Venezuela dejó que Daniel Ortega la embaucara y no le gustó

Desde que el chavismo llegó al poder en Venezuela, hace 17 años, puso en práctica su llamada diplomacia petrolera. Convencido de la naturaleza regional de su proyecto, más ideológico que comercial, el régimen de Caracas asignó con largueza a gobiernos de la llamada Alianza Bolivariana de los Pueblos (Alba) y a aliados del Caribe insular recursos energéticos y financieros procedentes de las exportaciones petroleras, que no siempre buscaba recuperar. No, al menos, en dinero contante y sonante, aunque sí, con frecuencia, en réditos políticos.

Pero hasta esa dadivosidad interesada tiene límites. Según se comprueba en una docena de documentos oficiales de la empresa petrolera estatal, Pdvsa, a los que se tuvo acceso para este trabajo, la cooperación internacional venezolana encontró su no-más-allá en Nicaragua. Tomó nota de una situación que ya el periodismo independiente denunciaba desde 2007: que los fondos inyectados a través de la petrolera para incentivar pequeñas y medianas empresas o que formaban parte del convenio de financiamiento a largo plazo de la factura petrolera del país centroamericano estaban siendo privatizados en los hechos para costear la construcción de un emporio empresarial para la familia del presidente Daniel Ortega y su entorno, que hoy incluye medios de comunicación, hoteles, empresas eléctricas y distribuidoras de combustible.

Los documentos revelan que al menos desde 2012 altos funcionarios de la administración de Hugo Chávez –quien moriría en marzo de 2013– cuestionaron el desvío de la cooperación estatal venezolana a través de la cooperativa privada nicaragüense Caruna, la Caja Rural Nacional, advirtiendo el riesgo de no poder recuperar los préstamos derivados de una transferencia que a finales de 2015 superaba los US$3.600 millones. Los ejecutivos de Pdvsa y el Alto Gobierno venezolano estaban plenamente informados de las violaciones de Managua al acuerdo petrolero suscrito entre las dos naciones.

En uno de los documentos, elaborado en 2013, Patricia de Oliveira, consultora jurídica de PDV Caribe, S.A., reporta a Bernardo Álvarez, actual Embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y entonces presidente de esa filial petrolera, que el análisis legal sobre la administración de los fondos provenientes de la porción de largo plazo de la factura petrolera, indica que esos recursos “están siendo administrados fuera del marco legal de dicho acuerdo”. También expresa serios cuestionamientos sobre la idoneidad de Caruna para manejarlos. El análisis de los expertos jurídicos de Pdvsa determinaba que “Caruna no posee cualidad para administrar los fondos en cuestión”, y que “más allá de lo financiero y de los informes que pudieran obtenerse, nos interesa garantizar el retorno de estos recursos”.

Para lograrlo, sugieren “que el Estado nicaragüense avale las obligaciones de conformidad con los acuerdos”, y que a partir de ese momento “Pdvsa reciba pagarés de Albanisa” para cubrir el tramo de 25% de los fondos que le eran entregados en administración, y que Nicaragua como país, entregara pagarés para cubrir el otro 25%. Pvdsa por su parte, se limitaría a “conocer en qué se van a administrar esos fondos”.

Las indagaciones de los funcionarios venezolanos refuerzan la principal preocupación que aún predomina en Nicaragua, a pesar de que la administración Ortega ha tratado de tranquilizar a la opinión pública diciendo una y otra vez que “se trata de una deuda privada”. La opinión del acreedor parece tajante en los documentos: se trata de una deuda del Estado nicaragüense, que representaría 80% del PIB del país, aún si se Ademó para incrementar los negocios del clan Ortega.

Para Venezuela, el problema es que el Contrato de Administración de Fondos suscrito en mayo de 2007 por Asdrúbal Chávez –entonces vicepresidente de Pdvsa y presidente de Albanisa, el holding binacional creado en el marco del pacto petrolero– en nombre y representación de Pdvsa Petróleo, S.A. por un lado, y Petronic –la petrolera oficial nicaragüense– por el otro, estaba lejos de garantizar la protección de esos recursos, en parte, por la “falta de precisión en cuanto a la administración e inversión, uso y destino” de los montos transferidos.

En los documentos también se cuestiona “la falta de definición del fondo transferido”; el hecho que “no existe ninguna mención a inversiones seguras”, o bien, que en los contratos no se especifica que el rendimiento que generen esas inversiones le corresponde (pertenece) a Pdvsa.

En otras palabras: la parte venezolana cree más probable que se pierdan esos fondos, antes de que se conviertan en un compromiso atado al cuello de las finanzas nicaragüenses.

Más puntos débiles encontrados por los expertos venezolanos en los contratos: no se define el monto a pagar en concepto de administración del fondo, y no autorizan a Pdvsa a realizar auditorías legales y financieras sobre Caruna cuando los venezolanos lo consideraran procedente.

Tampoco se determinaba el plazo de vigencia del contrato, así como que la facultad de terminarlo fuera de Caruna. No había una sede arbitral predeterminada; y hasta se señala que “la redacción en general es muy pobre y por lo tanto, confusa”.

Puntos oscuros

Del análisis de esos documentos se deriva una serie de “hallazgos legales”, en los que se pone en duda la idoneidad de Caruna para administrar los recursos, y el hecho que las garantías que se otorgan no son las apropiadas para asegurar que Venezuela podrá recuperar el dinero que estaba entregando a sus camaradas nicaragüenses.

La consultora de Pdvsa detalla que el tramo de 25% de los fondos que según los acuerdos deberían ser asumidos por la República de Nicaragua “está siendo utilizado para actividades financieras del sector agrícola y de microempresas nicaragüenses a través de Caruna, y no a través del Estado en sí”.

Eso, en los hechos. Pero como agravante, el estudio jurídico menciona que las leyes nicaragüenses no facultan a Caruna para “asumir la administración de los recursos en los términos en que está previsto en los contratos suscritos al efecto con Pdvsa. En consecuencia, la operación se ejecuta en violación al Tratado Energético del Alba y a la Ley de Nicaragua, respectivamente”.

“Vale decir que la ausencia de facultad de Caruna no puede ser en modo alguno subsanable o susceptible de ser suplida por la sola autorización o designación que Pdvsa haya hecho a Caruna para que reciba los fondos”, añade.

El segundo hallazgo legal del estudio jurídico de Pdvsa, el de la naturaleza de las garantías, se fundamenta en que según el Tratado Energético del Alba se requiere una garantía soberana, recordando que la aplicación del Acuerdo debía ejecutarse “de forma exclusiva” por “entes públicos avalados por la República Bolivariana de Venezuela y la República de Nicaragua”.

“Al ver la instrumentación que se hizo del acuerdo bilateral Alba, se expresa como garantía la figura de una cesión de los créditos a favor de Pdvsa, una garantía como un derecho de crédito contra terceros de Caruna que ni siquiera es un ente público, es un ente privado: una cooperativa que ni siquiera goza de prestigio”, indica el documento de Pdvsa.

El estudio confirma con estupor que ni la Ley 499, Ley General de Cooperativas con su Reglamento, ni el Estatuto de Caruna y su Reglamento, evidencian que Caruna esté “sometida a la regulación de los organismos competentes para la prevención de legitimación de capitales”.

“Lo que se esperaba era una garantía soberana, sin embargo, se reciben unos pagarés emitidos por Caruna con legislación y jurisdicción de ‘domicilio especial y excluyente’ a la ciudad de Caracas”, detalla el texto.

El gobierno de Nicaragua nunca ha brindado alguna explicación sobre estas anomalías y los reclamos de Venezuela en relación al manejo privado de la cooperación y la deuda por parte de Caruna. Pero en febrero de este año, un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) reveló que había “cambios en la administración del régimen de colaboración de petróleo”. Según el FMI, Nicaragua informó al multilateral que “a petición del gobierno de Venezuela, todos los activos y pasivos relacionados con el esquema de cooperación petrolera están en proceso de ser transferidos de Caruna a Albanisa”.

Albanisa es una empresa mixta, en la que el 51% de las acciones pertenecen a PDVSA de Venezuela y el 49% a Petronic de Nicaragua. Y para cerrar el círculo, el Banco Central de Venezuela (BCV) compró la deuda de Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa) con Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), con lo que ahora, el acreedor de la empresa mixta ya no es su socia venezolana, sino el propio Banco Central de ese país.

“Las cuentas por cobrar no corrientes se disminuyeron en US$5.620 millones (67%), en comparación con el año 2014, alcanzando un total US$2.788 millones al 31 de diciembre de 2015, originado principalmente por la venta al Banco Central de Venezuela (BCV), de pagarés por Convenios de Cooperación Energética”, según se refleja en un documento de la Asamblea Nacional venezolana.

Ninguna autoridad gubernamental, en Venezuela o en Nicaragua, ha brindado una explicación sobre las implicaciones de esta operación, y si esto significa, como interpretan algunos economistas, que al pasar al BCV la deuda nicaragüense se convierte en una “deuda soberana”, y por lo tanto Nicaragua enfrentaría a un acreedor mucho menos flexible que Pdvsa.

La triangulatura de la arepa

Las contrariedades de Venezuela con su pícaro aliado nicaragüense no terminaron con lo que detectó en los contratos de la cooperación petrolera. Las autoridades de Caracas cuestionaron los mecanismos de “triangulación” de exportaciones utilizados por Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), para pagarle a Venezuela la factura petrolera.

El reclamo surgió desde 2012 pero subió de tono en los niveles burocráticos de Pdvsa cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia en abril de 2013.

Los venezolanos estaban molestos no solo porque Nicaragua le estaba enviando comida para pagar el 50% de la factura que debía ser cancelado en el corto plazo (cuando los acuerdos especificaban que esos abonos debían aplicarse a la factura de largo plazo), sino también al confirmar que Alba Alimentos de Nicaragua S.A. (Albalinisa), estaba comprando alimentos en Centro y Suramérica, para revendérselos a ellos.

En el “punto de cuenta” denominado “Modelo para homologar la compensación de la factura petrolera con productos de Nicaragua”, presentado por el Presidente de PDV Caribe, Bernardo Álvarez, al Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez C –actual Embajador de Venezuela ante Naciones Unidas en Nueva York–, en noviembre de 2013, se presentan algunos ejemplos de embarques de productos enviados por Nicaragua, que no habían sido producidos por manufactureros locales.

“En la compensación con Nicaragua se han recibido productos provenientes de otros países (triangulación): de El Salvador (café); de Argentina (caraotas negras); de Honduras (aceite de palma); de Guatemala (novillos), y de Brasil (azúcar refino)”, detalla el informe interno de la administración venezolana.

“Esta triangulación vulnera los principios de Petrocaribe de promover la producción nacional en los países beneficiarios y eliminar la intermediación. La Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), ha manifestado la necesidad que los productos a compensar por los países sean originarios de los mismos”, le recuerdan a Ramírez.

Por ello, le piden “establecer que todas las compensaciones se realicen sin permitir triangulaciones, para el caso de Nicaragua, y extensivo a los demás países que utilicen el mencionado mecanismo de pago”, a menos que fuera la misma Venezuela la que aprobara de previo alguna excepción a ese requisito.

Para probar la triangulación, adjuntan copia de un documento de abril de 2013, en el que Carlos Osorio, presidente de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (La Casa), le informa a Víctor Aular Blanco, director de Pdvsa, haber recibido de parte de Albalinisa, 2.984,4 toneladas métricas de aceite crudo de palma, por un valor de 3,95 millones de dólares, “provenientes de la República de Honduras”.

Otro documento de septiembre 2012, refleja la recepción de un embarque de 20.764 toneladas métricas de azúcar cruda, valorado en US$15,8 millones, provenientes de Guatemala; o las 3.281 toneladas métricas de frijoles negros, de julio de 2013, valoradas en US$4,2 millones, “provenientes de la República de Argentina”.

Además de la triangulación, el problema de fondo residía en otra astucia de Managua: si bien los acuerdos binacionales firmados en 2007 detallan que Nicaragua pagaría en 90 días el 50% del costo del petróleo recibido, y que dispondría de 25 años (entre ellos, dos años de gracia) para pagar el 50% restante, a esas condiciones, blandas por sí mismas, se añadía la posibilidad de cancelar el financiamiento de largo plazo con alimentos, a través de un “mecanismo de compensación comercial”, en el que Venezuela debería indicar cuántos alimentos recibiría en las ocasiones escogidas. Pero los nicaragüenses estaban cargando el pago por especias, como un hecho consumado, a la deuda de corto plazo, que debía cancelar en efectivo.

Es por eso que Álvarez presenta el punto de cuenta a Ramírez, tratando de encontrar una solución al desaguisado. En el documento Álvarez admite que el Acuerdo Energético del ALBA “no especifica la porción de la deuda a la cual se va a aplicar la compensación”, aunque recordaba a continuación que, en cambio, “el Acuerdo Energético Petrocaribe sí establece expresamente que la compensación debe hacerse con la porción de largo plazo”, detalle que fue ratificado en diciembre de 2011, durante el octavo Consejo Ministerial de Petrocaribe.

A pesar de lo que dicen los acuerdos, los asesores jurídicos de Pdvsa hacen ver a sus superiores que entre 2008 y junio de 2013, el país sudamericano recibió 1.764,5 millones de dólares en alimentos, montos que “Nicaragua cuenta con que sean compensados de la factura a corto plazo (por lo que no ha pagado dicha porción). Sin embargo, Finanzas Corporativas de Pdvsa no tiene ningún documento que la autorice a compensar del corto plazo”.

Dada la situación planteada, los asesores jurídicos solicitan al ministro Ramírez que decida “de forma excepcional y concesional, aprobar todas las compensaciones recibidas de Nicaragua hasta la fecha, con la porción a corto plazo”.

En la práctica, la propuesta implica beneficiar a Nicaragua con un “borrón y cuenta nueva”, aceptando que los 1.764,5 millones de dólares que ya habían sido enviados en alimentos, se aplicaran a la deuda de corto plazo (90 días), y no a la de largo plazo (25 años), que es lo que en realidad establecen los acuerdos.

Para regularizar la situación de cara al futuro, se proponía un abanico de opciones que iban desde exigir que a partir del 1 de enero de 2014, el 100% del costo de los futuros embarques se debitaran de la cuenta de largo plazo, o bien, que se implementara un cronograma progresivo de cuatro etapas (que podían ser trimestrales, semestrales o anuales), en la primera de las cuales el 25% del costo de los envíos se aplicaba a la deuda de largo plazo, mientras el 75% restante se usaba para abonar a la deuda de corto plazo.

En una segunda etapa, los envíos se usaban para abonar 50% - 50% a la deuda, pasando en la etapa tres a una proporción de 75% - 25%, para quedar a partir de la cuarta etapa, aplicando el 100% del costo de los envíos a la deuda de largo plazo.

Aunque la documentación consultada para este trabajo no permite saber cuál fue la decisión del ministro Ramírez, sí es sabido que desde mediados de 2014, y con más fuerza a partir de 2015, Alba Alimentos de Nicaragua (Albalinisa), fue disminuyendo el monto de sus envíos de animales y productos a Venezuela, por causa de una realidad que nadie supo prever: el descenso del precio internacional del petróleo. Las exportaciones nicas a Venezuela se han reducido a menos de la mitad de lo que eran.

Al bajar el precio de los hidrocarburos, disminuyó por partida doble la cantidad de dinero que quedaba en Nicaragua: por un lado, porque al estar el petróleo más barato, Nicaragua tenía que dedicar menos recursos para pagar esa factura; y, por el otro, porque los acuerdos especifican que si el precio del petróleo superaba los 100 dólares, Nicaragua se quedaría con el 50% del costo de la factura, pero si descendía a 80 dólares, el país solo podría retener el 40%. Con el barril de petróleo a 60 dólares, solo el 30%, de la factura se quedaba en Nicaragua.

Sin embargo, el auge del esquema de intercambio y todo lo que el Gobierno de Daniel Ortega estiró sus términos le ayudó a fortalecer las exportaciones de la agroindustria y, en especial –algo único en un régimen en que se tilda de revolucionario–, a forjar una alianza política con el sector empresarial, y todo sin necesidad de desembolsar ni un céntimo de las arcas públicas nicaragüenses. Una jugada maestra.

(*) La presente es una versión editada de una serie de reportajes producida por Confidencial.com.ni, cuyos derechos de publicación fueron cedidos a Armando.info