Como si de una carrera a contrarreloj se tratara, apenas Gustavo Petro asumió la Presidencia de Colombia en agosto de 2022, un grupo de empresarios y operadores políticos y financieros de su círculo amistoso corrió a toda velocidad para conseguir negocios petroleros con el régimen venezolano encabezado entonces por Nicolás Maduro. Esas tempranas gestiones, en las que además participaron militares venezolanos, siguieron a pesar de que el mandatario colombiano mantenía cierta distancia y ambigüedad pública hacia Maduro y posicionaron a los allegados a Petro en un lugar privilegiado a la hora de buscar los favores del chavismo. Y los consiguieron. 

En febrero de este año Armando.Info y el medio colombiano La Silla Vacía revelaron que dos meses después de la llegada de Petro al Palacio de Nariño, su compadre Danilo Romero Gómez registró Colven Business & Corp, compañía que a mediados del año pasado obtuvo dos Contratos de Participación Productiva (CPP) otorgados por Pdvsa para explotar petróleo en la cuenca de los estados Barinas y Apure, en la región de Los Llanos del suroccidente venezolano, cercana al Departamento de Arauca colombiano.

Pero las intenciones y planes de negocios de esta red tiene más actores a ambos lados de la frontera. En Colombia, Manuel Manel Grau Pujadas, el empresario catalán nacionalizado de forma exprés por Petro en noviembre de 2022 y persona de confianza de la la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, también fue clave en la gestación de los negocios, tal y como muestran nuevos documentos, conversaciones con fuentes en ambos países y decenas de fotografías obtenidas por esta alianza periodística. 

Del lado venezolano destacan personajes no tan conocidos, pero que resultan pivotales en esta historia, tales como Luis Alberto Salas Argüello, político y empresario que fungió como una especie de “canciller en la sombra” entre Maduro y Petro; Jesús José Rafael Velásquez Gamero, un empresario criollo con propiedades de lujo en República Dominicana, así como también con nexos con el régimen chavista y los militares al frente de la estatal Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg).

En una de las fotografías, por ejemplo, Manuel Grau Pujadas posa trajeado y sonriente junto a Asdrúbal Chávez, entonces presidente de Pdvsa y recientemente rescatado por la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, para presidir Citgo, filial en Estados Unidos de la petrolera estatal venezolana. Entre ambos, pero con menor relevancia, está David Moreno Comas, entonces socio de Danilo Romero, y cuyo hermano fue grabado pidiendo contratos en el Grupo Ecopetrol para pagar favores que dio durante la campaña electoral de Petro. 

La foto fue tomada el 17 de octubre de 2022, apenas dos meses después de la toma de posesión de Petro y cuando Colven Business & Corp sólo tenía siete días de registrada en Bogotá. El mismo día, Manuel Grau Pujadas y los empresarios cercanos a Petro se reunieron con el entonces ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, quien meses después caería en desgracia y en prisión por el escándalo Pdvsa-Cripto, comienzos de 2024. También hubo reuniones con el vicealmirante Ovelio Barrera Corrales y el capitán de navío José Gregorio Ruiz Estrada, presidente y vicepresidente de Camimpeg, respectivamente, según se aprecia en una selfie tomada por el propio Grau Pujadas.

Todo se mantuvo en secreto hasta ahora. Ni el régimen venezolano ni el gobierno colombiano informaron sobre aquellos encuentros en Caracas entre las autoridades del régimen y el círculo empresarial cercano a Petro. 

Sí fue público, en cambio, que Grau Pujadas acompañó en enero de 2023 a Verónica Alcocer, la primera dama de Colombia, en una visita oficial al Palacio de Miraflores, sede del gobierno en Caracas. Alcocer y Grau Pujadas se reunieron con Maduro y Cilia Flores, ambos capturados por tropas estadounidenses el pasado 3 de enero en Caracas y a la espera de juicio por narcoterrorismo en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.  

Además de la nacionalidad colombiana por la vía rápida, Manuel Grau Pujadas fue designado por el gobierno Petro en enero de 2023 como miembro de la junta directiva de la Central de Inversiones (CISA), una inmobiliaria del Estado colombiano. Aunque Manuel Grau se cuidó de no figurar en los papeles de las empresas favorecidas por el régimen chavista, su hermano Gregorio Grau Pujadas, sí participa como directivo de Colenergy Group S.A, una sociedad panameña que desde agosto de 2024 controla 97% de las acciones de Colven Business & Corp.

Manuel Grau Pujadas no contestó a la petición de entrevista formulada por los reporteros vía Whatsapp. En cambio, la Presidencia de Colombia respondió a una consulta para esta historia, pero se limitó a alegar por escrito que “se advierte que las preguntas formuladas corresponden a valoraciones subjetivas sobre las actuaciones de terceras personas. La solicitud de realizar un juicio de valor de este tipo excede las competencias legales y constitucionales en cabeza del Presidente de la República”.

Varias fachadas, un solo grupo

En aquellas reuniones del 17 de octubre de 2022 con las autoridades del régimen venezolano, Manuel Grau Pujadas, Danilo Romero y David Moreno Comas no representaron a Colven Business & Corp, sino a Canacol Energy Ltd, una petrolera de origen canadiense, la segunda productora de gas en Colombia, que hoy pasa por un proceso de reestructuración tras enfrentar problemas financieros. 

Junto a ellos estaban Charles Gamba, quien entonces era el CEO (Chief Executive Officer, equivalente en inglés de Presidente Ejecutivo) de Canacol Energy, pero que en febrero pasado fue relevado del cargo, y Anthony Zaidi, actual Vicepresidente de Desarrollo y Negocios, además de consejero de la misma empresa. 

De ello deja constancia una serie de fotos del encuentro obtenidas por Armando.Info y La Silla Vacía. Fuentes ligadas a Pdvsa aseguran que desde esa fecha, 17 de octubre de 2022, la intención más clara del entorno empresarial de Petro era participar en el negocio de la exportación de gas venezolano a Colombia a través del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, por una parte y, por la otra, mediante el desarrollo de la conexión desde el Complejo Refinador Paraguaná (CRP) en el estado Falcón, noroccidente de Venezuela, con el gasoducto que une la costa oriental del Lago de Maracaibo, en el estado Zulia, con Punta Ballenas, en La Guajira colombiana.

Los frutos de esas gestiones se han visto recientemente cuando, el mes pasado, Venezuela y Colombia acordaron reanudar el proyecto de exportación de gas venezolano a través del gasoducto Antonio Ricaurte. “Vamos a traer gas venezolano muchísimo más barato”, celebró Petro el convenio, del que todavía no se conocen todos los detalles ni los actores que participarán más allá de Pdvsa y Ecopetrol, la petrolera en la que el estado colombiano mantiene 90% de las acciones.

Un poco antes, en febrero de este año, el presidente Petro también mencionó la posibilidad de llevar petróleo venezolano a Colombia, desde la cuenca de Barinas y Apure, la zona que desde mediados del año está siendo explotada por Colven Business & Corp, la compañía fundada por su compadre, Danilo Romero, y donde las reservas probadas de hidrocarburos suman poco más de la mitad de las que posee toda Colombia. “Nosotros no estamos pensando traer petróleo de Venezuela, no se necesita. Si acaso, es posible el petróleo de Apure/Barinas que es liviano y podría refinarse en Barrancabermeja”, expresó en la red social X, antes Twitter, el 22 de febrero. 

Pese a que estuvieron en Caracas representando a Canacol Energy, los negocios del grupo cuajaron con Colven Business & Corp y otra empresa identificada como Venecol Oil & Gas, registrada en Bogotá en octubre de 2022 y desconocida hasta el 14 de diciembre de 2022, cuando se reveló la firma de un “contrato de cuentas en participación” entre ambas sociedades.

Según ese documento, Venecol y Colven acordaron las condiciones para prestar servicios petroleros a Camimpeg, de modo que la empresa controlada por militares venezolanos cumpliera así un “contrato de alianza de servicios integrales de hidrocarburos” firmado con Pdvsa en julio de ese 2022.  Venecol  aportaría al negocio “su propio nombre, responsabilidad y crédito personal” y Colven, en su “calidad de partícipe inactivo u oculto” aportaría al negocio sus “relaciones comerciales” y “experiencia comercial”. A cambio, Colven recibiría el 15% del total de la operación, después de costos e impuestos, se detalla en el contrato.

Anthony Zaidi, el directivo de Canacol Energy que participó en aquellas reuniones de 2022 con las autoridades venezolanas, terminó siendo la persona que firmaría en representación de Venecol Oil & Gas.

Ni Zaidi, ni Canacol contestaron las solicitudes de entrevista enviadas porcorreo electrónico. Tampoco respondió Andrés Valenzuela, representante legal de Canacol y quien registró a Venecol Oil & Gas. 

Consultado sobre esa representación de Canacol en Venezuela, Romero, el compadre de Petro, manifestó que sí hubo acercamientos pero negó haber concretado negocios con esa petrolera: “Canacol en su momento mostró interés de trabajar conmigo en Venezuela, ese acuerdo jamás se logró, tuvimos diferencias y nunca se llegó a un acuerdo”, afirmó. 

La llave venezolana

Aunque funciona como una empresa privada, Camimpeg fue creada por Nicolás Maduro en febrero de 2016 y está adscrita al Ministerio de Defensa. Además de su relación con Pdvsa para operar campos petroleros, la compañía también tiene líneas de negocio en la minería y en el transporte de carga, general y a granel, así como de agenciamiento naviero, entre otras. 

Los documentos obtenidos para esta investigación confirman que para el círculo amistoso de Petro fue clave la alianza con los militares venezolanos. La cercanía fue tal que en algunas de las fotografías revisadas se ve a Manuel Grau Pujadas y su hermano Gregorio Grau Pujadas posando con gorras con el logo de Camimpeg en las propias instalaciones de la empresa.

La participación del empresario Jesús José Rafael Velásquez Gamero, de 48 años de edad, y quien ha sido contratista de Pdvsa, también fue crucial para que el círculo amistoso de Petro consiguiera negocios petroleros en Venezuela. Además, comparte sociedad con Gregorio Grau Pujadas en República Dominicana, donde también tiene negocios inmobiliarios y propiedades de lujo. 

Consultado para este reportaje, Danilo Romero, el compadre de Petro, manifestó que Velásquez Gamero estuvo desde el inicio de Colven Business & Corp porque es “experto en temas de estructuraciones societarias para proyectos del sector de hidrocarburos”. Sobre cómo lo conoció, solo explicó que fue “de años atrás”, sin dar más detalles. 

El 26 de agosto de 2022, sólo 19 días después del juramento de Petro como Presidente de Colombia, Velásquez Gamero fue nombrado como miembro de la junta directiva de una empresa de Danilo Romero. Esa empresa inicialmente controló 97% de las acciones de Colven. 

Luego, Velásquez Gamero fue uno de los tres fundadores de Colenergy Group, empresa creada en Panamá en mayo de 2024 y que entonces pasó a controlar ese mismo 97% de las accionesde Colven. Los otros dos fundadores fueron Gregorio Grau Pujadas, el hermano de Manuel Manel Grau, y Diego Martínez, sobrino de la esposa de Danilo Romero y actual cabeza de Colven en Caracas. 

En varias de las fotografías conseguidas para esta investigación se ve a Velásquez Gamero, en esmoquin y compartiendo una copa con los Grau Pujadas en celebraciones privadas en algún lugar de España, así como también con Danilo Romero. En una de ellas están, precisamente en República Dominicana, Velazquez Gamero, Danilo Romero y su socio, David Moreno Comas, vestidos con guayaberas y pantalones de lino, junto a Ricardo Roa, quien fue el gerente financiero de la campaña electoral de Petro y es el cuestionado presidente de Ecopetrol desde finales de abril de 2023. La foto fue tomada a comienzos de ese año, cuando ya los negocios del grupo marchaban en Venezuela y cuando era un secreto a voces que Roa sería designado al frente de la petrolera colombiana.

Sobre la imagen, Romero dijo que con Roa “me reuní varias veces, almorzamos, hablamos antes de ser Presidente de Ecopetrol. Desde que empezó su función no lo veo”. Y sobre la grabación al hermano de David Moreno, Romero ha dicho que su nombre fue usado indebidamente y que ya no tiene relación con ninguno. 

Por su parte, Roa no respondió a las preguntas enviadas a su correo electrónico, mientras Moreno ignoró los mensajes enviados a su WhatsApp.

Fuentes ligadas a la industria petrolera aseguran que en algún momento Velásquez Gamero también tuvo cercanía con el exministro de petróleo, Tarek El Aissami. Un episodio de su vida que lo conecta con lo político y que era desconocido hasta ahora es que Velásquez Gamero fue parte de la comitiva de diputados, entonces opositores, que en 2019 viajó a varios países europeos para abogar por Alex Saab Morán, el empresario predilecto de Maduro. 

Aunque Velásquez Gamero no aparece formalmente en los papeles de la Colven Business & Corp registrada en Caracas, es el hombre que está detrás de la empresa registrada en Caracas en septiembre de 2022 y al que también se le ve participar en reuniones con autoridades de Pdvsa o Camimpeg. 

Sin embargo, en mayo de 2024 la empresa en Bogotá autorizó abrir una sucursal en Caracas “teniendo en cuenta que la sociedad a la fecha es parte del contrato denominado ‘Alianza de Servicios Integrales de Hidrocarburos’, suscrito con Pdvsa y Camimpeg”, para así quedar cubiertos por el acuerdo binacional de “promoción y protección de recíproca de inversiones” aprobado a comienzos de 2023.

Velásquez Gamero también es cercano a Luis Salas Argüello, de 72 años de edad. Desde 2022, cuando todavía Gustavo Petro estaba en campaña electoral, fue clave para el acercamiento de este con Maduro, según en su momento reseñó el diario El País. El diario español lo describió como un “empresario del que apenas hay información en Google”. Aunque está dedicado a los negocios, Salas Argüello tiene una huella política cercana a Maduro, pues hasta 2006 trabajó en la Asamblea Nacional, según el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Maduro fue diputado entre 2000 y 2006.

Salas Argüello estuvo presente en la comitiva que recibió a Petro en Venezuela en su primera visita oficial como mandatario, el 7 de enero de 2023. A pesar de no tener asignación oficial conocida, se movía como pez en el agua en la diplomacia en Colombia y en varias ocasiones posó con el entonces canciller, Álvaro Leyva, y con el entonces delegado para negocios de la embajada de Estados Unidos en Colombia, Francisco Pancho Palmieri, o con el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero. 

Sobre el rol específico de Salas Argüello en las relaciones diplomáticas con Venezuela, la Presidencia de Colombia respondió que “en determinadas etapas pueden intervenir actores no estatales en calidad de asesores, consultores o participantes en procesos técnicos o de cooperación”.

Por su parte, el excanciller de Colombia explicó que conocía a Salas desde hace varios años como político venezolano. “Se trata de una amistad antigua. Nadie nos presentó ayer”, dijo. Leyva también reconoció que Salas se dedicaba a labores diplomáticas y que, por ejemplo, participó en las negociaciones de Venezuela en México para lograr una eventual transición de poder, aunque sin precisar cuál fue su rol específico.

Leyva admitió que conoció al empresario Velásquez Gamero a través de Salas. “Luis Salas me ha presentado amigos suyos. Varios. Unos de vieja data, otros más contemporáneos". Entre ellos, "a don Jesús Velásquez” con quien aseguró tener una “clara amistad”, mas no relaciones comerciales con él, así como tampoco con Salas.

Una fuente con acceso de primera mano a la campaña presidencial de Petro detalló el rol de Salas en ese año de 2022. “Salas aparece en la última parte de la campaña presidencial. Él era como un delegado de Maduro. Hay una reunión que se hace con Salas, esa reunión la armó Manel, y ahí estaba Danilo Romero”. La fuente insistió en que “todos estaban interesados en negocios de petróleo y gas”. 

Danilo Romero había asegurado que a Salas lo conoció en una reunión de la embajada colombiana en Venezuela, como empresario, y negó tener negocios o cercanía con él. Sin embargo, fotografías obtenidas por los reporteros, muestran que compartían más de lo que reconoció en su momento.

En una de las fotos obtenidas para este reportaje se ve a Salas Argüello compartiendo con Danilo Romero, David Moreno Comas y a Velásquez Gamero en un restaurante en Caracas. Junto a ellos aparece Carlos Herrera, exconcejal del Distrito Metropolitano de Caracas y dueño del portal Primicias24.com, y parte de la comitiva que acompañó a los diputados opositores en su gira por Europa para blanquear los negocios de Alex Saab en varias jurisdicciones. Herrera también es amigo de Velásquez Gamero y ambos han compartido con Salas Argüello y el excanciller colombiano. 

El próximo mes de agosto, Petro deberá entregar el poder a un nuevo presidente en Colombia. Para entonces ya estarán consolidados los negocios petroleros en Venezuela de su círculo de amigos gracias a aquella carrera contrarreloj que arrancó cuando apenas empezaba su mandato.

Más de 20 altos ejecutivos acudieron el pasado viernes a la Casa Blanca, en representación de las mayores compañías del negocio petrolero global (muchas más que las tradicionales siete hermanas de antaño), para conocer de primera mano la tarea que el presidente Donald Trump les quería proponer, tras su autoproclamación, una vez capturado Nicolás Maduro, como gatekeeper del petróleo en Venezuela: organizar la toma y control de la industria venezolana para la explotación y comercialización de sus hidrocarburos.

“Vamos a discutir cómo estas grandes empresas estadounidenses pueden ayudar a reconstruir rápidamente la deteriorada industria petrolera de Venezuela y aportar millones de barriles de producción para beneficiar a Estados Unidos, al pueblo de Venezuela y al mundo entero”, dijo el mandatario estadounidense, no sin antes deslizar, como acostumbra, la noción de que está al mando: “Vamos a ver a quién vamos a dejar entrar”, dijo. Pero ni esa advertencia, ni la promesa de que Washington pudiera subsidiar la operación, impidieron que las respuestas iniciales de las compañías -en particular, de ExxonMobil, y con las previsibles excepciones de Chevron y de la española Repsol, que ya hacen negocios en Venezuela- oscilaran entre la frialdad y la abierta renuencia. Los bajos precios del crudo y la inestabilidad político-jurídica en Caracas no invitan a la aventura.  

Poco antes, Trump había asegurado en su cuenta de Truth Social que las autoridades tuteladas del chavismo, ahora bajo el mando de la recién nombrada Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, se comprometieron a darle acceso a “entre 30 y 50 millones” de barriles de petróleo que ahora yacen en el subsuelo de Venezuela, el país con las mayores reservas probadas del mundo (aunque buena parte de esas reservas corresponden a crudos extrapesados, de difíciles extracción y procesamiento). En vista de ello, Trump pidió a las petroleras una inversión superior a los 100.000 millones de dólares para la recuperación de la industria venezolana, arruinada tras un cuarto de siglo de falta de inversiones y mantenimiento, así como de descapitalización al funcionar como caja chica del régimen bolivariano.  

Tal promesa entraría en conflicto con otra obligación que la misma Delcy Rodríguez, en su rol de Ministra del Petróleo, había asumido desde 2024. Entonces concibió y ejecutó una racha reprivatizadora de la actividad petrolera, que justamente procuraba atraer nuevos inversionistas. Para ello se valió de una figura legal novedosa, los Contratos de Participación Productiva (CPP), que garantizaban a los empresarios privados una relación más ventajosa y rentable que la prevista en el anterior esquema de empresas mixtas de Hugo Chávez. 

La campaña terminó por ser una auténtica piñata. Varias áreas de la Faja Petrolífera del Orinoco y de la cuenca del Lago de Maracaibo fueron asignadas a empresas privadas, la mayoría desconocidas, con más apetito por el negocio que experiencia en el mismo. Muchas de ellas eran propiedad de amigos políticos y comerciales no solo del régimen, sino hasta de la propia Delcy Rodríguez.

En anteriores ediciones, Armando.info ha contado cómo algunas de esas concesiones recayeron en mamparas corporativas del magnate estadounidense Harry Sargeant III, en asociación con el famoso bolichico, Alejandro Betancourt; o de un empresario conectado con el entorno del expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, quien, a través de dos de sus exministros, desde hace años asesora a Delcy Rodríguez en materia económica.

Pero esos contratos no son los únicos que acaban de quedar en entredicho por la espectacular intervención militar de Estados Unidos y, sobre todo, por la intención de Trump de manejar el negocio petrolero en Venezuela, de ahora en adelante, con las compañías de vuelta sobre el terreno. Además de los de la dupla Sargent-Betancourt y de los ecuatorianos, Rodríguez entregó CPP a otras 14 empresas, que empiezan a asomarse como bajas indirectas de la Operación Absolute Resolve del 3 de enero. 

Cuentos chinos

El 12 de agosto de 2025, el presidente de Pdvsa, Héctor Obregón, confirmó a la empresa Hainan Breey Energy Co. Ltd que su CPP entraría “en vigor” a partir del 1 de septiembre, tras haber comprobado que la compañía había cumplido requisitos como la “prueba de fondos”, el “programa de trabajo” y las “capacidades técnicas”, entre otros criterios. 

Ambas partes habían firmado antes el CPP que permitiría a Hainan Breey Energy la explotación del campo Dobokubi en la Faja Petrolífera del Orinoco. La carta del presidente de Pdvsa iba dirigida a Jiang Fucal, a quien identificaba como “representante legal” de la empresa. Pero, de acuerdo con fuentes internas de la industria petrolera, el rastro de Hainan Breey Energy Co. Ltd en realidad conduce al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, a quien las autoridades estadounidenses relacionan con Carlos Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, y con otros miembros de la familia de la Primera Dama o Primera Combatiente, como la conoce la jerga oficial chavista. Mientras Cilia Flores también resultó capturada por las tropas estadounidenses la madrugada del 3 de enero y llevada a Nueva York, donde ahora enfrenta un juicio, el propio Carretero Napolitano fue blanco, días antes, de una sanción del Departamento del Tesoro. 

En septiembre del año pasado, fecha de inicio de las operaciones de Hainan Breey Energy, el campo Dobokubi producía 33.000 barriles diarios de petróleo y, según la meta de Pdvsa, al cierre de diciembre la producción debía ascender hasta los 38.000 barriles diarios. 

Antes del otorgamiento de la licencia para explotar el campo Dobokubi, Hainan Breey Energy ya se había convertido en una de las principales prestadoras de servicios para Pdvsa en el norte del estado Monagas, en el oriente del país. Allí ha ejecutado trabajos de “well testing”, “tubería continua”, “guaya fina” y “cañoneo”, entre otros servicios, tal como lo confirman documentos obtenidos para este reportaje. La empresa no cuenta con una página web.

En los primeros días de diciembre de 2025, los trabajadores de otra de las adjudicatarias de CPP, Vulcan Energy Technology, con sede en el estado Anzoátegui, se reunieron en un club para celebrar el buen año que cerraba con la obtención del contrato para explotar el campo Cariña de la Faja Petrolífera del Orinoco. 

Constituida originalmente en Sheung Wang, uno de los asentamientos originales de Hong Kong, Vulcan Energy Technology Limited abrió en octubre de 2024 su sede en Venezuela. Hou Yunfu, representante para Venezuela de la empresa, y Norberto Apolinar Yibirín, abogado especializado en “propiedad Intelectual de marcas, patentes de invención científica y derechos de autor”, como se presenta en su cuenta de la red Instagram, registraron la oficina principal de la empresa, bajo el nombre de Vulcan Energy Technology Venezolana, C.A., en El Rosal, la antigua milla de oro financiera de Caracas. Del mismo modo que Hainan Breey Energy, Vulcan empezó como un proveedor de “servicios de inversión y financiamiento de proyectos y desarrollos, asesorías, mantenimiento, instalación y compra y venta de suministros para la industria petrolera”, como reza su expediente, para luego ser beneficiado con el otorgamiento de un CPP.  

Aunque sin experiencia demostrable en el sector petrolero venezolano, Vulcan supo cómo despuntar con su desempeño. Según documentos de Pdvsa revisados por Armando.info, de la producción total de las empresas que tienen CPP -unos 227.000 barriles en septiembre de 2025- Vulcan produjo el año pasado poco más de 5%, superada de lejos por Nabep, de Sargeant, que aglutina 32% de esa producción.

Otro adjudicatario de CPP es la empresa China Concord Petroleum Co. Limited (CCPC), que desde septiembre de 2019 acarrea sanciones de Washington por “participar a sabiendas en una transacción significativa para el transporte de petróleo desde Irán”. A CCPC se le asignó el campo Lagunillas Lago, sobre la tradicional cuenca petrolera del Lago de Maracaibo.

Aunque es una compañía privada, ha estado asociada con Kunlun Holding, una empresa de la estatal China National Petroleum Corporation (CNPC). Sus dueños, tal como está reflejado en la sanción que sobre ellos impuso la OFAC, son Bin Xu, Yi Li, Yu Hua Mao, Luqian Shen y Yazhou Xu.

Una fuente del sector, consultada por Armando.info en mayo pasado, especificó que el acuerdo con Pdvsa otorgaba 50% de las ganancias a esta empresa china, con el beneficio adicional de que el Estado venezolano, a través de Pdvsa, asumiría los gastos de adecuación tecnológica. Esta misma fuente apuntó que el proyecto ha cerrado toda participación de trabajadores y sindicatos en las tomas de decisiones.

A su llegada a Lagocinco, otro campo del estado Zulia que también le fue asignado por el CPP, China Concord Petroleum Co. Limited asumió la meta de triplicar la producción desde los actuales 50.000 barriles diarios a 150.000. “Los chinos tendrán el control aguas arriba [en la propia producción] y aguas abajo [en la comercialización]. Están reparando bombas y equipos. En la comercialización tienen todo disponible para llenaderos y estaciones de servicio”, informó entonces la fuente, que habló a condición de mantener su nombre en reserva. Y añadió un dato sorprendente: el CPP es indefinido. Una duración que podría ser vitalicia pero que ahora puede tener un final abrupto si se concreta el takeover de Trump.

Pero, de acuerdo con fuentes de la industria petrolera, la operación de China Concord en Venezuela es otra pantalla, detrás de la que se encuentra Alex Saab Morán, actual Ministro de Industrias, heredado del gabinete de Maduro, y quien durante años fue el contratista predilecto del presidente prisionero. En el pasado, durante la etapa de Tareck El Aissami como Ministro de Petróleo, Saab, junto a su socio Álvaro Pulido, participaron en la irregular comercialización de petróleo venezolano que dejó un hueco en las arcas de la petrolera estatal y sirvió como detonante para el escándalo de corrupción conocido como Pdvsa-Cripto, que produjo una purga interna en las altas esferas del chavismo.

Recientemente el diario The New York Times reveló que Saab está involucrado en los cargamentos de petróleo a bordo de tanqueros que han intentado burlar el bloqueo naval impuesto en las costas del Caribe Sur por Estados Unidos contra la llamada flota fantasma que sirve a países sancionados, como Rusia, Irán y la misma Venezuela. El diario estadounidense reportó que el mercader barranquillero había fletado un buque que regresó a puertos venezolanos a solicitud de las propias autoridades de la administración de Delcy Rodríguez, con apoyo militar norteamericano, ya que habría zarpado desde Venezuela sin autorización.

Otra empresa que vivió una bonanza en el reparto de Delcy Rodríguez es Conbest Group, C.A., constituida en Caracas en octubre de 2024. En diciembre de ese mismo año, apenas dos meses después de fundada, estaba ya inscrita y habilitada en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Y apenas un año más tarde recibió un CPP para trabajar en el campo Ayacucho 1 de la Faja Petrolífera del Orinoco. 

Sus dueños en los papeles son, de nuevo, unos ciudadanos chinos: Yuxiang Du y Yuchi Cen. Este último ofrece la cara más pública del negocio. En su perfil de la red Linkedin se presenta como un ejecutivo con 10 años de experiencia en el desarrollo, distribución, explotación y extracción de petróleo. Allí asegura tener “25 años en relaciones laborales sociales”. 

En cualquier caso, lo que su experiencia sí abarca son actuaciones previas de Yuchi Cen como proveedor del Estado chavista. My Eyes Construcciones Group, Vacen Global Marketing Limited, C.A. (constituidas ambas en 2013) y Evacen Petrochemical Supplies, C.A. (de 2016) están todas registradas en el RNC venezolano. De hecho, esta última, de acuerdo con un documento de Pdvsa del año 2020, era vista como una “nueva posible inversión” para la petrolera estatal. Esa empresa, Evance, aparecía de primera en una lista de 20 empresas que firmaron acuerdos de confidencialidad para el posterior otorgamiento de concesiones. El citado documento detalla que a Evacen le serían otorgadas, por parte de la denominada comisión presidencial Alí Rodríguez (eliminada por Maduro en marzo de 2023), los campos Ayacucho 1, Yopales Norte, Budare, Cachicamo, Caricari y Socororo.

Todas las empresas que Yuchi Cen representa comparten una misma sede, una oficina en el Centro Comercial Galería Los Naranjos, en el municipio El Hatillo del sureste de Caracas. 

Los que juegan de local

Otra de las empresas adjudicatarias de bloques de la Faja Petrolífera del Orinoco, otorgados mediante los CPP, es Cavallino Oil Company, cuyo dueño, con 100% de las acciones, es Carlos Enrique Abreu Bello, venezolano de 48 años. La empresa, aunque creada en 2018, no tuvo actividad alguna hasta el año pasado, cuando mostró aumentos consecutivos de su capital, modificó su objeto social y se registró, el 15 de enero de 2025, en el RNC como proveedor del Estado.

Esa súbita modificación en los documentos de la empresa ocurrió justo antes de la asignación para operar el campo Bare de la Faja Petrolífera del Orinoco. Según se constata en el mismo RNC, en tan solo un año Cavallino Oil Company consiguió pasar de un simple proveedor de servicios de perforación, mantenimiento y supervisión de flujo de pozos petroleros en Venezuela, a un productor. La producción de crudo de Cavallino Oil Company representa 3,8% del total de producción amparado por los CPP.

La historia de Abreu Bello como empresario petrolero se remonta a 2018, con la creación de la empresa Well Services Cavallino, también contratista del Estado y socia, junto con Pdvsa, de la empresa Roraima Servicios Petroleros, registrada en Monagas, igual que Cavallino Oil. En el RNC, Roraima refleja una muy limitada experiencia, con apenas dos contratos pequeños de transporte y mudanza con la estatal petrolera.

Armando.info tuvo acceso a varios documentos que muestran que la Well Services Cavallino de Abreu Bello ha llevado a cabo trabajos de “coil tubing” para la estatal petrolera, un proceso que consiste en la introducción de tuberías flexibles para el mantenimiento de los pozos petroleros. Los documentos revisados muestran además que estos servicios eran subcontratados para Pdvsa por la empresa Oryx Resources, cuyo dueño era Samark López Bello, señalado como testaferro del ex Vicepresidente Ejecutivo de la República y expresidente de Pdvsa, Tareck El Aissami. Tanto El Aissami como López cayeron en desgracia ante la autodenominada Revolución Bolivariana en 2023, acusados y arrestados por corrupción. 

Uno de los bloques de la Faja Petrolífera del Orinoco es el bloque Ayacucho -además de los bloques Junín, Boyacá y Carabobo- que, por la magnitud de sus reservas, es uno de los más codiciados. Dividido en varios sub bloques, el número 6 fue entregado por un CPP a la empresa West Construcciones, oriunda del estado Zulia.

Esta luce como una de las asignaciones de CPP más llamativas pues, aunque West Construcciones es una empresa creada en el año 2001, su hoja de contrataciones en general y con el Estado venezolano en particular tiene que ver con obras de construcción e infraestructura de todo tipo, y no con actividades de explotación o servicios petroleros.

Según las fichas del RNC consultadas para este trabajo, West Construcciones ha sido contratada por varias entidades del Poder Ejecutivo -como las alcaldías de Maracaibo y San Francisco en Zulia, el Ministerio de Vivienda y Hábitat y el de Interior y Justicia, por ejemplo-, y lo más cerca que había estado estado de Pdvsa hasta que recibió la concesión fue cuando se hizo cargo de la realización de al menos cinco trabajos de adecuación y construcción de comedores, sobre todo en centros de refinación entre los años 2020 y 2021. 

La empresa tiene sucursales en Falcón y Anzoátegui, y como dueño figura Juan Pablo Fereira Rosillo, hermano de Joan Manuel Fereira Rosillo, un conocido contratista del Estado venezolano. El nombre de este último ha aparecido entre los elencos de algunos casos turbios, como el de la famosa estafa piramidal conocida como La Vuelta, que tuvo lugar en el estado Zulia en 2012. También la Fiscalía de Suiza lo identificó como beneficiario final de la empresa Rote Energy, que recibió 2,2 millones de dólares de la empresa brasileña de ingeniería civil, Odebrecht, en relación con las obras millonarias e inconclusas de la represa de Tocoma, en el estado Bolivar del sureste de Venezuela.

Y hablando de Brasil: otra de las empresas que tiene asignado un CPP desde el año pasado es el Consorcio Alvorada & Cladoca, asociación de la brasileña Consorcio Alvorada y de la venezolana Inversiones Cladoca. Esta última se constituyó en el estado Monagas y exhibe, a diferencia de la mayoría de sus pares, un historial largo de obras ejecutadas y servicios prestados para la industria petrolera. 

Inversiones Alvorada & Cladoca, registrada en junio de 2024, es también la única de las empresas con CPP que, de manera explícita, informa en su objeto social de su dedicación a la producción de petróleo: realiza “conjunta y mancomunadamente, la búsqueda y consecución de oportunidades de negocio ligados a la actividad petrolera, entre ellos la consecución del mencionado de ASH o de CPP”, según se lee en su acta de constitución. Desde el año pasado explota el CPP Boca-Güico-Guara, que comprende una buena porción del sur del estado Anzoátegui, y aunque cumple con la totalidad su cuota de explotación, esta solo representa 1,2% del total de barriles que producen las empresas con CPP.

Según refleja su actividad en el RNC, la venezolana Inversiones Cladoca tiene una trayectoria de trabajos en el sector petrolero no solo para Pdvsa (de 166 contratos registrados en el RNC, al menos 80% fueron obras y servicios petroleros contratados por la estatal petrolera venezolana), sino también para empresas extranjeras, como Exxon Mobil y Halliburton, en la perforación de pozos petroleros desde 2003.

Entre opacos y fantasmales

En general, las empresas adjudicatarias de CPP han sido muy celosas en mantener fuera del foco público su relación con Pdvsa. Algunas, quizás por diseño, tienen nombres comunes, difíciles de pesquisar. Tal es el caso de Servicios y Mantenimientos Orinoco Oil C.A. -en los registros mundiales hay decenas de empresas que incluyen la denominación Orinoco Oil-, que opera con un CPP en el campo Arecuna, al sur de la población de El Tigre, en el estado Anzoátegui.

Fundada en 2013 precisamente en El Tigre, el objeto fiscal de Orinoco Oil es amplio: desde la explotación de actividades propias de la construcción, pasando por la obtención de contratos y subcontratos para la realización de toda clase de obras civiles, hasta el “acarreo de materiales sólidos derivados del petróleo, transporte de fluidos químicos sólidos y líquidos, transporte de desechos peligrosos y no peligrosos a sitios autorizados por el Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales Renovables y por Petróleos de Venezuela, S.A.”. La sociedad la componen un presidente, Ramón David Martínez Sung, y una vicepresidenta, Antnoly Coromoto Basabe Añez. 

Contratista del Estado venezolano al menos desde 2016, Orinoco Oil, C.A. tuvo oficinas en la sede de Pdvsa de San Tomé, Anzoátegui. Con ese amplio catálogo, arriba sintetizado, fichó en el RNC, hasta que en 2025, según los documentos de la petrolera estatal venezolana a los que tuvo acceso Armando.info, se hizo con el contrato más jugoso de su historia a través del CPP que ahora maneja.

Del entramado de empresas adjudicatarias de CPP, algunas pasan de lo opaco a lo deliberadamente etéreo, como es el caso de Asiática del Caribe Energy, C.A. Con un sitio web que aún luce en construcción y en el que sólo es permitida una interacción, la de enviar mensajes, ni siquiera tiene rastro en el RNC. Asiática del Caribe tiene asignado el campo Dación, ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco, y para finales del año pasado había producido 2,8% de los barriles del total de lo que producen las empresas adjudicatarias de CPP. 

Un rastro aún más tenue es el que la cobertura de Armando.info encontró de la empresa Proven Reserves Limited, que tampoco tiene dirección, registro, cuenta de correo electrónico o teléfono conocido. Tampoco una página web. La única señal de existencia de esa empresa se encuentra en los documentos de Pdvsa revisados para este trabajo, en donde consta que Proven Reserves quedó a cargo del CPP Río Caribe, en la península de Paria del estado Sucre, extremo nororiental de Venezuela, del cual no ha logrado extraer un solo barril. Por ahora es tan solo una promesa que, como las demás asignaciones de los CPP, están en riesgo por el previsible desembarco de las petroleras, estadounidenses y de otros países, convocadas por Donald Trump.

Atraído por las mayores reservas de crudo del planeta, aprovechando la flexibilización de las sanciones aplicada por la administración de Joe Biden y anticipándose al retorno de su amigo Donald Trump a la Casa Blanca, Sargeant III apuró el paso en 2024, insistiendo en un viejo anhelo. Él mismo había reconocido ante Reuters que sus negocios petroleros en Venezuela datan desde finales de la década de 1980 pero, para su frustración, se interrumpieron en 2005. Años después, en 2017, se reunió en Caracas con el propio Nicolás Maduro y, en 2019, pudo reanudar actividades en Venezuela al conseguir un contrato para la operación en tres campos petroleros con la compañía Erepla Services LLC, como también reportó la agencia de noticias en ese momento. 

Su conexión privilegiada con lo más alto del régimen chavista ha cebado las ambiciones de Sargeant por el oro negro venezolano y le ha facilitado implementar alianzas con operadores criollos y con otros magnates norteamericanos del petróleo; del primero que se tiene noticias es el texano Rodney Ray Lewis, a quien ha sumado a su cruzada comercial.  

La ofensiva le está permitiendo a Sargeant ganar cada vez más terreno en la desvencijada industria petrolera nacional, en un momento en que la atención está puesta en la desactivación de Chevron -por ahora con licencia nada más para el mantenimiento básico de sus activos en Venezuela, otorgada por la administración Trump- y la incógnita de si en algún momento retomará las operaciones de extracción de crudo. 

Así lo confirman decenas de documentos obtenidos para este reportaje y los testimonios de varias fuentes vivas a las que se consultó. Sargeant III no sólo está vinculado a las operaciones de North American Blue Energy Partners (Nabep), con registro en Barbados y ya mencionada en páginas de prensa, sino también a las de LNGEG Growth I Corp, domiciliada en Islas Vírgenes Británicas, hasta ahora apenas conocida por el público y cuyos vínculos con el multimillonario de Palm Beach se revelan en la presente historia. 

De acuerdo a esos papeles, si las metas de Pdvsa para esos proyectos se cumplieran y se realizaran las inversiones necesarias, ambas compañías llegarían a concentrar una producción de hasta 441.000 barriles de petróleo por día, un número nada despreciable, si se compara con los actuales de producción. Las cifras de Pdvsa indican que del millón de barriles diarios que asegura que produce, Chevron venía aportando alrededor de 250.000, esto es, un cuarto de la producción petrolera nacional, y alrededor de 30% de las divisas que maneja el Banco Central de Venezuela (BCV), según estimaciones de Ecoanalítica. 

El 17 de abril de 2024 ambas compañías registraron sus respectivas sucursales en Caracas y  sellaron con la estatal petrolera venezolana varios Contratos de Participación Productiva (CPP), un esquema ideado por la Vicepresidenta de la República y Ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, al amparo de la secretista Ley Anti-Bloqueo, aprobada en octubre de 2020. La nueva fórmula jurídica intenta captar a inversionistas privados para que se encarguen de la explotación y producción petrolera, ofreciendo más ventajas que las de una “empresa mixta”, la figura usual que el régimen de Hugo Chávez implementaba desde la aprobación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos en 2006,  en línea con su lema de “soberanía petrolera”. 

Socio a la fuerza, pero socio al fin

En el caso de Nabep, la operación no solo involucra a Sargeant III, sino también a un viejo contratista del chavismo y exsocio de la propia Pdvsa: Leopoldo Alejandro Betancourt López, uno de los llamados bolichicos, conocidos todos por los escándalos de corrupción con su empresa Derwick Associates en las millonarias contrataciones sin licitación para atender la crisis eléctrica de 2010. Precisamente, la dirección anotada para Nabep al momento de su registro es la de las mismas oficinas que alguna vez utilizó Derwick en el este de Caracas y que alguna vez fueron allanadas por las autoridades venezolanas. 

El contrato suscrito entre Nabep y Pdvsa hace referencia en algunas de sus cláusulas iniciales a un “acuerdo confidencial”, también fechado el mismo 17 de abril de 2024, cuyas partes son Pdvsa, la estatal Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), Nabep, Betancourt y Sargeant III.

Ese acuerdo, con la firma del entonces presidente de Pdvsa, Pedro Tellechea, llevado a prisión meses después bajo acusaciones de corrupción, establecía las nuevas condiciones para operar en Petrozamora, la empresa mixta responsable de campos como los de Lagunillas y Bachaquero, en el estado Zulia, la tradicional cuenca petrolera a orillas del Lago de Maracaibo, en el noroccidente de Venezuela. Según fuentes ligadas a la gestión de Tellechea, el plan inicial apuntaba a que Sargeant III trabajara no con Betancourt, sino en llave con Wilmer Ruperti, actual dueño del equipo de béisbol de Tiburones de la Guaira y uno de los empresarios predilectos del oficialismo en el negocio petrolero desde que proveyó con buques de gasolina a Hugo Chávez para enfrentar con éxito el paro petrolero de 2002. 

Sin embargo, la amenaza de una acción legal internacional de parte de Alejandro Betancourt, quien desde 2013 era uno de los socios privados de Pdvsa en Petrozamora, disuadió a Tellechea y al propio Sargeant III de completar el negocio. Por lo tanto, en Nabep la alianza debió formalizarse entre Sargeant III y Betancourt, quien logró así recuperar su participación en Petrozamora, ya que durante la gestión de Tareck El Aissami en el ministerio de Petróleo y también detenido en 2024 tras el denominado escándalo Pdvsa-Cripto, había sido desplazado en favor de los hermanos Morón Hernández, cercanos a Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro.

Otras conexiones entre Nabep y el magnate nacido en Florida son más evidentes. La página web de la compañía registrada en Barbados solo es una portada con un link que lleva al sitio de Global Oil Management Group, el holding con el que Sargeant III maneja la mayoría de sus negocios petroleros en varias jurisdicciones, incluyendo la isla de Curazao, la excolonia neerlandesa próxima a las costas del estado Falcón, donde procesaba el crudo venezolano para convertirlo en asfalto y enviarlo a Estados Unidos.

Ni Alejandro Betancourt, ni Harry Sargeant III respondieron a la petición de entrevista para este reportaje. 

Según los papeles del registro mercantil y los datos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Pedro Arturo Balart Alejos es el gerente de la sucursal de Nabep en Caracas. En el pasado, Balart Alejos también estuvo vinculado a una empresa de servicios petroleros afiliada a Gazprombank, este a su vez, un banco ruso también asociado con Alejandro Betancourt en el control inicial de Petrozamora a partir de 2013. Balart Alejos no contestó a la petición de entrevista formulada vía Whatsapp y correo electrónico.

Otro abogado, Juan Carlos Andrade Santamaría, es uno de los apoderados de la sucursal venezolana de Nabep, y es otro de los puntos de conexión con Sargeant III. Andrade Santamaría tiene una larga trayectoria en el sector energético ocupando cargos como el de director y asesor jurídico de la Royal Dutch Shell en Venezuela, pero también fue cercano a Eulogio Del Pino, expresidente de Pdvsa, detenido en 2017 y pasado a juicio en 2021 por supuesta corrupción y sin que aún se conozca el desenlace del caso. Pero más importante aún, Andrade Santamaría funge como representante de los intereses de Sargeant III en Venezuela, según varias fuentes consultadas para este reportaje. Esta vinculación también fue expuesta recientemente por el website La Gran Aldea en una nota sobre el magnate norteamericano. Andrade Santamaría tampoco contestó a la solicitud de entrevista enviada por correo electrónico.

El contrato de Nabep con Pdvsa concede a la compañía de Sargeant III y Betancourt la posibilidad de llevarse hasta 57% “del valor total de la producción” y la posibilidad de tener “plena libertad de comercializar el volumen de los hidrocarburos fiscalizables que se corresponde como participación”, un esquema atractivo para cualquier socio privado, según coinciden algunas de las fuentes consultadas. 

A comienzos de este año, Pdvsa también entregó la operación de las empresas mixtas de Petrocedeño y Junín Sur, encargadas de los campos Zuata Principal y San Diego-Zuata en la Faja Petrolífera del Orinoco, respectivamente, a la compañía controlada por Sargeant III. La producción actual de estas dos, sumada a la de Petrozamora, ronda los 126.000 barriles diarios de petróleo, pero si las proyecciones de Pdvsa se cumplieran y Nabep realizara las inversiones operativas necesarias, esa producción podría ascender a 408.000 barriles por día. No obstante, las fuentes consultadas dudan que esa meta se logre a menos que la administración de Trump emita licencias que permitan operar a Sargeant III en Venezuela, razón por la cual el magnate petrolero lleva adelante un intenso lobby ante la Casa Blanca. 

Canadiense entre cumbia y joropo

Pero la alianza forzosa con Alejandro Betancourt, que permitió el regreso de este al circuito petrolero, no fue la única apuesta de Sargeant III en el tablero de sus negocios con el Estado chavista. También echó mano de sus contactos para, junto con un magnate estadounidense, montar tienda en Venezuela a través de otra persona jurídica y bajo el paraguas jurídico de los CPP.

Ese es el caso LNG Energy Group Corp, la empresa de origen canadiense que, a su vez, registró en Islas Vírgenes Británicas la subsidiaria LNGEG Growth I. Esta última creó por su parte una homónima en Venezuela, en aquella misma dirección de oficina que fue de Derwick y en la que funciona Nabep, en el piso 8 de la Torre Kyra de la avenida Francisco de Miranda, en la urbanización Campo Alegre del Este de Caracas.

Además del domicilio, LNGEG Growth I comparte con Nabep apoderados: Juan Carlos Andrade Santamaría, el ya referido representante de los intereses de Sargeant III en Venezuela, y los también abogados Oscar Eduardo Diesis Arias y Arturo Javier Jáuregui, tal y como consta en el registro mercantil. También fue inscrita el mismo día que Nabep, el 17 de abril de 2024, y mismo día en el que fue firmado el acuerdo para participar en los CPP, según publicó la propia compañía.

Subsidiaria de LNG Energy Group y cotizada en la Bolsa de Valores de Toronto, LNGEG Growth I divulgó el año pasado algunos datos sobre los dos CPP firmados con Pdvsa, señalando el compromiso de operación de los bloques en tierra firme Nipa-Nardo-Nieblas y Budare-Elotes -ambos en la Faja Petrolífera del Orinoco-, en los que proyectaba que podría hacer una inversión de desarrollo futuro de hasta 106,3 millones de dólares. 

Ese reporte, fechado el 24 de abril de 2024, informaba que, para ese momento, entre los dos bloques asignados había una producción en bruto de 3.000 barriles diarios “de crudo ligero y medio”. Pero documentos obtenidos por Armando.info señalan que LNGEG Growth I se dispone a lograr una producción máxima en cada bloque ligeramente superior a los 16.000 barriles diarios, poco más de 32.000 barriles diarios en la suma total. Según lo acordado con Pdvsa, LNGEG Growth I obtendría una ganancia neta de entre 50% y 56% de lo producido.

¿Cómo llega LNG Energy a vincularse, a través de su subsidiaria LNGEG Growth I, con Pdvsa y participar en los CPP? La historia relata una serie de conexiones que llevan de nuevo a Harry Sargeant III. Fue él quien convenció al magnate petrolero de Texas, Rodney Ray Lewis, de acuerdo a fuentes de Pdvsa conocedoras de los contratos bajo la modalidad de CPP. 

Rod Lewis tiene una historia casi épica de éxito petrolero, desde que compró un pozo en Texas en 1982 y fundó al año siguiente la que todavía es su empresa matriz, Lewis Energy, con la que ha hecho fama y fortuna produciendo crudo tanto en Estados Unidos como en México. Hace poco, en 2023, su interés por América Latina se desplazó un poco más al sur, a Venezuela. Paradójicamente, para ello debió incorporar una empresa en el norte, en Canadá. Se trata de LNG Energy Group, fundada en Toronto en sociedad con el venezolano Pablo Navarro Peña, pero con sucursal en Colombia desde el año 2003. En ese país tiene actualmente operaciones de explotación gasífera en los campos Sinú-San Jacinto, Perdices y VIM. 

Lewis cedió por completo a Navarro Peña la representación legal de LNG Energy Group en Colombia el mismo 2023, así como de Lewis Energy. Una de las fuentes consultadas para este trabajo asegura que esa asociación entre Lewis y Navarro fue en realidad un paso más en dirección de allanar el camino a LNG para entrar en el mercado venezolano, con la expectativa de que se mantuvieran las licencias de explotación petrolera, compartida y aupada por el propio Sargeant III ante la administración de Trump. 

En sus reportes oficiales, LNG Energy señala en varias ocasiones que las CPP fueron firmadas bajo el amparo de las licencias 44 y 44A emitidas por la OFAC y que, por lo tanto, permitían negociaciones petroleras con Venezuela aún en el marco de las sanciones de Washington contra Pdvsa. Estas licencias estuvieron vigentes hasta el 31 de mayo de 2024 y no han sido restituidas. “Ahora esa gente está entrampada”, afirma una de las fuentes consultadas “porque sin licencias no se van a arriesgar a operar”. 

En el documento de cesión de facultades de Lewis a Navarro para el manejo de LNG Energy en Colombia, al venezolano Angel Roa Yustiz se le designa como uno de los sustitutos de Navarro. Documentos oficiales consultados para esta historia revelan que, en Venezuela, la representación de LNGEG Growth I la ejerce Roa Yustiz, quien también forma parte de la junta directiva de LNG Energy Group. Por su parte, varias fuentes consultadas coinciden en que Navarro Peña funge como representante de LNGEG Growth I ante Pdvsa para el negocio en Venezuela.  Ni Roa Yustiz, ni Navarro Peña atendieron el pedido de entrevista para este reportaje. 

En la órbita de LNG Energy Group gravita además el venezolano Serafino Iacono, uno de los directores hasta el año pasado de la empresa NG Energy, también con sede en Canadá -pero en Calgary- y dedicada, como LNG, a la explotación de gas en Colombia, en campos cercanos del bloque Sinú. 

Serafino Iacono fue uno de los fundadores de la empresa petrolera colombiana -con matriz en Canadá- Pacific Rubiales, cuyo auge y caída entre 2008 y 2014 configuró un verdadero escándalo en términos de gestión del negocio. Otro fundador de Pacific Rubiales fue Ronald Pantin, quien actualmente es parte de la junta directiva de NG Energy.

Aunque no hay una conexión documental clara entre LNG Energy Group y Lewis Energy con NG Energy, sí hay indicios para bosquejar algunos vínculos. Uno de ellos: Pablo Navarro Peña, quien está al frente de las dos primeras empresas en Colombia, era el ejecutivo del Bank of America (BofA) que se entendía con Iacono cuando el banco estadounidense apalancó a Pacific Rubiales en términos financieros, según relatan varias fuentes. 

Las sospechas sobre alguna relación entre las empresas, así como de una posible figuración de Serafino Iacono en LNG Energy Group y Lewis Energy, también las tienen las autoridades judiciales de Colombia. Una reciente investigación de la Procuraduría General de ese país sobre el presidente de la semiestatal colombiana Ecopetrol, Ricardo Roa, por posibles hechos de corrupción en la compra a Iacono de un apartamento en Bogotá, pide determinar si LNG Energy o Lewis Energy han celebrado contratos con Ecopetrol e inferir, así, posibles conflictos de intereses. 

“Precisar si la compañía Lewis Energy Colombia Inc y la empresa LNG Energy International han realizado negocios con Ecopetrol desde el año 2022 hasta la fecha”, instruye el informe de la Procuraduría General colombiana, que sigue: “De ser así, quiénes los suscribieron, el objeto correspondiente y cómo ha sido su ejecución”.

La reciente suspensión de las licencias petroleras por parte de la administración Trump mantiene en vilo los proyectos de Nabep y LNGEG Growth I, pero de momento Harry Sargeant III y sus operadores locales mantienen ya una posición de privilegio en los campos petroleros venezolanos. 

**Isayén Herrera participó en la reportería de esta historia.