Solo fue en 2005 cuando se vinculó a la trasnacional suiza, que entonces firmaba sus primeras compras a futuro con las compañías estatales del aluminio, y justo cuando se negoció el financiamiento para desarrollar la Línea V de Alcasa por 685 millones de dólares. ¿Por qué entonces se le tendría que conocer en esos portones, sitios tradicionales de concentraciones obreras, siendo Wellisch un mercante ante de minerales? Porque algunas veces su oportuna intervención ha salvado la quincena de los trabajadores con dinero fresco que desembolsó a cambio de entregas a futuro, y con ese dinero, ha aplazado la fecha de quiebre de las usinas estatales.

Wellisch no lo esconde. El 23 de agosto de 2010 protagonizó un evento, sin duda inusual, en el Teatro Orinoco de Venalum. Entonces se presentó en una reunión de Control Obrero y reveló que había negociado contratos a futuro con Venalum por 180 millones de dólares y que la producción se entregaría en tres o cuatro años. En la reunión Wellisch aclaró que el representante de Glencore en Venezuela era Palmat C.A. Luego de dar respuestas a las demandas de los trabajadores, ofreció desde transporte para los hijos de los empleados hasta apoyar la unidad de quemados, como parte de su política de responsabilidad social empresarial.  

En 2007, sin embargo, el nombre de Wellisch sonaba menos a Mesías. Al menos era así en un informe que Carlos Lanz Rodríguez, el sociólogo que entonces presidía Alcasa y lideraba un experimento fallido a la postre de cogestión, presentó ante la Asamblea Nacional. En el papel denunciaba la existencia de cárteles entronizados en la región que monopolizaban las actividades productivas en las empresas de aluminio, hierro, oro y diamantes en el sur de Venezuela. Señalaba sin cohibirse a Glencore A.G. y a Roberto Jorge Wellisch, quien, en palabras de Lanz, “funciona bajo la cobertura de la empresa Palmat C.A.”. Titular de un día: fracasada la cogestión y con Lanz fuera de su cargo gerencial, nadie se ocupó de investigar ni una letra de la denuncia.

En el Informe confidencial sobre la compañía Glencore en Venezuela, aparecido el 14 de febrero de 2007 en www.aporrea.org y que presentó originalmente ante la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional, Lanz se refería a la mala conducta de la trasnacional en los siguientes términos: “Glencore coordina y lideriza el cártel del aluminio en Venezuela, agrupa a estas empresas ya mencionadas y se distribuyen buena parte de la producción del aluminio. Según los traders de la competencia, Glencore y sus empresas asociadas juegan duro y sucio, como norma, en todos los países. Por regla general, los agentes de Glencore poseen un estilo agresivo y utilizan el soborno, el chantaje, el manejo de medios de comunicación para desprestigiar o destruir reputaciones. Se mueven con agilidad y eficiencia en el terreno de la corrupción de funcionarios y el lobby político”.

La conexión K

Tres años después el nombre de Roberto Jorge Wellisch también quedó expuesto por el escándalo de los presuntos pagos de comisiones en los negocios argentinos-venezolanos. El exembajador argentino en Caracas, Eduardo Sadous, reveló que empresarios de su país se veían obligados a hacer un pago de 15 por ciento en comisiones para la venta de maquinarias agrícolas al Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT) de Venezuela, entonces a cargo de Elías Jaua; y la desaparición momentánea del dinero de un fideicomiso depositado en el Banco Nacional de Desarrollo de Venezuela (Bandes). 

La negociación comenzó en una feria agrícola realizada en Barinas y a la que asistieron los directivos de Palmat y de la competencia, la trader brasileña Cotia, además del ministro de Planificación, Julio De Vido –asumido ya como una especie de superintendente ad hoc de los negocios con Venezuela-, la embajadora Nilda Garré, el entonces lugarteniente de De Vido, Claudio Uberti y el agregado comercial de la embajada, Alberto Álvarez Tufillo, entre otros. El negocio ya tenía la venia de los presidentes Nestor Kichner y Hugo Chávez. Un acuerdo binacional refrendaba el acuerdo.

El alto gobierno argentino, es decir, Julio De Vido, ministro de Planificación de Argentina, y Claudio Uberti, otro funcionario también involucrado con el caso de la valija de Guido Antonini Wilson; y representantes del propio Presidente Hugo Chávez, acordaron otorgar la exclusividad de los “contratos de agencia” a dos empresas: Palmat Internacional S.A., creada en 1995 pero que luego del escándalo del maletín donde estuvieron implicados Uberti y Guido Antonini Wilson, entre otros, fue sustituida por la subsidiaria PalmatIntertrade S.A.; y Madero Trading, registrada en  agosto de 2007. Palmat Internacional S.A. era representada por Roberto Jorge Wellisch y Francisco José Carrasquero; y Madero Trading era del argentino José Ernesto Rodríguez.

A través de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma) se presentaba a los industriales agremiados las necesidades del gobierno venezolano y se establecía el vínculo con funcionarios designados por De Vido y Uberti, quienes además avalaban a las empresas argentinas favorecidas con los contratos de venta de maquinaria agrícola. Estas empresas contactaban al presidente de Palmat, ahora PalmatIntertrade S.A., Roberto Jorge Wellisch, como intermediario (aunque señalaron que todas las negociaciones las hacían con Francisco Carraquero), y posteriormente se concretaba la firma del contrato con la Corporación Venezolana Agrícola (CVA) y el desembolso de los recursos por parte del Bandes.

Un episodio con dudosa explicación fue la desaparición por algunas semanas de los 84 millones de dólares destinados a un fideicomiso, también alertada por el exembajador Eduardo Sadous.

¿Qué relación tiene este episodio con el pago de comisiones por parte de los comerciantes argentinos? En el marco del acuerdo bilateral, entre 2005 y 2008, Pdvsa recibió pagos de parte de Camessa –Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico de Argentina- por 554 millones de dólares por venta de combustible, dinero que se depositaba en la cuenta del Bandes. Esos recursos se desembolsaron para pagos realizados por la CVA por maquinarias agrícolas a las empresas argentinas.

Las empresas que vendieron maquinarias agrícolas a Venezuela habrían de pagar 40 millones de dólares en comisiones a las intermediarias Palmat y Madero Trading, según la denuncia de Sadou. Se dice que ganaron 43 millones de dólares, como pago de servicios para allanar la burocracia venezolana y trasladar las maquinarias desde el puerto hasta el destino final dentro de Venezuela en algún estado llanero del país.

Vínculos financieros

Pero aún falta un tercer capítulo donde coinciden los mismos protagonistas. El representante de Madero Trading, el argentino José Ernesto Rodríguez, también era representante del Banco Guayana en Argentina. Roberto Jorge Wellisch formaba parte de la Junta Directiva de ese banco en Puerto Ordaz (estado Bolívar) y la sede argentina del Banco Guayana estaba en el mismo domicilio de Madero Trading. El presidente del Banco Guayana, para el momento, era otro argentino llamado Oscar Eusebio Giménez Ayese. José Ernesto Rodríguez, también era representante de Impsa, empresa que en 2008 comenzó a operar en la repotenciación de la central hidroeléctrica Macagua I, en el estado Bolívar.

En el diario argentino Clarín, del 13 de agosto de 2010, se afirma que según los datos obtenidos por la diputada opositora y excandidata presidencial, Elisa Carrió, existe otro vínculo entre Roberto Jorge Wellisch y, esta vez, el presidente de Fluviomar, Andrés René Guzmán, quien “tuvo participación en la empresa americana ACBL donde en Venezuela, Roberto Wellisch tenía intereses. ACBL ya domina el transporte por el río Orinoco en Venezuela. También el presidente del Banco Guayana para el 2007, Oscar Giménez Ayesa, “tiene intereses” en ACBL y fue uno de los intermediarios del polémico fideicomiso. Además, Paloma Loewenthal y Juan de Dios Santucchi (socios de Palmat S.A.), fueron ejecutivos de ACBL Argentina”.

Los vínculos siguen. Según Carrió, Wellisch “adquirió, junto a dos socios más en el 2006, por 32 millones de dólares, los intereses que la firma American Commercial Lines Inc. tenía en ACBL de Venezuela, según un registro de la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU”. Paralelamente a esa compra, ACBL Hidrovías S.A. de Argentina tiene sus oficinas en la misma dirección (Leandro L Alem 1.010 de Buenos Aires), que Fluviomar y Palmat S.A.“De lo descrito se desprendería que el mismo grupo empresario coincidió en ACBL Venezuela, ACBL Hidrovías, Palmat y Fluviomar/Fluvioalba”, finaliza la denuncia de Elisa Carrió.

Las empresas de Wellisch en Venezuela agrupan a diversas razones jurídicas con sede en Puerto Ordaz, estado Bolívar. Muchas de ellas tuvieron relación crediticia con el Banco Guayana, extinto luego de su fusión con el Banco Caroní en diciembre de 2012. Este último absorbió la cartera de negocios del Banco Guayana.

Fuentes señalan que la absorción del Banco Guayana por el Banco Caroní fue el mecanismo idóneo para limpiar el nombre de la entidad financiera. El actual presidente del Banco del Caroní es Arístides Maza Tirado y otro de los directivos es Bernardo Kabche, representante del Banco Guayana. La Junta Directiva del Banco Guayana estaba conformada por doce personas, de las que siete siguen activas en el Directorio del Caroní. en su Junta Directiva.

La única defensa de Roberto Wellisch por el caso de las comisiones cobradas a los empresarios argentinos la plasmó en un comunicado que hizo llegar al diario prokirchnerista, página 12, de Buenos Aires. “Llego al otoño de mi vida con una posición sólida gracias a mis esfuerzos cotidianos”, escribió con cierto lirismo. “Soy un hombre de valores y conducta ética. Mi empresa tiene treinta años dedicados a la intermediación comercial. Palmat cuenta con conocimientos e infraestructura que agregan valor a las operaciones de nuestros clientes y aliados. Tenemos filiales y oficinas propias en varias ciudades del mundo. Palmat fue seleccionada de manera individual por treinta y nueve empresas fabricantes de maquinarias agrícolas de la Argentina. La relación profesional fue estipulada en contratos, suscriptos directamente y sin intermediación. Fueron absolutamente legales, firmados y registrados en Buenos Aires en forma voluntaria y transparente. Reafirmo, y está plenamente documentado, que realizamos un trabajo profesional, que la relación profesional estuvo enmarcada en contratos legales y se facturó en forma transparente y legal. Se cumplió con el contrato con un trabajo arduo y sin reclamo de ninguna de las partes”.

Para esta nota se intentó conseguir, sin resultados, una versión personal de Wellisch en Venezuela.

El caso de las comisiones y las denuncias del exembajador Sadou fueron desestimadas por la justicia argentina y en Venezuela nunca se investigó a ninguno de los implicados, pero el nombre de Roberto Jorge Wellisch junto al de Palmat, que es lo mismo que decir Glencore, continúa pronunciándose en Guayana, por donde se le ve pasar solo de vez en cuando.

Clavel Rangel, Ciudad Guayana/ Katherine Pennacchio, Marianela Balbi y Joseph Poliszuk, Caracas

Lea acá la primera entrega de la serie: "Guayana, el feudo de Glencore"

Lea acá la segunda entrega de la serie: "Negociar con aluminio es como montar en carrusel"

Como representantes de Glencore en Venezuela aparecen personeros de otras firmas privadas que le compran a Bauxilum, Venalum y Alcasa, entre las industrias básicas del Estado que actúan en el sector. Es así como los directores de las empresas venezolanas Extrudal, Trefymaca, Alambres del Yaracuy y Armco son los mismos empresarios que hace tres años renovaron, a nombre de la trasnacional suiza, los leoninos contratos a futuro que negociaron por adelantado la producción de aluminio de los últimos años

Son incluso los mismos de la compañía Alloys Metals, cuyo nombre quedó fichado hace cuatro años por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), después de que frustraran un contrabando de 2.063 toneladas que estaba listo para zarpar en las narices de los trabajadores del muelle de Palúa, la puerta de embarque que la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) tiene sobre el río Orinoco.

Fue el 23 de marzo de 2009. El Estado aparta para suministrar a las empresas nacionales un porcentaje de su producción de aluminio para que lo transformen y generen así lo que en la industria llaman un desarrollo aguas abajo. Pero ese día se embarcaron de manera irregular, listas para salir, los despachos de varias empresas, entre ellas Alloys Metals. Su nombre quedó registrado en las actas de la investigación nunca concluida por la Fiscalía Tercera del estado Bolívar, así como en las declaraciones de funcionarios que entonces prometían llegar “hasta el final”.

Venalum rescindió el contrato de las 7.700 toneladas de aluminio que en 2009 había reservado para Alloys Metals pero, al final, la empresa continuó en la cartera de clientes de la Corporación Venezolana de Guayana con el nombre Autana Aluminio, según consta en el expediente 30.910 que reposa en el Registro Mercantil Primero del estado Bolívar.

El nombre de Glencore genera controversia desde que acapara las exportaciones de aluminio junto con Noble Resources. "Hipotecaron la industria", decía ya en 2010 el dirigente sindical de Alcasa, Henry Arias. "Nos preocupan el monopolio y los sobreprecios que pueda haber en estos negociados", añadía José Luis Morocoima desde el sindicato de Bauxilum. En sintonía con ellos, la entonces diputada por el estado Bolívar, Pastora Medina, advertía que “se está privilegiando a empresas sin ningún tipo de licitación".

Al fallecido presidente Hugo Chávez una vez le tocó probar una cucharada de la indignación local contra Glencore cuando, el 16 de mayo de 2010, durante una asamblea obrera transmitida en cadena nacional de radio y TV para juramentar a los presidentes-trabajadores del llamado régimen de Control Obrero sobre las industrias básicas, desde el público se dejó escuchar la consigna: “¡Fuera Glencore!”.

Glencore no es nuevo ni en la zona ni en la industria. Pero que durante los tormentosos años del chavismo y en medio de la animadversión de la comunidad obrera, haya prosperado con tanto éxito en Guayana y se llevara los mejores contratos con el Estado, debe ser un punto a favor de sus representantes. Una muestra de su habilidad aflora al cruzar la data que hay en el sistema SAP de la CVG con el Registro Nacional de Contratistas y los archivos físicos de los registros mercantiles de Barquisimeto, San Felipe, Puerto Ordaz, Valencia y Caracas: los representantes de Glencore se las han arreglado para aparecer también como accionistas de empresas nacionales que actúan en el mercado interno del aluminio.

Puertas giratorias

Está, por ejemplo, la compañía ACBL de Venezuela. La especialidad de ACBL es el transporte fluvial con gabarras, barcazas y remolcadores. ACBL es también la empresa que en 2012 recibió de Bauxilum un cargamento de bauxita cotizado a un precio 66 por ciento menor al precio con que la estatal venezolana lo había comprado en el mercado externo. Inscrita ante el Registro Mercantil Primero del estado Bolívar, tiene su sede en la misma oficina 602 de la Torre Las Mercedes de Chuao, Municipio Baruta, Caracas, donde los representantes de Glencore en Venezuela establecieron su casa de representaciones con el nombre de Palmat. 

Desde el mismo edificio, unos pisos más arriba, despachaban el exministro de Industrias Básicas y Minería, Rodolfo Sanz, quien firmó los contratos a futuro, y su sucesor, José El Chino Khan, máximo responsable de las empresas básicas antes de salir al Banco Central de Venezuela (BCV) y llegar, por ahora, a la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).

En la junta directiva de ACBL de Venezuela destaca el nombre de un empresario argentino-venezolano, Roberto Wellisch. Wellisch y Palmat estuvieron en el mismísimo ojo del huracán durante las investigaciones de prensa que hace tres años se iniciaron cuando el exembajador de Argentina en Caracas, Eduardo Sadous, los nombró como parte de una red de tráfico de influencias que, como un peaje, cobraba comisiones de hasta 15 por ciento en los negocios binacionales que se pactaran entre los gobiernos de Caracas y Buenos Aires.

Wellisch, el directivo de ACBL de Venezuela, pasa por una puerta giratoria y aparece como Wellisch, el representante de Glencore. Pero también Wellisch puede hacer el número de accionista en Trefymaca, Alambres del Yaracuy o Armco. En cada rol impulsa y supervisa un carrusel retroalimentado de permanentes ganancias para Glencore y su propio entorno.

Una potencia extranjera

El diputado por el estado Bolívar, Andrés Velásquez, solicitó el 20 de agosto reciente ante la Fiscalía General de la República una investigación de los contratos de Glencore; el 5 de septiembre volvió a consignar una serie de memorandos que insisten en el tema, y apenas hace unos días consiguió que la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional se comprometiera a voltear la mirada a Venalum y sus irregularidades.

Ninguno de los contratos de venta a futuro con Glencore pasó en su momento por el filtro de la Procuraduría General de la República, como tampoco por los canales de la Asamblea Nacional. Ni siquiera hubo una convocatoria pública; entre sus enunciados incluso colaban cláusulas de confidencialidad.

El intermediario de materias primas más grande del mundo ha sido blanco de la prensa mundial desde que sus socios fueron acusados en Estados Unidos por fraude fiscal. “Desconocida, multimillonaria y controvertida: así es Glencore”, tituló BBC Mundo una nota que pasaba revista a la serie de señalamientos por corrupción, delitos contra el medio ambiente y evasión de impuestos ligados a los negocios que sostiene en países donde compran desde trigo hasta petróleo.

Tiene activos en 30 países. Una suerte de potencia mundial de la que hay más preguntas que respuestas, advertía el diario ABC de España en 2011. “Imaginen un país invisible, que no sale en los mapas, y que controla el 50% del mercado mundial de cobre”, comenzaba la nota del diario madrileño, con la firma de Javier Tahiri. “Que cuenta con un PIB de 145.000 millones de dólares, cercano al de Marruecos, por el que pasa el 10% del trigo global y casi el 25% de la cebada, el girasol y la colza de todo el mundo. Un ente sin fronteras que influye de forma notable sobre el precio de las materias primas y que aún así vive en el limbo de lo desconocido para la gran mayoría de la opinión pública. Ese país existe: se llama Glencore”.

La trasnacional suiza ha tenido impases en todo el mundo: desde Estados Unidos, donde ha sido acusada de estrechar vínculos comerciales con Irán, hasta en Bolivia, donde el presidente Evo Morales la azotó con su política de expropiaciones. Pero en Venezuela, hasta nuevo aviso, las cosas le han salido mejor. Opera a cancha abierta. Y se da el lujo de pagar tanto en dólares como en bolívares.

Clavel Rangel, Ciudad Guayana/ Katherine Pennacchio, Marianela Balbi y Joseph Poliszuk, Caracas

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Como deudores de Glencore, la industria estatal del aluminio ha llegado, en las ocasiones más extravagantes, a pagar a Glencore con insumos que le ha comprado, nada más y nada menos, que a la misma Glencore. Son escenarios de un mismo circuito en el que la trasnacional traslada bauxita y otras materias primas hasta Guayana y luego se las vuelve a llevar como aluminio y otros productos terminados.

En el comercio de la bauxita y el aluminio venezolano, Glencore parece estar en todas partes. Le favorecen condiciones inéditas pero que fueron aceptadas por los representantes de las empresas básicas y funcionarios de un gobierno que se proclama socialista y antiimperialista.

Bajo esa administración, por ejemplo, Bauxilum por primera vez ha tenido que acudir a una empresa trasnacional para importar bauxita, el mineral primario para la fabricación de aluminio. La trajo desde Brasil, Guyana y hasta Indonesia por intermedio del trader suizo. Luego lo suministró en forma de alúmina –el precursor del aluminio– a la industria transformadora estatal, que con eso fabricó aluminio del que 30% estaba previamente reservado como pago de deudas contraídas… con Glencore.

Es un negocio redondo para Glencore, una de las transnacionales más poderosas del mundo en el mercado de materias primas. La firma suiza compra y vende en todo el planeta desde maíz hasta petróleo y no en vano tiene su propia sucursal en Ciudad Guayana, donde florece a pesar de las proclamas anticapitalistas del Socialismo del siglo XXI.

Futuro empeñado

Solo entre 2009 y 2010 Glencore reservó cerca de un millón de toneladas de aluminio en contratos a futuro. Y aun antes de volverse proveedor, ya esos convenios generaban pérdidas millonarias al Estado venezolano.

En esa relación comercial, Bauxilum ha firmado tres contratos con Glencore desde el año 2005 y negociado tres extensiones que la comprometen hasta el año 2018. Eso sin contar otro suscrito el 30 de agosto de 2011, en el que garantizó el suministro de 1,4 millones de toneladas de bauxita a Glencore a cambio de un préstamo por 120 millones de dólares.

Ese último acuerdo fue autorizado por el entonces ministro de Industrias Básicas y Minería, José Khan, quien llegó al cargo –precisamente– por el escándalo que provocó su antecesor, Rodolfo Sanz, por esos contratos. Mientras Sanz decía que esos acuerdos eran un “vicio perverso porque terminan apoderándose de las empresas y terminan ellos haciendo lo que les da la gana” (18 de julio de 2009), en el cuarto piso del edificio de Bauxilum les colocaba su firma.

En esas compras a futuro, Glencore se aseguró todas las de ganar: en lugar de pagar los cargamentos al precio del mes inmediatamente anterior registrado en la bolsa de valores del London Metal Exchange, como se estila en todo el mundo, la República Bolivariana de Venezuela aceptó que Glencore y Noble Resources, otra trasnacional, escogieran el mejor precio –el menor– de los últimos tres meses de cada despacho.

De haberse cumplido los convenios al pie de la letra, hasta septiembre de 2013 el Estado habría dejado de percibir algo más de 10 millones de dólares –US$ 10.126.297 con exactitud– solo por la venta de 183.600 toneladas de aluminio primario y 32.400 de cilindros que Alcasa, otra de las empresas del complejo del aluminio de la Corporación Venezolana de Guayana, se comprometió a enviar en condiciones preferenciales en un contrato firmado el 1 de diciembre de 2009.

Pero ya se ve que con Glencore se negoció mucho más que eso. Los compromisos financieros de Alcasa y Venalum con el gigante suizo –en esas condiciones– reservaron alrededor de 964.000 toneladas de aluminio, el equivalente a casi toda la producción de los últimos tres años.

Amén de quebradas, las empresas básicas del aluminio están hipotecadas con Glencore. La emergencia eléctrica de 2010 obligó a desconectar buena parte de la cadena de producción, por lo que salir de las deudas se ha hecho cada vez más complicado. La transformación de bauxita en alúmina, por ejemplo, pasó en seis años de casi 2 millones de toneladas a unas 807.000 anuales. En este marco, Bauxilum aún le debe a Glencore más de 3 millones de toneladas de alúmina, una cifra que supone entregar la totalidad de la producción actual de casi cuatro años.

Aunque ahora los contratos están suspendidos por “razones de fuerza mayor”, las empresas aún deben parte de los 540 millones de dólares de anticipo que recibieron al momento de su firma. El monto fue depositado en una cuenta offshore de las estatales en una oficina comercial del banco ruso Gazprombank en el Líbano y, según los convenios, ese “adelanto” se pagaría con descuentos de 700 dólares a cada una de las toneladas despachadas entre 2010 y 2012. 

Los contratos a futuro existen en todo el mundo con cláusulas como la 11.3, que establece que, si un evento impide el despacho por más de 90 días, entonces las condiciones serán extendidas por un período igual a la fecha de cesantía. Lo que no es usual, explica un comprador nacional de aluminio, es que se tengan que pagar con más 162,9 dólares por cada tonelada, un plus que pudiera interpretarse como una compensación por los intereses generados; solo que ese excedente equivale a 30% del anticipo. Es decir, hay un elevado 20,23% anual de interés sobre saldos. “Pareciera una grosería achanchullada”, señala.

Bauxilum se va a pique

Muy pocos en la industria hablan de esos contratos. Los compromisos con Glencore se hicieron tabú luego de que el presidente Hugo Chávez ideara el Plan Guayana Socialista 2009-2019, cuyo propósito era la transformación de la materia prima en Venezuela. La transición al socialismo soñaba con lograr el llamado desarrollo de aguas abajo que buscan en Guayana desde hace 60 años, para que el aluminio termine siendo procesado en estas fronteras en lugar de salir al exterior. En la realidad, sin embargo, hoy hay más dependencia de las transnacionales.

El caso de Bauxilum es emblemático por lo contradictorio con el discurso oficial: datos del sistema SAP de información de la empresa, un informe de auditoría de 2013 (AL-DCPM-XX/12) y los documentos de Memoria y Cuenta del Ministerio de Industrias desde 2010 a la fecha, confirman que Bauxilum se va empeñando al tiempo que Glencore se beneficia.

La crisis alimenta un círculo vicioso: ahogada en deudas y caídas de la producción, Bauxilum accede a hacer más deducciones de dólares por tonelada a cambio de dinero fresco de Glencore. La táctica le permite ganar tiempo para aplacar conflictos laborales, pero no de gratis. Bauxilum queda comprometida para el futuro. Deberá enviar más alúmina a Glencore pero a cambio de menos divisas en los próximos años.

Los informes de Memoria y Cuenta que el Ministerio de Industrias ha presentado desde 2010 resultan elocuentes: las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana han disminuido su producción en la misma medida que ha crecido su relación con Glencore. Bauxilum, de hecho, registra una caída de 70% y hasta 80% de su capacidad instalada en cuestión de seis años.

Trasnacionales prosperan

La firma de los contratos a futuro coincidió con el inicio de una crisis en toda la cadena de producción del aluminio, que arrancó en la mina de bauxita de Los Pijiguaos, ubicada al oeste del estado Bolívar, donde en 2012 por ejemplo llegaron a extraer el mínimo histórico de 2 millones de toneladas de bauxita, apenas un cuarto de los 6 millones de toneladas que como promedio solía producir.

La sustitución de importaciones que la industria había logrado durante décadas se revirtió en tan solo cinco años. Con la tercera reserva de bauxita más grande del mundo, Bauxilum importó 1,3 millones de toneladas de bauxita a través de Glencore, provenientes de Brasil, Guyana e Indonesia, que según el sistema SAP de la estatal, le costarán 106 millones de dólares. De acuerdo con el informe de auditoría AL-DCPM-XX-12, el producto no solo se compró con sobreprecio sino fuera de especificaciones técnicas.

Para justificar el requerimiento, la gerencia adujo la desinversión en la industria, bajos niveles del caudal del río Orinoco para el traslado de la bauxita en gabarras y el consecuente aumento de las demoras en los tiempos de descarga por el daño de un equipo indispensable. Pese a la emergencia, Bauxilum eventualmente decidiría –en 2012– disponer de bauxita para amortizar sus deudas con la empresa de transportación ACBL de Venezuela, en donde figura como accionista el representante de Glencore en Venezuela, Roberto Wellisch.

En esa transacción, Bauxilum otorgó a ACBL un cargamento de bauxita cotizado a precios más de dos veces por debajo del monto por el que la empresa estatal lo había adquirido, lo que quiere decir que compró caro y revendió barato al mismo grupo de empresarios.

“Durante 2011 y 2012 CVG Bauxilum adquirió 900.000 t de bauxita a un precio de 85 US$/t en el mercado externo a la empresa Glencore AG, requerimiento basado en una serie de factores que han incidido negativamente en la disponibilidad de ese material”, reza la auditoría.

“CVG Bauxilum celebró el contrato denominado ‘Venta de 900.000 t de bauxita de fecha 27-04-2012’ con la empresa ACBL Venezuela LTD, contratación aprobada por la junta directiva en su reunión JDB-2012-07-E del 30/04/2012, el cual fue vendido a un precio de 32 US$/t, para ser despachado en ese año (300.000 t) y en el 2013 (hasta 600.000 t), situación que no es cónsona con la necesidad planteada de insuficiencia de bauxita que motivó la adquisición de 900.000 t a Glencore AG durante los años 2011 y 2012”.

Solo en esa triangulación se evaporaron 47,7 millones de dólares. El documento dice que Bauxilum demandó 28,8 millones de dólares por un cargamento similar al que meses antes había adquirido por 76,5 millones.
En las últimas semanas el representante de Glencore, Roberto Wellisch, ha visitado Guayana. Se supo que pidió a Venalum retomar sus intercambios, suspendidos en marzo de 2013, pero esta vez a cambio de facilitarle el coque de petróleo calcinado, un insumo requerido para la fabricación de ánodos de carbón que falta en sus plantas.

Según una carta filtrada desde la propia CVG, Palmat –la representante de Glencore en el país– propuso al gerente de logística de Venalum, teniente coronel Larry Aragort, entregar 200.000 toneladas de coque de petróleo calcinado en el puerto de la estatal –a un precio de 450 dólares por tonelada– a cambio de 1.000 toneladas de aluminio de mejor calidad entre agosto y marzo de 2014, con las mismas condiciones del contrato de 2009. Venalum aceptó la oferta el 2 de agosto, según consta en la comunicación GL-155/2013.
El convenio es conservador, sin embargo, en comparación con las 604.000 toneladas de aluminio que Venalum comprometió a finales de 2009, a días de que el presidente Chávez decidiera desincorporar el equivalente a dos líneas de producción bajo el pretexto de la emergencia eléctrica.

La decisión del gobierno logró que Venalum, hasta entonces una tacita de aluminio con récords de producción y uno de los mejores contratos colectivos de la región, empezara a hacer aguas. A partir de entonces no ha logrado recuperarse. De 422.000 toneladas producidas en 2009, ha caído a 266.000 al cierre de 2012. Un efecto de la debacle fue que las empresas básicas debieran salir a comprar 60.000 toneladas de aluminio primario en mercados internacionales para pasar a ser simples revendedores.

De acuerdo con los datos de comercio exterior del Instituto Nacional de Estadística, Venezuela solo ha importado de Estados Unidos y Brasil 6.941 toneladas metal de las 115 mil toneladas de aluminio aprobadas por Chávez en el punto de cuenta Nº 065/10 el 4 de junio de 2010. De no haber un error, las empresas básicas pagaron más de lo que llegó al país. ¿A dónde fue a parar el aluminio que el gobierno importó?

Clavel Rangel, Ciudad Guayana/ Katherine Pennacchio, Marianela Balbi y Joseph Poliszuk, Caracas