Cinco cúpulas blancas con ribetes sencillos y ventanas diminutas sobresalen entre el verdor de los copeyes y eucaliptos que pueblan el sector San Isidro de San José de Galipán, el pueblo montañoso que se ve desde la cumbre del cerro El Ávila, por su ladera norte. La particular edificación muestra unos colores y una silueta que rompen el patrón de techos de tejas rojas y platabandas, propio de las casas rurales del lugar, muchas de ellas transformadas en posadas o residencias de fin de semana.

Una empinada calle ciega de concreto estriado conduce hasta la construcción, de arcos adornados y paredes de piedra de tonos tierra. Aunque no se ven letreros que prohíban la entrada, todos dan por restringido el acceso. Los lugareños, que le han concedido cierto halo de misterio al sitio, prefieren mirar a otro lado. 

Los galipaneros se refieren al inmueble de manera indistinta como la mezquita, el templo hindú o hasta como un lugar de santería. Pero no le rehúyen por alguna deferencia o temor místico al sitio de veneración. Saben, en cambio, que el santuario lo hizo construir Nicolás Maduro y que por mucho tiempo estuvo vedado por motivos tanto de discreción como de seguridad. 

El sigilo y la prudencia son vecinos de Galipán. Las rápidas urbanización y gentrificación de esta zona durante el chavismo la llenaron de casas de forasteros notables a los que conviene olvidar. Aun así, se encuentran estructuras tan conspicuas que nadie puede dejar de notarlas. No muy lejos del templo se levanta una mansión que los oriundos identifican como propiedad de Jorge Rodríguez Gómez, el actual presidente de la Asamblea Nacional. Todo ocurre en tierras del Parque Nacional Waraira Repano -antes Parque Nacional El Ávila, que desde 1958 protege el tramo de la Cordillera de la Costa que separa el valle de Caracas del mar Caribe-, cuya normativa prohíbe construir viviendas y otras bienhechurías en sus dominios. Pero con una excepción: desde 1992 la gente de Galipán tiene derecho legal a residir allí, gracias a un decreto que la identificó como población autóctona y que solo consagraba un hecho histórico, el establecimiento de sus ancestros, originarios de las Islas Canarias, que se instalaron allí en el s. XVIII para convertir en un vergel de flores, frutas y hortalizas ese rincón de selva nublada. 

“Claro que puedes llegar, pero a tu propio riesgo. Es mejor no acercarse por allá; eso está lleno de cámaras de vigilancia”, trata de disuadir a la reportera un habitante del sector San José de Galipán, que trabaja en el sector turístico. 

Una vez se alcanza el templo, sin embargo, no se encuentran ni guardias armados ni cámaras de vigilancia. Solo unos perros salen en resguardo de la parcela, cuyo perímetro lo marca un muro. En la entrada principal, dos cercas de alambre tejido, con sendos candados, cierran el paso. En la casa contigua se ven carros estacionados y luces prendidas a plena luz del día, pero no se observa actividad. Sí, en cambio, el templo de cúpulas blancas -unas vimanas a escala reducida, de forma cónica- y un galpón a medio construir, con andamios que se erigen hasta alcanzar un techo de madera sin tejas. Desde la entrada posterior se aprecia que no se completaron los remates de las cúpulas y que las pequeñas ventanas permanecen selladas. Una escalera de madera se recuesta del techo y la jardinería muestra los efectos del descuido. 

En la fachada del templo está escrita la advocación Jeswari Durga, que desde el sánscrito se traduce como Durga, la diosa suprema o Durga, la divina soberana, en referencia a una de las principales deidades del hinduismo, símbolo de la protección maternal, la destrucción del mal y la restauración del dharma u orden cósmico. 

Se trata de un ashram que Maduro dedicó al culto de Sathya Sai Baba (1926-2011), el gurú indio de fama global. El presidente depuesto y su esposa, la primera combatiente Cilia Flores, son reconocidos devotos del santón. Ambos lo visitaron en 2005 en su complejo de Prasanthi Nilayam, en la ciudad de Puttaparthi, en India, cuando Maduro estaba por obtener la presidencia de la Asamblea Nacional, cargo en el que luego sería sucedido por Flores. En junio reciente, Delcy Rodríguez Gómez, la actual presidenta encargada de Venezuela y hermana de Jorge -el vecino de Galipán-, también visitó Prasanthi Nilayam.

De cofrades, parientes y camaradas

Si Maduro ordenó la construcción, quien se encargó de la obra, del manejo del terreno y de la custodia del centro religioso fue, concuerdan los runrunes en Galipán, un tal Faraón que hacía las veces de guardaespaldas o asistente personal de la pareja presidencial. La alusión a un monarca deificado del antiguo Egipto abona a la confusión acerca de la fe que se profesaba en ese templo de El Ávila. Pero una comprobación en archivos electrónicos permite aclarar que se trata de un ciudadano venezolano de nombre Homar Farahón Viera Rodríguez.

A pesar de haber ocupado cargos diversos durante el gobierno de Maduro, Farahón Viera ha mantenido desde siempre un muy bajo perfil. En soporte digital no hay fotos de este exfuncionario público, cuya única cuenta en redes sociales la tenía en Facebook, donde compartió un último post el 5 de abril de 2018.

La primera mención en medios en línea que lo ubica como parte del círculo cercano a Maduro data del 21 de diciembre de 2009. Entonces, el informe de la Sesión General número 76 de las Naciones Unidas lo identificó como asistente del entonces canciller de Chávez y su futuro delfín.

Su bajo perfil tuvo una estruendosa interrupción en abril de 2013, cuando fue víctima de un secuestro express, del que la prensa internacional se hizo eco. El infortunio alcanzó a Farahón Viera el 30 de ese mes, apenas 11 días después de que su patrón obtuvo en unas reñidas elecciones la presidencia del país, como sucesor de Hugo Chávez y ungido por éste antes de morir. A Viera Rodríguez lo interceptaron tres hombres fuertemente armados en la avenida Urdaneta, cerca del Palacio de Miraflores, en el casco histórico de Caracas. Lo bajaron de su camioneta Toyota para trasbordarlo a otro vehículo. Minutos más tarde fue liberado. Pero su camioneta desapareció.

Viera también ocupó al menos cinco cargos estratégicos en el sector de la alimentación, en los que fue designado entre febrero y mayo de 2015: superintendente nacional y presidente de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro); director principal de la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (Sada); y director principal de la estatal Lácteos Los Andes C.A. El Registro Nacional de Contratistas (RNC) indica que también fue director de dos empresas que formaban parte de la amplia red de distribuidoras adscritas a Lácteos Los Andes: Andicabimas C.A. (dedicada a la compraventa, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos refrigerados) y Andibarinas C.A. (especializada en inversiones y administración en el ramo alimenticio). 

Ese mismo año, el 19 de mayo, el periodista Nelson Bocaranda Sardi deslizó en una columna en el diario El Universal de Caracas que, como Superintendente de Sunagro, “Omar Faraón [sic] Viera, exsecretario de Maduro”, habría tenido roces con el Ministro de Alimentación de entonces, Carlos Osorio, ambos en disputa por el control de los precios de los productos regulados. Tres años más tarde, Bocaranda volvía a mencionar a Viera como quien había coordinado la transcripción y presentación del material que Maduro usó en 2018 para exponer su plan de reconversión monetaria, un programa que se mantuvo en completo secreto y en cuya confección habían participado algunos pocos privilegiados, como Tareck El Aissami, Simón Zerpa y Calixto Ortega. Los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez “sabían algo, pero no todo”, siempre según el periodista.

Por otra parte, el nombre de Farahón Viera aparecería mencionado en la prensa española como una pieza del llamado Caso Podemos o Caso Monedero, referido al presunto financiamiento desde Venezuela del homónimo partido de izquierda español. Según publicó OKDiario en diciembre de 2021, en una supuesta declaración ante la Audiencia Nacional española de Hugo El Pollo Carvajal, el exjefe de la contrainteligencia militar chavista habría explicado que los asistentes personales de Maduro en aquel entonces, “en un principio” Williams Amaro y, “más tarde”, Homar Faraón [sic] Viera, se encargaban de empaquetar el dinero que recogían en la embajada de Cuba en Caracas -proveniente a su vez de la petrolera estatal Pdvsa-, para luego remitirlo por valija diplomática desde la cancillería venezolana a Madrid. En la capital española, de acuerdo a OKDiario, el diplomático Ramón Gordils, también próximo a Maduro, recibía los paquetes de billetes y cubría la milla final para entregarlo a Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos y también del Centro Internacional Francisco de Miranda, un fallido think tank ideológico del chavismo en Venezuela.

En junio de 2022, la Audiencia Nacional de España archivó definitivamente la causa sobre la presunta financiación ilegal de Podemos al determinar que las acusaciones de Hugo El Pollo Carvajal carecían de soporte probatorio y, en realidad, formaban parte de un ardid para retardar su extradición, sin que ningún integrante del partido fuera procesado. Tras agotarse los recursos judiciales en Europa, Carvajal fue extraditado a Estados Unidos en julio de 2023. En junio de 2025, se declaró culpable en una corte de Nueva York de cargos como conspiración para importar cocaína y narcoterrorismo a favor de las FARC colombianas, así como de cargos relacionados con porte de armas de guerra.  

Armando.info contactó a Homar Farahón por correo electrónico para obtener su versión, pero hasta el cierre de la edición no había obtenido respuesta.

Amén de su lealtad personal con el exmandatario y del cumplimiento cabal de sus labores, a Viera Rodríguez lo conecta con la deriva espiritual de Maduro un nexo filial: su madre, Capaya Rodríguez González, embajadora de Venezuela en India de abril de 2023 a octubre de 2026. Seguidora también de Sai Baba, recientemente la Asamblea Nacional aprobó su designación como embajadora en Filipinas, un cargo que ya había ocupado entre 2016 y 2021. También ejerció como viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía desde 2021 hasta 2023.

Se presenta en su cuenta de X como “espiritualista y luchadora social" y “fiel seguidora del Gigante Hugo Chávez y del Constructor de los Tiempos Nicolás Maduro”. A ese perfil agrega una foto propia con una imagen de la mirada de su mentor espiritual, Sai Baba, al fondo. Su cuenta de Facebook está dedicada casi por completo al gurú. 

Antes de desenvolverse en el ámbito diplomático, en 2008 la abogada, egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV), se desempeñaba como Fiscal Trigésima Tercera (33ra) del Ministerio Público del área metropolitana de  Caracas, cargo desde el que habría “tergiversado y obstaculizado” todo el proceso penal para favorecer al acusado, Luis Antonio Carrera Almoina, en el caso de Linda Loaiza, abogada y activista. Según Loaiza, Capaya Rodríguez, en su rol de defensora, también habría cometido tratos crueles y tortura

Entre 2014 y 2016, justo en el periodo en el que Delcy Rodríguez ocupó el puesto de Canciller, Capaya Rodríguez fue responsable de manejar los fondos de funcionamiento y de anticipo de misiones permanentes en embajadas y consulados en el Ministerio de Relaciones Exteriores, como consta en la Gaceta Oficial. 

En una entrevista de 2024 con un medio indio, Capaya Rodríguez elaboraba sobre su vínculo con Sai Baba: “India ocupa un lugar muy especial en mi vida debido a mi conexión espiritual con este país. En 1985 visité por primera vez la ciudad de Puttaparthi, en Andhra Pradesh, para conocer a Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, considerado el Avatar de la Era. Desde entonces y hasta el presente, 2024, no he dejado de visitar India ni un solo año. Tanto es así que, en 1989, mi primer hijo, Dante Gabriel [Guillén Rodríguez], ingresó en las escuelas de Puttaparthi y, ese mismo año, di a luz a mi hija -a quien Sai Baba llamó Prema- en el pequeño hospital del ashram”.

Omar Jesús Viera Moya, padre de Homar Farahón Viera Rodríguez y excönyuge de Capaya Rodríguez, no se queda atrás en cuanto a su vocación mística se refiere. Se suele presentar como un médico homeópata venezolano con más de 35 años de trayectoria en medicina alternativa, acupuntura electrodinámica y bioelectricidad, así como expresidente de la Federación Latinoamericana de Acupuntura y Bioelectricidad. Ha participado en eventos internacionales como la Sathya Sai Global Health Mission de 2009 en El Salvador. Estuvo casado con Capaya Rodríguez hasta febrero de 2001, con quien tuvo tres hijos: Homar Farahón, Monarca Quetzalcóatl y Prema Viera Rodríguez.

En su libro El dictador y sus demonios: La secta de Nicolás Maduro que secuestró a Venezuela (2019), el periodista venezolano David Placer menciona a Homar Farahón, junto con su hermano, Monarca Quetzalcóatl Viera Rodríguez, como parte de lo que el autor identifica como el entorno madurista devoto de Sai Baba. 

Hoy, consultado para este reportaje, Placer amplía ese entorno con otros nombres: por ejemplo, los del exministro Aristóbulo Istúriz (fallecido en 2021) y su esposa, o los de Jorge Arreaza -exministro y exyerno de Hugo Chávez- y su primera pareja. “Todos entraban [en el culto] por sus compañeras”, anota, para asegurar también que Iris Varela, cuando era ministra de Prisiones, viajó hasta el ashram de Puttaparthi, India. En cambio, el periodista no ubica a Delcy Rodríguez entre esos fieles. 

Sin embargo, hay que apuntar que el libro de Placer se publicó en 2019, apenas antes de que Rodríguez empezara a ir con cierta frecuencia el complejo religioso de Sai Baba en India. Antes de la reciente visita de junio, se ha documentado su presencia en el sitio en octubre de 2019, en agosto de 2023 y en octubre de 2024.

Escisión chavomadurista

Al ser consultado por Armando.Info, el exdiputado y exdiplomático tachirense, Walter Márquez, admitió desconocer por completo la existencia del templo dedicado a Sai Baba en lo alto de El Ávila, algo que sorprende, pues Márquez -embajador en India designado por Hugo Chávez, función que desempeñó entre 1999 y 2004- es uno de los pioneros del culto a Sai Baba en Venezuela. Pero confirma que, en cualquier caso, se trata de un ashram que se construyó al margen de la Organización Sathya Sai de Venezuela (Oissv), cuya fundación se remonta hasta agosto de 1974 y que se adscribe a la Sri Sathya Sai International Organization, la franquicia global del credo. Márquez, revela que Maduro y Cilia no eran miembros activos de la organización. 

“Hay un hecho muy claro: si Maduro hubiera tenido la protección real de Sai Baba, nadie se lo habría llevado preso el 3 de enero”, valora con ojo conocedor el también asesor de la escuela de Valores Humanos - Colegio Sathya Sai en Abejales, estado Táchira, de la que han egresado más de 1.000 alumnos. Prueba adicional de esa impostura,a juicio de Márquez, es que la antigua pareja presidencial, hoy en prisión en Nueva York, en sus acciones no daba testimonio de los valores fundamentales de la doctrina del gurú: verdad (sathya), rectitud (dharma), paz (shanti), amor (prema) y no violencia (ahimsa). 

“Tampoco Hugo Chávez fue devoto de Sai Baba”, recuerda Márquez. “Cuando yo era embajador de Venezuela en India, le sugerí que, aprovechando su visita oficial a India en marzo de 2005, fuese a visitar a Sai Baba en Puttaparthi, por razones culturales más que religiosas. Pero a Chávez nunca le interesó conocerlo”. Y agrega otro episodio: “Cuando yo hablé con Sai Baba y le pedí que orara por Venezuela y por el presidente Chávez, porque ya empezaba el conflicto político en el país, Sai Baba me atajó: ‘Yo le pregunto qué quiere para usted, no lo que quiere para otra persona’”.

Se buscó la versión de la Organización Sai Baba de Venezuela, pero hasta el cierre de la edición no se obtuvo ninguna respuesta.

De cualquier manera, el ashram del cerro El Ávila, desconocido para Márquez, serviría mucho después como sitio de cónclave espiritual para el chavomadurismo. 

“Maduro visitaba ese templo con Cilia. Te dabas cuenta de que andaban por aquí por el movimiento impresionante de escoltas en camionetas 4x4 y porque cerraban toda la ruta, desde la entrada por Cotiza o por la Cota Mil [en Caracas] hasta los sectores vecinos a la mezquita [sic] de Galipán”, comenta un conductor de jeep. Otro operador turístico ofrece una visión distinta sobre aquellas visitas presidenciales: “A veces Maduro llegaba sin escoltas, manejando él mismo su camioneta blindada con los vidrios oscuros arriba, como disimulando que allí adentro venía el presidente”.

De acuerdo con los testimonios recogidos para esta historia, los galipaneros se percataban de que la pareja presidencial u otros jerarcas del régimen se encontraban en el lugar cada vez que “salía mucho humo de allí” y sonaban “campanas durísimas”. Para sus ceremonias, “ellos hasta alquilaban una vaca aquí mismo en Galipán. Pero no, no la sacrificaban, ese animal es sagrado para los hindúes, por eso más bien le echaban bendiciones”, afirma otro lugareño. 

Aunque concebido para recibir a altos jerarcas del régimen, hay evidencias de que el hermetismo en el ashram no era total y que, de hecho, se prestaba para determinados eventos. Según se ve en Instagram, por ejemplo, en marzo de 2024 la “consteladora familiar”, “renacedora” y “facilitadora de talleres de UCDM [Un Curso de Milagros]”, Carmen Cecilia Lara Carrero. formó parte del grupo que subió al Templo de la Madre Durga -así lo denomina- para celebrar el Mahavisharat, “la festividad más importante de la India”. Diez meses después, el 18 de enero de 2025, una decena de personas se reunieron en el santuario para rendir culto a varias deidades y gurúes hinduistas, entre ellos, el propio Sathya Sai Baba.

Algunos sostienen que, para asegurarse de que en la obra se cumplieran los estándares religiosos y arquitectónicos de rigor, para la construcción los gobernantes habrían traído “gente de afuera” y “de la embajada de la India en Caracas”. Esa precaución habría sido gratuita pues, según otros vecinos relatan, a la primera estructura, que comenzó a levantarse en época de la pandemia de Covid-19, hubo que echarla abajo para reiniciar los trabajos. 

Se intentó obtener información de la Embajada de India en Caracas sobre su supuesta participación en la construcción del templo. Este reportaje actualizará esta información cuando se reciba alguna respuesta. 

Concuerdan muchos testimonios en que la actividad -como los días de gloria del ashram- se desvaneció de manera abrupta desde el pasado 3 de enero, fecha de la captura y extracción de Maduro y Flores por parte de tropas de élite estadounidense, que enseguida transportaron a la pareja a Nueva York, ciudad donde pasaron a enfrentar cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para cometer torturas, conspiración para importar cocaína y posesión de armas. Aun así, algunos testigos coinciden en decir que, aproximadamente hace mes y medio, se celebró una reunión en el ashram galipanero, la última que recuerdan. 

Normas como si estuvieran escritas en sánscrito

En un texto de 2024 en Aporrea, un sitio web que aloja las opiniones del chavismo crítico, el columnista Jesús Puerta se asombraba por lo que calificó como “Un abuso inmenso, espantoso y detestable” que se asentaba en un “arrebato místico (...) el conocido culto a Sai Baba que profesa la pareja presidencial. Es tal su fervor hacia este dios encarnado en el remoto territorio indio… que han erigido un gigantesco templo en plena Galipán, en una zona que legalmente es un parque nacional. La pequeña comunidad de cultivadores de flores ha visto cómo trancan las callecitas para permitir el paso de grandes camionetas de vidrios ahumados, para permitir el paso de altos jerarcas del gobierno, para rendir culto al Sai Baba”.

El inocultable tono de denuncia de esa columna reparaba en un punto crucial: el templo se levantó en tierras del Parque Nacional Waraira Repano, un área de 85.000 hectáreas protegida por el Régimen de Administración Especial (Abrae), y que se rige por el estricto Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU) de 1992. El Decreto 276 de 1989 prohíbe de forma categórica las construcciones de inmuebles privados, de carácter personal o habitacional. 

En junio de 2014, una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) vino a reforzar esas directivas. La Sala Constitucional prohibió otorgar cualquier permiso para construir viviendas no solo en los terrenos que antes pertenecieron a la Hacienda Las Planadas y las comunidades agrícolas de Los Aguasales, El Chimborazo y Pablo Medina, sino también en cualquier otro asentamiento humano ubicado dentro de los linderos del parque nacional.

Por lo demás, para construir cualquier tipo de obra permitida en El Ávila se debe contar con los estudios previos de impacto ambiental y social, con la aprobación del Ministerio de Ecosocialismo (Minec) a través del Instituto Nacional de Parques (Inparques), entidad que solo emite la autorización después de verificar que el proyecto no comprometa especies protegidas ni recursos hídricos. 

En el caso de que la edificación tuviera la función de templo religioso -tal como ocurre con los servicios de hostelería y gastronomía-, se debe firmar un contrato de concesión con Inparques para establecer el área asignada, los materiales de construcción adecuados al entorno, y el sistema de tratamiento de aguas residuales y desechos sólidos. La normativa también incluye una cláusula de reversión: al finalizar la concesión, las bienhechurías pasan a manos del Estado.

Pero Armando.info no pudo comprobar si el gobierno de Maduro cumplió con toda esta normativa. Tampoco consiguió evidencias de que haya llamado a concursos o licitaciones públicas.

La Ley Penal del Ambiente, de 2012, contempla que cualquier construcción levantada sin la debida autorización de Inparques y el Minec, constituye un delito de ocupación ilícita de áreas protegidas, así como la modificación y destrucción del hábitat. Los infractores pueden enfrentar multas, decomiso de materiales de construcción, paralización y demolición, y hasta penas de uno a seis años de cárcel para los promotores y funcionarios que autoricen obras al margen de la ley.

Se intentó consultar a Inparques su versión sobre la autorización para la construcción del templo hinduista en El Ávila  pero hasta el cierre de la  edición no se obtuvo respuesta

A pesar de esas y otras regulaciones, las renovaciones arquitectónicas se enseñorean desde hace tiempo en Galipán, que ya de por sí constituye un mercado inmobiliario. La ley solía vetar la compraventa de viviendas en el Waraira Repano, pero con el gobierno de Maduro casi pasó a ser una transacción común. Se ha hecho costumbre torcer la letra de la legislación para levantar verdaderas casonas a partir de los originales domicilios campesinos. De esta urbanización dan fe las imágenes satelitales del área tomadas durante varios años. 

Tan solo una muestra: a poca distancia del ashram presidencial de San José de Galipán, en el sector San Isidro, se encuentra la casa de Jorge Rodríguez Gómez. Sus vecinos admiten que la presencia del exalcalde de Caracas, exministro y actual presidente de la Asamblea Nacional, se distingue por la discreción. 

Pero, por paradoja, la arquitectura del inmueble rubrica una ostentosa ruptura con el entorno: listones de madera ornamental, portones abiertos y equipos de aire acondicionado exteriores, algo que llama la atención en unas alturas con clima templado, por lo general. “Desde aquí no se puede ver, pero esa casa tiene tres niveles para abajo”, señala de pasada un parroquiano. 

Mientras, los habitantes de Galipán se enfrentan a las dificultades crónicas que suponen obtener una autorización oficial hasta para remodelar un baño en sus viviendas. “Aquí no se puede mover ni un bloque sin el permiso de Inparques. En cambio, para hacer ese templo sí dejaron subir un poco de camiones cargados con material como para construir dos mezquitas [sic]. Todos nos preguntamos a dónde fue a parar tanta cabilla, bloque y cemento, a lo mejor hasta construyeron allí un búnker subterráneo”, fantasea un galipanero de mediana edad. 

La noche del 28 de abril de 2018, en el restaurante Montes SC, en San Cristóbal, capital del estado Táchira, se sentaron a la mesa Karla Stefanie Romero Quintero, Danny Wualid Hamdan Vera, Cristian Orlando González Romero y Manuel Salvador Parra Ramírez. 

Para cada uno de los presentes la ocasión tenía un significado distinto. Para Karla Romero era el final de una relación con Parra Ramírez que, esperaba, pasaría a ser una simple amistad. Danny Handam la interpretó, en cambio, como una velada con su prima Karla y su jefe, el propio Parra Ramírez. Cristian González la tenía por una invitación cordial del novio de su tía Karla. Y para Parra Ramírez fue el umbral de un crimen.

“Cuando Karla vuelve a la casa [esa noche], me dice que hubo algo raro”, recuerda al teléfono su hermana, Luz del Mar Romero, desde la distancia que ofrecen su exilio en Estados Unidos y los ocho años transcurridos desde el asesinato de Karla.  

“Un mesero se acercó y le dijo a Manuel que si él iba a pagar la cuenta de la mesa que estaba cerca, con dos personas”, dice la hoy exiliada que su hermana le comentó esa noche en la que el verdadero final empezó. Pero Karla Romero, entonces estudiante de cuarto año de Derecho en la Universidad Católica del Táchira, pronto abandonó la suspicacia frente a ese detalle para aceptar la explicación que le dio su, hasta entonces, amigo íntimo, Manuel Parra Ramírez, Mayor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en 2018: que aquellos hombres formaban parte de su escolta de rigor. 

La cena —cuyas escenas el reportero de esta historia pudo reconstruir a partir de testimonios de una fuente viva y de testigos citados en tribunales— había servido a manera de una despedida que Karla Romero y Manuel Parra Ramírez pactaron. Se habían enredado en una relación desde un año antes, pero él tenía esposa; ella tenía novio. Karla Romero quiso cortar con Parra. Este no solo accedió, sino que, en un gesto de gallardía, la invitó a comer con sus familiares. Todo transcurrió en paz y con normalidad durante la velada en el Montes SC, si se deja de lado la presencia de los dos hombres, en la que Romero solo reparó por la pregunta del mesonero.

“Yo le dije a Karla que no podían ser escoltas, porque los escoltas están con las personas siempre y no llegan antes [que sus escoltados]”, sigue por teléfono Luz del Mar Romero, a quien Parra también invitó a la cena, invitación que prefirió no atender por una razón sencilla: el militar nunca le cayó bien, asegura.

Menos de dos semanas después, Karla Romero estaba muerta. 

Murió asesinada de tres balazos, uno en la espalda y dos en la cabeza, al mediodía del miércoles 9 de mayo de 2018, en la urbanización Pirineos III de San Cristóbal. Las investigaciones posteriores demostraron, como quedó registrado en el expediente del caso que revisó Armando.info para esta historia, que los dos hombres de la mesa contigua eran Ledynsson Berkley Becerra Castillo, sargento de la GNB, y un viejo amigo de éste, Wilfrid Andrés Tovar Landetta. La noche de la cena, de acuerdo con lo que describieron testigos a los que el expediente cita, no estaban acompañando a Parra Ramírez como escoltas, sino que estaban precisando los rasgos de Karla Romero para describirla después a los sicarios que debían matarla. Meses después, Becerra Castillo y Parra Ramírez quedarían imputados como “cooperadores inmediatos del feminicidio agravado” de Karla Romero.

Pese a varias citaciones a declarar y de ser objeto de una orden de aprehensión por este caso, Manuel Salvador Parra Ramírez no solo no fue detenido, sino que siguió ascendiendo en la jerarquía castrense chavista. Aún después del suceso, al que la prensa cubrió y que la familia Romero se esforzó en dar a conocer con protestas ante los tribunales, Nicolás Maduro le confirió en 2020 el grado de teniente coronel para incorporarlo a su anillo de seguridad en la Guardia de Honor Presidencial, un organismo en el que había estado, previamente, en 2011. Y luego, en 2022, quedó designado como presidente de PDV Marina, la filial de la petrolera estatal Pdvsa a cargo de su flota de tanqueros.

En este último destino burocrático, Parra Ramírez quedó expuesto a tentaciones aún mayores para cometer irregularidades. En 2024 fue puesto en prisión por las redadas que las autoridades del gobierno de Maduro iniciaron con las investigaciones del llamado Caso Pdvsa-Cripto. Pero su buena estrella, quizás encarnada en buenas influencias, acaba de manifestarse de nuevo: en febrero de 2026, un mes después de la operación comando estadounidense en Fuerte Tiuna por la que fueron capturados Nicolás Maduro y Cilia Flores, quedó libre mediante una medida sustitutiva de libertad que cumple hasta hoy en día, sin dejar de asistir al juicio que se le sigue por el desfalco, cuyas audiencias orales se iniciaron el reciente 20 de abril en Caracas, a cargo de la jueza Alejandra Verónica Romero Castillo. 

Camuflaje efectivo pero con fecha de expiración

Si bien es cierto que la carrera de Parra Ramírez se catapultó desde los cuarteles hasta llegar a la industria petrolera, habrá que matizar este hecho con una salvedad: el impulso para esa trayectoria vino menos de sus propios méritos que de la influencia de un primer mentor, Antonio José Pérez Suárez, este un oficial del Ejército.

Con el rango de coronel y a sus 44 años de edad, Pérez Suárez se convirtió en Vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, un despacho clave, encargado de aprobar las ventas, exportaciones y los contratos a largo plazo de la compañía. De ese puesto gerencial no saldría sino directo a la cárcel en marzo de 2023, arrestado por la Operación Caiga quien Caiga, con la que el régimen chavista purgó a los implicados en la trama de corrupción en la petrolera estatal, todavía bajo la administración de Nicolás Maduro. 

Pero Pérez Suárez ya campeaba en la burocracia de las empresas estatales años antes de esa razzia. Por ejemplo, en 2016 asumió como Presidente de la Empresa de Distribución de Productos e Insumos Venezuela Productiva, C.A. y enseguida insertó su propio entorno en el tren gerencial. En el séquito venía Manuel Parra Ramírez, el futuro feminicida, que pasó a ocupar la vicepresidencia de Venezuela Productiva. La mancuerna seguiría en acción a partir de entonces.

“Cuando estaba en la Guardia Presidencial fue designado en Pdvsa”, recuerda, en conversación con Armando.info, Ulbano Miguel García, abogado de la familia de la agraviada en el feminicidio de Karla Romero. Alude al nombramiento de Parra Ramírez en la presidencia de PDV Marina. Allí llegó a instancias de Pérez Suárez, quien ya le había dado otro voto de confianza al designarlo, en 2021, encargado del despacho de la Vicepresidencia de Comercio y Suministros. Pero con el cargo no cesaron los reconocimientos oficiales para Parra. Ese año, obtuvo el grado de teniente coronel por orden de Nicolás Maduro. La estrella de Parra Ramírez refulgía en 2020.

Luego instalado en PDV Marina, en 2022, cuando tomaba cuerpo el desfalco a Pdvsa mediante cargamentos que la petrolera, para evadir las sanciones internacionales, confiaba en consignación a traders improvisados que o no reembolsaban los ingresos de su comercialización o solo lo hacían parcialmente, Parra Ramírez ya decidía qué pasaba con los buques de la compañía.

Lo sorprendente fue que siguió desempeñando esas funciones todavía después de que su mentor, Antonio Pérez Suárez, cayera en prisión en 2023. El turno para su detención le tocó a Parra Ramírez el 11 de mayo de 2024. 

De acuerdo con la investigación administrativa, identificada como GNB-CG-IG-DE: 015-24, y al que se tuvo acceso para esta cobertura periodística, a Parra Ramírez también le abrieron un procedimiento disciplinario ordinario por “delito asociado a corrupción y delincuencia organizada”.  

La narración de hechos, que también se revisó durante la reportería, detalla que el 11 de mayo de ese año, una comisión de cuatro funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), encabezada por la primera teniente Ivana Escalona, detuvo a Parra Ramírez en la Escuela de Formación de Guardias Nacionales Coronel Martín Bastidas Torres, en Los Teques, estado Miranda. Se le trasladó entonces a la sede del organismo en Boleíta Norte, en Caracas.

Impotencia ante la injusticia

A través de fuentes tribunalicias, Armando.info pudo corroborar que Parra Ramírez quedó en libertad a comienzos de 2026 por una medida cautelar, y continúa asistiendo a las audiencias del juicio de Pdvsa-Cripto.

Otros documentos revisados a la vez permiten conocer que Parra Ramírez no había sido desincorporado de las Fuerzas Armadas en 2025, cuando todavía permanecía activo y percibía su sueldo como oficial de la GNB. De hecho, ha acudido al juicio de Pdvsa-Cripto vestido con el uniforme militar como funcionario activo.

Para el abogado Ulbano Miguel García, la salida de Parra Ramírez de la prisión es indicio de un padrinazgo todavía en funcionamiento en medio de la tímida transición política que los hermanos Rodríguez Gómez —Delcy y Jorge— ahora conducen desde el poder y bajo la tutela de Washington, por la que una parte de la estructura anterior del régimen chavomadurista ya fue desmantelada 

La protección a Parra podría provenir, según el togado, de un antiguo compañero de estudios de Parra Ramírez, egresado en 2003 de la antigua Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación (Efofac) como parte de la II Promoción Batalla de Mata de la Miel. Se trataría de Alexander Enrique Granko Arteaga, actual director de Operaciones Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y, desde hace tiempo, rostro emblemático de la tortura en Venezuela, según lo ratifican diversos informes de organizaciones internacionales.

Esta versión tiene otros fundamentos, además de coincidir en una cohorte de graduados. Por ejemplo, Luz del Mar Romero recuerda que en 2018, pocos meses antes del asesinato de Karla Romero, la familia coincidió con Parra Ramírez en un restaurante de La Guaira, antes de que tomaran un ferry a la isla de Margarita. En ese encuentro inesperado, Parra Ramírez, quien almorzaba con un grupo de oficiales, les presentó a uno de ellos, un viejo amigo y compañero de promoción: el coronel Alexander Enrique Granko Arteaga. 

Tales antecedentes, junto a otros como, por ejemplo, una relación previa de Parra con Roberto Leyba, expareja sentimental de una de las hijas de Hugo Chávez, pusieron justificadamente en sobreaviso a la familia Romero, que acudió a la prensa a comienzos de este año en un intento por prevenir que sus palancas en el régimen dieran lugar a la libertad de Parra, en medio de todos los desajustes que produjo en el organigrama del poder la captura y extracción de Nicolás Maduro. Pero sus alertas fueron la voz del que grita en el desierto. Mientras la familia de Karla Romero hacía su campaña de medios, Manuel Salvador Parra Ramírez salió de la cárcel. Ni la familia ni el abogado han podido precisar dónde reside hoy. Tampoco lo logró Armando.info para esta publicación.

“Lo que sabemos es que siempre está el ángel que lo salva de todo. Porque todos los demás están presos, menos él”, añade, con desazón, el abogado de la familia Romero, en referencia al grupo de 64 imputados por el caso Pdvsa-Cripto.

Qué más da otro feminicidio

La suerte de Parra Ramírez, quien se libró de su responsabilidad en un “femicidio agravado”, no es un caso aislado. En realidad, la impunidad es la norma en Venezuela cuando los perpetradores de feminicidios son funcionarios de cuerpos de seguridad.

“Este patrón [de impunidad] es más frecuente en los militares. Con funcionarios de la policía [que cometen este tipo de delitos] pasa que es posible conseguir un padrino, como un gobernador”, expone la abogada Estefanía Mendoza, coordinadora de la ONG Mulier, dedicada a la visibilización de abusos contra las mujeres. “Pero en el entorno militar, la estructura de padrinazgos se concibe como la misma estructura del poder en Venezuela”. 

“Esto tiene que ver”, continúa Mendoza, “con cómo se ha organizado el régimen en estos años, que ha hecho que los militares cierren filas y se cuiden entre ellos, porque esa lealtad hace que exista temor de meterse con ellos”.

La coordinadora de Mulier entiende que los casos de feminicidios sin castigo como el de Karla Romero se conectan con el tinglado de la corrupción estructural y de la adhesión al régimen. “Es un cuadro que funciona para la represión: yo no voy a regañar [a un oficial colega] porque le pega a las mujeres, porque es la misma lógica de abusos”, subraya.

Por su parte, la antropóloga Aimée Zambrano, coordinadora general del Monitor de Feminicidios de Utopix, una ONG que también pone atención en el tema, ve otro posible vínculo entre la recurrencia de crímenes cometidos por efectivos castrenses y la violencia inherente al ejercicio de la carrera militar. “La carrera militar es violenta”, alega, “porque implica una construcción de masculinidad violenta. Existe el pacto entre pares, entre hombres, y esto es algo que está muy presente. Y entra otro tema, que es el tipo de trabajo que hacen [los militares en Venezuela], asociado al poder y a cómo se ejerce el poder”.

A ese factor clave en un régimen de ADN militar, le suma el crónico retraso procesal, enquistado en un sistema de justicia permeable a las influencias políticas para beneficiar a perpetradores de crímenes y revictimizar a quienes los padecieron o a sus familiares. Tal como ocurrió en el caso de Karla Romero.

“Debemos tomar en cuenta que sólo hay justicia cuando hay una sentencia. Solo ocurre cuando este hombre que comete un femicidio tiene una sentencia. Pero con los retardos procesales en Venezuela, tarda mucho en llegar la justicia”, añade Zambrano.

La totalidad de estas circunstancias se integran en una paradoja que Estefanía Mendoza menciona: durante 27 años, mientras el chavismo gobernante no se ha cansado de proclamarse feminista y hasta consiguió promulgar una legislación de avanzada como la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de manera simultánea, en la práctica concreta, favorecía una política de Estado violatoria de todos esos derechos.

“El gobierno ha sido astuto en el manejo del tema de derechos de las mujeres. Tiene una cara pública con la Ley, una ley modelo en el país y Latinoamérica, es verdad”, reconoce Mendoza. “Pero es, a la vez, una ley sin presupuesto, discusión, seguimiento ni estructura, y una ley sin todo eso es sólo una hoja que no sirve de nada”. 

Se trata, resume, de una propensión narrativa del régimen,pero sin reflejo en los hechos. “Ellos siempre se han llamado feministas. Y han tratado de capitalizar eso porque es un punto de honor de la izquierda: decir que sí, que están en esa lucha [en pro de los derechos de las mujeres], pero tienen cero interés en que eso se haga realidad”.

De la última cena al viacrucis

Todas las señales que con su conducta Parra Ramírez emitió después del asesinato de Karla Romero sirvieron para alimentar las sospechas en la familia de la víctima. Cuando la familia de Karla Romero lo llamó para darle la noticia, apenas adujo que estaba de servicio. El militar nunca les dio ninguna palabra de pésame. Tampoco asistió ni al velorio ni al entierro de quien fuera su pareja. El hombre que con tan buenos modales había invitado a Karla Romero y familiares a una cena de cierre de su relación, de pronto ni se inmutaba por el crimen.

Las investigaciones, detalladas en el voluminoso expediente del caso determinaron, mediante los cruces telefónicos y las confesiones tanto del sicario ejecutor como del motorizado que lo llevó al lugar del crimen, que Parra Ramírez ordenó la muerte de Karla Romero.

De acuerdo con el expediente, Parra Romero contó al sargento Ledynsson Berkley Becerra Castillo sus propósitos feminicidas. Este, entonces, contactó a su amigo de la infancia, Wilfrid Andrés Tovar Landetta , para que encontrara un brazo ejecutor en los bajos fondos de esa región fronteriza con Colombia. Becerra y Tovar eran el par de sujetos que durante la cena en el restaurante Montes SC no le quitaban la vista de encima a Karla Romero.

Las fotos que le tomaron a la víctima en el local y las precisiones que retuvieron sobre ella, de acuerdo con lo que comenta el abogado de la familia y dijeron los testigos en el expediente, fueron insumos para Jaiver Enrique Velasco Colmenares y para Henderson Daniel Hernández Vargas, los autores materiales del asesinato por encargo. El primero persiguió a Karla Romero en la calle, la tomó por los cabellos, la empujó al suelo y le disparó tres veces. El segundo trasladó al sicario al lugar del crimen, esperó en una motocicleta a que el asesinato se consumara y, luego, condujo hasta un lugar en el que entregaron el arma homicida a Becerra Castillo. 

En un primer momento, y por el hecho de que el tirador también se llevó el teléfono de Karla, el suceso fue manejado como un robo. 

Cuando Karla Romero fue sorprendida por Colmenares en la entrada de un edificio, estaba hablando con su novio por teléfono, algo que también recoge el expediente. En efecto, Juan Miguel Casanova Toledo, el novio, luego declararía que hablaba con ella al momento del ataque, según consta en el expediente. “Me respondió y me dijo que estaba llegando al apartamento, que iba a almorzar para regresar de nuevo a la universidad. En eso escucho que Karla grita fuerte y se cae la llamada”. Sin que Casanova lo supiera, simultáneamente ella caía abatida por los tres balazos.

Después de varios llamados que Parra no atendió, finalmente, el oficial de la GNB acudió a declarar ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc, ente de investigaciones, auxiliar de la fiscalía) de San Cristóbal, el 13 de junio de 2018. Sostuvo que, en el momento del asesinato de Karla Romero, se encontraba en el Destacamento de Frontera N° 353 de la GNB, en Guasdualito, estado Apure, otra zona fronteriza con Colombia, como el propio estado Táchira. Admitió su relación con Romero y que su esposa sospechaba sobre la existencia de esa relación. Pero, en definitiva, aseguró desconocer las circunstancias del crimen. 

Para este trabajo, Armando.info intentó obtener la versión de Parra Ramírez a través del abogado que lo representó en el caso, José Alexander Chivico, quien declinó ofrecer cualquier comentario, asegurando que perdió contacto con él desde hace mucho tiempo y que está impedido de ofrecer declaración alguna al respecto. También se contactó a Katty Marín, abogada de Parra Ramírez en el juicio del caso Pdvsa-Cripto. No se recibió respuesta ni a los mensajes ni al cuestionario enviados.

“Si a Parra no lo incorporan a Guardia Presidencial, lo hubiesen capturado”, lamenta, entretanto, Ulbano Miguel García, el representante de los Romero. 

Otro detalle no menor en este caso ocurrió en febrero de 2019, cuando el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, ordenó el traslado del caso del feminicidio desde los tribunales de Táchira hasta Los Teques, capital del estado Miranda, en el extrarradio de Caracas, donde, como denuncia Ulbano Miguel García, quedó engavetado. 

Pero esa inacción todavía debió lucir a Parra como una garantía débil, pues en febrero de 2020 pidió el sobreseimiento del caso a Johana Rivera, jueza del Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control, con sede en Los Teques. Meses después, Parra Ramírez quedó incorporado en el anillo de seguridad de Nicolás Maduro. 

Por el caso, tanto Velasco Colmenares como Hernández Vargas están en prisión, condenados por “femicidio agravado”, el nombre del tipo penal correspondiente. Ledynsson Berkley Becerra Castillo estaría en Chile, en Chile. y Wilfrid Andrés Tovar Landetta en Canadá. Y Parra Ramírez sigue en la Venezuela del “nuevo momento político”, libre del proceso por el feminicidio y enfrentando, esto sí, el juicio por el caso Pdvsa-Cripto, aunque con una medida para salir de la cárcel que no ha alcanzado a otros imputados.

Si lo programado se cumple, el 20 de enero de 2027, a las 2:00 de la tarde, Alex Nain Saab Morán conocerá su sentencia en el tribunal de Florida donde recientemente se declaró culpable del delito de Conspiración para Lavar Dinero a través del negocio del suministro de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). 

Cuando ese día llegue, habrá transcurrido un poco más de un año desde la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por tropas estadounidenses de élite, evento que marcó la vertiginosa caída en desgracia y el destino inmediato del mercader colombiano, tras más de una década actuando en la sombra como contratista y operador financiero favorito de la familia presidencial.

Pero no hace falta adelantarse tanto para afirmar que 2026 ya ha sido su annus horribilis. Delcy Rodríguez lo relevó rápidamente del cargo de Ministro de Industrias, ordenó su detención en medio de un secretismo oficial en febrero pasado y, en mayo, lo “deportó” a Estados Unidos, alegando que tenía cuentas pendientes con la justicia de ese país e irregularidades con su cédula de identidad venezolana.

Al llegar a Miami, fue acusado una vez más por lavado de dinero en el negocio de los CLAP y, ya sin el apoyo del régimen de Caracas, que lo protegió durante años, se declaró culpable el pasado 15 de septiembre. Ahora deberá suministrar información relevante a las autoridades norteamericanas sobre sus delitos y cómplices, además de los 195 millones de dólares que ya pactó entregar, si quiere reducir la pena prevista de 20 años de cárcel por los cargos que aceptó. 

Así, en cuestión de meses, Saab Morán sufrió reveses que durante años logró evadir, incluido el que le deparaba la propia justicia estadounidense tras su retorno triunfal -sin haber enfrentado juicio- a Venezuela en diciembre de 2023. Entonces se libró de una primera acusación de 2019 por lavado de dinero relacionada con la empresa Fondo Global de Construcción, que provocó su captura en junio de 2020 en Cabo Verde, así como su subsiguiente y primera extradición a Estados Unidos, en octubre de 2021. 

Como todo imperio que se derrumba, el de Alex Saab también dejó atrás sus propias “ruinas” en Venezuela que, sin ser atractivos turísticos, pasan ahora por un particular memorial de poder y corrupción: antiguos socios detenidos, empresas y oficinas abandonadas, al menos dos casas lujosas en el este de Caracas, tres aviones privados y hasta una boutique de marcas de lujo y un club de playa en la isla de Margarita, ambos con el nombre de Calle Dos Ojos. 

En algunos casos, esas propiedades han quedado bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), según comprobó Armando.Info en un recorrido por algunas de ellas. 

¡Exprópiese!

El reciente 26 de agosto, tres semanas antes de que Alex Saab admitiera su culpabilidad en Estados Unidos, en Venezuela circuló la edición 43.445 de la Gaceta Oficial, en la que se confirmaba la “ocupación temporal” de Corporación Inlaca C.A, la compañía de productos lácteos detrás de marcas emblemáticas del mercado venezolano, como Carabobo y Mi Vaca, que el colombiano mantenía bajo su control desde marzo de 2019.

Ese año la compró a través de terceros y con una sociedad de papel registrada en los Emiratos Árabes Unidos, de nombre Mirona Food FZE, como vehículo. Un primer delegado de Alex Saab en la compañía fue Jorge Arraut, quien ya había trabajado para Saab y su socio principal, Álvaro Pulido Vargas, en Trenaco, una petrolera desconocida a la que la estatal petrolera Pdvsa favoreció con un contrato de 4.500 millones de dólares en 2015.  

Además de Arraut, Carlos Rolando Lizcano Manrique, también colombiano y hombre de confianza de Saab, estuvo al frente de Inlaca. El 7 de junio de 2024, cuando ya Saab había retornado a Caracas y se desempeñaba como presidente del estatal Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), Lizcano traspasó la compañía a nombre de Moxem Food LLC, otra sociedad de papel registrada en los Emiratos Árabes Unidos, igualmente controlada por gente de Saab. 

El apoderado de Moxem Food para ese 7 de junio de 2024 era otro ciudadano colombiano, Rafael Andrés More Jaramillo, quien pasó a ser Gerente General de la lechera venezolana. More Jaramillo es esposo de Andrea Alejandra Peñarredonda Gómez, quien trabajaba en Caracas con Camilla Fabri, la esposa de Saab, y también es hermana del abogado Daniel Peñarredonda Gómez, quien fue socio en el bufete De La Espriella Lawyers de Abelardo De La Espriella, hoy presidente de Colombia y, durante años, abogado estelar del empresario barranquillero.

El pasado lunes la revista Cambio de Colombia publicó que Andrea Peñarredonda visitó recientemente el Palacio de San Carlos, en Bogotá, escogido por De La Espriella como primera sede presidencial para despachar cuando se encuentre en la capital colombiana. El edificio tradicionalmente alojó a la cancillería colombiana.

En noviembre de 2025, la periodista Vicky Dávila, entonces precandidata presidencial y adversaria de De La Espriella en la lucha por la postulación definitiva del bloque de derechas, calificó a Andrea Peñarredonda como “mano derecha” de Camilla Fabri, a quien Maduro también nombró en cargos públicos, y pidió explicaciones al hoy presidente colombiano sobre su relación con Daniel Peñarredonda y ese círculo que todavía orbitaba alrededor de Saab.  

En la Gaceta Oficial que anunció la “ocupación temporal” de Inlaca por un lapso de 180 días, se omiten los detalles sobre los propietarios de la empresa y sobre cualquier relación con Alex Saab. Pero sí dejó establecido que, tras una inspección, las autoridades comprobaron que “no se encontraban en la sede de la sociedad mercantil los propietarios, los representantes legales, gerentes o encargados”, por lo que en su ausencia procedieron a oficializar la toma de la compañía.

Trabajadores de Inlaca consultados para este reportaje aseguraron que Rafael More desapareció sin dar explicaciones tras la deportación de Alex Saab a Estados Unidos, anunciada el 16 de mayo en un escueto comunicado del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). Aseguraron que desde 2019 las condiciones laborales desmejoraron, justo bajo la gestión de Saab, hubo despidos masivos y que las inspectorías del trabajo se han negado a los correspondientes reenganches, aspectos que no han cambiado con la actual intervención del Ministerio de Industrias. “Llevamos cuatro años sin sueldo y dos años con el mismo bono de 200 dólares”, afirmó uno de los trabajadores declarantes, que pidió a Armando.info mantener su nombre en reserva.

Ni Rafael More ni Andrea Peñarredonda contestaron a las respectivas peticiones de entrevistas que Armando.info les envió por correo electrónico. Álvaro Pulido Vargas está detenido en Caracas desde abril de 2023 por el caso Pdvsa-Cripto, mientras que Carlos Lizcano también quedó bajo arresto en febrero pasado tras la captura del propio Saab, por lo que resultan casi imposibles de contactar. 

Además de la planta en el estado Carabobo, Inlaca cuenta con instalaciones industriales en Chivacoa, estado Yaracuy, galpones en el estado Miranda, así como una oficina en el piso 11 de la Torre B del Centro Empresarial Galipán, en El Rosal, Caracas, donde estuvo Fondo Global de Construcción. El otro piso, el cuarto, que durante años ocupó la empresa dedicada a la construcción de viviendas prefabricadas, hoy permanece vacío y es parte de las “ruinas” dejadas por Alex Saab. 

Adiós al lujo

También en el municipio Chacao, pero en la cotizada urbanización Altamira del noreste de la capital venezolana, en plena avenida San Juan Bosco y muy cerca del colegio e iglesia de San Juan Bosco, quedó inconclusa una edificación de dos pisos que parecía destinada a servir de vivienda. Pertenecía al círculo de Alex Saab. Hoy en la fachada se ve un cartel descolorido del Dgcim, pero ningún funcionario de ese cuerpo policial custodia la propiedad. 

En la misma urbanización Altamira, pero en la décima avenida, la boutique Calle Dos Ojos también hacía parte del emporio levantado por el empresario colombiano. Esa tienda estaba controlada por Beatrice Fabri, la cuñada de Saab, según fuentes conocedoras de los negocios de Saab. Comenzó a funcionar en 2024 y ofrecía ropa y accesorios para damas y caballeros de marcas lujosas como Burberry, Miu Miu o Yves Saint Lauren, entre otras.

Beatrice Fabri y su pareja, Lorenzo Antonelli, también se instalaron en Venezuela luego de la extradición de Alex Saab desde Cabo Verde a Estados Unidos en octubre de 2021. Ambos estaban en la mira de la justicia italiana, que los acusaba por cargos de Conspiración Criminal, Blanqueo de Capitales y Propiedad Ficticia de Bienes. Pero esa fue una situación que Alex Saab a la postre lograría resolver a finales del año pasado. Poco antes del infortunado -para él- 3 de enero, logró un acuerdo con las autoridades italianas por el que ofreció su mediación para la liberación de algunos ciudadanos de ese país arbitrariamente detenidos por el régimen venezolano. 

A la casa que funcionaba como sede de la tienda ya le retiraron el nombre de Calle Dos Ojos. La última publicación en la cuenta de Instagram del negocio, @calledosojos, se remonta al 21 de mayo pasado, apenas seis días después de la “deportación” de Alex Saab a Estados Unidos. En el perfil de esa red social también hacían mención a Calle Dos Ojos Beach Club, una posada en Playa Guacuco, sobre la costa este de la isla de Margarita.

Ese negocio, que se publicitaba como un “exclusivo club de playa”, fue objeto de un allanamiento por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, la policía política del régimen) el pasado 23 de mayo, una semana después de la entrega de Alex Saab a la justicia estadounidense. Sus redes sociales se congelaron el 15 de mayo, víspera de la deportación de Saab. “De acuerdo con información de los residentes de la zona, este establecimiento es propiedad de Alex Saab y de sus hijos”, reseñó El Pitazo el 23 de mayo. 

En el sureste de Caracas, en la Ruta C de la urbanización Los Campitos del Municipio Baruta, Alex Saab poseía dos quintas a las que su gente de confianza, en modo de clave, llamaba Júpiter y El Búnker. En la primera vivían Saab con Camilla Fabri y sus dos hijas menores de edad, mientras que en la segunda vivían los hijos mayores de edad, nacidos del primer matrimonio de Saab con su compatriota Cynthia Certain Ospina. “Como sucede en estos casos, ya esas propiedades están en manos de otras personas”, afirmó una fuente conocedora del estatus de ambas propiedades, que pidió la reserva de su nombre. 

El inventario de propiedades de lujo, ahora abandonadas o en manos de cuerpos de seguridad, incluye tres aviones, de matrículas YV3470, YV644T y YV3245. Este último es un modelo Global 5000 de Bombardier, que se encuentra en el aeropuerto de Maiquetía. Entre tanto, los dos primeros están en el aeropuerto de Valencia, estado Carabobo. Las tres aeronaves están a nombre de una compañía ligada a la explotación minera en Venezuela. 

Ninguno de estos activos figura entre los 195 millones de dólares que ya Alex Saab pactó entregar a las autoridades norteamericanas. Pero, en casi cualquier escenario que hoy se pueda prever, tampoco podrá seguir disfrutando de ellos. 

Televisión Azteca, el segundo mayor conglomerado de TV y multimedia de México, enfrenta apuros económicos desde febrero de 2021. Ese año dejó de pagar los intereses de una deuda de más de 630 millones de dólares con tenedores de bonos cuyo fiduciario es uno de los bancos más grandes de Estados Unidos: The Bank of New York Mellon. 

Como colofón de esta crisis, hace seis meses, el 10 de marzo de 2026, debió empezar en México un proceso denominado “concurso mercantil”, una suerte de declaración de bancarrota donde el deudor negocia con los acreedores condiciones favorables para pagar sus deudas. Pero antes de arrancar, una inesperada maniobra le endosó letras pequeñas al procedimiento. Apenas cinco semanas antes, la televisora suscribió un nuevo préstamo, esta vez por 290 millones de dólares, con un banco offshore de Santa Lucía. El contrato correspondiente estableció condiciones que priorizan los pagos a esa entidad. 

El banco de Nueva York demandó entonces, el 2 de junio de 2026, a TV Azteca ante la Corte Federal del Distrito del Sur de la Florida. Acusa a la televisora y al AlterBank –el presunto prestamista, un banco offshore con sede en Santa Lucía, nación insular a unos 1.600 kilómetros al nordeste de la isla de Margarita– de participar en un esquema fraudulento, por el que habrían simulado un crédito para evadir sus obligaciones de pago con otros acreedores. “Nuestra investigación sugiere que AlterBank no contaba con los fondos para llevar a cabo dicho préstamo por sí solo, y TV Azteca se ha negado a compartir información relativa al préstamo”, dice un recurso interpuesto por el banco de Nueva York, en el que solicitan que la Corte ordene a TV Azteca y a AlterBank compartir toda la documentación relativa a ese préstamo. “La evidencia que está a la vista sugiere que el préstamo de AlterBank puede ser una operación fraudulenta”, asegura.

AlterBank no es un banco tradicional. Su estructura y capital son diminutos: no cuenta con agencias de atención al público y, según documentos internos de la entidad financiera, apenas dispone de un capital de 4 millones de dólares. “Información pública de AlterBank muestra que solo cuenta con una oficina semi-vacía, solo con tres empleados: un recepcionista, un empleado de marketing y un gerente. Los directores del banco cumplen sus funciones desde sus residencias en Florida y AlterBank no tiene clientes en Santa Lucía, debido a que tiene prohibido llevar a cabo sus negocios con residentes de la isla”, resalta la demanda. La gran pregunta de esta historia: ¿cómo una entidad pequeña y sin operaciones aparentes tiene la solvencia financiera para prestar 290 millones de dólares a una de las corporaciones más conocidas de un magnate latinoamericano de la talla de Ricardo Salinas Pliego?

Salinas Pliego es uno de los más destacados empresarios de México. Fundó el Grupo Salinas, un conglomerado de medios, comercio minorista y servicios financieros que incluye a TV Azteca y Banco Azteca. Forbes estimaba su patrimonio, junto con el de su familia, en unos 3,7 billones de dólares. Tiene, además, un perfil activo en política y es conocido por sus posiciones críticas en redes sociales contra la administración de Claudia Sheimbaun. En los últimos años ha sostenido una disputa con el gobierno mexicano por adeudos fiscales.

En TV Azteca responden que la operación se hizo apegada a derecho y que han sido transparentes sobre el destino de los recursos. “Este financiamiento, legal y legítimo, se hizo público hace seis meses y la empresa ha sido igualmente clara al explicar que los recursos fueron utilizados para cumplir con sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT)”, declaró para este trabajo, por correo electrónico, el 21 de septiembre, Luciano Pascoe, director general de Noticias y Comunicación de TV Azteca.

Pascoe, sin embargo, no se refirió a las preguntas sobre cómo TV Azteca llegó a un banco de Santa Lucía para obtener un préstamo de esa magnitud ni sobre si conocían que AlterBank contaba con apenas 4 millones de dólares de capital. Como respaldo a su explicación, compartió un comunicado difundido el 7 de julio de 2026 por Grupo Salinas sobre el pago de la deuda tributaria.

Semanas antes de que TV Azteca decidiera someterse al “concurso mercantil”, la televisora y AlterBank modificaron el préstamo para aceptar como garantías de pago las notas de deuda de la propia empresa. Para el banco neoyorquino, que reclama precisamente el pago de esas notas, el momento y los términos de la operación son reveladores: el nuevo acuerdo habría colocado a AlterBank por delante de otros acreedores, justo cuando TV Azteca se preparaba para entrar en un proceso de insolvencia. En la demanda, Mellon Bank sostiene que el crédito fue estructurado de manera fraudulenta para “frustrar el pago de las notas (…) [y] darle prioridad a AlterBank sobre las notas en el concurso mercantil”. En otras palabras, se trataría de una operación para prevenir cualquier embargo.

El expediente menciona que detrás de AlterBank figuraba el venezolano Juan Francisco Ramírez, quien también estuvo involucrado en el escándalo de un grupo de banqueros venezolanos, pero en Puerto Rico: el del Nodus Bank, que está en proceso de liquidación por un fraude a los ahorristas. En este caso, el mismo Ramírez se declaró culpable de haber desviado más de 13,6 millones de dólares. Otro venezolano, Tomás Niembro, ex presidente de la entidad boricua, recibió esta semana en Florida una condena de nueve años de prisión por fraude y cooperación para evadir sanciones financieras impuestas por Washington al régimen de Caracas.

Según registros públicos, Juan Ramírez vendió su participación en Alterbank en noviembre de 2024. El 10 de septiembre de 2026, El Faro y Armando.info, localizaron a Ramírez para obtener su versión sobre la demanda del Bank of New York Mellon y los consiguientes señalamientos de fraude contra el Alterbank. “En este momento, no puedo dar una declaración, porque tengo un caso con Nodus Bank y con Alterbank”, se excusó ante los reporteros. “Les pido por favor que se remitan con los actuales dueños de AlterBank: Tomás Hernández y Augusto Castillo. Que ellos les den la información”. Fue la única pista, parca pero a la vez reveladora, que Ramírez accedió a ofrecer.

Asesor venezolano de Bukele se compró un banco

Los compradores a los que Ramírez señala son dos empresarios, también venezolanos, pero con vínculos con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele. 

En diciembre de 2024, un año antes de que ocurriera el supuesto préstamo a TV Azteca, Augusto César Castillo Chávez compró oficialmente las acciones del AlterBank, según el expediente de la Corte del Sur de Florida. Pero la declaración de Ramírez advierte que en esa transacción también vendió a Tomás Hernández, asesor de Bukele y uno de los venezolanos que forman parte de su círculo de confianza en El Salvador.

Augusto Castillo es un venezolano residenciado en México sin trayectoria pública conocida en el sector financiero. En cambio su padre, Wiomar Alfredo Castillo Martínez, es gerente de Aroum Group, una empresa offshore de Islas Vírgenes Británicas –un reconocido paraíso fiscal del Caribe– que durante la pandemia defraudó al gobierno de El Salvador con la planeada entrega de leche en polvo por valor de de 7 millones de dólares, en el marco de un contrato de 27 millones de dólares del Programa de Emergencia Sanitaria (PES), que anunciaba despensas de alimentos a hogares vulnerables. 

El contrato para suministrar 8.070 toneladas métricas de leche en polvo fue adjudicado el 11 de abril de 2020 por el gobierno de El Salvador. Una auditoría de la Corte de Cuentas salvadoreña –la institución contralora de la hacienda pública– determinó que esos 7 millones de dólares en leche en polvo nunca ingresaron a El Salvador. “Comprobamos que se pagó la suma de $1,730,134.20 por producto no recibido, más $5,355,655.20 por pago en exceso entre el monto contratado y lo pagado”, dice la conclusión del borrador de la sentencia que fue archivada por la Corte de Cuentas.

El socio de Augusto Castillo en AlterBank es Tomás Hernández, quien junto a su esposa, María Alejandra García, fue designado como responsable de la logística del empaquetado de despensas del Programa de Emergencia Sanitaria en los ministerios de Gobernación y de Agricultura, que durante la pandemia impulsó el ya famoso grupo de asesores venezolanos que encabeza  Sara Hanna, una ministra sin nombramiento oficial.

El 19 de noviembre de 2022, Tomás Hernández y su esposa, María Alejandra García, destacaron entre los invitados al matrimonio de Ibrajim Bukele quien, además de hermano del Presidente, es uno de los principales tomadores de decisiones en instituciones del área económica y en las empresas autónomas de energía y telecomunicaciones del gobierno salvadoreño. 

Además de la indagatoria de la Corte de Cuentas por la compra fraudulenta de leche a  Aroum Group –la offshore de Islas Vírgenes Británicas vinculada a la familia de Augusto Castillo–, Hernández era mencionado en otra investigación de corrupción. Cuando la Fiscalía aún no había sido cooptada por Bukele, en 2020, el nombre de Hernández apareció por primera vez en El Salvador como parte de un esquema de corrupción en la compra de alimentos para familias vulnerables.

El Grupo Especial Antimafia, una unidad de la Fiscalía, entonces sustanció el llamado caso Catedral: un expediente que investigaba a todo el entorno presidencial no solo por la compra de alimentos para el Programa de Emergencia Sanitaria (PES), sino también por el llamado pacto de Bukele con las pandillas. En una indagatoria inicial, Tomás Hernández y María Alejandra García fueron incluidos como sujetos de interés por la Fiscalía, en el “organigrama de estructura criminal”. La investigación quedó archivada tras el golpe parlamentario contra el órgano judicial de 2021, con el que el bukelismo destituyó ilegalmente al Fiscal y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. El fiscal impuesto, Rodolfo Delgado, desintegró el Grupo Especial Antimafia y ordenó confiscar información a sus miembros. Los fiscales que lo conformaban marcharon al exilio, incluido German Arriaza, el fiscal anticorrupción que lideraba el grupo.  

El mismo ciudadano venezolano investigado en El Salvador aparece ahora en AlterBank. Aunque en la demanda de Miami su nombre no figura formalmente como propietario del banco, documentos de Santa Lucía muestran que mantiene una participación activa: figura como director y dispone de un usuario y un correo corporativo con el dominio de AlterBank.

No fue posible contrastar esta información con Hernández ni con Castillo. Se les envió comunicación por vía telefónica y correspondencia, pero no hubo respuesta alguna. El abogado que los representa en nombre de Alter Bank, Michael Díaz, tampoco respondió. Aunque había accedido a una videollamada desde Miami, canceló horas antes de publicar esta nota.  

El rastro de la leche quedó en Puerto Rico

Antes de convertirse en los banqueros detrás de un préstamo –que en la demanda de Miami señalan de fraudulento–  por 290 millones de dólares a TV Azteca, los nuevos propietarios de AlterBank ya aparecían en otro banco de capital venezolano, el Nodus International Bank, pero en otra jurisdicción caribeña, Puerto Rico, y no como accionistas sino como ahorristas afectados. Si bien eran apenas dos entre 7.500 ahorristas perjudicados por la intervención y colapso del banco, por la cuantía de los montos depositados en sus cuentas, destacaban como unos de los mayores clientes. 

El Nodus fue intervenido por las autoridades financieras de la isla en mayo de 2023 y posteriormente entró en proceso de liquidación. Las irregularidades iban desde pagos camuflados para sus propios accionistas hasta algo todavía más inusual: una solicitud, después de la intervención, de una comisión para recuperar los fondos perdidos.

Durante el proceso de liquidación apareció AlterBank. En abril de 2024, uno de los antiguos propietarios de Nodus, Juan Francisco Ramírez, solicitó que parte de la cartera crediticia del banco puertorriqueño fuera trasladada a AlterBank, entonces una entidad mucho más pequeña en Santa Lucía. La solicitud fue rechazada por el regulador puertorriqueño, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), que advertía que AlterBank no estaba preparado para recibir nuevos clientes ni contaba con las licencias o la infraestructura para hacerlo.

Ahora Ramírez dice a Armando.info y a El Faro que vendió el banco de Santa Lucía a dos personajes que, en paralelo a esta historia, están vinculados a defraudaciones al estado salvadoreño durante la pandemia. Esta conexión resulta especialmente relevante en el caso del Nodus Bank, porque una fuente que forma parte del proceso de liquidación del banco, en Puerto Rico, advierte que la empresa SM Intertrade tiene unos 6,9 millones de dólares congelados en Nodus y cuyo destino depende de cómo concluya el proceso de liquidación. 

Desde 2022, SM Intertrade es el nuevo nombre de Aroum Group, la offshore de Islas Vírgenes Británicas, según consta en el Registro de Empresas de ese territorio. El cambio de nombre se produjo después del escándalo y de una auditoría de la Corte de Cuentas salvadoreña, que señaló el fraude de 7 millones de dólares por la leche que nunca ingresó a El Salvador, casi el mismo monto que quedó varado en San Juan de Puerto Rico. 

Esta historia fue investigada y reporteada por El Faro de El Salvador y Armando.info de Venezuela, que la publican de manera simultánea.

El improvisado punto de control policial bien pudo haber sido uno más de los tantos que a diario los cuerpos de seguridad suelen instalar en la Troncal 10, la carretera que viene desde las orillas del mar Caribe y conecta de norte a sur las principales poblaciones de la zona minera del sureste del estado Bolívar, hasta alcanzar la frontera con Brasil. 

Pero esta alcabala en particular, improvisada con conos de plástico color naranja puestos sobre la cinta de asfalto el martes 2 de abril de 2024, reservaba una sorpresa a una comisión del Comando Nacional Antisecuestros (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, un componente de la Fuerza Armada) que circulaba por la carretera. Conformada por cuatro suboficiales, armados con fusiles Kalashnikov AK-103 y pistolas, la comisión viajaba a Caracas con un cargamento de 37,5 kilos de barras de oro consignado por “una empresa de una alianza privada”. De acuerdo a la cotización de la onza de oro para la fecha, la carga tenía entonces un valor de mercado de alrededor de 3,24 millones de dólares.

Entonces, según notas de la prensa local, en el sector Los Rosos, al apenas salir de Upata (capital del municipio Piar del estado Bolívar, todavía a unos 700 kilómetros de Caracas)  en dirección a Ciudad Guayana, un grupo de individuos, ataviados con chalecos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc, cuerpo auxiliar del Ministerio Público), interceptó el transporte. Los sujetos sometieron a los militares y se quedaron con el mineral y todas las armas, excepto uno de los fusiles de asalto. 

Por la cuantía del botín y la espectacularidad de la operación, propia de una producción hollywoodense, el hecho captó la atención de medios nacionales. Hubo quien reparara en el detalle de que los miembros del Conas no ofrecieron resistencia al asalto, a pesar de que contaban con el arsenal y el entrenamiento para hacerlo. Según se aprecia en un video, no confirmado de manera independiente, que entonces circuló por Instagram y en el que un conductor habría registrado el momento del atraco, no hubo refriega alguna, sino que se trató de un trasbordo casi apacible de paquetes, de un vehículo a otro. Sin embargo, a los uniformados del Conas se les encontró maniatados a la postre. 

También resultó notable que el riesgoso envío se hiciera con una comisión de agentes de cuerpos de seguridad del Estado y no por los servicios de alguna empresa privada de transporte de valores. 

Todo ocurrió a cielo abierto y a plena luz del día, apenas 16 días antes de que Estados Unidos reinstaurara las sanciones económicas contra el sector del oro en Venezuela, que el gobierno del expresidente Joe Biden había levantado el 18 de octubre de 2023. Durante esos seis meses de laxitud, entre una y otra medidas, redes de contrabando de oro desde Brasil aprovecharon la breve apertura para desviar a territorio venezolano las rutas usuales de exportación de sus cargamentos, que entonces empezaron a despegar desde los aeropuertos que sirven a Caracas.

Seis días después del robo, el diario Últimas Noticias de Caracas, propiedad de grupos económicos cercanos al régimen chavista y de línea editorial oficialista, informó de la recuperación de parte del armamento, enterrada bajo la maleza en un lugar cercano al ataque. 

Cuatro meses más tarde, el 27 de agosto de 2024, el mismo medio volvía a informar que las autoridades habían recuperado una de las seis armas robadas y unos 6,64 kilos de oro durante un procedimiento en el sector La Raiza de Santa Teresa del Tuy, estado Miranda, parte del extrarradio ampliado de la capital venezolana. En la incursión policial habrían quedado bajo arresto José Enrique Correa Rodríguez, El Sabino; José de Jesús Bacca, Baca; Andrés René Pacheco Fayola, René; Karelis del Valle Correa Rodríguez, Karen; y Osmary Gabriela Torres Tabaré. La nota identificaba a los mencionados como integrantes de la banda de un líder criminal apodado El Comandante. 

Aunque todavía hoy se desconocen los resultados de las investigaciones en curso, así como los destinos tanto de los asaltantes como del botín, y en medio de vaguedades, las autoridades sí alcanzaron a aclarar que la empresa consignataria del cargamento dorado fue Inversiones Peca 19, C.A., con sede en Caracas. Hasta entonces, esta empresa actuaba en el Arco Minero del Orinoco en alianza con la estatal Corporación Venezolana de Minería (CVM). 

El robo de los 37,5 kilos de oro pareció marcar un hito para la compañía. A la vez que pareció cambiar su nombre a Elite Gold, reanudó un sinuoso recorrido empresarial que venía de antes e incluye exportaciones de minerales a destinos como Panamá, Suiza y China. La presente historia, una entrega de la serie Dorada Opacidad II que desde Perú coordina Convoca.pe, reconstruye ese recorrido hasta conectarlo con una red de otra treintena de empresas vinculada a tres comerciantes venezolanos, entre ellos y sobre todos, Gian Piero D’Andrea Acosta, un joven empresario.

En los registros, tres dejan de ser multitud

El único propietario de Inversiones Peca 19 C.A. es, desde noviembre de 2021, el ítalo-venezolano Gian Piero D’Andrea Acosta quien, a la edad de 38 años y con una trayectoria empresarial desconocida por el público, ya tiene en su haber una veintena de empresas, no todas dedicadas al sector minero, que registró a lo largo de ocho años tanto en Venezuela como en jurisdicciones extranjeras: Florida, Panamá, Dubái, Hong Kong, España, y Turquía, entre ellas.

Aunque está inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), Inversiones Peca 19 C.A. aparece desactualizada y, por lo tanto, inhabilitada para contratar con el Estado. De hecho, el nombre que sigue apareciendo en los registros del RNC como propietario de la empresa es el de Gustavo Adolfo Arteta Rocha, su dueño inicial y posterior socio de D’Andrea, y declara su sede en una dirección que hasta 2022 mantuvo en Sabana Grande, Caracas. 

Según su perfil de Facebook (cuyo acceso aparece ahora restringido), D’Andrea Acosta estudió en el Colegio Américo Vespucio de Caracas; en su cuenta en esa red social hace poco se podían leer los lamentos que sus amigos expresaron cuando, en 2005, el futuro empresario anunció su próxima emigración de Venezuela. En una vieja foto se le ve con una camisa con distintivos de piloto de aviación. 

D’Andrea Acosta comparte la sociedad de al menos 12 de sus 20 empresas en Venezuela, Panamá y Miami con otros dos ciudadanos venezolanos, el ya mencionado Gustavo Adolfo Arteta Rocha y David Eloy López Rodríguez. Los tres se alternan como accionistas y directivos de varias firmas.

Salvo Inversiones Peca 19 C.A., las empresas registradas en Venezuela por el triunvirato se dedican a sectores muy diferentes a la minería, desde la salud e insumos médicos hasta los servicios de energía eléctrica y el sector textil, por mencionar tan solo algunos. La solución oftalmológica Optoaz de GDG Pharma, una de sus empresas en Venezuela, cuenta con certificación del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, por ejemplo.

Según la descripción que se encuentra en sus cuentas de Instagram y Facebook, el Grupo Golden Capital, GDG C.A., presidido por D’Andrea Acosta, sirve de paraguas para este conglomerado en ciernes. También ha utilizado la misma denominación para identificar firmas en Miami y Panamá. Las siglas GDG corresponderían a las iniciales de los primeros nombres de los socios: Gustavo, David y Gian Piero. Pero otras empresas conexas en Caracas, Dubái, Hong Kong y España llevan las siglas GPDA, que parecen aludir a las iniciales de Gian Piero D’Andrea. 

En declaraciones por correo electrónico para Armando.info, D’Andrea recalcó el carácter privado de Grupo Golden Capital, al que describe como una firma sin ningún tipo de vinculación con el gobierno o el Estado “más allá del estricto cumplimiento de sus obligaciones legales y tributarias como cualquier empresa del país y propias del negocio lícito al que se dedica”.  

Armando.info pudo constatar en sus respectivos expedientes, tanto en el RNC como en el Registro Mercantil, que 16 de las 31 empresas del grupo de socios declaran sus domicilios en una misma oficina en el piso 8 de la Torre Este del edificio Parque Cristal de la urbanización Los Palos Grandes, en el noreste de Caracas. A mediados de septiembre, la reportera visitó ese local. Sus actuales inquilinos dijeron que dichas empresas ya no operan “desde hace un buen tiempo” en esa dirección. En el recorrido también se verificó que otras cinco firmas del emporio, entre ellas Inversiones Peca 19 C.A. no funcionan en otro local del piso 4, a diferencia de lo que indican sus documentos mercantiles. 

Además de D’Andrea, Armando.info intentó contactar a sus socios, López y Arteta, mediante solicitudes de entrevista enviadas a los correos electrónicos de las empresas involucradas. Ninguno de los dos contestó. 

Ahora me ves, ahora no

Para el momento del robo, Inversiones Peca 19 C.A. formaba parte de una alianza minera que, a manera de una joint venture, se estableció entre actores privados como compañías, cooperativas o pequeños mineros, por un lado, y entidades como la CVM, por el otro. Según su expediente de registro mercantil, que se abrió en 2019, tiene por objeto social la “compraventa, importación, exportación, distribución, arreglo y transformación de toda clase de minerales como metales, oro, plata y metales preciosos”.

El cargamento de oro que fue objeto del asalto de abril de 2024 salió de la sucursal de Inversiones Peca 19 en Upata. Su local se encontraba en la planta baja de un pequeño centro comercial en el casco central de la ciudad, donde todavía abundan los negocios de compraventa de oro. 

Gian Piero D’Andrea Acosta se excusó ante Armando.info para no comentar aquel suceso del robo: “El procedimiento penal continúa en curso”, adujo en un mensaje de correo electrónico. “Más allá de confirmar que fuimos víctimas de un delito, lamentamos no poder suministrar más información pues legalmente no podemos hacerlo. Fuimos impuestos por las autoridades del deber legal de mantener en reserva lo que sabemos sobre la investigación, basado en el artículo 286 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP)”. 

En el mall minero de Upata donde solía estar la oficina de Inversiones Peca 19, del mismo modo que en otros pueblos del llamado Arco Minero del Orinoco, como Tumeremo, Las Claritas y el Kilómetro 88, la actividad ha menguado por el compás de incertidumbre que abrieron la intervención militar de Estados Unidos que en enero de este año capturó en Caracas a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los planes que, al abrigo de su recién instaurada tutela, Washington anuncia para el sector minero de la Guayana venezolana. Curiosamente, los terremotos gemelos del 24 de junio asestaron un revés adicional al comercio local del oro, aun si la destrucción física que produjeron se haya registrado muy lejos, en particular, en el litoral centronorte caribeño. Y es que los daños en la infraestructura del aeropuerto internacional de Maiquetía, ubicado en el estado La Guaira, afectaron el trasiego del oro de las selvas de la Orinoquía y la Amazonia a los mercados globales, lo que vino a respaldar de manera empírica las versiones de que el contrabando de mineral precioso tenía como puerta de salida el principal terminal aéreo del país.

Pero ya desde la fecha en 2024 del audaz robo, Inversiones Peca 19 habría suspendido actividades. Al menos es lo que refleja el hecho de que en su local de Upata se hayan instalado nuevos propietarios bajo una denominación también nueva, Elite Gold, de la que no se encontró el Registro de Identificación Fiscal (RIF). 

A la vez, Armando.info pudo revisar un documento reciente que sugiere que la empresa aún estaría activa y mantendría alguna relación con Elite Gold. En el margen superior de un certificado de análisis del oro, con mediciones emitidas por una máquina especializada, en una fecha tan reciente como agosto de 2026, aparecen juntos los logos de Elite Gold e Inversiones Peca 19, este último, sí, con el RIF correspondiente.

“La empresa mantuvo sus operaciones conforme a los términos y condiciones de esa alianza estratégica durante su periodo de vigencia”, se limitó a aclarar D’Andrea Acosta acerca de las actividades que Inversiones Peca 19 C.A. continuó llevando a cabo en conjunto con la CVM tras el robo. Sobre la naturaleza de su alianza con la estatal solo dijo que, por estipulaciones contractuales, no podía revelar detalles de “carácter estrictamente confidencial”.

Por cierto, la CVM nunca difundió pronunciamiento alguno sobre un robo que había perjudicado con severidad a un aliado. En cualquier caso, hubiera o no relación causal con el evento criminal, el entonces presidente de la CVM, general Carlos Osorio, fue destituido y reemplazado en septiembre de 2024. Entre tanto, en junio de 2024, el titular del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, almirante William Serantes Pinto, había sido sustituido por Héctor Silva, quien hasta hoy sigue al frente de ese despacho, al que la CVM se adscribe.

Oro parece

Las informaciones ofrecidas en su momento por las autoridades establecieron, ante los medios y el público, que Inversiones Peca 19 C.A. era la propietaria del oro robado. Pero quien rastree las huellas de la empresa en bases de datos de comercio internacional, tales como Importgenius y Panjiva, no encontrará exportaciones de oro a su nombre en los últimos años. En cambio, se tropezará con registros de otras categorías de los metales nobles.

Por ejemplo, Inversiones Peca 19 C.A. aparece en Importgenius enviando en marzo de 2022, por vía aérea, unos 106 kilos de plata en bruto, valorados en 55.656 dólares, a Panamá, donde fueron recibidos por un “comprador no identificado”. También la base de datos Sayari registra que, entre enero de 2022 y agosto de 2024, la firma exportó cuatro cargamentos de “plata en bruto” a Panamá, algo llamativo, por cuanto Venezuela no figura regularmente como un exportador de ese metal. Consultada al respecto para esta historia, Mónica Martiz, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalúrgicos (Svimm), ratificó a Armando.Info que Venezuela no alberga yacimientos de plata y no produce, por lo tanto, ni plata en bruto ni sus subproductos. 

Pangiva e Importgenius dan fe, además, de la exportación de un total de 3,6 toneladas en barras de plata, en seis envíos aéreos desde Panamá a Turquía, entre abril y diciembre de 2022, por parte de una empresa de nombre parecido, Inversiones Peca S.A.

D’Andrea explica que se trata de la misma empresa, solo que con un “error de tipeo” en la mención. Atribuye sus exportaciones de plata a un proceso en Venezuela de “reciclaje de plata, cumpliendo con la permisología exigida por la ley”. 

Importgenius reportó también que Inversiones Peca 19 C.A. despachó nueve envíos de estaño a Panamá y China en 2024. Este fue el mismo año en que Nicolás Maduro otorgó derechos mineros a la CVM para la exploración, explotación y exportación de casiterita u óxido de estaño, mineral a partir del cual se procesa y fabrica el estaño de uso industrial. 

D’Andrea puntualiza de nuevo respecto “al estaño en nuestras exportaciones; asumimos que deben referirse a la comercialización de casiterita, la cual se comercializa en cumplimiento de todos los estándares legales”. 

Según Panjiva, Inversiones Peca 19 C.A. realizó cuatro envíos de “metálicos diversos" a China entre 2022 y 2024. Entre sus clientes en esa potencia asiática, figuran Jiujiang Heli New Materials Co Ltd, que importó estaño desde Venezuela en agosto de 2023; Jiujiang Jiqing New Materials Co Ltd, fabricante de plástico y acrílico; Hunan Merida International Trade Co Ltd, que también posee una fábrica de baterías en Extremadura, España; y Halo Moon Ltd.con oficinas en Hong Kong y Reino Unido. 

Inversiones Peca 19 C.A. también cuenta con, al menos, un cliente en Suiza, Alecar Trading S.A., empresa helvética que importa una diversidad de metales, como aluminio, cobre, estaño y otros metales no ferrosos, según se lee en su sitio web. 

Todos los caminos conducen al Oriente

Pistas dejadas en registros por David Eloy López Rodríguez lo ubican en 2021 como propietario y único director de la empresa First Sunrise Capital Altın Ticaret Limited Şirketi, especializada en el comercio de metales preciosos y con sede en Estambul, según se indica en la Gaceta de Registro Mercantil de Estambul. A este negocio se hace mención también en el directorio de la Cámara de Joyeros de la gran metrópolis turca. López Rodríguez había incorporado antes, en 2019, una empresa con el mismo nombre pero en Budapest, la capital de Hungría: First Sunrise Capital Korlatolt Felelossegu Tarsasag. 

El domicilio fiscal de First Sunrise Capital en Estambul se halla en Kuyumcukent AVM, (o “ciudad de los joyeros”, en turco), el mayor centro integrado de producción, comercio y venta de oro, plata y joyas del mundo, en el barrio de Yenisbona. Sobre este emprendimiento de su socio López Rodríguez, Gian Piero D’Andrea Acosta explicó a Armando.info que “nunca tuvo actividad comercial y tampoco realizó operación con ninguna empresa”. Bases de datos de comercio exterior así lo confirman.

Pero el propio D’Andrea Acosta también puso por su cuenta un pie en Turquía en 2023. Ese año registró en Ankara, la capital turca, una empresa distribuidora de materiales para la construcción, YÇM Real Estate Construction Investment Industry And Trade Joint Stock Company. 

De manera simultánea, D’Andrea Acosta abrió GPDA Group General Trading LLC FZ en Dubái, uno de los principales centros globales del comercio de oro que, sin embargo, todavía destaca por su falta de transparencia. La compañía declaró como sede el Business Center 1 del Hotel Meydan, en Nad Al Sheba, en pleno corazón de la Zona Libre de Meydan, un registro impenetrable que, por diseño y como otras zonas especiales del rico emirato, facilita el ocultamiento de la composición accionaria y de los beneficiarios finales de las empresas. 

En Hong Kong se encuentra el registro de la empresa GPDA Group General Trading Limited (HK), con una fecha de incorporación posterior: 5 de noviembre de 2025. Allí D’Andrea figura como único accionista de esta firma que, aunque registrada en esa región autónoma de China, tiene domicilio en Dubái.

Aunque D’Andrea aseguró a Armando.Info que, desde Dubái, GPDA Group General Trading LLC FZ “ni comercializa ni ha comercializado oro, plata o casiterita”, los reportes de bases de datos de comercio exterior acreditan algo distinto. Según informan Panjiva y Sayari, la empresa fue la consignataria de cuatro despachos de artículos de joyería de Istor Jewelry Industry and Trade Jsc, importados en 2024 desde Turquía. Istor es una reconocida fábrica, joyería y exportadora de oro en Estambul, y una de las más grandes de Turquía. 

En un renglón aparte al de los metales preciosos, la base de datos de comercio exterior Tendata reporta que este GPDA Group General Trading de Dubái llegó a recibir en 2024 cargamentos de aluminio desde Venezuela, enviados por la estatal Venalum, parte del complejo verticalmente integrado para la producción de aluminio primario que la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) controla, que comprende además a las empresas Bauxilum y Carbonorca. Este dato insinúa que D’Andrea Acosta pudo disponer de un acceso especial a las instancias decisoras en la comercialización del aluminio venezolano, un bien muy escaso, toda vez que Venalum a duras penas opera hoy a un 20% de su capacidad instalada y debió dejar de hacer exportaciones significativas tras el apagón eléctrico nacional de marzo de 2019.

*La presente es una entrega de la serie investigativa ‘Dorada Opacidad II’, en conjunto con Convoca.pe

**Esta cobertura contó con el apoyo del Pulitzer Center.

Un viernes de hace tres meses, el pasado 12 de junio, el presidente estadounidense, Donald Trump, dio a conocer una noticia sensacional con un post de su red social propia, Truth Social: "Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque cinético rápido y letal para ejecutar con éxito al Niño Guerrero, el infame líder de Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta”, se pavoneaba. “Esta acción se coordinó estrechamente con nuestros amigos de Venezuela, ⁠con quienes estamos colaborando muy bien”.

En un comunicado emitido poco después el mismo día, el régimen de la presidente interina, Delcy Rodríguez, ratificó la información: “Durante el desarrollo de la operación se produjeron enfrentamientos con integrantes de estas estructuras criminales, en los que resultó neutralizado Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, cabecilla de una organización criminal”. El texto también se ocupaba de precisar que dicha neutralización se produjo en el marco de “una operación combinada entre organismos de seguridad de Venezuela y de los Estados Unidos en el sureste del estado Bolívar” que había contado “con apoyo tecnológico especializado”.

Luego se conocieron más detalles del ataque “cinético rápido y letal”. Tuvo lugar el 9 de junio en las localidades de Las Claritas y el Kilómetro 88, pueblos mineros amalgamados en uno solo en el municipio Sifontes del Estado Bolívar, sobre la tradicional cuenca aurífera del río Cuyuní y dentro del Arco Minero del Orinoco que Nicolás Maduro creó por decreto presidencial en febrero de 2016. De acuerdo al video difundido desde el Comando Sur de Estados Unidos, el asalto militar comprendió un bombardeo de precisión con un misil aire-tierra sobre la rústica guarida de Guerrero, cuyos restos quedaron en condiciones que los hicieron difíciles de identificar en el lugar.

El legendario Héctor Niño Guerrero lideraba el Tren de Aragua (TdA), una banda criminal a la que el Departamento de Estado designó en 2025 como una “organización terrorista extranjera” y que el propio Trump esgrimió en su campaña presidencial de 2024 como espantajo para incitar el temor a la inmigración, particularmente la venezolana, entonces en auge. 

Si para Washington la cabeza de Guerrero tenía precio, la eliminación del capo sonó como un clarín de liberación en el sureste minero del estado Bolívar. A pesar de que el nombre del cártel alude a su origen en el estado Aragua del centronorte de Venezuela -con más exactitud, en la cárcel de Tocorón, según las investigaciones periodísticas y su propio mito fundacional-, y de que las operaciones del TdA se extendieron junto a la diáspora venezolana por al menos unos ocho países, f​ue en torno a la minería ​de esta zona de Bolívar​, próxima a las fronteras con Guyana y Brasil, ​d​onde estableció su baluarte. 

Meses después, la expectativa inicial se ha difuminado. Un recorrido reciente de Amazon Underworld y Armando.info por el área (de norte a sur, desde Upata a Guasipati, El Callao, Tumeremo y El Dorado, hasta alcanzar el conglomerado de Las Claritas-Kilómetro 88, a las puertas de La Gran Sabana y el Parque Nacional Canaima) encontró que, decapitado in situ el Tren de Aragua y ante la desbandada preventiva de líderes criminales activos sobre el terreno desde hace tres lustros, los lugareños perciben que la dinámica real apenas ha cambiado. 

Los cabecillas de los cárteles mineros se esfumaron. Nuevos actores, como el comando de seguridad Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco (Gpamo) hacen presencia, mientras se aguarda con una mezcla de esperanza,  incertidumbre y escepticismo el regreso anunciado de las transnacionales mineras. 

Sin embargo, que los rostros visibles de la criminalidad se retiraran o se escondieran no significó que con ellos se hubiera marchado la sensación de que su control persiste bajo otras formas. 

Como nunca antes, hay mayor presencia militar y policial. La gente ve más agentes uniformados que en otros tiempos, mucho más frenéticos y con mayor actividad actividad comercial que la que hoy se registra. Con todo, llega a echar de menos el relativo orden que las bandas ofrecían, de manera implacable y por medios tan discrecionales como atroces. El Sistema prevalece, aunque con reformas todavía en progreso. 

Desquite sin recompensa

Ni cámaras de seguridad ni bombillos; la mayoría de los sócates están arrancados de la red eléctrica. Un imponente muro gris de mosaicos acanalados, con sus portones de hierro y entrada con marquesina, rodea este inmueble en una escondida calle de tierra, que también conduce al cementerio del Kilómetro 88. A primera vista parece un búnker. Pero se trata, después de su abandono y saqueo repentinos, de la madriguera de Gabriel Rivas Núñez, conocido como El Negro Juancho o Juancho a secas.

Una suerte similar corrió el refugio de otro temido pran minero de la zona, Humberto Martes, Humbertico, heredero de otro cabecilla homónimo, pero apodado El Viejo, su padre. Al palacete de líneas modernas de tres pisos, forrado en mármol y losas de piedra caliza, con ventanas estrechísimas y un mirador, levantado en una calle ciega en Las Claritas, le tumbaron las puertas durante los saqueos posteriores a la operación militar del 9 de junio. De todas las evidencias de lujo y bonanza que Humbertico desplegó tras el muro -aunque las ostentaba sin empacho en sus redes sociales-, que incluían piscina, sauna, discoteca, un zoológico en miniatura y una gallera, solo quedaron indemnes la figura de un diamante y otra con el símbolo del dólar, ambas grabadas en el piso de granito de la entrada. 

Juancho y Humbertico no fueron los únicos que consiguieron escapar de la ofensiva militar, así como de una probable muerte en combate o, al menos, de la mano de la justicia. Otro de los criminales más buscados de la zona minera, Yohan José Romero o Johan Petrica, líder local del Tren de Aragua, huyó de forma precipitada. 

El 9 de junio hubo una explosión de júbilo y miedo en el eje Las Claritas - Kilómetro 88, la caótica conurbación de facto donde el Tren de Aragua se hizo fuerte y que sirve de escenario para esta crónica. También hubo una suerte de estallido social con tintes de ajuste de cuentas. El ataque militar que dio de baja al Niño Guerrero y ahuyentó a los otros cabecillas funcionó como válvula de escape a rencores y apetencias por largo tiempo contenidas. 

Al recorrer la polvorienta calle principal que atraviesa Las Claritas y Kilómetro 88, el asentamiento minero luce apagado. En muchos locales las santamarías o puertas metálicas enrollables permanecen cerradas. En los negocios de compra y venta de oro se ven pocos vendedores. Los dueños de esos establecimientos pasan más tiempo concentrados en las pantallas de sus teléfonos celulares, que pesando el metal precioso. “Eso es por efecto de la matraca tan fuerte a los comerciantes. A diferencia de otros pueblos, los de El Sistema de Las Claritas no dejaban ni respirar a ningún negocio con la vacuna”, dice, refiriéndose con términos criollos a los pagos de extorsiones, un lugareño que, como la mayoría de los entrevistados en el sitio para este trabajo, prefiere omitir su nombre. “Todo está más tranquilo desde que se fueron”. La operación militar del 9 de junio trajo algunos beneficios inmediatos, no se puede negar.

Sin embargo, la violenta incursión del nuevo tutelaje no fue suficiente para disipar la  presencia que aún mantienen los sindicatos —eufemismo con el que en la región se conoce a las bandas criminales— minas adentro. A ese control los oriundos lo siguen llamando coloquialmente El Sistema, como si hablaran de un miembro fantasma que, amputado, aún se siente. 

Ni siquiera los relevos simbólicos sirven para instaurar el nuevo orden. Por ejemplo, la emblemática gallera de Las Claritas, frente a una subestación eléctrica, funcionó durante años como centro de operaciones de El Sistema; hoy es sede del Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco (Gpamo), que conforman funcionarios de diversos cuerpos de seguridad y componentes de la Fuerza Armada. También allí se instaló la delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc, policía auxiliar del Ministerio Público).

Oro maldito, negocio bendito

Las Claritas y Kilómetro 88 alojan, muy probablemente, la mayor concentración en el país de negocios con nombres de inspiración religiosa. Se suceden los letreros de diseños variopintos pero de una misma intensidad devota: La bendición de Dios, La sangre de Cristo tiene poder, La fortaleza de Dios, La gracia de Dios, Cristo vive. Da igual el ramo del negocio: compra-venta de oro, hotel, restaurante, ferretería, feria de frutas y hortalizas, panadería, peluquería. 

Pero aquí los mandamientos los imponía El Sistema y no la iglesia.

Ese Sistema criminal mantuvo a raya a la delincuencia silvestre, no organizada. Tal es el paradójico consenso entre la población que, si siente alivio por el aparente fin de un régimen intimidante de extorsión, también reporta el regreso de los robos y los hurtos cuya extinción temporal le permitió jactarse de que Las Claritas y Kilómetro 88 eran “los pueblos más seguros de Venezuela”. Hace tiempo lo ilícito mafioso se hizo ley y garantía de una paz tensa y frágil a la vez.

Ya no circulan por las agrietadas calles de ambos pueblos los maleantes de El Sistema que, deliberadamente, a bordo de sus motocicletas, hacían gala de walkie-talkies, armas largas o pistolas para ratificar su poder.  Tampoco hay que honrar más las deudas por vacunas, que no siempre se pagaban con oro o con divisas, a razón de miles de dólares al mes. “También nos cobraban en comida. Era algo ocasional: a veces, dos veces a la semana, por ejemplo, teníamos que preparar cien comidas para sus eventos”, dice el encargado de un negocio de alimentación en plena Troncal 10. No había escapatoria, había que pagar “a juro” y puntualmente, dice el comerciante, bien fuera con dinero, oro o especies, a como diera lugar. Por lo tanto, sostiene, la presunta erradicación de El Sistema “es lo mejor para el comerciante”. 

Pero lo mejor para el comerciante no tiene que ser lo mejor para la comunidad. Ahora, acepta el empresario, la inseguridad aumentó. “Hay que estar pendiente. Antes no había ni robos ni violaciones. Tú dejabas el teléfono allí y ese teléfono estaba allí todo el día”.

Otro comerciante, este del sector panadero, abona al punto: “Seguridad, ahorita, no tenemos. Lo que mantenía [seguro] esto era El Sistema”, grita casi, para que los reporteros le puedan oír,  tratando de superar el bramido del motor de la planta eléctrica que sirve a su negocio, y sin reparar en precaución alguna ante posibles escuchas de mala fe.

Un religioso, cuyo nombre también se omite por motivos de seguridad, admite: “Yo me sentía más seguro aquí [en el asentamiento minero] que en la misma ciudad [Puerto Ordaz o Ciudad Bolívar, las urbes del estado]. El control de ellos [de ‘El Sistema’] era seguridad”. Y explica: “Antes había un sistema que manejaba al pueblo. Para montar el negocio, ellos eran el filtro. Manejaban la situación. Si yo vendía queso, ellos me administraban el queso. Todo tenía que pasar por ellos. Ahorita lo que ha pasado es que la gente no tiene ese control”. Califica la situación actual como “delicada”, fértil para la nostalgia por el orden perdido. Asegura que la reforzada presencia militar en las minas “al contrario, es algo que trae conflictos y muchos problemas”. 

Según los testimonios recogidos por los reporteros, después de la huida de los jefes criminales y sus lugartenientes, los militares comenzaron a cobrar el acostumbrado peaje o impuesto en las minas, más allá del infranqueable mecate, con un diezmo todavía más elevado del que el sindicato minero solía imponer. Esto caldeó los ánimos entre obreros, molinos y los dueños de las máquinas, por lo que los consejos comunales de Las Claritas y el Kilómetro 88, también cooptados -y probablemente instrumentalizados- por los sindicatos, decidieron someter a votación en la comunidad si era preferible que El Juancho y Humbertico volvieran, o no. ¿La opción ganadora? Que volvieran.

Células durmientes

El Sistema conserva algo de orwelliano en la mente de los lugareños. Temen que estén todavía bajo su mirada abarcadora. Nadie se atreve a asegurar que los pranes se fueron del todo. Al respecto, se cuelan dos versiones: una, que los cabecillas en efecto huyeron y aflojaron los puños de hierro con que controlaban la vida del pueblo, pero se atrincheraron en las minas, desde donde manejan a sus informantes, todavía infiltrados en la zona. La otra proviene de quienes quieren creer que la región en quedó completamente liberada. 

Una voz calificada que se mantiene en el campo del escepticismo es la de Américo De Grazia, exalcalde del municipio Piar, exdiputado opositor de la Asamblea Nacional, excandidato a gobernador de Bolívar y ex preso político. Para sustentar su duda, refresca el recuerdo de una fecha, el 21 de junio de 2026. Ese día y los siguientes, tan solo dos semanas después de la operación militar contra Niño Guerrero, Las Claritas y Kilómetro 88 volvieron a ser noticia, pero por una protesta organizada con la que los manifestantes denunciaban abusos por parte de los militares recién acantonados, incluyendo la represión y el supuesto cobro de extorsiones. Fueron jornadas de tensión y caos, como lo eran ya desde el 9 de junio. Se suspendieron las clases, el comercio se paralizó por temor a saqueos y disturbios, se registró un desplazamiento masivo de mineros, y el suministro eléctrico, de por sí titubeante, empeoró.

De Grazia reconoce los excesos militares, pero identifica otros motivos menos evidentes detrás de la protesta, que pudo estar alentada, sospecha, por Juancho y Humbertico a manera de expresión política de la añoranza colectiva por su régimen, mafioso pero ordenado. El pueblo los aclama, sería el mensaje de las manifestaciones.

Todo da pie para que De Grazia otorgue cierta credibilidad a un dato que dice haber recabado: los emisarios de los líderes pandilleros continúan en el sector, informando a sus jefes de cualquier movimiento. “El grupo que queda de los pranes es el de sus residuos o sus delfines, que pudieran estar merodeando y chequeando a ver quién pasa información, quién filma, quién graba, quién reporta, quién llama por teléfono”, sugiere en entrevista telefónica.

Lo anterior se corresponde con la información ofrecida por un vocero indígena, quien accedió a hablar con los reporteros sobre el terreno, con la condición de la reserva de su identidad. De acuerdo con su versión, la operación militar del 9 de junio solo ocasionó el repliegue táctico de los líderes pandilleros. Ya no están tan a la vista, pero siguen estando. “Se sabe que rondan la zona, aunque no se sabe dónde están. Pero de que están, están. Claro, a ellos le echaron como un pitazo, sobre todo a los cabecillas, para que se fueran antes de los operativos”, afirma. 

A los capos, prófugos o simplemente replegados, el dirigente indígena ahora los sitúa en algún punto de Los Kilómetros, una seguidilla de aldeas levantadas al calor de la fiebre minera que se extiende por un trecho de la Troncal 10, entre El Dorado o Kilómetro Cero y el Kilómetro 88. A los bordes de la carretera se encuentran casuchas de plástico y madera, talleres mecánicos de motos, ventas de gasolina envasada en botellas de refresco,  locales cuyas precariedades han evolucionado con el pasar de los años hasta dar lugar a edificaciones más consolidadas, de bloques y cemento. 

Mucho antes del 9 de junio, desde la pandemia de la Covid-19, cuando se descubrieron numerosas bullas o vetas de oro en ese territorio boscoso, la franja formaba parte de los dominios extendidos del sindicato de Juancho. Pero ahora se habría convertido en su cuartel de destierro. “Hubo una mudanza de Las Claritas y el Kilómetro 88 a Los Kilómetros, más concretamente del [kilómetro] 24 para adelante, justo en la entrada del pueblo pemón de San Antonio de Roscio)”, insiste la fuente aborigen. Aun así, asegura: “Ellos están en el pueblo. Siguen en Las Claritas y el 88. También están en las minas (...) No se muestran al público pero andan pendientes de todo. Entonces, es una situación muy, muy delicada (...) No están en el sitio, pero ellos tienen informantes en todo ese sector y más que todo en Las Cristinas [el aledaño yacimiento de oro, uno de los cinco mayores del mundo, que ha sido objeto de encarnizadas disputas entre empresas extranjeras -canadienses, estadounidenses y rusas- y estatales venezolanas]. Tienen ojos por todos lados: Mira aquella camioneta, aquella moto, aquella persona”.

En Las Claritas ruedan relatos acerca de luceros, los vigilantes encubiertos que los pranes despliegan en los pueblos, que estarían recibiendo mensajes de aliento de sus jefes en salvaguarda: “Tengan paciencia, ya vamos para allá, estamos negociando”. 

Normalidad en vilo

La actividad minera, entretanto, continúa. Como si nada extraordinario hubiera ocurrido, por la calle principal y ramales de Las Claritas, camiones transportan cuadrillas de obreros, vestidos con franelas de manga larga tipo dry fit y con botas de goma enfangadas. Sigue en pie la estatua dorada de un minero artesanal, con su batea y sus perros compañeros, que en una plazoleta desde siempre rinde homenaje a los obreros de las minas. 

Al lado, sin embargo, se lee una pinta: “No al saqueo”. Es una inscripción de los sindicatos, que busca servir como advertencia y atisbo agonizante de un control que todavía se ejerce y no quiere cesar. El mecate sigue funcionando; así alude la jerga minera al punto de control para entrar a las minas de Las Cristinas. El Gpamo oficial también deja señales de su presencia. Se reducen a una valla, a modo de una bandera, plantada pero inerte.

En Las Claritas hay indicios de una nueva situación, pero sus habitantes tienen por un hecho que las bandas criminales preservan el control en las minas. “La verdad es que nos da igual si vuelven o no [al pueblo]. Ya estamos acostumbrados”, comenta con indiferencia un dependiente del restaurante de la vía principal de Las Claritas. 

Las Claritas y Kilómetro 88 son hoy una réplica a escala reducida de lo que ocurre a nivel nacional en Venezuela. Un bombardeo. La caída de un antiguo líder. La promesa de un mejor porvenir. Anuncios binacionales. La economía que no termina de despegar. La esperanza que se erosiona. Nada tangible, en realidad. 

Basta conversar con cualquier habitante de la zona para calibrar la atmósfera predominante. “Esto está como tú lo ves. Es una calamidad. Aquí deberíamos tener una avenida de doble vía para dar la impresión de que somos un pueblo constituido. Pero, y me disculpas por el léxico, estamos caminando sobre aguas de mierda”, refiere uno de ellos, despachador de autobuses. 

El 19 de agosto, tras la excarcelación de José Ignacio Moreno Suárez, representante legal de Gold Reserve, la minera canadiense anunció que vuelve a Venezuela para retomar sus operaciones en los yacimientos de Las Brisas y Las Cristinas, ubicadas en las inmediaciones de la conurbación, que Hugo Chávez expropió en 2009. Pero la noticia tiene sin cuidado a los habitantes de Las Claritas y Kilómetro 88 después de casi dos décadas bajo el dominio de las bandas criminales y el acusado abandono del Estado. Tampoco guardan ninguna expectativa con el interés de la Casa Blanca en explotar el oro después de controlar el petróleo, deseo que Washington hizo público el 6 de marzo pasado con la emisión de la licencia general 51, que relaja las sanciones sobre las transacciones con el oro venezolano.

Interrogado sobre las derivaciones del operativo militar del 9 de junio y la posible inversión estadounidense en la zona, el despachador de buses tampoco duda: “Es la misma vaina, tú puedes hacer un sondeo. Desde que llegó aquí mi papá Trun, yo no he visto llegar más nada. Este pueblo toda la vida ha vivido de un engaño”, dice, casi gritando de nuevo. Esta vez es el ruido de las motos que sortean los baches de la Troncal 10 lo que acalla todo lo demás, incluyendo la esperanza.