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Por: Isabel Guerrero

El coronel que siempre se siente como en CASA

Por seis años, entre 2007 y 2013, el coronel del Ejército Sergio Ramón Caldera García marchó con paso redoblado por las oficinas del alto gobierno chavista como funcionario de confianza en un área estratégica, la de la alimentación. Era la época de las vacas gordas, cuando los altos precios del petróleo y la disposición al gasto público del presidente Hugo Chávez nutrían no solo colosales presupuestos para la importación de alimentos, sino también las tentaciones para enriquecerse de manera ilícita. 

A la carrera de Caldera García como funcionario público le paró el trote un agujero de 11,8 millones de dólares en un contrato para vender carne a Venezuela traída desde Paraguay, del cual fue responsable y que la prensa de este país sudamericano hizo público en 2013. Después de eso, todavía tendría tiempo para ocupar por un año -el primero del gobierno de Nicolás Maduro, hasta marzo de 2014- la dirección del despacho del Ministerio de Transporte Acuático y Aéreo, entonces a cargo del mayor general Hebert García Plaza, el ejecutor del llamado Dakazo y hoy disidente del gobierno. Pero esa pasantía apenas sirvió como un preámbulo para que el coronel García, en la Semana Santa de 2014, liara bártulos y marchara a lo que en principio lucía como un sabático extendido pero desembocó en retiro, una salida sin retorno por la que ni siquiera esperó por el ascenso militar al grado de general de brigada, que se había rezagado por un año y que le correspondía obtener en julio. 

Su exilio autoimpuesto y reinvención lo convirtieron en un empresario en Miami, la Babilonia pecaminosa que contrasta con las consignas de la autodenominada Revolución Bolivariana, pero oscuro objeto de deseo para muchos de sus jerarcas.

Sergio Caldera fue funcionario del Gobierno entre 2007 y 2014 para los ministerios de Defensa, Alimentación y Transporte Aéreo y Acuático. Imagen tomada de: Diario ABC Color.

A finales de abril de 2014, el exfuncionario registró en Florida la sociedad Building & Supplies RD LLC. Para entonces ya contaba con Seranca S.A., constituida en Panamá (2009), y Belfast Resources LTD, registrada en Islas Vírgenes Británicas (2011), de acuerdo con un documento al que tuvo acceso Armando.info. Lo mismo hizo su esposa, Carol María Gallardo Aguilar, quien ha sido su socia en estas compañías y tiene vinculación con otras en Miami. 

En algún punto de 2016, Caldera García, quien ya lucía luce traje de civil y tenía múltiples propiedades inmobiliarias, se asoció con el venezolano Rafael Adolfo Boggio Sulbarán en la sociedad de consultoría, reparación y mantenimiento de servicios públicos subterráneos MPR Property Maintenance & Consulting LLC, hasta que un litigio terminó por sacar a Boggio del juego y darle el control total de la empresa al coronel. En los documentos del caso se menciona que Caldera “intentó utilizar la empresa para su ajuste de estatus migratorio y el de su familia, pero no tuvo éxito”. En el pulso de la demanda aparecieron otros nombres de paisanos, como el de Baudelio Medrano -ex director de la extinta Oficina de Identificación y Extranjería (Onidex), hoy llamada Saime- que se fueron de Venezuela, pero que antes habían sido funcionarios o contratistas del Estado, una huella difícil de borrar. 

Armando.info intentó contactar a Sergio Caldera a través del bufete de abogados que manejó los intereses del militar en la demanda contra Boggio, pero hasta la fecha de cierre del reportaje no hubo respuestas.

Redes millonarias 

En julio de 2021 se dio a conocer la acusación en un tribunal federal del Sur de Florida contra el ciudadano venezolano, de origen sirio, Naman Wakil, a quien se sindica de delitos contra la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés). Wakil, que fue un proveedor principal del Estado venezolano, se le han localizado propiedades en sectores exclusivos del condado de Miami-Dade, como Coconut Grove, Sunny Isle e Indian Creek. La investigación judicial contra Naman Wakil en Estados Unidos -aún en curso- incluye en el expediente un lote de documentos marcados como confidenciales por poseer “información sensible” del acusado y sus asociados.

En el listado de archivos del caso judicial se puede leer el nombre de Sergio Caldera y Carol Gallardo vinculados a registros de cuentas bancarias en Islas Caimán, un reconocido paraíso fiscal, o en entidades estadounidenses como Citibank, Bank Of America y Merrill Lynch. En ellos, además, el matrimonio Caldera-Gallardo aparece relacionado con el apartamento 6A en Two Park Grove Condominium, una torre residencial exclusiva que se terminó de construir en 2018 en Coconut Grove, al sur de Miami. El rango de precios de los inmuebles en este lugar varían según el metraje y oscilan entre 3,4 millones y 18 millones de dólares.

De acuerdo con las escrituras del inmueble obtenidas para Armando.info a través de la plataforma periodística Proyecto de Reportería del Crimen Organizado y la Corrupción (Occrp, por sus siglas en inglés), existe un contrato de fideicomiso que el militar y su esposa suscribieron con un tercero, el 26 de septiembre de 2019, a través de C&G Team Revocable Trust, del que ambos venezolanos son beneficiarios desde el 26 de noviembre de 2018. Este tipo de fideicomiso revocable se suele emplear para asegurar grandes patrimonios. Los protege de procesos judiciales e incluye la disposición de cambiar al beneficiario final.

Coincidencia o no, Caldera era vecino de Wakil en Coconut Grove. En el momento de su arresto,  el empresario sirio-venezolano residía con su familia en un apartamento de 3,5 millones de dólares, con vista a la Bahía de Biscayne, según citó El Nuevo Herald de Miami.

Caldera y Wakil tenían más en común. Ambos habían coincidido -uno como gerente, otro como proveedor- en el Ministerio de Alimentación cuando el coronel presidía la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (LA CASA, también llamada CASA), en 2010, y cuya liquidación se inició en 2016. Luego, en 2011, fue parte de la junta directiva de la Red de Abastos Bicentenario y de la Productora y Distribuidora de Alimentos (Pdval), otra corporación estatal sumida en los escandalosos fraudes por venta de alimentos, sobreprecios y pérdidas millonarias de los productos vencidos o sin distribuir desde el puerto de entrada al país. 

En el llamado caso Pudreval -el juego de palabras con que la prensa y la opinión pública bautizaron el hallazgo de miles de toneladas de comida podrida en contenedores abandonados en Puerto Cabello, en 2010-, Wakil había logrado asegurar contratos estatales por cientos de millones de dólares para traer carne barata desde Brasil, a punto de caducidad, mientras la cobraba al Estado venezolano a precios regulares. Aunque a Wakil se le vincula por lo regular a Carlos Osorio, también oficial del Ejército y antecesor de Caldera tanto en el cargo de CASA como en la cartera de Alimentación, resulta difícil imaginar que Caldera pudiera haber desconocido la magnitud y naturaleza de estos negocios.

De hecho, para esa ocasión, Pdval adquirió de sus proveedores más de lo que podía manejar y hasta podía necesitar. Lo admitió el expresidente de Pdval, Luis Pulido, en un informe que presentó ante el tribunal de Puerto Cabello que a la larga ordenó su detención. Pulido afirmó “que se compraron alimentos en exceso y era ‘humanamente imposible’ proceder a la distribución”. 

Wakil siguió en la rosca de la importación de alimentos por varios años. “En junio de 2012, Wakil suministró al Ministerio de Alimentación de Venezuela 70 mil toneladas métricas de carne de res, pasta y aceite de cocina, y cobró 5.340 dólares por tonelada de carne de res”, publicó la agencia Bloomberg.

Las autoridades estadounidenses confirmaron que Wakil pagó coimas a “altos funcionarios de la empresa estatal de alimentos llamada CASA de 2010 a 2014 y luego lavó el producto de esos sobornos en el Distrito Sur de Florida en años posteriores”. Según consta en los documentos del tribunal de Florida, el comerciante invirtió el dinero que obtuvo de las transacciones abultadas de manera ilícita en el sector inmobiliario de Miami-Dade. Añade la pesquisa oficial que el gobierno de Estados Unidos podría demostrar que este esquema fraudulento se inició en 2007. 

Sergio Caldera estuvo al frente de empresas estatales del sector alimentos como Corporación CASA, Abastos Bicentenario y Pdval. Crédito: Miguel Gutiérrez/AFP. 

En los Panama Papers, la investigación global liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) a partir de la filtración de documentos del bufete de abogados Mossack Fonseca, se destacó el papel de Naman Wakil en los negocios de importación de alimentos a Venezuela. En 2013, el abogado del comerciante sirio señaló que su cliente tenía 400 millones de dólares a su disposición para abrir una compañía offshore. 

En 2010, CASA concedió un contrato de 41,6 millones de dólares por 8.000 toneladas de carne paraguaya, con un costo final de 5.200 dólares por tonelada. ¿Quién firmó los anticipos? Sergio Caldera. 

La raya paraguaya

Eran tiempos del obispo Fernando Lugo, aliado de la izquierda bolivariana regional, en la presidencia de Paraguay. La negociación entre Caracas y La Asunción para la comercialización de la carne fue orquestada con anticipación para que se ejecutara en el menor tiempo posible. Tanto, que la contraparte paraguaya fue creada ad hoc por dos venezolanos, James Varnador y Juan Carlos Águila Barajas, apenas seis meses antes de firmar el contrato, según señaló el diario paraguayo ABC Color, que le hizo seguimiento al caso.

Se trataba de la empresa Agropecuaria ParaKe S.A., registrada entre gallos y medianoche en Paraguay. Con ella, Sergio Caldera García suscribió en noviembre de 2010, cuando recién se estrenaba como presidente de CASA, un contrato por un costo inicial de 38,93 millones de dólares, que se incrementó el 23 de diciembre. El 30 de diciembre CASA desembolsó el primer pago anticipado por 10,92 millones de dólares. Sin embargo, para esa fecha no se había recibido ni un gramo de carne, de acuerdo con la información que publicaron los medios venezolanos y paraguayos en 2013.

Al año siguiente, en abril de 2011, Caldera aprobaría el segundo pago por 10,92 millones de dólares, aunque todavía no se recibía el producto en Venezuela. Eso bastó para que las sospechas a su alrededor lo arrastraran a una tensa lucha de poderes y en junio fue sustituido por el mismo Carlos Osorio, quien se desempeñaba como ministro de Alimentación y había manejado los contratos con Naman Wakil de manera directa. Dos semanas después de la salida del coronel, le exigieron a ParaKe S.A. la devolución de los anticipos o la entrega del alimento dentro de un plazo de 50 días. 

En 2008, los presidentes de Paraguay y Venezuela, Fernando Lugo y Hugo Chávez, respectivamente, suscribieron un convenio de alimentos y dos años después se negoció la comercialización de carne a través de CASA. Crédito: Juan Mabromata/AFP.

Sergio Caldera como presidente de la Corporación CASA firmó el contrato con Agropecuaria ParaKe S.A. para la comercialización de 8.000 toneladas de carne paraguaya, con un costo total de 41,6 millones de dólares preferenciales. Imagen tomada de: Blog Producto Venezolano.

Sergio Caldera presidió la Corporación CASA desde 2010 hasta 2013 y durante esa fecha suscribió varios contratos por alimentos. Imagen tomada de: La Patilla.

Los detalles de los montos están en una sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela que demanda a la empresa paraguaya por incumplimiento de contrato, en 2017. En el documento se cuidan las formas y en ningún momento menciona la responsabilidad individual de Sergio Caldera en el caso.

Al final, de las 8.000 toneladas de carne comprometidas, que serían distribuidas “!por el Plan Mercal en beneficio de la población”, según el fraseo del documento judicial, solo se recibieron 1.316 toneladas. En agosto de 2011, el gobierno venezolano solicitó a la empresa paraguaya la devolución de casi 15 millones de dólares más el pago de una penalidad de 1,2 millones de dólares. De acuerdo con la información que circuló en medios paraguayos, ParaKe S.A. aceptó enviar el monto en bolívares del anticipo calculado a dólar oficial, que sería pagado en dos tandas, pero la sentencia del TSJ establece el monto en aproximadamente 70 millones de bolívares -incluida la multa- que debían reintegrarse en dólares.

El gobierno pagaba en moneda extranjera y le devolvían bolívares calculado a dólar oficial. Era la fórmula de arreglo que finalmente estuvo sobre la mesa. Pero no hubo acuerdo de reparación y el desfalco tuvo como único responsable a Félix Humberto Álvarez Estévez, gerente general paraguayo que fue condenado a tres años y cumplió solo uno en un centro de detención de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas, en 2011, para luego ser deportado a su país y salir del radar público. Aunque Sergio Caldera firmó y aprobó el contrato, nunca fue llamado a declarar.

Como casi todo esquema de la Venezuela revolucionaria, este caso tuvo una conexión con Miami, donde Sergio Caldera estableció el nodo de sus negocios. Desde Estados Unidos, la empresa Giroski Agro Group LLC, una firma perteneciente al venezolano Benjamín Rosales - a quien señalan como cercano al general Rodolfdo Marco Torres- con una sucursal en la urbanización La Castellana, en el noreste de Caracas, operó para constituir la sociedad paraguaya ParaKe S.A.y respaldarla con su trayectoria como antiguo proveedor del gobierno chavista. Sin embargo, tampoco fue llamado a declarar ni investigado. 

En diciembre de 2020, una decisión del TSJ estimó necesario “notificar a la Junta Liquidadora de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (LA CASA, S.A.), a la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios, C.A. y al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación” para continuar con la demanda que se encontraba en etapa de citación de Agropecuaria ParaKe, S.A. 

Un matrimonio blindado

Carol Gallardo es leal con su marido; al menos, lo bastante leal como para acompañarlo en los negocios. 

Mientras Sergio Caldera seguía su carrera militar en Venezuela, Gallardo constituyó Suministros Nicar C.A., en 2004, que no presenta actividad comercial significativa, según el Sistema Nacional de Contrataciones del Estado venezolano.

Dos años antes de instalarse en Estados Unidos, en enero de 2012, constituyó Seranca USA LLC, que es una empresa homónima de la que tuvo con su esposo en Panamá, en 2009- Ambas se encuentran inactivas.

Ya instalados en Miami, el matrimonio Caldera-Gallardo manejaba la sociedad Belfast Resources LTD y hacía aportes a otra compañía de su propiedad, Building & Supplies RD, LLC, de Florida, de acuerdo con unos actas y registros bancarios del colapsado banco portugués, Banco Espirito Santo(BES),  a los que tuvo acceso Armando.info.

En las actas de Belfast Resources se detalla que la empresa en Miami actuó como vehículo para invertir en terceras empresas que no estaban a su nombre. En este caso, en 2014, transfirió 300.000 dólares a una cuenta de la empresa Parts & Equipment Development LLC “para la adquisición de un inventario de herramientas y equipos de ferretería para la exportación”. Una semana después, transfirió otros 700.000 dólares a la misma compañía, que pertenece a dos hermanos venezolanos, quienes en Venezuela habían tenido empresas que comercializaban alimentos y ferretería. En 2010, en Estados Unidos, cambiaron de ramo al negocio de repuestos para carros.

En 2019, Sergio Caldera y Carol García adquirieron una propiedad en Cedar Park, una ciudad cerca del sur de Texas. Sea para su retiro o por inversión, el lote de terreno está valorado en un poco más de 700.000 dólares.

Sin embargo, ambos siguen en Miami bajo el paraguas de otra empresa familiar, Blessing Investments LLC, constituida el 26 de febrero de 2013 y que continúa activa. Para la fecha, Sergio Caldera aún estaba al frente de CASA y manejaba los vaivenes de la ausencia de Hugo Chávez poco antes de su muerte, lo que implicó una transición política y reacomodo de los grupos de poder dentro del chavismo. Esta empresa tenía un inmueble a su nombre en Coral Gables, una ciudad exclusiva de Miami-Dade, valorado por más de 500.000 dólares y, en 2019 tenía otro en Opera Tower, un condominio del downtown de Miami.

Las redes sociales señalan que el matrimonio lleva en Miami “una vida de ricos” a la que, irónicamente, la costea una base de emprendimiento construida en la Patria socialista.

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