A principios de 2014, llegaron a Venezuela 22 de musulmanes de Trinidad y Tobago para tramitar el visado que los llevaría a una peregrinación a La Meca, según aseguraron. Su estancia se alargó más de lo esperado y comenzaron a levantar sospechas. A la fecha, cinco de ellos siguen presos en la sede de la policía política mientras enfrentan un juicio por terrorismo.
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
En marzo de 2014, en pleno auge de las protestas callejeras o guarimbas que durante el primer semestre de ese año pusieron en jaque al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, los disturbios –que a la postre dejarían un saldo de 43 muertos y 800 heridos– opacaron una noticia colindante con la política y con los sucesos policiales que ocurrieron en simultáneo: un grupo de 22 turistas musulmanes de Trinidad y Tobago, incluyendo niños, cayó en prisión tras una redada que llevó a cabo la policía política venezolana, el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia), y el servicio migratorio en un hotel de bajo presupuesto en Sabana Grande, una importante área comercial del centro-este de Caracas.
Casi dos años después, cinco de ellos siguen en prisión y enfrentan juicio bajo cargos de terrorismo. El Helicoide, un edificio de arquitectura de vanguardia de los años 50 al oeste de la ciudad, pero que nunca fue terminado y hoy sirve como una de las lóbregas sedes del Sebin, terminó alojándolos. Fue el destino final de una excursión turístico-peregrinatoria que debía llevarlos a La Meca, Arabia Saudí.
Ese marzo de 2014, Pitilal Dominic, Battersby Andre, Charles Wade, Luqman Asim y Deslie Leslie estaban hospedados, junto con sus familiares, en el hotel Plaza Palace de Sabana Grande. Su itinerario aparente de viaje se desvió cuando los cuerpos de seguridad recibieron, según se relata en el expediente del caso, denuncias anónimas sobre grupo de extranjeros que vivían ilegalmente en el país.
En el allanamiento que agentes del Sebin y del Saime –el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería– practicaron en sus habitaciones, fueron incautados aparatos electrónicos, dinero en efectivo (tanto de moneda extranjera como local), una insignia con la inscripción de la Policía Municipal de Chacao, 66 pasaportes, una guerrera color verde con un emblema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como ropa e implementos de la marca 5.11, que para los cuerpos de operaciones tácticas es lo que Nike o Adidas para los amantes del equipamiento deportivo. Uno de los aparatos electrónicos obtenidos fue un teléfono celular propiedad de Pitilal Dominic que, de acuerdo a lo que recoge el expediente, contenía un vídeo y fotografías donde se observaba a los trinitarios mientras realizaban una práctica de tiro en un polígono de la Policía Nacional.
Las imágenes fueron los elementos claves utilizados por las autoridades para mantener en prisión y llevar a juicio a los cinco extranjeros, junto con tres venezolanos que han sido señalados como colaboradores de los acusados.
En el acta de investigación del 22 de marzo de 2014 el Sebin deja constancia de que dos de los imputados, Pitilal Dominic y Luqman Asim, registran antecedentes en su país de origen tras ser investigados por su participación en un complot para atentar en 2011 contra la anterior mandataria de Trinidad y Tobago. La prueba clave de ello fue suministrada por el agregado militar de la Embajada de Venezuela en Puerto España, contralmirante Alfredo Tovar Yáñez, gracias a la cual –se señala el legajo– se puede “afirmar que nos encontramos en presencia de ciudadanos vinculados al terrorismo en otro país”.
El ex ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago informó públicamente en ese momento que tenía pruebas de que Dominic y Asim, eran parte de un complot para asesinar a la entonces primer ministro, Kamla Persad-Bissessar. La actual administración del primer ministro Keith Rowley también se pronunció, luego de tomar el poder en septiembre de este año, indicando que estaban investigando el caso pero sin dar mayores detalles al respecto.
En comunicación por correo electrónico, Eric Jeremías, de la Embajada de Trinidad y Tobago en Caracas, ratifica que “dos (2) de los cinco (5) ciudadanos de referencia”, a quienes no identifica, “fueron detenidos en el año 2011 en Trinidad y Tobago bajo sospecha de haber estado involucrados en un complot (…) para cometer actos delictivos. En lo que a la Embajada le concierne, no se hicieron acusaciones formales y los hombres fueron liberados posteriormente”. El representante diplomático se excusa de dar mayores detalles para acogerse a las “disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, especialmente los Artículos 3, 5 (i), 36 y 38”.
Los abogados de la defensa en Caracas aseguran que ese tema ha sido desmentido en el juicio. “Eso se manejó a nivel de actas policiales del Sebin. Pero se trataba de información extraoficial. No había ningún documento oficial del gobierno de Trinidad y Tobago acusándolos. Luego sí llegó una comunicación donde se negaba que ellos eran partícipes del atentado contra la primer ministro.”, asegura el abogado Germán Ponte.
Los medios de Trinidad y Tobago, cuando ocurrió el hecho, también pusieron en duda la inocencia de los detenidos en Caracas. El periodista Mark Bassant, a través de la cadena TV6, indicó que entre los 66 pasaportes que decomisaron durante el allanamiento en Caracas, algunos correspondían a combatientes de otros países que luchan junto a tropas islamistas en el campo de batalla de Siria. "El Sebin, en documento ultrasecreto enviado al Gobierno de Trinidad y Tobago, sostiene que existe preocupación por el hecho de que Pitilal y sus compañeros, algunos de los cuales no fueron detenidos, quizás estaban en Siria en este momento", dijo.
En abril de 2014, tras los arrestos, el ministro de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago, Winston Dookeran, se limitó a decir que no le quedaba otra opción que acatar las leyes de Venezuela y que mantendrían los esfuerzos diplomáticos para conseguir la liberación de cinco de sus ciudadanos detenidos.
En Trinidad y Tobago hay una larga tradición de activismo musulmán armado. En julio de 1990, un movimiento llamado Jamaat al Muslimeen protagonizó una sangrienta intentona de Golpe de Estado.
En octubre de 2014, el ministro de Seguridad, Gary Griffith, admitió que al menos dos ciudadanos de esa nación del Caribe, a apenas diez kilómetros de la costa oriental de Venezuela, se habían unido a las filas del Estado Islámico de Irak y el Levante, el tenebroso ISIS (por sus siglas en inglés) o Daesh (por su acrónimo en árabe).
De acuerdo a las pesquisas de las autoridades, los cinco extranjeros imputados por terrorismo entraron al país en fechas distintas, entre enero y marzo de 2014. Algunos tenían más de dos meses en el territorio nacional, mientras que otros apenas un par de semanas. Todos, en cualquier caso, se las arreglaron para coincidir en el mismo hotel de Sabana Grande y en aquella práctica de tiro en una cancha que la Policía Nacional Bolivariana tiene en Caricuao, una zona de clase media baja al oeste de Caracas. Se trata de una actividad recreativa algo extraña para unos turistas corrientes.
Sus abogados sostienen que se encontraban en el país con la finalidad de obtener a través de la Agencia de Viaje Lina Tour, ubicada en la capital venezolana, la visa para el Reino de Arabia Saudita y así acudir a La Meca a una peregrinación. Por culpa de las protestas y de la disminución de la oferta de boletos aéreos en Venezuela, sigue la versión, quedaron atascados en Caracas por más tiempo del planeado.
Una chica que se identifica solo como Elizandra, que se encarga de llevar la comida a los detenidos trinitarios –algo que se acostumbra en las prisiones venezolanas– y quien dice haberlos conocido en el hotel donde estaban hospedados, explica: “Sus planes se retrasaron por el tema de las guarimbas. Ellos llegaron, vieron que gracias al control cambiario todo les salía barato, y decidieron quedarse más tiempo para comprar cosas. La gente empezó a notar la cantidad de dinero que manejaban y como los musulmanes tienen fama de terroristas de allí se agarraron. Pero, no se encontraron planos, ni armas, ni nada para decir eso”.
Otro de los puntos que no ha quedado claro en el juicio es cuál es el acto de terrorismo por el cuál acusan a los musulmanes, junto con sus presuntos colaboradores venezolanos. “¿Cuál es el delito qué cometieron? ¿En contra de quién iban a atentar? ¿Qué estaban planificando? Si estaban planificando un acto de terrorismo, ¿dónde están las evidencias? Son baches en los que el equipo de defensores se afinca. “Queda claro que no hay acto de terrorismo. Si no hay acto de terrorismo, pues el delito no se configura”, explica otro de los abogados encargados del caso, Flavio Mayorga.
Tres venezolanos también se encuentran detenidos en la sede del Sebin por aparentemente haber colaborado con los ciudadanos de Trinidad y Tobago en sus planes “terroristas”: Se trata de Joseph Jules, de origen haitiano con nacionalidad venezolana, quien les ofrecía su servicio de taxista y les facilitaba la comunicación a los que no hablaban español; José Durán, funcionario del Sebin que les ofreció la realización del entrenamiento y la práctica de disparo en el polígono; y José Socorro, encargado del polígono de tiro donde se realizó el entrenamiento y funcionario adscrito de la Unidad de Operaciones y Tácticas Especiales (UOTE) de la PNB. A los venezolanos se les imputa por traición a la patria, un delito previsto y sancionado en el artículo 140 del Código Penal Venezolano, por el que se prevé una sanción de hasta 30 años de cárcel, la máxima que permite la normativa venezolana.
Según reza en el expediente, Jules trasladó a los cinco trinitarios a un comercio donde venden ropa y accesorios de uso táctico marca 5.11. Allí conocen a Durán, con quien acuerdan un entrenamiento y práctica de disparo en el polígono, a través de un contacto suyo, Socorro. En los videos incautados aparecen todos los mencionados manejando y accionando armas de fuego.
“Cada vez que veo en una audiencia a las esposas de los venezolanos me dicen: ‘¿Cuándo será que va a terminar esto?’ Es una injusticia”, se lamenta Elizandra, la única persona cercana a los extranjeros presos en el país y quien también denuncia el trato que les han dado en El Helicoide. “Los primeros cuatro meses no me dejaron verlos por tratarse de un caso ‘peligroso’. Muchas veces les llevaba comida y no se las daban a tiempo. Uno de ellos debe ver un odontólogo con urgencia”, agrega.
El representante legal del policía nacional imputado considera que se está frente a un caso de violación a los derechos humanos. Primero, alega, porque las familias de los musulmanes detenidos –incluyendo a mujeres y niños– quedaron confinadas durante diez días en condiciones “no aceptables”. Segundo, por las irregularidades durante el proceso preparatorio del juicio. “Si un terrorista va a buscar a alguien que lo entrene, no va a buscar a un policía nacional”, desafía el abogado Carlos Aponte la lógica del expediente.
La defensa ha enviado comunicados a la Defensoría del Pueblo pidiendo sentencia absolutoria y libertad plena a los imputados por “ser clara la inexistencia de pruebas que comprometan la responsabilidad penal en el hecho”. También en las últimas audiencias se ha solicitado que se le dé la debida atención médica, ya que uno de los extranjeros tiene una lesión en la espalda y otro debe padece de afecciones en la dentadura.
El juicio que enfrentan los cinco musulmanes y los tres venezolanos es oral y público. La cuarta y última audiencia del año se realizó el pasado 10 de diciembre. Anteriormente, el 15 y 28 de octubre del 2015, los trinitarios tuvieron derecho de palabra y negaron ante la jueza las acusaciones por las que se le imputa.
El presidente Nicolás Maduro anunció el 1° de septiembre de 2016 la desarticulación de una conspiración contra su gobierno supuestamente fraguada por decenas de “paramilitares” colombianos. De aquella furibunda declaración hoy no quedan pruebas vinculantes, solo una especie de barrio improvisado en una comisaría en La Yaguara, donde entre sábanas y colchonetas transcurre las vidas rotas de 58 hombres y una mujer de nacionalidad colombiana, los supuestos “mercenarios” que además de no haber sido acusados formalmente de algún delito cuentan con una orden de liberarlos emitida en noviembre del año pasado. De nada ha servido que Colombia pida por ellos, la “revolución” no está dispuesta a reconocer que se equivocó.
Cinco musulmanes trinitarios vivieron una pesadilla en el destino más chévere del mundo. Cuando viajaron a Caracas a tramitar el visado necesario para peregrinar hacia La Meca fueron detenidos por la policía política bajo cargos de terrorismo. Pasaron dos años, seis meses y 25 días en los calabozos del Sebin. Transcurrido ese tiempo, y para no reconocer el error de imputar a cinco inocentes, la jueza dictó una pena equivalente al tiempo que llevaban encerrados. La solución no devuelve el tiempo perdido a cinco extranjeros que vivieron la tragedia de lidiar con el perverso e inoperante aparato judicial creado por el chavismo
Sus rostros no han aparecido en ninguna manifestación pública retratados en alguna pancarta, ni en folletos, ni en las redes sociales. Sus nombres quedaron sentenciados por alguna persona con “autoridad revolucionaria” que los implicó en un hecho sin pruebas concluyentes, incluso con suposiciones que lograron ser desmontadas, pero que valieron poco o nada para revertir lo que se buscaba: criminalizar la protesta, atemorizar a los manifestantes, dejar tras las rejas a alguien. En ellos no encaja el discurso oficial que se empeña en asegurar que en Venezuela solamente hay políticos presos. Se trata de venezolanos de a pie que han terminado como presos políticos; particularmente como presos políticos olvidados.
Ángel Vivas Perdomo vivió sitiado en su casa poco más de tres años. Cobró una fama enorme porque resistió armado una orden de captura girada por el propio presidente Nicolás Maduro en febrero de 2014. Con el paso de los meses su caso fue sepultado por la avalancha de noticias que se generan en Venezuela. Dolido, escribió una diatriba contra todos antes de ser capturado por los cuerpos de seguridad del Estado el pasado 7 de abril. Esta es la historia de un hombre que se siente incomprendido.
La historia del vicealmirante retirado Pedro Manuel Pérez Rodríguez, detenido desde el 18 de abril acusado de liderar un complot contra el presidente Nicolás Maduro, permanece sepultada bajo la estela de los gases lacrimógenos y la costra quemada de los trastos que sirven de barricadas. Los documentos del proceso judicial que se le sigue, plagado de informantes anónimos y de actuaciones inherentes al último cargo que desempeñaba, calificadas como una conspiración contra el jefe del Estado, demuestran que este oficial fue de los primeros que denunció la cooperación entre los pistoleros chavistas y las fuerzas armadas para reprimir manifestaciones de la oposición Su testimonio fue ignorado por sus superiores. Ahora que la relación entre colectivos y guardias nacionales es más descarada el testimonio del vicealmirante resulta fundamental para entender de qué va la cooperación cívico-militar que invoca el régimen como mantra sagrado
Wilmer José Brizuela se convirtió en el epítome del ´pran’ o líder de las cárceles venezolanas. Por sobre las del Estado, impuso su ley en una prisión del sur del país en medio de la lucha encarnizada entre clanes y una venganza mal perpetrada, episodios propios de una saga medieval. Su leyenda, consagrada ya en los confines del sistema penitenciario, acaba de cobrar vigencia nacional cuando un tiroteo en la isla de Margarita permitió saber que estaba en libertad con permiso oficial, a pesar de cumplir condena por complicidad en un asesinato. Todavía tiene poder. El siguiente texto es una versión abreviada de un perfil preparado originalmente por el autor para la antología ‘Los Malos’, que en 2015 publicó la Universidad Diego Portales de Chile, bajo la edición de la cronista argentina Leila Guerriero.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
