Investigaciones periodísticas en torno de la campaña develaron una conexión por la que Halabi Harb aparecía como financista de la entonces candidata a representante (equivalente a concejal en el sistema político venezolano) del Distrito 12, Sophia Lacayo, a la postre derrotada.

Lacayo, empresaria de origen nicaragüense, ha sonado en la prensa en los últimos años, no tanto por su significación política sino por entuertos judiciales. Una mirada a su sitio web permitirá comprobar que, más que un programa de acción, la candidata proponía una suerte de apostolado que expresaba con el eslogan de “valores familiares, servicio y compromiso”. Pero en 2020, como comisionada de Sweetwater (ciudad de unos 13.000 habitantes del oeste del condado de Miami Dade, conocida como Little Managua y que aloja el enorme Dolphin Mall), dimitió tras declararse culpable de perjurio al descubrirse que mintió respecto de su lugar de residencia -debía estar en la misma ciudad- para aspirar al cargo. Fue sentenciada a un año de libertad condicional e inhabilitada para presentarse en cargos públicos durante un año.

Con el ánimo de superar aquel escollo, en 2022 quiso protagonizar una resurrección política al competir con el popular alcalde de Doral -ciudad vecina a Sweetwater, repleta de inmigrantes venezolanos-, Juan Carlos Bermúdez, quien más que contendiente se convirtió en su némesis, no solo por haber ganado el cargo sino también por haber denunciado la irregularidad de la proveniencia de los fondos de la candidatura de Lacayo. De paso, también puso a sonar el nombre de Halabi

En la cuenta bancaria de su campaña, Lacayo llegó a tener más de un millón de dólares disponibles. Parte de esos fondos, según analistas electorales una cifra desproporcionada para ese tipo de campañas locales, provenían de préstamos de empresas de la misma candidata. Nada inusual, excepto por el detalle de que tales fondos tenían a su vez origen en ayudas del gobierno federal estadounidense mediante el Programa de Protección de Pago, una medida implementada durante la pandemia para proteger a las compañías y sus empleados de los embates causados por la parálisis casi total de la economía mundial.

Otra porción provino del financiamiento de Anuar Halabi Harb. La transferencia de fondos se concretó con la hipoteca de una empresa de Lacayo a otra compañía, Inlight Investment LLC, perteneciente a Halabi Harb.

La razón de esta apuesta no ha quedado clara, pues Lacayo se negó a declarar a los medios de Estados Unidos que la interpelaron al respecto. La prueba, documentos mediante, es que la empresa de Halabi Harb fue creada para este fin, que tiene sede en Delaware y nombre exactamente igual al de otra empresa más antigua que la del director de BNC, y que en total hipotecó 3,9 millones de dólares a Lacayo Real Estate Group LLC.

¿Quién es Halabi Harb, ese venezolano poco conocido, para interesarse en la política del sur de Florida hasta servir de prestamista a una oscura candidata municipal? Para descifrarlo Armando.info consultó documentos obtenidos gracias tanto a través del Proyecto de Reportería de la Corrupción y el Crimen Organizado (Occrp, por sus siglas en inglés), como en la base de datos de los Pandora Papers, filtración de más de 11,9 millones de documentos de paraísos fiscales y ordenados en una investigación publicada en 2021, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). 

El escrutinio permite ver que Halabi no solo ha sido muy activo en la constitución de entidades offshore, sino también en la compra-venta de bienes raíces, principalmente en el estado de Florida, con la que ha llegado a tener 62 propiedades, que en algunos casos aún conserva y, en otros, ha vendido ya. 

Dos frentes, dos hipotecas

Halabi Harb (nacido en Beirut, Líbano, en 1949, y nacionalizado venezolano) comenzó los trámites para registrar la empresa mediante la cual otorgaría los fondos a Lacayo en agosto de 2021, según lo que detallan documentos constitutivos de los registros mercantiles de los estados  de Delaware y Florida.

En orden cronológico, la de Delaware -un virtual paraíso fiscal en el territorio continental de Estados Unidos- fue la primera sede de la empresa en ser registrada, el 16 de junio de 2021.  El 2 de agosto se registró la sede de Florida.

Con los documentos constitutivos comenzaron las negociaciones para el traspaso de fondos. Los parámetros de esos acuerdos quedaron registrados en dos escrituras de hipotecas, compendiadas con el término de propiedades de inversión.

La primera de ellas es del 1 de septiembre de 2021. La negociación precisa que “a cambio de una buena y valiosa suma” de 2,1 millones de dólares, el deudor hipotecario, en este caso la empresa Lacayo Real Estate Group, otorgó a Inlight Investment LLC todos los bienes inmuebles que tenía la compañía de la candidata en Florida.

Aunque no está especificado en el documento, Armando.info corroboró que esta empresa de Lacayo es propietaria de seis apartamentos en Sweetwater y de uno en Doral. 

En febrero de 2022 se concretó la segunda parte de los acuerdos entre ambas empresas. Con los mismos términos respecto de la primera escritura hipotecaria, este segundo préstamo fue de 1,8 millones de dólares.  

Ambos contratos suman los 3,9 millones de dólares que Halabi Harb prestó a Lacayo, un monto que excede con creces el millón de dólares que la prensa estadounidense aseguró que había en los fondos de campaña de Lacayo. 

Armando.info intentó comunicarse con Sophia Lacayo por un mensaje en su sitio web, llamando al número telefónico registrado en el portal de su campaña y a través de un mensaje a su cuenta de Instagram. No hubo respuesta. 

“Lacayo tiene un millón de dólares en su cuenta de campaña, cuando hacen falta 400.000 dólares para tener éxito como candidato para un escaño en la comisión de Miami Dade. Lo curioso del distrito es que ella tiene alrededor de un millón. Eso no es común”, insistió, en declaración a Telemundo 51, Miker Hernández, analista político.

Con el paraguas del poder

Con una frase recurrente para presentarse en sus redes sociales, “un empresario exitoso de Maracay, estado Aragua”, Anuar Halabi se ha decantado por un estilo discreto en lo atinente a su imagen pública, en contraste con su estilo desenvuelto y pragmático para los negocios.

A los 30 años, en Maracay, despegó una carrera empresarial que no muestra señales de terminar. Fue entonces en 1979, en Maracay, cuando fundó la empresa Suministros AH, C.A. 

“Luego de estar en el sector de electrodomésticos (con suministros AH) y esas cosas, como comerciante fue metiéndose en actividades de carácter financiero. Primero, como ejecutivo en el Banco Caracas [entidad fundada en 1890 y absorbida en 2000 por el entonces privado Banco de Venezuela, filial del español Grupo Santander]”, recuerda, en conversación telefónica con Armando.info, Carlos Tablante, exdiputado y exsenador del antiguo Congreso de Venezuela, primer gobernador electo del estado Aragua (1989) y exintegrante del partido Movimiento al Socialismo (MAS). Sus cargos en el Banco Caracas los confirma el mismo Halabi Harb en su cuenta de Linkedin, donde señala, como parte de su trayectoria, haber sido presidente de la Junta Consultiva de Crédito para la zona de los estados Aragua y Guárico entre 1997 y 2001.

“Él comenzó a ser visible para las autoridades. Le gustaba ser una suerte de hombre útil para quien estaba en el poder y facilitar la logística. Algo así como un proveedor de todos. Se le recuerda como vende todo, pero no en sentido peyorativo”, añade el exgobernador.

Avanzada la década de los años 80, Halabi Harb fue señalado en círculos aragüeños por haber sido favorecido como contratista para proveer enseres a los damnificados de la tragedia de El Limón, un deslave que arrasó a varias comunidades asentadas en la faldas de las montañas del parque nacional Henri Pittier, en el norte de Maracay,  que dejó al menos un centenar de fallecidos. Las acusaciones se basaban en irregularidades en la distribución de colchones y sábanas y en sobreprecios de estos. 

En ese momento ya era conocida su relación con el gobernador Antonio Aranguren, perteneciente al partido Acción Democrática (AD) y nombrado en ese cargo por el expresidente Jaime Lusinchi, en un momento en el que las autoridades regionales eran designaciones presidenciales. “Aranguren y Halabi Harb son muy amigos y han trabajado juntos”, dice al teléfono una fuente cercana al primero, cuyo nombre se omite a petición. 

Respecto de Halabi y la tragedia de El Limón, el mismo Tablante, entonces diputado, recuerda haber solicitado en el Congreso una investigación para todos los contratistas relacionados con el caso: desde los encargados de construir los embaulamientos en las comunidades afectadas hasta quienes, como Halabi, se encargaron de distribuir enseres luego de la tragedia. 

“En esto debo ser muy responsable: no hubo nada que se pudiera documentar, respecto a una responsabilidad de él, a partir de una investigación, unas recomendaciones, unas conclusiones y unas sanciones de órganos competentes que determinaran una conducta irregular. Objetivamente, no conozco un documento con pruebas que señalen a este personaje con alguna irregularidad”, subraya Tablante. 

En 1982, el libanés-venezolano fundó una pequeña emisora en Maracay, Corporación Apolo, C.A., empresa comunicacional que diversificó en 1999 con Corporación Radio Ciudad. Según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), con esta promocionó, mediante contratos publicitarios, a Didalco Bolívar, gobernador de Aragua entre 1995 y 2008 alineado con el chavismo y uno de sus cercanos. Un político venezolano en el exilio, que pidió mantener su identidad en resguardo, corroboró a Armando.info la amistad entre Bolívar y Halabi Harb.

Una capa esconde la otra

Halabi Harb destaca en uno de sus sitios web como uno de sus logros principales la fundación en 1992 de la Unión Libanesa, C.A., el germen para lo que luego se convertiría en el Club Monte Líbano, punto de encuentro de esa comunidad en Maracay, la capital de Aragua.

Una fuente consultada explica que la proximidad con sus paisanos determinó en gran parte su éxito como banquero: la comunidad libanesa tenía la confianza para invertir en donde estuviese el coterráneo Anuar. 

El Banco Nacional de Crédito (BNC), el pivote de sus cartas de presentación, fue fundado en 2002. Allí, junto con Luis Alberto Hinestrosa Pocaterra, Maritza Ripanti Flores, Antonio Izsak Hecker, Luisa M. Vollmer de Reuter y Andrés Eduardo Yánez Monteverde, figura como uno de los directores principales.

El BNC pertenece a Jorge Luis Nogueroles García, empresario de ascendencia catalana y linaje empresarial: su padre, José María Nogueroles, también fundador del BNC, fue presidente del Banco Provincial y ahora funge como presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela. 

En mayo de 2009, el BNC concretó su primera gran expansión cuando absorbió la sede venezolana de Stanford Bank a raíz de que su propietario, Allen Stanford, fuera acusado en Estados Unidos por encabezar una estafa piramidal de 8.000 millones de dólares. BNC pagó 111 millones de dólares para cerrar la compra. 

Pero, mientras la expansión en Venezuela continuaba (en parte porque la fiebre expropiadora de Hugo Chávez, de la que también fue víctima el sector bancario, no afectó al BNC), en el exterior las noticias no eran alentadoras. En noviembre de 2009, agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, dependiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos) intervinieron el Caracas International Banking Corporation (CIBC, hoy llamado BNC International Banking Corporation, con sede en San Juan, Puerto Rico, fundado en 1989 y propiedad de los Nogueroles). La causa: 3,4 millones de dólares en colocaciones pertenecientes al empresario venezolano Walid Makled, acusado de narcotráfico. Halabi ha ocupado el cargo de director del Caracas International Banking Corporation desde 2008 hasta la actualidad -según su perfil profesional en Linkedin-, sin que por ello haya surgido vinculación alguna de él con esa investigación de la DEA sobre Makled. 

Desde febrero de 2022, en la Fiscalía General de la República reposa una denuncia por estafa y legitimación de capitales contra Jorge Luis Nogueroles, como presidente del BNC. De acuerdo con la denuncia, el banco operó de manera conjunta con la aplicación Shasta, billetera digital desarrollada en España y en cuya directiva se encuentra Vivian Ruiz, señalada como pareja del ministro de Defensa del régimen venezolano, Vladimir Padrino, que retuvo el dinero de sus clientes en Venezuela. En este caso tampoco figura Halabi Harb.

Dualidades paradisíacas

A pesar de las acusaciones del caso Shasta, la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), autorizó al BNC para adquirir el Banco Occidental de Descuento (BOD), perteneciente a Víctor Vargas, quien en algún momento fue conocido como el banquero de Chávez. Vargas no era un nombre desconocido para Halabi. De hecho, entre 2001 y 2003 fue director ejecutivo del BOD. Lo cierto es que el cierre de esta negociación convirtió al BNC en el banco más grande de Venezuela y en uno de los de mayor crecimiento del país.

En los Pandora Papers, Halabi Harb figura como fundador de Carmalinda Investing Limited, una compañía destinada a servir como vehículo de inversión, es decir, tenedora de acciones, para arropar a otras dos compañías, también registradas, como aquella, en Islas Vírgenes Británicas. 

Una es Gildania Group Limited. Otra, Inlight Investment Limited: tal y como la denominación de la empresa de Estados Unidos, con sedes en Delaware y en Florida, a través de la cual se otorgó el préstamo a Lacayo. 

No son las únicas de las que da fe esta filtración. Waterwheel Finance Limited, Southriver View Limited y Bluejay Investments Limited, por separado, también fueron parte del paquete de empresas registradas en Islas Vírgenes Británicas. En Nevis, una de las islas de la nación caribeña de Saint Kitts and Nevis (San Cristóbal y Nieves), entre 2015 y 2017, Halabi Harb fundó y disolvió Yacamar LTD. Todas estas empresas tienen por denominador común objetos tan abstractos como, por ejemplo, “beneficio empresarial”. 

En otras jurisdicciones, Halabi también duplicó nombres de personas jurídicas. Por ejemplo, en Aruba registró JARP Corporation A.V.V. (IL), entre 2009 y 2012, y JARP Investments Corporation, con sede en Florida, Estados Unidos, también registrada en 2009 y disuelta en 2014.

En Estados Unidos, además de Inlight Investment, Halabi Harb ha diversificado sus negocios en el sector de bienes inmuebles. En Florida, un conjunto de diez empresas (en algunas de las que son accionistas sus hijas, Yajaira y Marialejandra Halabi), principalmente las denominadas Blue Waters, han sido registradas como propietarias de, al menos, 62 apartamentos entre Miami y Homestead, valorados entre 280.000 y 950.000 dólares. Algunos han sido vendidos, pero Halabi Harb, a través de las empresas, conserva al menos una veintena de estos bienes.  

Armando.info envió por correo electrónico y por WhatsApp un cuestionario a Halabi Harb para esta investigación. Hasta el cierre de la edición no hubo respuestas de su parte. 

La cuenta en Credit Suisse fue abierta el 20 de junio de 2007 a nombre de la sociedad Layla Assets Corp., que se había constituido nueve días antes en Panamá. Los depósitos en esa cuenta superaron los 1,3 millones de francos suizos en noviembre de 2015 (alrededor de 1,33 millones de dólares al cambio de la época).

Un portavoz de Luis Alfonso de Borbón, que pidió no ser mencionado, admitió que Luis Alfonso, también Duque de Anjou, tenía firma autorizada en la cuenta de Credit Suisse, pero añadió que “jamás la utilizó, nunca realizó ningún movimiento ni disposición”. La única propietaria del dinero, explicó, era su mujer. Aunque están casados en régimen de gananciales -estatus contemplado en la normativa española por el que los bienes de los cónyuges, previos al matrimonio, permanecen separados, pero aquellos que se obtengan después formarán parte de un patrimonio común- , ello no excluye que existan propiedades con carácter privativo de Margarita Vargas, como, por ejemplo, las donaciones hechas por su padre.

La información sobre la cuenta suiza del matrimonio Borbón-Vargas forma parte de la investigación periodística Suisse Secrets, basada en una filtración que una fuente anónima entregó hace más de un año al periódico alemán Süddeutsche Zeitung. Contiene datos sobre más de 18.000 cuentas abiertas en el banco Credit Suisse. En la investigación han participado 48 medios y 163 periodistas de todo el mundo, coordinados por la organización Occrp (siglas en inglés del Proyecto de Reportería del Crimen Organizado y la Corrupción) y el Süddeutsche Zeitung de Múnich. InfoLibre, autor del presente reportaje, es el único medio español que forma parte de este proyecto. Por Venezuela, participan Armando.info y Efecto Cocuyo.

La empresa Layla Assets Corp. quedó incorporada el 11 de junio de 2007. Constituida formalmente por testaferros, la propietaria desde el principio fue Margarita Vargas. Así lo indica el portavoz autorizado de Luis Alfonso de Borbón a quien infoLibre planteó diversas preguntas sobre el patrimonio y los negocios del matrimonio. Ese portavoz achaca al padre de Margarita, Víctor Vargas, la decisión de constituir la sociedad de Panamá: “Cuando su padre constituyó Layla, Margarita era estudiante de grado y no controlaba ese tipo de asuntos”. El día que la compañía panameña inició sus operaciones, Margarita Vargas tenía 23 años de edad y llevaba dos años y medio de casada.

El portavoz de Luis Alfonso de Borbón sostiene que la cuenta en Credit Suisse fue cerrada en 2017. “En aquel momento en la cuenta ya había una cantidad muy pequeña, tanto que Credit Suisse invitó a Margarita a cancelarla, porque el banco suizo no mantiene abiertas las cuentas con saldos tan bajo. Así que Margarita Vargas realizó una transferencia de ese dinero a su banco en España”. Lo cierto es que un año antes, en junio de 2016, en la cuenta de Credit Suisse había más de 1,2 millones de francos suizos (unos 1,18 millones de dólares), según los datos consultados por infoLibre.

Consultado al respecto para este reportaje, el portavoz aseguró que el matrimonio “siempre ha incluido en sus declaraciones de la renta tanto el dinero de Credit Suisse como el resto de bienes”. Ni tener una empresa en Panamá ni disponer de una cuenta en un banco suizo constituyen hechos irregulares, siempre que los activos sean declarados ante la agencia tributaria correspondiente a la residencia fiscal de sus tenedores.

En 2017, precisamente, dejaron de figurar los testaferros al frente de la empresa panameña, de forma que la pareja pasó a administrar la sociedad no solo de hecho, sino también en los documentos. Margarita Vargas fue designada presidenta de Layla Assets Corp., mientras que Luis Alfonso de Borbón asumió los cargos de director y tesorero, según consta en el Registro Mercantil de Panamá.

El 17 de abril de 2021, Layla Assets Corp. quedó disuelta. Como se verá más adelante, Panamá se había convertido en una jurisdicción problemática para la familia Vargas después de que en 2019 colapsara el Allbank de ese país, propiedad del magnate venezolano. Un banco entre cuyos directivos estaba Luis Alfonso de Borbón.

Defina “efectivo metálico”

En los primeros años del matrimonio, la pareja estableció su domicilio en Venezuela. Allí empezó a trabajar Luis Alfonso de Borbón a las órdenes de su suegro. Víctor Vargas Irausquín es dueño de un potente holding de empresas que tiene como cabecera al grupo financiero Banco Occidental de Descuento (BOD). Así que ahí colocó a su yerno, quien en 2005 empezó a ejercer como Vicepresidente Internacional de BOD.

En 2010, la pareja trasladó su residencia a España. Y dos años después decidió constituir su primera empresa conjunta en este país. Para que el nuevo emprendimiento pasara inadvertido, se diseñó la siguiente operación: una mercantil panameña constituyó el 28 de marzo de aquel año en Inglaterra la sociedad Mella Limited, de la que, un mes más tarde –el 30 de abril–, Luis Alfonso de Borbón se convirtió en accionista único; ese mismo día, Mella Limited compró todas las participaciones de una sociedad española que se llamaba Emporio 2012 SL. En otoño de aquel año, le cambiaron el nombre a esta última empresa y la denominaron Borvar Inversiones SL, una marca híbrida conformada con las primeras sílabas de los dos apellidos de la pareja (Borbón y Vargas). 

Borvar Inversiones se convirtió en la vía de entrada en España de cuantiosos fondos del matrimonio. En concreto, desde 2014 hasta 2019, Borbón y Vargas ingresaron en su empresa al menos 7,15 millones de euros (algo más de 8,8 millones de dólares). 

Los movimientos más llamativos se produjeron a comienzos de 2017, cuando, en poco más de seis semanas, la empresa realizó dos ampliaciones de capital por un importe total de 3,61 millones de euros (alrededor de 3,9 millones de dólares). ¿Y cómo llegó ese capital a la sociedad? En los documentos oficiales del Registro Mercantil de Madrid se indica literalmente lo siguiente: “Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú (...) asume un millón ochocientas diez mil nuevas participaciones sociales (...) por su valor nominal conjunto de € 1.810.000, que aporta en efectivo metálico”. Esa es la referencia de la ampliación realizada el 13 de enero. La del 28 de febrero es idéntica, salvo una variación mínima en la cantidad, que en esa segunda ocasión fue de 1,8 millones de euros. Pero también consta que el bisnieto de Franco aportó ese dinero “en efectivo metálico”. En ambos casos, según las escrituras, el dinero se ingresó en una cuenta que la sociedad tenía en el Banco Pastor.

Cinco meses más tarde, el 3 de julio de 2017, Borvar Inversiones realiza otra ampliación de capital. Esta vez el importe son 275.000 euros (cerca de 312.600 dólares) y de nuevo consta que “la totalidad de las aportaciones ha sido ingresada en efectivo metálico de curso legal en cuenta abierta a nombre de la sociedad, en una entidad de crédito, tal como resulta de la certificación expedida por la entidad Banco Sabadell”.

Al ser preguntado por este hecho, el portavoz de Luis Alfonso de Borbón responde que la expresión “en efectivo metálico” no debe entenderse bajo ningún concepto como que dichas cantidades se ingresaron en billetes en las respectivas oficinas bancarias: “Todos los ingresos en Borvar Inversiones se realizaron mediante transferencias, nunca en efectivo metálico. Y todos los ingresos han sido siempre declarados y justificados”. Y respecto al origen de los fondos, el portavoz especifica que “todos ellos proceden de los emolumentos de Luis Alfonso de Borbón correspondientes a su trabajo en el grupo financiero Banco Occidental de Descuento y de dinero que Víctor Vargas había donado a su hija Margarita”.

En otras palabras: de acuerdo con la versión oficial del bisnieto de Franco , cuando en la escritura otorgada ante un notario e inscrita en el Registro Mercantil se lee la expresión “en efectivo metálico”, en realidad hay que entender que se trata de una transferencia bancaria.

Sin embargo, en la siguiente ampliación de capital de la compañía, ejecutada el 14 de diciembre de 2018 por un importe de 1,14 millones de euros (equivalentes a unos 1,29 millones de dólares), en la escritura sí se hace alusión explícita a una transferencia bancaria. El dinero lo aportó en esa ocasión Margarita Vargas. Del monto, 750.000 euros correspondían a una “transferencia bancaria a la cuenta de la sociedad”, y 390.000 euros ingresaron mediante una “compensación de créditos”.

Hay que destacar que las cuatro escrituras mencionadas fueron autorizadas por el mismo notario de Madrid, de forma que todo apunta a que se trata de un profesional que usa en casos distintos los conceptos de “efectivo metálico” y “transferencia bancaria”, y no los utiliza como si fueran sinónimos.

La mayor parte de los fondos que llegaron a Borvar Inversiones se destinaron a la adquisición de un inmueble en una zona residencial conocida como La Finca, que es probablemente la más exclusiva de Madrid y sus alrededores. En octubre de 2012, la pareja Borbón-Vargas compró la parcela de 8.037 metros cuadrados a uno de los futbolistas más famosos de España, el exguardameta del Real Madrid y de la selección española -para entonces, campeón mundial vigente-, Iker Casillas. Y sobre ese terreno se levantó un chalé de tres plantas –sótano, baja y primera–, con una superficie total construida de 1.425 metros cuadrados.

En julio de 2019, el matrimonio decidió transferir la titularidad del chalé desde una persona jurídica, la sociedad Borvar Inversiones, a cada uno de los integrantes de la pareja, como personas naturales. El inmueble fue valorado en ese momento en 9,17 millones de euros (alrededor de 10,3 millones de dólares). A Margarita Vargas se le adjudicó 68,33% de la propiedad, y a Luis Alfonso de Borbón, 31,67%. La distribución accionaria obedecía a la proporción del dinero ingresado como privativo de Margarita Vargas y como patrimonio común, ya dentro del matrimonio.

Al ser preguntado por la razón de ese cambio en la titularidad del inmueble, el portavoz del bisnieto de Franco indicó lo siguiente: “Cuando adquieren dicha propiedad, Luis Alfonso y Margarita no tenían certeza sobre qué uso le querían dar, si irían a vivir allí o sería una inversión. Una vez que tomaron la decisión definitiva de residir en dicha propiedad, por razones fiscales se consideró que lo más oportuno era que estuviese a nombre de ellos como personas físicas, ya que eran quienes estaban disfrutando del chalé”.

Efectivamente, si una persona natural reside en una vivienda que pertenece a una empresa (aunque esta persona jurídica sea suya), para cumplir con Hacienda es necesario que exista un contrato de alquiler entre ambas partes fijado a precio de mercado. La agencia tributaria española pretende así evitar que se utilicen sociedades mercantiles de forma fraudulenta para reducir la factura fiscal. Quiere decir que, en julio de 2019, el matrimonio Borbón-Vargas pasó a cumplir con la normativa tributaria. Pero, hasta entonces, estuvo viviendo durante un lustro en un chalé a nombre de una sociedad, lo que abre una incógnita sobre cómo se reflejó esa operación en sus declaraciones de renta y sociedades.

Quiebras de sangre azul

La fuente principal de los ingresos de Luis Alfonso de Borbón y de su mujer, tal y como ellos mismos admiten, tiene un nombre: Víctor Vargas Irausquín, el banquero de Chávez, dueño del grupo financiero Banco Ocidental de Descuento (BOD). 

Entre 2005 y 2019, BOD fue una caudalosa fuente de ingresos para la familia Borbón-Vargas, pero ese último año también se convirtió en un quebradero de cabeza. El BOD, además de ser unas de las principales entidades financieras de Venezuela, contaba con cuatro filiales en otros países: Allbank en Panamá, Banco del Orinoco en Curazao, BOI en Antigua y Bancamérica en República Dominicana. Dos de esas entidades quebraron. A principios de septiembre de 2019, las autoridades de Curazao, una nación insular y virtual paraíso fiscal en el Caribe, excolonia neerlandesa frente a las costas venezolanas, ordenaron intervenir el Banco del Orinoco, así como la extinción de su licencia para operar. Esa medida obligó a actuar de forma inmediata a la Superintendencia de Bancos de Panamá –el regulador bancario de este país–, puesto que parte de los fondos de AllBank estaban colocados en el Banco del Orinoco. Antes de final de aquel 2019, las autoridades de Curazao y Panamá ordenaron liquidar los respectivos bancos. El regulador de Venezuela, Sudeban, también ordenó intervenir a puertas abiertas el banco de Vargas en el país, el BOD, que todavía hoy opera.

Luis Alfonso de Borbón actúa como Vicepresidente Internacional del BOD. No solo está en la Junta Directiva de la matriz venezolana del grupo financiero, sino que también entró en el consejo de las dos sociedades montadas en Panamá: All Financial Group Corp. y AllBank Corp. La Superintendencia panameña, en la resolución por la que intervino Allbank, denunció que la entidad contaba con “un sistema de controles internos no adecuados y una gestión de la Junta Directiva no acorde a los riesgos que encara el banco”. 

Los clientes perjudicados por las quiebras de ambas entidades financieras pusieron pronto en la mira a Luis Alfonso de Borbón. De acuerdo con sus denuncias, era conocido como El Príncipe y funcionaba como gran reclamo publicitario de Víctor Vargas para atraer clientes al BOD. Y es que además de bisnieto de Franco por parte materna, Luis Alfonso de Borbón también es bisnieto por parte paterna de quien fuera rey antes de la llegada de la Segunda República, Alfonso XIII. Se considera legítimo heredero al trono de Francia, majestad que la Casa de Orléans le disputa, aunque no parece que entre las prioridades de los franceses a corto plazo se encuentre la de reinstaurar la monarquía. Lo que está fuera de toda duda es que El Príncipe hace gala de sus aspiraciones: en su boda con la hija de Vargas, celebrada en 2004 en La Romana, sureste de la isla de La Española, llevaba uniforme de Bailio de la Gran Cruz de la Orden de Malta, distinción reservada a jefes de Estado y de casas reales. Unas ínfulas que no gustan demasiado en el Palacio de la Zarzuela, la residencia oficial de la casa real española en Madrid. Aunque Luis Alfonso de Borbón es primo segundo del actual rey, Felipe VI, ningún miembro de la familia real fue a aquella boda celebrada en República Dominicana. Se perdieron actuaciones en directo de Los del Río, David Bisbal y Juan Luis Guerra. Y también una misiva personal del Papa Juan Pablo II dirigida a los novios.

En medios de prensa se publicaron declaraciones de clientes de las filiales quebradas del BOD quejándose amargamente de Luis Alfonso de Borbón: “Mandamos todos nuestros ahorros al Banco del Orinoco. Lo hicimos, entre otras cosas, por las garantías que nos daba ver a un noble al frente, alguien que salía en las revistas”.

El portavoz de Luis Alfonso de Borbón, en relación con las preguntas sobre su papel en el BOD, intenta quitarle importancia: “Aunque formase parte de la Junta Directiva o de los consejos de dichas entidades financieras, en ningún caso tuvo poder ejecutivo. Su función era puramente comercial, representativa. Cada dos meses, aproximadamente, se desplazaba a Venezuela y mantenía reuniones con los clientes que le indicaban. Pero jamás estuvo entre las personas que tomaban las decisiones en el grupo financiero”. 

Dicho portavoz añade que, pese a los dos años transcurridos desde las quiebras del Banco del Orinoco en Curazao y de Allbank en Panamá, “Luis Alfonso de Borbón no tiene constancia de ninguna actuación judicial que le implique, ni civil ni penal. No ha recibido ninguna notificación en ese sentido”.

En cualquier caso, atrás quedaron los tiempos de ir luciendo el apellido Borbón por las Américas o de jactarse de riqueza, como hacía el suegro en una de las biblias periodísticas del capitalismo: "La gente escribe historias de mí diciendo que tengo un Ferrari, un avión y un yate. Pero no es verdad. Tengo tres aviones, dos yates y seis casas. ¡He sido rico toda mi vida!", declaró Víctor Vargas en una entrevista en 2008 con The Wall Street Journal, en la que se definió como “un socialista en el sentido real de la palabra”. Como politólogo no consta que tenga obra escrita, pero de lo que sí hay abundante documentación es de la forma en que Víctor Vargas adquiere esas propiedades de las que presume. Armando.info develó, por ejemplo, que su última gran compra inmobiliaria, la villa La Serenísima en República Dominicana, le costó 44 millones de dólares, y que para la transacción se diseñó una complejísima trama societaria que pasaba por Panamá, Estados Unidos, Barbados, Islas Vírgenes Británicas, España y Reino Unido. El vendedor era Gustavo Cisneros, otro de los principales multimillonarios venezolanos.

La conexión franquista

Puede que, como sostenía un emperador romano, el dinero no huela; pero lo que es seguro es que para algunos no tiene ideología. Luis Alfonso de Borbón debe ser uno de ellos. Reconocido franquista, lleva más de tres lustros viviendo del dinero amasado por su suegro, cuyos negocios florecieron durante los años de gobierno de un comandante revolucionario, Hugo Chávez.

Luis Alfonso de Borbón es desde hace cuatro años presidente de honor de la Fundación Francisco Franco, entidad cuya misión principal es hacer apología del dictador filofascista y general golpista, que gobernó España con mano de hierro desde 1939 hasta su muerte en 1975. Cuando el gobierno de Pedro Sánchez decidió exhumar en 2018 el cadáver de Franco, sepultado hasta entonces en una tumba en el sitio conmemorativo del Valle de los Caídos, Luis Alfonso de Borbón acaparó el protagonismo público como portavoz de los herederos del dictador, que se oponían al traslado. Entre otras afirmaciones, aseguró que el templo franquista del Valle de los Caídos representaba en realidad “la reconciliación de las dos Españas” y predijo que “la Historia castigará a quien profane este templo grandioso”, en referencia a la exhumación del cadáver de Franco.

Años antes había mostrado públicamente sus inclinaciones ideológicas en una entrevista para el semanario francés Paris Match. Fue en 2010 cuando describió así a Franco, jefe de los militares sublevados que precipitaron la guerra civil española en 1936, y posterior dictador durante cuatro décadas: "Creó la clase media española, plantó bosques, hizo lagos y carreteras, e impidió que el país entrara en guerra y que el comunismo se instalara. Evidentemente, se produjo la guerra civil, pero él no la había querido". En otras ocasiones ha acaparado titulares por sus declaraciones contra el matrimonio homosexual.

Luis Alfonso de Borbón también ha sido durante algunos años administrador de parte del patrimonio amasado durante décadas de expolio por su bisabuelo. Dos de las principales empresas creadas por la familia Franco para gestionar su herencia fueron Fiolasa SL y Sargo Consulting SL. Constituidas en 2002, al frente estaban dos consejeros delegados solidarios: Carmen Franco Polo, hija del dictador, y Luis Alfonso de Borbón. Y es que este, después de que falleciera su padre en un accidente de esquí y su madre se fuera a vivir a París con su nueva pareja, creció estrechamente ligado a su abuela, Carmen Franco. Hasta el punto de que esta lo eligió para administrar con ella esas dos empresas familiares cuando su nieto apenas tenía 28 años. Luis Alfonso de Borbón dejó de ser consejero delegado de Fiolasa y de Sargo Consulting en 2006, un par de años después de su matrimonio con la hija del banquero de Chávez. Como administradora única quedó Carmen Franco, hasta su muerte en 2017. Ella era también la presidenta de la Fundación Francisco Franco, puesto en el que le sucedió Luis Alfonso de Borbón.

Dada su ideología, no puede extrañar tampoco la buena relación que Luis Alfonso de Borbón mantiene con Santiago Abascal, el líder de Vox, el ascendente partido de ultraderecha populista en España. Sin embargo, su contacto más estrecho en el partido es su vicepresidente económico, Víctor González Coello de Portugal. Amigos desde la infancia, también han compartido negocios. Ambos fueron administradores solidarios de la empresa Servicio Integral del Taxi SL, constituida en 2010 y que fue liquidada cinco años más tarde.

Pero no es el único vínculo empresarial entre Luis Alfonso de Borbón y los negocios de los Coello de Portugal. En 2017, el bisnieto de Franco adquirió 25% de las acciones de la sociedad Villalar 2001, administrada primero por la madre de Víctor González y después por un hermano. 

Esa inversión la realizó Luis Alfonso de Borbón a través de una empresa que constituyó en Luxemburgo en 2016, denominada Mella SA, nombre idéntico a la que había creado cuatro años antes en Inglaterra. No tuvo una vida demasiado larga, ya que la compañía del Gran Ducado fue disuelta en 2020. En ese momento era accionista de Villalar 2001 y de otras dos empresas españolas: Reto 48 España 2015 SL y Spanish Influencers 2017 SL. La primera se dedica a la explotación de centros deportivos y sigue activa, mientras que la segunda, que se promocionó como “el primer portal español para unir a las empresas y la influencia de las celebrities”, ya no cuenta con una página web operativa (aunque la compañía sigue inscrita en el Registro Mercantil).

Existe un último vínculo público conocido entre Luis Alfonso de Borbón y los Coello de Portugal, según develó la Cadena Ser. El primero es presidente y fundador de la asociación ultracatólica Cura Infirmorum et Natura-Seminare, que comparte sede con una empresa del vicepresidente de Vox y otras cuatro sociedades de su familia. La madre y un hermano de Víctor González también figuran entre los patronos y fundadores de Cura Infirmorum.

Defina “centro deportivo”

Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas Santaella han creado otras empresas en España, algunas tan recientes como Eco-Lys Recycling SL, constituida el 29 de septiembre de 2021. El bisnieto de Franco es presidente de la sociedad y suscribió 25% del capital, el mismo porcentaje que Tomas Martínez-Bordiú Ochoa, un primo segundo suyo. El objetivo es hacer negocio con el reciclaje de residuos, para lo que se han unido a un empresario granadino con alguna experiencia previa en el sector, Francisco Luis García Montero.

La primera experiencia empresarial de Luis Alfonso de Borbón de la que existe constancia en el Registro Mercantil se llama Borcorel SL, creada en 2000 para la gestión de bienes inmuebles, y de la que era administrador solidario junto a Amparo Corell. La empresa jamás presentó sus cuentas y no hay rastro de su posible actividad.

Tampoco triunfó Luis Alfonso de Borbón con International Transaction System SL, de la que fue socio y administrador único desde su fundación en 2011 hasta su extinción en 2020.

Una última compañía donde se puede rastrear su presencia es Amintas Moraleja SL, creada en 2018 y donde consta como apoderado. La administradora única es su amiga Sara Álvarez Freixas, que también gestiona Reto 48 España 2015, de la que ambos son socios. Las dos compañías se dedican a la explotación de instalaciones deportivas. Tienen dos gimnasios, aunque a Luis Alfonso de Borbón no le gusta este término, según le explicó al diario ABC de Madrid cuando abrió su primera instalación: “No es un gimnasio, es un centro deportivo, en el que asociamos entrenamiento, nutrición y tratamientos de estética, que forman parte del reto”.

Margarita Vargas, por su parte, tiene dos sociedades mercantiles en España. En 2014 creó La Lechuza Caracas SL, el mismo nombre del club de polo venezolano del que su padre es propietario. Con un capital de 150.000 euros (alrededor de 170.000 dólares), su objeto social es la cría de caballos y la enseñanza de la equitación. Por cierto, según consta en la escritura de constitución, esa cantidad fue de nuevo “ingresada en efectivo metálico de curso legal en cuenta abierta a nombre de la sociedad” en el Banco Santander.

En 2019, Margarita Vargas fundó Tip Top de Le Orle 2019 SL. El nombre se corresponde con el de uno de los caballos propiedad de la hija del banquero. En 2020, La Lechuza Caracas se convirtió en la principal accionista de esta compañía, al suscribir una ampliación de capital de 807.000 euros (alrededor de 903.000 dólares, según el cambio de la época). Lo hizo mediante una aportación no dineraria de cuatro caballos, valorados en conjunto en 772.000 euros. Los 35.000 euros restantes corresponden a otros bienes.

Las dos sociedades de Margarita Vargas tienen su domicilio en el chalé familiar en La Finca.

La historia empresarial del matrimonio formado por el bisnieto de Franco y la hija del banquero de Chávez incluye la creación de sociedades en Panamá y Luxemburgo, la quiebra de dos entidades financieras en América y el ingreso de 3,88 millones de euros en “efectivo metálico” en una compañía española cuyo nombre está formado por la primera sílaba de sus dos apellidos. Una historia donde también hay espacio para una cuenta en Credit Suisse, ligada a la empresa de Panamá, que llegó a tener en 2015 un saldo de 1,31 millones de francos suizos.

Aquel cliente no pudo disponer del dinero que depositó en el banco offshore a través de una agencia del Banco Occidental de Descuento (BOD), también propiedad de Vargas, pero en Venezuela y, como el del Orinoco, intervenido en septiembre de 2019. No disfrutó de los intereses generados por sus colocaciones en dólares, a una tasa atractiva, supuestamente respaldadas por la experiencia de una entidad con casi tres décadas en el mercado. Fue uno de los tantos venezolanos a quienes resultó más atractivo y seguro manejar sus recursos en moneda extranjera que en el devaluado bolívar -vapuleado al extremo por el control cambiario- pero, tratando de salvaguardar su patrimonio, terminó entregándolo a una especie de rosca financiera que lo evaporó.

Los caminos de ese esquema quedaron expuestos en septiembre de 2019 cuando cayó el Banco del Orinoco, constituido en Curazao conforme a las leyes holandesas y los tratados suscritos con Venezuela. Las autoridades del Banco Central de Curazao y San Martín lo intervinieron, y luego suspendieron definitivamente su licencia para operar. Problemas de iliquidez e irregularidades administrativas nunca aclaradas por el banco, a pesar de constantes requerimientos de los reguladores, sustentaron la medida.

Los apuros del Banco del Orinoco en Curazao alimentaban desde varios años la comidilla de los corros financieros. Había algo de piramidal en las jugosas ofertas de intereses en dólares que el banco presentaba a acaudalados venezolanos. Pero los cada vez más frecuentes episodios de intereses sin pagar o de clientes que se quejaban en público por no conseguir a tiempo el reembolso de sus fondos, daban pie a rumores acerca de las dificultades de Víctor Vargas para seguir el ritmo de esa bicicleta financiera. Hasta que la intervención de las autoridades de Curazao dio realidad a todas las versiones.

La crisis del Banco del Orinoco NV estalló como una onda expansiva que desde Curazao recorrió el Caribe y generó una reacción en cadena inmediata en los bancos de Víctor Vargas: Allbank en Panamá (intervenido, cerrado y en proceso de liquidación), Boi Bank en Antigua, Bancamérica en República Dominicana y el propio BOD en Venezuela, que a casi dos años de distancia sigue operando a puertas abiertas pero provisionalmente intervenido por la Superintendencia de Bancos.

Esto no tenía por qué haber ocurrido así. Pero las sucesivas crisis e intervenciones de los bancos de Víctor Vargas en el Caribe pusieron a la luz un hallazgo: todos mantenían posiciones cruzadas entre sí. Fondos acreditados a uno estaban depositados en otros, y viceversa. Por lo tanto, si uno caía, arrastraba a los otros.

Esta práctica irregular se verifica en un registro clave: 27% de los fondos comprometidos con los acreedores cuyos depósitos quedaron atrapados al momento del colapso del Banco del Orinoco en Curazao, corresponden a empresas, entidades e individuos vinculados a Víctor Vargas y su grupo corporativo. 

Mucho ruido

“Bajo investigación”, se leía en más de una decena de indicadores de los informes de los síndicos encargados de manejar la liquidación del Banco del Orinoco, designados por el Tribunal de Primera Instancia de Curazao y presentados ante el Banco Central de ese país para atender la quiebra. El más reciente de los documentos, del 17 de marzo de 2021, ratificaba que no quedaba claro si “efectivamente dispone de la liquidez y valores/bonos para cubrir sus obligaciones”. Aunque las acreencias de algunos ahorristas habían sido honradas por el banco al momento de redactar este reportaje, se trataba de un lote nada significativo de clientes con montos de menos de 10.000 dólares. Parecía una lotería sin ningún pronóstico, mientras las redes sociales seguían atestadas de mensajes de los afectados por el fraude bancario, soliviantados por el retraso en el pago de sus ahorros.

En el documento, los síndicos afirmaban que el Banco del Orinoco registra 1.935 acreedores ordinarios, con una deuda que totaliza un poco más de 735 millones de dólares. Explican que “80% de los titulares de las cuentas han aceptado una transferencia de su crédito al Boi Bank, en Antigua”, del mismo grupo financiero de Víctor Vargas, en el remoto Caribe oriental. El restante quiere su dinero y, según una máxima del derecho bancario, se debe proteger al ahorrista, sin importar cuánto sea el monto.

De esos casi dos millares de acreedores, 1.421 son ahorristas. Basta con radiografiar la lista oficial en los que se les registra, a la que Armando.info tuvo acceso, para precisar que las cuentas de al menos 1.310 no superan el millón de dólares; de hecho, son apenas 79 los que acumulan acreencias de entre uno y cuatro millones de dólares. El total del dinero de los cuentahabientes reflejado en esta base de datos es de 665 millones de dólares -equivalente a 90% de la deuda del banco- y aproximadamente la mitad de esos fondos corresponden a un grupo no muy numeroso que concentra una fortuna. Entre ellos se cuentan empresas panameñas de Víctor Vargas y su red de bancos en el Caribe.

Los montos más altos reflejados en la base de datos pertenecen al mismo grupo financiero de Vargas, incluyendo otras de sus entidades bancarias que están en proceso de liquidación o intervención: Allbank, Plus Capital Market (una empresa de corretaje de activos financieros en Panamá), Boi Bank y BOD. Entre todas reúnen un poco más de 65 millones de dólares, que era parte de ese capital que rotaban entre sí para imitar una fantasiosa solidez.

Los propios síndicos de Curazao destacan la existencia de esa rosca en su informe reciente. Una parte de los créditos del Banco del Orinoco fueron identificados en empresas del mismo Grupo Financiero BOD, el holding de Vargas. Por ejemplo, Allbank tenía varios “securities [valores] con un valor nominal total de USD 30.605.000”, que vencieron desde la fecha de quiebra. En el caso de Plus Capital Market, el proceso de liquidación llegó después, y se encargaba de “las relaciones financieras en nombre de sus propios clientes”, pero también tenía cuentas en el Banco del Orinoco, siempre según el mismo relato.

Pero no es un banco o una compañía financiera el principal ahorrista-acreedor del Banco del Orinoco. Ese es Environmental Solutions de Venezuela (Esvenca), la firma principal de Vargas para sus negocios petroleros. Aparece en la lista con más de 72 millones de dólares colocados en el banco. El de Esvenca es un nombre familiar para los reguladores curazoleños. Aparece mencionado en un reporte del Banco Central de Curazao y San Martín a raíz de la intervención del Banco del Orinoco. Allí alude a transferencias sospechosas de una compañía neerlandesa, Hanson Holland 2, a Esvenca, en lo que era parte de un intento frustrado por comprar Televen, el segundo canal privado de televisión de Venezuela, en 2015, transacción en la que Vargas hizo de componedor financiero. De igual forma, el holding y vehículo de control de los emprendimientos de Vargas en Venezuela, Cartera de Inversiones Venezolana, a través del cual adquirió el paquete accionario del BOD en 1992 y luego de Corp Banca en 2006, figura con una cuenta de 17 millones de dólares.

Otro nombre que salta a la vista entre los cuentahabientes a los que más dinero debe el Banco del Orinoco es el de Carmen Leonor Santaella Tellería, de quien Víctor Vargas se divorció en 2014 mediante la sentencia 446 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Se trató entonces de una sentencia pionera que no solo resolvió el caso de Vargas y Santaella, sino que sentó un cambio en la jurisprudencia.

En 2012, un juzgado en Caracas había declarado con lugar el divorcio de los Vargas-Santaella; sin embargo, poco después fue anulado. Los abogados del banquero interpusieron nuevamente la demanda para salir de la larga contienda y, en respuesta, el máximo tribunal decidió reinterpretar el artículo 185-A del Código Civil que disuelve el vínculo matrimonial por separación de cuerpos y modificó el procedimiento, a pesar de la resistencia de “algunos magistrados”. La ruptura consiguió finalmente sanción legal, sin derecho a una nueva anulación.

Pero el conflicto y su sonado desenlace no supusieron obstáculos para que Carmen Leonor Santaella mantuviera una cuenta de seis millones de dólares en el banco de su exmarido en Curazao. Víctor Vargas mismo tenía a su propio nombre una cuenta personal en el banco, con un saldo similar de seis millones de dólares. En términos comparativos, los 12 millones de Vargas y Santaella equivaldrían a lo que tienen los 700 ahorristas con menos dinero depositado de la lista.

Los amigos y socios de Victor Vargas también engrosaban el listado bancario de clientes, hoy acreedores.

Destaca el ingeniero Rafael Ernesto Ramírez Ruiz, quien manejaba los negocios petroleros de varias compañías, incluyendo Esvenca, y aparece con algo más de un millón de dólares. De la misma manera, Ricardo Castellanos García -el sustituto de Ramírez en Esvenca desde 2017, exgerente de Comercialización del diario El Nacional de Caracas y de la Cadena Capriles, hoy Grupo Últimas Noticias- posee una cuenta con algo más de 500.000 dólares. Sin embargo, quien significativamente tiene una fortuna cautiva en las cuentas de Curazao es Diego Lepage, abogado y mano derecha de Vargas, quien aparece con unos ocho millones de dólares.

Los doce mayores cuentahabientes-acreedores del Banco del Orinoco, que acumulan casi 180 millones de dólares, tienen alguna vinculación con Víctor Vargas y su grupo empresarial.

Pero el cotejo de la lista con el registro del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) arroja algo más singular: más de un centenar de empleados activos de las empresas de Vargas -en Esvenca o en el BOD- tenían cuentas en el Banco del Orinoco. La mayoría proceden del estado Miranda y del Distrito Capital, así como de entidades petroleras como Monagas, Zulia y Anzoátegui.

Las cuentas rojas

A Víctor Vargas, suegro de Luis Alfonso de Borbón -este, bisnieto de Francisco Franco y heredero de la inefable corona francesa-, se le ha llamado el banquero de Chávez, no sin razón. 

Aunque el comandante falleció hace ocho años, los favores para Víctor Vargas continúan. El más reciente data del 17 de abril de 2021. Ese día la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) anunció su disposición para acompañar y supervisar al intervenido BOD en un plan de recuperación, luego de que recibiera medidas administrativas prorrogadas cada 120 días y que lo han auxiliado desde octubre de 2019. El plan, que no especifica el monto del auxilio, establece que el dinero depositado en los bancos de Vargas debe ser garantizado, aún cuando estén en otro país, como es el caso del Banco del Orinoco. Y ya se ve cómo están compuestas las acreencias de este banco tras su cierre.

En la efervescencia de los días posteriores a la intervención, el 3 de octubre de 2019,  la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, manejada por magistrados afectos al chavismo, emitió la Sentencia 0326, a favor de los clientes naturales y jurídicos del banco en Curazao, a fin de proteger sus depósitos. Más allá del derecho, una de las razones que explican el interés del gobierno venezolano en asegurar el proceso yace en las cuentas que varias instituciones oficiales mantenían en el Banco del Orinoco.

Entre los cuentahabientes-acreedores del Banco del Orinoco aparece el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder), dependencia del Ministerio de Agricultura y Tierras, con depósitos por 12 millones de dólares. Entre 2017 y 2019, la presidencia del Inder la ocupó Oswaldo Barbera, que dejó el cargo al ser designado ministro de Ecosocialismo, cartera que tuvo bajo su responsabilidad hasta que murió por Covid-19 en abril de 2021.

Otros 3,3 millones de dólares los tenía depositados Bolivariana de Puertos, mientras que casi 500.000 dólares correspondían al Instituto Postal Telegráfico de Venezuela.

Otro grupo no tan conocido pero que cobra importancia en el occidente del país, de donde es originario el BOD, es Lácteos y Cárnicos San Simón. La empresa zuliana, que actualmente trabaja con el gobierno regional en la distribución de alimentos, tenía más de 1,5 millones de dólares en el banco de Curazao. Apenas conocida la intervención, en 2019 la empresa solicitó un amparo constitucional y, es allí cuando ocurre el pronunciamiento del TSJ sobre la materia. Otros despachos jurídicos, sin tanta influencia o recursos legales, se adhirieron a la misma, para darle validez al petitorio de recuperar el patrimonio depositado.

Pocas nueces

“Deplorable”. Ese fue el calificativo que usó el Banco Central de Curazao y San Martín (CBCS, por sus siglas en inglés) para describir la salud financiera del Banco del Orinoco NV al momento de su intervención. Estaba condenado a una agonía que ninguna medida de emergencia podría evitar: “No ofrecerá nuevos servicios ni aceptará nuevos clientes”, sentenciaba el comunicado del CBCS del 5 de septiembre de 2019.

Un par de meses después, el 13 de noviembre, el Tribunal de Primera Instancia de Curazao confirmó la quiebra, y su investigación concluyó lo que se temía: que el Banco del Orinoco “había utilizado documentos falsos a fin de corroborar su posición financiera”. En pocas palabras, el dinero que supuestamente tenía en sus bóvedas era en parte humo. Así que ¿a cuántos les debe dinero legítimamente y cuánto dinero tiene el banco para saldar esas deudas? Ese es un epílogo de la historia que se dirime en los despachos de abogados y de las autoridades financieras de Curazao.

En Venezuela, la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, conocida por las siglas de Anauco, lleva la defensa de 600 clientes del Grupo Financiero BOD. De acuerdo con Roberto León Parilli, presidente de la organización, la mayoría de los casos son del Banco del Orinoco, aunque lleva también denuncias sobre el Allbank de Panamá, y unas pocas contra el Boi Bank de Antigua. En total, el abogado estima que el monto adeudado a estas personas ronda los 120 millones de dólares.

Entre los dimes y diretes de las denuncias judiciales y mediáticas, parecía que el caso se estaba enmoheciendo. Por año y medio los liquidadores insistían en que se certificaran los créditos, los dueños del grupo financiero proponían a los acreedores pasar sus fondos al Boi Bank sin necesidad de un plan de liquidación, y los abogados trataban de forzar una mesa de negociación. 

Ayer sábado, mientras en las redes se promocionaba la publicación de este reportaje, los ejecutivos de Comunicaciones del BOD distribuyeron entre medios venezolanos un boletín de prensa en cuyo título aseguraban que estaba "resuelto el caso de la liquidación del Banco del Orinoco NV". De acuerdo a la nota, se habría completado un acuerdo con los síndicos, para su firma el próximo mes de julio, por el que "los 1.900 acreedores y clientes serán llamados para informarles de las condiciones del proceso" de "liquidación conjunta y controlada" del banco.

El comunicado atribuye la obtención del acuerdo a "la presión ejercida por los acreedores, en especial el Grupo Anauco, y todas las gestiones llevadas a adelante por representantes del Grupo Financiero BOD", mientras achaca las dilaciones a la intervención de las autoridades del Banco Central de Curazao y San Martín.

Consultado este mismo sábado sobre el hito, Roberto León Parilli, presidente de Anauco, admitió que acababa de enterarse del acuerdo por sus abogados en Curazao, pero desconocía sus términos. "Con este acuerdo se destrancó el conflicto", celebró, pero para advertir a la vez: "Falta conocer su texto para ver si se garantizan los derechos de los ahorristas, eso no lo sabemos".