Justo antes de la temporada vacacional, a los caraqueños les tomó por sorpresa que uno de sus principales atracciones turísticas, el teleférico capitalino –antes llamado Parque Ávila Mágica y renombrado en 2007 por el chavismo en su típica pretensión indigenista– estaría inoperativo desde el 30 de abril por un período de cuatro a seis meses. Las autoridades informaron apenas 15 días antes que se llevarían a cabo labores de “cuarto y quinto nivel”, lo que técnicamente significa la sustitución total del cable tractor que hace posible el viaje de las cabinas desde la estación de Maripérez a la cima del cerro El Ávila, a 2.105 metros sobre el nivel del mar. 

Lo que era un inconveniente para los usuarios representaba, en cambio, motivo de celebración para Railteco Rail, una empresa panameña constituida en 2019 que logró hacerse con el contrato de la restauración del sistema. Alrededor de 20 de sus trabajadores están consagrados por ahora en algunas tareas menores y pruebas a la estructura, a la espera de que la guaya de 7.4 kilómetros de longitud -por el venezolanismo con el que se nombra al cable tractor- arribe al país. Será un momento estelar, luego del fracaso del gobierno nacional de tenerla para finales de 2021.

Esa primera oportunidad de restaurar el teleférico se dio en agosto del año pasado y fue el propio Víctor Cruz, en entrevista con Unión Radio, quien mencionó que los trabajos durarían al menos nueve meses. “Desde el punto de vista de ingeniería, el sistema está en su máxima vida útil y necesita de la sustitución del cable tractor, del parque electromecánico y computarizado, de sus piezas y partes”, detalló en una de sus pocas declaraciones sobre el asunto para la prensa.

Sin mediar explicaciones oficiales y sin que se llevara a cabo ese mantenimiento mayor, el Teleférico Warairarepano retomó sus operaciones regulares el 5 de noviembre. Más pronto que tarde, en abril de 2022, se anunció de nuevo su paralización para reparaciones de envergadura. La deducción es obvia: la administración del teleférico convino en asumir el riesgo calculado de seguir operando otros seis meses a pesar de que la vida útil del cable tractor y del sistema ya se había vencido. 

Los recién llegados

Fuentes internas de Ventel señalaron a Armando.info que el contrato de sustitución de la guaya y mantenimiento, número CJ/003/2022, supone un presupuesto de 5,37 millones de euros. Solo el cable tiene un costo que ronda el millón de euros. Desde luego, se trata de equipos especializados de gran valor. La novedad radica en el cambio del elenco de proveedores. Doppelmayr, la empresa austriaca constructora del sistema y referencia global en el sector, ya no se encuentra en él.  

Una compañía china, Guizhou Wire Rope, fabricante y comercializadora de cables de acero, aparece ahora como encargada del suministro del crucial cable. Para el 1 de junio, la pieza presentaba un avance de fabricación de 41% y el cronograma establece que en julio empiecen las pruebas para su posterior instalación.

El otro recién llegado, literal, es Railteco. 

Si alguien ingresa al sitio web oficial de Railteco Rail, por estos días deshabilitado, se dará cuenta de que no tiene historia. En la sección donde debería aparecer esa relación de experiencias y credenciales, solo aparecen las palabras “por escribirse”. En efecto, la empresa fue creada el 26 de febrero de 2019 con un capital de 10.000 dólares americanos y, aunque dice ser una marca nacional –acaso para calzar con la narrativa oficial que impera hoy sobre la independencia tecnológica e industrial–, en realidad se constituyó en la ciudad de Panamá. Su costado venezolano de origen radica en que sus tres socios son oriundos de la ciudad de Carora, estado Lara, en el centrooccidente del país. 

Se trata de Guilherme de Jesús Rodríguez López, quien con 26 años es gerente de finanzas de la compañía; Eneyilda Marisol López Barcos; y José Gregorio Rodríguez Alagares, este último, experto en ventas y con diez años de experiencia en el área metroviaria en Colombia y Venezuela, según deja ver en su cuenta en LinkedIn. Curiosamente, en su perfil de esa red social, Rodríguez Alagares añade que tiene cinco años como empleado de Jiangsu Railteco Equipment, una corporación china creada en 2003 y encargada del diseño y comercialización de insumos ferroviarios; no queda claro si hay alguna vinculación de esta con la Railteco panameña, de la que es socio y presidente. En cambio, en el estado de Florida, en Estados Unidos, sí hay una homónima, Railteco Rail Corporation, registrada en mayo de 2020.  

La contratación de esta Railteco para las obras del teleférico del Ávila se corresponde con el desplazamiento previo de Doppelmayr de esas obras y del área en la que tradicionalmente se desenvuelve. El gobierno de Maduro dejó de pagarle a la corporación austríaca, que hasta ahora no solo era la constructora de todos los sistemas de teleférico en el país, sino también la encargada de suministrar sus partes de repuesto. Eso era así desde la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, que hizo levantar los teleféricos originales del Ávila y del Pico Espejo, en la Sierra Nevada de Mérida, hasta el teniente coronel Hugo Chávez, que con el horizonte de expandir los sistemas teleféricos en todo el territorio suscribió en marzo de 2007 un convenio de cooperación económica con el gobierno federal de Austria, en cuyo tercer artículo se estipulaba el apoyo entre ambas naciones “en todas las modalidades” del sector transporte. 

Favorecida por Chávez y su séquito hasta el punto de alimentar señalamientos de corrupción, Doppelmayr perdió ese favor con Maduro y la crisis de las arcas públicas venezolanas. Se acumuló una deuda enorme con Doppelmayr, que conocedores del tema ubican por encima de los 100 millones de euros. La empresa austríaca no tuvo más que suspender sus servicios, incluyendo la provisión de repuestos, una deserción que no solo afecta al teleférico de El Ávila, sino al de Mérida y los dos cabletrenes o funiculares vecinales construidos en zonas populares de Caracas. 

Se trata de un conflicto que Doppelmayr cubre con sordina ante la opinión pública para no enajenarse la voluntad que aún pueda mantener el gobierno de Caracas por honrar su deuda. Desde Ventel atribuyen la mora, así como la imposibilidad de Doppelmayr para seguir trabajando en Venezuela, a las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea. En todo caso, ni corto ni perezoso, el ente estatal se inventó su nuevo proveedor.

En Carora sueñan con los Alpes

Tendría que pasar un año desde su constitución para que Railteco figurara, desde 2020, en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) del Estado venezolano con alguna asignación. En ese caso se trató de dos contratos, sin datar, para la reparación de “tarjetas de sistema de frenado y de embarcado fijo” para el Metro de Caracas y el Ferrocarril de los Valles del Tuy. Se conoce, además, la participación de la empresa en el proyecto de rehabilitación y expansión de la interrumpida Línea 5 del Metro, para el que el Ejecutivo Nacional aprobó unos 17 millones de dólares este año. 

En el objeto social de Railteco Rail no se hace mención alguna a los transportes de cables o mantenimiento de teleféricos, pero en sus redes sociales, recién creadas en septiembre del año pasado, son los testimonios de este tipo de trabajos los que predominan. También pueden verse fotos que evidencian algunos cursos de capacitación y la participación, más reciente, de la empresa en la Feria Internacional Mountain Planet 2022, una de las más grandes en cuanto a sistemas de teleféricos, en la ciudad de Grenoble, exsede olímpica de invierno, conocida como “la capital de los Alpes franceses”. 

A la par que sus ingenieros y obreros cumplían con algunas de esa certificaciones técnicas, la empresa tuvo en octubre del año pasado su primer negocio de altura con la reparación del cable tractor del Metrocable Mariche –abierto al público en diciembre 2012, tras un desembolso de 275 millones de dólares– en el municipio Sucre del estado Miranda, en el extremo este del área metropolitana de Caracas. En 30 días completaron “trabajos de alto impacto que las transnacionales eran incapaces de hacer y sin depender de potencias”, declaró Hipólito Abreu, ministro de Transporte para ese momento, en una clara referencia a Doppelmayr. Detrás y a su derecha, Rodríguez Alagares, presidente de Railteco, aplaudía con semblante serio. 

De ese incompleto metrocable –inaugurado con apenas dos de las cinco estaciones planteadas originalmente–, Railteco saltó a la parroquia San Agustín, al otro extremo de la ciudad capital. Salieron dos versiones de la boca del propio Hugo Chávez acerca de la concepción del metrocable de esa zona, el primero en su tipo del país. En un principio habría sido la embajadora de la República de Austria, Marianne Dacosta, quien se lo propuso, pero años después comentaría que se le ocurrió construirlo luego de un sobrevuelo en helicóptero por Caracas. 

Sea como fuese, la infraestructura, en forma de herradura y con 1.8 kilómetros de longitud, que tuvo un costo de 262 millones de dólares, se fue deteriorando durante la primera administración de Nicolás Maduro. Se hizo habitual que los medios locales reseñaran la falta atención y vigilancia estatal, y los constantes saqueos a la estructura que derivó en el cierre permanente de sus dos últimas estaciones. En las otras, La Ceiba y la parada de Parque Central, Railteco instaló a principios de año una serie de andamios para un trabajo de corte y empalme en la guaya principal, tal cual como en su sistema hermano de Mariche.  

Cumbre en el Pico Bolívar 

De acuerdo con varios trabajadores de Railteco, la adjudicación de las obras en el Teleférico Warairarepano de la capital se debió al “buen desempeño” de la empresa en la recuperación de los metrocables. Sobre este y otros asuntos la empresa no respondió a un cuestionario enviado en dos ocasiones a su correo eléctronico, como tampoco lo hizo Víctor Cruz ante una carta enviada a la oficina de relaciones públicas de Ventel. “El presidente no está concediendo entrevistas en estos momentos”, avisaron. 

“Son solo unos monta-andamios”, comentó un experto en teleféricos desde el anonimato acerca de la empresa de los caroreños. Señaló que Railteco solo podía proporcionar mano de obra, pero no materiales originales de gran envergadura. 

En entrevista con Armando.Info, Eduardo Yanéz, director de la Sociedad Franco Venezolana de Ingenieros y Científicos, explicó que la actual Gerencia de Mantenimiento del Metro de Caracas, con más de 1.000 empleados, enfrenta aprietos para conseguir equipos especializados que no son de fácil fabricación. 

“Por ejemplo, una guaya de tracción: eso es un enorme cable que se convierte en un problema si se fue quien te lo vende o si esa compra está protegida. ¿Qué significa eso? La imposibilidad de adquirir el material por una enorme deuda que tienes con las contratistas. Se supone que el importador necesita una cédula y una ruta de importación, si se preguntan: ‘¿Eso para dónde va?’ y le respondes que a Caracas, ‘Pues no, a Caracas no irá’”, añadió. 

Muy probablemente los materiales, en caso de ser requeridos, no lleguen con menos dificultad al estado andino Mérida, donde está enclavado entre picos y valles el teleférico Mukumbarí, el más alto y el segundo más largo del mundo. Inaugurado en 1960, luego de su construcción durante la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, fueron necesarias cinco décadas para su modernización y el 23 de julio de 2010, por medio de la Gaceta Oficial número 39.472, se designó a Doppelmayr como la encargada para hacerlo. Así, en los seis años que siguieron, el gran parque se mantuvo cerrado hasta que fue reabierto el 7 de octubre de 2016. Y a pesar de que el costo total de la obra terminó ascendiendo a la cifra de 680 millones de dólares, las instalaciones se quedaron fuera de servicio -congeladas, de manera literal- en 2020. 

Las autoridades no explicaron con detalle la razón de la clausura –recibida con malestar y protesta por el sector turístico regional, del que el teleférico es emblema– y la última declaración la dio en febrero de este año el ministro de Turismo, Alí Padrón, que indicó que el Teleférico de Mérida seguiría inoperativo durante otros seis meses por la necesidad de unas reparaciones. No explicó de qué se trataban; tampoco nombró a Railteco Rail como la encargada de realizarlas. 

Pero sí: meses antes de hacer cumbre en El Ávila, la empresa Railteco empezó primero, en diciembre pasado, a hacer inspecciones técnicas y pruebas no destructivas en las estaciones La Aguada y Loma Redonda del Mukumbarí. Al mismo tiempo le asignaron tareas en el Trolcable, otro teletransporte de Mérida que interconecta su ciudad capital con el sector San Jacinto. Estos recién aparecidos han encontrado su oportunidad en la desvencijada infraestructura teleférica de Venezuela, sueño de dos militares -Pérez Jiménez y Chávez- y pesadilla del erario público. El término de República Aérea, que Simón Bolívar acuñó para describir a las entidades políticas de pura retórica y escasa factibilidad que se creaban en la América Hispana, cuelga desde hace años de cables gruesos hasta adquirir un nuevo significado en la Venezuela chavista. 

Difamada en vida y arrojada repetidas veces a pabellones siquiátricos, el de Cornelia Thea Hoogensteijn fue el final temprano de una existencia que se resiste a cualquier juicio convencional. A punto estuvo de quedar olvidada, tal vez hasta para la única hija que le sobrevivió, Marijke, entonces de apenas seis años de edad. Pero, a más de seis décadas de distancia, el revuelo que causó la publicación del libro ¿Quién traicionó a Ana Frank? devuelve a Cornelia Hoogensteijn de la muerte y la desmemoria, para agitar su fantasma antes que para exorcizarlo. 

Fue recientemente, en enero de este año, que se publicó el libro, con la firma de la investigadora canadiense Rosemary Sullivan. El volumen condensa el trabajo de campo que durante seis años llevó a cabo un equipo liderado por la propia Sullivan y Vince Pankoke, un exagente de la Agencia Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), para poner a prueba y descartar las variadas hipótesis que durante más de tres cuartos de siglo han circulado acerca de uno de los enigmas más recónditos y delicados de la II Guerra Mundial: ¿quién informó a la Gestapo nazi sobre el escondrijo en Ámsterdam donde la quinceañera Ana Frank y su familia habían conseguido eludir hasta entonces las redadas de judíos?

Anneliese Marie Frank (Ana, en castellano), y su familia, judíos alemanes de Francfort del Meno, habían escapadado a Holanda en 1934 para dejar atrás un antisemitismo de Estado que con Hitler al mando degeneraría en leyes raciales y deportaciones a guetos y campos de exterminio. Pero no pudieron escapar de nuevo cuando las tropas nazis conquistaron los Países Bajos en mayo de 1940. No tardaron en contar con un recurso último: una vida clandestina en la trastienda de una fábrica, que se prolongó por dos años y medio, de 1942 a 1944. Decidida a dar testimonio del encierro, la talentosa Ana escribió un diario íntimo que, tras la guerra, su padre, Otto Frank, único sobreviviente de la familia, recuperó e hizo editar. Se convertiría en un verdadero bestseller global, documento definitivo de la opresión nazi traducido al menos a 70 idiomas, y un reconocimiento para Ana, pero póstumo. Luego de pasar por Auschwitz, la joven fue trasladada al campo de concentración de Bergen-Belsen, en el noroeste de Alemania, donde falleció en una fecha indeterminada del invierno de 1945, como su hermana Margot, en medio de una epidemia de tifus, pocas semanas antes de que las fuerzas británicas liberaran el campo.

Siempre se ha dado por cierto que un pitazo ofreció a la policía secreta alemana la pista de dónde se encontraban escondidos los Frank. El nuevo libro de Sullivan, reseñado tras su lanzamiento con algarabía por medios y agencias internacionales y recibido con no poca controversia por especialistas y público en general, propone al notario Arnold van den Bergh, un miembro del Consejo Judío de Ámsterdam, como el probable delator. 

También asegura que, en su momento, el padre de Ana, Otto Frank, recibió una pieza clave para el caso, sobre la que guardó silencio por años: una esquela anónima con el nombre de Van der Bergh, el presunto delator. Los investigadores sopesan en el libro pistas sobre quién fue el autor probable de ese pedazo de papel. Hasta que asoman una candidata: Cornelia Wilhelmina Theresia Hoogensteijn, o simplemente Thea, su apodo entre la parentela y en la clandestinidad de los tiempos de ocupación, cuando sirvió a la misma vez como burócrata de los invasores alemanes y como informante para la resistencia neerlandesa. 

Cédula de identidad número 1.858.838

Si al lector a esta altura del texto le viene sonando familiar el apellido Hoogensteijn, con probabilidad se debe a la figuración pública en Venezuela de la directora de cine y promotora cultural, Solveig Hoogensteijn, hija de Jan Hoogensteijn, y este, hermano de Cornelia, (a) Thea. 

Por 20 años, Solveig Hoogensteijn fue directora del Centro Cultural Trasnocho de Las Mercedes, en el sureste de Caracas, un cargo que acaba de dejar para dar paso a su relevo y retomar su faceta original como narradora y cineasta. En 1987 dirigió la que todavía se considera una de las películas más taquilleras del cine venezolano, Macu, la mujer del policía, y desde Maroa, en 2005, no filma ninguna producción. Pero ahora se propone romper con ese largo hiato en su carrera: “Estoy revisando un libreto que escribí hace años justamente con la historia de mi familia”, admite en conversación por Zoom. Dice que productoras en España y en Nueva York han mostrado interés por el guion de lo que habrá de ser un largometraje, pues ya alcanza los 90 minutos de duración. 

Lo poco que sobre su tía recuerda Solveig Hoogensteijn, con alguna renuencia que luego abandonará según conversa con el reportero de Armando.info, se debe a la curiosidad que, de niña, la llevó a escuchar a escondidas los temas que discutían los adultos a puertas cerradas. Nacida en 1946 en Suecia, un año antes de migrar con sus padres neerlandeses a Venezuela, Solveig es la primogénita de cinco hermanos. Tenía diez años de edad cuando la tía Thea murió. Así que es la única que para entonces contaba con conciencia plena para recorrer -y ahora, recordar- el ambiente de muebles daneses y discos de música clásica que reinaba en la mansión que Cornelia alquiló en La Florida.  

La tía Thea también bailaba. Sorprendentemente, esa mujer bailaba, según recuerda Solveig Hoogensteijn. Cornelia se movía con frenesí al ritmo, sobre todo, de los temas de jazz del compositor alemán Bert Kaempfert, para festejar que había salido ilesa (aunque, como se verá, solo en lo físico y para nada en lo espiritual) de sus peligrosas aventuras en Europa. Se había naturalizado venezolana, pero eso no significó necesariamente que las cosas andaban bien. Ni siquiera en la Caracas en auge de los años 50, a unos 8.000 kilómetros de Amsterdam, conseguía cambiar la hiel por miel. Pero si algo había aprendido Cornelia era a ser una figura camaleónica que enviaba mensajes confusos y sonrisas dolorosas. 

“Era una tía dulce con nosotros, pero muy inestable y conflictiva. Hay que tener un valor enorme para estar en un régimen de ideas brutales y al mismo tiempo salvar vidas. Salió destrozada de eso”, dice Hoogensteijn, la sobrina. Recuerda que era una mujer coqueta de ojos grandes y cejas pobladas que le gustaba batir su pelo, siempre corto y negro, contra la brisa de las playas de Macuto, en el litoral central venezolano. 

Lealtades divididas

Hasta los nueve años, Cornelia -la futura Thea- permaneció con su familia en Alemania. Nacida el 20 de junio de 1918, era la menor de cinco hermanos del matrimonio católico de Johannes Hubertus Hoogensteijn con Bertha Helena Kruijdenberg, que se dedicaba a comercializar bulbos de flores en Darmstadt, ciudad clave de la industria química alemana, a 30 kilómetros de Fráncfort del Meno. 

En realidad, la familia era originaria de los Países Bajos, el reino vecino al que regresaría en 1927 y en el que los hermanos Hoogensteijn quedarían huérfanos de madre en 1930 y de padre apenas tres años después, en la ciudad de Hillegom. Le tocó al primogénito Jan, a sus veinte años, asumir la figura paterna y de proveedor del hogar. Continuó con el negocio de flores. 

Cornelia, que tenía facilidad para los idiomas, aprendió el neerlandés con un mínimo esfuerzo al volver a los Países Bajos, lengua que sumó a su alemán natal. También aprendió destrezas de mecanógrafa, que le permitirían ganarse la vida. Cuando, en mayo de 1940, la Wehrmacht alemana abrumó y conquistó Holanda en su ofensiva contra el Benelux de paso para atacar Francia, para Cornelia empezó una época que no solo atizaría su debate interno entre las lealtades a su patria de nacimiento, Alemania, y a la estirpe neerlandesa de la familia, sino además, como sugieren algunos textos, la llevaría a incursionar en las zonas más grises y pantanosas de la ambigüedad moral. 

La circunstancia de que Cornelia dominara de manera perfecta dos idiomas –tanto el del invasor como la lengua del invadido– la llevó a desempeñar roles problemáticos y difíciles de justificar entre ambos mundos antagónicos, como si fuera una Malinche nórdica de la II Guerra Mundial. En 1942, a los 24 años, fue contratada como mecanógrafa en la Zentralstelle für jüdische Auswanderung, el departamento central para la emigración judía en Holanda, que deportó a más de 100.000 judíos a los campos de concentración. En los Países Bajos, la máquina nazi del Holocausto fue particularmente eficaz e implacable. Aunque baja en número en comparación con Polonia, los Países Bálticos, Ucrania o el mismo Reich, en términos proporcionales, ninguna otra comunidad judía de Europa resultó tan diezmada por las deportaciones y exterminios como la neerlandesa durante el conflicto. Con unos 75.000 a 80.000 individuos, esa comunidad representaba cerca de diez por ciento de la población de Ámsterdam en la preguerra. Como en otros países ocupados en los que hubo movimientos de resistencia, como Francia o Lituania, el antisemitismo local también se cebó en la persecución de los judíos y actuó, en los hechos, como colaborador del invasor. 

La primera asignación de Cornelia fue la de traducir las medidas antijudías del alemán al neerlandés oficial, así que no pararía de teclear durante interminables jornadas laborales. De acuerdo con un texto disponible en Internet de la historiadora neerlandesa Marie-Cécile van Hintum, también registró dos redadas a barrios judíos e hizo las transcripciones de algunos interrogatorios. La académica sostuvo en su investigación que la nueva empleada “empezó a disfrutar de las fiestas en la oficina y a llevar una vida de lujos”, lujos excepcionales en tiempos de ocupación, aunque no se detalle cuál pudo haber sido ese nivel de opulencia. 

Dos musas enfrentadas

Mientras Ana Frank empezaba a apuntar ideas en su escondite en Prinsengracht 263 de Ámsterdam, al sur de la misma ciudad, Cornelia seguía mecanografiando en su oficina de la Euterpestraat, sitio de dos construcciones contiguas que servían de sede para el servicio de seguridad alemán (Sicherheit Dienst o SD) y la policía secreta del Estado (Geheime Staatspolizei o Gestapo). A juzgar por los contenidos creados por cada una, ambas estaban destinadas a ser enemigas, a odiarse, aunque tuviesen el mismo acto de redención: escribir. 

Cornelia cumplió, vehemente, con sus funciones. Tan bien lo hizo que, en breve, fue ascendida como funcionaria del SD. En el tenebroso cuerpo de seguridad, la joven no perdió tiempo en “procesar las actas de los interrogatorios de los presos políticos”, según se lee en las tres páginas que el libro de Rosemary Sullivan le dedica. Pero parece probable que, al ser testigo o al menos transcriptora de los suplicios de los prisioneros, se le despertara un impulso, compasivo si no patriótico, de ayudar a las víctimas. 

Se hizo amiga de Aren Japin y Piet Elias, dos policías holandeses que trabajaban en secreto para la resistencia. Ejecutó con ellos una primera hazaña que al menos tres fuentes bibliográficas convalidan: a principios de 1943, dejó escapar a alrededor de 20 estudiantes holandeses que estaban a punto de ser enviados como mano de obra esclava a campos de trabajo forzado.

A pesar de que el ayuntamiento de Ámsterdam le cambió el nombre a la zona tan rápido como Alemania capituló -ahora es la calle de Gerrit van der Veen-, la denominación de Euterpestraat se quedó en el título de un libro que narra parcialmente la vida de Cornelia: Silencio en la calle Euterpe, del periodista Jan Hopman, publicado en 2012. Hopman, el autor, es hijo de Annalise Hoogensteijn y, por lo tanto, sobrino de Cornelia-Thea. Pero, lejos de ser condescendiente con ella, el relato fomentó la discordia en la familia.  

Señalada por miembros de la familia Hoogensteijn como una obra llena de inexactitudes y mentiras propias de quien, según esos señalamientos, busca hacer atractivo un cuento por medio de la fantasía, las investigaciones de Hopman despliegan serias acusaciones sobre Jan Hoogensteijn, el padre de la cineasta Solveig, y en cierta medida sobre su hermana, Cornelia. Al primero, el hermano mayor y florista, el periodista le acusó de ser un nazi empedernido que saqueó y contrabandeó pinturas expoliadas a judíos, aunque, al final de la guerra, ayudó a miembros de la resistencia. “Un gran bastardo”, le llegaría a llamar Hopman en público.

De los cinco hijos de Jan Hoogensteijn, Solveig es la única dispuesta a hablar. Sus hermanos consideran el destierro familiar como una escena muy ajena y dolorosa, en cuyas heridas no vale la pena hurgar. “Lo que él [Hopman] dice acerca del robo de cuadros de familias judías simplemente no es verdad, no hay pruebas y eso es sensacionalista. En pro de la ficción y de establecer una buena historia no se inhibe de decir cosas no exactas. Respiró en su familia una animadversión contra mi padre, que fue un hombre carismático y exitoso”, replica Solveig Hoogensteijn con las cuitas familiares, para desmentir a su primo. 

La cineasta admite que heredaron de su padre algunos cuadros de cierta significación, pocos, uno de los cuales apenas ahora sus hermanos tratan de poner en venta. Precisa además que varias veces han solicitado a la embajada de Alemania en Caracas la certificación de origen de las pinturas que ella y sus hermanos heredaron de su padre, a lo que la representación diplomática ha accedido. Para mayor descarga de Jan, su padre, Solveig añade que en Venezuela “los mejores amigos de papá en Venezuela eran judíos. Nuestro profesor de piano, la fundadora del Departamento de Alemán de la UCV, por ejemplo, con los que montó un programa de radio, llamado La hora alemana, que se transmitió durante 25 años en Radio Nacional. Traducían a Antonio Perez Bonalde al alemán”. 

Pero es sobre Cornelia sobre la que se extiende el principal interés de Jan Hopman. En 2016 le ofrendó un segundo libro, De wedergeboorte van een Moffenmeid (El renacimiento de una cortesana de los alemanes, traducción aproximada). Mof era el término despectivo con que los neerlandeses durante la ocupación se referían a los alemanes, equivalente al kraut usado por los ingleses para el mismo fin. Derivado de ello, se llamó Moffenmeiden a las lugareñas que, por interés o simple efecto de las hormonas, no tuvieron pudor en confraternizar con los soldados invasores. Con mucha menos sutileza también se les llamó Moffenhoeren (prostitutas de los alemanes) o Soldatenkledders (ropas de soldados). Esas muchachas sufrieron rudas represalias públicas tras la guerra, que incluyeron desde el rapado del cabello y el embadurnamiento con brea, hasta la violación.  

Hopman llegó a describir a Cornelia como una mujer patética que lloraba junto a la estufa y apestaba a humo y bebida. Todavía en 2012, en una entrevista con el diario Het Parool (La contraseña) de Ámsterdam, recordaba cómo en 1946 su familia la rechazó; el padre de Hopman se refería a ella como la “muffin”, expresión callejera equivalente a “puta alemana”. “Tenía relaciones con siete oficiales alemanes, se acostaba con ellos”, insistía Hopman en la entrevista en la que, sin embargo, en consonancia con la visión revisionista de años posteriores, deslizó una sospecha rectificadora: “Era una mujer hermosa. Cuando miro su foto con la Grüne Polizei [la’policía verde’, en referencia al color del uniforme del cuerpo local de seguridad auxiliar de las fuerzas nazis de ocupación; por cierto, el mismo organismo que detuvo a Ana Frank y su familia], algo dentro de mí me dice que no era una puta. Veo a una mujer inteligente con ojos dulces”, confesaba el periodista. Se refería a una foto en la que Cornelia aparece sentada a la cabecera de una mesa, rodeada de una docena oficiales de la policía local nazi. Aparentaba ser una reunión amena con botellas, flores y comida. Al reverso de la impresión, estaba manuscrita la frase: “Thea Hoogensteijn interpreta su papel". 

Cornelia Hoogensteijn era considerada como una de esas Moffenmeiden por su trabajo con los alemanes. También sufrió represalias que, aunque a la postre no incluyeron un proceso judicial -el juicio que se le reservaba le fue suspendido de manera condicional-, la llevaron al ostracismo social y hasta un intento de suicidio en un asilo siquiátrico a las afueras de Amsterdam. Hasta que llegó una reivindicación, pública pero tardía.

Ocurrió casi un lustro después de su muerte. El 14 de mayo de 1960, un artículo publicado en el diario Alkmaarsche Courant (El Correo de Alkmaar, en Alkmaar, ciudad de la provincia de Holanda del Norte), bajo el título de “Bij de SD in de Euterpestraat redde Thea velen het leven” (“En el SD de la calle Euterpe, Thea salvó muchas vidas”) la calificó como “una heroína olvidada de la resistencia”. La información, como la foto a la que Jan Hopman se referiría con malicia en la entrevista de muchos años más tarde, provenían de Pierre de Bie, uno de los líderes de la resistencia a través del Knokploeg Amsterdam –”El vigilante de Ámsterdam”, conocido por su abreviatura KP–, un grupo de combate que se especializó en asaltar oficinas alemanas en la capital holandesa.

Se sabría así también que Cornelia Hoogensteijn tuvo un romance con Pierre de Bie. Llegaron a vivir juntos y acaso fue el amor más confeso y realista en la vida de ella. De esta ruptura nunca se recuperó, ni con el consuelo del clima amable y verde de Caracas, ciudad a la que llegó tras una breve estadía en Suecia y ya casada con el ciudadano alemán Erwin Schrahe, padre de Marijke, masajista de oficio. “Hablar de un amante en una familia católica como la mía no se hacía sino a modo de secreto”, confiesa Solveig Hoogensteijn, la niña que escuchaba detrás de las paredes, “pero yo conozco ese nombre [Pierre de Bie] porque se mencionaba en algún momento cuando ya nos habían mandado a la cama. Son cuestiones muy difusas”.

El rescate histórico que se operó, a partir del examen de los dobleces que Cornelia Hoogensteijn tuvo en su conducta durante la II Guerra Mundial, llevó a la inclusión de su nombre entre los justos apuntados en la conocida biblia de la resistencia holandesa, Het Grote Gebod (El gran mandamiento, por su traducción al español). En la página número 540 de este registro oficial aparecen las primeras líneas referentes a Cornelia: “Inicialmente se unió al SD como simpatizante de los alemanes, pero la arrogancia y la crueldad de los alemanes hizo hervir su sangre holandesa”, cuenta sobre su conversión. 

El Grote Gebod documentó un episodio protagonizado por Cornelia o Thea que salvó muchas vidas. En 1944, un mensajero de la Ordedienst (OD), una de las organizaciones ilegales más importantes de los Países Bajos durante la guerra, cayó en manos de las fuerzas de inteligencia alemana y, junto a él, importantes documentos de la clandestinidad. Cornelia los terminó reproduciendo en secreto para advertir y salvar a varios integrantes del grupo insurgente. “La información de Hoogensteijn sobre el SD fue de gran valor para la planificación y ejecución de lanzamientos de armas, liquidaciones y acciones de sabotaje”, concluye aparte la historiadora Marie-Cécile van Hintum.

Del diario a la nota

Que Cornelia haya sido una mujer sensible que tuvo entre sus manos documentos confidenciales, que se usaban para la inquisición de grupos antifascistas, fue lo primero que llevó a los investigadores actuales del caso de la traición a la familia Frank a considerarla como la autora de la nota sin identificación que recibió Otto Frank. 

“Debido a su posición como secretaria en el cuartel general del SD, habría tenido acceso a información como las listas de direcciones de escondidos que se entregaban, junto con el conocimiento de los visitantes y las llamadas telefónicas al comandante del SD, W. Lages, y al teniente Dettmann. Thea comenzó a interesarnos cuando nos enteramos de que ayudaba a la resistencia holandesa”, responde a través de un mensaje de correo electrónico Vince Pankoke, el exagente del FBI que participó en las pesquisas. Según el rumor histórico, fue Dettmann el oficial alemán que atendió el aviso telefónico del delator del paradero de la familia de Ana Frank. Cornelia llegó a trabajar directamente para Dettmann. 

Las otras razones para señalar a la joven Hoogensteijn como la principal candidata para informante de Otto Frank las aportó la especialista en lingüística con propósitos forenses, Fleur van der Houwen, a la que los investigadores recurrieron para analizar el contenido de esa carta. Tras examinar el léxico y estructura de esta, la académica concluyó que había sido escrita por “un adulto con pulcro manejo del idioma holandés que trabajaba para una institución gubernamental”: prácticamente, un retrato hablado de Cornelia.

El equipo reforzó ese diagnóstico con otras informaciones recabadas de manera independiente. De acuerdo con sus resultados, esa persona debió haber trabajado en la calle Euterpestraat y probablemente pudo leer archivos secretos, como la supuesta lista entregada al SD por el distinguido Arnold van den Bergh, a quien el delator anónimo al menos debió conocer, pues en la nota figuraban las coordenadas exactas de su domicilio. 

Sin embargo, los responsables de este relato recomiendan cautela, por más verosímil que suene la hipótesis. “Con los datos disponibles que hemos encontrado sobre Thea Hoogesteijn, simplemente no hay suficiente información para que podamos estar seguros de que ella fue la autora de la nota anónima”, advierte de nuevo Vince Pankoke por correo electrónico. 

Además de esa sugerencia propia de uno de los autores, las suspicacias y escepticismo con que el libro se ha topado llaman también a la cautela. Que entre las brumas del tiempo la investigación llegue a afirmar de manera tajante que Van den Bergh fue el delator no solo luce como un exabrupto probablemente difamatorio de la memoria de un difunto, sino que hasta podría constituir, según algunos críticos, un intento poco disimulado para lavar la cara a la comunidad de gentiles holandeses, cargando la culpa sobre un miembro del Consejo Judío de Ámsterdam. El editor del libro en Alemania anunció que revisará el texto, mientras su par en los Países Bajos detuvo la publicación. 

En verdad no son pocos los cabos sueltos de la historia que quedan por atar antes de adjudicar en definitiva a Cornelia Thea Hoogensteijn la revelación de quién traicionó a Ana Frank y su familia. Por ejemplo, Otto Frank solo pudo recibir ese papel, de fecha indeterminada, una vez terminada la guerra. Para ese momento, Cornelia estaba detenida por su rol como trabajadora de la SD en Ámsterdam o internada en algún hospital psiquiátrico de los Países Bajos. ¿Cómo hizo para hacerle llegar la esquela a Otto Frank?

La anfibología como supervivencia

Además, no luce tan seguro que Cornelia haya podido enterarse de la delación en el verano de 1944. Como se encarga de recordar el libro de Rosemary Sullivan, Cornelia había renunciado al SD a principios de ese año “horrorizada por las torturas que ocurrían”. Según el mismo relato, fueron los líderes del KP y su hermano Jan quienes la convencieron de volver a las entrañas de la bestia, donde era valiosa para los insurrectos. 

Cuando lo hizo, fue a parar directamente al despacho de Willy Lages, el carnicero de Ámsterdam, director de la SD en los Países Bajos, quien había liderado las deportaciones de los judíos holandeses a los campos de concentración y que, tras la guerra, recibió una condena de cadena perpetua en la ciudad de Breda. En 1966, ante la consternación pública, fue puesto en libertad por “razones humanitarias”. Moriría en 1971.

El nuevo puesto de Cornelia implicó mayores riesgos. Si bien estaba en posición de obtener información muy valiosa para los rebeldes patriotas, la vigilancia le respiró en la nuca y su frágil tranquilidad terminó de tocar fondo. A finales de 1944 sus peores temores se hicieron realidad: el propio Lages se sentó frente a la máquina de escribir de su secretaria y mecanografió solo cinco palabras. Cuando Cornelia volvió, leyó: “Thea, du bist eine Verräterin” (“Thea, eres una traidora”, en alemán).

De puta a traidora el peligro se le hizo más inminente y el KP tuvo que actuar rápido y de manera ingeniosa para no perder a una de sus informantes más preciadas: la difamaron de manera deliberada para salvarla. Su nombre quedó incluido en una lista de criminales de guerra que se leyó por medio de la emisora de radio Orange, prohibida por Alemania y transmitida desde el Reino Unido a partir de 1940. Era el mismo canal que usaba la reina Guillermina de los Países Bajos, exiliada en Londres, para dar aliento a su pueblo diezmado. “Cuando Londres la acusó con tanta vehemencia, recuperó inmediatamente la confianza de la SD”, deja constancia el Het Grote Gebod.

Si bien esa astucia le compró algún tiempo de libertad, el 10 de enero de 1945 fue arrestada y acusada por primera vez de espía. Tres días más tarde, por falta de pruebas, fue liberada momentáneamente por los alemanes, y si habría una dirección a la que nunca volvería en su vida, esa fue la calle Euterpe. Culminaron así, a sus 26 años, tres años de trabajo en el lugar más despreciable de Ámsterdam.

Corrientes eléctricas como expiación

Para ese momento, las tropas aliadas desembarcadas en la Normandía francesa ya penetraban en territorio de los Países Bajos. El caleidoscopio de lealtades de Cornelia, que en algún momento le salvó la vida, ahora no le ayudaba en nada. Se movió escurridiza en compañía de Henk Klijn, según Hopman, otro de sus amantes y un oportunista más que pasó de arianizar casas judías a cooperar con los insurgentes cuando el desenlace de la guerra se hacía inevitable. “La colmó de regalos y le entregó un apartamento en la planta baja para judíos deportados en 98 Rubensstraat”, aseguró en sus investigaciones. 

A principios de marzo de 1945 emprendieron la huída hacia el sur del país, al encuentro de las tropas aliadas. Cornelia estaba confiada. Guardaba con natural recelo un salvoconducto de la resistencia holandesa que daba fe de su rol de heroína. Le salvaría de caer en las manos aliadas, o eso era lo que pensaba. Las fuerzas escocesas que la detuvieron el 11 de marzo difirieron. La identificaron como exfuncionaria nazi y caso omiso hicieron a la nota firmada por Pierre de Bie. 

Fue trasladada a una prisión cerca de la ciudad de Tilburg y, pasados unos 25 días, fue segregada a un internado que alojaba a un millar de mujeres en Fort Ruigenhoek, a tan solo media hora en carretera de Ámsterdam. 

Es mayo de 1945, en los días finales de la guerra en Europa. Contrariada, la joven se echa a morir, negándose a comer. Sufrió en carne propia las hambrunas a la que estuvieron sometidos los judíos e intentó quitarse la vida tantas veces como pudo. Llegaron a ser tres. Permanecería en ese limbo, aislada de las demás prisioneras, durante tres meses, hasta que fue devuelta a la capital holandesa a finales de agosto de ese año. 

Pero no sería hasta el 21 mayo de 1946 que Cornelia tendría la oportunidad de rehacerse por sí misma. Antes de eso, el personal sanitario de la clínica Valerius, a la que fue transferida desde Fort Ruigenhoek, lo trató de hacer con quince tratamientos de electroshock. Había sido diagnosticada con psicosis histérica. “Cuando mi tía estaba recluida fue mi madre, Almira Reul, quién la cuidaba, hasta que mi papá la pudo sacar”, sigue rememorando Solveig Hoogensteijn. 

Éxodo con destino doble

El encuentro sirvió para que el par de hermanos emigrara a Suecia en 1947. Jan fue el primero de los Hoogensteijn en establecerse en Caracas con su familia. El destino era Panamá, pero el capitán del barco en el que se venía lo convenció, en una partida de ajedrez, de desviar su curso al país sudamericano de cuya prosperidad todo el mundo estaba hablando. Instalado en la urbanización San Bernardino, al pie del cerro El Ávila e irónicamente rodeado por una creciente colonia judía, volvió al ramo comercial de las flores.

“En Venezuela mi padre fue un pionero en importar plantas vivas, como las rosas y las dalias, e introdujo la gladiola grande y otras más en una época en la que no había floristerías en Caracas. Involucró a portugueses, canarios e italianos que se dedicaban al cultivo de hortalizas para que también sembraran flores”, cuenta Solveig Hoogensteijn.

“Espero comenzar una nueva vida aquí. Después de lo que me pasó durante la guerra, ya no puedo hacer eso en Holanda”, le escribió Cornelia a una de sus hermanas, de acuerdo con Jan Hopman. En Suecia se casó con el masajista Julius Erwin Schrahe y tuvieron a su única hija. Sin embargo, para rehacer su vida parecía necesitar todavía de un océano de distancia. Por eso, dos años después de que partiera su hermano, en 1949, Cornelia desembarca en las costas del mar Caribe venezolano. No puede recordar dónde, pero su sobrina Solveig Hoogensteijn asegura que su tía trabajó de secretaria en Caracas durante un tiempo, luego de que aprendiera español, desde luego. No es el único olvido que castiga todavía la azarosa existencia de Cornelia Hoogensteijn, a la que el esfuerzo de la memoria que ahora la conecta a Ana Frank quizás haga por fin justicia. 

Salvadora se hizo a las bravas y entre sombras. Rodríguez ingresó el lunes 4 de octubre, a las siete de la noche, al Aula Magna, el auditorio decorado con grandes nubes de Calder que compila buena parte del genio de Carlos Raúl Villanueva y que sirve de corazón para la universidad, forzando las cerraduras en una especie de profanación televisada, no solo del recinto sino del régimen de autonomía universitaria, que desde luego no contó con el permiso de las autoridades de la UCV.  

Mucho menos pública fue la adjudicación de las obras de rehabilitación de la sede universitaria, para las que se ha anunciado una inversión de 40 millones de dólares.

Son 11 empresas las que se reparten los contratos, de las que seis aparecen inscritas en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Pero de todas ellas hay una que destaca, no solo por la tajada que le ha correspondido en la intervención -siete de los 40 “frentes de obra” definidos por la Comisión Presidencial en una primera etapa de dos años-, sino por su largo historial de relaciones con los Rodríguez Gómez, Delcy y su hermano Jorge, ambos alumni de la UCV e integrantes de la dupla que se ha constituido en la facción más poderosa del gobierno de Nicolás Maduro. Esa empresa es Racar Ingenieros.

Racar Ingenieros fue fundada en 1981 por Raquel María Soto Rosa de Lomeña y Carlos Jesús Lomeña Esteves, ingeniero de profesión y quien permanece en la actualidad como único accionista. Ambos son padres de Carlos Lomeña Soto Rosa, un empresario venezolano cuyo currículo ofrece muestras de interés en el negocio de las comidas empaquetadas: desde 2009 comparte la sociedad Cor Investments International en Barbados con Omar Abou Nassif. Este es, a su vez, uno de los tres hermanos del séquito empresarial de los Rodríguez, que ha llegado a conseguir hasta 413 millones de dólares en contratos con el Estado para suministrar alimentos al programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), como reveló Armando.info. 

En Venezuela, Omar Abou Nassif y Carlos Lomeña, hijo, se cruzan como accionistas de otras empresas como Loabse y Distribuidora Loabse, y son parte de la junta directiva de Servicios Alservi, que ha contratado con el Tribunal Supremo de Justicia y la Vicepresidencia de la República en la venta de alimentos y bebidas, según el RNC. Otros socios son Mohamed Ibrahim Ibrahim, sobrino del empresario Camilo Ibrahim Issa, y Rafael Dionisio Sifontes, investigado por la Asamblea Nacional en 2019 por presunta corrupción en la creación de una plataforma cambiaria en línea que surgió de la noche a la mañana. El presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento de ese entonces, Freddy Superlano -hoy en liza por la gobernación del estado Barinas, en los llanos occidentales-, lo señaló de tener nexos privilegiados con Tareck El Aissami, actual vicepresidente sectorial de Energía. 

Los Lomeña también aparecen juntos desde marzo del 2019 en IIP Holding, una empresa registrada en Panamá en 2016. La propia Racar Ingenieros compartió sede en la urbanización La Castellana del noreste de Caracas con otras dos contratistas del Estado venezolano, Importadora Gonnam e Inversiones MCLRS. 

A Racar Ingenieros no solo le tocó un buen número de asignaciones en la intervención de la UCV. En términos de patrimonio arquitectónico y simbólico, quedó a cargo de un área tan prestigiosa como delicada. 

A esta compañía se le encomendó el mantenimiento de los edificios de los institutos de Medicina Tropical y Anatómico, la sede del Decanato de la Facultad de Medicina y la restauración del gran complejo artístico de la Plaza Cubierta y Plaza del Rectorado. Un juego completo que incluye el edificio del Rectorado, edificio del Museo, el Paraninfo y el revestimiento externo del Aula Magna.

Es esta la zona más sensible del campus donde se exhibe la llamada “síntesis de las artes mayores” de Villanueva, con 19 murales y esculturas de destacados artistas del siglo pasado como los europeos Jean Arp, Víctor Vasarely y Henry Laurens, o los criollos Oswaldo Vigas y Mateo Manaure. Una herencia cultural que se distribuye en un espacio en el que Racar Ingenieros impermeabiliza techos, hace limpieza de drenajes y de concreto, trabajos de  jardinería e iluminación, restauración de fachada, reconstrucción de losas fracturadas y reparación de canto rodado, según un informe técnico al que obtuvo acceso Armando.info.

En los límites de ese complejo artístico, una colosal estructura de concreto limpio se estira como plastilina a lo largo de sus 25 metros de altura: es la Torre del Reloj, de la que Racar Ingenieros tiene a su cargo la restauración. Por estos días su forma, que con el tiempo se convirtió en el logotipo de la UCV en el imaginario de los venezolanos, luce invadida por andamios y sin la esfera con las agujas que marcan el tiempo. 

Ojalá sepan lo que hacen

Con extrema cautela, el decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Gustavo Izaguirre, asoma que se trata de una etapa de “mantenimiento con criterios de restauración”. Las autoridades ucevistas han señalado en público y varias veces que no han tenido voz o capacidad de decisión en el proceso de rescate del campus universitario, una hazaña urbanística diseñada enteramente por Carlos Raúl Villanueva, con 80 edificaciones y más de 100 obras de arte. 

Desde que en el año 2000 fue declarada Patrimonio de la Humanidad, la UCV se convirtió en una de las apenas cuatro sedes universitarias en el mundo que ostentan este título junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Alcalá de Henares en España y la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Una intervención en un ámbito así corre el riesgo de distorsionar algunas de sus características únicas. No se sabe si el gobierno de Maduro contó con alguna asesoría experta. Las obras empezaron entre gallos y medianoche y no hubo consultas con nadie. “Son contratistas que no conocemos y no existe una memoria descriptiva de las cosas que se están haciendo en la universidad”, se quejó el 6 de octubre en una rueda de prensa la rectora, Cecilia García Arocha, quien se abstuvo de declarar luego para este reportaje, a pesar de ser contactada varias veces.

De acuerdo con el ingeniero Ibrahim Ledezma, director de Mantenimiento de la UCV, el emblemático reloj tenía 12 años fuera de servicio y su torre tenía mucho más tiempo sin mantenimiento. “Esa torre necesita un tratamiento especializado, no lo puede hacer cualquiera, tienen que ser personas que conozcan mucho de la materia. Por la fatiga de material es uno de los trabajos más difíciles de todos. Nos encontramos en una etapa preliminar”, agregó. 

Con estas refacciones, ya son dos las obras de Carlos Raúl Villanueva que restaura el ingeniero Carlos Lomeña Estéves con su empresa. Ambas restauraciones fueron financiadas por instituciones u órganos encabezados por alguno de los hermanos Rodríguez. La primera fue la del teatro Simón Rodríguez, en la parroquia comercial de El Recreo, en Caracas. 

En 2012, la Alcaldía de Libertador, entonces a cargo de Jorge Rodríguez, le asignó a Racar Ingenieros –con meses de diferencia entre sí– el levantamiento de dos importantes complejos culturales. El teatro, que fue reabierto en diciembre de ese año, fue uno de ellos, con un presupuesto de 4,4 millones de bolívares (444.000 dólares, según la tasa paralela promedio de ese entonces), según informó una nota de prensa del ente. 

Si Lomeña, hijo, es cercano a la vicepresidenta, su padre ha trabajado tanto para ella como para su hermano. Según el RNC, Racar Ingenieros tuvo al menos 21 contratos asignados durante la gestión de nueve años del hermano Jorge Rodríguez como alcalde del municipio Libertador, la jurisdicción que corresponde al oeste obrero y popular de Caracas, entre 2008 y 2017.

Las obras comenzaron en 2011 con unos movimientos de tierras para un proyecto integral de viviendas en la parroquia de Antímano. Luego se extendieron con proyectos de mayor calibre como el levantamiento de “infraestructura y superestructura”, labores sanitarias, eléctricas y acondicionamiento del terreno para esta misma propuesta habitacional y para otra similar, ubicada en la calle Maury de Catia. Casi al mismo tiempo, en 2013, Racar obtuvo el contrato para la construcción del mercado municipal de Antímano, como lo haría con una segunda etapa para su ampliación, dos años después. De allí en adelante, los otros trabajos de Racar Ingenieros con la Alcaldía de Caracas dan cuenta de que su rol dentro de la UCV no es meramente circunstancial y que los Lomeña forman parte del selecto grupo de empresarios del sector privado con el que el gobierno hace “alianzas estratégicas”.

La compañía terminó asumiendo diversas rehabilitaciones de lugares públicos como la Plaza La Candelaria y Parque Carabobo, primero en 2013, al igual que el Paseo Anauco, y más tarde dentro del marco de un “plan de revitalización del Centro de Caracas”, puesto en marcha por la alcaldía en 2015. 

En los años siguientes, entre 2016 y 2017, Racar Ingenieros culminó cuatro fases de construcción del Parque Hugo Chávez, en La Rinconada, contratados por la Alcaldía de Libertador y por la fundación que lleva el mismo nombre del fallecido presidente. Casi en simultáneo, brindó servicios de mantenimiento a las sedes principales de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) y del canal Venezolana de Televisión (VTV), ambas en Caracas.

Fuera de la capital venezolana, Racar Ingenieros abrió en 2007 una sucursal en la ciudad de La Guaira, en el entonces estado Vargas -hoy homónimo de la ciudad-. Ese año obtuvo varias consignaciones del Instituto Autónomo de Infraestructura de la región costera. Desde la ejecución de varias etapas del Complejo Deportivo José María Vargas, hasta la reparación y asfaltado de carreteras en el sector Catia La Mar. Tal cual como lo haría en 2003, pero en el sector Carayaca de la misma entidad. 

De ser un retén quedaría incompleto

Días después de la incursión nocturna de Delcy Rodríguez en predios universitarios, la vicepresidenta acompañó al mandatario, Nicolás Maduro, a la primera dama, Cilia Flores, y a Jacqueline Farías, ingeniera egresada de la UCV y presidenta de la Misión Venezuela Bella, durante un recorrido por el campus, el 21 de octubre. Era el paseo de un conquistador por territorio recién ocupado, pero que también debió hacerse de noche y por sorpresa, al cobijo de una nube de escoltas. Apretado en un pupitre de la Escuela de Psicología, Maduro declaró que a la universidad “la tenían toda abandonada”, refiriéndose a las autoridades de la institución, y agregó que “parecía el retén de Catia”, el desaparecido reclusorio del oeste de Caracas que fue escenario de toda clase de horrores y desidias durante sus 31 años de funcionamiento, hasta su demolición en 1997. Resulta una curiosa comparación si se toma en cuenta que Racar Ingenieros tiene una experiencia poco exitosa en una obra vinculada con recintos carcelarios. 

Se trató del Centro de Reclusión de La Planta, otro recinto siniestro en la urbanización El Paraíso, en el oeste de Caracas. En septiembre de 2012, un mes antes de las elecciones presidenciales que darían su última victoria a Hugo Chávez, el entonces alcalde Jorge Rodríguez anunció la demolición del presidio para dar paso al parque Cipriano Castro, que sería “el segundo parque más grande de Caracas”. El complejo también iba a incluir un colegio, un núcleo universitario, un Centro de Diagnóstico Integral (CDI), una concha acústica, un teatro y 100 viviendas.

Con un apuntador en mano y un plano a color de cómo se vería el parque, Rodríguez informó que con este nuevo centro de recreación se sumarían 100.000 metros cuadrados de espacios públicos a la ciudad, con una gran plaza y un parque de agua para niños. 

En el lugar de la obra, una desvencijada valla oficial informa todavía hoy que Racar Ingenieros era su responsable. Con Carlos Lomeña como su ingeniero residente y Benito Martínez, como inspector. 

El parque Cipriano Castro debía estar listo para finales del 2013 y para su ejecución el Consejo de Ministros de Hugo Chávez aprobó el desembolso de 174 millones de bolívares, alrededor de 18 millones de dólares. Sin embargo, de acuerdo con lo registrado en el Sistema Nacional de Contrataciones, la compañía solo empezó con los trabajos civiles en septiembre de ese año, y todavía en 2015 seguía con la tercera, cuarta y quinta etapas del proyecto. 

Ocho años desde la fecha prometida para su inauguración, del megaproyecto no queda sino una pequeña plaza sin nombre, con dos esculturas simples de metal corroído. Lo demás está delimitado por una larga pared blanca que en letras rojas avisa “Recuperado por la revolución”. Detrás de ese extenso muro: nada. 

La nada es un terreno baldío con maleza que crece incontrolable y algunos vehículos de uso oficial, desvalijados. Un vigilante del lugar comenta que el sitio es actualmente un estacionamiento del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Con ese desembolso de 18 millones de dólares, tal vez se trate del parking más costoso del país.

Racar, ‘not irie’

Auspiciado por un gobierno solidario de Hugo Chávez, quien entonces presumía de su abultada petrochequera en la región, los contratos de Racar Ingenieros traspasaron las fronteras y llegaron financiados por el Estado venezolano a Jamaica, aunque no pasaron por debajo de la mesa ni estuvieron exentos de escándalo. 

Todo comenzó en 2008, primero con un proyecto para restaurar el Centro Cívico Port Maria, St. Mary, considerado histórico y ubicado al norte de la isla, a hora y media de viaje por carretera desde Kingston, la capital. La rehabilitación fue coordinada por la Corporación de Desarrollo Urbano (UDC, por sus siglas en inglés) y financiada por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), en el marco del Acuerdo de San José. Un convenio donde parte de las ganancias de la venta de crudo de Venezuela y México hacia países americanos no productores de petróleo se usaba como préstamos para planes sociales en esos territorios.

“Los contratistas son Racar Ingenieros C.A. de Venezuela. El contrato para facilitar la mejora y poner el centro en pleno funcionamiento se firmó en 2008 por aproximadamente US$2,5 millones”, se lee en un comunicado en inglés de la UDC. En su reporte anual 2007-2008,  esa organización indicó que la duración de las refacciones era de siete meses y que se contemplaba la restauración de la oficina del alcalde, cámara del concejo, restaurantes y tiendas comerciales.

Por otro lado, el 14 de julio de ese mismo el ministro de Agua y Vivienda del país caribeño, Everald Warmington, anunciaba la extensión de un préstamo rotatorio de dos millones de dólares que había otorgado Venezuela para la creación de viviendas para las personas damnificadas por el huracán Iván, que sacudió al país en 2004. “He mantenido conversaciones con los directores de Racar Ingenieros de Venezuela, una empresa constructora y fabricante de viviendas prefabricadas, con la intención de utilizar esta línea de crédito para completar el proyecto de reubicación en Burkefield, Old Harbour Bay”, declaró para una nota de prensa publicada por el Servicio de Información de Jamaica.

Eran unidades habitacionales prefabricadas de hormigón que se producirían en Venezuela y se ensamblarían en los sitios acordados en Jamaica. “Se estima que las unidades de estudio de 270 pies cuadrados costarán en la región US$39,00 por pie cuadrado. Esta línea de crédito puede proporcionar hasta 300 unidades”, indicó el ministro Wilmington que, tres años después, en septiembre del 2011, denunció ante el parlamento que el proyecto habitacional había sido abandonado y que no se habían completado las unidades de estas viviendas donadas por Venezuela, como lo informó una nota del diario Jamaica Observer. 

Un hecho que “se estaba convirtiendo en un punto delicado entre las naciones”, se lee en la publicación, donde igualmente se menciona que “Racar Ingenieros de Venezuela” era la empresa encargada de proporcionar estas estructuras prefabricadas. 

"Nos entregaron esos edificios y permitimos que se arruinaran y por eso tenemos un serio problema con los venezolanos", declaró el parlamentario. “Incluso se niegan a conversar con nosotros por la vergüenza. Llegaron hasta el punto de darle a Jamaica esas casas para los pobres y los gobiernos de Jamaica permitieron que se desperdiciaran, y por eso la relación está en las rocas", añadió. Sobre este y los demás asuntos no se obtuvo respuesta a un cuestionario enviado vía correo electrónico a una dirección corporativa de la empresa. En su tráiler, ubicado detrás del Decanato de la Facultad de Medicina, el personal dijo no estar autorizado para hablar en representación de Racar Ingenieros.

Ahora en Caracas, y aunque en la universidad poco se sabe sobre las constructoras -menos aún sobre la historia y conexiones de Racar Ingenieros-, la ausencia de estudiantes hace que los obreros se destaquen por doquier. Son más de 1.000, según la información oficial. Destacan por el número y no precisamente por su equipamiento. No tienen guantes, ni calzado adecuado, algunos se ven sin cascos de seguridad, y la mayoría ganan entre 20 y 30 dólares semanales en efectivo por trabajar ocho horas diarias, incluyendo los fines de semana. Se han quedado a dormir en las instalaciones y se les ha llegado a ver laborar en sandalias de plástico y hasta descalzos. Más allá, cerca de los búnkers de las constructoras, carros de último modelo yacen estacionados y hacen notar que al menos por esta temporada son empresarios afortunados, y no depauperados profesores universitarios, los que mandan en la UCV. 

La iniciativa que ha catapultado la meteórica carrera de estos empresarios se llama Farmacias Caribe. Desde el año pasado busca replicar -y mejorar, se supone-  la fórmula que alguna  vez encarnó Farmapatria, creada en 2012 por el gobierno de Hugo Chávez para vender medicinas baratas en los espacios de las cadenas Mercal y Abastos Bicentenarios, ambas extintas.

El lanzamiento de esta nueva red se hizo público en septiembre de 2020 con la firma de una alianza entre la Alcaldía de Caracas y la empresa farmacéutica iraní Farmaozono, según se informó a través de una nota de prensa oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores.  El pacto se suscribió en la sede de la alcaldía capitalina y contó con la presencia de Miguel Carreño, jefe del gabinete de Economía de la Alcaldía de Caracas; Erika Farías, alcaldesa del municipio Libertador (el más grande y populoso de la capital venezolana, que comprende su mitad occidental), el embajador de la República Islámica de Irán, Hojjatollah Soltani, y una abogada poco conocida, Anayantzi Acevedo, de quien entonces no se sabía a quién representaba.

Dos meses después de la ceremonia, la abogada Acevedo anunció la recepción de 40 toneladas de medicamentos en la capital, que serían distribuidos en las Farmacias Caribe, cuya red entre tanto había subido como la espuma: en siete meses ya cuenta con 17 locales y siete farmacias móviles. La meta, aseguran, es llegar a 22 para tener al menos una sede por cada parroquia del Distrito Capital.

Novatos, pero bien conectados

Lo cierto es que, aunque esta alianza se promueve como uno más de los programas sociales del gobierno revolucionario, la maneja una empresa privada de nombre Farmasolidaridad 2021 C.A. De hecho, la presencia de Anayantzi Acevedo se debe a que es su representante y vocera.

Pero Farmasolidaridad 2021 C.A., el holding de las Farmacias Caribe, creado en enero de 2020, tiene a Atef Ghazi Nassereddine Nassereddine y Mahdi Nassereddine Nassereddine por directores y accionistas.

Estos dos jóvenes, con un apellido árabe muy común en Marruecos o Arabia Saudita, tienen 24 y 21 años, el mismo rango de edad de la mayoría de sus empleados en muchas de las farmacias.

Fuentes relacionadas con el sector salud en Venezuela aseguran no conocer la experiencia o trayectoria de los Nassereddine como empresarios, importadores o proveedores en esa categoría de productos. Aunque no sean funcionarios del gobierno venezolano, son los responsables de la importación de toneladas de medicamentos iraníes e indios que se han ido vendiendo ya no solo en la capital, sino de municipio en municipio, promovidos por líderes locales y regionales del chavismo.

Los precoces empresarios abrieron en 2016, con 16 y 19 años de edad, la empresa Droguerías Freemed. Un año más tarde, en junio de 2017, registraron otras dos: Freemed Cosméticos y Freemed Alimentos. En estas primeras tres sociedades los acompaña un tercer hombre llamado Armando José Sánchez Fernández, de 34 años de edad, que siempre tiene su nombre figurando con una participación de menos de 1%.

Entre abril de 2017 y junio de 2018 se dedicaron a la importación de cereales, jabones y aceites esenciales, por lo general, desde Turquía y China, según muestra la base de datos de importación y exportación Import Genius, consultada para esta nota por el Proyecto de Reportería de la Delincuencia Organizada y la Corrupción (Occrp por sus siglas en inglés). En total, importaron  2.090 toneladas de mercancía por 1,3 millones de dólares.

Pero el 22 de agosto del año pasado comenzaron a llegar las primeras importaciones de medicinas a través del grupo de empresas denominadas Freemed, que los Nassereddine crearon originalmente entre 2016 y 2017, antes de constituir Farmasolidaridad 2021.

Desde ese 22 de agosto de 2020, hasta el reciente 29 de abril de 2021, las importaciones de medicinas y vitaminas hechas por los Nassereddine solo desde India suman 4.445 toneladas, según los datos de aduana. Las compras, en su mayoría, se hacen a la empresa Merit Organics Limited, pero también hay negocios con  S D Pharmaceuticals, Omnilife Healthcare, Bonitek Pharmaceuticals Llp, Rescuers Lifesciences Ltd y Flagship Biotech International Pvt Ltd, siempre según la información que yace en Import Genius.

Una sede sui generis

De la empresa iraní Farmaozono -con la que la Alcaldía de Caracas firmó la alianza que dio origen a la red de Farmacias Caribe- no se encuentran registros aduaneros, aunque una farmacia de nombre similar existía en el Centro Comercial Chacaíto -en el centro geográfico de Caracas, justo sobre la frontera entre los municipios Libertador y Chacao-. En ese lugar hoy reciben los currículos de quienes se postulan para trabajar en la red de Farmacias Caribe.

Aunque, como se dijo, el local ahora hace las veces de una especie de oficina de recursos humanos, también es una farmacia, pero de nombre Fundación Abre Brecha. También pertenece  a los jóvenes Nassereddine y es un expendio de medicinas de India e Irán. Que es otro comercio de los empresarios se confirma al momento de pagar las medicinas, pues el ticket del punto de venta, que se emite al cancelar con tarjeta de débito, lleva impreso el nombre de Freemed Alimentos, mientras que la factura de la compra sale a nombre de Farmaozono C.A., la compañía que firmó el acuerdo con la Alcaldía de Caracas y la Embajada de Irán para la red de farmacias.

Pero esta no es la sede principal en la que funciona la dirección de la red de farmacias. La primera oficina de los jóvenes Nassereddine funcionaba en el viejo y corroído edificio Broadway, entre la esquina Marrón y Cují de La Hoyada, en el centro de Caracas.

Cuando las Farmacias Caribe brotaron y cobraron escala, los “muchachos” -como los nombran cuando se inquiere por ellos en las viejas oficinas- compraron un antiguo colegio en la urbanización Los Chaguaramos, al sur de la capital, y lo convirtieron en una especie de búnker: delimitaron con conos el perímetro para evitar que carros ajenos a la empresa se estacionen enfrente y reforzaron la seguridad con civiles armados que se encargan de que nadie pase mucho tiempo en los alrededores de la compañía.

Lo que a los lejos puede suponerse es una cuadrilla de mototaxis, de cerca resulta un escuadrón de escoltas armados que han llegado a espantar a servicios de delivery que por error se han estacionado allí. El edificio de Los Chaguaramos tiene varios pisos y papel ahumado en sus ventanas para no dejar casi nada a la vista.

Hay cámaras de seguridad por doquier. Es un detalle que, como las ventanas polarizadas, se repite en las farmacias móviles, en las que sus empleados se rehúsan incluso a comentar aspectos básicos laborales sin autorización de sus jefes, como el horario de trabajo o la manera en la que fueron contratados.

Uno de ellos solo se limita a contestar que el medicamento más vendido en su unidad es el acetaminofén y afirma que pueden vender cualquier medicina sin prescripción médica, aún cuando el capítulo II del título tercero de la Ley de Medicamentos establece la necesidad de récipes para la dispensación al público de ciertas medicinas como los antibióticos.

La mujer y el diplomático

La abogada Anayantzi Acevedo no solo es la representante jurídica de las compañías, sino la cara visible del negocio de las medicinas que manejan los Nassereddine, jóvenes con barbas luengas y tupidas.

Desde que empezó la distribución de los medicamentos en la red, Acevedo se ha dejado ver varias veces al lado de la alcaldesa del municipio Libertador para promocionar las bondades del negocio. “Con la creación de la red Farmacias Caribe estamos dando un golpe contundente al bloqueo económico, al bachaqueo, al egoísmo y al sabotaje interno”, dijo la abogada en la inauguración de una de las farmacias, que quedó inmortalizada en uno de los vídeos propagandísticos del programa social de la alcaldesa Farías.

En su carrera profesional, Acevedo tuvo un paso por el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad y en 2009 dirigió una escuela de formación –que se definía como un campamento ideológico organizativo– del Ministerio para las Comunas y Protección Social, despacho que entonces conducía la hoy alcaldesa por Erika Farias. Fue cuando se llamaba Ministerio de Participación y Protección Social antes de ser absorbido por el nuevo Ministerio de Comunas.

También se puede ver que Acevedo, por interacciones en la red social Instagram,  es reconocida como una “camarada” estimada por Ghazi Atef Nassereddine, venezolano de origen libanés, exencargado de Negocios de la Embajada de Venezuela en Damasco, Siria, y exdirector de Aspectos Políticos de la Embajada de Venezuela en Líbano.

Con exactamente el mismo nombre que uno de los jóvenes dueños de la red de farmacias, Nassereddine fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2008 por sus vínculos con el grupo terrorista chiíta Hezbollah. Washington señaló entonces a este Nassereddine como organizador de reuniones entre altos funcionarios del gobierno venezolano, de la Siria de Bashar Al-Assad y del Irán de los ayatolás, junto con miembros de Hezbollah. En un par de entrevistas, el exdiplomático ha negado estas funciones o vinculaciones y ahora se decanta por un perfil más teórico como analista de Centro Global AZ, con alguna que otra publicación en portales como Aporrea.

Este Nassereddine, el exdiplomático, promueve con efusión la nueva red de farmacias en sus redes sociales sin aclarar si tiene o no parentesco con los jóvenes dueños del negocio. Armando.info intentó contactarlo para responder a esta y otras preguntas en varias oportunidades, sin recibir respuesta.

El negocio se clona

La abogada Acevedo ha detallado que además de los medicamentos más o menos básicos de botiquín, la red proveerá otro tipo de fármacos para tratar la hipertensión arterial, diabetes, alergias, complejos vitamínicos, y hasta dexametasona.

En sus redes sociales Farmacias Caribe difunde que expende dosis del antiviral Remdesivir, el fármaco que se popularizó para tratar la Covid-19, por un costo de 60 dólares, mientras que en otras farmacias se consigue en 85 dólares, 160 dólares y hasta más. A principios de julio también anunció por la misma vía la inauguración de una farmacia consagrada exclusivamente a la venta de tratamientos oncológicos en la avenida Baralt.

Para tratar de entender cómo se conformó este esquema de importación y distribución de medicinas de tan variado espectro a bajo costo, justo en un contexto de aguda contracción económica y sanciones internacionales, se le solicitó una entrevista a la abogada Acevedo, a los Nassereddine y también a la embajada de Irán. Todos aseguraron que solo la Alcaldía de Caracas podía declarar sobre el tema.

El jefe del gabinete económico de la Alcaldía de Caracas, Miguel Carreño, apenas respondió al primer contacto con un saludo vía whatsapp y no contestó más los mensajes para concretar una entrevista sobre el tema.

Entre tanto, persiste la expansión de las Farmacias Caribe, ya no solo en zonas populares del Distrito Capital de la mano de la Alcaldía de Caracas, sino en territorios otrora considerados “bastiones de la oposición”, en el este de la ciudad, que en el pasado no eran servidos por programa alguno de índole social o asistencial del chavismo.

Perteneciente a Farmasolidaridad 2021 y como parte del Sistema Unificado de Atención Farmacéutica, el esquema de Farmacias Caribe se ha convertido en parte de la propaganda de otros alcaldes y gobernadores del chavismo y concejales del PSUV con pretensiones de medirse en las venideras elecciones de noviembre.

Así, los medicamentos baratos de Irán e India se venden en locales bajo el nombre de Farmabaruta en el municipio Baruta y son promovidos por la presidenta del Concejo Municipal de esa entidad, Georgette Topalián. En La Guaira hay cinco sedes que son publicitadas por el alcalde del municipio Vargas, José Alejandro Terán, y que se llaman FarmaLaGuaira. En el estado Miranda se les llama FarmaMiranda y cuentan con el apoyo del gobernador Héctor Rodríguez y la alcaldesa de Guaicaipuro, Wiselys Álvarez. Hasta en el remoto archipiélago de Los Roques, al norte de Caracas en pleno mar Caribe, se abrió un local el pasado 15 de junio, sucursal de una de las sedes que inauguraron en La Guaira. Todas se muestran como locales del Estado pero las ventas van a la firma de los Nassereddine.

Cada entidad tiene una versión móvil con camiones itinerantes que van llevando la mercancía a distintas comunidades y que no parece verse afectada por la escasez generalizada de combustibles. El modelo está siendo replicado por el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Esta propagación de sedes y farmacias móviles se ha llevado a cabo en detrimento de al menos tres sedes de Fundafarmacia, una cadena de boticas que se creó en 1990 como el brazo social de la industria farmacéutica, que tiene por objetivo vender las  medicinas a bajo costo en una alianza con entes públicos y privados. Los contratos de comodato que amparaban sus sedes en los hospitales de Guarenas-Guatire “Dr. Eugenio D’ Bellard”, de Los Teques, “Dr. Victorino Santaella”, y una sede en La Guaira que estaba ubicada en la Avenida Soublette, principal de la ciudad litoralense, se vencieron y no les fueron renovados a Fundafarmacia. Sus espacios pronto fueron ocupados por las farmacias de los Nassereddine, en su vertiginoso crecimiento.

El destape del caso Lava Jato dejó claro que Odebrecht estableció un esquema de pago de sobornos para la obtención de contratos que se repitió en al menos doce países. Pero además de esa irregularidad, en Venezuela -a diferencia de los otros- las obras sufrieron retrasos considerables y 17 de ellas no fueron concluidas, con lo que quedaron  en el limbo miles de millones de dólares asignados a su ejecución y cuyo total hoy resulta casi imposibles de precisar.

El 11 de septiembre de 2019, el ministro de Transporte Terrestre venezolano, Hipólito Abreu, tomó por sorpresa las oficinas desde donde Odebrecht centralizaba la operación técnica en Caracas y anunció que los contratos que quedaron sin ejecutar pasarán a manos del ministerio por instrucciones del Presidente de la República, Nicolás Maduro. Un lance que pretendió retomar, con la asignación de unos pocos millones de dólares, la reactivación de los proyectos que quedaron como elefantes blancos regados por todo el país.

Aseguró que ese mismo día estaban siendo ocupados otros 56 campamentos de la compañía, pero un año y ocho meses después todo apunta a que fue una nueva maniobra de propaganda revolucionaria. Mientras, las ruinas modernas de Odebrecht siguen esperando una reactivación cada vez más improbable.

Porque sí: Camilo Ibrahim también es el hombre detrás de Plus Ultra, la aerolínea nominalmente española pero con inversionistas venezolanos que ahora aparece casi todos los días en las tapas de los diarios de Madrid. Aunque la convención diga que no importa que hablen mal de uno, sino que hablen, la difusión reciente del nombre de la aerolínea no debe haber sido recibida con gusto por Ibrahim, como si de una publicidad gratuita se tratara: la marca aparece en los medios asociada a un escándalo, el de la aparentemente irregular asignación de 53 millones de euros en ayudas por parte del gobierno socialdemócrata del presidente Pedro Sánchez, y ha puesto a sonar en público al empresario de origen libanés, quien cultiva con empeño el bajo perfil y conoce los beneficios de pasar inadvertido. 

El estruendo en los medios españoles podría llevar a pensar que ese es el principal negocio de Ibrahim. Pero no es así. De hecho, controla una amplia estructura corporativa en la que Plus Ultra y Café Páramo lucen como las muestras más vistosas, pero no necesariamente las más ambiciosas o rentables. Su organigrama se extiende también a otros negocios al detal, a empresas de servicios petroleros y hasta a las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas.  

En medio de la deprimida economía venezolana, repleta de malas noticias, el reciente boom de Café Páramo llama mucho la atención. Sin duda refleja una historia de éxito: sus tiendas brotan como hongos -hasta una en Canadá- y la calidad del producto es ponderada a menudo por usuarios en las redes sociales. Pero no todos los granos de esta historia son gourmet. Por algún motivo, la propia compañía se empeña en ocultar a los verdaderos dueños, tejiendo un manto de oscuridad tan intenso como un buen espresso.  

Algo se coló en Altamira

Grupo Páramo nació a mediados de 2016, cuando la crisis económica desatada con el gobierno de Nicolás Maduro era inocultable. Dos años después la empresa entró de lleno en titulares de prensa y en la polémica de las redes sociales. A mediados de 2018, los vecinos de la Plaza Altamira, en el municipio Chacao del noreste de Caracas, se opusieron a la instalación de un quiosco de Páramo en ese lugar pues ya corrían rumores de que sus dueños eran personajes cercanos al gobierno de Nicolás Maduro. La compañía había acordado con el alcalde, Gustavo Duque, estar allí a cambio de costear el mantenimiento de la plaza. El acuerdo tenía mucho de profanación simbólica: la plaza Altamira ha representado en diferentes ocasiones el bastión central de la resistencia antichavista, no solo en el municipio sino a nivel nacional.

En medio de la controversia y en una acción para atajar la crisis reputacional y los rumores que rodaban como una bola de nieve, la compañía presentó entonces a Guillermo Blanco Hernández como el artífice del emprendimiento. El relato que compartió destacaba su historial como empleado de la banca, repetía ser el dueño, y negaba cualquier vínculo o favoritismo de parte del chavismo. “No tenemos ningún tipo de vínculo con el gobierno nacional (…) Nosotros somos unos emprendedores que creemos en el país, seguimos apostando por el país y trabajando duro”, declaró en unas de esas apariciones en octubre de 2018.

Mientras Blanco Hernández se exponía ante los medios, el verdadero dueño prefirió mantenerse agazapado, tras bastidores. La prudencia de Camilo Ibrahim tiene sus buenos motivos. En una época y entorno en los que el abultamiento de cualquier fortuna genera suspicacias, Ibrahim, además de Páramo, ha sumado a sus haberes varias empresas como Phoenix World Trade Inc, firma con la que maneja la marca de ropa Zara y otras del grupo español Inditex, y Pentech Ingenieros 05, compañía con un largo historial de contrataciones con la gigante petrolera estatal Pdvsa, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC). 

En muchas de esas empresas se repite un mismo elenco de colaboradores y allegados. 

Uno de ellos es el propio Guillermo Blanco Hernández, por ejemplo. Aunque lo cierto fue que entró como accionista del Grupo Páramo apenas el 20 de enero de 2019, es decir, semanas después de que declarara a la prensa como pretendido fundador de Café Páramo, según se puede constatar en el registro mercantil. Ese mismo día junto a Blanco también se incorporaron a la gobernanza patrimonial de Páramo, como socio principal, Hassen Hammoud, un joven de nacionalidad canadiense, y José Hernando Calderón Barón, que quedó como socio minoritario. 

En cambio, desde la fundación de la compañía en 2016 figuraron como sus primeros socios Kaled Osma Firas, de nacionalidad brasileña, y Aldo Saad Saad, un joven abogado venezolano. Luego, en octubre de 2017, Youssef Hammoud y Ahmed Hammoud, también con ciudadanía canadiense, pasaron a ser los representantes legales. 

Tanto los hermanos Hammoud como Aldo Saad Saad, el joven abogado, son fichas repetidas de la estructura corporativa de Camilo Ibrahim Issa.

Ahmed Hammoud, por ejemplo, comparte sociedad con Hassan Ibrahim Osman, hijo de Camilo Ibrahim, en Inversiones Planet Security, creada en Caracas en 2009. Ambos están igualmente relacionados en Fire Bird Inc Limited y Check-In 18 C.A,  con las que recientemente asumieron el control de algunas operaciones en el aeropuerto internacional de Maiquetía.

En Caracas, Ahmed Hammoud, el representante legal del Grupo Páramo, es también socio de Mohamed Ibrahim Ibrahim y Hassan Ibrahim Ibrahim, sobrinos de Camilo Ibrahim, en PHX Security System. Esta empresa acumula una larga lista de contratos con la extinta red estatal Abastos Bicentenario, los ministerios de Comercio, el Despacho de la Presidencia, el Banco Bicentenario y hasta la Embajada de Cuba en Venezuela. Sus ventas a esos clientes van desde cámaras de seguridad hasta artículos navideños, según el RNC.

No por coincidencia, en sus inicios, Grupo Páramo tuvo la misma dirección que PHX Securiy System: la quinta Serbal de la urbanización Campo Claro, en el este de Caracas. 

Pero no son estas las únicas conexiones del Grupo Páramo con Camilo Ibrahim. 

Aldo Saad Saad, uno de los socios fundadores de la productora de café, es también parte del holding de Camilo Ibrahim en varios de los negocios del duty free y tiendas de retail del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, según detallan fuentes conocedoras de esas operaciones. 

Camilo Ibrahim figura además como directivo en España de las empresas Alimentos Los Páramos, registrada en diciembre del año pasado, y de La Compañía de Boconó y Biscucuy SL, creada en enero de 2019. Ambas terminaron expuestas estos días, en parte por la reciente crisis generada alrededor de Plus Ultra. Los nombres de ambas no sólo están vinculadas con la marca Páramo, sino también con dos regiones productoras de café en Los Andes venezolanos. Y el objetivo de las dos es, precisamente, la comercialización “al por mayor y al por menor de todo tipo de alimentos y, en especial, de café en grano, molido, trillado, o en cualquier otra forma, así como la fabricación, manipulación, envasado y tostado de todo tipo de café”.

En esas dos jóvenes sociedades españolas, Camilo Ibrahim comparte directorio con Raif El Arigie Harbie, Rodolfo José Reyes y Roberto Roselli Mielli, todos venezolanos y directivos también de la aerolínea Plus Ultra. 

Moliendo a la competencia

Ninguno de los impedimentos que sensatamente cabría considerar a la hora de montar en Venezuela un negocio de procesamiento y comercialización de café ha desalentado la frenética expansión de Páramo. A saber: ni la larga contracción económica, ni el desplome de la producción nacional del grano -que hoy no supera los 350.000 quintales anuales-, ni siquiera la crisis de un sector afectado durante años por los controles de precios y expropiaciones decretadas por Hugo Chávez a diversas torrefactoras comerciales, algunas emblemáticas y hasta históricas, como Café Madrid o Fama de América. Tampoco lo hizo el pequeño runrún en torno al quiosco de Altamira en 2018, drenado sobre todo a través de las redes sociales. 

En realidad, todos esos factores contribuyeron a despejar el mercado y a favorecer la irrupción de Páramo. 

El capital de la compañía no dejó de crecer, la oferta comercial suma al menos cuatro tipos de café gourmet y los locales al estilo Starbucks o Juan Valdéz se fueron replicando en sitios estratégicos como aeropuertos, teleféricos o hasta en el mismo centro histórico de Caracas, algo imposible de lograr en estos tiempos sin el consentimiento del gobierno nacional. 

Varios locales de Páramo están, incluso, en espacios donde alguna vez el chavismo expropió y desalojó a otros empresarios. Son los casos, por ejemplo, de la tienda que la marca mantiene en la estación del teleférico de Caracas en Maripérez, cuya concesión fue retirada por Chávez al banquero Nelson Mezerhane, y es también el caso del local de Páramo en el antiguo hotel León de Oro, en la avenida Universidad, en pleno centro de Caracas, apenas dos de los catorce establecimientos que hoy tienen en el país. En 2018 fue el propio Maduro quien desalojó de esa zona también cercana a la plaza El Venezolano a pequeños comerciantes dueños de piñaterías y restaurantes. Hoy el local de Café Páramo sobresale en medio del caos del centro histórico de Caracas.

El León de Oro, que ahora alberga a Páramo, es un edificio histórico de dos pisos entre las esquinas de Sociedad y Traposos. Su estampa adorna muchas de las crónicas costumbristas de la Caracas de los Techos Rojos. El inmueble luce una fachada blanca que hace juego con amplios ventanales, balcón y puertas de madera que se levantan hacia lo alto. Solo un pequeño letrero circular con el logo de la marca interrumpe un diseño que evoca a la antigua cuadrícula urbana de la ciudad donde nació y vivió Bolívar. Cerca hay también un local de Golfeados San Jacinto, otra nueva franquicia que, según los empleados, es de “un tal Ahmed (Hammoud)”, mismo nombre del representante legal de Grupo Páramo. 

Cuando en octubre de 2018 Guillermo Blanco, como supuesto propietario de Grupo Páramo, quiso desmentir la relación con el chavismo, aseveró que habían conseguido ese espacio en el corazón de Caracas “entregando nuestra carpetica” con el proyecto. “Nos dijeron que adelante, bajo ciertas condiciones, donde teníamos que mejorar todo lo que viene a ser la imagen y la fachada de lo que era el hotel viejo León y con un contrato de arrendamiento por plazo”. 

El 12 de agosto del año pasado, Guillermo Blanco participó en un foro virtual organizado por el medio digital Analítica.com sobre “historias de emprendimientos que inspiran”, pero no como representante de Páramo, sino de otra franquicia emergente, esta de helados, llamada La Palettería. Para no ahorrarse indicios, el abridor del foro fue el propio Camilo Ibrahim, en una de sus pocas apariciones en público. Distintas versiones no confirmadas adjudican a Ibrahim la propiedad de La Palettería, que además cuenta ya con un local en otra construcción de significado patrimonial en Caracas, el edificio Los Andes, en Sabana Grande, en cuya planta baja también Café Páramo se estaría disputando un local con la franquicia de Chocolates Noble, "de la misma gente", según recogía Armando.info en un reportaje reciente. Los Golfeados San Jacinto también están allí.

El surgimiento de Grupo Páramo en apenas cinco años no ha pasado inadvertido entre antiguos industriales y productores de café. Para ellos, incluso antes del auge de los establecimientos o de que los empaques de Café Páramo se vieran en algunos supermercados, ya tenían noticias de la compañía y de su aroma. 

“Voy a mencionar a dos empresas que son de enchufados, que son Café Páramo y Café Botalón, que básicamente son los que rigen la política y los precios del café actualmente”, reclamó en febrero de 2019 Yoleidy Páez, representante de los caficultores en una asamblea de productores con Juan Guaidó, este en su condición de presidente de la Asamblea Nacional y sólo días después de proclamarse presidente interino de la República. 

Si el del verdadero dueño ya es un tema tabú en la compañía, lo mismo ocurre con el lugar donde procesan y empacan el café. Fuentes de la industria aseguran que a Grupo Páramo la estatal Corporación Venezolana del Café le cedió, bajo la figura de comodato, la instalación de Café Madrid en Guacara, estado Carabobo, expropiada hace años por Chávez. “Salimos de un oligopolio que en su momento tenían Fama de América y Café Madrid, para un oligopolio de dos empresas enchufadas del gobierno”, afirma otro productor de café que prefiere que su nombre se mantenga en reserva. 

La historia de Grupo Páramo representa entonces otra evidencia de la política, impulsada por Nicolás Maduro, de reprivatización o reparto entre aliados de empresas expropiadas en su momento por Chávez. “Durante años destruyeron el negocio del café y hoy es un negocio de los enchufados”, insiste el productor. 

Por supuesto, nada de eso está en la historia oficial de la compañía. Para este reportaje, ni Aldo Saad Saad ni Ahmed Hammoud contestaron a peticiones de entrevistas. 

Al cierre de esta edición Reinaldo Gadea Pérez, abogado de Camilo Ibrahim, tampoco había contestado el cuestionario enviado a su despacho por correo electrónico. Gadea Pérez es miembro fundador del bufete Gadea, Lesseur & Asociados, del que también forman parte Gerardo Blyde, dirigente político y ex alcalde Baruta, así como José Simón Elarba, empresario dueño de la recolectora de basura Fospuca. 

Fue el propio Gadea Pérez, de acuerdo al relato de varias fuentes, quien acudió al parlamento cuando el diputado Freddy Superlano anunció en 2018, entonces como presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, una investigación contra Camilo Ibrahim y otros directivos de su grupo por supuestos hechos de corrupción en contratos con el gobierno para la venta de útiles escolares, así como su posible participación en el negocio detrás de los Clap, el programa gubernamental de distribución de alimentos y otros productos subsidiados de primera necesidad.

“Al señor Camilo Ibrahim se le envió una interpelación, pero acudió el abogado Reinaldo Gadea. Rápidamente nos dimos cuenta de que el señor Camilo Ibrahim tenía muchos dolientes”, relata una de las fuentes entrevistadas. Documentos obtenidos para este reportaje confirman que Phoenix World Trade Inc, la misma que maneja las tiendas Zara, firmó en 2015 el contrato 0231 con la estatal Corpovex para la venta de “morrales escolares y cartucheras”.

Otros de los citados por la Asamblea Nacional fueron Raif El Arigie Harbie y Rodolfo Reyes, quienes son los directivos en España de Plus Ultra y también comparten directiva en las dos sociedades creadas para el negocio del café en Madrid.  Tampoco ellos accedieron a la petición de entrevista para este reportaje.

Así como Grupo Páramo esquivó aquella tormenta de 2018, Camilo Ibrahim también escapó al ruido surgido a raíz de la citación por parte de la Asamblea Nacional. Previamente, en 2013 también se libró sobre supuestas irregularidades cometidas en la adquisición de divisas cometidas por varias empresas relacionadas a Phoenix World Trade Inc, que parecían parte de la misma estructura al compartir directivos y direcciones pero que solicitaban individualmente los dólares ante Cadivi, oficina que administraba el control de cambio. A finales de 2015 un fiscal del Ministerio Público solicitó el sobreseimiento de la causa en contra de Phoenix World Trade Inc, ahora reconvertida en un paraguas más amplio llamado Grupo Phoenix World Trade Inc con sociedades en Venezuela, Panamá y República Dominicana, entre otros países.

Luego de todas esas tormentas y en medio del auge empresarial que protagoniza, las circunstancias permiten a Camilo Ibrahim degustar un café y pontificar sobre el “nuevo renacer económico” de Venezuela, tal y como hizo en esa participación pública el año pasado a nombre de emprendedores venezolanos.