado militar sobre la autoridad civil— del estado Amazonas, una región selvática del sur de Venezuela que limita con Brasil y es teatro de operaciones para la subversión guerrillera colombiana y la minería ilegal.

El puesto suplente de la presidencia de la CVL-Caejerb fue ocupado en 2018 por la coronel Ludmila Dritdalia Urbano Gutiérrez, quien fue consultor jurídico del Ministerio de Alimentación cuando Bello era ministro en 2014, y que luego también estuvo como oficial ocupando un cargo en el Seniat en la misma época que Bello.

El 26 de agosto de 2019 fue cambiada la junta directiva de la CVL-Caejerb. Las nuevas autoridades de la empresa dejaron menos dudas sobre la cercanía de esta con los hermanos Cabello. Como nuevo presidente fue nombrado el General de Brigada Ramón Rafael Campos Cabello, primo de ambos.

Campos Cabello fue designado como presidente de la Red de Abastos Bicentenarios el 1 de junio de 2017 y participó en el proceso de privatización de esa cadena de abastos populares en tono con las nuevas directivas económicas. El 9 de noviembre de ese año firmó un decreto con el que se constituyó el comité de licitación para la “venta y permuta de bienes públicos” que abrió la puerta para que la empresa Salva Foods 2015, controlada tras bastidores por Alex Saab, se hiciera con los locales de la cadena estatal de expendios de alimentos, como lo informó Armando.info.   

Campos Cabello también fue presidente del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa) cuando Diosdado Cabello era gobernador de Miranda. Rafael Guzmán, quien ocupó el cargo de procurador regional en esa entidad durante la gestión del opositor Henrique Capriles, formuló acusaciones sobre presuntos manejos irregulares entre el director del Ipsfa y su hermano Luis Alfredo Campos Cabello, quien entonces era jefe del despacho de Miranda, en las contrataciones que realizó la gobernación.

Militares de maletín

La Asociación Civil Caja De Ahorro Del Ejército, Caejer, como se le denominó originalmente, fue inscrita el 13 de junio de 2007 como una institución “sin fines de lucro”. Sin embargo, ya en 2008 sus directivos mostraron que tenían planes más ambiciosos.

Ese año conformaron la empresa Inversora Caejer C.A. que, de acuerdo con el RNC, tiene como objetivo la compra-venta, importación, exportación y distribución de productos tan variados como vehículos, lanchas, juguetes, computadoras, software, materiales de oficina, escritorios, equipos médicos, línea blanca, línea marrón, materiales para la construcción y “misceláneos”.

Armando.info detalló la historia de esta empresa pionera de la actividad empresarial del ejército venezolano y de cómo fue favorecida con dólares preferenciales, cuando predominaba el control de cambio, punto de partida de múltiples escándalos de corrupción por la asignación irregular de divisas. Desde el momento de su creación hasta 2014 recibió más de 20 millones de dólares destinados a la importación de atún. El nombre de esta empresa también apareció en un expediente del Ministerio Público que investigaba las irregularidades de la ahora extinta Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi).

Esta compañía fue solo el comienzo de la voracidad empresarial que se desataría a partir de 2017 con la nueva apertura del sucesor de Chávez. Además de las ocho empresas que ya se mencionaron en esta nota, el website Caejerb también resalta la actividad de otros dos emprendimientos castrenses como Farma Ejerb, dedicada a la venta de medicamentos, y Seguridad y Vigilancia Caejerb.

La definición jurídica de estas empresas es, cuando menos, ambigua. En los documentos de registro de CVL-Caejerb figura una comunicación de la Superintendencia de Cajas de Ahorro que indica que está registrada en el sector público. Sin embargo, la Ley Orgánica de la Administración Pública señala que para que una empresa sea considerada como tal la República, o algún ente gubernamental, debe tener una participación superior al 50% del capital social. 

Entre los accionistas de esas industrias no figuran instituciones del Estado y sus Registros de Información Fiscal (RIF) no corresponden con los asignados a los entes del Gobierno, por lo que en la práctica actúan como una empresa privada que representa a sus asociados. Armando.info envió el pasado 7 de septiembre correos electrónicos con cuestionarios tanto a Bolipuertos como a CVL-Caejerb, para tratar de aclarar estas dudas, sin obtener respuesta hasta la fecha de publicación de este reportaje. También se intentó contactar vía telefónica al general Yván Bello Rojas, sin éxito.

Lo que sí queda claro es que la nueva política económica del régimen chavista fue la coartada para que algunos oficiales de su columna vertebral, el Ejército, pudiera dar rienda suelta a una solapada vocación empresarial —esta vez sin la necesidad de esconderse detrás de nombres de civiles— con la creación de empresas, dirigidas por generales y coroneles, que resultaron favorecidas por el dedo discrecional de las “alianzas estratégicas” del madurismo.

Documentos provenientes del proyecto colaborativo de Open Lux –la base de datos con 3,3 millones de entradas del registro mercantil de Luxemburgo que logró obtener el diario Le Monde de París, y que coordinó el Proyecto de Reportería de la Corrupción y el Crimen Organizado (Occrp, por sus siglas en inglés)– permiten ahora conocer que el empresario venezolano se valió de, al menos, dos empresas offshore para incursionar en el negocio de inmuebles de lujo y comprar un edificio completo en Madrid, así como un suntuoso penthouse de dos plantas, con piscina incluida, en una de las zonas más caras y exclusivas del sur de Florida, Estados Unidos.  

Precisamente en el edificio comprado por Sultán Cohén en 2014, en la capital española, fueron embargados apartamentos por una investigación en contra del exviceministro de energía venezolano Nervis Villalobos, por el uso de fondos, presuntamente provenientes de lavado de dinero, para la compra de pisos de lujo en España, de acuerdo con lo reseñado por la prensa de ese país. Además, Elecnor, la constructora de origen vasco escogida por quienes representaban al empresario venezolano en España para la remodelación del edificio, fue acusada de pagar presuntos sobornos a Villalobos, disfrazados de “asesorías”, para obtener millonarios contratos en Venezuela entre 2010 y 2012. 

Sultán incursionó en el negocio de las viviendas de lujo luego de un accidentado recorrido en la industria naviera en Venezuela. En 2009, una de sus empresas insignia, Braperca, C.A., fue ocupada y luego integrada a la nueva estatal, Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), encargada de gestionar y administrar las operaciones portuarias. Era la culminación de la decisión de Hugo Chávez, expresada por un decreto presidencial del 24 de marzo de ese año, de acabar con todas las administraciones privadas en los puertos. 

Poco antes de eso, en mayo de 2007, entre los directivos de Braperca se encontraba Hamud Khalil Massub, a quien los registros ubican como residente de Carabobo. Khalil Massub no solo comparte uno de sus apellidos con Majed Khalil Majzoub, sino que figura como directivo junto a este de la empresa Petroltec Fluidos De Venezuela, C.A, dedicada a la comercialización de fluidos para la perforación de pozos petroleros.

Tanto Majed como su hermano Khaled Khalil Majzoub son empresarios que obtuvieron importantes contratos desde los inicios del chavismo, favor que mantienen hasta hoy con su participación, bajo la figura de alianza estratégica, en empresas públicas como la también expropiada Lácteos Los Andes, por ejemplo.

Sultán, por su parte, no se queda atrás en este tipo de contactos. En julio de 2011, la revista Semana de Bogotá, durante la publicación de los llamados Wikileaks de Venezuela en proyecto conjunto con Armando.info, reprodujo el contenido de un cable interno del Departamento de Estado donde la Embajada de Estados Unidos en Caracas informaba que un empresario del negocio portuario había revelado que Diosdado Cabello, entonces ministro de Obras Públicas y Vivienda y actual número dos del chavismo, era el “verdadero dueño” de Braperca, la compañía que, en papeles, Sultán detentó hasta su expropiación.

A la postre, Cabello fue sancionado en mayo de 2018 por Estados Unidos bajo acusaciones de que estaba involucrado en “lavado de dinero, malversación de fondos estatales y otras actividades corruptas”, imputaciones que el político niega.

Tras el revés momentáneo en los almacenes portuarios, Sultán continuó con sus empresas de transporte de carga marítima y siguió haciendo negocios en Europa, Panamá y Estados Unidos. Su expansión posterior no fue solo geográfica. También amplió el abanico de sus negocios al sector high end de los bienes raíces, un negocio en el que muchos capitales venezolanos se colaron. 

Buscando gangas en Madrid

Cuando Sultán fue defenestrado de Puerto Cabello, corrían tiempos duros para la economía europea y del mundo. Todavía se sentían los coletazos de la burbuja de las hipotecas subprime de 2008. Las ondas expansivas de la recesión recorrían el planeta y en el frente de choque estaba el sistema financiero global. Gigantes de la banca se derrumbaban o se veían obligados a acudir a los expedientes de los subsidios estatales y de la fusión con pares.

Esta situación llevó al gobierno español en 2012, en conjunto con las autoridades de la Unión Europea, a crear la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), una institución con capital 54,1% privado (de bancos y aseguradoras) y 45,9% público (del FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), que nació con el objetivo de recapitalizar a la banca y ayudarla a lidiar con sus activos tóxicos y deudores insolventes.

La página web de este organismo precisa que la sociedad compró, entre 2012 y 2013, un paquete de 198.211 “activos problemáticos” valorados en 50.781 millones de euros, que incluía 90.765 préstamos y créditos (77,7% de la inversión) y 107.446 inmuebles (22,3%). La idea era que el fondo sacara el máximo rendimiento a estos activos, para luego pagar a los bancos intervenidos por el FROB a través de bonos avalados por el Tesoro Público español que las entidades podían cambiar por dinero en el Banco Central Europeo (BCE). Las instituciones financieras que participaron en este mecanismo fueron BFA-Bankia, Catalunya Banc, Banco de Valencia, Novagalicia Banco, Banco Gallego, BMN, Caja3, CEISS y Liberbank.

Precisamente este último banco, Liberbank, vendió uno de sus activos a la Sareb: el edificio del número 48 de la calle José Abascal, ubicado en el exclusivo distrito Chamberí-Almagro, a tan solo 200 metros del Paseo de la Castellana de Madrid, luego de que el inmueble fuera embargado por el banco Castilla-La Mancha S.A, institución que fue absorbida por Liberbank, por falta de pago de un crédito hipotecario solicitado por el dueño anterior, la empresa Indegesu S.L.

Entonces entró en escena Sultán Cohén. Aprovechó la oportunidad que ofrecía la gran liquidación de inmuebles, bajo supervisión del Estado español, por incumplimientos hipotecarios. Pasó la due diligence (el proceso de búsqueda de información sobre una persona o corporación previa a la realización de negociaciones) del estatal Banco de España, la institución financiera que cumple funciones de banco central en ese país, y compró el edificio por 26,5 millones de euros el 24 de abril de 2014. Una verdadera ganga para como terminaron siendo los precios del metro cuadrado de construcción en la zona. 

Para hacer esta compra, Sultán Cohén se valió de una empresa llamada Fimis Holding S.à r.l., una offshore constituida en Luxemburgo apenas diez días antes de la transacción. Pero quien dio la cara para la compra del edificio fue, a los efectos jurídicos, una empresa española de nombre Basgaron Spain SL, creada dos meses antes de la venta, que tiene por objeto “la actividad inmobiliaria, la urbanización, construcción, compraventa, rehabilitación” en este sector. De acuerdo con documentos obtenidos por Armando.info, esta compañía figura como la propietaria del inmueble. 

Con este esquema, el nombre del venezolano logró pasar fuera del radar, a lo sumo nombrado como un “inversor extranjero” en algunos medios españoles. La discreción suele ser una marca en las actuaciones del magnate venezolano. No en balde, en un reportaje reciente de Armando.info se reveló que fue uno de los clientes que entre 2016 y 2020 precisaron de los servicios de Eliminalia, una empresa española de lavado de reputación en Internet. 

Los balances financieros de Fimis Holding demuestran la conexión de esta empresa con Basgaron Spain SL. Wntre los años 2014 y 2018, realizó un pago anual de alrededor de cuatro millones de euros, descrito con el rubro de “activo financiero fijo”, a Basgaron. El accionista de esta empresa es otra offshore de nombre Ibericlake Holdings Limited, una compañía inscrita en las Islas Caimán que aparece en otras empresas asociadas a Sultán Cohén.

Basgaron, constituida el 27 de febrero de 2014, apenas unas semanas antes que Fimis, también ejerció como “promotora” de la obra. Es decir, se encargó de gestionar los permisos ante el ayuntamiento, de arreglar el contrato con la constructora, contratar a las consultoras encargadas de comercializar los inmuebles, entre otras gestiones. Armando.info envió una solicitud de información a la Sareb el 16 de agosto, para obtener más detalles sobre esta compra, pero hasta la fecha de publicación del presente reportaje la institución no había dado respuesta. 

Las conexiones suizas

Luego de la compra del edificio en Madrid en 2014, Basgaron decidió cambiar el proyecto original de las obras y redujo la cantidad de apartamentos a la mitad, para hacer viviendas de lujo. 

La empresa escogió a la trasnacional vasca Elecnor, y a su filial Área 3 (dedicada a las actividades de de “interiorismo, diseño y equipamiento”), para las obras de remodelación del edificio que culminaron en 2016 y que tuvieron un costo de 3,5 millones de euros, de acuerdo con la página 18 del dossier de proyectos ejecutados por esa empresa. 

El grupo Elecnor es una compañía dedicada al sector eléctrico que tuvo su primera filial extranjera en Venezuela. Durante los años del chavismo ejecutó grandes obras como la construcción de la Central Eléctrica Juan Manuel Valdez de 350 MW, en Güiria, en el oriental estado Sucre, con un costo de 709 millones de euros, o la red de transmisión eléctrica Red Termocentro, ubicada en el estado Miranda, centro norte de Venezuela, a un costo de 159 millones de euros.

Elecnor también fue relacionada al pago de presuntos sobornos al exviceministro de Energía venezolano, Nervis Villalobos, uno de los principales acusados por parte de las autoridades de Andorra de estar involucrado en un esquema de pagos irregulares que superaron los 2.000 millones de euros a través de la banca de ese país. Fue arrestado en Madrid en 2017, acusado de blanqueo de capitales también en Estados Unidos, España y Venezuela. Actualmente está en libertad, pero enfrenta procesos judiciales en España por estas acusaciones y solicitudes de extradición.

El diario El País de Madrid publicó documentos que indican que la compañía vasca abonó 11,5 millones de euros a Villalobos por supuestas “asesorías” entre los años 2010 y 2012. El pago fue vinculado con la participación que consiguió Elecnor en la construcción de una termoeléctrica en Cumaná, capital del estado Sucre, por 1.420 millones de euros. También según el mismo medio, Elecnor pagó comisiones a Villalobos por negocios en otros países. 

Luego de que Elecnor culminó las obras de remodelación en 2016, el edificio de José Abascal 48 fue presentado en julio de ese año como una opción de viviendas de lujo, con zonas comunes entre las que se encontraban un gimnasio, zona de aguas, jacuzzi, sauna y baño turco, así como un estacionamiento robotizado con capacidad para más de 200 puestos. Los costos de las viviendas oscilaban entre los 600.000 euros y los cuatro millones de euros. Los principales clientes potenciales para este inmueble que, como se asombraba el diario El Confidencial de Madrid, “fue víctima de la crisis inmobiliaria y ahora se ha convertido en el primer edificio de viviendas de superlujo”, eran, precisamente, los venezolanos y otras nacionalidades latinoamericanas como los mexicanos y los colombianos.

Sin embargo, en diciembre de 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró “nulas” las licencias municipales concedidas por el ayuntamiento de esa ciudad para la realización de las obras por violar la “edificabilidad” permitida en esos terrenos en 790,46 metros cuadrados y ordenó a la institución municipal demoler parte de la construcción, para que esta se adapte a los límites permitidos. Esta sentencia todavía está pendiente de ejecución.

Por si fuera poco, en 2018, cuando se hizo pública en la prensa española la investigación adelantada por dos jueces de ese país en torno a una veintena de venezolanos “que se han dedicado a invertir en inmuebles en España para lavar el dinero” presuntamente desviado de Pdvsa, salió a relucir que Nervis Villalobos, a través de la sociedad Columbus Properties One, era dueño de “24 pisos en los céntricos barrios de Salamanca y Chamberí de la capital española”, entre ellos, un apartamento embargado en “la calle José Abascal 48”. El esquema usado por Villalobos y sus socios para esconder sus nombres fue muy parecido al empleado por Sultán Cohén para comprar el edificio. Para la adquisición no se usó el nombre de los propietarios sino que se constituían sociedades “SL” y los pagos se hicieron con fondos provenientes de cuentas en el extranjero.

Los documentos de Fimis Holding también indican que esta empresa tenía participaciones en Esther Maritime LTD y Simaee SA. La primera compañía está dedicada al comercio marítimo a través del transporte de contenedores y fue inscrita en Malta, una nación insular en el Mediterráneo oriental con características de paraíso fiscal. La segunda tiene como objeto social prestar servicios de administración, contabilidad y análisis financiero y su sede está en Ginebra, Suiza.

Una fuente que conoce el sector inmobiliario de España, y que solicitó no ser identificada, indicó que Sultán Cohén tiene “buenas conexiones” en Suiza y que sus intereses e inversiones han sido representados directamente por Thierry Sauvaire, director ejecutivo de Eurocement Holding AG, empresa con sede también en Ginebra. Esta corporación es la apoderada legal y la asesora financiera del grupo Eurocement, el mayor productor de cemento de Rusia, que cuenta con 19 plantas en ese país, además de Ucrania y Uzbekistán.

La directora de finanzas de Eurocement Holding AG, la contadora Jessie Agostinelli, también figuró como integrante de la junta directiva de Basgaron, la subsidiaria de Fimis Holding que compró el edificio de José Abascal 48 en Madrid. Armando.info envió solicitudes de información al correo electrónico de Eurocement Holding el 16 y el 17 de agosto, desde dos correos distintos; sin embargo, ambos envíos fueron rechazados por el sistema de correo.

Andrea Agostinelli, el esposo de Jessie Agostinelli, fue nombrado como directivo de Fimis Holding en febrero de 2015 y fue renovado en este cargo, al menos, hasta diciembre de 2020. También fue director de Esther Maritime LTD, y Simaee SA, las otras dos subsidiarias de Fimis Holding que aparecen en los documentos de la filtración de Open Lux. 

Andrea Agostinelli viene del mismo sector que Sultán Cohén, pues trabajó hasta 2014 para una de las compañías de carga marítima más grandes del mundo: Mediterranean Shipping Company, en donde laboró durante 26 años y se desempeñó como vicepresidente para la región de Latinoamérica por la misma fecha en que Sultán Cohén operaba su negocio naviero. Esta compañía, de origen italiano, tiene su sede en Ginebra.

Una mansión en el cielo

Sultán Cohén aparece en la página del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) como adscrito a la nómina de la empresa Total Maritime Corp., filial en Venezuela de la taiwanesa Evergreen Marine Corporation, una de las dos gigantes globales -junto a la danesa Maersk- en el transporte marítimo de contenedores. Allí aparece junto al ingeniero venezolano Ángel Fidalgo de la Vega. No será el único registro donde coincidan. Fidalgo ha registrado 17 compañías en Estados Unidos y, al menos, nueve de ellas tienen alguna relación con Sultán Cohén. 

Fidalgo también aparece relacionado con otras personas del círculo cercano del empresario portuario. María Alejandra Osechas López, quien figura como directora suplente en los documentos de Braperca en Venezuela como esposa de Sultán, compró un lujoso apartamento en las residencias de One Bal Harbour por siete millones de dólares el 11 de marzo de 2019. En el registro de venta de este apartamento en Miami-Dade, Osechas señala que ahora es una mujer soltera. El vendedor de este apartamento, que Sultán Cohén ponía como dirección personal en otras empresas de Estados Unidos, fue una compañía de Florida de nombre Bal 2008, LLC, cuyo director es Ángel Fidalgo, quien firmó el traspaso del apartamento a Osechas.

Hay indicios de que esta es la modalidad escogida por Sultán Cohén para continuar con sus inversiones en inmuebles de lujo en Estados Unidos, usando, esta vez, el nombre de su socio Ángel Fidalgo, y el de otra offshore, como tapadera. Este fue el caso de la compra de un penthouse de dos plantas por 25,5 millones de dólares por la empresa UPH01S LLC el 21 de febrero de 2017, en las exclusivas residencias del edificio Oceana Bal Harbour, erigido por Consultatio Real Estate, constructora de apartamentos lujosos perteneciente al empresario argentino Eduardo Constantini.

El espectacular apartamento de 2.800 metros cuadrados, bautizado como una “mansión en el cielo” por páginas especializadas en bienes raíces, fue el segundo más caro vendido en Florida ese año. Cuenta con una terraza techada, una piscina propia y un spa. Como único directivo de la empresa que compró el apartamento, para la fecha de la venta, figuraba Ibericlake Holdings Limited, la misma offshore que posee las acciones de Fimis Holding en Luxemburgo. Fidalgo, el inseparable socio de Sultán, se unió a la directiva de esta empresa en julio de 2020.

Las compañías presididas por Fidalgo compraron, al menos, otros cinco apartamentos de lujo en Florida, todos en la avenida Collins, la turística arteria que viene desde Miami Beach y sigue al norte, atravesando Bal Harbour y otras secciones playeras, como la ahora tristemente célebre Surfside.

El pasado 10 de agosto Armando.info fue hasta la sede de Total Maritime Corp, ubicada en un piso de la torre Credicard en el municipio Chacao, al este de Caracas, con la intención de dejar un cuestionario dirigido a Sultán Cohén y Fidalgo, pero este no fue recibido en la recepción, sin que mediara explicación alguna. Ese mismo día, el reportero envió el cuestionario a través de los correos electrónicos de la compañía, pero hasta la fecha de publicación de esta nota no ha habido ninguna respuesta.

El precio del resto de los cinco apartamentos comprados por las empresas de Fidalgo, que oscila entre 2,6 y 5,7 millones de dólares, sirve como un indicio de que las compras de este cercano socio de Sultán Cohén apuntan a las inversiones en viviendas de lujo. Los siete apartamentos en los que aparece el nombre de Fidalgo –incluyendo el de María Alejandra Osechas, que Sultán Cohén apuntaba como su dirección personal con anterioridad- suman un total de 55,4 millones de dólares y fueron adquiridos entre 2012 y 2020.

Armando.info envió una solicitud de información de estas operaciones a la firma de abogados R&S International Law Group, LLP, que figura como agente registrador de las empresas. El socio del bufete, Marco E. Rojas, indicó que las regulaciones legales de Florida le impiden dar información sobre sus clientes. Explicó que tras la solicitud de este medio hicieron un nuevo proceso de due diligence, a través de sus bases de datos, y que encontraron que “no sale ninguna información negativa” sobre Sultán Cohén.  

El regreso a Puerto Cabello

Además de Venezuela y Estados Unidos, los vínculos de Sultán Cohén y Fidalgo, egresado de la facultad de ingeniería de la Universidad Central de Venezuela (UCV), se extienden a otras latitudes. Forma parte de la junta directiva con Andrés Sultán Osechas, hijo de Sultán Cohén, en dos empresas panameñas: AFS Services Marine, S.A y EAE Logistics S.A, dedicadas al traslado de carga y el comercio marítimo.

Las compañías de comercio marítimo de Sultán Cohén siguen en pleno funcionamiento en diversas regiones. Este es el caso de Atlantic Feeder Services, S.A. en Panamá (abreviada AFS, como la que dirige su hijo), en donde figura su nombre junto al de Juan José Iturbe Rodríguez. Hay dos empresas con nombres similares en Estados Unidos: Atlantic Feeder Services (USA), LLC, inscrita el 23 de enero de 2013 y Atlantic Feeder Services, S.A. Corp, registrada como compañía extranjera en el estado de Florida el 4 de noviembre de 2020. En su página web, la sociedad panameña señala que tiene una asociación con una compañía naviera mediterránea para proveer servicios a las compañías de envíos marítimos más grandes de la región del Caribe.

Esta empresa tiene como dirección en Venezuela una oficina ubicada en el casco central de Puerto Cabello que pertenece a Mundo Mar Agencia Marítima, S.A. En Venezuela el nombre de esta empresa panameña es Agencia Marítima Mundo Mar C.A., y tiene como objeto exclusivo el comercio marítimo. Durante esta investigación Armando.info encontró que el empresario venezolano ha creado más de 20 empresas, en distintas partes del mundo, en los últimos 20 años. 

En febrero de 2017, tras casi ocho años de la estatización de los puertos venezolanos, la autodenominada Revolución Bolivariana, ahora presidida por Nicolás Maduro, reactivó el Sistema de Registro de Operadores Portuarios (SROP) para las empresas privadas que prestan servicios en los puertos y empezó a establecer tarifas en dólares para la inscripción de las compañías. Fue la oficialización de las llamadas “alianzas estratégicas”, una figura que está usando el chavismo desde hace unos años para abrir la puerta a que empresarios de su círculo cercano le ayuden a rescatar industrias que fueron quebradas por la administración estatal. 

En una nota publicada en la web de Bolipuertos el 28 de noviembre de 2018, este ente indicó que se encontraba realizando una inspección de las maquinarias y equipos en las instalaciones del puerto de Puerto Cabello y se señala que entre las empresas inspeccionadas estuvo la Agencia Maritima Mundo Mar C.A. En agosto de ese año se informa sobre otra alianza estratégica entre la empresa estatal y Cosco Logictics, la filial de la empresa china de transporte marítimo de mismo nombre cuyo representante en Venezuela es Carlos Hostos, quien fue accionista de Braperca, la empresa de Sultán Cohén ocupada en 2009.

Estas noticias en el portal de Bolipuertos dan cuenta del fracaso de esta institución en la administración de los puertos venezolanos, a cuyos muelles regresaron algunos de los empresarios perjudicados en los tiempos de las confiscaciones de Chávez. Sultán, que vivió un ascenso que contrasta con el estado de los almacenes que administró a inicios del chavismo, sigue operando en estas instalaciones y un empresario del sector, que prefiere el anonimato, no descarta su regreso, o el de sus antiguos socios, a través de concesiones, a los mismos almacenes de los que fueron expulsados.