Ese fue el mensaje de WhatsApp que Eliézer José Marín, un transcriptor judicial de origen nicaragüense, residente en Murcia, España, recibió a las 13:18 horas del 27 de octubre de 2024. Le pareció raro que el presidente de una gran petrolera le escribiera directamente, en lugar de su asistente o secretaria. Pero Marín contestó de todos modos. Cualquier cliente potencial es una bendición para un migrante con cinco hijos y que trabaja a destajo. 

Tras un par de mensajes por chat entre sí, acordaron hacer una videollamada. Ya en ella, Marín vio al otro lado de la pantalla a un hombre mayor, de traje y corbata impecables, de trato amable y algo fanfarrón. Pero el interlocutor le explicó que a quien veía no era el Víctor Navarro del mensaje inicial, sino su representante en una filial de Pemex (la estatal petrolera de México) llamada PMI Holdings Petróleo España. Su nombre era José Márquez, dijo, omitiendo su característico segundo nombre de pila: Trinidad.

Desde ese reciente 27 de octubre y durante dos meses y medio más, Marín aceptó trabajar para quien descubriría, al poco tiempo, que se trataba del mismísimo José Trinidad Márquez, El Camaleón venezolano, también apodado El hombre de las mil caras o El intermediario de oro. 

Empezando por su natal Venezuela, durante casi tres décadas de correrías en varios países, Márquez ha quedado en ocasiones a merced de la prensa y de la justicia. Su modus operandi siempre ha sido el mismo: se presenta como intermediario de alguna empresa estatal para cerrar grandes negocios con proveedores tales como petroleras, navieras o bancos, a quienes les cobra jugosas comisiones, generalmente por adelantado. Su estafa más impresionante fue revelada por Armando.info hace cinco años, cuando se descubrió que había sido reclutado por el presidente del Banco Espírito Santo (BES) de Portugal, Ricardo Salgado, para engañar a su propia junta directiva semanas antes de la quiebra de esa institución financiera. 

José Trinidad Márquez ha sido detenido en varias ocasiones y ha estado en la cárcel en Venezuela y en España, por distintos delitos, aunque sin escarmiento eficaz. Al salir de cada una de esas temporadas en prisión, maquinó y ejecutó nuevos golpes. 

Lo último que se había sabido de él fue que, todavía en España a mediados de 2023, empezaba a hacerse pasar por un alto ejecutivo de Pemex, aunque infructuosamente: según testimonios de terceros, el hombre no tenía ni con qué pagarle a los pocos colaboradores que le quedaban y se limitaba a intentar algún que otro sablazo que le alcanzara para comer en un restaurante de lujo o comprarse ropa. 

Pero aquel aparente declive era solo un paréntesis. A Márquez nadie lo retira. Y su mensaje para Eliézer Marín en Murcia era apenas el preámbulo de un nuevo golpe, que el miércoles pasado el diario El País de Madrid denunció. El Camaleón está activo y volvió por sus fueros. 

Entre buques y tomógrafos, a ver quién cae

Armando.info tuvo acceso a un masivo archivo de documentos relacionados con las más recientes tentativas de desfalco de El Camaleón y así pudo reconstruir con detalle cómo Márquez urdió una trama para hacerse fraudulentamente con decenas de miles de euros. En este nuevo acto de su picaresca, el venezolano dejó una estela de engaños, incluyendo una deuda por 4.375 euros con Eliézer Marín.

El nicaragüense asistió a Márquez por algún tiempo en la preparación de decenas de documentos, desde correos electrónicos para hacer citas hasta invitaciones para participar en licitaciones o propuestas de contratos millonarios. Márquez solía pasarle a Marín borradores manuscritos de esos documentos, que Marín pulía y transcribía. El venezolano no se lleva bien con los nuevos soportes de comunicación y requiere de esa ayuda, de carácter secretarial. En alguna ocasión, llegó a mencionarle a Marín el modelo de máquina de escribir que aún usa. “La tecnología no es lo suyo, creo que ahí es donde él está fallando”, dijo Marín a Armando.info en una entrevista.

Las sospechas de Marín sobre su jefe aumentaron con las tareas que Márquez le encomendó, una vez acordaron que trabajaría para la firma como auxiliar administrativo, y no solo como transcriptor. Siguiendo esas órdenes, en correos electrónicos dirigidos a clientes potenciales, Marín se presentaba como un licenciado del Departamento de Evaluación de Licitaciones y Proyectos de PMI Holdings Petróleos España. Pero la verdad era que ese departamento, que procesaba varias licitaciones de forma simultánea, solo lo conformaba él. 

A partir de los manuscritos que recibía, Marín elaboraba los pliegos de las licitaciones que PMI Holdings ofertaba en varios renglones: buques, transporte, ingeniería, motores, gas natural licuado. Pero también en otras áreas que, según le parecía, se salían de las competencias y la experticia técnica de PMI Holdings: equipos médicos para hospitales o inversiones inmobiliarias. Las apuestas más importantes, según Marín, eran las de buques y equipos médicos. 

En tan solo un par de semanas, por ejemplo, Marín envió, en nombre de PMI Holdings Petróleo España, invitaciones para participar en procesos de adjudicación de contratos a una docena de empresas, algunas de la talla de Mitsubishi Corporation o Rolls Royce. 

Entre esos lances, sin duda, el negocio que más avanzó fue con la empresa española Navantia y la surcoreana Samsung Heavy Industries, la rama del chaebol o conglomerado coreano dedicada a la construcción en sus astilleros de embarcaciones comerciales de gran calado. Esta vez, un supuesto concurso para la construcción de una flota de buques tanqueros y de transporte de gas natural licuado serviría de anzuelo en la treta de Márquez, El Camaleón.  

Entre los manuscritos que el venezolano le entregó a Marín para que los transcribiera y arreglara en papel membreteado se encontraban decenas de folios con especificaciones técnicas sobre la longitud y el ancho de los barcos, la temperatura de la carga y los muelles y rutas por los que transitarían. Márquez se había pertrechado del léxico del sector y le aseguraba a Marín que era ingeniero naval de profesión.

La española Navantia -que en 2005 recibió entre acusaciones de corrupción un contrato para dotar a la Armada venezolana de los buques de patrulla litoral de las clases Guaicamacuto y Guaiquerí- declinó rápidamente la puja por el contrato, pero Samsung siguió en liza. 

El conglomerado coreano envió cinco cuestionarios con preguntas a PMI Holdings, con la probable intención de poner a prueba a su interlocutor. Las respuestas fabricadas por José Trinidad Márquez mostraron a un ejecutivo petrolero no muy estricto en sus instrucciones. Así queda en evidencia en este intercambio de mensajes: “¿El requisito de un LBP [‘Length Between Perpendiculars’ o “longitud entre perpendiculares”, una medida estándar para embarcaciones] de 284,23 metros es una condición obligatoria? (Nuestra norma 180K es de 287,5 metros)”, escribió Samsung. A esto respondió PMI Holdings, o Márquez, en realidad: “La especificación de 284,23 metros no es una condición obligatoria. Pueden utilizar la longitud estándar de 287,5 metros como punto de referencia”. PMI Holdings accedería a lo largo del intercambio a modificar otros parámetros, a fin de que Samsung se mantuviera en la puja.

En otra carta, como parte de ese esfuerzo de seducción, la supuesta PMI desplegó a fondo su empatía al ofrecer las más “sinceras condolencias” a la corporación, a propósito del accidente aéreo ocurrido en diciembre pasado en Corea del Sur, en el que fallecieron 176 personas. 

Las idas y venidas de correos electrónicos entre PMI Holdings y Samsung Heavy Industries duraron hasta el 9 de enero de este año. Cuando el negocio se acercaba a su cristalización, PMI Holdings le informó a  Samsung que, de resultar ganador del contrato, debía pagar 150.000 euros a una empresa llamada Inas Soria & Asociados para registrarse oficialmente como “adjudicatario de la licitación”. Marín afirma que nunca pudo contactar con alguien de esa empresa y sospecha que Inas Soria & Asociados en realidad canalizaba los pagos para Márquez. “Para mí era el modo que él tenía para ganar el dinero”, afirma.

En simultáneo con ese timo, Márquez había puesto en marcha otra “licitación” por equipos avanzados de medicina. Antes de que Marín entrara a PMI Holdings, en junio de 2024, envió varias cartas de invitación a distintas empresas especializadas en tomógrafos, máquinas de resonancia magnética y aceleradores lineales, entre otros. El objeto de la licitación fingida a la que convocaba era adquirir unos 267 equipos para dotar a 26 centros de salud en todo México. Entre las empresas llamadas a participar estaban Stryker Medical, Healthcare Systems de México, Tesa Medical, Roboticsol, Siemens Healthineers y una alianza de las firmas Human Corporis-Elekta de México. Estas últimas consorciadas y Siemens fueron las que más interés mostrarían, hasta el punto de que representantes de la compañía alemana sostuvieron una reunión con El Camaleón, el 24 de octubre en Madrid. 

Entre los archivos obtenidos por Armando.info figuran dos tesis de grado de estudiantes de ingeniería de universidades mexicanas y colombianas sobre acondicionamiento de espacios tipo búnker para albergar equipos de radiología. También hay licitaciones para dotar a hospitales de equipos de oncología en España y México. Marín sostiene que el estafador venezolano estudiaba este tipo de documentos para usarlos como troqueles de sus licitaciones ficticias.

En efecto, los pliegos de licitación parecían muy técnicos. Algunos llegaban a tener 200 páginas, con planos arquitectónicos, fórmulas matemáticas y diagramas de Gantt. Aún así, se deslizaban muchos gazapos, tanto de redacción como de contenido. Y las empresas probablemente se dieron cuenta.  

Tanto Siemens Healthineers como Human Corporis-Elekta enviaron por correo un listado de preguntas exhaustivas para aclarar aspectos confusos de la licitación. Son preguntas detalladas y repetitivas que indican una posible intención de escrutinio. Siemens también cuestionó varias especificaciones técnicas, sugiriendo alternativas o solicitando la aceptación de sus propios parámetros en lugar de los propuestos en el pliego de condiciones. Según Marín, las empresas que preguntaban demasiado o que contactaban directamente a Pemex, dejaban de intercambiar con Márquez.

Marín también apunta que a algunas empresas convocadas les parecía raro que los 25.000 euros que debían pagar por adelantado, a manera de prenda para inscribirse en el registro de proveedores de Pemex-PMI Holdings, los tuvieran que consignar a un tercero, la firma Inas Soria & Asociados, en lugar de a Pemex-PMI.  

Armando.info intentó contactar a varios ejecutivos de las firmas Siemens Healthineers y Human Corporis-Elekta para ampliar la información, pero ninguno respondió antes del cierre de esta edición.  

Cúmulo de sospechas

Todos los pliegos de licitación empezaban con unas iniciales y luego un código numérico que, según Marín, El Camaleón se inventaba arbitrariamente, porque no era el supuesto “departamento de compras” el que se los asignaba.

Marín, que estaba en Murcia, nunca llegó a conocer a nadie más que trabajara en la pretendida PMI Holdings España. Le resultaba inusual que en las reuniones por Zoom o Teams no participasen otros funcionarios, de los que tampoco recibía llamada alguna. Solo sabía que trabajaban de manera remota, como él. Márquez le explicó que tenía una oficina muy pequeña en Madrid, por lo que le resultaba incómodo reunirse con clientes allí; prefería hacerlo en hoteles o en otros espacios, cosa que al nicaragüense también le pareció sospechosa. 

Según el guion de Márquez, el equipo de PMI Holdings incluía, además del propio Camaleón, a Víctor Navarro, quien supuestamente le había contratado; a Luz María Zarza, jefe jurídica de Pemex; al ingeniero Luis Sanz y a Ina Solange Soria, quien debía recibir los pagos de las empresas. Todos tenían direcciones de correo electrónico terminadas con el sufijo pmiholdingpetroleo.com. Navarro y Zarza fueron ejecutivos de Pemex pero ya no trabajan allí, según confirmó la petrolera mexicana a Armando.info. 

Por lo demás, resultaba llamativo que cualquier documento o comunicación que Víctor Navarro firmaba remitía a un número telefónico de contacto que correspondía al de José Trinidad Márquez en España, y no a un número en México.

Un periodista de Armando.info escribió un mensaje al número de José Trinidad Márquez preguntando por Víctor Navarro. Hasta el cierre de esta historia no hubo respuesta.

Marín terminó de confirmar que había algo turbio cuando le pidió una copia de su documento de identidad a Márquez, ya que la empresa Siemens Energy lo había solicitado, junto con la placa del carro que lo trasladaría hasta la sede de la empresa en Madrid, un día antes de una reunión que habían agendado. “Yo no voy a darle mi documentación a nadie, yo me voy a identificar cuando esté ahí”, recuerda que le dijo su jefe, molesto. A la mañana siguiente, Márquez lo llamó para cancelar la reunión porque Víctor Navarro “había sufrido un preinfarto”. Marín le preguntó a cuál servicio de urgencias lo habían llevado porque quería ir a visitarlo.  El Camaleón le dijo que no hacía falta, que Navarro estaba en reposo, que no le permitían visitas, y nunca le dio el nombre del hospital.

Marín sabía, a esas alturas, que lidiaba con un mentiroso profesional. Había buscado el nombre de José Márquez en Internet, donde encontró los artículos sobre estafas anteriores del venezolano, publicados en Armando.info y otros medios como El País o La Vanguardia en España. Comparó las pocas fotos públicamente disponibles de El Camaleón con las que su superior le había enviado  por WhatsApp, posando como un elegante hombre de negocios. Era el mismo. 

Con esas pruebas en la mano, antes de finalizar 2024, le hizo una videollamada para confrontarlo. “Hola, Trinidad”, le saludó Marín. El Camaleón se sintió descubierto, pero aún así, reaccionó con una tranquilidad inesperada para Marín. Márquez ni se molestó en negar nada. Le dijo que todo lo que había sido publicado por los medios sobre su pasado era cierto, pero que él ya había pagado por sus errores y ahora trabajaba honradamente con Pemex; que Víctor Navarro era su amigo y le había dado una segunda oportunidad, y que Marín no tenía de qué preocuparse, pues muy pronto le iba a pagar por todas sus labores. 

Marín había invertido horas de trabajo en jornadas extenuantes hasta las tres de la mañana y también había enviado su contrato con PMI a Extranjería. Angustiado por haber presentado un contrato con una empresa falsa a las autoridades españolas, buscó asesoría legal y empezó a preparar su salida: debía documentar todo, guardar copias de los correos, documentos, chats, cuanto pudiera servirle para demostrar que había sido víctima de un fraude y no su cómplice. 

Cruzada de denuncia

El 29 de noviembre de 2024, Marín envió un correo anónimo a las direcciones de correo de Pemex que encontró de Víctor Navarro y de Luz María Zarza, para preguntar si la licitación de equipos médicos hospitalarios era legítima o un invento de Márquez. El mensaje para Zarza rebotó de inmediato. Al parecer, para esa fecha, ya no trabajaba más en la petrolera mexicana. Desesperado ante la falta de respuestas, Marín empezó a enviar sistemáticamente el mismo mensaje a todas las direcciones de correo electrónico de empleados de Pemex que encontró en un directorio en línea. Dice que fueron más de 60. 

A los pocos días, recibió un correo de notificación en el que le informaban que habían trasladado su consulta al área de Cumplimiento Legal y Transparencia de Pemex y, luego, otro en el que le indicaban que debía enviar una solicitud de acceso a la información para poder responderle. Marín, exasperado por la burocracia de la petrolera mexicana, contestó: “Repito y ruego encarecidamente, es tan sencillo como decir si ese dominio [el de PMI Holdings España] pertenece a vuestra filial”. 

Finalmente, el reciente 19 de diciembre, recibió un correo firmado por Alfonso H. Reyes, de la dirección jurídica de PMI Internacional, que decía: “PMI-CIM, PMI Holdings Petróleos España o cualquiera de las empresas a las que prestan servicios antes señaladas, se deslindan totalmente de dichas comunicaciones y de las personas que suplantando la identidad del personal o de los consejeros de dichas empresas realizan conductas que pudieran ser constitutivas de delitos”.  

Armando.info envió a Reyes un mensaje para ampliar la información y conocer qué medidas internas habían tomado en PMI Internacional ante las denuncias de Marín. Reyes no había respondido al cierre de esta edición. 

Posteriormente, el 9 de enero, la funcionaria Paola López, de Pemex, contactó a Marín. Este le envió una copia de su contrato de trabajo, le pidió que aclarara si era válido y que le confirmara si PMI Holdings España existía. Cuatro días después, López le escribió lo siguiente en una serie de mensajes por WhatsApp: 

“No tenemos ninguna representación en España”, le dijo la funcionaria mexicana. “Efectivamente, PMI Holdings está adscrita a Pemex, pero sus sucursales están en Singapur (...) Hasta ahorita lo que me pidieron recomendarte es que no te vuelvas a reunir con proveedores y hacerte de conocimiento que alguien se está haciendo pasar por Víctor Manuel Navarro”.

Marín llamó a José Trinidad Márquez para encararlo de nuevo. Si bien El Camaleón volvió a parecer imperturbable, el nicaragüense optó por verse más desafiante en esa segunda oportunidad. Después de que colgaron, le dijo a Márquez por chat que iba a llamar a los medios y que “mañana te van a dar una visitadita, de parte de mi familia”. Marín afirma que se refería a la policía, pues pensó que al día siguiente lo arrestarían, después de haberlo denunciado ante la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional. Acto seguido, llamó a todos los clientes y a las empresas con las que estaba en contacto para advertirles de que estaban a punto de ser estafados y les recomendó que, si Márquez trataba de comunicarse, no le contestaran. Así puso en jaque el ardid del venezolano: Marín asegura que, gracias a su gestión, ningún proveedor -con la excepción de una inmobiliaria que el periodista Fernando Peinado refiere en El País- terminó de hacer el desembolso de 25.000 euros requerido para entrar en la “lista de clientes” de PMI Holdings Petróleo España. 

Armando.info solicitó comentarios a la dirección de comunicaciones de Pemex y trató de entrar en contacto con Paola López, la funcionaria de la estatal petrolera mexicana que conversó con Marín, pero no obtuvo respuesta. 

Una periodista de este medio también llamó por teléfono a José Trinidad Márquez para conocer su versión. Este contestó la llamada, pero, cuando la periodista se identificó como tal, se escabulló.“¿Me puede llamar en unos cinco o diez minuticos, por favor, si es tan amable?”, pidió, alegando que estaba ocupado con un niño. El maestro de la evasión nunca más volvió a contestar y luego bloqueó el número de la periodista. 

Durante los primeros años del éxodo venezolano hacia el resto de países de la región, la mayoría de caminantes eran hombres jóvenes. Pero poco a poco empezaron a verse más mujeres recorriendo el borde de la vía, más parejas, más familias con niños pequeños. Algunos ya daban sus propios pasos, otros iban en coches o en las panzas redondas de sus mamás, que buscaban parir en un lugar mejor. 

Subir y bajar cordilleras andinas no es lo más recomendable para una mujer encinta. Pero tampoco conviene quedarse en un país donde las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) hacen limpieza social en los barrios populares y no hay con qué alimentar a dos niños, y a otro que viene en camino. Por esos motivos, Chamita y el El Negro –como se dicen cariñosamente– decidieron emigrar cuando ella iba por el quinto mes de embarazo. 

Tenían muchas dudas y poca experiencia. Ella recién había cumplido 21 años y él 23. No sabían cuánto tardarían en llegar a Ecuador, donde vivía un primo de él que le ofreció trabajo como asistente de conductor de camión. Pero sí sabían que tenían que irse juntos. La familia era lo más importante, quizás porque había sido algo tan esquivo para ambos, desde niños. 

Primer viaje: perder un hijo (o dos) ‘muleando’

El primer viaje empezó mal porque tuvieron que dejar a la niña de un año –hija de Chamita con otro muchacho que había sido asesinado en el barrio– con un hombre mayor que se aprovechó de Chamita, de su vulnerabilidad cuando quedó viuda, pobre y sin trabajo estable, para que lo designaran custodio legal de la menor. Continuó peor cuando otra pareja de venezolanos trató de raptar al niño de cuatro años –hijo de Chamita con otro padre que jamás lo reconoció– para venderlo a una red de trata de menores en el sur de Bogotá. Y terminó en tragedia a la salida de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia, cuando Chamita perdió a la bebé que llevaba en la panza.   

La hoja de ingreso al Hospital Universitario del Valle data del 31 de octubre de 2020. Dice que la paciente de nacionalidad venezolana llevaba 28 semanas de embarazo, aproximadamente, y que en las últimas 18 horas había empezado un trabajo de parto y se observaban cambios cervicales. Rompió fuente apenas la bajaron de la ambulancia y entró en el ascensor. Se asustó al ver cómo salía sangre coagulada de su útero. El informe clínico dice que el líquido amniótico estaba “meconiado”. 

Ya en la sala de cirugía, le hicieron el tacto. El feto estaba en posición podálica, es decir, todavía no se había dado la vuelta para nacer. Era una niña y su corazón había dejado de latir. A Chamita la hicieron pujar y cuando la bebé salió, tenía un hueco en la cabeza. Su mamá se acordó de todos los sobresaltos que había sufrido por viajar en tractomulas, por carreteras llenas de huecos, y de las piedras que les habían lanzado por “venecos” a la entrada de Ibagué, una ciudad montañera del Tolima, en el centro occidente de Colombia. No sabía decirle a los médicos cuál de todos los golpes sufridos podía haber alcanzado a su hija.

Apenas El Negro vio a la bebé muerta, la agarró y empezó a gritar: “¡Mi hija está viva y nos vamos!”. Tuvieron que llamar a la policía porque él corría con ella por todo el hospital. Lo amenazaron con tranquilizarlo a la brava, si no podía calmarse. Luego le entregaron una orden médica con las recomendaciones de cuidado y medicinas para Chamita. Le dieron dinero para “comprar la droga”, y a él le pareció muy raro que le dieran una licencia para ir a comprarse un porro.  

A Chamita le dieron de alta después de un día de reposo. Pero antes le preguntaron si quería planificar, y dadas las circunstancias, aunque es cristiana, dijo que sí. Le metieron un dispositivo plástico de hormonas en el brazo, que se sentía como un gusanito duro debajo de la piel. Le dolía y a veces se le dormían los dedos de la mano izquierda. Le dolía más haber perdido a su bebé por andar “muleando” y le dolía también haber dejado a su otra hijita en Venezuela y en malas manos. 

Después de la pérdida, Chamita y El Negro empezaron a pelear más de lo normal y decidieron separarse un tiempo. Él continuó el viaje hasta Ecuador y ella se fue con su hijo para Medellín, la capital de Antioquia, a vender dulces en los semáforos. Unas semanas después, El Negro le escribió por Facebook arrepentido. Le hacían mucha falta, ella y el niño –que le decía papá–, y le pidió que volvieran. Ella le dijo que sí, pero le puso una condición: “Vuelvo, si me ayudas a buscar a mi hija”.  

Segundo viaje: directo a una revolución

No pasaron más de 24 horas en su pueblo natal de San Juan de los Morros, en el estado llanero de Guárico, pleno centro de Venezuela. Vieron rápidamente a la mamá de Chamita y al hermano menor de ella, de 14 años, que resolvió que se iría con ellos para Ecuador. Luego fueron a recuperar a la niña. La encontraron desnutrida y con unos morados extraños en la piel. El 24 de abril de 2021, ya en camino hacia la frontera, Chamita subió varias fotos de la familia en su página de Facebook, y escribió el siguiente comentario: “Mis niños bellos, gracias a Dios los dos conmigo”.

Cuatro días después, empezarían las marchas y protestas contra la reforma tributaria y por el Paro Nacional en Colombia, que terminarían desbordándose en bloqueos, saqueos, y la parálisis de varias zonas del país. El Negro, Chamita, el hermano y los dos niños no sabían lo que les esperaba, no estaban enterados de las noticias. Cruzaron por Arauca, pasaron por Tunja, Boyacá, y el 4 de mayo venían caminando tranquilos –con dos perros callejeros que se les pegaron, Coco y Niña– cuando llegaron a Gachancipá, el municipio más pequeño de Cundinamarca, lugar de paso estratégico que conecta a Bogotá con el norte del país y uno de los lugares más afectados, en esos días, por lo que a ellos les pareció que era “una revolución”.  

“Nos dijeron que si seguíamos caminando nos iban a quemar”, cuenta Chamita. No había nadie circulando, ningún carro, ningún camión. Nadie podía pasar a pie tampoco porque había rumores de que todo iba a empeorar y que en la noche iban a destruir el peaje de El Roble. 

La familia de caminantes se refugió debajo de un puente peatonal, frente a una cauchera o montallantas y a una frutería. Encontraron allí un sofá marrón abandonado, que otros migrantes habían utilizado en su viaje, bien fuera de ida o de regreso a Venezuela, porque como bien lo recuerda un ferretero, cuyo negocio está sobre la vía principal y cerca del puente, durante los primeros meses de la pandemia muchos decidieron devolverse a su país: “Fue una marcha ni la berraca, pasaban y pasaban por la carretera. Todos los días uno veía pasar a las familias. Unas 200”. 

Al principio, la gente de Gachancipá ayudaba de manera generosa a los caminantes. En los restaurantes les daban almuerzos gratis, sobre todo si viajaban con niños, porque pensaban que iban de paso. Pero a medida que algunos se fueron quedando en el pueblo, y empezaron a ser “competencia desleal”, porque se ofrecían a trabajar por tarifas más bajas, empezó a surgir cierto malestar contra los venezolanos, que poco a poco se fue convirtiendo en xenofobia: un rechazo inspirado en experiencias particulares –algunos robos, problemas de convivencia con los vecinos–  que habían resultado mal y se habían extendido como desconfianza generalizada hacia todos los que tuvieran esa nacionalidad. 

Cuando comenzó el paro, la gente del pueblo no tardó en señalarlos también como los culpables de bloquear la autopista y causar desmanes. En Gachancipá había tres puntos con barricadas, trancando la avenida. El primero estaba al lado de una redoma, el segundo a la altura de una bomba de gasolina, y el tercero en el puente peatonal donde la familia había armado su cambuche improvisado. 

Ese punto no era el más importante, lo usaban más bien de retaguardia o de “segunda línea”, para que el Esmad –el escuadrón antimotines de la Policía– no se fuera a meter al pueblo. Aún así, arrumaron varias llantas y desde la pasarela peatonal echaron gasolina a chorros para que se prendieran. La situación era cada vez más tensa en ese lugar, y un hombre gordo, con una chaqueta de la alcaldía, que pasó por el puente, les dijo que se fueran del pueblo, que no querían ver más venezolanos en Gachancipá. 

El Negro y Chamita habían forrado con plástico su cambuche, para tratar de protegerse del frío, pero nada los protegía del humo. Fue por eso que, en un momento dado, El Negro se metió a la barricada a tratar de correr una de las llantas. “Estaba pegando muy fuerte y los niños se estaban ahogando”, dice. 

Cuando el Esmad llegó a disolver la protesta y la barricada, lanzaron gases lacrimógenos. Por fortuna, un empleado que trabajaba en la cauchera de enfrente les hizo señas para que entraran y se refugiaran en el taller. El dueño del negocio confirmó la versión de la pareja venezolana. Yerson, un ex empleado suyo, les había dado refugio en ese momento.

José Niño, dueño de la frutería frente al puente, se acuerda de la familia, que habla muy bien de él, porque les daba frutas a los niños y hasta les regaló un coche de bebé. A Niño no le consta que El Negro hubiera participado de los bloqueos, nunca lo vio rompiendo una vitrina o dañando un carro, ni enfrentándose a los guardias, pero en esos días vio que otras personas habían compartido información sobre los vándalos en uno de sus grupos de Whatsapp –donde circulaban toda clase de versiones, a veces ciertas, a veces falsas– y entre las fotos compartidas había una de El Negro. “Simplemente era una foto de él, tomada desde el puente, pero no se veía en la foto que estuviera vandalizando”, dice.

El Negro y Chamita dicen que unos colombianos que participaban de los bloqueos y los disturbios les ofrecieron plata: 10.000 pesos a cada uno por meterse en el bochinche, a tirar piedras y palos o a romper avisos de prohibido parquear o de los negocios al lado de la vía, como la frutería del señor Niño. Nunca aceptaron, no querían meterse en problemas, y menos con la persona que mejor se había portado con ellos dándoles mangos y manzanas a los niños. “Nos daba leña para cocinar”, añade el hijo de Chamita. 

Luego de que terminaron los enfrentamientos, decidieron que era mejor no volver al cambuche debajo del puente. A la salida del pueblo hay un viejo matadero y plaza de mercado donde antes habían acampado cientos, quizás miles, de venezolanos que han tomado la misma ruta, y que parece un camposanto de objetos abandonados: zapatos sin cordones, camisetas viejas, juguetes dañados, un colchón inmundo con la mitad del relleno afuera... Allí se quedaron con otras dos parejas de caminantes, dos niños, un tío y su sobrino, a partir del sábado 8 de mayo, día que Rosita celebró con un nuevo comentario en su muro de Facebook: “Gracias a Dios voy a pasar el día de las madres con mis dos hijos”.

Tercer viaje: la patrulla migratoria

“En lo que llevaba aquí, nunca había visto a una patrulla de Migración Colombia, pero la vimos el sábado, como a mediodía, tipo una o dos,” dice el señor Niño. El señor de la ferretería también la vio cuando pasó frente a su negocio: “Pasaron y estuvieron en la casita abandonada, al final del pueblo”.

Los agentes de Migración y de Policía llegaron al viejo matadero y les pidieron papeles a todos.  “Recojan todo”, les dijeron, y los sacaron de allí. 

El Negro dice que uno de ellos se le quedó mirando fijamente. “¿Y qué hice?”, le preguntó, nervioso. Le contestó que estaban verificando porque una gente del pueblo lo había identificado. “Que me habían visto en el bochinche, que me habían reconocido porque tenía un gorrito, pero había mucha gente ahí con gorritos de todos los colores porque hacía frío”, explica. 

A El Negro, a otro que le decían El Chivo, a Boris, a una muchacha y a su sobrino, y un colombiano que describen como “catirito”, se los llevaron para la estación de policía. A todos los soltaron menos a El Negro, quien pidió que le enseñaran las fotos y los videos que tenían, con drones y todo. “Yo quería ver las pruebas, porque lo único que podían tener de mí en el bochinche, era cuando me había metido a correr los cauchos que se estaban quemando”. 

Chamita estaba desesperada, se había quedado sola, con tres menores de edad a su cargo en ese pueblo de la sabana de Bogotá, el altiplano que se extiende más allá de la ciudad, cuyo nombre hasta le costaba pronunciar. No tenían donde dormir, así que regresaron al matadero abandonado donde habían hecho la redada. Ese domingo llovió todo el día y ella tampoco paró de llorar. 

Tuvo noticias de su esposo varias horas después. Lo habían trasladado en la patrulla hasta el edificio principal de Migración Colombia en la calle 100 de Bogotá y lo habían metido en una celda. Uno de los custodios le había prestado su teléfono: “Toma, llama a tu mujer”. 

No duraría mucho ahí, porque el lunes en la noche le dijeron: “Mañana te vas temprano”. Le pidieron firmar unos papeles rápido, que no leyó con cuidado, porque pensó que lo iban a soltar.  Al día siguiente se enteró que lo iban a mandar a Venezuela. 

Cuarto viaje: expulsado en un avión

En el vuelo de Avianca de Bogotá a Cúcuta –capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con el estado venezolano de Táchira–, el martes 11 de mayo, viajaba la pasajera Marcela Cáceres. “Entré al avión y vi que montaron a un chico con gorrito de lana que se veía muy afligido”, dice. Lloraba mucho y ella no se aguantó las ganas y le preguntó, desde su asiento: “Hola, ¿te pasa algo?”.

El Negro trató de hablarle, medio a escondidas, porque detrás de él venía el custodio de Migración, pero ella no le entendió nada. Le pasó su teléfono Samsung Galaxy con un mensaje escrito que decía: “ESCRIBA SU NOMBRE, CÉDULA, TELÉFONO DE CONTACTO Y QUÉ LE PASÓ”. 

Cáceres le preguntó si él había hecho algo malo en las protestas, si había cometido un delito. Y él le respondió llorando que no, que le juraba por Dios que no había hecho nada malo. Que había pedido ver el video y que nunca se lo mostraron. Que en su país ya había muchos problemas para venirse a meter en más problemas en otro. 

Antes de que el avión despegara, Cáceres llamó a unos amigos que trabajaban en asuntos migratorios en Norte de Santander, a ver si podían ayudarlo cuando aterrizaran. Y llamó a Chamita. Le avisó que El Negro iba en el mismo avión con ella. Que por favor le avisara a la familia de él que iba en camino a Venezuela y lo que le había pasado.

Cuando aterrizaron en Cúcuta, Cáceres decidió abordar al funcionario de Migración y le preguntó por qué lo estaban deportando. El funcionario le respondió: “Señorita, ese no es su problema”. Ella insistió. Entonces le respondió que la información que tenían era que él había estado “ocasionando daños a bien público”. 

Lo único que Cáceres pudo hacer en ese momento fue tomarle fotos a El Negro cuando lo sacaron del avión y se lo llevaron en otra patrulla migratoria para el puente fronterizo. 

Era mediodía, o un poco después, cuando lo entregaron a un funcionario del Saime, el organismo venezolano de identificación y migración, al otro lado del puente, y escuchó que el funcionario de Migración Colombia le decía a su contraparte: “Mátenlo, porque no sirve para nada”. Cuando los del Saime vieron que no tenía antecedentes, lo trataron bien. Le dieron comida, le dieron dinero y esa misma tarde El Negro se regresó a Colombia, aunque el funcionario de Migración le había advertido que si lo hacía, le metían 10 años de cárcel.

En el peaje de Los Patios, por donde intentó devolverse, lo pararon, le pidieron los papeles y el funcionario lo miró, volvió a ver la pantalla y le dijo: “La cara tuya es inolvidable” y le señaló su ficha en el sistema: “¿No eres este?”. 

El Negro arrancó a correr pero paró cuando vio a dos soldados del ejército apuntándole con sus fusiles. Lo metieron en un autobús y, por segunda vez, en un solo día, lo entregaron al Saime. Su cara aparecería en un portal de noticias local dos días después, con el titular: “#Atención, por participar en acciones violentas fue expulsado hombre de nacionalidad venezolana por segunda vez de territorio colombiano”.

Quinto viaje: una salida traumática y voluntaria

El Chivo decidió acompañar a Chamita y a los niños hasta el edificio de Migración Colombia en Bogotá. No sabían lo lejos que estaban –50 kilómetros o 12 horas caminando– y al anochecer, cuando iban entrando a la capital, por la calle 200, decidieron parar y dormir debajo de un puente. Una señora que vivía cerca y los vio, les llevó sardinas, pan, queso y avena. 

A través de Marcela Cáceres, Chamita había logrado contactarse con la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de Los Andes de Bogotá. Le ofrecieron asistencia jurídica, le preguntaron si quería que ellos asumieran el caso, como habían asumido otros. Había varias razones y argumentos legales para hacerlo. 

Ya habían salido dos sentencias de la Corte Constitucional que analizaban –una en el caso de un japonés y otra de un cubano– cómo las expulsiones afectaban a las familias y había concluido que "la distancia física o la ruptura de lazos filiales que se origina por virtud de una medida de expulsión, inclusive de deportación de extranjeros, padres o madres de menores, legítimamente radicados en el país es, en principio, una barrera innecesaria e inhumana que se opone al disfrute de los derechos fundamentales de éstos, y por lo tanto, no puede ser patrocinada indiscriminadamente por la administración". 

En la Sentencia T-530 de 2019, la Corte le advertía a Migración Colombia que debía analizar cuidadosamente el contexto familiar de la persona antes de tomar la decisión de expulsarla. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares también han advertido que se deben tomar medidas que protejan a los niños y a los cónyuges durante este tipo de procesos, que pueden resultar traumáticos.  

“Ella estaba muy triste, muy mal, en su silencio se le veía la desesperación. No podía creer lo que les había sucedido”, dice Stibaliz Vanegas, de la Comunidad Sant’Egidio de Bogotá que brinda ayuda humanitaria a los migrantes, y conoció a Chamita y a los niños en esos días, cuando se quedaron en un albergue. 

Chamita estaba en shock y no quiso saber nada de abogados, ni interponer una demanda o tutela. Lo único que quería era regresar a Venezuela a encontrarse con El Negro. Además, su hija tenía fiebre, le costaba respirar, le sentía el pecho mal, pero, por la premura, Vanegas dice que los médicos de la organización no alcanzaron a hacerle un chequeo médico a la niña. 

Chamita fue hasta las oficinas de Migración Colombia. Pensó que si se presentaba de manera voluntaria con los niños, también los llevarían hasta Cúcuta en un avión, como habían llevado a El Negro. Pero los guardias, a las afueras de la entidad le dijeron que nadie la iba a llevar, que ella tenía que irse por su propia cuenta, que se fuera para el aeropuerto o a la terminal, porque ningún funcionario de la entidad la iba a atender o a ayudar.

Salió descorazonada y luego no podía creer que la comunidad Sant’Egidio, los abogados y otras personas anónimas hubieran hecho una colecta para comprarles los pasajes de bus hasta Cúcuta. Como la frontera oficial estaba cerrada por las medidas para frenar la Covid, pero a la vez no lucía conveniente que Chamita pasara con los niños por una trocha, El Negro cruzó de nuevo y la esperó en La Parada. De regreso, la guerrilla que controla el paso en ese lugar les pidió 50.000 pesos, unos 13 dólares. Chamita le explicó a una guerrillera, vestida con uniforme de camuflaje y de fusil, lo que habían pasado en los últimos días. La muchacha no solo los dejó pasar sin cobrar, sino que les dio cuatro pastelitos para que calmaran el hambre. 

Sexto viaje: El retorno a la muerte

En Venezuela no podían quedarse, y menos en San Antonio del Táchira. Durante unos días trabajaron como recicladores y durmieron arrimados en un garaje. Los amigos del Saime le entregaron a El Negro un certificado que decía que había perdido sus documentos y le pusieron otro número de cédula, en caso de que lo parara la policía colombiana, mientras lograban atravesar Colombia y alcanzar Ecuador. 

El 27 de junio salieron caminando, pero la niña respiraba mal y vomitó un par de veces. Chamita intentó darle un poco de pan, algo de arroz, pero no toleraba nada. Le dio agua, un poco de jugo y acetaminofén. Cuando iban por Villa Del Rosario, ya en territorio colombiano, preguntaron por un hospital para llevarla, pero no les supieron indicar. Al llegar a Los Patios, muy cerca de Cúcuta, la niña ya no podía más. Gemía, se volteaba, pidió agua y Chamita vio que se estaba poniendo más morada, que le habían salido nuevos hematomas en los brazos y tenía las manos frías. La arropó, le cantó los pollitos y la canción de la casita. La chiquita se durmió y ella se puso a rezar: “Dios es grande y poderoso y ella va a estar bien”. 

En un momento, Chamita la cambió de posición, y cuando la alzó y le puso la mano en el pecho, la niña se le desmayó. El Negro la movía, trataban de reanimarla pero no respondió, así que él tomó a la niña, paró a una moto en la calle y le dijo: “Necesito un médico. Mi hija se está muriendo”. Chamita y su hijo pararon una camioneta de Trasan, la empresa de transporte colectivo de Cúcuta, que venía atrás y no estaba en servicio, y le pidieron que siguiera a la moto. 

En el Hospital de Los Patios, la doctora Luzaida Sánchez baja la cara y solo comenta que fue “un caso fatídico”, que ella sí lo atendió pero que es la primera vez en su vida que un periodista aparece en el hospital a preguntarle por un paciente. No quiere decir nada sobre la causa de la muerte de la bebé, porque no está autorizada. 

Chamita y El Negro dicen que llegó viva. En el hospital los acusaron de maltrato infantil, por los hematomas que tenía y la desnutrición. Pero una enfermera o doctora (no saben si era la doctora Sánchez) les dijo que esas manchas en la piel eran de una enfermedad llamada púrpura. “Yo no sabía nada de eso”, dice Chamita, pensaba que eran secuelas que le habían quedado del mal cuidado de su custodio legal cuando la dejó en Venezuela. Él le hacía amarres a la niña, fumaba tabaco de brujo e invocaba a los babalaos para curarla de “los duendes”. 

La Policía llegó al hospital. Los agentes les tomaron los datos y declaraciones. Ella, en su defensa, dijo que si hubiera querido matar a su hija la hubiera dejado morir en el momento de nacer porque broncoaspiró. Lloraba y su hijo también lloraba porque entendió que ya no iba a ver más a su hermanita. A Chamita tampoco la dejaron verla antes de enterrarla. Hubiera querido vestirla de blanco, con unas medias amarillas y la biblia azul oscura que siempre carga, abierta en el Salmo 23: “Jehová es mi pastor, nada me faltará”.

Cuando la señora Rubí, propietaria de la funeraria Nuestra Señora del Carmen, diagonal a Medicina Legal, vio entrar por la puerta a la pareja de venezolanos, sabía que venían a pedir un cajón para su hija. La noche anterior había visto por un canal de noticias local que “unos papitos” que eran caminantes habían maltratado a una niña y había muerto. Se volteó y le dijo a su marido: “Son los mismos”. 

El pasado 9 de noviembre, la Fiscalía le contestó un derecho de petición a Chamita, en el que preguntaba por la autopsia de su hija. La entidad le contestó que no tenían registro alguno de la causa, porque su muerte no estaba bajo investigación. Lo más probable era que en el hospital habían concluido que había sido “muerte natural”. 

La funeraria les regaló el cajón, el hueco en el cementerio y el transporte en la carroza. Solo les faltó la lápida. Para pagarla, Chamita pidió ayuda a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, y vendió su pelo largo y negro. La familia está esperando que se la entreguen para emprender el viaje de nuevo. No quieren irse, dejando a su hija en una tumba sin nombre como una N.N., las iniciales adjudicadas a un cadáver sin identificar, en el cementerio.

Esta es la cuarta y última entrega de la serie “Venezolanos, go home”, que Armando.info publica en conjunto con La Silla Vacía. 

Muchos inmigrantes venezolanos han encontrado en ese mercado del rebusque, de domingo a domingo, una fuente de ingresos para sobrevivir y enviar remesas a sus familias. Duermen en pagadiarios o en pensiones, en las carreras aledañas, donde les cobran desde 10.000 a 20.000 pesos la noche, entre 2,6 y 5,3 dólares.

Pero en una que llaman La Pesebrera o Tocorón -como la célebre cárcel venezolana-, con los bloques sin frisar y una puerta metálica mal instalada a un costado, hay varias habitaciones desocupadas. 

Los venezolanos ya no quieren quedarse allí, prefieren irse a un lugar aún más marginal, como lo es El Cartuchito, porque saben que la Policía ha hecho redadas en esa casa y en la de al lado, pintada de azul cielo. La peor de todas esas redadas siguió con una expulsión colectiva de 59 muchachos que terminaron abandonados en el Orinoco. 

¿Venezolano?

El 22 de noviembre de 2019, la calle 38 Sur vivió uno de sus peores días. En medio de las protestas por el Paro Nacional, un grupo de vándalos rompió la entrada del almacén Surtimax en la esquina y muchas personas entraron a saquear.

Los venezolanos se asustaron y se guardaron rápido en sus piezas ese día. Las protestas, los saqueos, la represión masiva de la policía antimotines y el toque de queda, les traían malos recuerdos de lo que habían vivido en su propio país. Y con la xenofobia al rojo vivo, era mejor no salir a buscarse problemas. No sabían que, al día siguiente, los problemas vendrían a buscarlos a ellos. 

“Habíamos [sic] 12 personas en ese hotel, seis fueron liberadas por ser de Colombia. A los otros seis, como éramos venezolanos, nos llevaron”, dice un joven al que llaman Maracucho -gentilicio que en el habla popular venezolana dan a los naturales de Maracaibo, capital del estado Zulia- y que, como la mayoría de los entrevistados para este reportaje, prefiere no decir su nombre y apellido. 

Cuenta que ese 23 de noviembre de 2019 la Policía llegó a esa pensión y fue sacando, uno a uno, a los muchachos que encontró en las habitaciones. No se le olvida ese momento porque a él lo pillaron en pleno clímax amoroso con su novia. 

“Los nombres de todos no me los sé, sólo sé de Ángel y de otro que se llamaba César. No los conocía, yo estaba en ese lugar por la muchacha con la que andaba en ese momento“, dice.

Ángel es Ángel Rivera; su esposa, Yirimar González, dijo que estaba durmiendo con él cuando llegaron los policías y se lo llevaron. César puede ser César Alberto Rojas; es el único con ese nombre de pila entre los 59 venezolanos detenidos y expulsados del país ese día a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Colombiana. Además, en el formato que Migración Colombia le hizo llenar con sus datos personales, ese César dejó escrito que vivía en Patio Bonito. 

En la casa de enfrente vivía otro venezolano: David Wickham Pérez. Acababa de llegar del trabajo y subió a la terraza para observar la operación de la Policía y grabar la escena con su teléfono. Uno de los uniformados lo pilló y le gritó desde la calle: “Lo voy a bajar, ¿oyó, pelao?”. Segundos después lo sacó de la casa a empujones frente a su esposa y a los hijos de ella. 

A José Daniel Salazar, que tenía 22 días de haber llegado a Bogotá, a ese mismo sector de Patio Bonito, también lo sacaron de la casa. Su hermano dijo que los policías no tenían ni orden de captura, ni nada.

Diego Caricote y Jackson Peña estaban saliendo de sus casas a trabajar. Yeremy Gil y Yosmar Paredes iban en sus bicicletas: el primero tenía una cita con su jefa, el segundo quería ir a cortarse el pelo. A otros, como Ronin Camacho, se los llevaron recién habían terminado su turno. 

A José Gregorio Sayago, que tenía su Permiso Especial de Permanencia (PEP) vigente, y a su primo Carlos Daniel Ramírez, los detuvieron cuando fueron a comprar café en una tienda, dijo la esposa de Sayago, Arelis Silva.

A Maikel Graterol y Deivid Landaeta los agarraron cuando iban a desayunar a una panadería. Ambos trabajaban en un puesto ambulante sobre la calle 38, que compartían con un señor cartagenero, Don R. “Ese día se llevaron a todos los que tuvieran documento venezolano”, dice. 

Don R. fue testigo de cómo la Policía Militar, con fusil largo y casco negro, iba parando a varios en la calle y les preguntaba: “¿Venezolanos?”. Les pedían papeles y los ponían contra una pared. Si eran venezolanos los subían a un camión. 

Capturas similares ocurrieron en otras zonas del sur de Bogotá. A Heyerson Herrera, se lo llevaron en chanclas, de un parque en Álamos. A J. y D. los detuvieron en Bosa-Recreo. Ambos trabajaban para José Alonso Pinto, un colombiano que tiene un negocio de alquiler de motos y bicitaxis en ese sector de la ciudad. 

“El día anterior yo les había dicho que no salieran”, recuerda Pinto, porque el 22 hubo muchos disturbios.. Pero ese 23 en la mañana parecía que todo estaba tranquilo y J. salió a comprar el desayuno. 

Cuando se dio cuenta de que la calle estaba llena de policías, pensó que era mejor regresar a casa. Pero en el camino se encontró con D. y con Pinto, y este les dijo que no se preocuparan, que ellos no estaban haciendo nada malo. “Es que yo en ese momento no pensé que la policía iba a actuar de esa manera”, dice. Los tres siguieron caminando hasta que un uniformado los paró y les preguntó:

- ¿Venezolanos o colombianos? 

- Colombiano- dijo Pinto.

- Venezolanos- contestaron J. y D.

- Móntense, hijueputas.

Tras revisar las cédulas, a Pinto lo dejaron irse, pero a sus empleados les ordenaron subir a un camión. Pinto se enteró después de que otros dos de sus trabajadores venezolanos habían caído en la misma redada. Uno se logró escapar porque tenía plata e hizo un arreglo con un guardia, mientras que al otro lo soltaron cuando la familia le llevó su cédula colombiana y pudo demostrar que tenía doble nacionalidad.

Son varios los testimonios de venezolanos detenidos arbitrariamente, de sus familiares o compañeros de trabajo, que indican un mismo patrón y que dan cuenta de una versión muy distinta de la que presentó la Policía y Migración Colombia por esos días: que habían sido detenidos vandalizando durante las protestas y poniendo en riesgo la seguridad nacional, y por eso se justificaba expulsarlos.  

La mayoría de los migrantes prefieren no denunciar, especialmente si no tienen un estatus regular, pero siete de los detenidos ese 23 de noviembre de 2019, utilizados como chivos expiatorios por las autoridades colombianas, decidieron denunciar el atropello. La tutela o recurso de amparo que interpusieron fue negada en primera y segunda instancia, pero su caso está siendo revisado por la Corte Constitucional. 

Enjaulados en los CAI

Todos los venezolanos detenidos en la calle o en las casas o en los parques ese día terminaron en distintos CAI (siglas de los Comandos de Atención Inmediata, casetas o módulos apostados en calles y plazas) o estaciones de la Policía. 

“Estuvimos ahí varias horas, incluso nos tocó dormir en la estación”, dice P.

Coinciden en que allí fue donde los policías les empezaron a “caer a palos”. Les decían venecos y toda clase de insultos y groserías. Algunos de sus custodios les quitaron plata y teléfonos, y no se los devolvieron. 

“A mí me robaron 200.000 pesos [unos 53 dólares] que llevaba, a otro chamo 100.000. Se hicieron el día esos policías”, dice J. 

En el CAI de Bosa había decenas de detenidos como en una jaula, que Pinto vio cuando fue a averiguar si allí tenían a sus empleados. El comandante con el que habló le dijo que “no fuera  sapo y lambón” y que pronto los iban a soltar porque era una operación de rutina para ver quiénes tenían papeles y quiénes no. 

Lo mismo le dijeron a Johana López, pareja colombiana de Maikel Graterol, cuándo llegó a un CAI en Kennedy a preguntar por él y por Landaeta. “Eso era como una perrera, los tenían ahí a todos, como unos 30, y me dijeron que era porque estaban indocumentados. Pero que en 24 horas los iban a soltar, por eso yo no me preocupé”.

Traslados arbitrarios 

No los soltaron, ni siquiera a los que tenían su PEP vigente, permisos de trabajo formales o pasaportes. 

Les hicieron firmar unos formatos de traslado por protección, una figura que no es un arresto, sino una medida preventiva que la Policía utiliza para "proteger" a los borrachos, a las personas que están drogadas, o con estados alterados, y no es conveniente que permanezcan en la vía pública. Como dice el mismo formato, deben ser liberados a las 12 horas. 

La razón que aparece marcada en los siete formatos de los que presentaron tutela y hacen parte del expediente es la misma: “Presenta comportamiento agresivo o temerario”. Pero varios de ellos dicen que firmaron ese formato sin darse cuenta que esa era la causal. 

Después de varias horas en los CAI, fueron trasladados al Centro de Protección Temporal de Puente Aranda. Los llevaron en buses, en los camiones, en las patrullas, donde a algunos los extorsionaron y a otros los maltrataron. 

“Un policía se montó en el bus en un momento dado y dijo que el que tenía plata se iba”, dice N. “Unos que sí tenían pagaron como 100.000 pesos y los dejaron libres.”

Algunos trataron de protestar, pegándoles a las rejas del bus, y los policías respondieron lanzando una bomba lacrimógena dentro. Dicen que un señor mayor se desmayó por la falta de aire. Cuando ya se había acabado el gas, los policías se metieron al bus y les pegaron con sus bolillos o rolos, como llaman en Venezuela a los bastones de la policía.

Ya en el CTP los metieron a todos en la misma celda, pero los iban sacando por tandas y los hacían subir a otro piso, donde funcionarios de Migración Colombia les tomaron huellas, fotos, datos y los grabaron cuando les preguntaron dónde habían sido detenidos.

“Ese papeleo era supuestamente para quedar reseñados, porque supuestamente nos iban a soltar después”, dice N.

“Todo el tiempo fue una mentira. Yo le pregunté al de Migración que todo ese papeleo era para qué y dijo que era para sacar el permiso migratorio”, dice R. 

Las familias, los amigos, los compañeros de trabajo, se fueron enterando de que los muchachos estaban en el CTP y hasta allá llegaron la mañana del domingo 24 de noviembre. Pero cuando preguntaban por ellos no les confirmaban si los tenían allí recluidos. 

“Eran muchas mujeres, algunas con niños, era un indicio de que algo raro estaba ocurriendo y todos eran venezolanos”, dice la abogada Laura Dib de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes de Bogotá.

Johana López, la pareja de Maikel Graterol, pudo confirmarlo después de hablar directamente con él. A Maikel y a otros les permitieron hacer una llamada después de una visita de un representante de la Defensoría del Pueblo. Cuando colgaron, López decidió armar un grupo por WhatsApp con familiares para compartir cualquier información o novedad que surgiera. 

Y los abogados de derechos humanos que estaban afuera del CTP empezaron a recolectar nombres, apellidos, cédulas, teléfonos de ellos o de sus familiares, para armar una especie de listado o registro. 

“Alcanzamos a tener un cuadro de Excel con 22 casos”, dice Dib. “Solamente pudimos mantener contacto con 11 de esas familias, y al final sólo siete quisieron presentar una acción de tutela, cuando ya habían sido expulsados.”

Pero eran muchos más los detenidos. 

“En la celda nos contamos, éramos 59”, dice R. 

“ Y no nos dejaban ir al baño. Solo nos llevaron comida una vez”, dice P. 

Según el libro de ingresos y salidas, algunos pasaron entre 30 y 36 horas recluidos, que es el tiempo límite que tiene Migración Colombia para llevar a cabo un proceso de expulsión discrecional.

En un momento dado, en la puerta de afuera del CTP, Migración Colombia publicó el listado completo con los nombres y los documentos de identificación de los venezolanos detenidos. A algunos familiares les dijeron que al día siguiente los iban a liberar, incluso que les trajeran ropa para que se cambiaran. Se fueron felices, imaginando el reencuentro al otro día. 

Pero un funcionario de la Defensoría, que estaba allí en el CTP, le confirmó a Johana López: “Si son venezolanos, se tienen que ir expulsados a su país, porque esas son órdenes de arriba”. Y esa noche, en la página de Facebook de la Policía, anunciaron la expulsión para la madrugada siguiente. 

Una expulsión colectiva

El 25 de noviembre los sacaron de la celda a la madrugada. Los hicieron pasar a firmar sus notificaciones de expulsión y una constancia de buen trato. La hora que aparece en la firma de estos documentos es las cinco de la mañana. 

“Yo firmé ese papel porque era obligatorio, me dijeron que tenía que firmarlo.Todos firmamos por obligación”, dice R. 

En esos formatos dicen que tienen derechos y deberes. Dentro de los derechos está el contar con representación consular (inexistente porque no hay relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela) y poder hablar con familiares o amigos, derecho a solicitar asistencia médica, acompañamiento religioso o un abogado. 

Ninguno de ellos pudo hablar con un abogado, aunque afuera del CTP había varios dispuestos a auxiliarlos.

“Es que no habíamos hecho nada malo, entonces para qué pedir un abogado”, dice N.

Tampoco les dijeron de qué se les estaba acusando, pero lo intuían porque en un momento sí les preguntaron que cuánto les estaba pagando el gobierno venezolano por vandalizar o hacer disturbios.  

“No había ni una prueba, ni nada, cuando pedí ver los videos de las cámaras de seguridad, sólo me dijeron que me quedara callado”, dice el Maracucho.

Como varios fueron trasladados por protección, y no capturados oficialmente, nunca fueron presentados ante un fiscal o ante un juez que pudiera evaluar si había motivos que justificaran su detención. 

La Policía simplemente se los entregó a Migración Colombia para que tramitaran una expulsión discrecional, sobre la base de un oficio enviado por el Jefe de Crimen Organizado de la Policía Metropolitana de Bogotá, el capitán Andrés Mauricio Moreno Guerrero, que decía: “….fue capturado al encontrarse presuntamente generando actividades y comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana durante el paro nacional, causando daños, afectación al orden público, perjuicios materiales a los sistemas de transporte masivo e infraestructura, asimismo, esta persona fue señalada por la comunidad de cometer hechos punibles públicos, saqueos y hurtos”. 

La misma razón, con el mismo formato, o casi igual, aparece en 48 de las resoluciones de expulsión, es decir, en la mayoría. 

A todos les prohibieron volver a Colombia en cinco años, pero hay seis casos cuya sanción es de 10 años y sus resoluciones de expulsión tienen una redacción un poco más precisa en cuanto a fechas y sin el “presuntamente” de las anteriores: “Teniendo en cuenta los hechos presentados en la ciudad de Bogotá D.C los días 22 y 23 de noviembre de 2019, donde el antes mencionado fue sorprendido generando actividades y comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana durante el paro nacional”.

Las diferencias en las sanciones son un indicio de que podría haber una evidencia concreta o diferenciada sobre esas personas, y los presuntos delitos cometidos. 

Las otras cinco resoluciones dicen específicamente que las personas están siendo expulsadas por hurto. Tres de ellos fueron remitidos, no por la Policía, sino por la Fiscalía. De los dos restantes dicen que fueron capturados en flagrancia tratando de robar a una ciudadana en Teusaquillo, una zona de clase media cercana al centro de Bogotá. 

Ninguno de sus formatos de expulsión menciona que esos presuntos delitos tengan relación alguna con las protestas y disturbios ocurridos durante el Paro Nacional. 

Además, esos muchachos —tres de ellos tenían 19 años— llegaron después que los demás, el domingo 24 en la tarde, y nunca les ocultaron a sus compañeros de celda que habían sido capturados robando. J. dice que uno de ellos lloraba porque en Venezuela lo iban a meter a la cárcel apenas llegara. 

Ninguno de los siete que interpusieron la tutela tenían antecedentes penales ni en Colombia ni en Venezuela, pero otros sí los tenían. 

Sin embargo, todos fueron presentados ante la opinión pública como vándalos y elementos peligrosos para la seguridad del país, fueron sacados en grupo, a la misma hora, de la misma manera, sin diferenciar cada caso de manera individual, lo cual terminaría siendo violatorio del derecho internacional humanitario, porque se considera una expulsión colectiva. 

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos lo ha explicado así: “El procedimiento de expulsión de un grupo de ciudadanos debe apoyarse en suficientes garantías que demuestren que las circunstancias personales de cada uno de los ciudadanos afectados, individualmente han sido tenidas en cuenta.” 

Eso incluye averiguar si las personas tienen estatus de refugiado o, aunque no lo tengan, si su vida puede correr peligro al regresar a su país -en el PEP de José Gregorio Sayago había una anotación que indicaba la “imposibilidad de retornar a país de origen debido a la usurpación del Poder Ejecutivo que sufre Venezuela”- si tienen visas, y también si se puede afectar a su familia, especialmente si hay menores de edad que dependen económicamente de ellos.

“Yo tenía una carta de mi trabajo, tenía contrato formal con ellos, pero no les importó.”, dice P., cuya familia —una mujer colombiana y varios niños— dependían de sus ingresos. 

“Yo le dije a un funcionario que tenía a mi familia en Bogotá, mi esposa que estaba embarazada, dos niñas, una de cinco, otra de 12, y mi mamá, pero él me dijo que ‘de malas’ porque yo me iba para Venezuela”, dice R.

Otro de los expulsados, Jackson Peña, les mostró un documento donde decía que su mamá era paciente oncológica y que, por esa razón, para conseguirle el tratamiento que en Venezuela no podía recibir, la familia había emigrado a Colombia. Pero tampoco lo tuvieron en cuenta.

Una operación mediática y un aterrizaje frustrado

Las cámaras de televisión estaban encendidas, los “enviados especiales” de los canales Caracol y City TV habían madrugado para acompañar el resultado final de lo que describieron como una “operación especial de inteligencia” del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y de las Seccionales de Investigación (Sijin) en cinco localidades de Bogotá para capturar a venezolanos que estaban delinquiendo, en algunos casos como reincidentes.

“El lunes nos sacaron a todos en unas camionetas y buses, nos llevaron a un aeropuerto, y nos montaron en un avión horrible, demasiado horrible, como de la I Guerra Mundial, de esos que son militares…. Nos sentaron a todos esposados y se montó gente también de Migración y policías, como si hubiéramos hecho algo demasiado malo. Por unos pocos estábamos pagando todos”, recuerda.

Los venezolanos sabían que los iban a devolver a su país pero no sabían por dónde. El avión Hércules con orden de vuelo número 100727 despegó con destino a Puerto Inírida, en el departamento fronterizo de Guainía. 

Los colombianos se enteraron de que iban hacia allá por las noticias, y porque así lo dijo el director de Migración Colombia, Cristian Kruger, en una rueda de prensa: “Si los expulsamos por sitios de fácil acceso a Colombia, pues, pueden ingresar. Lo que queremos es dificultar el regreso a nuestro país”. 

Añadió que esas personas serían transportadas luego a San Fernando de Atabapo, en el selvático extremo sur del estado Amazonas, el más austral de Venezuela, para entregarlos a la autoridad migratoria de ese país, y que ya había una alerta en todos los pasos fronterizos en caso de que intentaran volver, así como en otros países de la región. 

Pero los habitantes de Puerto Inírida no iban a permitir que un avión grandote cargado de “vándalos” venezolanos aterrizara en su ciudad. Ingresaron al aeropuerto y bloquearon la pista de aterrizaje. Algunos llevaban carteles con letreros que rezaban: “Guainía no quiere malandros”. 

Los pilotos recibieron la orden de desviarse y aterrizar en Puerto Carreño, capital del departamento fronterizo de Vichada, un poco más al norte, sobre la desembocadura del río Meta en el Orinoco. Pero allí también se enteraron de que el avión de “vándalos” estaba por aterrizar, y la gente se preparó para recibirlos de la peor manera: con un ataque xenofóbico. 

La Policía de Puerto Carreño tuvo que reforzar la seguridad en el aeropuerto German Olano, antes de que aterrizara el avión para evitar posibles aglomeraciones y que la gente se metiera a la pista. 

El reporte de la Policía de Vichada que aparece en el expediente del caso dice: “Una vez llega la aeronave de la FAC 1005 a Puerto Carreño, siendo las 10:14 horas se activan los protocolos de seguridad para evitar posibles lesiones a los ciudadanos de nacionalidad extranjera, evitando el ingreso de los ciudadanos a las instalaciones del aeropuerto. Luego estos son transportados en vehículos del Ejército Nacional hasta la Brigada de Selva número 51, custodiados en todo momento por policía y ejército”.

Los montaron en tres camiones, dos pequeños y uno grande. Pero, a pesar de los protocolos y refuerzos de la fuerza pública, la gente de Puerto Carreño atacó a uno de los camiones al salir del aeropuerto. 

“Por donde yo pasé, tiraron piedras y piedras, era mucha gente tratando de parar y voltear ese camión, hasta con motos. Si se hubiera volteado, nos matan”, dice N.

A los otros camiones que venían detrás les avisaron por radio y se desviaron por otra ruta para llegar a la brigada militar.

El Maracucho dice que los 59 estaban muy asustados, no solo por la reacción de la gente, sino por estar en una base militar colombiana. “Pensábamos que los soldados nos iban a dar chumbimba, como dicen ustedes”.

En la brigada del Ejército les dieron un refrigerio y dicen que también les hicieron llenar unos cartoncitos con sus nombres, apellidos y cédulas. Luego los montaron en unos peñeros que contrataron, operados por lancheros de Puerto Carreño, para que cruzaran el río Orinoco, que allí hace frontera, y los llevaran a un paso del lado venezolano conocido como El Burro. 

Todos dicen que la cuarta lancha, que transportaba a las autoridades, los acompañó hasta la mitad del trayecto y luego se devolvió. Jamás hubo una entrega formal a las autoridades del país vecino, como había dicho el director de Migración Colombia. 

“Realmente no sé cómo se hizo ese procedimiento. Me imagino que se habrá grabado, toca preguntar si se grabó o no se grabó, porque las cosas quedan grabadas”, dice Cristian Kruger, quien añade que no puede responder de una manera más precisa porque, aunque era el director de la entidad, no estaba allí. Añade que tal vez las autoridades venezolanas “no los quisieron recibir”. 

Migración Colombia tampoco respondió a esta pregunta y a otras sobre cómo actuaron en este proceso de expulsión. 

Más allá de su falta de respuestas, lo que Migración y Policía hicieron fue improvisado y de espaldas a las autoridades locales, y por eso tuvieron problemas inesperados y adicionales con ellos (el gobernador, el alcalde, la personera) y también con la ciudadanía.

Los funcionarios de Migración y de Policía que habían viajado desde Bogotá esa mañana y se quedaron en el aeropuerto de Puerto Carreño, junto con el avión militar, luego no podían salir. 

Los mismos funcionarios denunciaron que estaban atrapados dentro de la aeronave, que no los dejaban bajar, que se les está acabando la reserva de agua y tampoco podían despegar porque unos 50 ciudadanos finalmente habían entrado a bloquear la pista. 

Entre esos que entraron a la pista estaba el propio gobernador del Vichada, Luis Álvarez. Llegó a montarse en el Hércules a buscar a los venezolanos y dijo que sólo iba a dejar despegar el avión si se cerraba por completo la frontera y renunciaba el representante de Migración Colombia en esa ciudad. 

De todas maneras, el avión no podría salir de Puerto Carreño esa noche, porque el aeropuerto no tenía el sistema de radiofrecuencia VOR, necesario para vuelos nocturnos.

El Burro

El Burro es un caserío en la orilla venezolana del río Orinoco, frente a la población de Puerto Páez, que los detenidos describen como una pequeña isla, un lugar de paso, donde no hay nada más que un par de casitas y un puesto de control militar. Cuando los guardias nacionales los vieron desembarcar solo les preguntaron si eran venezolanos, nada más. No les pidieron las cédulas, no revisaron si algunos de ellos tenían antecedentes penales. Eso sí, les dieron agua.

Allí estuvieron toda la mañana, se metieron al río porque llevaban tres días sin bañarse, comieron lo que la gente del lugar les quiso dar y, hacia el final de la tarde, después de estar tres días juntos, se dividieron por grupos. El primero se fue de regreso a Colombia. El segundo decidió ir a probar suerte a Brasil. El tercero, que luego se dividió otra vez en dos, decidió quedarse en Venezuela.

En ese tercer grupo estaban J. y D., y otras nueve personas que se conocían porque trabajaban en el mismo sector en Bogotá. Se quedaron allí, esperando a que sus familiares les enviaran algo de dinero para poder comprar un pasaje de bus hacia diferentes ciudades de Venezuela: Caracas, Valencia, Barquisimeto. 

“Buscamos una casa donde había llamadas por celular, para avisar a las familias. Ellos nos transfirieron dinero a la casa de esa gente, que nos dio el efectivo. Nos quedamos esa noche allí, nos prestaron el baño, nos cocinaron y dormimos en el porche a la orilla del río”, cuenta J. 

Al día siguiente, tomaron un bus qué remontó el Orinoco en una chalana o planchón y continuó hasta San Fernando de Apure. En el terminal de Apure ya cada uno continuó hacia sus lugares de origen.

“Yo duré dos días viajando para llegar a donde mi familia”, dice P. 

Hubo otro grupo, de unas 15 personas, que no tenían cómo contactar a su familia o no pudieron recibir dinero suficiente para pagarse sus propios pasajes y que decidió ir a pedirle ayuda al gobierno. 

Cruzaron el río en un planchón y al llegar a la otra orilla empezaron a caminar hacia San Fernando de Apure. Antes del anochecer llegaron hasta la plaza de un pueblo, donde se encontraron con un hombre, que no saben si era “guerrillero o paraco”, pero que los ayudó, porque por los grupos de WhatsApp de los habitantes de esa zona circulaba un mensaje que un grupo de malandros había llegado a El Burro más temprano. 

“Dijeron que éramos violadores, asesinos, en las redes sociales y en los grupos de Whatsapp. Y ese señor, delante de nosotros llamó a la señora que había puesto ese mensaje en el grupo y le dijo: ‘¿Tú sabes quién te habla?’. La señora dijo que sí. Y le dijo que tenía que quitar esa publicación porque nosotros éramos padres de familia igual que ella”, cuenta R.

Fuera quien fuera ese hombre, era la verdadera autoridad del lugar. N. también recuerda que ese señor les advirtió que no siguieran caminando de noche, que se quedaran allí en la plaza, y que él se iba a quedar a cuidarlos para que no les pasara nada. 

“Él desde un principio nos colaboró en todo, nos cuidó, porque a las dos de la mañana llegaron unos motorizados y él mismo les dijo que no nos hicieran nada porque éramos los que veníamos de la xenofobia de Colombia. Nos dio comida, de verdad que yo estoy agradecido con ese señor”, dice Maracucho. 

Al día siguiente, lograron llegar hasta San Fernando de Apure, capital del estado venezolano llanero de Apure, vecino del departamento colombiano de Arauca. Fueron a la Gobernación a pedir ayuda, pero nadie los quería recibir. 

Luego se dieron cuenta de que podían utilizarlos políticamente, como mártires, como víctimas, como ejemplo de lo que podía sucederles a los venezolanos que deciden emigrar en vez de quedarse en su país “haciendo patria”, como lo dijeron en la televisión tres días después.

Un falso positivo

“Vean cómo el gobierno colombiano monta su falso positivo”, dijo Diosdado Cabello en su programa de televisión Con el mazo dando, edición número 277, que se emitió a las siete y media de la noche del 27 de noviembre de 2019. 

El número dos del chavismo le dedicaría todo un segmento del programa a denunciar lo que el gobierno colombiano había hecho con los 59 venezolanos expulsados, y pasó los testimonios de cuatro de ellos que aceptaron hablar ante las cámaras, sin saber que aparecerían luego en el programa de Cabello. 

A esos muchachos los había recibido el gobernador de Apure, Ramón Carrizales, exmilitar y exvicepresidente de Venezuela, como Cabello. Les habían dado comida, les habían dado habitación, y les pagaron hasta viáticos para que se fueran a donde estaban sus familias, dijo Cabello, hablando con orgullo del tratamiento que el gobierno le había dado a esos pobres hombres. Todo eso era cierto. Lo que Cabello no dijo es que al principio los iban a mandar a un hotel, pero terminaron durmiendo en una base militar, en colchones que pusieron en el suelo.

“Nos pararon al frente del hotel, el guardia se bajó y habló. Pero algo pasó, para mí que ese guardia se enmarañó los cobres que le habían dado para pagar el hotel, porque nos volvieron a traer igual para la base de donde nos sacaron”, cuenta N. 

Al día siguiente les entregaron dinero, unos 500.000 bolívares soberanos para que pudieran llegar hasta donde sus familias y les dijeron que estuvieran pendientes, que el gobierno los iba a llamar y los iba a ayudar. Que no iba a dejarlos solos.

“Ya nos habían soltado para que nos fuéramos, y de repente vimos a las camionetas de la guardia con sirenas, que venían a buscarnos otra vez. ¿Y qué pasó? No entendíamos nada, nos decían que nos montáramos. El miedo que nos dio fue enorme, quién sabe pa’ donde nos iban a mandar. Algunos no queríamos subirnos, otros si. A la final todos nos montamos”, dice N. 

Lo qué pasó fue que los llevaron de nuevo para el Comando, porque se les había olvidado lo más importante: no se podían ir antes de hablar ante las cámaras del canal del Estado. Necesitaban que algunos dieran sus declaraciones. Algunos de esos fragmentos saldrían en una nota breve en Telesur, pero la mayoría serían utilizados para el segmento especial de Con el mazo dando.

“Mi papá se enteró de todo porque me vio en el programa de Diosdado”, dice R. Se sentía muy mal, derrotado, no sólo por él sino por su esposa y las niñas. “Nos arruinaron la vida y el gobierno venezolano que dijo que nos iba a ayudar tampoco lo hizo.” 

Antes de que lo expulsaran, había hablado en Bogotá con un funcionario de Migración sobre su familia. Le escribió en un papelito cinco letras que él no sabía qué querían decir: Acnur. Y le dijo que ellas tenían que ir para allá, y pedir que las trasladaran hasta Venezuela. La esposa de R. resolvió por su cuenta, vendió el carrito de tintos con el que trabajaba, el televisor y todo lo que tenían. Semanas después, finalmente, se pudieron reencontrar. Cuando fueron a inscribir a las dos niñas en el colegio, les dijeron que no había cupo para ellas por haberse ido del país.

A N. también lo vieron por la televisión y eso le trajo problemas con su suegra y con otra gente de su comunidad. “Un vecino que fue para la casa me dijo que había salido en Telesur. Se enteró así medio barrio, y ellos creyeron que yo estaba jodiendo y echando vaina por allá”, dice. 

Las parejas de otros que fueron expulsados pasarían meses antes de poder verlos de nuevo. Cuando Johana López pudo viajar a llevarle la ropa y todo lo que había dejado Maikel Graterol, él no la reconoció. “Yo pesaba 78 kilos, cuando nos volvimos a ver pesaba 50. Se me había caído el cabello de la angustia, parecía La Llorona”, dice.

Jose Alonso Pinto, el ex jefe de J, fue quien ayudó a la esposa y a sus tres niiños. Se los llevó a vivir a su casa cuando a ella le pidieron que entregara el apartamento a los pocos días porque no tenía cómo pagar. Allí estuvieron hasta que lograron vender unas cosas para irse todos a Venezuela, donde no la han tenido fácil.

“Aquí lo que uno hace es medio rasguñar y comer algo”, dice J. “ Mi esposa tiene una enfermedad, se le brota la piel por el estrés, los talones, los codos, de tanto estrés y preocupación, porque a veces los niños andan pidiendo pa’ comer, y yo no tengo. Estoy que me voy. Estoy que salgo corriendo”.

El Maracucho dice que él quedó traumatizado por toda esa situación. Ha pensado en emigrar a Brasil, pero le da miedo que la policía de ese país lo pare, se den cuenta de que a él ya lo expulsaron de Colombia y vuelva a revivir una situación similar. Él sabe que varios de los muchachos que agarraron en esos días, y con los que aún tiene contacto, regresaron a Colombia y no les ha pasado nada, dice que algunos inclusive tienen PEP y todo, pero él no se atreve. “¡Tú sabes lo que son diez años de cárcel en Colombia!”. 

P. pasó una breve temporada con su familia en Venezuela y luego regresó a Colombia apenas pudo, por una trocha, porque no podía dejar abandonada a su familia. “Ya me han parado los policías pero cuando paso los papeles, no me sale nada,” dice. Lo mismo les ha sucedido a otros. Por eso creen que Diosdado Cabello tenía razón cuando dijo en su programa que el gobierno colombiano había hecho con ellos otro falso positivo.

Esta es la tercera entrega de la serie “Venezolanos, go home”, publicada conjuntamente por Armando.info
y La Silla Vacía. 

Para entrar al apartamento de uno —más de 200 metros cuadrados de lujo— había que pasar por estrictos controles de seguridad, primero en una alcabala externa y luego en la portería de la torre. Para entrar al aparta-estudio del otro —menos de 60 metros y sin contrato de alquiler formal— bastaba con abrir una puerta que daba a la calle. 

Era poco probable que el destino del presidente de Colombia, Iván Duque, se cruzara con el del repartidor de delivery venezolano, Miguel Ángel Calderón. Pero sucedió el 22 de noviembre de 2019. 

“A veces pasa que uno está en el sitio equivocado, a la hora equivocada”, dice Calderón, incapaz de pensar en otra explicación. 

Él sabía dónde vivía el presidente, porque todos los domiciliarios que trabajan en esa zona del norte de Bogotá lo saben. La entrada al conjunto residencial Sierras del Moral, sobre la carrera 7 con calle 147, permanece custodiada a toda hora por uniformados de la Policía o del Ejército. En ningún otro conjunto o edificio tienen que pasar por tantas requisas y chequeos para entregar un pedido. Y, a veces, cuando van pedaleando o acelerando con sus motos por la vía, los sobrepasa la caravana de camionetas blindadas y la escolta motorizada, con las luces y sirenas encendidas, que entra o sale del lugar. 

Calderón había pasado por allí temprano en la mañana y había continuado repartiendo pedidos en el norte de la capital. Pasado el mediodía, cuando iba por la calle 161 con carrera 8, vio a unos patrulleros de la policía advertirles a los comerciantes y a los dueños de los locales que era mejor que cerraran sus negocios porque una manifestación venía subiendo desde la autopista y se dirigía hacia la carrera 7. 

El repartidor venezolano grabó un video con su teléfono para mandárselo a su esposa, Mariu Villalobos.

Los videos eran parte de su rutina cotidiana. Los grababa y luego los compartía, no solo con su esposa, sino con el grupo familiar que había creado en Whatsapp. 

“Esa es la forma que tienen los migrantes de mantenerse cerca de su familia y no creo que sea el único que lo haga”, dice.

Aún le faltaba comprar algo de comida para llevar a casa, así que decidió parar en la tienda Justo & Bueno, ubicada frente al conjunto del presidente, donde usualmente hacía mercado. 

Al llegar, se dio cuenta de qué había mucho movimiento de guardias y policías en la calle. Sacó su teléfono, hizo un paneo rápido de lo que podía ver desde el otro lado de la avenida: carros pasando, la entrada del conjunto Sierras del Moral, los árboles y los edificios lejanos, los locales comerciales alrededor. Lo narró tal como había narrado el anterior. Cuándo terminó, guardó el teléfono en su chaqueta y entró a la tienda a hacer sus compras. Al salir, media hora después, lo interceptó un guardia.

El informe del patrullero de la Policía, Oscar Eduardo Cáceres Jaimes, dice que Calderón fue sorprendido, “siendo aproximadamente las 16:30 horas, en la carrera séptima con calle 146 por el señor intendente Eliseo Buriticá Conde, funcionario de seguridad adscrito al esquema de protección del señor presidente de la República”.

Calderón recuerda el breve intercambio con el intendente así:

- ¿Tú estabas grabando un video?- le preguntó. 

- Sí claro. ¿Por qué?

- Aquí no se puede grabar videos, está prohibido. 

-No sabía, qué pena, jefe- le contestó, y le entregó su teléfono desbloqueado para que él mismo lo borrara. Luego se enteraría que él no estaba obligado a entregarle su teléfono y de que no es ilegal grabar un video en la vía pública. 

Buriticá le pidió los papeles. Calderón le mostró la tarjeta de propiedad de su moto Bajaj modelo 2013, su Permiso Especial de Permanencia que acababa de renovar en agosto, su pasaporte y su cédula extranjera. 

Escuchó que Buriticá le decía a un superior: “Es que él es un venezolano”. 

El informe escrito del patrullero continúa: “La persona antes mencionada se encontraba realizando un video a la residencia del señor presidente y de la seguridad de este lugar, al indagar a esta persona los motivos de esta actividad no supo dar respuesta; así mismo, se pudo constatar que el video registrado fue difundido a varios contactos desde su teléfono celular”.

Han pasado ya dos años desde ese momento y Calderón dice que se imagina que se lo envió a su esposa y a su grupo familiar en Whatsapp, pero que ya no se acuerda de todos los detalles. 

De lo que sí está seguro, es que nunca lo subió a sus redes sociales, que nunca fue un video que circuló públicamente, o al menos no hasta que lo difundieron después por las noticias. 

La conclusión del informe de la Policía, que sería el soporte para justificar su expulsión del país, dice: “Teniendo en cuenta lo anterior y la situación presentada en la ciudad de Bogotá durante el día de hoy, esto pone en riesgo la seguridad del señor presidente y de las condiciones de seguridad de la capital.”

La “situación presentada” en Bogotá, más concretamente frente al conjunto Sierras del Moral, ese día, a las seis de la tarde, cuando ni Calderón ni Duque estaban en el lugar, se podría describir como un plantón o un cacerolazo, una protesta espontánea y pacífica de gente que estaba en desacuerdo por la manera como, el día anterior, el gobierno había respondido a las protestas del Paro Nacional. Lanzaron toda clase de gritos y arengas, pero nada de palos, ni de piedras.

Un caso especial

Mientras el plantón estaba en pleno desarrollo, Calderón se encontraba dentro de un CAI (Comando de Atención Inmediata) de la Policía, a pocas cuadras de allí. Durante horas sería interrogado por un agente y otro. Algunos estaban uniformados e identificados, pero otros no, que iban vestidos de civil. 

Lo grababan y le preguntaban que quién era y qué hacía desde el día que había llegado de Venezuela, que en dónde había trabajado, que quiénes eran sus padres y que dónde vivía su familia.

“Yo colaboré con todo lo que me pidieron. Y les contesté todo lo que me preguntaron porque yo no tenía nada que esconder”, dice.

Hasta ahí era un interrogatorio normal, pero luego comenzó lo que él describe como un “terror psicológico”. Querían saber cuánto le pagaba Maduro por espiar. Cuántas veces se había reunido con Gustavo Petro. Qué cargos había tenido dentro del gobierno venezolano. A cuántas reuniones secretas había asistido. Quiénes eran los integrantes de su célula. Y le dijeron que confesara por el bien de su familia, de su esposa y de su hija, ambas colombianas.

 “Y yo me echaba a reír, y les decía: '¿Pero cómo te voy a confesar algo que no es verdad?'. Yo no trabajo para nadie, yo no soy político, yo trabajo para mí y para mi familia, más nadie". 

No tenía ningún contacto en Colombia y menos de ese nivel. Las únicas reuniones a las que asistía con frecuencia eran las de su Iglesia Cristiana de Avivamiento. Su fe la había depositado en el Dios de las segundas oportunidades, jamás en la autodenominada Revolución Bolivariana. 

Como él les había desbloqueado el teléfono, le esculcaron su correo electrónico, todas las aplicaciones y sus redes sociales. ¿Qué podían encontrar allí? Que era seguidor de Donald Trump, o de algunos políticos venezolanos de la oposición, que probablemente los patrulleros ni conocían: el máximo líder de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, o el pastor Javier Bertucci, contendor a la presidencia de Nicolás Maduro en las cuestionadas elecciones de mayo de 2018. 

¿Habían visto el video con la canción de Ricardo Arjona contra el dictador? ¿O las fotos de Calderón y su esposa luciendo la gorra tricolor, mientras firmaban por el frustrado revocatorio contra el presidente Maduro en 2016?

Lo que les pareció más sospechoso fueron las fotos de las vacaciones a Panamá, a Machu Picchu, en la playa, en centros comerciales, en restaurantes. 

¿Cómo era posible que tuviera tanta plata para hacer esos viajes si él era un repartidor de domicilios? Calderón trataba de explicarles, en contra de sus prejuicios y suposiciones, que él era un profesional, administrador de empresas graduado de la Universidad del Zulia, con una especialización en finanzas, en Maracaibo, la segunda ciudad de Venezuela, en el extremo noroccidental del país. 

Por varios años había sido gerente financiero del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia. Alguna vez había montado su propio negocio de coaching y nutrición, se había aliado con Herbalife, la conocida multinivel de productos dietéticos, y por eso había asistido a tantos congresos de ventas y mercadeo en otros países. 

En Maracaibo había tenido un buen nivel de vida, como tantos otros paisanos que, como él, habían tenido que emigrar luego y rebuscarse la vida, porque no todo resulta como se planea cuando tu país se va al carajo.  

“No te creo nada, no te creo nada”, así le contestaba una mujer de cara larga, pelo liso y mechas rubias, que llegó acompañada de otro hombre, cuando ya otros agentes le habían averiguado todo. 

Nunca se identificaron, no le dijeron quiénes eran, pero en la estación de policía decían que eran personas muy cercanas al presidente. ¿Eran familiares? ¿Miembros de su gabinete? 

En cualquier caso, a Calderón le pareció que ella era muy bien hablada y no se le ha olvidado su cara porque se quedaba mirándolo a los ojos, se le ponía muy cerquita y le decía: “No te creo nada”. 

Hasta antes de que ella llegara al CAI, otros agentes le habían dicho que lo iban a soltar, que se quedara tranquilo porque esa noche dormiría con Mariu, que llegó hasta el CAI a buscarlo, cuando le permitieron hacer una llamada a un contacto. 

Pero no le permitieron verla (luego se enteró de que a ella también la interrogaron). En vez de dejarlo irse con ella, lo montaron en una patrulla y le dijeron que lo iban a expulsar del país, porque eran “órdenes de arriba”.

Como tantos otros expulsados en los días del paro, Calderón pasó por la Sala Transitoria Migratoria en el Centro de Traslado por Protección de Puente Aranda. 

Eran las 22:18 cuando fue registrado en el libro de ingresos, con un comentario: “Buen estado físico como psicológico”. 

En custodia quedaron su celular y una maleta que contenía un pantalón naranja impermeable, dos llaves y un candado. La app de Rappi -el principal servicio de delivery en Colombia- seguía activa en su teléfono y él escucharía desde la celda —era la primera vez que estaba en una celda— las notificaciones y mensajes que llegaban a lo largo de la noche. 

No pudo dormir ni por la angustia, ni por la confusión, ni por el frío. En un momento, un funcionario de chaqueta azul —no recuerda si era de la Alcaldía o de la Defensoría del Pueblo— llegó a la celda y dijo que las condiciones no estaban dadas para tener gente recluida allí. No había colchonetas, no había frazadas, no había nada. 

Durante las horas que estuvo detenido vería entrar a decenas de venezolanos a los que habían agarrado en la calle. Al amanecer, empezaron a llamar de cinco en cinco para tomarles las huellas. Luego se dio cuenta que algunos salían y no volvían a entrar. 

Cuando preguntó por qué no lo soltaban a él, un funcionario le dijo: “Tú eres un caso especial”.

Una ayuda inesperada

Mariu Villalobos esperó a que terminara el toque de queda y a la mañana siguiente fue corriendo hasta al CAI. Allí le dijeron que su esposo había sido trasladado a Puente Aranda. 

Llegó cerca de las 10 de la mañana al CTP, entró al edificio, recorrió piso por piso preguntando por su marido, pero a las dos de la tarde todavía no le daban ninguna razón de él. 

Finalmente, una mujer en la oficina de Migración le confirmó que estaba allí, pero no podía ver a nadie y en las próximas horas sería expulsado del país.

“Fue de manera fortuita que yo llegué a conocer el caso de Miguel Ángel Calderón”, dice la abogada Carolina Moreno. Ella y otros académicos y defensores de derechos humanos se habían enterado, por un grupo de WhatsApp que compartían, que a ese lugar llevaban a algunas personas detenidas durante las protestas del Paro Nacional y decidieron ir hasta allá, a ver si podían ayudarlos. 

Villalobos, la esposa de Calderón, los vio en la calle, los escuchó hablando y decidió abordarlos para contarles lo que le había sucedido a su marido. 

Luego de escucharla, Carolina Moreno, que para ese momento era la directora del nuevo Centro Jurídico para Migrantes de la Universidad de Los Andes de Bogotá, y Rodrigo Uprimny, profesor eminente y uno de los directores de la organización Dejusticia, entraron al CTP y exigieron ver a Miguel Ángel Calderón. 

Eran casi las siete cuando se encontraron por primera vez, y Moreno recuerda que Calderón estaba en shock.

“Yo me quedé sorprendido, de verdad me quedé loco. Cuando salgo pues veo a Carolina, y ella es muy apasionada y emotiva, y me dice con una sonrisa de oreja a oreja: 'Miguel Ángel, yo soy Carolina Moreno, tu abogada, tu esposa me contactó y estamos aquí para ayudarte'", recuerda Calderón.

Hicieron un poder escrito a mano y Moreno le advirtió que no fuera a firmar absolutamente nada, que cualquier decisión debía ser consultada con ella como su abogada. 

Cuando intentó entregar el poder a un funcionario de Migración Colombia, no se lo recibió. Y cuando ella le pidió que llamaran a su superior por teléfono, Henry Corredor, el director de la regional Andina, le reiteró que no le iban a recibir el poder. 

Ella le respondió que era un derecho fundamental y si no se lo recibían, tendría que denunciarlos ante el Ministerio Público, a lo que él le respondió: “Haga lo que quiera, niña”. 

Una carrera contra el tiempo

Carolina Moreno salió corriendo a un cibercafé cercano para redactar una acción de tutela -el equivalente en Colombia a un amparo constitucional- que protegiera el derecho al debido proceso y a tener una familia y no ser separado de ella. 

Por reparto, le correspondió al juzgado 63 penal con función de control de garantías. Al revisar los argumentos, la jueza ordenó suspender la expulsión, con una medida provisional.

La notificación de la jueza llegó a las oficinas de Migración Colombia a las 9:17 pm del 23 de noviembre de 2019, según el sello estampado de recibido. También fue enviada a la dirección de correo electrónico de notificaciones judiciales de la misma entidad a las 10:26 pm, como consta en la copia del correo.

¿No les enviaron una copia, o no les avisaron a los funcionarios de Migración que estaban dentro del CTP de Puente Aranda? ¿O aunque vieron la notificación en el oficio, o en el correo —o en ambos— decidieron seguir adelante con el proceso de expulsión? Porque a las 23 horas, exactamente, de ese 23 de noviembre de 2019, trataron de que Miguel Ángel Calderón firmara su notificación de expulsión. Pero como consta en el formato, Calderón no quiso y hay una nota que explica que se procede a la firma a ruego.

Horas después, a las cuatro de la mañana, Calderón salió de la celda rumbo al aeropuerto internacional El Dorado, que sirve a la ciudad de Bogotá, en compañía del custodio Giovanni López, que lo trató bien: hasta le compró un café. López también le advirtió que los otros dos venezolanos con los que sería expulsado eran delincuentes. 

Hablando con su custodio, se enteró de que lo iban a sacar por Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con el estado venezolano de Táchira. y que el avión saldría a las nueve. Convenció a López de que le dejara hacer una llamada para avisarle a su esposa que ya se iba del país. 

“Y ahí es cuando ella se mueve y se activa toda esa situación tipo película de Hollywood”, cuenta. 

Mariu Villalobos y las abogadas Carolina Moreno, Laura Dib y Gracy Pelacani, corrieron hasta el aeropuerto. Moreno fue directo a la zona de Migración Colombia a buscar a Calderón, pero los funcionarios le dijeron que ya había embarcado y no había nada que hacer.

Mientras tanto, Dib y Pelacani buscaban con desespero en las pantallas de salidas el vuelo próximo a despegar con destino a Cúcuta. Dib, que normalmente habla muy suave, armó un escándalo frente al counter de Avianca y exigió hablar con el gerente de la aerolínea. Con una fotocopia en la mano del documento de la jueza suspendiendo el proceso de expulsión, le advirtió que si ese avión salía, estarían cometiendo una falta.

Calderón ya se había sentado en su silla de avión, cuando una de las azafatas se acercó a él y a su custodio y les dijo: “Afuera están las abogadas de este señor y no puede viajar, tienen que bajarse del avión, porque hay una orden de un juez”. 

La cara de López se transformó, la de Calderón también, pero de felicidad. Subieron por el túnel de abordaje, atravesaron las salas de espera y a la salida vio a su esposa, esperándolo. 

Se abrazaron por un largo rato, se besaron y creyeron, por un instante, que todo el sufrimiento de los últimos días había quedado atrás.

Esto no ha terminado

“Miguel Ángel, no te pierdas, porque esto no ha terminado”, le dijo una de las abogadas antes de despedirse de él. Había que esperar el fallo de la juez. 

Era posible que no resultara favorable, y en ese caso habría que apelar a una segunda instancia. Lo mejor era que se quedara tranquilo y que tuviera un bajo perfil, porque, además, su nombre, su apellido, su cara, habían salido en todas partes. Ya no era un rappitendero cualquiera sino el venezolano que había “espiado al presidente”.

El excomandante general de la policía, Oscar Atehortúa, dijo en una entrevista de radio que era “indudable” que Calderón estaba poniendo en riesgo la seguridad nacional, que no trabajaba en Rappi y que no tenía cómo demostrar asentamiento o estabilidad en Colombia. 

Añadió que “las informaciones que se recolectaron” sobre él concluyeron que “claramente” Calderón tenía otros “propósitos funestos”. Era mejor expulsarlo para que no pudiera “concretar” sus planes. 

El propio presidente Iván Duque, en una entrevista con la periodista Vicky Dávila, directora actual de la revista Semana, dijo: “No conozco a Miguel, no sé quién es Miguel, no conozco su situación familiar”, pero dijo que la información que le había llegado era que Calderón ya llevaba un tiempo prolongado tomando imágenes, no solamente de la fachada de su residencia. Había una sospecha sustentada por la Policía de qué él estaba haciendo espionaje. 

“Yo tengo que limpiar mi nombre, no se puede vender la imagen de que yo soy un espía porque eso no es verdad", dijo Calderón en un video grabado por la organización Dejusticia, que circuló por esos días, y que buscaba contar su versión de los hechos, ya que en muchos medios de comunicación lo que había salido era solo la versión oficial. 

En el diario El Tiempo publicaron una foto con la hoja de su pasaporte donde aparecían todos sus datos personales, como número de cédula, de pasaporte, fecha de nacimiento, entre otros. La nota del periódico decía que “fuentes” indicaban que a Calderón se le venían haciendo seguimientos “de tiempo atrás”.

Fueron días muy extraños. No podía dormir muy bien. Jamás pensó en huir, en esconderse durante un tiempo porque él ha sido un hombre de ley. Nunca cruzó por una trocha de manera ilegal, nunca le pusieron una infracción de tránsito, nunca ha tenido un comparendo -un citatorio o boleta- por mala conducta. Y Mariu Villalobos, su esposa, decía que no tenían nada que ocultar y confiaba que luego de que la juez investigara, se aclararía toda la situación: él había estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado haciendo algo ingenuo, nada más.

El nombre de la jueza que estaba por fallar su caso, Sandra Patricia León Ovalle, sería divulgado en un comunicado de Migración Colombia, el mismo 24 de noviembre, cuando se frustró su expulsión, y en una rueda de prensa al día siguiente, el director de Migración Colombia, Christian Kruger, dijo que acataban la medida de la juez pero no la compartían, y le envió un mensaje a los abogados que habían interpuesto la tutela: “Están poniendo en riesgo la discrecionalidad y la soberanía”.

La jueza León terminaría negando la tutela por improcedente ante un acto discrecional, legal y de carácter administrativo, el 3 de diciembre de 2019.  

Las abogadas de Calderón impugnaron la decisión y solicitaron una medida de amparo provisional, para que no se ejecutara su expulsión hasta que no se resolvieron todas las instancias: “Si no se decreta la medida provisional, al momento en que se dicte el fallo de segunda instancia ya se habrá hecho efectiva la expulsión de Miguel Ángel del país”. 

Feliz Día Internacional del Migrante

Calderón tomaba café con algunos compañeros de trabajo en un local que se llama Bola Ocho, en la Bella Suiza -un barrio de clase media en el noreste de Bogotá-, cuando llegó la patrulla blanca de Migración Colombia. 

Giovanni López, el custodio que había sido tan buena gente con él, venía a llevárselo para culminar su misión, y esta vez no sería tan amable. Era mejor que se montara a la patrulla y que no hiciera ningún show.

En vez de llevarlo por los muelles y pasillos por donde circulan todos los pasajeros en el aeropuerto, lo sacaron por las vías de carga y por donde transportan las maletas. Subió al avión por una escalerilla trasera, y cuando aterrizó en Cúcuta también lo bajaron por una salida de emergencia. 

Calderón sintió que le habían dado un tratamiento como de capo. “Fue una vaina loca, como si fuera el propio Chapo Guzmán.”

Al segundo intento de expulsión de Calderón, Migración Colombia se salió con la suya.

Minutos después fue entregado a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el puente fronterizo Simón Bolívar, sobre el río Táchira. El funcionario de Migración Colombia que lo llevó a él y a otra persona que viajaba en el mismo avión expulsado, le dijo al guardia: “Aquí está el espía y aquí está el solicitado por Interpol”. 

Era el 18 de diciembre, Día Internacional de los Derechos del Migrante, y a propósito de la expulsión de Calderón, Migración Colombia emitió un comunicado que decía: “Lamentamos profundamente tener que llegar a imponer este tipo de sanciones, pero como autoridad migratoria no vamos a permitir que los actos de unos cuantos ciudadanos extranjeros afecten el orden público, la seguridad nacional y sobre todo, la buena imagen de aquellos venezolanos que han llegado a Colombia a trabajar por un mejor país”.

Los venezolanos que se han ido y que regresan a Venezuela, a menudo son vistos como traidores por el gobierno de Nicolás Maduro. Calderón tenía miedo de que el recibimiento que le iban a dar en su propio país fuera ese, el de un traidor. 

Contrario a sus pronósticos, la PNB verificó que no tenía ningún antecedente en el sistema, lo llevó al Saime, el organismo de identificación y extranjería de Venezuela, a hacer el ingreso, y luego lo dejó libre. Pudo llamar a una de las abogadas colombianas, para ver si alguna organización caritativa le ayudaba con algo de dinero, comida, y un lugar donde dormir esa noche. Quería cambiarse de ropa, quería alejarse rápido de la frontera, porque al entrar al cibercafé alguien lo había reconocido y le había dicho: ”¿Usted no es el espía de Maduro?”.

Una “grosera” violación al debido proceso

Fue una Navidad triste para la familia Calderón. No sabían cuándo volverían a estar juntos. Y tampoco sabían si el juez de segunda instancia iba a fallar de manera favorable. 

La angustia terminó el 5 de febrero de 2020, cuando el juez Álvaro Laureano Gómez Luna dijo que a Calderón le habían “socavado de manera grosera el derecho al debido proceso administrativo”, y que no había podido ejercer su defensa, porque el poder que él le había otorgado a su abogada solo había sido admitido hasta el día 31 de diciembre de 2019, cuando ya había sido expulsado.

El juez suspendía de manera transitoria la expulsión y la sanción que le habían impuesto de no poder volver a Colombia en cinco años, mientras se resolvía la solicitud de refugiado que Calderón también había tramitado ante la Cancillería.

Tan pronto como se conoció la decisión del juez, Carolina Moreno le escribió un correo electrónico a Migración Colombia para preguntar si en el sistema todavía aparecía una alerta administrativa. 

Le respondieron el 2 de marzo de 2020 que Miguel Ángel Calderón “a la fecha de emisión del presente, no registra consignas correspondientes a impedimentos de ingreso o salida del territorio nacional”.

Pero en su respuesta el organismo también advertía que, por la pandemia y emergencia sanitaria de la Covid-19, el día anterior, el 1 de marzo de 2020, se habían cerrado los pasos fronterizos, que permanecerían cerrados hasta las 00 horas del 1 de marzo de 2021. 

Es decir, por un año, Calderón no podría regresar a Colombia, o al menos no por un cruce terrestre oficial. Por lo demás, teniendo en cuenta lo delicado de su caso, no era recomendable que lo intentara por los caminos verdes. 

Adicionalmente, le quedaba poco tiempo de vigencia a su pasaporte. No sabía si el Saime, que estaba paralizado, le daría la prórroga. De todas maneras pidió la cita, y fue entonces cuando se dio cuenta de que los funcionarios venezolanos no le habían puesto un sello de ingreso. 

Estaba en un limbo, o en varios, por la pandemia, por el cierre de fronteras, por la imposibilidad de viajar con un documento que no estuviera vencido, por un sello inexistente. 

Se sentía impotente, y su esposa también. Ella había tenido que viajar con la pequeña Ámbar a Sincelejo, a orillas del Caribe colombiano, donde vivía parte de su familia, porque no podían sobrevivir en Bogotá. 

Pero allí tampoco era fácil conseguir trabajo, así que decidieron que lo mejor sería que la niña viajara a Maracaibo, y se quedara con su papá, mientras ella regresaba a la capital a buscar empleo. 

Esperaban que el Saime le entregara su pasaporte renovado, y ya que estaban flexibilizando el paso por la frontera, con el visto bueno de Migración Colombia, todos podrían estar juntos otra vez.

El último intento

El pasado 2 de septiembre de 2021, Miguel Ángel Calderón y su hija Ámbar, de siete años, salieron en un carro con un chofer que los llevó hasta la línea fronteriza binacional en Paraguachón, cerca de la ciudad colombiana de Maicao, en la península de La Guajira. 

Llevaba su pasaporte renovado y la copia del correo electrónico con la respuesta de Migración Colombia a su abogada, en la que afirmaba que él no tenía ningún impedimento para entrar al país. 

Pero cuando llegó hasta el cruce y el funcionario del puesto de control vio su sello de “expulsado”, le dijo que tenía que acompañarlo hasta las oficinas. 

Calderón estaba parado en la raya fronteriza, antes de entrar a territorio colombiano, y dice que si hubiera sabido lo que iba a pasarle por entrar a esa oficina, jamás hubiera dado un paso al frente. 

Lo hicieron esperar durante un rato largo. No le decían nada. Ámbar estaba un poco inquieta, le preguntaba a su papá que qué pasaba. Y él no sabía qué decirle. Finalmente apareció otro funcionario y le dijo lo que más temía: no podía entrar a Colombia. 

Calderón logró comunicarse con las abogadas y les contó lo que estaba sucediendo. Un contacto de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU (Acnur), que trabajaba en la frontera, llegó a la oficina para tratar de mediar. Carolina Moreno, al otro lado del teléfono, le pidió hablar con el funcionario, pero no quiso pasar. Alegó lo que siempre han alegado los funcionarios de la entidad, como si fuera un credo: Migración Colombia era una entidad autónoma.

Le dijo a Calderón que tendría que esperar a que se cumplieran los cinco años de la sanción y después solicitar una visa si quería volver a Colombia. Y para completar, le entregó una carta de inadmisión, que era una sanción adicional, una nueva falta que habían añadido a su expediente, y que se sentía obligado a firmar para que lo dejaran irse con su hija.  

Ámbar se puso a llorar cuando su papá le explicó que había un problema con unos papeles, y que no podrían llegar a Bogotá a reunirse con su mamá. Tendrían que regresar a Maracaibo. Y tendrían que esperar a que hubiera elecciones presidenciales en Colombia porque, mientras Iván Duque esté en la presidencia —en su apartamento en Sierras del Moral o en su despacho en la Casa de Nariño—, a él no lo dejarán volver. 

CODA- La investigación de control interno sobre la actuación de Henry Corredor, director de Regional Andina de Migración Colombia, fue archivada el pasado 31 de septiembre de 2021. Corredor declaró en ella que los funcionarios de la entidad no pudieron recibir el poder de la abogada Carolina Moreno en el CTP de Puente Aranda, porque no había sistema en ese lugar y en ese momento. Y miente cuando dice que Miguel Ángel Calderón “pudo retornar al territorio nacional y le fue restablecido su permiso de permanencia".

Esta es la segunda entrega de la serie "Venezolanos, go home", que Armando.info publica en simultáneo con La Silla Vacía.

-¿Don Oscar Soto?

-Señor presidente Duque, es un gusto conocerlo. 

Se abrazaron, se dieron palmadas en la espalda como socios, compadres, amigos, hermanos de toda la vida, frente a las cámaras de televisión que grabaron cuando el presidente le entregó, de sus manos, la tarjeta 001 del nuevo Estatuto de Protección Temporal, que él había anunciado a principios de 2021 para regularizar a más de un millón de venezolanos indocumentados.

-Para que sea visible, para que ejerza sus derechos y para que Colombia lo reciba con los brazos abiertos- le dijo Duque, en medio de los aplausos de la comitiva. Hubo otro apretón de manos, un medio abrazo, más palmadas en la espalda y la promesa de que ese documento (Permiso por Protección Temporal-PPT) también sería entregado a sus compatriotas en los próximos días.

-Tremenda alegría, mano- le contestó Oscar, olvidando ya el protocolo después de tanto abrazo y cercanía con el jefe de Estado.

-¿Ah?

-Tremenda alegría, muchas gracias- corrigió. 

La escena propagandística mostraba el lado más fraterno de la política migratoria colombiana que, como ningún otro país de la región, ha acogido a dos millones de venezolanos en los últimos cinco años. Ha sido un esfuerzo enorme porque a Colombia le faltan muchos recursos y experiencia en la materia; de hecho, ha sido siempre un lugar expulsor, nunca receptor, de migrantes. Pero al país, ha dicho el presidente Duque, le sobra mucha voluntad y empatía. Eso se lo han reconocido los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea —que han aportado algunos fondos— y las agencias y organismos multilaterales como Acnur, OIM, entre otros. 

Esa ha sido su política de mostrar —y de demostrarle a la izquierda y al progresismo que se puede ser conservador y de derecha, y a la vez humanitario— y será su mejor legado cuando en pocos meses pase a convertirse en un expresidente más, uno con muy baja popularidad.

Sin embargo, la política de acogida en realidad empezó con Juan Manuel Santos, cuando decidió darles la nacionalidad por adopción a los cónyuges venezolanos de 22.000 colombianos expulsados por Maduro en 2015, y continuó con el primero de los PEP (Permiso Especial de Permanencia), que se creó en 2017. Hay que añadir también que, si bien el Ejecutivo ha priorizado el tema migratorio, creando incluso la Gerencia de Fronteras que depende directamente de la Presidencia, el esfuerzo ha sido de todo el Estado colombiano.

Pero también ha habido lunares en esos esfuerzos. 

Quizás el punto más cuestionable de la política migratoria del actual gobierno y de la gestión de otras autoridades estatales ha sido la manera como han lidiado con los venezolanos que delinquen, o con los que aún siendo inocentes han sido utilizados como chivos expiatorios en los momentos de crisis, en especial durante los días de Paro Nacional de 2019 y de 2021, violando sus derechos. 

Muy pocos migrantes han denunciado esas violaciones, y los que se han atrevido, como Miguel Ángel Calderón, el supuesto “espía de Maduro” expulsado en 2019, no han llegado muy lejos. A pesar de contar con una decisión favorable de un juez que revocó su medida de expulsión, Calderón aún no ha podido regresar a Colombia para estar con su familia (su historia completa será publicada en los próximos días como parte de esta serie)

Esta investigación conjunta de Armando.info y La Silla Vacía, denominada Venezolanos, go home, volvió a repasar ese caso y otros, como el de los 59 expulsados en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana, que terminaron abandonados en la orilla venezolana del río Orinoco, sin haber sido entregados formalmente a ninguna autoridad del vecino país, como lo exige este tipo de procedimientos. O el de una familia de jóvenes caminantes, con dos niños pequeños, que a principios de mayo, en medio de las guarimbas y protestas, quedaron atrapados en Gachancipá, un municipio pequeño, ubicado sobre una de las autopistas principales que conectan a Bogotá con el norte del país. Terminaron separados cuando uno de ellos fue señalado como vándalo por la comunidad, detenido y expulsado en menos de 36 horas (estas historias saldrán en los próximos días en el marco de la serie que hoy comienza). 

El propósito de esta serie periodística, elaborada a partir de testimonios directos de migrantes, testigos, entrevistas con exfuncionarios, abogados, documentos públicos, expedientes, y respuestas a derechos de petición (a los que la Fiscalía colombiana nunca contestó), derechos de insistencia y una tutela interpuesta con el apoyo de la organización no gubernamental El Veinte, fue el de entender la doble narrativa del gobierno y de algunas instituciones del Estado frente a la migración, qué consecuencias ha tenido en la percepción de la ciudadanía, y cómo se han estado utilizando las expulsiones: una medida discrecional administrativa que es legal, pero puede ser injusta. 

Percepciones peligrosas

Es difícil precisar cuándo y cómo los venezolanos empezaron a ser percibidos por algunos colombianos como personas peligrosas, pero algunas encuestas y estudios empezaron a medir el rechazo hacia ellos. En octubre de 2018, la opinión desfavorable hacia los venezolanos en Colombia era de 52%, un año después había aumentado a 68%, y en su pico más alto, durante la pandemia —donde el nuevo miedo que surgió era que ellos fueran el mayor vector de transmisión del coronavirus—, ha llegado a estar en niveles superiores al 80 por ciento en 2020, según las encuestas de Invamer Poll.

Las percepciones, que es lo que miden las encuestas, no se corresponden necesariamente con la realidad y esto se ha visto de manera reiterada con la inseguridad, que es uno de los factores que más dispara la xenofobia. 

Varios estudios, entre ellos uno muy citado del Migration Policy Institute y el Instituto Brookings de Estados Unidos, que analizó la cantidad de delitos cometidos por venezolanos en tres países de la región (Colombia, Perú y Chile), demostraron que no hay un aumento sustancial de la delincuencia por la llegada de los migrantes. Según el estudio, elaborado con las propias cifras oficiales de la Policía, que empezó a desglosar la cantidad de arrestos por nacionalidad, a partir del 2019, “los ciudadanos venezolanos tienen tasas de arresto por delitos violentos más bajas de lo que justificaría su proporción dentro de la población, pero más altas tasas de arresto cuando se toman en consideración delitos menores”. 

Entre esos delitos menores está el de hurtos a comercios o a personas en los buses. Nada de esto supone un peligro grave para la seguridad nacional, y de lo que en realidad habla es de las condiciones de precariedad y desempleo que muchos migrantes enfrentan, especialmente si tienen un estatus irregular y no pueden conseguir trabajos y arriendos legales. Esto también los hace más vulnerables y susceptibles a terminar reclutados por organizaciones criminales, o a ser víctimas de sus acciones, como también lo muestran las cifras.

A pesar de eso, varios alcaldes del país han señalado a los venezolanos como personas peligrosas, culpándolos en sus declaraciones públicas de hacerle “la vida de cuadritos” a los colombianos, como dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Esto incide en el tipo de conversación y las matrices de opinión que se van formando los ciudadanos. Los informes del Barómetro de la Xenofobia han analizado cómo las declaraciones estigmatizantes de funcionarios públicos o líderes de opinión disparan los mensajes odiosos y discriminatorios hacia ellos en las redes sociales. 

Es innegable que, conforme ha venido aumentando la población venezolana en Colombia, han aumentado sus arrestos, pero eso no quiere decir que la mayoría de los delincuentes en el país son venezolanos. Según la Policía Nacional, en 2017 detuvieron a 376; para 2018, la cifra había ascendido a 2.478; y en 2019 se había duplicado a 4.793. La mayoría habían sido capturados en flagrancia por hurto a comercios, personas, residencias, vehículos, lesiones personales, o estupefacientes. Como muchos de ellos han entrado de manera irregular por las trochas, no aparecen en el registro migratorio. Al no poder identificarlos, por lo tanto, se crea el primer eslabón de una gran cadena de problemas. 

“Cuando cualquier extranjero comete delitos, uno va al consulado correspondiente a solicitar información. Si no hay consulado correspondiente, va a un consulado aliado de ese país y el consulado tramita esa solicitud”, explica Christian Kruger, exdirector de Migración Colombia. Pero, incluso antes de que se rompieran formalmente las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, en febrero de 2019, en el consulado venezolano “no daban respuesta tampoco”. 

La Policía Nacional habla de “cooperación nula” con el gobierno venezolano y aunque la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol para Colombia realiza solicitudes a su oficina análoga en Venezuela, esta no está obligada a dar respuesta. 

Según el intendente Heber Yesid Rojas, jefe de comunicaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá, “es ahí donde se tiene el problema, porque al momento de no poder establecer la plena identidad de estas personas, el sistema judicial les da libertad de manera inmediata. Por otra parte, cuando el delito comporta medida de aseguramiento tenemos la boleta de detención de estas personas, pero el Inpec [Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario]  no recibe a los privados de la libertad sin su plena identidad”.

Esta situación empezó a generar una idea peligrosa de impunidad total. “Había una molestia de las diferentes autoridades, porque decían: ‘oiga, es que a los colombianos los están condenando y a los extranjeros no’”, dice hoy Kruger. Y añade que empezaron a detectar que los delincuentes colombianos se empezaron a “indocumentar”, haciéndose pasar por venezolanos para que no los procesaran. Intentaron hacer un proyecto piloto de identificación alternativo con los que eran capturados en flagrancia. “Se les daba un carné, un documento, como un acta de constancia. Algunos jueces la aceptaban, otros no. Eran pañitos de agua tibia”.

Propuesta indecente

En varias de las Mesas Migratorias (reuniones para articular la respuesta de Migración Colombia con todas las instituciones, nacionales, regionales, locales) y en otros espacios o discusiones privadas, algunos funcionarios públicos empezaron a pedir que, a los extranjeros que arrestaran y que no podían identificar ni procesar penalmente, los sacaran de inmediato del país, dejando de lado la primera línea del artículo 100 de la Constitución: “Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos.” 

La idea de utilizar una medida administrativa, como la expulsión, para lidiar con un problema de seguridad, que normalmente debe resolverse dentro del sistema penal, fue tomando fuerza y, al menos en Bogotá, se tomaron acciones concretas para implementarla. 

Hubo varias reuniones en las que discutieron el problema y una posible solución. En ellas  participaron Henry Corredor —director regional Andina de Migración Colombia—, el secretario de seguridad distrital de Enrique Peñalosa, Jairo García (hoy viceministro de Defensa), y la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), representada por la exdelegada de Derechos Humanos, la coronel Sandra Mora. 

A mediados de agosto de 2019, Migración Colombia le pidió a la Mebog habilitar un espacio al interior del Centro de Traslado por Protección de Puente Aranda, una zona industrial de la capital. Necesitaban un lugar para tenerlos mientras "se dispone de su libertad inmediata para la aplicación de medidas migratorias, en especial su expulsión de territorio nacional". La Policía aceptó habilitar la celda pero Migración Colombia debía encargarse de la comida de los detenidos.

Entre los antecedentes que el documento que da origen a esta nueva estrategia expone, se explica que “es por los extranjeros que ha aumentado la criminalidad y que según Fiscalía, en 2018 y 2019 se identificó que a muchos de los capturados no les imponen medidas migratorias de expulsión: lo que hace que estos extranjeros sigan en Colombia y sean reincidentes en realización de conductas punibles o contrarias a la convivencia ciudadana". 

Dice el documento, entre los procedimientos descritos, que a algunos se les entregará su notificación y documentos para que “abandonen el país” (este sería un procedimiento de deportación). Luego señala que: “en los casos de reincidencia, o de aquellos extranjeros de mayor riesgo, de mayor connotación mediática, se dispondrá su traslado por funcionarios de Migración Colombia, al Aeropuerto El Dorado [que sirve a la ciudad de Bogotá], con el fin de hacer efectiva la medida de expulsión impuesta”. 

Expulsiones en ascenso

Existen distintas causales para ordenar la expulsión de un extranjero: tener o procurar documentos o visas falsas, o no haber cumplido con órdenes de deportación previas, por ejemplo.

La mayoría de los delitos comunes cometidos por los migrantes en Colombia no justifican una medida de expulsión, pues no se corresponde con las causales típicas (ver tabla). Pero hay “otras expulsiones” —así las llama el decreto 1067 de 2015— que son discrecionales y que están contempladas en el mismo decreto: “Los extranjeros que a juicio de la autoridad migratoria, realicen actividades que atenten contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad, la seguridad pública o cuando existan informaciones de inteligencia que indiquen que representa un riesgo para la seguridad nacional, el orden público, la seguridad pública, o tranquilidad social…..”. También se incluye en este artículo a quienes tengan una orden de captura de otro país o circular de Interpol. 

Este tipo de expulsiones discrecionales no es nuevo, como bien lo explica la periodista Mary Luz Vallejo en un reciente informe para el sitio de Internet de Los Danieles. Se han utilizado en Colombia desde el siglo XIX y XX como una medida contra extranjeros que se consideran peligrosos o “perniciosos” por el tipo de actividad que realizan: agentes o espías, mercenarios, agitadores políticos (muchos de ellos de izquierda); después de los atentados del 11S en Estados Unidos, se han utilizado mucho contra terroristas o líderes de bandas criminales transnacionales, por ejemplo.

Pero la mayoría de extranjeros detenidos en Colombia no representaban un peligro para la seguridad nacional y este tipo de expulsiones no eran frecuentes. Hasta estos últimos años, sin embargo, cuando han pasado a ser no solo muy comunes, sino mayoritarias. 

Migración Colombia decidió omitir las expulsiones discrecionales de su respuesta a un derecho de petición enviado a mediados de junio para conocer las cifras. Respondió que en el 2021 solo habían ocurrido 64, y que las causales eran las ordinarias (ver la tabla). En una respuesta posterior, (que la Policía Nacional le rebotó para que contestara) dio una cifra distinta: durante el primer semestre habían ocurrido 785 expulsiones. Y en un informe de gestión que es público, la cifra total de expulsiones es de 685.

Aunque la entidad no aclaró por qué había diferencias en sus respuestas e informes, estos datos, más completos y oficiales, están en la intervención que presentó la organización Dejusticia ante la Corte Constitucional, en el caso de la expulsión de los 59 venezolanos, que fue seleccionado por el magistrado Alejandro Linares para revisión, luego de que siete de ellos presentaron una tutela contra la medida. 

Según Dejusticia, “las cifras de la Unidad Administrativa Migración Colombia muestran que las expulsiones de carácter discrecional se han convertido en la regla general y no la excepción, pues pasaron en 2015 de representar el 16% del total de las expulsiones al 94% en 2020. En otras palabras, en los últimos 5 años las expulsiones discrecionales aumentaron en un 728% pasando de ser 190 en 2015 a 1573 en 2020”. 

Si bien todos los Estados tienen la potestad de expulsar de su territorio a personas que consideren peligrosas para la seguridad nacional, tienen que justificar su decisión. 

El Relator Especial de la ONU para los migrantes, Felipe González Morales, ha expresado en sus informes preocupación porque los Estados invocan la seguridad nacional o el orden público —conceptos que pueden ser vagos y subjetivos— para "practicar expulsiones, en vez de procedimientos de extradición sujetos a control judicial". 

Lo que estas cifras de expulsiones discrecionales sugieren es justamente que el Estado colombiano empezó a abusar de la facultad discrecional que tiene ante los extranjeros, en especial los venezolanos, para tratar de enfrentar un problema de inseguridad local y cotidiano, de percepciones complejas, y de mal manejo político y diplomático con el país vecino. 

Y si bien esas cifras de expulsiones discrecionales han ido aumentando paulatinamente, también ha habido ciertos picos donde en un solo mes, noviembre de 2019, hubo 186. ¿Qué pasó en noviembre del 2019? El Paro Nacional. 

No lo vamos a permitir

Cuando un puñado de abogados, profesores de derecho de la Universidad de Los Andes de Bogotá, creó la Clínica Jurídica para Migrantes, a mediados de junio de 2019, no se imaginaron todo lo que tendrían que hacer, cinco meses después, para intentar defender a varios venezolanos detenidos en las calles, acusados de poner en riesgo la seguridad nacional durante los días de paro de 2019 y expulsados del país sin la posibilidad de defenderse, porque como lo dice su decreto: “Contra la decisión de expulsión no proceden los recursos".  

La única opción que les quedaba era intentar una acción de tutela -el equivalente en Colombia a un amparo constitucional-, que no ha prosperado en muchos casos, porque, como lo señala la abogada Carolina Moreno: “Los jueces de tutela se mueren del susto cuando es un tema de seguridad nacional.”

Muchos colombianos parecían estar de acuerdo con esas medidas de expulsión, y no se preguntaron si eran justas o injustas, porque desde mediados del 2019 habían estado escuchando que el peligro acechaba, que los gobiernos de Cuba y Venezuela buscaban desestabilizar a toda la región, luego de formular un plan para ello, durante la Conferencia del Foro Social de Sao Paulo que se celebró el 24 y 25 de julio de 2019, en Caracas. 

Así lo advirtió la misma vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el 3 de octubre de 2019, en su discurso para celebrar los 170 años del partido Conservador colombiano: “...estamos viendo toda una estrategia que, desde el Foro de Sao Paulo, tiene la pretensión de tomarse ni más ni menos que todo este hemisferio, de tomarse ni más ni menos que todas estas democracias........” Los políticos del Centro Democrático, entre ellos su líder, el expresidente Álvaro Uribe, respaldarían esa idea con sus trinos y declaraciones.

A los pocos días comenzaron las protestas masivas en Ecuador y el estallido social en Chile, y el gobierno venezolano aprovechó la oportunidad: el presidente Maduro dijo que el plan que se habían trazado en el Foro Social de Sao Paulo iba muy bien, y Diosdado Cabello, el oficioso número dos de la jerarquía chavista, celebró que la “brisita bolivariana” estuviera recorriendo el continente y pronto sería una “ventolera” y luego un “huracán”. Ambos dieron esas declaraciones en eventos específicos frente a las bases chavistas, que celebraron ese tipo de anuncios y gritaron ¡Victoria! con el puño alzado.

Algunos medios de comunicación y líderes opositores venezolanos interpretaron esos anuncios para la tribuna, sin lugar a dudas, como una confesión. Otros, además, saltaron a reforzar la teoría conspirativa. 

Julio Borges, el canciller de Juan Guaidó exiliado en Colombia, convocó a una rueda de prensa en la que dijo tener información de inteligencia de que había un plan desestabilizador en marcha para 16 países de la región, entre ellos Ecuador, donde habían capturado a venezolanos pagados por crear el caos en las calles de Quito y que les habían pillado con información sobre la “localización” y desplazamientos del presidente Lenin Moreno. 

Más allá de cuánta verdad hubiera en todo eso, en medio de ese clima de zozobra, los sindicatos, organizaciones sociales, indígenas, estudiantes, entre otros, convocaron en Colombia a una jornada de Paro Nacional el 21 de noviembre de 2019. Y antes de que alguien pusiera un pie en la calle para marchar, antes de que alguien gritara la primera consigna, tirara una piedra, una molotov, o rompiera una vitrina para saquear, la Policía Nacional ya estaba haciendo allanamientos y Migración Colombia anunciaba las primeras inadmisiones de extranjeros y expulsiones para evitar que se materializara la supuesta conspiración. 

“¡No lo vamos a permitir!”, alertó el ex director de Migración Colombia, Christian Kruger, al anunciar que habían sacado del país a los primeros nueve extranjeros, pero que ya tenían identificados a otros 11 e iban por ellos. “¡No lo vamos a permitir!” Lo dijo varias veces, de manera reiterada, en todos los tonos, ante varios escenarios y en distintas entrevistas con periodistas y medios de comunicación por esos días. “El desorden en la región le ha dado éxito a Maduro para distraer la presión en Venezuela. Son varias coincidencias, la audiencia se puede formar su propia idea de donde viene todo esto,” dijo Kruger. 

Esa “audiencia” estaba en pánico ante el caos en las calles y la supuesta amenaza venezolana. Por las cadenas de Whatsapp y por el Facebook y Twitter enviaban mensajes sobre supuestas hordas de atracadores del país vecino que estaban entrando a los conjuntos cerrados, y los vecinos montaban guardias, armados con palos de escobas, bates y raquetas, o cualquier objeto que sirviera como arma de defensa. 

Las barras bravas futboleras anunciaron que iban tras los vándalos extranjeros, y en la calle 38 sur, un sector al lado de la plaza de mercado de Corabastos donde muchos migrantes han llegado a rebuscarse la vida, lanzaron piedras y palos destruyendo la fachada de un burdel donde trabajaban varias prostitutas venezolanas. 

Algunos domiciliarios y bicitaxistas fueron agredidos, a otros los amenazaron con quemar sus negocios y emprendimientos. Y en medio de esos días de marchas y protestas por razones muy variadas, hubo quienes también quisieron convocar a una marcha contra los venecos.   

En medio del caos, la policía empezó a arrestar a ciudadanos venezolanos, sin que mediaran en muchos casos órdenes de captura o fueran pillados cometiendo delitos en flagrancia. 

Una de las primeras detenciones sería la de Miguel Angel Calderón, un trabajador de delivery que quiso hacer un video con su teléfono para mandarle a su esposa, sobre la forma como estaban reforzando la seguridad frente a la entrada del conjunto residencial donde vive la familia del presidente Duque en el norte de Bogotá. 

Un integrante del esquema de protección presidencial terminó llevándolo a un CAI (Comando de Atención Inmediata) de la policía y luego de varias horas de interrogatorio, sería trasladado a la sala del CTP de Puente Aranda para extranjeros, donde vería cómo entraban decenas de compatriotas. 

“Yo nunca había estado en una celda, en mi vida. Me llevan allá y esa noche empiezan a llegar más y más. Como que había una orden para remolcar venezolanos. Eso fue una cacería de brujas, de gente que estaba volviendo del trabajo, gente sentada al frente de su casa”, dice Calderón. 

En el libro de registros que lleva la Policía de todos los que ingresan y salen de esa sala, quedaron anotados sus nombres y cédulas, y también dos comentarios de quienes estuvieron como custodios: Migración Colombia no les llevaba comida.

Algunos de los que entraron a esa sala, aseguraron haber caído en una redada u operación de la Policía Militar, que salió de casco, camuflado y fusil a patrullar la calle 38 sur de la capital, donde el día anterior se habían presentado saqueos a una megatienda de supermercados Surtimax. 

“Nos pedían la cédula: ‘¿Venezolano? Vas pa’ arriba’”, cuenta uno de los 59 expulsados sobre la manera como los pararon en la calle y luego les ordenaron subirse a un camión. Otro de ellos cuenta que iba caminando con su jefe colombiano. Luego de pedirles papeles, a su jefe lo dejaron libre, pero a él se lo llevaron. 

En la celda, esa noche, todos iban compartiendo anécdotas de dónde y cómo y cuándo habían sido detenidos por la policía: no importó que algunos tuvieran su PEP vigente, o que acabaran de llegar de Caracas horas antes, que estuvieran comprando el desayuno, o yendo a hacer un mandado, o anduvieran en chanclas o cholas. 

Otros agentes con chalecos verdes llegaron a un “pagadiario” -como les dicen a las residencias donde los migrantes pagan a diario por su habitación- en el mismo sector de Patio Bonito. Entraron por la puerta, subieron a las habitaciones e interrumpieron el clímax amoroso de un chico con su novia. Ellos y otros salieron con las manos en alto de la casa. Cuando un patrullero se dio cuenta de que en la azotea de enfrente había alguien grabando, lo que es permitido según el propio Código de Polícia, también se lo llevaron. 

Ninguno de esos casos, todos ocurridos entre el 23 y 24 de noviembre de 2019, aparece registrado en el sistema de la Policía Nacional como una “detención”. Según la respuesta de la entidad a un derecho de petición que buscaba conocer la cifra total de extranjeros detenidos en Colombia, en el marco de las protestas por esos días, solo hubo siete, todos en flagrancia: cinco en Bogotá y dos en Pasto, ciudad del departamento de Nariño, en el suroeste de Colombia, fronterizo con Ecuador. Seis de ellos eran venezolanos y uno peruano. 

Es posible que no aparezcan en el sistema como capturas porque a varios les impusieron una medida conocida como “traslado por protección temporal”, que no es un arresto en sí, sino una figura distinta utilizada para lidiar con personas que están en estados alterados, por distintos motivos, y no es conveniente que estén en el espacio público. 

La policía se los lleva, pero deben ser liberados a las 12 horas. 

En varios de los formatos de TPP de estos venezolanos, dicen que la razón por los cuales son llevados a los CAI es porque “presentan comportamiento agresivo o temerario”, pero varios de ellos dicen que firmaron los formatos sin darse cuenta de que esa era la causal que el patrullero había improvisado como justificación para llevárselos. 

A través de un derecho de insistencia, se le pidió a la Policía que explicara cuántos “traslados por protección” había hecho de ciudadanos venezolanos durante esos días, pero el organismo de seguridad no contestó ni el derecho de insistencia, ni otras preguntas puntuales que fueron enviadas antes de publicar este reportaje. Se sabe, sin embargo, que unas 1,662 personas fueron “trasladadas” a los CTP durante los días del paro, porque así se lo dijo el mismo director de la Policía, en ese entonces, Oscar Atehortua, a Human Rights Watch (HRW), que incluyó en su informe sobre el paro de 2019, un comentario sobre cómo habían abusado de esta medida: “En algunos casos, los policías emplearon indebidamente una disposición del derecho colombiano que autoriza a la Policía a ‘trasladar’ a una persona a un ‘centro asistencial o de protección’ para ‘su protección’ o la de terceros.”

Fue justo a las afueras del CTP de Puente Aranda que los abogados de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de Los Andes, y también de otras organizaciones defensoras de derechos humanos, como Opción Legal o Dejusticia, conocieron a varios de los familiares de los venezolanos que estaban detenidos allí. 

El único de todos ellos que logró reunirse con una abogada —Carolina Moreno— y otorgarle un poder para que lo representara fue Miguel Angel Calderón, el presunto espía venezolano. 

La abogada logró frenar su expulsión—al menos temporalmente— con una acción de tutela, pero los otros 59 venezolanos que habían estado recluidos en la misma celda, salieron a la madrugada del 25 de noviembre para la base aérea de Catam, donde abordaron un avión Hércules, con destino a Puerto Inírida, capital del Departamento del Guainía, la ciudad colombiana más cercana a la Estrella Fluvial del Orinoco y de San Fernando de Atabapo, en el estado venezolano de Amazonas. 

El avión terminó desviándose hacia Puerto Carreño, en el Departamento del Vichada, también ribereña del Orinoco y cercana a la confluencia entre este y el Meta, porque los habitantes de aquella otra ciudad se enteraron por los noticieros de la mañana, a los que invitaron a filmar todo el show de la expulsión colectiva (aunque es prohibido en el derecho internacional humanitaria hacerlo así) que los “vándalos venezolanos” iban en camino, y bloquearon la pista del aeropuerto. 

En Puerto Carreño también se encontraron con una protesta xenófoba de ciudadanos, que atacó con piedras y palos un camión que los sacó del aeropuerto. Finalmente, fueron transportados en lanchas de civiles, no de la Armada, y fueron abandonados en la otra orilla del río Orinoco. 

La historia se repite

Ha sido más difícil seguirle la pista a los casos de expulsiones de venezolanos durante los días de paro del 2021, pero eso no significa que no hayan ocurrido, en medio de una narrativa xenófoba y de chivo expiatorio que se volvió a reactivar apenas empezaron las protestas y los bloqueos. 

El alcalde de Cali, capital del Departamento del Valle del Cauca, Jorge Iván Ospina, fue el primero en señalar a los venezolanos de estar detrás del vandalismo, los saqueos y destrozos en su ciudad. “Amor con amor se paga, ustedes nos recibieron en los años 70, bienvenidos a nuestra sociedad colombiana. Pero no pueden estar en vandalismo y aquel venezolano identificado en vandalismo debe ser deportado de inmediato”, dijo.

El ministro de Defensa, Diego Molano, habló de una supuesta Operación Avispa en la autopista norte, a la altura de las poblaciones de Gachancipá, Tocancipá, Zipaquirá: “La información de inteligencia y de gente de la comunidad es que hay presencia fuerte de venezolanos...”.

Los políticos también contribuyeron a la estigmatización: el exalcalde Enrique Peñalosa y el excandidato del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, al salir de una reunión en el Palacio de Nariño, sede de la presidencia de Colombia, dijeron que no quedaba dudas que detrás de todo el terrorismo y la destrucción de esos días, en varias ciudades, estaban personas enviadas por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello para sembrar el desorden. 

Los ciudadanos no se quedaron atrás en las redes sociales y compartiendo mensajes por whatsapp: los venezolanos estaban llegando en buses contratados para ir a causar destrozos, los venezolanos habían incendiado ambulancias y cobraban peajes en los bloqueos de las vías, los venezolanos habían secuestrado el Transmilenio que terminaron chocando en el sur de Bogotá, los venezolanos estaban vandalizando las estaciones y eran los protagonistas de los saqueos a tiendas y supermercados. Los venezolanos estaban provocando la escasez. Los venezolanos eran los responsables de que muchas personas, incluidas algunas de la tercera edad, no pudieran vacunarse contra el covid. Los venezolanos eran los culpables de que una mujer perdiera al bebé que había dado a luz en una ambulancia, que quedó atrapada en un bloqueo. 

Pero las cifras desmienten la narrativa de que los culpables de todo el caos eran los venezolanos. 

El general Jorge Luis Vargas, actual director de la Policía Nacional, dijo que, para el 3 de mayo de 2021, habían capturado a 431 personas (417 en flagrancia) y habían aprehendido a 34 menores de edad cometiendo delitos. De los capturados, 97 habían sido presentados en audiencia de control de legalidad, entre ellos solo 15 extranjeros, de los que 14 eran venezolanos. Es decir, 3,2 por ciento de todos las personas que hasta esa fecha habían bloqueado las vías, causado destrozos, atacado a la Policía, o saqueado y habían sido detenidas, eran de origen venezolano. 

En un derecho de petición, la Policía luego aclaró que el número total de venezolanos capturados en flagrancia entre el 28 de abril, que fue cuando comenzaron las protestas de 2021, y el 5 de julio, fue de 30 personas. 

Fueron capturadas en diferentes ciudades, Bogotá, Cali, Medellín, pero ninguno fue detenido en Gachancipá, donde hubo bloqueos graves y donde el ministro Molano dijo que había existido la famosa Operación Avispa. 

Sin embargo, hasta Gachancipá llegaron unas patrullas de Migración Colombia y se llevaron a un muchacho de 22 años, un caminante que, junto a su pareja de 21, y dos niños, uno de cuatro y una bebé de dos años, estaba durmiendo debajo de un puente peatonal. Días después, sería expulsado, sin que le mostraran evidencia alguna de que había participado en las protestas y bloqueos. 

“Yo pedí que me enseñaran los videos, yo quería ver las pruebas que decían que tenían. Lo único que podían tener de mí en el bochinche era cuando me había metido a correr las llantas que se estaban quemando, porque el humo pegaba dentro del cambuche, y los niños se estaban ahogando”, dice el muchacho. 

Las respuestas y las no respuestas

Antes de publicar este reportaje se buscaron entrevistas y respuestas, tanto de Migración Colombia como de la Policía Nacional, que son las instituciones que han participado de manera conjunta en este tipo de procedimientos. Ninguna de las dos instituciones aceptó una entrevista, y tampoco contestaron todas las preguntas enviadas por escrito. 

Sus posturas han quedado claras, sin embargo, ante los jueces, en los procesos de tutela que han interpuesto algunos de los expulsados y sus abogados, alegando que se han violado, al menos, dos derechos: al debido proceso y a tener una familia y no ser separada de ella. 

De ellas se desprende que ninguna de las entidades asume la responsabilidad porque se la rebota a la otra: La Policía pide que la saquen de la acción de tutela, ya que la decisión de expulsar a un extranjero es competencia única de Migración Colombia. Y Migración Colombia dice que todas sus decisiones están basadas en los informes de inteligencia remitidos por la Policía. 

Las dos argumentan que nunca han violado el derecho al debido proceso y que frente a los derechos de los niños y a tener una familia, la seguridad del país está primero.

En su respuesta ante el Juzgado 63 Penal Municipal con Control de Garantías por el caso de tutela de Miguel Angel Calderón, la Policía, además, alega el principio de autonomía, soberanía, y de reciprocidad. y recuerda que “en el año 2015 la Guardia Nacional Bolivariana expulsó sin ningún recato a cientos de miles de colombianos de la frontera con Venezuela, marcó sus casas, y los echó sin retorno, destruyendo en aquel triste episodio los hogares de cientos de niños, y en tal situación, no hubo ninguna acción interna, ni internacional que imposibilitara tal procedimiento cruel, inhumano y degradante, y la sociedad internacional justificó el actuar de ese procedimiento sobre la base de la soberanía Estatal. En ese entonces, se justificó la medida de expulsión sobre la base de que los colombianos allí residentes eran miembros de grupos paramilitares que ponían en inestabilidad el régimen dictatorial, sin ningún soporte probatorio, adoptando una medida de expulsión de facto”. 

Completa diciendo que, a diferencia del país vecino, la expulsión de los venezolanos en Colombia “se adopta sobre la base de justas causas de investigación”.  

El problema es que no existe manera de verificar el contenido de esas investigaciones, que son la base de todo. 

Aunque Migración Colombia es la que toma la decisión, no hace ninguna verificación de los informes, primero porque no es su competencia; segundo, porque no se atreven a poner en duda ni a la Policía, ni al Ejército, ni a ninguna otra autoridad de inteligencia. 

Según Kruger, "si yo como director regional (y son los directores regionales los que deciden) recibo un informe de la autoridad correspondiente, donde me dicen: ‘esto y esto y lo otro’, seguramente tomaría la misma decisión y se volverá a tomar la misma decisión. Lo que no puede pasar es que uno empiece a dudar de las instituciones”.

El 25 de noviembre de 2019, el mismo Kruger dio una rueda de prensa y aseguró que la información de inteligencia que había recibido su institución “muestra claramente que puede afectarse la seguridad de nuestro país”. 

Como era reservada no podía dar detalles al respecto, pero aclaró que “en una resolución de expulsión no aparece el asunto de fondo, eso lo tenemos consagrado en un informe de inteligencia o de seguridad. En el momento en que sea demandada esa medida, nosotros le transmitimos ese informe al juez para que comprenda que la medida que se tomó no es desproporcionada". 

Pero esos informes de inteligencia —valga recordar que no se consideran prueba judicial— no están en los expedientes de los casos demandados para que los jueces, en efecto, puedan determinar si la medida se justifica o no. 

En el expediente de Miguel Angel Calderón lo que hay es un oficio del patrullero Oscar Eduardo Cáceres Jaimes, Integrante del CAI , a donde lo llevaron por hacer el video en vía pública. 

En los expedientes de siete de los 59 que pusieron una tutela, lo que aparecen son los formatos de traslado por protección temporal elaborados por distintos patrulleros de la Policía. 

De las resoluciones de expulsión (con excepción de cinco casos, en donde la razón es el hurto, y tres vienen remitidos por parte de la Fiscalía) llaman la atención varias cosas. 

La primera es que la mayoría presentan el mismo formato, o uno muy similar, en el que hacen referencia a un oficio enviado por el capitán Andrés Mauricio Moreno Guerrero -SIJIN/Jefe de Crimen Organizado-MEBOG- que señala: ​​”Fue capturado al encontrarse presuntamente generando actividades y comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana durante el paro nacional, causando daños, afectación al orden público, perjuicios materiales a los sistemas de transporte masivo e infraestructura, así mismo, esta persona fue señalada por la comunidad de cometer hechos punibles tal como agresiones a servidores públicos, saqueos y hurtos”. 

Dice que fueron “capturados”, cuando las mismas órdenes de traslado de protección temporal demuestran que ninguno de los siete que pusieron la tutela fueron detenidos en flagrancia. Todas indican que “presuntamente” se encontraban generando actividades contrarias a la convivencia ciudadana, es decir, no está ni probado ni demostrado. Y dicen que la persona fue “señalada por la comunidad”. 

Esto resulta muy problemático en medio de un ambiente xenófobo. 

Incluso, como lo reconoce Kruger, es muy común que a Migración Colombia lleguen anónimos presentando quejas contra ciudadanos extranjeros, que, en muchos casos, provienen de parejas o exparejas resentidas, y es deber de Migración verificar la denuncia, a veces con apoyo de la Policía, antes de imponer una sanción. 

Pero esas verificaciones no pueden hacerse en plazos tan cortos, como son las 36 horas antes de que deba hacerse la expulsión. 

En el mundo ideal, los migrantes, los funcionarios, la Policía, los fiscales y jueces sabrían muy bien cuáles son sus derechos y deberes, y estarían actualizados sobre la manera como ha avanzado la jurisprudencia, tanto a nivel internacional como nacional, al respecto. 

Pero la realidad es muy distinta: los migrantes no conocen sus derechos, los funcionarios no saben cómo tienen que respetarlos y los jueces ignoran que existen sentencias y casos de otros países llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cuestionan y condenan este tipo de procedimientos y señalan que, aunque se invoque la seguridad nacional y la soberanía, no se puede confundir discrecionalidad con arbitrariedad y que tiene que haber un grado de proporcionalidad entre el presunto delito cometido y la sanción. 

Una expulsión es una sanción fuerte, que además implica unos costos considerables al Estado (toda la logística de transporte para los expulsados y sus custodios hasta un paso fronterizo, por ejemplo). Puede terminar desbaratando una familia porque la persona no puede volver al territorio en cinco o 10 años y, si quiere retornar al país después de tantos años, debe solicitar una visa primero (mientras no haya relaciones, no habrá consulados de Colombia en Venezuela donde pueda tramitarla). 

Si esa persona decide volver por las trochas —como ocurre con frecuencia, haciendo inútil la expulsión— corre el riesgo de que, si lo capturan en territorio colombiano, vaya directo a la cárcel. Si no lo descubren, estará condenado a la irregularidad, porque aunque su expulsión haya sido injusta, tampoco podrá recibir el nuevo Permiso por Protección Temporal que tanto enorgullece al presidente Duque. 

El actual ministro de Salud, Francisco Armada, y el segundo que ha nombrado el presidente Nicolás Maduro en menos de un año, ha admitido públicamente que existen fallas. “Hemos tenido inconvenientes con un grupo de rubros, algunos aparecen, desaparecen. También hemos tenido manipulaciones importantes que generan angustia en la población”, dijo. La Contraloría venezolana constató una demora de entre 127 y 168 días para que los fármacos ingresen al sistema que se encarga de almacenarlos y desde allí distribuirlos a los centros de salud. El diario El Nacional denunció recientemente que había más de 50.000 remedios vencidos. Es el tercer escándalo de este tipo en los últimos cuatro años.

Las fallas ya causaron daño a la salud de algunos pacientes. “Ya tengo más de veinte años con el VIH y sé que una persona puede convivir así por muchos años. Pero el médico me dice que si los dejo de tomar, puedo presentar problemas”, dice Ángela quien tuvo que dejar de tomar su coctel matutino durante un mes. En situación similar han estado otros seropositivos que perdieron peso, sufrieron dolores de cabeza, inflamación de ganglios y estuvieron expuestos a gripes y otras infecciones.    

Algunos intentaron cambiar de tratamiento, pero Ángela no tiene esa opción. Su sistema inmunológico se ha vuelto resistente y los médicos le indican que solo debe tomar Raltegravir, Kaletra y Tenofovir. El primero no se conseguía hace unas semanas en todo el país, los otros dos han estado fallando. Pero aún si hay uno de tres no los pueden tomar, porque los pacientes con VIH necesitan el coctel completo para que sea efectivo.

Ante la situación, los enfermos de VIH y de cáncer empezaron a buscar los medicamentos que en teoría debían recibir gratis. Los más necesitados buscaron apoyo en fundaciones como Acción Solidaria, que canaliza donaciones de otros países, o Aid for aids. Otros los compran en el exterior. En abril, Raiza Farnataro, de la Fundación Conciencia por la Vida de Barquisimeto viajó a Colombia para comprar antirretrovirales para un grupo de seropositivos, gracias a un convenio con la Liga de Santander. Pero otro grupo de ocho pacientes desesperados de Carabobo viajó a Cúcuta, donde compraron frascos de antirretrovirales a un contacto informal y a cuatro veces el precio que consiguió Farnataro a través de la Liga. Cuando viajaban de regreso, la Guardia Nacional les decomisó los frascos en la frontera.

Un negocio multimillonario

La policía alrededor del mundo está tratando de ponerle freno al contrabando de medicamentos. El mercado de ilícitos farmacéuticos ascendía a 75.000 millones de dólares en 2010 y en cinco años había aumentado en un 90 por ciento, según la OMS. El Consejo Europeo estima que es una actividad 25 por ciento más rentable que el narcotráfico.

Desde el 2005, Colombia figura como el cuarto país del mundo con medicamentos falsificados, según el Pharmaceutical Security Institute. En lo que va del año, el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Policía han incautado más de 390 mil unidades de medicamentos, por más de 12 mil millones de pesos. En Venezuela, se pueden estar vendiendo 60 millones de unidades de medicamentos falsos, lo que equivaldría hasta el 10 por ciento del mercado, según un informe de la Cámara Venezolana de Medicamentos (Caveme). En Colombia los cálculos son similares. Esto significa, como lo dice Carlos Sánchez, director de Medicamentos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos del gobierno de Colombia (Invima), que la salud de 1 de cada 10 personas puede estar en riesgo.

Y ese riesgo, tanto para colombianos como venezolanos, ha aumentado en los últimos años por la depreciación del bolívar frente al peso y por las políticas de precios de medicamentos que los dos gobiernos fueron adoptando en la última década.  

En 2003, luego del paro petrolero y del golpe de Estado a Chávez, todos los medicamentos esenciales quedaron sujetos a control y en la práctica, desde hace 11 años, los precios están congelados. A eso se suma que, curiosamente el consumo de fármacos se ha disparado. Según Caveme, el consumo per cápita aumentó en tres años a 19 productos por persona en Venezuela, mientras que en los cuatro principales mercados de la región el promedio era de 9. ¿Qué tanto de eso se queda y qué tanto se va para Colombia?

En Colombia pasó todo lo contrario: se fueron desmontando los controles existentes. A partir del 2002 y hasta el 2006 el gobierno de Álvaro Uribe empezó a flexibilizar y en el 2006 creó una Comisión de precios, bajo el concepto de “libertad vigilada”, pero fue poca la vigilancia y mucha la libertad. La consecuencia fue el abuso. Tan solo las dosis de 13 medicamentos de alto costo dispensados a pacientes afiliados al Seguro Social colombiano aumentaron su precio en 847 por ciento.

Lo peor es que el libertinaje de precios llegó a poner en jaque todo el sistema de salud colombiano, especialmente por los medicamentos de alto costo, que las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) les suministraban a sus pacientes, pero luego cobraban al Fondo de Seguridad y Garantía (Fosyga) del Ministerio de Salud –lo que se conoce como recobros-.

Las cifras eran escandalosas, como lo explicó el propio ministro de Salud, Alejandro Gaviria. “Durante la segunda mitad de la década anterior, los recobros de las EPS al Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantía del Ministerio de Salud colombiano), representados en su gran mayoría por medicamentos de alto costo, aumentaron de manera explosiva pasando de 247 mil millones de pesos en 2006 a 2,4 billones de pesos en 2010”.

Solo en julio del año pasado, el Ministerio adoptó una nueva política de control de precios, utilizando como referencia precios internacionales y la Superintendencia de Salud empezó este año a sancionar a quienes vendieran los medicamentos por valores superiores. El laboratorio Abbott tuvo que pagar una multa de 3.080 millones de pesos por vender el antirretroviral Kaletra a precios por encima de lo permitido. En 2008 llegó a costar 4.000 dólares por paciente al año. El precio máximo establecido hoy es de 670 dólares, un valor que sigue siendo atractivo, no obstante, para quienes logran obtener el Kaletra en Venezuela gratuitamente (o incluso pagándolo si lo consigue a 13 dólares al cambio oficial o 158 al paralelo) y lo revenden en Colombia ilegalmente a las distribuidoras que suministran medicamentos a las EPS.

Los traficantes

La forma de operar de quienes se dedican en serio al tráfico ilícito de medicamentos quedó en evidencia de manera clara el pasado mes de mayo. Antes de la reunión de Cartagena, el gobierno colombiano y el venezolano habían firmado en Maracaibo un memorando de cooperación para luchar contra el contrabando. En el marco de ese acuerdo, las autoridades de ambos países atestaron el primer golpe conjunto que mostró cómo funcionaba una de estas organizaciones, que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Criminales y Penales (Cicpc) venezolano decidió bautizar como la banda de “Los Internacionales”.

La cabeza de esta organización, según informes policiales a los que esta investigación tuvo acceso, es Ciro Antonio Pineda, de nacionalidad colombo-venezolana, tenía casa en Cúcuta y San Cristóbal y contactos comerciales en Colombia y Venezuela. Su nombre era conocido desde hace años en el mundo del contrabando de medicamentos, delito por el que ya había sido condenado aunque nunca estuvo tras las rejas.

La captura de los Internacionales se llevó a cabo, gracias a un anónimo que le llegó a la policía colombiana en abril de 2013. Desde entonces, se empezó a planear la operación. Finalmente, el pasado 14 de mayo detuvieron a 23 personas a ambos lados de la frontera. Incautaron más de 100 mil medicamentos adulterados y falsificados, entre ellos pastas y grajeas, blisters y ampolletas, además de 21.629 cajas pegadizas, 10.377 etiquetas, 8.700 stickers.

La banda operaba en dos frentes. El primero consistía en llevar medicamentos venezolanos originales a Colombia, entre ellos varios de alto costo en cajas y con sellos del IVSS (Instituto de los Seguros Sociales Venezolanos) y los revendía a proveedores colombianos que tenían contratos con entidades o instituciones públicas prestadoras de servicios en Colombia. El otro frente era enviar medicamentos falsos elaborados en Colombia para vender en Venezuela, especialmente comunes como Voltarén o Cataflam que vendían como si fueran originales en farmacias de distintas ciudades del país.  Al hacerles pruebas de laboratorio a algunos de estos productos que hallaron en Cúcuta, y que estaban listos a ser despachados para Venezuela, encontraron otras sustancias que ponían en riesgo la salud de quienes iban a consumirlos.

Los delincuentes alteraban los paquetes de los medicamentos en una litografía en la zona fronteriza, donde les borraban los números de lote originales y fechas de vencimiento y reempacaban con sellos y stickers para que se vieran como fármacos legalmente importados a Colombia o a Venezuela. En las interceptaciones telefónicas entre Pineda y sus clientes se menciona que algunos de los sellos y empaques falsos son traídos desde China o Chile donde, al parecer, han perfeccionado mejor la técnica.

Por las conversaciones telefónicas de algunos de los miembros de la banda, (ver las interceptaciones) se supo que traficaban medicamentos oncológicos como Mabthera y Glivec, que a los pacientes les sale a cero costo, tanto en Venezuela como en Colombia, pero a los gobiernos les vale millones. Los Internacionales hablaban de vender tabletas de Glivec a un precio mínimo de 1 millón de pesos.

Además, aparecieron otras evidencias que indican que algunos miembros de esta banda tenían negocios y vínculos con integrantes de otros casos. Lo que sugiere que bandas como esta no son una red de comerciantes informales, sino que realmente son empresas del crimen transnacional organizado con capacidad de maniobra e infiltración dentro del mercado legal y el sector de la salud en ambos países, y posiblemente en otros de la región. (Ver la Conexión Venezolana) Por eso desmantelarlas completamente  resulta una tarea tan compleja para las autoridades.

Para finales de 2013, la Fiscalía colombiana había recibido apenas 75 denuncias por “corrupción de medicamentos”. En el vecino país, según cifras del Ministerio de Salud, en 2013 hubo 67 denuncias, pero en años anteriores no superaban las 50. Y así como hay pocas denuncias, hay pocas condenas a ambos lados de la frontera.

Así salen de Venezuela

¿Pero cómo llegan estos medicamentos a manos de los contrabandistas? A partir del 2008, el Estado venezolano asumió la obligación de proveer las medicinas de alto costo para todos los ciudadanos. El  Ministerio de Salud, pero sobre todo el IVSS, los compra a las farmacéuticas o a otros Gobiernos con quienes tiene convenios. “El Seguro Social se ha convertido en la casita de oro de las farmacéuticas”, manifestó para este trabajo un representante de una de estas empresas multinacionales.

Entre 2008 y 2014, el IVSS invirtió más de 3 mil millones de dólares en medicamentos para surtir las 77 farmacias de alto costo que opera. También se consiguen con receta médica en algunos hospitales u otras instituciones que dependen del Ministerio de Salud, y en unas pocas ONGs sin ánimo de lucro.

Entre los fármacos de alto costo que se cree que salen de Venezuela y han sido encontrados en decomisos y allanamientos por la policía colombiana se encuentran precisamente los antirretrovirales Kaletra, Atazanavir, Raltegravir y Didanosina, y Dasatinib, Erlotinib, Cabecitabina, Mabthera, Herceptin y Glivec, para el cáncer, según información del Invima. Este tipo de medicamentos, le representaron un costo enorme al Estado colombiano ($1.150.millones de pesos en recobros, lo que equivalía al 24 por ciento del gran total de recobros), según un análisis que hizo en 2008 el mismo Ministerio de Salud.

Al rastrear los lotes o los empaques se encontró que varios han sido producidos por los laboratorios para la venta en Venezuela. También han aparecido medicinas provenientes de Cuba y de India, que las autoridades creen que llegan vía Venezuela, por los acuerdos que el Gobierno ha firmado con estos países. No les quedan dudas cuando encuentran las cajas verdes y blancas características de los medicamentos que entregan a los pacientes del IVSS. Por esos empaques, han notado que no es un caso aislado.

La primera vez que detectaron que estaba sucediendo fue en 2009, cuando encontraron cajas de medicamentos del IVSS entre los ductos de ventilación de un bus que hacía la ruta Maracaibo-Santa Marta (la complicidad de transportadores y fuerzas de seguridad fronterizas es otra constante en varios casos). Al rastrear de dónde venía el paquete, dieron con un taller de mecánica en el sector industrial de La Urbina, en Caracas, propiedad de un colombiano que los almacenaba en su local, pero no llegaron a descubrir quién era su proveedor.

Así se venden en Colombia

Los colombianos acceden a los medicamentos de alto costo a través de su Plan Obligatorio de Salud y sus EPS. Una sola ampolla a un enfermo de cáncer puede costarle 4 millones de pesos, pero a través del sistema público no tiene costo, aunque reciba el tratamiento en una clínica privada. De hecho, el 70 por ciento de los tratamientos oncológicos se prestan en entidades que tienen el servicio subcontratado con las EPS, explica Carlos Castro, director de la Liga Colombiana contra Cáncer.

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) está investigando actualmente lo que ocurre con un medicamento para cáncer que una EPS regional manda a sus pacientes a comprar a ciertas droguerías específicas con las que tiene contratos de suministros y que no está surtiendo efecto en los pacientes. En mayo enviaron una muestra al laboratorio fabricante. Al hacer las pruebas encontraron que aunque era original, su principio activo ya no servía. Y es que el requisito para que los medicamentos de alto costo sean efectivos es que sean almacenados y transportados en condiciones especiales. El problema es que al ser contrabandeados, muchas veces se rompe esta “cadena de frío”.

Quizás uno de los casos más graves, sucedió hace dos años en Barranquilla. Angie Milena Ortiz, usuaria de la EPS Salud Vida, fue a comprar el medicamento Sinagis para infecciones respiratorias que un pediatra de la Clínica Misericordia de Barranquilla le recetó a su hija Saray Daniela, una bebé “prematura extrema”.  “La enfermera que se la vino a colocar se dio cuenta que el medicamento era malo” dijo Ortiz ante la Fiscalía al ser interrogada. “Ella (la enfermera) le comentó a mi mamá que el empaque era diferente y que el lote no coincidía, la caja con el frasquito. Además que la ampolla no hizo espuma.” dijo Ortiz. Por fortuna no le alcanzaron a inyectar el medicamento a la niña.

La Fiscalía aún se encuentra investigando cual fue el alcance de la organización Invermara, (Ver la Conexión Venezolana) que le vendió las ampollas a la señora Ortiz. La empresa vendía medicamentos originales pero también de contrabando, varios de ellos provenientes de Venezuela, a distintas EPS del país. Incluso, se investiga si lograron venderle drogas a la Liga Contra el Cáncer de Barranquilla, aunque la Liga asegura que solo le compra medicamentos a grandes laboratorios.

En el caso de Los Internacionales, una de las personas que jugaba un papel clave para vender medicamentos de contrabando a las EPS y hospitales públicos era Jorge Eliécer Arias Carrascal. En su natal Ocaña, Norte de Santander, Carrascal era conocido como un próspero empresario, un ciudadano “honorable”, cercano a las autoridades del municipio y del departamento.

La empresa de Arias, AF Medical, legalmente constituida, participaba en licitaciones con el sector salud, incluso quiso ser proveedor de medicamentos de la Brigada del Ejército Francisco de Paula Santander. Esta investigación encontró que AF Medical tenía varios contratos de suministro de medicamentos en Ocaña y con la alcaldía de Convención para la comunidad indígena Bari. También tenía contratos con el hospital IPS Miguel Durán de Cáchira y el Hospital Regional de Aguachica, Cesar.

El día en que le fueron imputados los cargos de corrupción de medicamentos, que él aceptó, se armó la romería afuera del juzgado de Ocaña. Era tanta la incredulidad y curiosidad de los ocañeros, que el juez tuvo que interrumpir la audiencia y regañó al custodio porque la sala se estaba convirtiendo en “un circo”.

Arias y los demás integrantes de Los Internacionales que capturaron en Ocaña aún esperan sentencia. Mientras tanto, Ciro Pineda, a pesar de ser la cabeza de la organización, anda libre. El juez de Cúcuta a quien le asignaron el caso tras la operación en mayo declaró ilegal la captura, argumentando que la investigación se había originado gracias a un anónimo, y que por eso todos los demás actos de la investigación, seguimientos, interceptaciones, y demás, eran ilegales. La decisión fue apelada por la Fiscalía y el viernes tenía que presentarse nuevamente para ser imputado por los delitos de corrupción de medicamentos y usurpación de derechos de propiedad industrial, pero ni él, ni su esposa, que tenían circular azul de Interpol en mayo, se presentaron.

Pineda ya había sido condenado por corrupción de medicamentos hace cuatro años, pero le concedieron suspensión condicional. En ese entonces, las autoridades le encontraron a él y a otro hombre, medicamentos con leyendas del IVSS y otros de alto costo como Kaletra, el mismo antirretroviral que siguió traficando y que los venezolanos con VIH en el Zulia buscaban con apremio durante los primeros meses del año. Su caso ilustra que los decomisos, los cierres fronterizos, y las medidas punitivas sin una justicia efectiva, difícilmente lograrán frenar un negocio tan lucrativo como el contrabando de medicamentos.

EL CUERPO DEL DELITO

1. Las interceptaciones
Fragmento de interceptaciones telefónicas a Freddy Mora Castro, uno de los comercializadores de la banda de Ciro Pineda en Norte de Santander, quien ya aceptó cargos y está esperando que le dicten condena.  
16 enero 2014
Hombre: ¿Enviaron algo?
Freddy: Le estoy marcando al hombre y no contesta. Yo sé que él envió eso por Coopetran.
Hombre: Aquí no hay Coopetran.
Freddy: Yo tengo eso en Bogotá.
Hombre: ¿No ha salido Mabtheras?
Freddy: Mabtheras hay pero colombiano no. Hay pero del otro lado, que les hacen aquí, pero a usted no le sirven.
Hombre: ¿A cómo esas?
Freddy: Allá son baratas.
18 enero 2014
Fabio: Me llamaron de la empresa, la humira con una fecha y la humira por dentro con otra fecha.
Freddy: ¿Por qué?
Fabio: Eso es lo que te pregunto a vos.
Freddy: Así como la compré, así llegó.
Fabio: La mandaron para una clínica y el man que la revisó.
Freddy: Dígale que las mande. Si no cambie un Glivec, que vale un millón de pesos o un Revlimid que vale 5 millones.
Fabio: No estoy diciendo que fue vos, pero vos fuiste el que me las entregaste.
Freddy: Eso es que el man no se las quiere comprar.
Fabio.: Pero la caja dice 2014 y la ampolla dice 2015.

2. La conexión venezolana
En los allanamientos que hizo la policía en el caso de Los Internacionales aparecieron indicios que unen este caso con otros dos casos claves de contrabando de medicamentos, el de Invermara y el de Gil Cantillo y que sugieren que en el mundo del contrabando de medicamentos hay conexiones y relaciones comerciales mucho más complejas.
Uno de los hombres de Los Internacionales tenía en su poder facturas a nombre de Representaciones Médicas Gil Cantillo. Esta es la empresa de la cabeza de otra organización, Pedro Gil Cantillo, capturado y procesado el año pasado por contrabando de medicamentos de alto costo de Venezuela a Colombia, en donde les vendía a EPS y a médicos de la Costa Atlántica y de Bucaramanga. Una de las interceptaciones telefónicas de ese caso, sugieren que Gil Cantillo tenía conexiones con funcionarios del sector de la salud en el departamento del Zulia.
El 15 de enero del 2013, a las 20:16, Gil Cantillo recibe una llamada de un tal Wiston donde menciona lo que sucede en un estado fronterizo luego de las elecciones de gobernadores en diciembre de 2012.

Wiston: “Estoy esperando que se normalicen las cosas acá, porque apenas está comenzando el año y hubo cambio de Gobierno. Hay que esperar que se normalicen las cosas.”
Pedro: “¿Qué tiene por ahí?”
Wiston: “Nada, todo está quieto en el Zulia porque ganó Arias Cárdenas, está cambiando todo el personal”.

En la operación para desmantelar la banda de Gil Cantillo capturaron también a dos litógrafos, Jaime Gómez y William Angarita, quienes borraban el rastro original con el que se puede identificar que el medicamento es traído de Venezuela. Ambos trabajaban, además de para Gil Cantillo, para la organización Invermara.

En Invermara, Fausto Rodríguez Solano, capturado en 2012 era uno de los hombres claves que traía medicamentos desde Venezuela. A Rodríguez y a su esposa, Angélica García, les fueron imputados los delitos de corrupción de medicamentos, cargos que aceptaron. Presentando una certificación médica ante el juez, en la que sufría de hipertensión severa, Rodríguez logró que le fuera ordenada la detención domiciliaria. El abogado que lo representó en el caso es Gabriel Ramos Montalvo, quien fue destituido como director de la cárcel distrital de Barranquilla, por permitir que se escaparan varios presos.

Aunque se supone que Rodríguez tiene “casa por cárcel”. El año pasado estuvo en Venezuela, como lo evidencian las fotos de Facebook de su sobrino, quien se graduó de Ingeniero de Petróleos y para celebrarlo tuvo una gran fiesta en el Palacio de Convenciones de Maracaibo. En las fotos aparecen Rodríguez y su esposa Angélica García, vestidos para la ocasión, departiendo junto al graduando.

“Ya basta, Venezuela se respeta”, afirmó en tono enérgico el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado miércoles 20 de agosto. En “cadena” televisada, le mostraba al país imágenes de comida, gasolina y medicamentos incautados por la Guardia Nacional en la frontera con Colombia. Eran los resultados de su “plan de choque” militar para frenar el contrabando, que inició luego de la reunión con el gobierno colombiano hace tres semanas en Cartagena.

Lo que no acordaron de manera bilateral fue cerrar el paso fronterizo durante las noches. El gobierno venezolano tomó la decisión unilateralmente y sin consultarlo con Colombia, como lo expresó públicamente la canciller, María Ángela Holguín. La medida afecta tanto a venezolanos como colombianos, especialmente a quienes viven en la zona fronteriza y no ataca las causas que han hecho florecer el contrabando de todo tipo de productos entre ambos países.

Quizás el más peligroso, por los riesgos que representa para la salud de miles de personas, es el contrabando de medicamentos, que además puede ser más difícil de detectar que la gasolina, la chatarra, o la comida. Esta investigación le siguió la pista al fenómeno, habló con decenas de personas entre expertos, autoridades, médicos, pacientes y tuvo acceso a expedientes y reportes policiales sobre algunos de los integrantes de esta cadena criminal. Si bien en la reunión de Cartagena se abordó de manera general el tema del contrabando, una fuente diplomática dijo que no se abordó de manera específica el tema de medicamentos.

Ambos gobiernos están enfrentando actualmente una crisis en el sistema de salud, pero por razones diferentes. El Estado venezolano, por su esquema de control de cambio y de precios no alcanza a suplir la necesidad de médicos, insumos básicos, servicios y fármacos tanto del sector público como privado. En Colombia, ha sido precisamente por la falta de regulación y control del Estado, que el sistema de salud, insuficiente y de calidad variable, no solo llegó al borde de la quiebra, sino que hasta el año pasado, los colombianos pagaban más caro por la mayoría de medicamentos que otros latinoamericanos.

Lo que se desprende de esta investigación, es que las empresas criminales que están detrás de esto no hacen parte de una conspiración de “guerra económica” –como ha dicho Maduro– para sabotear la Revolución Socialista Bolivariana del Siglo XXI encabezada hoy por él. Tampoco están buscando atravesarse en el proyecto político que impulsa el gobierno de Santos. Son empresarios criminales que, al revés, han utilizado a su favor las diferencias de modelos económicos, los vacíos regulatorios e ineficiencias del sistema de salud, la debilidad institucional y corrupción de la fuerza pública y el sistema judicial que hay en los dos países. Mientras estas condiciones se mantengan a ambos lados de la frontera, seguirán multiplicando sus ganancias, que pueden llegar a ser más rentables que el narcotráfico.

Víctimas de la escasez y del contrabando

Ángela Delgado es venezolana y orgullosamente chavista. Pero su admiración por el fallecido presidente Hugo Chávez no ha sido impedimento para exigirle al Gobierno que respete sus derechos. En 1995, a la edad de 35 y con tres hijos, fue diagnosticada con VIH. Tras varias demandas legales, ella y otros seropositivos lograron que en 1999 el Estado venezolano asumiera el tratamiento y les diera los medicamentos.

Pero el Estado no siempre les ha cumplido. Venezuela está entre los países latinoamericanos con mayor desabastecimiento de estos fármacos, según la Organización Mundial de la Salud. Este año ha sido uno de los peores. La Red Venezolana de Gente Positiva, dice que en lo que va del 2014 han faltado, en promedio, 11 tipos de antirretrovirales por mes. Se estima que puede haber entre 135 mil y 200 mil venezolanos con el virus, pero solo reciben tratamiento con antirretrovirales unos 44 mil. Cada año se reportan 11 mil casos nuevos y se mueren de sida unos 18.000, dice Estevan Colina, secretario de la Red y añade: “Creemos que en Venezuela se está africanizando la epidemia”.

Para los que tienen cáncer, la situación no es más alentadora. El famoso cantante Yordano confesó en una entrevista televisada que tenía cáncer y que había tenido que viajar a Bogotá a buscar los medicamentos que no encontraba en su país para tratarse. El ex ministro de Salud, el doctor José Félix Oletta dice que hay 50 mil casos nuevos cada año, pero los medicamentos de quimioterapia comenzaron a escasear como nunca antes el año pasado. A finales del 2013 había 14 drogas de alto costo que no estaban disponibles en las farmacias del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). En los últimos registros, son más de 20 las faltantes.

No solo los pacientes se han quejado. Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, aseguró que la escasez de medicinas ha superado el 50 por ciento este año y señaló que gran parte del problema es que el Gobierno le adeuda a la industria más de 4 mil millones de dólares. La crisis económica no es, sin embargo, la única razón. La última ministra de Salud que nombró Chávez, Eugenia Sader, fue imputada recientemente por peculado doloso y asociación para delinquir. Dentro de las irregularidades que investigan están algunas licitaciones para compras de medicamentos.

El actual ministro de Salud, Francisco Armada, y el segundo que ha nombrado el presidente Nicolás Maduro en menos de un año, ha admitido públicamente que existen fallas. “Hemos tenido inconvenientes con un grupo de rubros, algunos aparecen, desaparecen. También hemos tenido manipulaciones importantes que generan angustia en la población”, dijo. La Contraloría venezolana constató una demora de entre 127 y 168 días para que los fármacos ingresen al sistema que se encarga de almacenarlos y desde allí distribuirlos a los centros de salud. El diario El Nacional denunció recientemente que había más de 50.000 remedios vencidos. Es el tercer escándalo de este tipo en los últimos cuatro años.

Las fallas ya causaron daño a la salud de algunos pacientes. “Ya tengo más de veinte años con el VIH y sé que una persona puede convivir así por muchos años. Pero el médico me dice que si los dejo de tomar, puedo presentar problemas”, dice Ángela quien tuvo que dejar de tomar su coctel matutino durante un mes. En situación similar han estado otros seropositivos que perdieron peso, sufrieron dolores de cabeza, inflamación de ganglios y estuvieron expuestos a gripes y otras infecciones.    

Algunos intentaron cambiar de tratamiento, pero Ángela no tiene esa opción. Su sistema inmunológico se ha vuelto resistente y los médicos le indican que solo debe tomar Raltegravir, Kaletra y Tenofovir. El primero no se conseguía hace unas semanas en todo el país, los otros dos han estado fallando. Pero aún si hay uno de tres no los pueden tomar, porque los pacientes con VIH necesitan el coctel completo para que sea efectivo.

Ante la situación, los enfermos de VIH y de cáncer empezaron a buscar los medicamentos que en teoría debían recibir gratis. Los más necesitados buscaron apoyo en fundaciones como Acción Solidaria, que canaliza donaciones de otros países, o Aid for aids. Otros los compran en el exterior. En abril, Raiza Farnataro, de la Fundación Conciencia por la Vida de Barquisimeto viajó a Colombia para comprar antirretrovirales para un grupo de seropositivos, gracias a un convenio con la Liga de Santander. Pero otro grupo de ocho pacientes desesperados de Carabobo viajó a Cúcuta, donde compraron frascos de antirretrovirales a un contacto informal y a cuatro veces el precio que consiguió Farnataro a través de la Liga. Cuando viajaban de regreso, la Guardia Nacional les decomisó los frascos en la frontera.

Un negocio multimillonario

La policía alrededor del mundo está tratando de ponerle freno al contrabando de medicamentos. El mercado de ilícitos farmacéuticos ascendía a 75.000 millones de dólares en 2010 y en cinco años había aumentado en un 90 por ciento, según la OMS. El Consejo Europeo estima que es una actividad 25 por ciento más rentable que el narcotráfico.

Desde el 2005, Colombia figura como el cuarto país del mundo con medicamentos falsificados, según el Pharmaceutical Security Institute. En lo que va del año, el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Policía han incautado más de 390 mil unidades de medicamentos, por más de 12 mil millones de pesos. En Venezuela, se pueden estar vendiendo 60 millones de unidades de medicamentos falsos, lo que equivaldría hasta el 10 por ciento del mercado, según un informe de la Cámara Venezolana de Medicamentos (Caveme). En Colombia los cálculos son similares. Esto significa, como lo dice Carlos Sánchez, director de Medicamentos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos del gobierno de Colombia (Invima), que la salud de 1 de cada 10 personas puede estar en riesgo.

Y ese riesgo, tanto para colombianos como venezolanos, ha aumentado en los últimos años por la depreciación del bolívar frente al peso y por las políticas de precios de medicamentos que los dos gobiernos fueron adoptando en la última década.  

En 2003, luego del paro petrolero y del golpe de Estado a Chávez, todos los medicamentos esenciales quedaron sujetos a control y en la práctica, desde hace 11 años, los precios están congelados. A eso se suma que, curiosamente el consumo de fármacos se ha disparado. Según Caveme, el consumo per cápita aumentó en tres años a 19 productos por persona en Venezuela, mientras que en los cuatro principales mercados de la región el promedio era de 9. ¿Qué tanto de eso se queda y qué tanto se va para Colombia?

En Colombia pasó todo lo contrario: se fueron desmontando los controles existentes. A partir del 2002 y hasta el 2006 el gobierno de Álvaro Uribe empezó a flexibilizar y en el 2006 creó una Comisión de precios, bajo el concepto de “libertad vigilada”, pero fue poca la vigilancia y mucha la libertad. La consecuencia fue el abuso. Tan solo las dosis de 13 medicamentos de alto costo dispensados a pacientes afiliados al Seguro Social colombiano aumentaron su precio en 847 por ciento.

Lo peor es que el libertinaje de precios llegó a poner en jaque todo el sistema de salud colombiano, especialmente por los medicamentos de alto costo, que las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) les suministraban a sus pacientes, pero luego cobraban al Fondo de Seguridad y Garantía (Fosyga) del Ministerio de Salud –lo que se conoce como recobros-.

Las cifras eran escandalosas, como lo explicó el propio ministro de Salud, Alejandro Gaviria. “Durante la segunda mitad de la década anterior, los recobros de las EPS al Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantía del Ministerio de Salud colombiano), representados en su gran mayoría por medicamentos de alto costo, aumentaron de manera explosiva pasando de 247 mil millones de pesos en 2006 a 2,4 billones de pesos en 2010”.

Solo en julio del año pasado, el Ministerio adoptó una nueva política de control de precios, utilizando como referencia precios internacionales y la Superintendencia de Salud empezó este año a sancionar a quienes vendieran los medicamentos por valores superiores. El laboratorio Abbott tuvo que pagar una multa de 3.080 millones de pesos por vender el antirretroviral Kaletra a precios por encima de lo permitido. En 2008 llegó a costar 4.000 dólares por paciente al año. El precio máximo establecido hoy es de 670 dólares, un valor que sigue siendo atractivo, no obstante, para quienes logran obtener el Kaletra en Venezuela gratuitamente (o incluso pagándolo si lo consigue a 13 dólares al cambio oficial o 158 al paralelo) y lo revenden en Colombia ilegalmente a las distribuidoras que suministran medicamentos a las EPS.

Los traficantes

La forma de operar de quienes se dedican en serio al tráfico ilícito de medicamentos quedó en evidencia de manera clara el pasado mes de mayo. Antes de la reunión de Cartagena, el gobierno colombiano y el venezolano habían firmado en Maracaibo un memorando de cooperación para luchar contra el contrabando. En el marco de ese acuerdo, las autoridades de ambos países atestaron el primer golpe conjunto que mostró cómo funcionaba una de estas organizaciones, que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Criminales y Penales (Cicpc) venezolano decidió bautizar como la banda de “Los Internacionales”.

La cabeza de esta organización, según informes policiales a los que esta investigación tuvo acceso, es Ciro Antonio Pineda, de nacionalidad colombo-venezolana, tenía casa en Cúcuta y San Cristóbal y contactos comerciales en Colombia y Venezuela. Su nombre era conocido desde hace años en el mundo del contrabando de medicamentos, delito por el que ya había sido condenado aunque nunca estuvo tras las rejas.

La captura de los Internacionales se llevó a cabo, gracias a un anónimo que le llegó a la policía colombiana en abril de 2013. Desde entonces, se empezó a planear la operación. Finalmente, el pasado 14 de mayo detuvieron a 23 personas a ambos lados de la frontera. Incautaron más de 100 mil medicamentos adulterados y falsificados, entre ellos pastas y grajeas, blisters y ampolletas, además de 21.629 cajas pegadizas, 10.377 etiquetas, 8.700 stickers.

La banda operaba en dos frentes. El primero consistía en llevar medicamentos venezolanos originales a Colombia, entre ellos varios de alto costo en cajas y con sellos del IVSS (Instituto de los Seguros Sociales Venezolanos) y los revendía a proveedores colombianos que tenían contratos con entidades o instituciones públicas prestadoras de servicios en Colombia. El otro frente era enviar medicamentos falsos elaborados en Colombia para vender en Venezuela, especialmente comunes como Voltarén o Cataflam que vendían como si fueran originales en farmacias de distintas ciudades del país.  Al hacerles pruebas de laboratorio a algunos de estos productos que hallaron en Cúcuta, y que estaban listos a ser despachados para Venezuela, encontraron otras sustancias que ponían en riesgo la salud de quienes iban a consumirlos.

Los delincuentes alteraban los paquetes de los medicamentos en una litografía en la zona fronteriza, donde les borraban los números de lote originales y fechas de vencimiento y reempacaban con sellos y stickers para que se vieran como fármacos legalmente importados a Colombia o a Venezuela. En las interceptaciones telefónicas entre Pineda y sus clientes se menciona que algunos de los sellos y empaques falsos son traídos desde China o Chile donde, al parecer, han perfeccionado mejor la técnica.

Por las conversaciones telefónicas de algunos de los miembros de la banda, (ver las interceptaciones) se supo que traficaban medicamentos oncológicos como Mabthera y Glivec, que a los pacientes les sale a cero costo, tanto en Venezuela como en Colombia, pero a los gobiernos les vale millones. Los Internacionales hablaban de vender tabletas de Glivec a un precio mínimo de 1 millón de pesos.

Además, aparecieron otras evidencias que indican que algunos miembros de esta banda tenían negocios y vínculos con integrantes de otros casos. Lo que sugiere que bandas como esta no son una red de comerciantes informales, sino que realmente son empresas del crimen transnacional organizado con capacidad de maniobra e infiltración dentro del mercado legal y el sector de la salud en ambos países, y posiblemente en otros de la región. (Ver la Conexión Venezolana) Por eso desmantelarlas completamente  resulta una tarea tan compleja para las autoridades.

Para finales de 2013, la Fiscalía colombiana había recibido apenas 75 denuncias por “corrupción de medicamentos”. En el vecino país, según cifras del Ministerio de Salud, en 2013 hubo 67 denuncias, pero en años anteriores no superaban las 50. Y así como hay pocas denuncias, hay pocas condenas a ambos lados de la frontera.

Así salen de Venezuela

¿Pero cómo llegan estos medicamentos a manos de los contrabandistas? A partir del 2008, el Estado venezolano asumió la obligación de proveer las medicinas de alto costo para todos los ciudadanos. El  Ministerio de Salud, pero sobre todo el IVSS, los compra a las farmacéuticas o a otros Gobiernos con quienes tiene convenios. “El Seguro Social se ha convertido en la casita de oro de las farmacéuticas”, manifestó para este trabajo un representante de una de estas empresas multinacionales.

Entre 2008 y 2014, el IVSS invirtió más de 3 mil millones de dólares en medicamentos para surtir las 77 farmacias de alto costo que opera. También se consiguen con receta médica en algunos hospitales u otras instituciones que dependen del Ministerio de Salud, y en unas pocas ONGs sin ánimo de lucro.

Entre los fármacos de alto costo que se cree que salen de Venezuela y han sido encontrados en decomisos y allanamientos por la policía colombiana se encuentran precisamente los antirretrovirales Kaletra, Atazanavir, Raltegravir y Didanosina, y Dasatinib, Erlotinib, Cabecitabina, Mabthera, Herceptin y Glivec, para el cáncer, según información del Invima. Este tipo de medicamentos, le representaron un costo enorme al Estado colombiano ($1.150.millones de pesos en recobros, lo que equivalía al 24 por ciento del gran total de recobros), según un análisis que hizo en 2008 el mismo Ministerio de Salud.

Al rastrear los lotes o los empaques se encontró que varios han sido producidos por los laboratorios para la venta en Venezuela. También han aparecido medicinas provenientes de Cuba y de India, que las autoridades creen que llegan vía Venezuela, por los acuerdos que el Gobierno ha firmado con estos países. No les quedan dudas cuando encuentran las cajas verdes y blancas características de los medicamentos que entregan a los pacientes del IVSS. Por esos empaques, han notado que no es un caso aislado.

La primera vez que detectaron que estaba sucediendo fue en 2009, cuando encontraron cajas de medicamentos del IVSS entre los ductos de ventilación de un bus que hacía la ruta Maracaibo-Santa Marta (la complicidad de transportadores y fuerzas de seguridad fronterizas es otra constante en varios casos). Al rastrear de dónde venía el paquete, dieron con un taller de mecánica en el sector industrial de La Urbina, en Caracas, propiedad de un colombiano que los almacenaba en su local, pero no llegaron a descubrir quién era su proveedor.

Así se venden en Colombia

Los colombianos acceden a los medicamentos de alto costo a través de su Plan Obligatorio de Salud y sus EPS. Una sola ampolla a un enfermo de cáncer puede costarle 4 millones de pesos, pero a través del sistema público no tiene costo, aunque reciba el tratamiento en una clínica privada. De hecho, el 70 por ciento de los tratamientos oncológicos se prestan en entidades que tienen el servicio subcontratado con las EPS, explica Carlos Castro, director de la Liga Colombiana contra Cáncer.

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) está investigando actualmente lo que ocurre con un medicamento para cáncer que una EPS regional manda a sus pacientes a comprar a ciertas droguerías específicas con las que tiene contratos de suministros y que no está surtiendo efecto en los pacientes. En mayo enviaron una muestra al laboratorio fabricante. Al hacer las pruebas encontraron que aunque era original, su principio activo ya no servía. Y es que el requisito para que los medicamentos de alto costo sean efectivos es que sean almacenados y transportados en condiciones especiales. El problema es que al ser contrabandeados, muchas veces se rompe esta “cadena de frío”.

Quizás uno de los casos más graves, sucedió hace dos años en Barranquilla. Angie Milena Ortiz, usuaria de la EPS Salud Vida, fue a comprar el medicamento Sinagis para infecciones respiratorias que un pediatra de la Clínica Misericordia de Barranquilla le recetó a su hija Saray Daniela, una bebé “prematura extrema”.  “La enfermera que se la vino a colocar se dio cuenta que el medicamento era malo” dijo Ortiz ante la Fiscalía al ser interrogada. “Ella (la enfermera) le comentó a mi mamá que el empaque era diferente y que el lote no coincidía, la caja con el frasquito. Además que la ampolla no hizo espuma.” dijo Ortiz. Por fortuna no le alcanzaron a inyectar el medicamento a la niña.

La Fiscalía aún se encuentra investigando cual fue el alcance de la organización Invermara, (Ver la Conexión Venezolana) que le vendió las ampollas a la señora Ortiz. La empresa vendía medicamentos originales pero también de contrabando, varios de ellos provenientes de Venezuela, a distintas EPS del país. Incluso, se investiga si lograron venderle drogas a la Liga Contra el Cáncer de Barranquilla, aunque la Liga asegura que solo le compra medicamentos a grandes laboratorios.

En el caso de Los Internacionales, una de las personas que jugaba un papel clave para vender medicamentos de contrabando a las EPS y hospitales públicos era Jorge Eliécer Arias Carrascal. En su natal Ocaña, Norte de Santander, Carrascal era conocido como un próspero empresario, un ciudadano “honorable”, cercano a las autoridades del municipio y del departamento.

La empresa de Arias, AF Medical, legalmente constituida, participaba en licitaciones con el sector salud, incluso quiso ser proveedor de medicamentos de la Brigada del Ejército Francisco de Paula Santander. Esta investigación encontró que AF Medical tenía varios contratos de suministro de medicamentos en Ocaña y con la alcaldía de Convención para la comunidad indígena Bari. También tenía contratos con el hospital IPS Miguel Durán de Cáchira y el Hospital Regional de Aguachica, Cesar.

El día en que le fueron imputados los cargos de corrupción de medicamentos, que él aceptó, se armó la romería afuera del juzgado de Ocaña. Era tanta la incredulidad y curiosidad de los ocañeros, que el juez tuvo que interrumpir la audiencia y regañó al custodio porque la sala se estaba convirtiendo en “un circo”.

Arias y los demás integrantes de Los Internacionales que capturaron en Ocaña aún esperan sentencia. Mientras tanto, Ciro Pineda, a pesar de ser la cabeza de la organización, anda libre. El juez de Cúcuta a quien le asignaron el caso tras la operación en mayo declaró ilegal la captura, argumentando que la investigación se había originado gracias a un anónimo, y que por eso todos los demás actos de la investigación, seguimientos, interceptaciones, y demás, eran ilegales. La decisión fue apelada por la Fiscalía y el viernes tenía que presentarse nuevamente para ser imputado por los delitos de corrupción de medicamentos y usurpación de derechos de propiedad industrial, pero ni él, ni su esposa, que tenían circular azul de Interpol en mayo, se presentaron.

Pineda ya había sido condenado por corrupción de medicamentos hace cuatro años, pero le concedieron suspensión condicional. En ese entonces, las autoridades le encontraron a él y a otro hombre, medicamentos con leyendas del IVSS y otros de alto costo como Kaletra, el mismo antirretroviral que siguió traficando y que los venezolanos con VIH en el Zulia buscaban con apremio durante los primeros meses del año. Su caso ilustra que los decomisos, los cierres fronterizos, y las medidas punitivas sin una justicia efectiva, difícilmente lograrán frenar un negocio tan lucrativo como el contrabando de medicamentos.

EL CUERPO DEL DELITO

1. Las interceptaciones
Fragmento de interceptaciones telefónicas a Freddy Mora Castro, uno de los comercializadores de la banda de Ciro Pineda en Norte de Santander, quien ya aceptó cargos y está esperando que le dicten condena.  
16 enero 2014
Hombre: ¿Enviaron algo?
Freddy: Le estoy marcando al hombre y no contesta. Yo sé que él envió eso por Coopetran.
Hombre: Aquí no hay Coopetran.
Freddy: Yo tengo eso en Bogotá.
Hombre: ¿No ha salido Mabtheras?
Freddy: Mabtheras hay pero colombiano no. Hay pero del otro lado, que les hacen aquí, pero a usted no le sirven.
Hombre: ¿A cómo esas?
Freddy: Allá son baratas.
18 enero 2014
Fabio: Me llamaron de la empresa, la humira con una fecha y la humira por dentro con otra fecha.
Freddy: ¿Por qué?
Fabio: Eso es lo que te pregunto a vos.
Freddy: Así como la compré, así llegó.
Fabio: La mandaron para una clínica y el man que la revisó.
Freddy: Dígale que las mande. Si no cambie un Glivec, que vale un millón de pesos o un Revlimid que vale 5 millones.
Fabio: No estoy diciendo que fue vos, pero vos fuiste el que me las entregaste.
Freddy: Eso es que el man no se las quiere comprar.
Fabio.: Pero la caja dice 2014 y la ampolla dice 2015.

2. La conexión venezolana
En los allanamientos que hizo la policía en el caso de Los Internacionales aparecieron indicios que unen este caso con otros dos casos claves de contrabando de medicamentos, el de Invermara y el de Gil Cantillo y que sugieren que en el mundo del contrabando de medicamentos hay conexiones y relaciones comerciales mucho más complejas.
Uno de los hombres de Los Internacionales tenía en su poder facturas a nombre de Representaciones Médicas Gil Cantillo. Esta es la empresa de la cabeza de otra organización, Pedro Gil Cantillo, capturado y procesado el año pasado por contrabando de medicamentos de alto costo de Venezuela a Colombia, en donde les vendía a EPS y a médicos de la Costa Atlántica y de Bucaramanga. Una de las interceptaciones telefónicas de ese caso, sugieren que Gil Cantillo tenía conexiones con funcionarios del sector de la salud en el departamento del Zulia.
El 15 de enero del 2013, a las 20:16, Gil Cantillo recibe una llamada de un tal Wiston donde menciona lo que sucede en un estado fronterizo luego de las elecciones de gobernadores en diciembre de 2012.

Wiston: “Estoy esperando que se normalicen las cosas acá, porque apenas está comenzando el año y hubo cambio de Gobierno. Hay que esperar que se normalicen las cosas.”
Pedro: “¿Qué tiene por ahí?”
Wiston: “Nada, todo está quieto en el Zulia porque ganó Arias Cárdenas, está cambiando todo el personal”.

En la operación para desmantelar la banda de Gil Cantillo capturaron también a dos litógrafos, Jaime Gómez y William Angarita, quienes borraban el rastro original con el que se puede identificar que el medicamento es traído de Venezuela. Ambos trabajaban, además de para Gil Cantillo, para la organización Invermara.

En Invermara, Fausto Rodríguez Solano, capturado en 2012 era uno de los hombres claves que traía medicamentos desde Venezuela. A Rodríguez y a su esposa, Angélica García, les fueron imputados los delitos de corrupción de medicamentos, cargos que aceptaron. Presentando una certificación médica ante el juez, en la que sufría de hipertensión severa, Rodríguez logró que le fuera ordenada la detención domiciliaria. El abogado que lo representó en el caso es Gabriel Ramos Montalvo, quien fue destituido como director de la cárcel distrital de Barranquilla, por permitir que se escaparan varios presos.

Aunque se supone que Rodríguez tiene “casa por cárcel”. El año pasado estuvo en Venezuela, como lo evidencian las fotos de Facebook de su sobrino, quien se graduó de Ingeniero de Petróleos y para celebrarlo tuvo una gran fiesta en el Palacio de Convenciones de Maracaibo. En las fotos aparecen Rodríguez y su esposa Angélica García, vestidos para la ocasión, departiendo junto al graduando.