Volando bajo, un par de empresas tomó la torre de control de Maiquetía
Agotada de funcionar en un país en crisis y bajo fuertes críticas sobre su operatividad, la empresa que manejaba los servicios automatizados de chequeo y embarque en el principal aeropuerto del país organizó una retirada parcial. En su lugar dejó a cargo una representación que reposa en dos compañías -desconocidas para las líneas aéreas que aún operan en Venezuela- relacionadas con un importante grupo empresarial de origen libanés, que hasta el año pasado solo manejaba las tiendas de duty free, pero que firmaron con el Estado venezolano un contrato que incluye también refacciones en la estructura y equipos del aeropuerto. Las líneas aéreas se niegan a firmar un contrato de servicios con los nuevos operadores, que redoblaron el costo de sus servicios.
Sin
prisa pero sin pausa un importante grupo empresarial ha ido ocupando,
gradualmente, espacios físicos e intangibles del aeropuerto internacional Simón
Bolívar, ubicado en Maiquetía y principal puerta de acceso aéreo desde y hacia
Venezuela. Durante los últimos tres años, en plena agudización de la crisis que
atraviesa la economía venezolana, quienes operaban el aeropuerto decidieron
dar un paso al costado y abrir la veta de un negocio que no pasó desapercibido
para empresas más jóvenes, como las que manejan familiares y allegados del
conocido empresario Camilo Ibrahim.
Estas
pasaron de manejar las tiendas libres de impuestos a gestionar los hilos que
permiten el funcionamiento de todo el aeropuerto. Discretamente, el grupo
empresarial de origen libanés dejó de vender solo perfumes y licores en las
puertas de embarque y hoy está a cargo de la prestación de los servicios de
información, tecnología, telecomunicaciones y uso compartido de la
infraestructura aeronáutica, entre otros.
Fue
la crisis la que, paradójicamente, abrió la oportunidad de oro. La Sociedad
Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas (SITA, por sus siglas en
francés) decidió dejar de prestar servicios directamente en el Simón Bolívar,
donde se encargó durante al menos 15 años de los procesos automatizados de
chequeo, facturación y embarque de pasajeros en la terminal. Es el único
aeropuerto del país que tiene estos servicios automatizados, pues el resto
maneja esta logística de forma manual.
Conseguir
un representante, un socio, un sustituto para estas operaciones de pronto se
convirtió en una necesidad. La primera gran conquista de los nuevos empresarios
fue convertirse en los representantes locales de SITA como parte de un proceso
que los llevó, a su vez, a firmar un contrato con el Instituto Aeropuerto
Internacional de Maiquetía (IAIM) que empezó a correr el 1º de enero de
2019.

La Sociedad Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas dejó de prestar servicios directamente en el aeropuerto de Maiquetía el 31 de diciembre de 2018. El 1º de enero de 2019 comenzó hacerlo a través de dos intermediarios desconocidos en el sector.
Un socio con socio
Aunque
las autoridades del aeropuerto, SITA y sus nuevos representantes parecen estar
perfectamente alineados en la nueva sociedad, nueve meses después ninguno de los
acuerdos suscritos ha podido ser implementado plenamente. Por una parte, la
crisis política y económica del país ha sido un escollo difícil de superar, casi
tanto como la negativa de las líneas aéreas a firmar un polémico contrato de
servicios.
Para
las 18 aerolíneas –entre nacionales e internacionales– que aún prestan servicios
en Venezuela, todo empezó en el segundo semestre de 2018. El 21 de septiembre
SITA les informó que el último día del año dejaría de operar en Maiquetía sus
dos servicios propios: AirportConnect Open y MaestroDCS
Local.
El
primero es el que distribuye y organiza los espacios de los aeropuertos para que
estén disponibles para todas las aerolíneas, pues les permite usar aplicaciones
individuales, en una plataforma común, para el chequeo de pasajeros. El segundo
servicio, DCS, facilita el procesamiento de facturación y embarque.
Pocos
días antes de que se cumpliera el plazo de SITA, el 18 de diciembre de 2018, el
Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) informó a las aerolíneas
quién asumiría el rol de la multinacional.
Lo
que parecía un cambio abrupto en realidad tenía un tiempo gestándose, y no
dejaba por fuera a SITA. De hecho, la empresa de siempre seguiría prestando el
servicio, pero a través de una doble intermediación: Fire Bird Inc Limited como
representante directo y Check-In 18 C.A. como representante, a su vez, de Fire
Bird Inc Limited.
Todo
se remonta, de acuerdo con la versión del representante legal de Fire Bird,
Ahmed Hammoud, a mediados del 2017, cuando SITA comenzó la búsqueda de un socio
local para manejar sus operaciones en Venezuela.
Hammoud
apunta a que la multinacional tenía cada vez más problemas para seguir operando
en el país dada la fuga de talentos, principalmente, por lo cual decidió buscar
una gerencia local. “Tras un escrutinio riguroso propio de una organización
altamente especializada y multinacional, SITA escoge a nuestra empresa (Fire
Bird) como socio local”, aseguró Hammoud, quien informó que tras 14 meses de
negociación celebraron, en octubre de 2018, dos acuerdos con la intención de
permitir a SITA seguir prestando sus servicios en el país y mejorarlos.
Distintas fuentes del sector aseguran que la prestación del servicio se había
vuelto deficiente.
El
siguiente paso fue firmar un contrato con el IAIM. Hammoud dice que lo hicieron
también en 2018, pero el contrato de concesión, identificado con el
alfanumérico CC-2018-082, tiene fecha del 1º de enero de 2019. Lo firmó Check-In
18, C.A., quien quedó bautizada, en todos los documentos siguientes, como la
“operadora del aeropuerto” y representante de Fire Bird Inc Limited, quien ya se
había convertido, a su vez, en la representante de SITA o “el agente
autorizado”. Salvo las partes, nadie ha visto este documento. Pero en distintas
reuniones con representantes de las aerolíneas, las autoridades venezolanas han
revelado que les dieron la concesión para operar el aeropuerto por 20 años.
Hammoud
niega esa especie y también que estén involucrados en la operación del
aeropuerto, que atribuye como una labor exclusiva del IAIM. Explica que la
participación de las empresas que representa se limita a manejar las
obligaciones de SITA, quien seguiría siendo la proveedora del
servicio.
Perfume desde Hong Kong
En
distintas versiones de un contrato de servicios, que debía firmarse entre
Check-In 18 C.A. y cada una de las aerolíneas, se han ido descubriendo otros
detalles de un servicio más ambicioso que el que prestaba la multinacional.
Además de los servicios que ofrecía SITA, los nuevos socios esperaban ampliar su
rango de servicios a la refacción total del sistema de correas y la renovación
de las alas este y oeste del aeropuerto.
Check-In
18 C.A. fue registrada el 16 de enero de 2018 en Los Teques, capital del
céntrico estado Miranda. De acuerdo con la versión de Hammoud, fue creada
deliberadamente para la firma del contrato con el Estado venezolano. SITA les
habría dado esta “recomendación”, pues ellos lo habrían hecho de la misma
manera: a través de una empresa local.
De
las tres páginas que abarca el amplio objeto social de Check-In 18 CA, sin
embargo, lo único que se acerca al servicio que prestarían en Maiquetía es "la
administración de estacionamientos ubicados en residencias, urbanizaciones,
centros comerciales, aeropuertos, organismos e instituciones públicas y
privadas”.
Al
respecto, Hammoud esgrime que, entre las múltiples cosas que abarca SITA en los
más de 1.000 aeropuertos del mundo en los que tiene presencia, están
precisamente los estacionamientos. Pero, hasta el momento, esa no es
precisamente una de las responsabilidades de Check-In 18, C.A. Al menos hasta la
publicación de este trabajo, el aeropuerto de Maiquetía se mantenía bajo la
gestión de la empresa PK7 Estacionamientos y Parqueos Siete
C.A.
Sin
embargo, a una semana de la creación deliberada de Check-In 18 C.A., sus
accionistas la encaminaron. En una asamblea general extraordinaria que
celebraron el 23 de enero de 2018, los jóvenes comerciantes Keiber Antonio
Delgado Aguiar y Lixfe de la Trinidad Caicedo Rangel aprobaron abrir una
sucursal en los terminales nacional e internacional del aeropuerto de
Maiquetía.
Cuatro
años antes y a más de 16.000 kilómetros de distancia ya había nacido Fire Bird
Inc Limited, la otra empresa involucrada en la operación. Según se puede leer en
los documentos del registro de Hong Kong –a los que Armando.Info tuvo acceso a
través del Investigative
Dashboard–,
la compañía fue registrada en este territorio el 13 de octubre de 2014, con un
único accionista: el venezolano Hassan Ibrahim Osman, entonces de 31 años de
edad y pariente de Camilo Ibrahim.
Información
del servicio de Dun & Bradstreet, disponible en la base de datos
empresarial LexisNexis, permite ver que, al menos hasta septiembre de 2018,
el objeto de la empresa hongkonesa nada tenía que ver con aeropuertos. En cambio
se dedicaba a la categoría comercial de bienes “no duraderos” (nondurable
goods), que son aquellos que se consumen rápidamente, como los textiles, el área
natural de los Ibrahim.
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Pero
era ella de las pocas que, en medio de la peor crisis del país, se atrevía y
podía invertir en el aeropuerto de Maiquetía. Por eso, explica Hammoud, pese a
no tener experiencia previa en el sector aeronáutico, fue escogida por SITA como
representante local. “Nuestra experiencia no es requerida por cuanto SITA
seguirá proveyendo la guiatura y los servicios requeridos. Trabajaremos bajo su
dirección”, argumenta.
Todo queda en familia
Las
dos empresas detrás de la operación están intrínsecamente unidas entre sí y con
otras empresas del grupo de los Ibrahim.
En
aquella asamblea extraordinaria en la que los directores de Check-In 18, C.A.
aprobaron abrir sucursales en el aeropuerto Simón Bolívar,
designaron a Hammoud como su representante
legal.
En
las primeras versiones del contrato de servicio con las aerolíneas, el
joven canadiense residenciado en Venezuela, de 35 años de edad, figura,
también, como representante legal de Fire Bird Inc Limited.
Pero su relación con la familia Ibrahim y el aeropuerto es más profunda que eso.
Hammoud ha sido también representante legal de PHX SS C.A.
En
esta última empresa confluye, literal y metafóricamente, la actividad de la
familia Ibrahim en el aeropuerto de Maiquetía. El manejo de las tiendas Duty
Free -también en los aeropuertos de Maracaibo y Porlamar- es, quizás, el más
evidente. Pero también están detrás de la confusa intermediación para operar el
aeropuerto.
La
dirección fiscal de Check-In 18, C.A. remite a la misma quinta en la
urbanización Campo Claro, en Caracas, en la que se ubica PHX SS C.A. Hassan
Ibrahim Osman, por su parte, cotiza en el Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales (IVSS) como empleado activo del grupo PHX. Y los accionistas de
Check-In 18, C.A. son, también, empleados de PHX SS C.A., según consta en la
planilla del IVSS de Caicedo Rangel y en el perfil de Delgado Aguiar en la red
social LinkedIn.
Pero
el vínculo entre la “operadora del aeropuerto”, Check-In 18 C.A., y el “agente
autorizado” de SITA, Fire Bird Inc Limited, es mucho más profundo. Keiber
Delgado, accionista de Check-In 18, C.A. ha figurado como persona contacto de la
empresa PHX y otras del
grupo.
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De
acuerdo con información del Registro Nacional de Contratistas (RNC), PHX SS C.A.
tiene por objeto social “desarrollar el suministro, abastecimiento y la
prestación de todos los servicios utilizados para la industria petrolera
nacional e internacional, pública y privada, en toda su cadena de
valor”.
Sus
accionistas por partes iguales son Mohamed y Hassan Ibrahim Ibrahim, quienes son
socios, a su vez, del conocido empresario del mundo textil, Camilo Ibrahim, en
la sucursal en Venezuela de Phoenix World Trade, la que posee la exclusividad de
las franquicias de la textil española Inditex, de la que forma parte la extensa
cadena de tiendas Zara.
Hammoud,
sin embargo, niega que Camilo Ibrahim haya estado involucrado en ningún aspecto
de los acuerdos suscritos para los asuntos del aeropuerto, así como niega que
tenga alguna participación en el manejo del mismo. Dice que tampoco los
familiares de este están
involucrados.
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Un servicio más caro
De
acuerdo con las autoridades venezolanas, Check-In 18 C.A. y Fire Bird Inc
Limited comenzaron a prestar sus servicios el 1º de enero de 2019. Así lo han
asegurado en sendas comunicaciones emanadas del Instituto Nacional de
Aeronáutica Civil (INAC) y del IAIM. Hammoud aclara que el contrato no ha podido
ser implementado en su totalidad debido a la situación del país que, sin
embargo, no los disuadió de meterse en el negocio en un principio.
“A partir de enero hemos determinado que la situación política en Venezuela, así como las sanciones impuestas por los Estados Unidos de Norte América y otros importantes países del mundo, significan una causa de fuerza mayor que impide que se implementen los acuerdos alcanzados”, aseguró Hammoud.

Las autoridades venezolanas han dicho a las líneas aéreas que Check-In 18 C.A. y Fire Bird Inc Limited comenzaron a prestar servicios en el aeropuerto de Maiquetía el 1º de enero de 2019, aunque el representante legal de las empresas dice que no
Sin
embargo, independientemente de eso, hay un cuarto acuerdo que aún no se ha
alcanzado. Se trata del que debe firmar Check-In 18, C.A. con cada una de las
aerolíneas que aún operan en el país.
Desde
el anonimato, representantes de varias de ellas destacan la desconfianza en las
empresas involucradas y en la manera en la que prestarán el servicio. Pero,
sobre todo, que les costará, en una segunda fase, al menos tres veces más de lo
que pagaban por la operación directa de SITA.
De
acuerdo con fuentes del sector, SITA cobraba a cada aerolínea 0,75 centavos de
dólar estadounidense por cada pasajero chequeado en mostrador, mientras que
Check In-18 pretendía cobrar, inicialmente, 3 dólares por pasajero embarcado y
1,50 por pasajero en tránsito. Esta información se puede corroborar, además de
en las versiones iniciales del contrato de servicio local, en al menos una
comunicación oficial emanada del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil
(INAC).

En las primeras versiones del contrato de servicios con las aerolíneas, Check-In 18 C.A. pretendía cobrarles el triple de lo que les cobrara SITA por pasajeros. Comunicaciones del INAC respaldan el monto.
Sin
embargo, en una edición más reciente del contrato de servicios les ofrecen a las
aerolíneas “un descuento” de la tarifa establecida, durante el período que tome
la renovación de las instalaciones de las alas este y oeste del aeropuerto
internacional Simón Bolívar, que se estimaba se realizaría en los primeros dos a
tres años del contrato, pero que aún no han comenzado.
Dichas
labores contemplan cambio de equipamiento, instalación de equipos nuevos,
mejoras a la infraestructura instalada y de los servicios. Mientras se llevan a
cabo, las aerolíneas pagarán 1,50 dólares estadounidenses por pasajero embarcado
y 0,75 centavos de dólar por pasajero en tránsito. Una vez culminada la
renovación, advierten, entrará en vigencia la tarifa acordada
inicialmente.
Según
datos internos del IAIM a los que se tuvo acceso, en el mes de mayo de 2019,
81.376 pasajeros embarcaron en el aeropuerto de Maiquetía. Fuentes del sector
aseguran que la cifra está entre el margen de 80.000 y 90.000 pasajeros que se
movilizan mensualmente en dicho aeropuerto. Nada más por ese mes, sin siquiera
haber firmado un contrato, las 18 aerolíneas, en conjunto, tienen una deuda "con
descuento" de poco más de 122 mil dólares con Check-In 18 C.A., el doble de lo
que le hubieran pagado, en el mismo período, directamente a
SITA.
Si
se toma un promedio de 85.000 pasajeros por mes, entre enero y septiembre de
2019, la deuda total asciende a más de 1 millón 500 mil dólares. Sin intereses
ni impuestos, otra de las novedades del cuestionado contrato, en el que además
representantes de las aerolíneas aseguran que les pretenden hacer pagar por
servicios que ya cancelan al IAIM en otro contrato: aseo, uso de las oficinas y
correas.
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Según
Hammoud, las tarifas fueron, también, recomendaciones de SITA, con base en un
servicio más ambicioso que el que ellos prestaban. Entre otras cosas, aseguró
que la multinacional no manejaba las correas y que estas requieren una mayor
inversión. Incluso, según dijo, superior a la de la renovación del
aeropuerto.
“Ninguna
de las empresas mencionadas ha recibido en el pasado, ni recibirá en el futuro
fondos públicos de organismos centralizados o descentralizados del Estado
venezolano (…) Las inversiones planteadas y acordadas entre las partes -SITA,
IATA, IAIM y nosotros- serán fondos propios, privados o generados del giro
natural del acuerdo suscrito”, acota Hammoud.
En
las semanas previas a la publicación de este trabajo, se intentó
infructuosamente esclarecer el tema de la intermediación directamente con la
multinacional, pero no se obtuvo respuesta. Tampoco a una solicitud de
información enviada a través de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo
(IATA, por sus siglas en inglés), relacionada con las tarifas del
acuerdo.
Mientras
tanto y a través de distintas comunicaciones y en reuniones, el INAC y el IAIM
siguen insistiendo a los representantes de las aerolíneas en la necesidad de
suscribir el nuevo contrato de servicios. La desconfianza galopa al mismo tiempo
que una deuda que, aseguran, no tiene mayor justificación.