Como resultado de la indagación, el Ministerio Público luso compiló un voluminoso expediente de alrededor de 19.000 folios que, sumados a otros 900 de la acusación, conforman el caso de las connivencias corrupta del BES con instituciones y funcionarios del Estado venezolano, intermediarios y testaferros. En el legajo, al que el diario Expresso de Lisboa tuvo acceso y que compartió con Armando.info, se encuentran referencias a negociados que el banco pactó, entre 2009 y 2014, con sobornos y comisiones de por medio, con entes del Estado como la petrolera Pdvsa, el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), Corpoelec o Carbozulia, entre otros.

Entre las muchas historias que contiene, está la del general Alcides Rondón y su abogado, Carlos Caripe. Esta dupla formó parte de la red de altos funcionarios venezolanos que recibió al menos 124 millones de dólares por los favores recibido: firmas y decisiones que contribuyeron al envío de fondos del Estado venezolano al BES entre 2008 y 2014. Una cascada de pagos e inversiones que fungieron como salvavidas temporal para esa entidad que estaba haciendo agua y que, lejos de apuntalarla, echaron al foso miles de millones de dólares del tesoro público venezolano.

Para estos venezolanos, como todos los demás mencionados en el extenso expediente, no hay imputación formal por parte de la Fiscalía de Portugal, Este organismo, sin embargo, consiguió reconstruir con detalles las actuaciones de los venezolanos dentro del esquema, incluyendo el rastreo del dinero con el que fueron beneficiados.

El General de División Alcides Rondón Rivero ocupó funciones de alto nivel dentro de los gobiernos de Hugo Chávez, quién en varias ocasiones evidenció en pública su cercanía y amistad con el colega militar. “Es que estos muchachos son compañeros de promoción y nos permitimos esta confianza porque somos buenos amigos de toda la vida, desde que teníamos 16 o 17 años, son estos compañeros del alma”, confesó el fallecido caudillo en una emisión de programa dominical, Aló, Presidente.

Esa camaradería desde los cuarteles franqueó el ascenso de Rondón hasta cargos directivos en diferentes áreas del gobierno. Así, fue director de Relaciones Presidenciales del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia en 2002; viceministro de Gestión Comunicacional en 2003; viceministro de Seguridad Ciudadana en 2004; vicecanciller para Asia, Medio Oriente y Oceanía en 2005; y canciller encargado en 2006. Gravitando todavía en el círculo de confianza del mandatario, en 2008 fue nombrado presidente de Carbozulia International Inc, hasta el año 2010, la empresa encargada de comercializar en mercados internacionales el carbón de las minas de Guasare, Estado Zulia, en el extremo noroccidental de Venezuela, colindante con La Guajira colombiana.

Inversiones y favores

Ostentando esa posición, según el expediente portugués, Rondón Rivero entró en contacto con João Alexandre Silva, director general de la Sucursal Financiera Exterior (SFE) del BES en la isla de Madeira y de la Oficina de Negocios Extranjeros del banco. Silva, hoy refugiado en Dubái, fue el operador más importante de la trama tejida, por órdenes de Ricardo Salgado, entre el banco portugués y funcionarios venezolanos para el pago. En esa sucursal de Madeira, Carbozulia International abrió una cuenta el 11 de agosto de 2008. 

Carbozulia International Inc. fue una sociedad creada en 2008 y registrada en Panamá, cuya propiedad la detentaba Carbones del Zulia S.A., compañía del Estado venezolano constituida en 1976 y destinada a explotar, procesar, transformar y comercializar el carbón. La filial panameña se creó para llevar las actividades de exportación.

Uno de los folios de la investigación de la fiscalía lusa describe que Rondón Rivero figuró en los documentos constitutivos de Carbozulia International como presidente de la entidad hasta 2010 y que, luego, otro militar lo sustituyó en el cargo: Carlos Javier Chirinos Cabré, quien era un miembro principal de Carbones del Zulia S.A.

Durante la presidencia de Rondón Rivero, Carbozulia International no realizó grandes movilizaciones de efectivo en su cuenta en el BES. Pero esta sí fue usada para inversiones y flujos de dinero que llamaron la atención de los fiscales portugueses. 

Según se lee en el expediente, a finales de 2008 Carbozulia International compró 7,5 millones de acciones del BES. La compra de acciones y papeles de deuda del BES constituyó uno de los patrones más características de la participación del Estado venezolano en el rescate del banco. “La empresa venezolana participó en el aumento de capital de Espírito Santo Financial Group (ESFG), principal accionista del BES”, se lee en la carpeta de la fiscalía; les decir, la exportadora estatal de carbón se convirtió en inversionista con fondos públicos.

Luego Carbozulia International vendería esa participación en la segunda mitad de 2009.

Los bolsillos de la plata pública

Reclutar funcionarios del alto gobierno venezolano y crear el andamiaje para movilizar grandes sumas de dinero en el BES -y pagar a los participantes- fue una operación que requirió de una preparación técnica y legal urdida con filigrana. Para canalizar el flujo de fondos, el BES, bajo la conducción de Paulo Murta, el gestor portugués que manejó las principales sociedades creadas para distribuir los pagos en negro, ordenó al bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) el registro de decenas de compañías en el istmo y otros paraísos fiscales. Todas contarían con cuentas en el banco portugués. 

Murta fue quien identificó al general Rondón Rivero como un funcionario de alto perfil que podía ser de utilidad para el esquema, así como susceptible a las tentaciones. Lo contactó y en la misma diligencia llegó a Carlos Caripe Ruiz, un abogado identificado en los papeles como “asesor” del presidente de Carbozulia Internacional.  

Meses antes de la apertura de la cuenta de Carbozulia International en la sucursal del BES en Madeira, en marzo de 2009, Murta y Silva viajaron a Caracas y se reunieron con Rondón Rivero y Caripe Ruiz. Para esa fecha ya estaba lista la sociedad Ronav Investments, registrada el 24 de noviembre de 2008 por los directivos del BES en Islas Vírgenes Británicas pero a nombre de Carlos Caripe. En las cuentas bancarias de Ronav Investments “Ricardo Salgado [presidente del BES y miembro del grupo familiar dueño del banco] ordenó el pago de sobornos a Alcides Rondón”, según precisa el expediente. Algo que se cumplió de 2008 a 2010.

Caripe Ruiz, dueño en los papeles de Ronav, actuó además como beneficiario de otra empresa de nombre Tilak Consultants, una sociedad que llegó a ser “cliente” de Carbozulia International Inc. Era una coartada que sirvió para encubrir con una justificación creíble las transferencias entre ambas. Tilak también había sido incorporada por Alcogal, siguiendo órdenes de Paulo Murta.

El 8 de diciembre de 2009, Caripe transfirió desde Tilak 300.000 dólares a la cuenta de Carbozulia. Una segunda transferencia llegó el 12 de abril de 2010, por un monto similar.

Por otro lado, en otra cuenta en el Espírito Santo Bankers de Dubái (ESBD), distinta a la de Carbozulia en Madeira, se registraron cuatro pagos entre marzo de 2009 y abril de 2010. Estos fueron realizados desde Enterprises Management Services LTD –una empresa del BES creada también en Islas Vírgenes Británicas– a nombre de Ronav Investment, por un monto total de 253.272,30 dólares.

Estas cuatro transferencias a Ronav, junto a las transferencias hechas desde Tilak Consultants, alcanzaron 853.272 dólares, que fueron depositados en cuentas cuyo beneficiario final era Rondón Rivero.

Los empleados del BES encargados de analizar la información de verificación y cumplimiento (KYC o Know Your Client) fueron, no por casualidad, Paulo Murta y Humberto Coelho, este último un administrador de entera confianza de la alta gerencia del banco. En noviembre de 2008, Murta y Coelho dejaron constancia de haber completado estas diligencias de verificación a Rondón Rivero y Caripe Ruiz, en las que se evidenció que Rondón era una Persona Políticamente Expuesta (PEP, por sus siglas en inglés), calificación que se le asigna a funcionarios de gobierno o de otro tipo con altas responsabilidades administrativas y sobre cuyas transacciones se debe ejercer una supervisión especial.

A pesar de las banderas rojas que ese hallazgo levantó,, el acuerdo con Humberto Coelho incluyó que Caripe abriera una cuenta en nombre de otra sociedad, Crescent Financial, con el objetivo de “recibir los fondos obtenidos profesionalmente, lo que era falso”, según detalla el expediente. Luego, Gestar –una empresa del Grupo Espirito Santo en Suiza especializada en servicios fiduciarios– dio fe de “la fuente de riqueza” del cliente, quien no estaría involucrado en “actividades ilícitas”.

El gusto por Andorra

A pesar del escenario preparado para las idas y venidas del dinero entre sociedades offshore, algunas transacciones tenían tropiezos al pasar alcabalas y chequeos dentro del mismo banco. Así ocurrió con una de las cuatro transacciones recibidas por Ronav Investments de la que, según se describe en el expediente de la Fiscalía de Portugal, el compliance del BES se percató que se hacía entre cuentas de un mismo cliente y presentaba “un problema en la división de los fondos a favor de la sociedad Crescent”. Esta última, vale recordar, pertenecía a Carlos Caripe. 

Fue el 23 de febrero de 2010 cuando Ronav envió a Crescent una transferencia por 212.780,28 dólares, por instrucciones de Murta y Coelho. Ese dinero fue enviado a una cuenta abierta en la Banca Privada de Andorra (BPA) en nombre de la sociedad Capital Investments Advisors, cuyo beneficiario final era el mismo Carlos Caripe, quien lo justificó diciendo que los fondos eran para “capitalizar” a la misma. 

Meses después, el 15 de septiembre de 2010, desde la cuenta de esa Capital Investments en BPA, se realizó una transferencia por 249.000 dólares a la cuenta de Carlos Caripe en el BES. Ese monto fue transferido luego en dos partes, de 150.000 y 75.138,75 dólares respectivamente, a una cuenta del Banco Santander a nombre de otro venezolano, de nombre José Agustín de Andrade Pereira, por el concepto de “pago de honorarios para la comercialización de commodities, en particular carbón”. Andrade Pereira no sale mencionado en el resto del expediente. 

Esta transacción constituye un punto de intersección entre el esquema de pago de favores por parte del BES para funcionarios venezolanos, y el escándalo del desvío de fondos venezolanos, tanto públicos como obtenidos por coimas, al banco andorrano. Un informe de la Red de Investigaciones de Delitos Financieros (FinCen, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al que en 2015 tuvo acceso el diario español El Mundo, fue la Piedra de Rosetta que permitió descifrar el mecanismo por el que se blanquearon unos 2.000 millones de dólares provenientes de Pdvsa –y en total 4,200 millones de dólares de Venezuela– a través de una madeja de empresas fantasmas creadas ad hoc para esconder esos fondos. 

Cuando FinCen emitió el reporte mencionó al Banco Madrid –filial española de BPA– como una “institución financiera sometida a preocupación de primer orden en blanqueo de capitales”. Aunque Banco Madrid sería eventualmente intervenido y liquidado, apenas pagó una multa de un millón de euros por “faltas en el sistema de control del origen del dinero” en sus bóvedas, en las que reposaban las fortunas de funcionarios del chavismo. Entre ellos, de nuevo, estaba Alcides Rondón Rivero, uno de los seis jerarcas implicados con cuentas y fondos procedentes de sobornos en el BPA.

Fue tal la magnitud del escándalo de corrupción en el Principado pirineo que, ese mismo año, la Fiscalía y la Asamblea Nacional oficialistas en Venezuela decidieron investigar el caso. Simultáneamente, las autoridades andorranas siguieron la pista de lo ocurrido con investigaciones a más de 35 personas por el saqueo de Pdvsa, pero las averiguaciones se diluyeron con el paso del tiempo y entorpecidas por trabas políticas. Hoy no se puede exhibir ningún resultado judicial ni en Venezuela ni en Andorra.

Tímidos, pero no tanto

En el expediente, el abogado Carlos Caripe aparece como protagonista de este esquema por el cual las comisiones ilícitas circulaban en un rizo de empresas hermanadas. Pero fuera del rastro portugués, Caripe Ruiz lleva una vida casi anónima. Su huella en las redes alcanzan hasta 2020, como fundador de una empresa llamada Calvert Capital -el dominio de la página web se registra en Colombia, aunque la empresa no señala alguna dirección física- y se presenta como una suerte de polímata. Se describe como “internacionalista, administrador de empresas, investigador académico, futurista e inversor tecnológico que ha desarrollado su actividad profesional en banca, mercado de valores, negocios internacionales, dirección de empresa y economía productiva”. 

Armando.info intentó contactarlo por el formulario de contacto de la empresa, pero no hubo respuesta.

Pero entre los años 2010 y 2011 -justo después de las operaciones con el BES- Caripe Ruiz parecía tener más confianza en sostener un perfil público. Llegó a dar entrevistas en las que se daba a conocer como consultor en temas de blanqueo de capitales, desde su experticia como profesional del derecho, y dictó conferencias en Panamá. Su hoja de vida incluye estudios como penalista y criminólogo que lo llevaron a ocupar la posición de director de la Policía de Baruta, un distrito de clase media en el sureste de Caracas, antes de 2010. En 2008 y desde Panamá, abrió la empresa Thrive International S.A. y, dos años después, otra de nombre Lumal Trading, años que coinciden con su actividad empresarial en el BES y también con el registro en Panamá de una empresa Alcides Rondón Rivero, Izote Energy Group. 

Tras la muerte de Hugo Chávez y con el escándalo de Andorra a cuestas, Rondón Rivero pasó a una especie de ostracismo, sin mayor sobresalto. Aunque en redes sociales circuló la versión de que el militar habría salido de Venezuela con destino a Kuwait en 2015, hoy se encuentran en Internet dos perfiles en LinkedIn con su nombre que ponen en duda ese destino: en uno asegura que es director de dos empresas Oceanus y Grupo Izote, mientras que en otro se presenta como director de la compañía rusa LTD Prosienteks Coffe desde 2011, con sede en la ciudad rusa de San Petersburgo (antes Leningrado), además de director de otra empresa llamada Izote Energy. 

Armando.info escribió un mensaje para contactarlo y obtener su versión, pero hasta la fecha de publicación no se obtuvo respuesta.

Todos los acusados formaron parte del personal directivo del propio grupo financiero o de Gestar-ICG, la compañía de gestión de patrimonio que se creó ad hoc para canalizar el flujo de pagos irregulares a cargos públicos en Venezuela y otros. A la fiscalía lusa le tomó nueve años completar la investigación del caso, que desembocó en un pliego de cargos en octubre de 2023.

Sin embargo, en los casi 900 folios de la acusación, que se suman a los 19.000 de la investigación, el expediente que el ministerio público luso construyó -y al que el diario Expresso de Lisboa tuvo un acceso que compartió con Armando.info- relata la participación de decenas de ciudadanos venezolanos en el esquema. La fiscalía finalmente se abstuvo de imputarlos, bien por carecer de pruebas contundentes que eventualmente pudieran convencer al tribunal, o por considerar que sus posibles infracciones ocurrieron fuera de la jurisdicción portuguesa.

En ese amplio reparto de personajes venezolanos, figuran sospechosos habituales de las fechorías con la cosa pública, como Rafael Ramírez Carreño, Nervis Villalobos o Rafael Reiter, funcionarios que recibieron pagos del BES para enrumbar a sus bóvedas fondos cuantiosísimos de dineros estatales que prolongaron la vida del atribulado banco por cinco años.

Pero también aparece un coro de segunda fila integrado por gentes que prestaron sus nombres o sus cuentas y empresas, así como otros tipos de asistencia, para articular la ruta de los pagos y camuflar a sus beneficiarios.

Entre esos ciudadanos venezolanos que volaron al ras de las sombras al servicio de esta red de pagos estuvo, por ejemplo, Rafael Cure López, un exempleado prácticamente anónimo de la petrolera estatal  Pdvsa, empresa que fue cliente principal del banco en sus años de agonía.

“Todos conocían perfectamente el cargo que ocupaba Rafael Cure López en PDVSA y de la ilícita razón de ser de los pagos que se le hacían por orden de RICARDO SALGADO”, detalla la fiscalía de Portugal en uno de sus documentos. 

En su cuenta de la red profesional LinkedIn, Cure López reseña que se desempeñó como Director de Operaciones Financieras Internacionales de la estatal petrolera y que, por ello, fue responsable de las cartas de crédito e inversiones financieras suscritas por Pdvsa entre marzo de 2003 y julio de 2012. En ese cargo antecedió a Renny Bolívar, otro de los mencionados en el repertorio de la investigación, quien en 2014 representó a Bariven, la filial para compras en el extranjero, en una irregular operación de intercambio de deuda comercial donde se firmó un pagaré a favor de una empresa por poco más de 120 millones de dólares, con plazo de gracia de tres años, sin contar para ello con tener la aprobación de Pdvsa.

Pero, ¿quién era Rafael Cure López en verdad y qué hizo en la red de pagos del BES, para aún así zafarse tanto de la justicia como de la controversia pública? 

Confesiones de terceras partes

Si bien era desconocido para el público hasta la revelación hecha por la fiscalía portuguesa, no por eso el rol de Rafael Cure López en la trama fue insignificante. Por el contrario: como consta en el expediente, de las 10 horas de interrogatorio a las que la fiscalía portuguesa sometió a João Alexandre Silva el 14 de mayo de 2021, buena parte se dedicó a describir la importancia del venezolano.

João Alexandre Silva era el Director General de la Sucursal Financiera Exterior (SFE) del BES en la isla de Madeira, a quien Ricardo Salgado encomendó en 2008 la tarea de buscar y contactar a los candidatos para recibir coimas entre la alta burocracia chavista, y luego servirles como una suerte de liaison o ejecutivo de cuentas glorificado. A pesar de que quedó entre los acusados del caso BES / Venezuela, consiguió escabullirse de las autoridades portuguesas y en la actualidad vive un exilio dorado en Dubái.

Siempre según el testimonio de Silva, fueron dos los primeros interlocutores a quienes contactó en Venezuela. Uno fue Eudomario Carruyo, exvicepresidente de Finanzas de Pdvsa, ampliamente investigado tanto por la justicia de Estados Unidos como las del pequeño principado de Andorra y Portugal bajo cargos de enriquecimiento ilícito con fondos públicos y manejo onerosos a través de los sistemas financieros internacionales. 

Y el otro fue Rafael Cure López, sobre quien hasta la fecha no se conoce que curse otra investigación o pese alguna imputación.

Aunque la suerte de ambos haya sido dispar ante la justicia internacional, por un tiempo compartieron el estatus de beneficiarios de líneas de crédito documentario del BES para los proveedores de Pdvsa.   

Tanto Carruyo como Cure López trabajaron también en puestos ejecutivos del área de finanzas en la alta nómina de Pdvsa, desde los que resultaron funcionales para el sistema de reparto de coimas diseñado por el BES. Pero, mientras a Carruyo y a sus hijos los delataba un boato que poco se ocuparon en esconder, Cure supo resguardarse. 

Paulo Murta fue otro interrogado por los fiscales lusos que terminó imputado y mencionó a Cure en sus declaraciones.

A la cabeza de ICG, antes Gestar, los nombres con que se conoció a la fiduciaria del GES (por Grupo Espirito Santo), Paulo Murta, quien hace poco aceptó ante un tribunal de Texas su culpabilidad en otro juicio relacionado con la corrupción en Pdvsa, fue el gestor de las decenas de empresas que se incorporaron en Panamá y otros paraísos fiscales para encauzar los pagos irregulares a venezolanos. 

Durante su interrogatorio, Murta identificó a Eudomario Carruyo y Rafael Cure López como “beneficiarios de empresas que han recibido pagos del GES”. Murta también explicó que “todos ellos actuaron en la forma descrita para ocultar los pagos que se estaban realizando, e impedir su detección, con la interposición de entidades con beneficiarios ficticios, utilizando documentos falsificados, y relaciones bancarias asociadas a las mismas”.

Según los documentos que la fiscalía portuguesa refleja en el expediente, Cure López recibió diez pagos por parte del GES, con un total aproximado a los 10,8 millones de dólares, entre el 16 de marzo de 2009 y el 2 de febrero de 2012. Los pagos llegaron a una cuenta en el ES Bankers Dubai, una filial offshore del GES, a nombre de Golden Captive, una empresa de conveniencia registrada en Islas Vírgenes Británicas (BVI) que tenía al venezolano Rafael Alfredo del Coromoto Cure Salazar como beneficiario. Cure Salazar es el padre de Cure López.

En declaraciones que el expediente de la investigación fiscal recoge, João Alexandre Silva afirmó que fue el mismo Cure López quien le hizo saber que su padre “asumiría el rol propiedad de GOLDEN CAPTIVE, en interés del primero”.

“Todo el mundo sabía que en los documentos de constitución de GOLDEN CAPTIVE aparecía falsamente un beneficiario, con el único propósito de ocultar la identidad de Rafael Cure López”, continúa uno de los renglones dedicados a las declaraciones de Silva. 

Una segunda empresa de Dubái que también tenía a Cure Salazar como beneficiario nominal, Grand Captive Finance LTS, recibió entre 2011 y 2013 pagos por al menos 3,93 millones de dólares. 

De acuerdo con la investigación del ministerio público de Portugal, las inversiones que entre 2009 y 2013 efectuaron distintas empresas estatales venezolanas en el BES -que no solo era Pdvsa, sino también otras como el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bandes), el Banco del Tesoro o La Electricidad de Caracas-  generaban ingresos trimestrales por un promedio de 248 millones de dólares libres de polvo y paja, es decir, una vez deducidos los costos operativos relacionados con la banca portuguesa e impuestos.

El dato es relevante pues, además de dibujar la magnitud del esquema, la cifra trimestral servía de base para calcular la cantidad de dinero que se repartiría en ese mismo lapso entre los cómplices venezolanos. 

Desde Madeira, João Alexandre Silva, que hacía las veces de representante de los clientes venezolanos ante el BES de Dubái, era al mismo tiempo el responsable de los cálculos trimestrales relacionados con los “beneficios de las actividades de BES y GES con las empresas públicas venezolanas, para asignar los respectivos márgenes de beneficio a los organizadores del negocio: por empresa pública, por negocio con el GES y por trimestre”, explica el documento judicial. Una vez determinadas las cifras de referencia, la emisión de las transferencias propiamente dichas quedaba a cargo de Jean-Luc Schneider, exdirector de Espirito Santo Finança y operador de la sociedad offshore Espirito Santo Enterprises.

Paulo Murta admitió ante los fiscales, durante su interrogatorio del 3 de mayo de 2021, que para gestionar esos casos a menudo se contó con un contrato que justificaba el “pago de honorarios por ciertas comisiones que Gestar iba a recibir”. Pero no fue el caso con los Cure.

Aún con esas ardides y bajo el amparo de la complicidad entre la alta gerencia del banco y sus clientes especiales o agentes en Venezuela, quedaban formalidades por cumplir. No todos los empleados del BES participaban en la movida o estaban al tanto de ella, y los propios procedimientos del banco requerían llenar la ficha del KYC o Know Your Client. Es la denominación, en el inglés de la industria financiera, de un documento interno de verificación y cumplimiento con el que los bancos comprueban la idoneidad de sus clientes.

En el caso de Golden Captive, por ejemplo, Rafael Cure Salazar declaró para el KYC que era un economista dedicado a la prestación de servicios de consultoría a diversos clientes y a la preservación del patrimonio en la planificación sucesoral. ¿El origen de los fondos que la empresa iba a manejar? Ahorros propios de lo obtenido por su trabajo, aseguró.

Desde luego, aclaró Murta a los fiscales, “las consultas realizadas a los clientes (...) no elimina [sic] la obligación del banco de llevar a cabo su propia diligencia debida cuando recibe el expediente” de cada uno de los beneficiarios. Los bancos, continuó explicando, “disponen de sistemas informáticos electrónicos que les permiten localizar clientes en todo el mundo, establecer relaciones familiares entre los clientes, sobre todo si hablamos de PEP” o Politically Exposed Persons.  

Esos sistemas debieron detectar, por ejemplo, que el cliente Rafael Cure Salazar estaba emparentado con Rafael Cure López, alto gerente de Pdvsa. En otras palabras, con un PEP.

Pero allí puntualiza Murta que su responsabilidad involucraba a Gestar-ICG y no tenía que ver con los procedimientos del BES: “Nosotros no tenemos esa capacidad, nosotros GESTIONAMOS”. Así describía algo que se convirtió en una rutina del esquema de pagos para funcionarios corruptos en Venezuela: el aval de un directivo del banco, como Silva o, a veces, el mismo presidente Ricardo Salgado, por sí solo bastaba para salvar las exigencias del KYC. 

“No tenía motivos para dudar de ello”, defendió Paulo Murta esa usanza durante el interrogatorio. “Porque fue el Sr. João Alexandre Silva quien me presentó a los clientes. Siempre. Así que cuando los clientes venían a mí, ya encajaban porque venían a través del Grupo Espirito Santo (...) Por eso no cuestiono, ni podría cuestionar, al Sr. João Alexandre Silva. Decir: ‘Mira, lo siento, pero ¿estas personas son realmente dignas de confianza?’ Yo no podría hacer algo así. Si él se me presentaba, yo lo tomaba como algo bueno... Y estos clientes serían entonces los destinatarios de los pagos de comisiones”.

Paulo Murta solía llegar a Caracas, reunirse directamente con los clientes y abrir las cuentas a través de empresas offshore. En las habitaciones de los hoteles Renaissance, Pestana y Caracas Palace, en el este de la capital venezolana, se celebraban las juntas de trabajo entre personal del BES y los agentes, el código con que se nombraba en las comunicaciones internas a los beneficiarios finales de los pagos. Después de las reuniones, Murta emitía un reporte a su jefe en Gestar-ICG a través de un chat de BlackBerry, la plataforma celular entonces en boga, detalla el expediente.

Murta explicó a sus interrogadores que, en efecto, los clientes que entraban en esta red “estaban obligados a abrir una cuenta bancaria en un banco GES y, en ella recibirían comisiones”. Pero al principio “no había ningún contrato que avalara la legalidad de los pagos y luego, más tarde, GES y el señor Michel Ostertag, que era mi jefe en ese momento, decidieron que debía haber contratos que respaldaran legalmente el pago de estos honorarios. Y se redactaron estos contratos”. 

Ostertag ocupó la dirección de la empresa especializada en servicios fiduciarios del Grupo Espirito Santo, primero llamada Gestar y luego ICG, en Suiza. Junto a Murta se encargaba de remitir la tajada de clientes venezolanos y ordenar el registro en paraísos fiscales de las empresas de anaquel por las que se enrutarían los pagos. Pero, según Murta, Ostertag fue quien se echó al hombro en exclusiva la elaboración de los contratos, que Murta dijo nunca haber revisado. “Le pregunté [a Ostertag] qué era, me dijo qué era y que está firmado”, despachó el asunto.

Sagrada familia

En junio de 2009, Rafael Alfredo del Coromoto Cure Salazar y Rafael Alfredo Cure López, padre e hijo, entonces con 61 y 34 años de edad, respectivamente, constituyeron en Panamá otra empresa, Silver Captive Corporation. La diligencia coincidió con la entrada de Cure junior al tren de altos ejecutivos de la petrolera. En 2014, el directorio de Silver Captive se amplió para incluir a la madre, Marieli Auxiliadora López de Cure, de 63 años de edad para la fecha de la modificación. Así quedó consagrada la familia al objeto declarado de la empresa: consultoría y asesoría financiera.  

En mayo de 2010, la Golden Captive de Cure Salazar hizo desde Dubái una transferencia por 265.000 dólares a una sociedad offshore de nombre Bahia Investments Corp, con sede en Belice pero con una filial en Suiza. Meses después, en agosto de 2010, hubo una segunda transferencia con el mismo origen y destino, pero esta vez por 420.000 dólares.

Los beneficiarios nominales de Bahia Investments eran unos ciudadanos portugueses con residencia en Madeira, pero al final la empresa respondía a João Alexandre Silva. Así que se trataba de la comisión que Silva cobraba sobre los sobornos a los venezolanos; en este caso, a los Cure. Mordidas sobre mordidas.

La cuenta de Rafael Cure López en el GES de Dubái fue cerrada en abril de 2013, después de que el regulador bancario emiratí, hasta entonces condescendiente, ya no pudo dejar de exigir datos precisos que respaldaran las cuentas de venezolanos. La cuenta con el dinero de Cure López entonces migró, como ocurrió con otras implicadas en el esquema de pagos irregulares, a la sucursal del BES en Funchal, Madeira, es decir, a los predios de João Alexandre Silva.

Aún cuando Cure López había dejado su cargo clave en Pdvsa, el Espirito Santo siguió haciéndole llegar sus pagos trimestrales que, al final, sumaron poco más de 15,2 millones de dólares.  Las transferencias nunca estuvieron acompañadas de algún documento que las justificara.

Sobre los Cure es poca la información pública que se consigue. Cure Salazar, el padre, ocupó de 2017 a 2020 la vicepresidencia de la Asociación Hípica de Propietarios (AHP), en cuyas publicaciones se le menciona como “licenciado”. Cure López, el hijo, se mudó primero a Brasil, y en la actualidad vive en Houston, Texas. Armando.info contactó a este último por correo electrónico para obtener sus comentarios, pero al momento del cierre de esta edición no había respondido la solicitud.

Cure López ciertamente estaba en una posición adecuada, en el momento indicado, para que lo empapara el flujo de los pagos irregulares del BES. Venezuela vivía una bonanza petrolera entre esos años de 2009 a 2012, justo en la víspera de la muerte de Hugo Chávez, y Pdvsa era el centro de la juerga. Para participar en esta, el grupo financiero portugués buscó a quiénes engrasar las manos. Al final, Pdvsa pasó a concentrar casi todo su negocio bancario en el BES, bien con depósitos en efectivo y a la vista, colocaciones, compra de papeles corporativos de deuda y hasta designando al banco como garante de sus adquisiciones en el extranjero. 

Pero aún así Cure no consiguió la exposición pública y mediática de un Nervis Villalobos, por ejemplo. A este venezolano, también mencionado de manera explícita por Murta durante las averiguaciones, lo investigó el ministerio público portugués bajo la presunción de ser “asesor” de Rafael Ramírez y de, en ese rol, haber recibido pagos por el orden de 48 millones de euros. Se trata de una versión que refuta Villalobos, viceministro de Energía Eléctrica en el gabinete de Hugo Chávez entre 2002 y 2007. De hecho, apenas horas después de que la fiscalía presentara el documento de imputación en octubre pasado, Villalobos remitió un comunicado a la agencia de noticias Lusa, donde alegaba que no había sido imputado y que, mientras tanto, “la investigación judicial y el congelamiento de sus bienes se han prolongado desde 2016, con el consiguiente perjuicio que ello implica”. 

Villalobos no es el único acreedor del extinto BES que aguarda el reintegro de sus depósitos. La República de Venezuela está en una situación similar. Apenas el pasado 9 de agosto de 2023, el Tribunal Judicial del Distrito de Lisboa ordenó reembolsar a la administración de Nicolás Maduro unos 1.500 millones de dólares que habían sido depositados en cuentas del Bandes, Pdvsa y otras entidades del Estado chavista en el BES, reencarnado poco después de su colapso como Novo Banco, al que el Estado portugués dotó de la cartera “sana” de su antecesor y finalmente privatizaría. Sin embargo, la decisión judicial aún no se ejecuta por los obstáculos que presentan las sanciones internacionales contra el régimen de Maduro. 

Pero estas son otras historias, distintas a la de los Cure, que Armando.info se dispone a seguir relatando con el desglose de los voluminosos expedientes del caso BES / Venezuela.