Leonardo González Dellán fue el presidente del estatal Banco Industrial de Venezuela en los primeros años del gobierno de Hugo Chávez y de allí salió a costearse la vida de un ‘jetsetter’, con base en Londres. Eso no le evitó un problema común entre venezolanos expatriados: se le venció el pasaporte. Así que optó por comprarse uno ‘dorado’ en Chipre, contando con más de dos millones de euros como inversión y la vista gorda de las autoridades de esa isla del Mediterráneo, paraíso fiscal y guarida de oligarcas rusos.
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El 2 de enero de 2019 se inició una nueva etapa para el cosmopolitismo que desde hace años caracteriza la vida de Leonardo González Dellán, el primer presidente (1999-2004) que bajo el gobierno de Hugo Chávez tuvo el ya desaparecido Banco Industrial de Venezuela (BIV). Después de llevar una vida rutilante de jetsetter con base en Londres, y también tras una gestión que tardó apenas siete meses y 25 días, el exfuncionario -pues el BIV era una institución del Estado- obtuvo un pasaporte dorado en Chipre.
Ya para ese entonces González Dellán venía figurando como parte del elenco de los Panama Papers de 2016 y de otros escándalos relacionados con manejos desviados de fondos públicos venezolanos. La filtración de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, por ejemplo, lo mostró como el beneficiario último de al menos un par de empresas offshore cuyo control detentaba incluso mientras se desempeñó como funcionario público.
Ese inicio de 2019, intenso para González Dellán, le depararía otras sacudidas. En una sucesión de acontecimientos que pudieran guardar relación entre sí, apenas una semana después de la emisión de su nuevo pasaporte chipriota, el 8 de enero de ese año, el abogado y financiero venezolano fue objeto de una sanción por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La resolución de la Oficina de Control de Activos Financieros de ese departamento (OFAC, por sus siglas en inglés) lo identificaba como parte de una red que manipuló el mercado financiero para capitalizar divisas y abonarlas a cuentas extranjeras que mantuvo ocultas.
En particular, de González Dellán decía que había servido como un testaferro de funcionarios corruptos como el extesorero de la Nación, Alejandro Andrade, a quien apoyó “en estafas de dinero que involucraban al sector financiero venezolano” y en llevar “cuentas bancarias asociadas a nombre del extesorero nacional”, así como el control de “empresas para administrar la riqueza corrupta de Andrade, compra de propiedades y caballos”. En esa camada de nuevas incorporaciones a la llamada Lista Clinton -que reúne a personas y entes presuntamente vinculados al crimen organizado o el terrorismo, a los que se congelan sus activos en jurisdicción estadounidense- , a González Dellán le acompañaban figuras señeras de las tramas de corrupción del chavismo, como Raúl Gorrín, Claudia Díaz, Adrián Guarapiche Velásquez Figueroa y Gustavo Perdomo Rosales.
Nada de estos antecedentes produjo entre las autoridades de Nicosia el escozor suficiente para bloquear la concesión de un pasaporte a González Dellán. El Consejo de Ministros chipriota terminó por darle el visto bueno en su resolución número 86.545.
Chipre, una isla-Estado en el Mediterráneo oriental, está de facto dividida en una parte griega y otra turca después de una breve guerra en 1974 entre ambas naciones y sus respectivos aliados oriundos de la isla, cuyos efectos aún perduran. La parte meridional de la isla, en la esfera helénica, se ha convertido en un paraíso fiscal predilecto, en especial, para inversionistas rusos, de quienes muchos ocultan fortunas de orígenes difusos.
Como tantos otros paraísos fiscales y economías que buscan atraer inversiones, Chipre instituyó su programa de los llamados pasaportes dorados, por el que, a cambio de una inversión importante, el país le otorga un documento de identidad nacional al postulante. El programa, discrecional, vulnerable a las influencias y poco riguroso a la hora de la comprobación de antecedentes, derivó en un escándalo político y judicial por el que, hasta ahora, enfrentan cargos el expresidente del parlamento grecochipriota y otras tres personalidades.
Buena parte de la información —sin filtro y con segundas lecturas— sobre el pasado de Leonardo González Dellán aparece en el expediente presentado por los gestores del abogado venezolano ante las autoridades de Chipre para otorgarle la “naturalización excepcional”, y al que Armando.info ha tenido acceso gracias a los buenos oficios de su aliado, el Proyecto de Reportería del Crimen Organizado y la Corrupción (Occrp, por sus siglas en inglés).
El programa de naturalización para inversionistas por vía de excepción estuvo vigente desde 2013, año en el que Nicos Anastasiades fue proclamado presidente de Chipre. Su objetivo era fomentar la inversión extranjera directa y atraer a personas de alto patrimonio. Además, sirvió como una medida de emergencia para salir de la crisis financiera que tenía al país al borde del precipicio económico, como consecuencia de los coletazos de la crisis de deuda soberana de Grecia, que estalló en 2009, y que afectó a la banca chipriota, según lo reseñaron las agencias de noticias en su momento. La isla enfrentaba el riesgo cierto de salir de la eurozona.
En 2016, el programa fue modificado, incorporando nuevos incentivos y disminuyendo la cantidad de inversión requerida. Hasta entonces, la cuota para la inversión era de 26 millones de euros.
De acuerdo con la investigación The Cyprus Papers, desarrollada en 2020 por Al Jazeera, la cadena de TV con cuarteles generales en Catar, entre 2017 y 2019 hubo al menos 2.500 solicitudes de más de 70 países para optar al pasaporte dorado.
La investigación de Al Jazeera, que abrió paso al escándalo de corrupción que ahora ventila la justicia insular, detectó que Chipre había aprobado ciudadanías a más de 30 inversionistas solicitantes que estaban bajo investigación criminal, sanciones internacionales o cumpliendo sentencias en prisión.
Entre esos beneficiarios dudosos, destacan Maleksabet Ebrahimi y su hijo Mehdi, dos ciudadanos iraníes-canadienses en la lista de los más buscados de Interpol por lavado de dinero y fraude; el oligarca ucraniano Oleg Bakhmatiuk, investigado por perpetrar un esquema complejo y corrupto relacionado con su empresa agrícola, según Offshore Alert; , y el ruso Nikolay Gornovsky, quien ejerciera como exjefe de Gazprom, consorcio energético estatal de Rusia. Por si fuera poco, las autoridades omitieron el perfil político de otros 40 solicitantes “con riesgo grave de soborno o lavado de dinero”.
Y el único venezolano que figuró en la lista no era precisamente un santo: Leonardo González Dellán. Aunque se sabe que al menos otros cinco compatriotas, como el empresario César Omaña Alcalá, aplicaron al programa de pasaportes dorados.
A cambio del documento de identidad, González Dellán debió invertir un poco más de dos millones de euros (aproximadamente 2,5 millones de dólares para la fecha) en la compra de un inmueble en Limasol, una ciudad costera al sur de la isla, que aloja el centro financiero de Chipre y uno de los puertos más importantes del país.
El 25 de abril de 2018 se firmó el acuerdo entre la empresa Cypeir Properties LTD, ejecutora del proyecto inmobiliario Limassol Del Mar, y Gabriel Petros, representante de Leonardo González Dellán, para la compra de un lujoso apartamento para estrenar de tres habitaciones, marcado con el número C-805, en una torre residencial ubicada en la calle Georgiou, en el suburbio de Germasogeia, al este de Limasol, frente al mar. El precio final de la compra se tasó sobre los dos millones de euros más pagos de impuestos al Departamento de Catastro y Agrimensura, requisito obligatorio que debía incluirse con el formulario.
Desde el LGT Bank, un grupo financiero y de gestión de activos de Suiza, salieron 2.153.340 euros el 26 de abril de 2018 que fueron depositados en una cuenta de Cypeir en el Hellenic Bank, el segundo banco más importante de Chipre. Sobre los fondos usados en el pago, “no se encontró en el expediente prueba alguna sobre el origen de los ingresos utilizados para realizar la inversión (es decir, de dónde procedían los depósitos del inversor en la institución bancaria suiza), en virtud de los cuales se aprobó la naturalización excepcional”, se lee en el informe sobre González Dellán.
El sitio web de la inmobiliaria describió la construcción como “la primera de su tipo en Chipre”, que ofrecía “una selección limitada de impresionantes apartamentos nuevos con especificaciones mejoradas”.
La página original del proyecto se encuentra fuera de línea, así como el folleto de Limassol Del Mar en el que hacían mención al programa de inversión en la tercera isla más grande del Mediterráneo y los beneficios de comprar el inmueble con más de 220 metros cuadrados, en una torre de lujo de 26 pisos, con servicio permanente de hotelería y piezas de mobiliario únicas del fallecido diseñador italiano Gianfranco Ferré, conocido como el arquitecto de la moda. El complejo está totalmente concluido en su modalidad de apartahotel, con disponibilidad de habitaciones a partir de 250 euros por noche. Todo significó una oportunidad que alentaba “a las personas de alto poder adquisitivo a establecerse y hacer negocios”.
Por años, Chipre fue un importante refugio para las fortunas de magnates rusos. Esa condición ha vuelto a quedar en evidencia recientemente cuando, a propósito de las sanciones internacionales a Rusia tras la invasión de Ucrania, numerosas agencias gubernamentales y medios periodísticos se han abocado a la tarea de seguir el rastro de los bienes rusos en el exterior, a menudo cubiertos por varias capas de empresas de papel constituidas en brumosos paraísos fiscales.
El oligarca Vladimir Potanin, el rey de los metales, considerado el hombre más rico de Rusia, mantuvo sus activos en Chipre hasta que los sacó a una zona fiscal establecida por Vladimir Putin, presidente de Rusia. Otras figuras de peso cercanos al Kremlin fueron Mijail Gutseriev, Alexander Ponomarenko, Vadim Moskovich y Alexei Kuzmichev que no solo mantuvieron fortunas por miles de millones de dólares en los bancos de Chipre, sino que hasta disponían de la ciudadanía chipriota. Tal como informó la agencia Europapress, Chipre, país miembro de la Unión Europea, debió revocar esas nacionalizaciones este mismo año.
En Limasol, donde se encuentra el apartamento de lujo en el que compró Leonardo González Dellán, la quinta parte de la población ya es de origen ruso. En su marina se solían agrupar yates de alta gama, mientras los bancos albergaban las fortunas con discreción. Incluso, las manos de banqueros rusos estaban en el banco chipriota RCB que extendió créditos a sus coterráneos. En la red social Twitter, la directora de la consultora Sapienta Economics advirtió a principios de 2022 que la inversión rusa en Chipre reportada por el Banco de Rusia era de 176.000 millones de euros.
En 2019, Pantelis Leptos, copresidente de la constructora Leptos Group, afirmó que en Chipre no había datos oficiales sobre las nacionalidades de los inversores, pero “que la mayoría en el desarrollo de lujo de Del Mar en la costa de Limasol” eran chinos. Un año antes, en 2018, Leptos comentó ante los medios que “las políticas gubernamentales como el programa Golden Visa permitió a los inversores adquirir un pasaporte chipriota o una residencia permanente y exenciones fiscales”, lo que aumentó la oferta en el mercado inmobiliario.
Chipre no es el único paraíso fiscal con programas de pasaporte dorado. De hecho, muchos Estados europeos, como Austria o España, o Estados Unidos, cuentan con mecanismos para otorgar residencia o ciudadanía a cambio de inversión, que en principio lucirían como recursos más propios de islitas del Caribe. Tras la crisis financiera de 2008 y el consecuente parón de las economías, no fueron pocos los países que activaron esa modalidad. Hace poco Armando.info reportaba cómo un programa similar en Portugal dio cabida a familiares de funcionarios venezolanos incursos en hechos de corrupción.
Pero en Chipre el listón de condiciones para la elegibilidad se mantuvo en un límite realmente desdeñable, al alcance de influencias políticas y palancas de dinero. No solo estaba en juego el prestigio de las instituciones europeas, sino la seguridad continental: aunque en proceso de adhesión al llamado Espacio Schengen, Chipre otorga en la práctica con su pasaporte un acceso franco al territorio de 27 estados miembros, así como otras prerrogativas propias de un ciudadano europeo.
Después de la filtración reportada por Al Jazeera en 2020 sobre las solicitudes aprobadas a los inversionistas y las ciudadanías chipriotas otorgadas a rusos, chinos e iraníes con perfiles criminales, la justicia de la isla investigó el caso y cerró el programa de inversión. La Fiscalía General de Chipre reveló que “encontraron miles de casos en que los inversionistas son de alto riesgo, lo que significa que la intención de estas inversiones que existía hace años puede que ya no exista”.
Por acaudalado que fuera, González Dellán no era ajeno a un inconveniente común entre expatriados venezolanos: tenía el pasaporte vencido. Mientras aplicaba como inversionista en Chipre, la prórroga de su documento oficial de viaje venezolano había expirado el 1 de julio de 2018, de acuerdo con la lista que publicó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Desde luego, el costo de la alternativa que eligió para solventarlo no está al alcance de casi ningún expatriado: más de dos millones de euros.
El proceso de naturalización del exfuncionario comenzó el 8 de mayo de 2018, cuando presentó la solicitud ante el Ministerio de Interior de Chipre y pagó los 2.000 euros por el trámite. Luego pasaría al Ministerio de Hacienda, que respondió favorablemente el 10 de julio, aunque con la salvedad de que “el solicitante debía presentar ante los ministerios del Interior y de Hacienda, durante los próximos tres años, un certificado de avance de la construcción del inmueble y luego de su terminación, un certificado de entrega a su favor”. El informe sobre González Dellán advirtió que en la decisión del Consejo de Ministros reemplazaron el término de “durante los próximos tres años” por “cada año”.
Cada etapa que cumplió la verificación de datos del exbanquero sirvió en realidad como una palada de tierra para cubrir su pasado con verdades a medias, sin una investigación exhaustiva y oportuna. De una oficina gubernamental a otra se pasaron el expediente del venezolano sin alertar sobre su perfil de riesgo como exfuncionario chavista; en su lugar, prevaleció el interés por un inversionista “que residía permanentemente en el Reino Unido”. Desde el inicio, cuando el bufete de abogados Areti Charidemou & Associates LLC, gestor encargado del proceso para la solicitud de naturalización como ciudadano chipriota, presentó el formulario M127, se omitió lo relacionado con las investigaciones legales. “No se anotó nada”, se lee en el informe que fue presentado posteriormente sobre el venezolano.
De hecho, el proceso siguió adelante. Para finales de 2018, el ministerio de Hacienda hizo una petición “urgente” ante el Ministerio de Interior para que González Dellán obtuviera un permiso de inmigración. La nota que acompañó la solicitud hacía mención a que “se verificó el solicitante a través de la base de datos en línea WorldCheck y no se encontró información”. Resulta inverosímil mantener esa afirmación cuando, al menos desde 2016, el nombre del exbanquero estuvo en los Panama Papers.
Finalmente, la solicitud ante el Consejo de Ministros de Chipre fue aprobada el 2 de enero de 2019, aunque aún no había completado los seis meses obligatorios de permiso de residencia previos a la obtención de la ciudadanía plena.
Tres personas recomendaron la solicitud que hizo Leonardo González Dellán: Frixos Savvidis, a quien los medios locales reseñan como el exministro de Salud durante la presidencia de Glafkos Clerides, cuyo mandato terminó en 2003; y las administradoras Stella Andreou y Andria Filippidis. Sin embargo, se desconoce si en efecto existía relación alguna entre el venezolano y esas personas, o si se trató simplemente de un servicio aportado por el bufete de abogados que tramitaba los documentos chipriotas.
Resulta revelador lo que González Dellán decía de sí mismo para optar a la ciudadanía chipriota: en el formulario migratorio que presentó se describe como un “hombre de negocios”, residente en Londres, Reino Unido, de profesión abogado y con un MBA. Incluye en su currículo que trabajó en el Banco Industrial de Venezuela (BIV), entre 1993 y 2004, inicialmente en el cargo de tesorero, luego como vicepresidente ejecutivo de Finanzas y, después, presidente de la institución bancaria.
Entre 2004 y 2009, el exbanquero fue director no ejecutivo de la empresa Econoinvest Capital S.A., una de las casas de bolsa que sucumbieron a la razzia de 2009 liderada por el entonces ministro Jorge Giordani. Recientemente, la serie de los Suisse Secrets, coordinada por Occrp y reporteada a raíz de una filtración de clientes del Credit Suisse, tropezó de nuevo con su nombre. Esto -junto a su participación en el festín del diferencial cambiario- permitió ubicar a González Dellán como un actor principal en los llamados “años salvajes” de las operaciones del mercado cambiario que acumularon altas sumas de dinero en bóvedas suizas.
En la cima del mundo, después de 2009 se mudó a Londres y, según reseña en su solicitud ante el gobierno de Chipre, se mantuvo activo con “inversiones inmobiliarias principalmente en Venezuela, Uruguay y República Dominicana”. En 2012, hizo un alto en su vida para un fugaz matrimonio con la exmiss y modelo ítalo-venezolana, Aida Yéspica.
El detallado informe sobre el abogado venezolano, emitido luego de su solicitud de ciudadanía en Chipre, reseñó que es dueño de la empresa Gran Rex Alliance, accionista de Rodsal Company Limited y Azul Cresta Valores en Cartera S.A., sociedades que aparecieron en los Panama Papers.
Entre sus negocios, el exbanquero y abogado -parte además de una familia de tradición política por su padre, Eudoro Sr, ex senador del partido socialcristiano Copei, y su hermano, Eudoro Jr, dirigente del opositor Primero Justicia- incluye su restaurante Alto, animador de la bohemia en la urbanización Los Palos Grandes del noreste de Caracas, y que, inaugurado en 2007, supo mantenerse en el ranking oficial de los mejores 50 restaurantes de América Latina entre 2012 y 2016, a pesar de los rigores del colapso socioeconómico circundante.
En 2018, González Dellán se definía a sí mismo ante el público, sobre todo, como un “entusiasta restaurantero” que tenía por objetivo “llevar la comida de América Latina al Reino Unido”. Pero ante el gobierno de Chipre prefirió presentarse como un ciudadano modelo: profesional, emprendedor e inversor, con intereses filantrópicos como el apoyo a organizaciones benéficas. Todo descrito con florituras que las autoridades chipriotas no se molestaron en constatar.
El informe sobre el proceso del abogado reveló numerosos cabos sueltos en la actuación gubernamental porque no se revisó exhaustivamente al solicitante, ni los fondos de inversión, como tampoco se tuvo en cuenta la impronta negativa que dejó el exfuncionario en el pasado. Aunque en apariencia todo resultó con el debido proceso, la realidad está lejos y el papel imprenta. Junto al papel moneda, consiguieron comprar el ansiado pasaporte dorado. Armando.info intentó contactar a González Dellán a través de sus abogados en Estados Unidos y Chipre, sin obtener respuesta.
Aún con la advertencia de que cada año debía presentar un certificado ante los ministerios responsables, como inversor no lo ha hecho. Sin el “sueño americano” por las sanciones, con un interrumpido “sueño chipriota”, no se puede descartar que el próximo destino de Leonardo González Dellán coincida con el de los magnates rusos.
Se revela que las únicas visas doradas concedidas por Portugal a venezolanos hasta 2014 -destinadas a inversionistas en inmuebles- fueron compradas con dinero de sobornos del Banco Espirito Santo y Odebrecht para dos altos funcionarios, el ex ministro Haiman El Troudi y un ejecutivo de Pdvsa, Abraham Ortega. En realidad, fueron a dar a venezolanas: las esposas de cada uno de ellos. Desde entonces el banco y Odebrecht cerraron sus puertas; Ortega fue sentenciado en Florida; pero El Troudi se hizo diputado y bloguero.
Entre 2006 y 2010 el mercado de permuta en Venezuela fue una ventana de desahogo para el férreo régimen de control de cambio impuesto por Hugo Chávez tras la huelga petrolera de 2002-2003. Pero la medida paliativa terminó por ser una orgía de miles de millones de dólares para un puñado de funcionarios o corredores de bolsa que en la práctica quemaron los recursos extraordinarios de un boom petrolero que no se repetirá. Algunos de esos actores ocultaron sus ganancias con la venia del Credit Suisse.
Ricos pero no necesariamente famosos, tienen en común un gentilicio y una morada: Lagasca 99, en el barrio de Salamanca de la capital española. Este condominio de lujo lo comparten con otros magnates latinoamericanos, y se destacan por ser empresarios del sector de la moda, construcción, servicios financieros e inmobiliarios. Sus nombres y opulencia han dejado rastro dentro y fuera del país.
El empresario barinés, uno de los más prósperos de la era chavista, atraviesa una mala racha desde 2019, tras el colapso de dos de sus bancos en el Caribe. Enfrentado a los reclamos de sus acreedores y con las autoridades pisándole los talones, preserva la propiedad de una suntuosa villa por la que pagó millones de dólares durante dos años y que adquirió en República Dominicana, a través de un elaborado esquema jurídico, de otro magnate venezolano, Gustavo Cisneros.
No es muy conocido, lo que no es de extrañar: hace lo que sea para mantener el bajo perfil, hasta contratar empresas de lavado de reputación en Internet. Pero en documentos del Registro Mercantil de Luxemburgo resalta su nombre en vinculación con la empresa Fimis Holding, que representa la zona cero de su madeja global de negocios, por la que pudo comprarse el primer edificio de superlujo en Madrid y el segundo apartamento más caro de Florida en 2016. Se llama Isaac Sultán Cohén, se le tiene por cercano a Diosdado Cabello, y ahora está de vuelta a su Itaca original, Puerto Cabello, en cuyos almacenes empezó a hacer fortuna.
A partir de su inauguración en 2017, la Torre Porsche Design se convirtió rápidamente en un símbolo de lujo y ostentación en el Sur de Florida. Magnates de todo el mundo se refugian tras la discreción de sus cristales ahumados y de personas jurídicas casi anónimas. Pero en los últimos días dos investigaciones policiales sobre flujos financieros ilegales desde el exterior pusieron el edificio bajo un inconveniente foco. Un apartamento de más de cinco millones de dólares acaba de ser confiscado por la justicia a un gestor venezolano.
El Ministerio de la Defensa contrató en 2014 el ‘overhaul’ de tres helicópteros del Ejército con un proveedor de Florida. Transportados por un avión Antonov, fueron a dar a Suiza. Una década y 17 millones de dólares después, las aeronaves no han regresado. En la fallida operación se combinan incumplimientos del contratista y omisiones de altos oficiales venezolanos.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
Lujoso complejo residencial y comercial en la ciudad de Limasol, en Chipre, la tercera isla más grande del Mediterráneo. Los inmuebles eran ofrecidos para la venta y, con ello, el ingreso al programa de inversión convocado por el gobierno de Chipre que otorgaba el pasaporte dorado.
Empresa ejecutora del proyecto Limassol Del Mar que surge de la alianza entre las sociedades Leptos Group y Zavos Group, dos reconocidas empresas líderes en el mercado de construcción y hotelería en Chipre.
Hermano de Leonardo González Dellán, diputado por el partido opositor Primero Justicia e hijo del dirigente y exsenador copeyano Eudoro González.
Abogado venezolano, expresidente del Banco Industrial de Venezuela entre 2002 y 2004, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, implicado en una trama de sobornos por 2.400 millones de dólares.
