Los 62 animales silvestres viajaban dentro de 11 cajas de madera y tres cajones sellados con orificios, en un recorrido de más de 800 kilómetros por carretera, equivalentes a unas 13 horas dentro de la cabina posterior de un camión sin ventilación. 

No se trataba de un alijo cualquiera. Entre este conjunto de fauna cautiva, el oso palmero y la guacamaya verde están catalogadas como especies en peligro de extinción, según el Libro Rojo de la Fauna Venezolana (2020). Su grado de vulnerabilidad también es reconocido por el recién lanzado Sistema Venezolano de Información de Diversidad Biológica (Svidb) del Ministerio de Ecosocialismo (Minec). Además, desde 1996, ambas especies, junto al rey zamuro y las guacamayas bandera y roja, forman parte de la lista oficial de los animales vedados para la cacería, de acuerdo al decreto 1.485. 

Aquella noche de octubre, los dos policías nacionales de Portuguesa no sospechaban que habían descubierto el primer eslabón de una presunta cadena internacional de tráfico de fauna silvestre, identificada por el Ministerio Público, que involucra a una empresa privada y a las autoridades en materia ambiental en Venezuela.

El tráfico de fauna silvestre en Venezuela es una de las mayores amenazas a la diversidad biológica de uno de los 10 países con mayor biodiversidad del planeta, alertan organizaciones ambientales. Se trata del cuarto comercio ilícito global más grande después del narcotráfico, la trata de personas y los productos falsificados, según la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, acrónimo de Immigrations and Customs Enforcement) del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) de Estados Unidos. 

“El motor central del tráfico ilegal de animales silvestres radica en la demanda”, reza la reciente campaña de la organización conservacionista Provita. Y es cierto: en el mercado negro internacional aumentan las solicitudes de especies vivas para venderlas como mascotas exóticas, así como la demanda de sus subproductos como pieles, plumas, cuernos y dientes, para convertirlos en abrigos de lujo, joyas extravagantes, trofeos o simples ornamentos. 

El Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales (Ovdha) alerta sobre el creciente tráfico ilegal de fauna silvestre. En su informe de abril de 2022, la organización examina las razones de este fenómeno: por un lado, la crisis humanitaria compleja lleva a las personas a capturar y vender animales silvestres como medio de subsistencia y, por el otro, está el aumento de la demanda de grupos criminales organizados con conexión internacional, que se enriquecen con el negocio del transporte y comercialización de especies.

Especies amenazadas

“En Venezuela no se conoce la verdadera magnitud del tráfico de especies porque la data prácticamente no existe. Pero hay evidencias de que sí ocurre y es creciente. Constituye un problema global que se ha convertido en una de las principales causas de destrucción de especies, en particular las amenazadas”, afirma Alejandro Alvarez Iragorry, director de Clima21.

Los 62 animales, entre mamíferos y aves, decomisados en Portuguesa en octubre de 2022 provenían de la Finca La Birmania, situada en Abejales, municipio Libertador del estado Táchira, donde funciona el Zoocriadero Alazán. Iban a ser trasladados hasta al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado La Guaira, con destino final en República Dominicana. Con su incautación, el decomiso del camión y la detención de los tripulantes, Edixon Román Arana y José Manuel Carpio, se destapó un cúmulo de irregularidades que contribuyen al “desequilibrio y amenazas a la supervivencia de especies”, según reza la Ley de Protección a la fauna silvestre, a la que apeló el Ministerio Público. 

La guía de movilización de los animales, firmada por la Dirección de Diversidad Biológica del Minec, que mostraron los conductores a los policías y fiscales ambientales de Portuguesa, no concordaba con la cantidad de especies transportadas. Como credenciales adicionales, Edixon Arana, uno de los dos conductores del camión, portaba sendos carnés de empleado del Zoocriadero Alazán y del Instituto Nacional de Parques (Inparques), adscrito al Minec.

Sólo cinco guacamayas rojas llevaban los reglamentarios anillos identificativos con el nombre de Zoocriadero Alazán. Los 57 animales restantes no portaban ninguna marca de identificación, como aros, grapas o aretes metálicos, que el Minec asigna de acuerdo a la especie sometida al plan de manejo y aprovechamiento comercial. 

Ante la inexistencia de instrumentos identificatorios, el técnico ambiental del Ministerio Público encargado del caso determinó que el loro real, las guacamayas azul, cara seca, tricolor y verde militar, así como el rey zamuro y el oso palmero, eran de procedencia ilegal. Es decir, los animales serían producto de la caza furtiva y, por lo tanto, debían ser asumidos como contrabando. 

En la audiencia de presentación, celebrada el 21 de octubre de 2022 en un tribunal de Acarigua -junto a su ciudad gemela de Araure, la zona urbana más grande de Portuguesa-, Arana y Carpio fueron imputados por los delitos de Caza Ilícita y Contrabando Agravado en la modalidad de Extracción de la Fauna Silvestre, contemplados en la Ley Penal del Ambiente y Ley de Contrabando, respectivamente. Cada delito implica penas de tres a cinco años de cárcel. A ambos empleados del Zoocriadero Alazán le dictaron medidas cautelares sustitutivas de libertad bajo régimen de presentación ante el tribunal cada 30 días.

La “mercancía animal” incautada en Portuguesa pertenecía al Centro de Cría de Especies de Fauna Silvestre y Exótica Alazán, representado por Inversiones Alazán GAC C.A, empresa privada registrada en 2017 en Táchira, que estableció una “alianza comercial” con el Minec, según el expediente que maneja el Ministerio Público sobre este caso. En sus apariciones públicas y reseñas de la prensa oficialista, difundidas entre 2021 y 2023, no se detalla en qué consiste este acuerdo entre un privado y el Estado con aparentes intenciones conservacionistas. 

Mientras las investigaciones del Ministerio Público siguen abiertas, se sumó otro indicador del posible incumplimiento de las normativas ambientales para comercializar la fauna silvestre por parte de Inversiones Alazán GAC. El 2 de marzo, la Corte de Apelaciones del Tribunal de Control 3 del estado Portuguesa admitió la petición de paralizar de manera temporal el zoocriadero de Táchira para que la empresa demuestre la procedencia lícita de las especies y la aplicación de los parámetros adecuados para su venta. El reclamo fue presentado cinco meses antes por las fiscales ambientales, Wilmar del Valle Galindez Meléndez y Maritza del Carmen Lugo, basándose en el artículo 8 de la Ley Penal del Ambiente.

La prensa nacional reseñó de manera escueta este caso, aunque en el medio ambientalista se esparció como un secreto a voces. En su momento, la imputación contra Inversiones Alazán GAC pasó bajo la mesa, a diferencia de otras operaciones más recientes, como la muy vociferada que se practicó en los galpones, llenos de guacamayas y tucanes, del kilómetro 14 de la carretera Petare-Guarenas. El 25 de agosto reciente, el fiscal general Tarek William Saab ordenó investigar una presunta red de contrabando de aves a partir de una denuncia difundida en redes sociales.  

Se solicitó una versión a las fiscales ambientales de Portuguesa, Willmar Galindez y Maritza del Carmen Lugo. Hasta el cierre de la edición no se había recibido respuesta. 

Tras las imputaciones por contrabando y caza ilícita, Inversiones Alazán GAC mantiene sus operaciones como si los señalamientos por la incautación in fraganti de las 62 especies en Portuguesa nunca hubiesen ocurrido. De hecho, ha recibido el reconocimiento presidencial por parte de Nicolás Maduro.

En junio, el presidente de Inversiones Alazán GAC, Antonio José Ramírez Varela, fue invitado al espacio de televisión, Con Maduro, en su sexta emisión, que el propio mandatario conduce todos los lunes, para hablar de las bondades del programa de conservación del caimán del Orinoco en alianza con el Minec. Ramírez, quien fue presentado como “especialista” y “doctor” del Zoocriadero Alazán, explicó detalles del proceso de incubación de los cocodrilos venezolanos. Con manos enguantadas tomó un pequeño reptil de seis meses y, en vivo frente a las cámaras, le implantó con una inyección un microchip que permite rastrearlo en ambientes naturales. Propuso que Maduro inyectara al animal. “No, no, yo voy a hacer sufrir a este animalito… No se pongan a inventar. Deja el farandulerismo, hazlo tú mismo”. Al aire, Maduro lo llamó “Antonio, el inventor”. Mientras, Ramírez, nervioso, llamó dos veces “ministro” a Maduro.

Con piel de conservacionista

La imputación por los delitos de contrabando agravado y caza ilícita tampoco detuvo las actividades de la finca La Birmania, donde funciona el Zoocriadero Alazán. Se ubica a unos 190 kilómetros de San Cristóbal, capital del estado Táchira, en una zona boscosa de Los Andes suroccidentales a la que no resulta fácil llegar por el estado de la carretera.

Un letrero, con el nombre de Zoocriadero Alazán y con un logo que incorpora el dibujo de una guacamaya sobre una herradura y las ocho estrellas de la bandera nacional, despeja las dudas sobre lo que opera en el lugar. Habitantes de la vecina población de Abejales, a los que se consultó para este reportaje, dijeron que nunca han logrado entrar al “zoológico” porque sus dueños lo prohíben por consideraciones de seguridad de los animales.

Quienes sí han logrado conocerlo confirman que adentro de la finca hay “de todo”, como una pequeña arca de Noé. Según lo describen, en los galpones y jaulas se ven dantas, chigüires y venados, pero también ejemplares de avestruces, estas como muestras de fauna extranjera. Además hay guacamayas, tucanes de diferentes especies, osos palmeros, puercoespines, morrocoyes, monos, pavas paujiles, faisanes alemán y francés, pavorreales, gallos cubanos, patos, gansos, caimanes, cunaguaros y hasta un caballo español. Conviven con corrales de ganado y una unidad de siembra. Hay un área con fauna exótica, que permanece vedada a cualquier visitante. En un rincón se amontonan cajones de madera, rotulados y con orificios, que sirven de jaulas para los traslados. 

Los animales silvestres no se ofrecen a la venta, al menos, no al público en general. Los encargados explican que muchos animales que llegan allí son producto de rescates. También los hay que fueron trasladados por el convenio con el Ministerio de Ecosocialismo y otros que vienen “de gente que se cansa de tenerlos en su casa”.

La finca La Birmania es propiedad de José Pepe Ramírez, hijo de uno de los fundadores de Abejales; este último fue dueño de 3.000 hectáreas de tierra que se repartieron entre los hijos tras su muerte. En 2019, Pepe convirtió el lote que le correspondía en zoocriadero. Allí se encuentra la vivienda familiar que comparte con su esposa, Lesbia de Ramírez. 

Antonio José Ramirez Varela es el presidente de Inversiones Alazán GAC. Con sus hermanos, Geraldin Birmania Ramírez de Aleta y Carlos José Ramírez Varela, hijos de Pepe y Lesbia, registraron la empresa el 8 de diciembre de 2017 en San Cristóbal, Táchira, como compañía comercial. Funciona como un zoocriadero para la “reproducción, cría, comercialización, importación, exportación, intercambio y aprovechamiento de aves y mamíferos exóticos”. El expediente mercantil, por cierto, no menciona reptiles.

El mismo año en que Venezuela entró en hiperinflación, los hermanos Ramírez abrieron esta empresa con un capital de 50 millones de bolívares (unos 15.000 dólares al cambio de diciembre de 2017). No aparece en el Registro Nacional de Contratistas (RCN), como obliga la Ley de Contrataciones Públicas. 

Ramírez, quien en su cuenta de Instagram se revela como graduado de la Escuela Nacional de Administración de Hacienda Pública (Enahp)-Instituto Universitario de Tecnología, ha sido funcionario público al menos en cuatro ocasiones. En 2013, 2014 y 2015  fue designado como técnico suplente de la Comisión de Contrataciones Públicas de la Vicepresidencia de la República. En 2016 ocupó el mismo cargo pero en el Ministerio para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.  Desde 2021 forma parte de la nómina del Ministerio para las Comunas, según su ficha del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Llamativo: en las cinco ocasiones en que ocupó cargos públicos, la máxima autoridad tanto en la vicepresidencia como en los dos ministerios donde ha trabajado era Jorge Arreaza Monserrat, quien ha ejercido diversos puestos altos en los gobiernos de Hugo Chávez -de quien fue yerno- y Nicolás Maduro. 

Inversiones Alazán GAC de Táchira es aliado comercial del Zoocriadero Patrulleros de Chávez, adscrito al Minec. Ubicado en Puerto Miranda, municipio Camaguán del estado Guárico, en los Llanos centrales, Patrulleros de Chávez está encargado de un programa de rescate del caimán del Orinoco, una de las especies de cocodrilo con mayor riesgo de extinción en el mundo según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. Ambos establecimientos, separados por más de 800 kilómetros de distancia, están situados en biomas tan distintos como Los Andes y Los Llanos. Pero el nexo institucional que los une existe al menos desde febrero de 2021, cuando Ramírez apareció junto al fallecido exministro de Ecosocialismo, Oswaldo Barbera, en las instalaciones del Zoocriadero Patrulleros de Chávez.

Inversiones Alazán GAC comenzó a posicionarse de manera pública en esa tan particular categoría de negocios desde 2021. El 2 de agosto de ese año, participó en el II Encuentro Nacional de Zoológicos, Zoocriaderos y Acuarios en el Zoológico de Caricuao en Caracas, junto a instituciones conservacionistas de larga trayectoria. Dos años antes, los zoocriaderos habían obtenido el mismo estatus de los zoológicos y acuarios a través del decreto No. 3.749,  por lo que cambió el nombre de la Fundación Nacional de Parques Zoológicos,  Zoocriaderos y Acuarios (Funzza), adscrita al Minec. 

Algunos expertos consultados consideran que esta incorporación equipara favorablemente a las tres entidades como centros de conservación; otros, en cambio, lo interpretan como una maniobra para tener el control de toda la cadena con fines comerciales.

Los zoocriaderos, entendidos como los establecimientos para reproducir especies animales no domésticas con fines de consumo, repoblamiento o investigación, cumplen una función fundamental en la conservación de la fauna silvestre. En el caso de Venezuela, deben cumplir una serie de exigencias establecidas por el Minec para autorizar su funcionamiento, medidas que para muchos ambientalistas quedan en entredicho con el ejemplo de la alianza entre Inversiones Alazán y Patrulleros de Chávez.

En todo caso, Inversiones Alazán GAC cuenta con el beneplácito de las autoridades ambientales, junto a las que se retrata. En noviembre de 2021, Ramírez recibió, al lado del ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca, y de la entonces directora general de Diversidad Biológica, Carliz Díaz, 14 walabíes australianos y 2 grullas coronadas, procedentes de Portugal, con el fin de “consolidar el Sistema Nacional de Zoológicos y Zoocriaderos”, conformado por 18 zoológicos y seis zoocriaderos en el país.

Fauna exótica for export

Inversiones Alazán GAC también exporta cientos de animales silvestres identificados como especies vulnerables por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (International Union for Conservation of Nature, IUCN), que coordina la Lista Roja de especies amenazadas en el mundo. El año pasado vendió guacamayas, reyes zamuros y tucanes a República Dominicana, Líbano, Indonesia, Tailandia, Estados Unidos y Bangladesh. Todas las aves fueron transportadas por vía aérea, según bases de datos de comercio internacional como Pangiva, Importgenius y 52WMB. 

Al mismo tiempo que Patrulleros de Chávez e Inversiones Alazán GAC liberaban en mayo de 2023 los primeros 175 caimanes del Orinoco del programa de rescate en el Hato San Francisco, estado Apure, la misma compañía registrada en Táchira exportó, entre febrero y octubre de 2022, 491 aves exóticas sólo a Bangladesh, según la aduana del país surasiático. Entre ese lote enjaulado, había 208 rey zamuros, 181 tucanes, 88 cotorras cariamarillas y 22 trompeteros. 

En 2021, cuando Inversiones Alazán GAC apenas comenzaba a alzar vuelo como empresa aliada de programas conservacionistas en Venezuela, exportó a Bangladesh 130 aves exóticas según reportes de la Jefatura de Conservación de Bosques de ese país. La lista de 25 tucanes pico acanalado, 25 tucanes pecho blanco, 30 tucanes pico de canoa y 50 tucanes arasarí cuellinegro provenientes de Venezuela, estaba amparada bajo el apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES, grado que identifica la posible amenaza de extinción de la especie si no se controla estrictamente su comercio.  

La reportera de Armando.info solicitó entrevistas a Josué Lorca, ministro de Ecosocialismo (Minec); Juan Carlos Santander Torres, director general de Diversidad biológica del Minec; Carlis Diaz, presidenta de la Fundación de Zoológicos, Zoocriaderos y Acuarios (Funzza); Juan Diego Ramírez Luna, director de la Unidad Territorial para el Ecosocialismo (UTE) de Táchira; y Antonio Ramírez Varela, presidente de Inversiones Alazán GAC. En ningún caso se habían obtenido respuestas para incorporarlas al presente reportaje. Sin embargo, la funcionaria Carliz Díaz ofreció conceder una cita en fecha posterior; en caso de concretarse la entrevista, esta publicación será actualizada.

“Me dijeron que solo iba a trabajar para sostener a la familia”, dice el joven. Recuerda que los hombres lo llevaron a un campamento en la selva, a varias horas de distancia, y ahí vivió durante dos meses. Pero había una trampa. 

“Cuando me quise ir ya no podía porque me dijeron que ya me estaba integrando al grupo, que era parte de las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia]. Ahí comencé la vida guerrillera”, dice. "Traía la droga de Colombia a Venezuela”, cuenta A. "De Venezuela la distribuyen en aviones”. 

El pueblo indígena al que pertenece A., los Warekena, del que solo quedan unos pocos cientos en el estado Amazonas de Venezuela y el norte de Brasil, se encuentra entre los amenazados por el desplazamiento debido a la violencia. La minería ilegal de oro y la presencia de grupos armados se han ido expandiendo a sus territorios ancestrales mientras arrasan con los recursos naturales. La Unesco ha advertido que el idioma warekena podría desaparecer. 

Isla secreta

Al principio, la presencia esporádica de los guerrilleros en la pequeña comunidad de los warekena pasó inadvertida. Pero pronto se quedaron y comenzaron a dar órdenes, a controlar quién podía entrar y salir de la zona. Se hicieron cargo de la justicia local y de la aplicación de castigos, que iban desde advertencias hasta la expulsión por delitos como el robo. Imponían restricciones a la pesca y patrullaban la zona con gente armada.

A medida que los guerrilleros se atrevían cada vez más a atraer a los menores indígenas a sus campamentos, unas pocas docenas de familias warekena solo vieron una opción: escapar. El tío de A., F.*, un líder warekena de 55 años, creó un plan. Organizó lo que dijo sería un viaje de pesca comunitaria en el cercano Orinoco pero, en lugar de regresar a casa, el grupo se instaló en una pequeña isla rocosa, una de las cientos que hay cerca de la orilla colombiana del gran río. Bajo un sol por lo general abrasador, los warekena construyeron su propio campo de refugiados. 

Una mañana, nublada pero sofocante, F. llevó al reportero a bordo de una canoa por el borde de un bosque inundado hasta que la amarró a un enorme afloramiento rocoso que formaba una isla. A pocos pasos de distancia estaba un refugio temporal que, por ahora, hace las veces de su hogar: una choza improvisada, construida con lonas de plástico verde, bolsas de basura y restos de madera. 

Sentado en un tronco, describe cómo su sobrino A. se vio poco a poco atrapado en la vida guerrillera en 2016. “Le agarraron primero de motorista”, dice. “Le dieron comida a su familia, a sus padres. Endulzaron a la familia. Y, finalmente, él se quedó”.

F. ve poco probable que la ocupación guerrillera termine. “No se van a ir”, dice. Sin embargo, añade, dubitativo: “En una parte tiene algo de bueno”. 

El grupo guerrillero paga a los maestros, cuyo salario –cuando les llega del gobierno– se ha desplomado. También ayuda con combustible para transportar a los enfermos al hospital y castiga a los ladrones y delincuentes. La esposa de F. está cerca, preparando café en leña, y al escuchar las palabras de su esposo expresa su desacuerdo. “Son malos”, dice, “porque sé que se llevan a los hijos de uno”.

Tres hombres y dos mujeres jóvenes de la comunidad se fueron con los guerrilleros, pero solo A. –sentado al lado de su tío– regresó. Dos años después de huir, las familias subsisten con peces y cultivos que producen en pequeños huertos. La vida en la isla no es fácil, pero F. no está dispuesto a quedarse quieto mientras los guerrilleros arrebatan los jóvenes de la comunidad a sus familias.

“Por eso nos vinimos”, dice. 

Tiene una preocupación persistente: su santuario todavía se encuentra en territorio guerrillero. Aún así, ve la isla como un refugio. Pero solo por ahora.

“Mientras yo no haga nada malo, no le tengo miedo a nadie”, confía. 

Campamentos guerrilleros, un espejismo de lujo

Para los jóvenes en las zonas rurales de Amazonas, los grupos guerrilleros les ofrecen la ilusión de una vida mejor y los atraen con comodidades poco comunes en sus comunidades. hasta que pasan el punto de no retorno.

“Es como un hotel. Ahí comen la mejor comida”, dice E.,  un indígena de 30 años del estado Amazonas, que trabajó tanto para los disidentes de las FARC (facción que no se unió al acuerdo de paz entre la antigua guerrilla y el gobierno colombiano en 2016) como para el ELN (Ejército de Liberación Nacional).

E. comparte sus recuerdos con el reportero en un lugar distinto a la isla, que en este texto no se identifica por protección. Relata que pilotó lanchas, transportó tropas, drogas y armas. Sonríe al recordar el campamento donde vivía con otras 100 personas, en casas de madera que construyeron. Había neveras llenas de carne, médicos para atender a los enfermos o heridos y televisión satelital. “Viven relajados viendo películas”.   

La relativa calma y seguridad de Venezuela, donde estos grupos no son perseguidos por las fuerzas de seguridad del gobierno, contrasta fuertemente con la vida en Colombia, donde los escondites, construidos de forma improvisada bajo la espesa selva antes de que el sol se ponga, son parte de la rutina diaria.

Pero para quienes están en Venezuela, la buena vida no necesariamente perdura. Los combatientes rotan cada dos meses y algunos son enviados a Colombia, donde viven bajo el mando estricto de comandantes y entre combates. Los reclutas colombianos de la guerrilla también pasan por campamentos venezolanos. “Llegan alegres”, dice E. “Aquí uno vive como un rey”.  

Por su parte, A. fue reclutado por las FARC cuando aún era menor de edad y se convirtió rápidamente en combatiente. Fue enviado a Colombia y rotó entre unidades de combate en zonas de conflicto como Guaviare, Arauca y Cauca. Este último, un departamento que queda cerca de Ecuador, a unos 900 kilómetros de la frontera con Venezuela.

A veces, pero con muy escasa frecuencia, ocurren combates en la vertiente este de la frontera, entre las disidencias de las FARC y las fuerzas de seguridad venezolanas. Según A., las fuerzas del gobierno que están en la zona fronteriza “tienen relaciones con la guerrilla, pero los que vienen del centro [del interior del país] llegan y combaten”.  

A. pronto descubrió que la buena vida era, más que nada, un espejismo. Cuenta que a veces, luego de haber sido enviado a cobrar impuestos o extorsiones a los mineros ilegales de oro, veía que un guerrillero de alto rango robaba parte del dinero y hacía que A. asumiera la culpa. “Algunos comandantes no dejan que progrese al que le va bien”, dice. “Intentan matarlo hasta que lo matan”.

La membresía en las FARC suele durar toda la vida; en cambio, el ELN permite a sus integrantes abandonar el grupo bajo ciertas condiciones. Sin embargo, el reclutamiento forzado suele ser raro. Con pocas opciones de ganar dinero en sus comunidades, así como de conseguir alimentos, los jóvenes se sienten fácilmente tentados a ir a los campamentos. Eso si sus padres no los han enviado antes. Quienes son reclutados suelen tener alrededor de 15 años, aunque algunos son más jóvenes. 

Como en el caso de A. y E., a menudo la incorporación de estos jóvenes al grupo comienza con trabajos ocasionales, como el de navegar en embarcaciones. Entrenan con una pistola falsa de madera durante unos tres meses antes de recibir un arma de verdad. 

“En la comunidad tú ves unos pelaítos con fusil de palo”, dice E., usando un coloquialismo colombiano para referirse a los niños. “Desde el más chiquito hasta el más grande carga su fusil de palo, jugando”. Con tres hijos que alimentar, E. dice que en la guerrilla vio su única oportunidad para hacer dinero. “Yo trabajé ahí por necesidad. Por eso es que trabajé con ellos”. 

“Casas de drogas en todos lados”

Venezuela no es un productor importante de coca, la materia prima de la cocaína. Pero como vecino de Colombia –el mayor productor de cocaína del mundo–, el país se convirtió en un canal clave para la exportación de ese suministro. También se volvió un centro de procesamiento, con laboratorios de droga ocultos en la selva, donde se produce una gran cantidad de cocaína destinada a los mercados internacionales.

“Eran casas de drogas por todos lados”, dice E. “Son casas donde ellos almacenan las drogas que van para Brasil”. 

Los habitantes de Amazonas a veces se despiertan con el ruido de aviones que vuelan a baja altura. Varias fuentes, incluidos funcionarios colombianos, pobladores de la zona que vivieron entre los guerrilleros, y los mismos E. y A., dicen que frecuentemente salen vuelos con cocaína hacia países de Centro y Sudamérica, como Panamá o el vecino Brasil. Según A., los aviones son cargados y abastecidos por la tarde, y despegan alrededor de las cuatro de la mañana. “Ellos andan de noche”.

A E. le tocó transportar cocaína hasta una pista de aterrizaje clandestina a dos horas de su comunidad natal. “El que lleva la droga no es de la guerrilla. La guerrilla está en el puesto, la monta en el avión, la custodia. Los que llevan la droga son los traquetos”, dice, usando un término, también colombiano, que se refiere a los narcotraficantes. 

Según los dos indígenas, los laboratorios de cocaína están diseminados por todo el estado venezolano de Amazonas. Cuando se han almacenado grandes cantidades de droga  –hasta cientos de kilos–, se ordena la salida de cargamentos, que no siempre van en avión. Los traquetos también realizan largos viajes en barco para pasar la droga a Brasil.

E. perteneció a un grupo de unos 10 traquetos que hacían viajes frecuentes de contrabando. Cuando uno llegaba a su destino, partía otro. Los ingresos de los envíos se repartían entre las disidencias de las FARC y el ELN, antiguos rivales, que ahora tienen un pacto para repartirse las ganancias, siempre según E.

En sus viajes por el río Negro, afluente del Amazonas, hacia la ciudad brasileña de São Gabriel de Cachoeira, lo acompañaban alrededor de ocho guerrilleros armados con fusiles automáticos y, a veces, con uniformes, pañuelos rojos y una bandera roja y negra.

 “Una vez llevé un cargamento de 530 kilos”, dice E. “Iba marihuana, iba cristal, como le dicen al perico [cocaína], y varios tipos de mercancías”. Las fuerzas de seguridad venezolanas, agrega, nunca los detuvieron.

En Brasil, grandes organizaciones del crimen se encargan de la droga y la distribuyen a compradores de todo el país, para exportarla al por mayor a Europa y África. Pero E. dice que nunca se reunió con miembros de bandas brasileñas de narcotraficantes . En cambio, afirma, sí entregó droga a oficiales brasileños corruptos.

Antes de que su barco alcanzara São Gabriel de Cachoeira, llegaron tres o cuatro policías uniformados, según E. “Esperan hasta que oscurece para montarlo al otro bote”, dice. 

Los medios locales han informado de varios casos de funcionarios policiales brasileños involucrados en el tráfico de drogas en el Amazonas. La región ha experimentado un significativo aumento de las incautaciones de droga y se ha convertido en una importante ruta de tráfico desde la pandemia de la Covid-19.

El atractivo de las economías ilegales

El narcotráfico no es el único negocio lucrativo de las disidencias de las FARC en Venezuela. Aunque la minería fue prohibida en Amazonas por decreto presidencial en 1989, las minas ilegales de oro dejan cicatrices en la selva, en varias partes del estado, incluida la frontera con Brasil y las mesetas características del Escudo Guayanés, conocidas como tepuyes, en el Parque Nacional Yapacana. 

Durante el tiempo que estuvo en la guerrilla, uno de los trabajos de A. consistía en recaudar dinero por protección –es decir, cobrar vacunas– de cada concesión minera en el Parque Nacional Yapacana y la zona llamada de La Esmeralda, sobre el Alto Orinoco, también en el estado Amazonas.

“La regla fija era un kilo de oro por cada minero”, dice. “Tiene que estar completa la vacuna para entregarla a El Viejo”, es decir, el comandante.  Si los mineros no pagaban, él los llevaba al comandante, dice, y agrega: “A algunos los mataron”.

Las disidencias de las FARC han convertido el estado Amazonas en una potencia económica, de donde proviene financiamiento para sus operaciones en Colombia o en cualquier otra parte de Venezuela. 

“Ahorita no están trabajando más por el pueblo, como dicen, sino por la guerra, por las rutas del narcotráfico”, dice A. “Como dicen ellos, según algunos, ya no es más por política. Están peleando por las rutas de la coca, la minería y todo eso”.

El resultado es una economía ante cuyos atractivos a los jóvenes les cuesta resistirse.

“La falta de recursos económicos en las zonas indígenas y mineras ha sido la oportunidad perfecta para maniobras de convencimiento por parte de los grupos irregulares que venden una política de desarrollo y seguridad”, dice un maestro indígena y líder comunitario. “Al mismo tiempo, el manejo de moneda extranjera en grandes cantidades ha provocado la aceptación de estos grupos irregulares en comunidades y zonas mineras, bajo el conocimiento del gobierno”.

La guerrilla es generosa con regalos para los jóvenes. “Les dan cosas, motos, incluso comida, y esto les genera una deuda”, dice un experto en educación en el estado de Amazonas.  “La forma de retribuir esos regalos es juntarse a ellos. Antes de que se den cuenta, ya hacen parte de una organización criminal”.

En San Carlos de Río Negro, una pequeña localidad venezolana a orillas del río del mismo nombre, que limita con Colombia y se conecta con Brasil, la mayoría de los estudiantes han abandonado la escuela. En el año escolar 2020-2021, 204 niños se matricularon, pero 50 dejaron los estudios por razones desconocidas, otros 50 fueron reclutados por “grupos irregulares” y 34 se fueron a trabajar en las minas de oro. El siguiente año escolar, solo 70 niños se presentaron. 

Un alto funcionario del estado Amazonas, que pidió no ser identificado, admite que muchos estudiantes y maestros abandonaron la escuela para trabajar en las minas o unirse a grupos armados. 

“Hay abandono estatal y entran a estas actividades ilegales”, dice, y agrega que el Estado carece de recursos para visitar comunidades a las que solo se puede llegar en avión o por río, lo que a veces exige semanas de viaje.

En la isla rocosa del río Orinoco que hoy sirve de refugio a los suyos, A. –el joven warekena que ahora tiene 20 años– sabe que tuvo suerte. Cuando fue capturado por la Armada colombiana en el río Inírida, los oficiales no sabían qué hacer con un combatiente extranjero, menor de edad e indocumentado. Un teniente le dijo a A. que era demasiado joven para ir a la cárcel y que si declaraba que se había entregado voluntariamente, lo dejarían libre.

Sentado en un tronco, F. -el líder de la comunidad– mira a su sobrino y suspira. 

“Yo no les obligo a estar porque son mayores de edad”, admite F. sobre los jóvenes de la comunidad que han dejado de ser adolescentes. Sabe que el traslado a la isla no cambió las condiciones que llevaron a A., y a otros como él, a los campamentos guerrilleros. Escapar de su comunidad no es una solución a largo plazo.

Mira por encima del río hacia la selva venezolana, del otro lado.

“La puerta está abierta”, dice. 

*A., F., y E. son iniciales de nombres ficticios. Los nombres reales de los testimoniantes fueron omitidos para proteger sus identidades.

Pero la turbiedad del agua en este río serpenteante, aún rodeado por espesos bosques, es una señal de que los mineros no se han ido.

En una playa, un par de hombres ensamblan enormes piezas metálicas de color verde. El movimiento de vehículos pesados cargados de alimentos y gasolina es habitual, pero el traslado de plataformas ha sido la comidilla del pueblo. 

Después del punto de acople de la barcaza minera, otras tres enormes balsas funcionan de forma continua. Son operadas por guyaneses que han introducido plataformas descomunales para dragar el lecho de los tributarios de la cuenca alta del río Caroní, el principal generador de hidroelectricidad en el país. Ya antes se han visto balsas de este tipo, que se usan regularmente en Brasil y Colombia, así como otras más rudimentarias en el Parque Nacional Canaima, pero es la primera vez que se documenta su actividad a gran escala en esta parte casi inaccesible del estado Bolívar.

Los llaman misiles por la fuerza con la que excavan el fondo del cauce. Pero en nada se parecen a los proyectiles autopropulsados con objetivos bélicos; más bien lucen como una casa flotante en medio del río, que obliga al conductor de la embarcación a maniobrar para continuar el rumbo. Operan ilegalmente día y noche. Sus estructuras son tan amplias que además de los equipos pesados para golpear el lecho del río y succionar el material desprendido para tamizarlo en la superficie, tienen espacio para que hasta cinco operarios se muevan con facilidad y cuenten con área de descanso. 

La zona de Ikabarú se encuentra en un confín selvático rodeado por una variedad de grupos armados que operan al norte y este de la selva de la Guayana venezolana: guerrillas y bandas delictivas conocidas como sindicatos o sistemas, que se han repartido el control de yacimientos mineros en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, y que financian sus operaciones con las rentas que obtienen de la extorsión y el tráfico de minerales, drogas y armas. 

La presión sobre estos frágiles ecosistemas y el nativo pueblo pemón viene también de los garimpeiros, que trabajan la minería en suelo brasileño, a escasos 12 kilómetros al sur. En el propio Brasil, también han penetrado tierras ancestrales del pueblo yanomami, que se reparte a ambos lados de la frontera venezolano-brasileña.

Los ciudadanos venidos desde la vecina Guyana son otros de los actores foráneos atraídos por las riquezas de Ikabarú, uno de los últimos puntos de la cuenca aurífera del sur del país que no han sido tomados por las organizaciones criminales.

La actividad ilegal de mineros y grupos delictivos no solo amenaza la vida de las comunidades indígenas. Esta zona de la Amazonía venezolana alimenta al Caroní, segundo río más importante de Venezuela y principal fuente de hidroelectricidad del país. La importancia estratégica de esta área es tan crítica que en 1975 un decreto presidencial la declaró Zona Protectora Sur del estado Bolívar. En 1992 se creó la Reserva Nacional del río Ikabarú con el fin de proteger aún más esta fuente de agua.

En este contexto, Ikabarú es como una isla en un océano de criminalidad. Desde mediados de la década del 2000, grupos armados estatales y no estatales compiten violentamente por el control de las zonas mineras en el sur de Venezuela. La mayor presión se ha concentrado en Bolívar, el estado con la mayor porción de la Amazonía venezolana y el más extenso del país, donde masacres, desapariciones y violaciones de Derechos Humanos han sido documentadas por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). 

La violencia ha alcanzado un pico en los años de mayor depresión de la producción petrolera, la principal fuente de ingresos de la nación con las reservas probadas de crudo más grandes del mundo. Urgido por la necesidad de generar fuentes de ingreso, el gobierno de Nicolás Maduro creó en 2016 el Arco Minero del Orinoco, con la pretensión de “reordenar” la minería en el sur de la nación. Pero este propósito no cristalizó y la minería ilegal se expandió con la participación de grupos armados irregulares, que ejercen una gobernanza criminal.

A Ikabarú se llega luego de recorrer una tortuosa carretera de tierra que, en lugar de acceso vial, parece el lecho rocoso de un río desecado. Está en el sector VII del territorio indígena pemón en el municipio Gran Sabana al sur del estado Bolívar, a ocho horas aproximadamente de Santa Elena de Uairén, la principal localidad de esa jurisdicción, y muy cerca de la frontera con Brasil. 

A medida de que uno se acerca a Ikabarú, comienza a ver indígenas con detectores de metales al borde de la trocha, esperando el sonido que alerta sobre la presencia de oro. El nuevo negocio en auge en la comunidad es el alquiler de los equipos para la detección de metales, al precio de una décima de gramo de oro por día. La búsqueda ocurre entre innumerables montículos de tierra extraída de zonas ya explotadas principalmente en los años noventa, cuando el Estado llevaba las riendas de la minería bajo el régimen de concesiones. El paisaje ha sido alterado por la minería artesanal: las aguas de riachuelos como el Chaveru, antes cristalinas, están ahora revueltas y fangosas por los sedimentos exacerbados del relave de las minas.

Mientras la capitanía indígena intenta reforzar los controles de acceso para evitar la incursión de garimpeiros y mineros en general, los planes de expandir la explotación minera bajo las riendas del propio pueblo indígena comienzan a tomar forma. Muchos pemones quieren abrir la puerta a la explotación legal. Su propuesta es legalizar la extracción de minerales para consignar ellos directamente el oro al gobierno de Nicolás Maduro. "Ya no queremos escondernos o pagar vacuna, sino lo debido", dice el capitán general, Juan Gabriel González.

El interés por la extracción minera ha generado conflictos internos entre los pemones, pues también es cierto que buena parte de esa comunidad la rechaza por la destrucción ambiental y las amenazas sobre la identidad cultural que conlleva. Por ahora, el desacuerdo y las amenazas latentes que se podrían agudizar con el aumento de la minería parecen no preocuparle tanto a la autoridad tradicional. "Este es nuestro territorio y lo vamos a mantener".

A diferencia de otras zonas mineras en el sur venezolano, el pueblo indígena pemón en Ikabarú tiene en sus manos desde abril de 2013 un título de propiedad colectiva que abarca 597.982 hectáreas de tierra. Pero el reto de los grupos criminales y la llegada de garimpeiros desplazados desde Brasil tornan espinosa y lejana la posibilidad de llevar adelante la idea de que sólo los indígenas exploten las riquezas de Ikabarú.  

La actividad minera es el principal sustento económico en Ikabarú desde hace décadas. En la localidad, de población mayoritariamente criolla o no indígena, los avisos de venta de dulces y pan se mezclan con los de compra de oro y diamante, así como los de venta de gasolina, gasoil y generadores eléctricos, entre otros suministros requeridos por la minería. 

Para llegar al puerto Los Caribes, punto estratégico de la actividad minera en el río Ikabarú, hay que recorrer más de dos horas por una vía empedrada que hace casi imposible el acceso. Desde allí, a bordo de una embarcación a motor, se constata la extracción minera en tierra y agua. Una de las imágenes más llamativas es la de los misiles que puntean el río y en cuyos amplios tamices, parecidos a toboganes, se desliza sin parar el material succionado desde el lecho del río.

El primer misil que se encuentra, cuando ha quedado atrás la plataforma en construcción, es operado por un grupo de guyaneses, cuyo campamento está a escasos kilómetros. “La capitanía tiene total conocimiento de esas balsas de guyaneses y brasileños. Ellos son los que tienen los equipos más grandes”, dijo un indígena pemón de la comunidad de Playa Blanca, que pidió mantener su nombre en reserva.

Delgados tributarios del Ikabarú, de color ámbar, muestran el impacto de estas máquinas al unirse con el espeso y revuelto río, en cuyas orillas habitan al menos una decena de comunidades indígenas. Tanto en las explotaciones en tierra como en las balsas, usan el tóxico mercurio para aglomerar las partículas de oro extraídas. Ese metal pesado de alta volatilidad luego retorna al aire en forma de vapor, se deposita en el suelo o va a dar al agua, donde se transforma en metilmercurio y se acumula en los órganos de los peces de los que, a su vez, se alimentan los indígenas.

“Sabemos que esto es ilegal y que dañamos el ambiente”, reconoce un miembro de un consejo comunal en proceso de creación en el puerto de Los Caribes. Esta organización no indígena, amparada en la Ley de Consejos Comunales, es otro de los factores en conflicto en el territorio, pues la capitanía indígena sostiene que los criollos han querido interpretar a su conveniencia los reglamentos que rigen los consejos comunales. De acuerdo con la norma, se trata de instancias de participación para la ejecución y control de políticas públicas, así como de proyectos de desarrollo comunitario, pero la capitanía indígena señala que quienes promueven el consejo comunal lo hacen para controlar la minería y saltarse las normas de la jurisdicción indígena. 

Al menos en algo están de acuerdo aborígenes y criollos: al igual que los indígenas que apoyan la minería, el representante del consejo comunal en ciernes justifica el control de la seguridad y el acceso a las minas. Ante la falta de Estado, los promotores del consejo comunal en el puerto de Los Caribes han tomado la ley en sus manos redactando "actas de expulsión" contra personas que ingresan "a portarse mal": cometer abusos o generar violencia.

El activista comunal que declara para este reportaje asegura que el impacto ambiental de las balsas es mínimo. Pero, en realidad, su operación tiende a cambiar el perfil topográfico del lecho del río a largo plazo e incrementa la cantidad de sedimentos en circulación y la química del agua, provocando una disrupción total del sistema ecológico fluvial, incluidas los ciclos reproductivos y de crecimiento de los peces, explicó la especialista en ecohidrología fluvial, Judith Rosales. Sin embargo, esta visión sobre una presunta extracción inocua beneficia tanto a los mineros en tierra como a los que operan balsas en el río. Unos y otros saben que el Ikabarú es un enorme reservorio de oro y diamantes. 

Un estudio de 2021, publicado en una revista del Ministerio de Ciencia y Tecnología, posiciona a Ikabarú como el territorio del estado Bolívar con mayor potencial diamantífero. La mayoría de los diamantes de Ikabarú, explican los autores del estudio, son de alto valor, pues presentan la forma cristalográfica de octaedros, con altos porcentajes de talla, superior a 60%. 

Ramón S., de 31 años, es uno de los pocos mineros en Ikabarú que hablan de la extracción diamantífera. Mientras espera en el puerto de Los Caribes una embarcación que lo lleve a la mina más cercana, saca de su bolsillo un pequeño envase de plástico y vacía sobre su mano diamantes diminutos de formas perfectas.

Venezuela registró entre 2004 y 2010 una producción promedio anual de cerca de 18.000 quilates de la gema, reportados ante el llamado Proceso Kimberley, un acuerdo voluntario en el que participan 82 países en la búsqueda de estándares mínimos para el suministro de diamantes libres de conflicto. Los países participantes se comprometen a poner en práctica controles internos y publicar su comercio anual de diamantes, además de ser transparentes en cuanto a la información sobre producción y comercio. Por la imposibilidad de monitorear el origen de las piedras, Venezuela salió del acuerdo en 2008, pero volvió en 2016. En 2020, el país reportó la producción de 794 quilates en el portal del sistema de certificación internacional. Pero en un territorio donde la informalidad es la norma, la explotación es ilegal y un grueso de la producción escapa de las estadísticas oficiales, esas cifras no resultan confiables. De hecho, Venezuela no ha presentado los reportes correspondientes a 2021 y 2022. 

Pese a la ilegalidad que envuelve a la minería en Ikabarú, la Corporación Venezolana de Minería (CVM), el ente estatal rector en el país, ha llegado a un acuerdo verbal de suministro de insumos. Como en estos puntos mineros los precios se establecen en oro, la CVM vende un bidón de 230 litros de combustible -necesario para los equipos de extracción- en 6,5 gramos de oro.

El rastro de la masacre de 2019

Otras amenazas se ciernen sobre Ikabarú. Aunque las organizaciones criminales no han tomado el control de este territorio, como en otros municipios mineros del sur de Venezuela, ya lo han intentado.

Es viernes por la noche y en el centro de la comunidad la prédica de un par de pastores evangélicos trae malos recuerdos a los pobladores. La escena revive el bullicio y los cantos de los días previos a la llamada masacre de Ikabarú, un ataque armado en el que fueron asesinadas ocho personas la noche del viernes 22 de noviembre de 2019. 

El suceso sirvió como aviso de que este territorio indígena había quedado en medio del fuego cruzado entre grupos criminales.

Aquella infausta noche, alrededor de las siete, una decena de hombres armados, vestidos de negro y encapuchados, dispararon contra un grupo de personas frente a un comercio. “Se te acabó el liderazgo, Cristóbal; esta es la banda de El Ciego”, gritaban los atacantes, según recuerdan los habitantes de la comunidad. El cadáver de Cristóbal Ruiz Barrios apareció un par de días después en las cercanías de Ikabarú. Ruiz era minero en un yacimiento conocido como La Caraota.

El Ciego, señalado como jefe detrás del ataque, es cabecilla de uno de los, al menos, siete grupos criminales con control de otras zonas mineras en la selva venezolana, donde operan con la venia de fuerzas estatales desde hace más de una década. Pero por las características del suceso de noviembre de 2019, dirigentes locales -indígenas y no indígenas- tendieron a descartar la autoría inicialmente atribuida a El Ciego y, en cambio, culparon de la masacre a fuerzas de seguridad estatales que buscaban camuflar sus propias intenciones: justificar una mayor militarización del territorio pemón y lograr, así, el control absoluto de las riquezas mineras. 

“De julio de 2016 a marzo de 2017 habían ingresado más de 8.000 mineros a Ikabarú, incluso caminando”, recuerda Lisa Henrito, capitana de la cercana comunidad indígena Maurak, sobre la carretera hacia Ikabarú. El secuestro de los habitantes de otra comunidad indígena vecina, Hachaken, por parte de hombres armados, obligó a que la guardia territorial indígena desalojara a 648 de esos mineros, precisa. “En ese grupo detectamos a siete sujetos de La Paragua [población del municipio Angostura del mismo estado Bolívar, pero más al norte] vinculados con El Ciego. Ya estaban asomando la cabeza”, afirma. 

“Esa masacre tuvo la intención de apoderarse de las minas y meter su personal, pero sabemos de dónde vienen esas intenciones, del mismo gobierno”, asegura el capitán general del sector VII del pueblo pemón, Juan Gabriel González, quien explica que en 2020, seis meses después de la masacre, miembros del grupo criminal lo contactaron. “Empezaron a escribirnos, que querían meter gente para controlar las minas, pero los rechazamos mediante un pronunciamiento con los consejos comunales. No aceptaremos esos elementos (...) [En los mensajes] decía que era El Ciego, que quería conversar conmigo”.

Apenas tres años después de la entrega del título de propiedad colectiva, por parte de la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación del Bloque Especial Ikabarú como parte del Arco Minero del Orinoco, aunque el área de 1.754 kilómetros cuadrados de extensión no fue incluida en el decreto de constitución del megaproyecto estatal minero, publicado en la Gaceta Oficial Nº 40.855. 

El reconocimiento de tierras al pueblo pemón no ha frenado la riada de la minería y las amenazas. La Misión internacional independiente de la Organización de Naciones Unidas resaltó, en un informe de septiembre de 2022, que “dada su posición estratégica y riqueza aurífera, los territorios indígenas en Gran Sabana y otros municipios colindantes han sido un foco de interés tanto para el Estado como para grupos armados criminales. La población indígena de estas zonas ha resistido estos intereses, lo cual ha dado lugar a conflictos y enfrentamientos violentos”.

Cuando la entrada masiva de personas a Ikabarú escaló, la capitanía indígena radicalizó las medidas para controlar el acceso y suspendió el libre ingreso. “El sector 7 Ikabarú se reserva el derecho de admisión a su territorio”, indica el documento de estadía temporal, que señala que este es un sector titulado, regido por reglamentos de carácter interno. Quienes desean entrar a esta zona deben solicitar una autorización en la capitanía general en Santa Elena de Uairén. 

Nueva oleada de garimpeiros

Por ello, el reciente desplazamiento de garimpeiros que llegan al territorio pemón desde Brasil ha encendido las alarmas. Mientras en el punto limítrofe que conecta a la localidad venezolana de Santa Elena de Uairén con la brasileña Pacaraima, las tiendas de campaña de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) reciben la masiva migración de venezolanos que salen del país, otros puntos informales, selva adentro, canalizan un reflujo en sentido inverso.

Se trata de una nueva oleada migratoria de garimpeiros. Ciertamente, la presencia de brasileños en el municipio Gran Sabana de Bolívar no es inusual. Por años han entrado a cuentagotas y su participación en la minería ha sido normalizada. “Los brasileños enseñaron a los indígenas venezolanos a sondear”, admite un habitante, en alusión a la técnica de exploración para analizar muestras de suelo y determinar la localización de los reservorios minerales. 

Pero en un contexto de minería sin control, con operativos militares anunciados por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y puestos en práctica para acabar con la minería ilegal en territorio yanomami, una nueva oleada de garimpeiros en suelo venezolano representa una amenaza para los pueblos indígenas en los estados limítrofes venezolanos de Bolívar y Amazonas. 

En las riberas del Ikabarú y de su tributario, el río Uaiparú, hay minas a cielo abierto con máquinas que retumban mientras fracturan la corteza terrestre. Estos equipos, los más potentes, suelen ser propiedad de brasileños, coinciden mineros consultados. Los estragos socioculturales y ambientales de estas minas generan críticas sobre el control territorial que la capitanía indígena, autoridad que otorga los permisos para las operaciones mineras, dice ejercer. “Hay capitanes demasiado permisivos que no están haciendo su trabajo, se han creado vicios”, sostiene un indígena pemón. 

El líder indígena, Juan Gabriel González, afirma que en Ikabarú hay brasileños trabajando desde hace más de 30 años, siempre bajo las reglas de la capitanía indígena. Con la presión de desalojo creada desde Brasil por las recientes operaciones militares, no obstante, un nuevo flujo de garimpeiros sin control ha empezado a entrar a Ikabarú por viejas trochas, como Sierra Beleza o La Leoncia, que conectan el estado brasileño de Roraima con la Gran Sabana venezolana.

“Han querido meterse a Ikabarú, pero los estamos rechazando. Han venido desplazados y desalojados, pero no permitimos que entren a nuestro territorio”, dijo González. Para conseguir su entrada, los garimpeiros han ofrecido financiar equipos mineros a habitantes de Ikabarú, a manera de carnadas. “Ya sabemos cuáles son los mecanismos que quieren usar para entrar a la zona y hemos cerrado los permisos”. Luego, agregó: “Estamos montando vigilancia, estamos alertas”.

Ikabarú es el destino de una cruzada en marcha. “Van ingresando a las comunidades, poco a poco, como una invasión pacífica”, advierte un habitante de la zona, que pidió mantener su nombre en reserva. Además de reforzar la seguridad, la capitanía indígena continúa organizándose para legalizar la extracción minera, pese a los conflictos internos que esta iniciativa genera y el impacto socioambiental que conlleva. Está por verse si los pemones lograrán un papel más fuerte en las operaciones. Pero, al menos por ahora, el control de los misiles y las máquinas más potentes y destructivas en las minas a cielo abierto está en manos de guyaneses y brasileños.