A finales del año pasado, los rumores en las redes insistían en que "unos iraníes" habían tomado control de Lácteos Los Andes, la productora expropiada por Chávez en 2008. Pero la realidad tenía sus matices: sí eran musulmanes y con presuntas conexiones en Teherán, pero venezolanos de origen libanés, quienes a través de terceros se apoderaron de la compañía en 2020, como parte de la ola de reprivatizaciones camuflada por la figura de la "alianza estratégica". Se trata de los hermanos Khalil, viejos aliados oficialistas como tempranos sancionados por Washington. Aunque con fines de convertirse en proveedores de los Clap, esta es la segunda incursión en mercados de consumo masivo que se les conoce desde la compra de Eveba en 2003.
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A pesar de lo que aconseja el proverbio, el madurismo, la más reciente etapa de la autodenominada Revolución Bolivariana, se esfuerza en recoger la leche derramada. Si en un caso favoreció la venta en 2019 de Corporación Inlaca a Alex Saab -factor comercial predilecto y también, de repente, representante diplomático del régimen de Caracas-, el año pasado adjudicó otra empresa del sector, Lácteos Los Andes, a Majed Khalil Majzoub, un empresario afín de vieja data.
Con la piñata de activos agroindustriales expropiados alguna vez por el comandante Hugo Chávez, Nicolás Maduro abraza el pragmatismo más rampante para hacer favores a empresarios amigos y, de paso, tratar de reactivar una capacidad productiva puesta en hibernación por la ineficacia de la administración socialista.
Es el caso de Lácteos Los Andes. Fundada en 1984, llegó a tener una participación importante en las categorías de productos refrigerados como leche, yogures, jugos y gelatinas, entre otros. En 2008 Chávez la expropió. Los grandiosos planes del presidente fallecido confiaban a Lácteos Los Andes, por ejemplo, la provisión de materia primera para producir y distribuir en Venezuela los famosos helados cubanos de la marca Coppelia. Bajo el sello de “Hecho en Socialismo” siguió distribuyendo sus productos, hasta que la variedad del catálogo fue desapareciendo primero y, luego, al final, las máquinas prácticamente se apagaron.
Ya en el ocaso de Lácteos Los Andes, apareció Majed Khalil Majzoub en su rescate.
Junto a Khaled, su hermano mayor, Majed Khalil conforma una dupla que temprano despuntó como anticipo de la nueva clase empresarial que se conformaría con el chavismo. Aunque de imperturbable bajo perfil, en 2003 llamaron la atención al comprar Eveba, una marca tradicional de pescado enlatado. Era su primera expansión en mercados de consumo masivo -hasta entonces se desenvolvían en negocios B2B de equipos tecnológicos de seguridad, militares, industriales y energía, como todavía lo hacen- que dio pábulo a todo tipo de versiones acerca de sus vínculos con jerarcas del oficialismo.
Los hermanos de origen libanés han tenido sus reveses, y no solo en términos de rumores y mala prensa. En 2010, Majed pasó una breve temporada en los calabozos de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM). En 2014, la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, hoy en el exilio, anunció la apertura de una investigación contra él, bajo la sospecha de haber cometido ilícitos cambiarios. Tan temprano como en 2004, se supo que Estados Unidos le había retirado la visa a Majed Khalil, a cuenta de sus presuntas actividades de lavado de dinero y vínculos con el extremismo islámico.
Pero sus negocios marchan viento en popa, ahora y desde que hace 22 años zarparon, al mismo tiempo que el régimen chavista. Ello dio base a Majed Khalil para presentarse en 2020 como el mejor postor por la desahuciada Lácteos Los Andes. Aunque a través de terceras personas.
Durante el último trimestre de 2020, tuits y trascendidos de prensa aseguraban que “un grupo iraní” había tomado el control de varias plantas de Lácteos Los Andes.
Algunas de esas versiones alcanzaban a identificar al presunto “grupo iraní” bajo el nombre de Venilac. En realidad, Venilac no fue constituida en la vieja Persia sino en Caracas, el 2 de julio de 2020. Sus accionistas son Kralys Beatriz López Díaz y Marlys Yavileys Suárez García. Su sede aparece registrada en el piso 1 del edificio Sojo, en un recodo de la urbanización El Rosal, en el este de Caracas.
Un piso más abajo se encuentra la sede de otra empresa, Kaisha, dedicada al ramo inmobiliario. Registrada el 4 de diciembre de 2020, sus accionistas son Jihd Nassif Hazime y Haicha Mansour Mansour. Mansour Mansour es socio desde 2007 de los hermanos Khalil Mjzoub en una empresa constituida en Panamá, KK Inversiones S.A. También desde 2011 en una en España, Latam Refund Group, SL.
Más allá del juego de conectar los puntos, el edificio Sojo de El Rosal es reconocido desde hace años como el cuartel general de los Khalil.
Lácteos Los Andes fue confiada a Venilac bajo la figura difusa de la “alianza estratégica”.
“Dicen iraníes por el nombre, pero son los Khalil, que tomaron la empresa con la promesa de meter un millón y medio de kilos de leche en las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) para finales de marzo”, desliza una fuente cercana a la empresa.
La empresa ha vuelto a la gestión privada tras un paréntesis de doce años.
Luego de la expropiación en 2008, la producción de leche en la empresa tuvo un repunte, según refleja una investigación de la ONG Transparencia Venezuela, a partir de cifras del Ministerio de Alimentación. En 2007, Lácteos Los Andes produjo 38.325 toneladas de leche y al año siguiente cerró con 63.510 toneladas.
El pico se alcanzó en 2012, con 109.809 toneladas. Pero tres años después, el declive fue evidente y en 2015 cerró con 56.219 toneladas producidas. Hasta ese año hay memorias y cuentas que respaldan las investigaciones. Son entonces los trabajadores que quedan quienes perfilan el panorama, y lo hacen con pocas palabras: solo en una planta se produce leche.
“Eran 700 trabajadores entonces. Cuando ocurrió la expropiación, la empresa contaba con siete años de inventario. Después nos comimos ese inventario”, dice.
Luego de pertenecer a la estatal petrolera PDVSA, en 2010 Lácteos Los Andes pasó a ser administrada por la Corporación Venezolana Agraria y, pocos meses después, a la Corporación Venezolana de Alimentos. Finalmente, en 2011, fue adscrita al Ministerio de Alimentación.
“En ese momento se endeudaron con los proveedores. Además de que no teníamos materia prima. Nuestra pulpa (de frutas) era de Chile y los repuestos, de Estados Unidos y Holanda. También venían de afuera los aromatizantes, vitaminas, y todo ese tipo de cosas. Sin contar que lo que hicieron fue robar”, asevera el mismo trabajador, que hace la declaración con carácter anónimo.
En 2019, cuando la producción de leche estaba prácticamente en cero, un coronel del Ejército asumió la conducción de la empresa. Se trata de Luis Piligra, quien todavía en este proceso de transición permanece como presidente de Lácteos Los Andes.
Armando.info contactó por vía telefónica a Piligra , quien, de entrada aseveró: “No hay ningún traspaso, eso es una información falsa que alguien ha creado con muy malas intenciones”. Pero entre líneas reconoció la alianza estratégica.
“La empresa es del Estado venezolano. Ahora, con el compromiso de abastecer la leche en polvo Los Andes para todos los módulos CLAP que se distribuyen en el país, con alianzas estratégicas, tanto con instituciones públicas o privadas, que generen alguna sinergia en beneficio del pueblo venezolano”, fue lo único que expuso, sin responder si seguirá al frente de la empresa.
Pero voceros del gremio de productores lácteos confirman que quien está al frente de esta nueva etapa de Lácteos Los Andes es un gerente de discreta trayectoria empresarial de nombre Julio Rodríguez.
Consultado para esta investigación, Rodríguez se limitó a remitir a Armando.info a un coordinador de comunicaciones de Venilac, quien, textualmente, señaló: “Estamos un poco llenos de manos tratando de cumplir con las metas impuestas por el Estado venezolano. Por los momentos, nadie puede hablar”.
Al ser consultado sobre la posibilidad de una entrevista con Majed Khalil, respondió: “Es difícil lograr eso. El Estado es el que maneja la información”.
La incertidumbre en torno de sus puestos es ahora la gran mortificación de los trabajadores. Mucho antes del anuncio del convenio entre el Estado y Venilac, sus sueldos rondaban los dos dólares mensuales. Ahora no hay certeza de que su situación vaya a ser mejor.
Uno de los trabajadores dice que, además de sus empleos, las deudas son otra incógnita, pues han sabido que Venilac no reconocerá las deudas que dejó la administración estatal. “Todos los días nos meten presión, no nos dan los beneficios, los sueldos no sirven, tratan de que el personal entre en desesperanza”, insiste.
Una trabajadora añade que la nómina es de 800 personas. “Y quieren reducirla a 400. Piligra quiere botar a la gente, pero con liquidaciones miserables”.
Y otra fuente del sector de productos lácteos apunta que la razón de todo eso es simple: “El gobierno no tiene cómo pagar esa deuda”.
Toda esa incertidumbre, denominador común entre los trabajadores de Lácteos Los Andes, se suma a la historia empresarial de Khalil, historia que comenzó el 10 de septiembre de 1999, año inaugural del chavismo, cuando, con su hermano y con Yosmar Alfonzo Benítez, constituyó el Centro de Estudios Tecnológicos Avanzados (Centec). Con sede en La Florida, en el centronorte de Caracas, esta ha sido un foco de constancia en la parábola empresarial de Khalil y compendio de su modus operandi: la ampliación y diversificación de sus sociedades a costa de la unción y de favores gubernamentales.
Con esta empresa, que tiene por objeto fiscal el adiestramiento tecnológico, ha aglutinado un grueso número de clientes. No solo del sector público. Así, tanto Telcel, primera operadora de telefonía celular de Venezuela, como Telefónica, la empresa que adquirió sus activos en 2005, contrataron los servicios de Centec.
Los clientes privados son una minúscula excepción a la norma. El grueso de sus contratantes lo han compuesto empresas estatales. De hecho, es lo que sigue ocurriendo, según el Sistema Nacional de Contrataciones. Desde 2010 no hay discriminación para Centec sobre estos clientes. Cantv, CNE, Cicpc, Comandancia General de la Milicia Bolivariana, Dirección de Tecnología de Información y las Comunicaciones del Ejército, Banco de Venezuela, INAC, Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela S.A., ONA, Pdvsa, Saime y los ministerios de Economía y Finanzas, Energía y Petróleo, Comunicación e Información, Defensa, Energía Eléctrica y Salud figuran en la lista de los entes a los que ha servido.
Lo que pudiese parecer una larga lista es una muestra del alcance de las empresas de los Khalil y, más precisamente, de Majed. Una relación indisoluble que tiene en Centec una muestra representativa de la solvencia frente al chavismo.
El diario The Miami Herald reportó en 2004 la medida de revocación de la visa estadounidense a Majed Khalil, en momentos en que no eran frecuentes las sanciones a relacionados con el chavismo. Su caso fue, si se quiere, un abrebocas de lo que vendría en la década siguiente.
El interés estadounidense de Khalil y de su hermano era la empresa Grupo Hardwell Technologies, fundada en 2000 y de la que ambos son socios. Esta representó en Venezuela a un fabricante estadounidense de radares y otras tecnologías militares, Raytheon, un importante contratista del Pentágono. Fueron los Khalil el puente para que la estadounidense consiguiera, por ejemplo, el contrato para la instalación de los sistemas antivirus y de seguridad Firewall y la dotación de las estaciones de trabajo, servidores, equipos de impresión, componentes y consumibles en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, como exponen los contratos de entonces archivados en el Registro Nacional de Contratistas.
Por lo que se sabe -Washington no suele comentar estas medidas, cuya causa ni siquiera comunica al afectado-, la revocación de la visa de Majed Khalil se ha perpetuado hasta hoy. Aunque su nombre no figura en la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés, dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos), un documento de octubre de 2020 del Atlantic Council, un think tank estadounidense, asoma que las autoridades de ese país mantienen vigilado su rastro como posible sustituto del detenido colombiano Alex Saab, contratista consentido del gobierno de Maduro, como el nexo entre su Gobierno y los países de Oriente Medio, especialmente Irán.
Hasta 2012, y mediante más de 600 solicitudes, Hardwell Computer Inc. obtuvo de la extinta Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) un poco más de 45 millones de dólares.
Como Centec, Hardwell Computer Inc. fue contratista de los entes gubernamentales más diversos.
El estado Bolívar, la rica región minera y energética del sur de Venezuela, se convirtió en un baluarte para los Khalil. La larga égida del general Francisco Rangel Gómez, que gobernó la región entre 2004 y 2017 para luego instalarse en el México del presidente López Obrador, contribuyó a su prosperidad con numerosos contratos públicos.
En 2003, con Rangel Gómez como su presidente, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), el ente rector de la zona, a través de Productos Forestales de Oriente (Proforca), formó una asociación estratégica con Desarrollos Serfoca (de las primeras empresas de Khalil) para el proyecto de un complejo de producción de pulpa de papel en Macapaima, sur de Anzoátegui. El proyecto, conocido a la postre como Pulpaca, nunca fue terminado.
El Instituto de la Vivienda, Obras y Servicios (Inviobras), la Gobernación de Bolívar y la antigua Edelca (Electrificación del Caroní, tutelada desde su fundación en 1963 por la CVG y, desde 2008, administrada por la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, contrataron a Telcomsur (fundada por Majed Khalil en mayo de 2002) para varios servicios de renovación tecnológica.
Pero fue una empresa con sede en la zona industrial Matanzas, de Puerto Ordaz, la que le dejó más divisas, también de parte de la extinta Cadivi: Hornos Eléctricos de Venezuela (Hevensa, S.A.). Los registros de la oficina cambiaria detallan que a Hevensa le fueron adjudicados 7 millones de dólares. También empresas estatales, como Siderúrgica del Orinoco (Sidor) y Siderúrgica del Turbio (Sidetur) estuvieron entre sus clientes.
De acuerdo con el sitio de datos comerciales Panjiva, en 2016, por el puerto de Palúa, en Ciudad Guayana, los Khalil lograron exportar a Estados Unidos 399 toneladas de ferrosilicomanganeso, aleación indispensable para la fabricación de acero. La carga llegó al Miami Seaport, en Florida. Desde entonces no aparecen registrados en bases de datos más despachos al extranjero. Pero sí que hubo reclamos públicos: en 2019, los trabajadores de la empresa se pronunciaron públicamente por el incumplimiento de pagos y otros beneficios contractuales. Un patrón similar al que ahora se observa en Lácteos Los Andes.
Los Panama Papers descorrieron la celosía en torno de la relación de Khalil con paraísos fiscales. En la filtración de los documentos del bufete panameño de abogados Mossack Fonseca, en 2016, se menciona una cuenta de Khalil en el Premier Bank International, en Curazao, desde la que se pagaban cuotas de mantenimiento de las compañías Henvale Holdings LTD y Vading Services S.A., ambas en Islas Vírgenes Británicas.
El ala internacional de Pacific Rim Energy, con sede en Barbados y con Khaled Khalil como socio, también fue mencionada en otra filtración relacionada con paraísos fiscales, los Paradise Papers, en 2017.
También en Panamá, durante aquella década dorada, los Khalil, en conjunto, extendieron su alcance con dos empresas: Brambech INC, fundada en 2004, y la arriba citada KK Inversiones S.A., fundada en 2007 y aún vigente. Khaled, sin Majed, figura como directivo en varias sociedades como General Trading S.A.; Continental Booking and Travel, S.A.; y Kimbra International Corporation.
El incumplimiento de uno de los contratos por parte de Hardwell Computer Inc., concretamente el de 5 millones de dólares para la adquisición de “la plataforma informática de la Dirección General Sectorial de Inteligencia Militar”, convenido en 2002, fue el motivo de la estadía a comienzos de 2010 de Majed Khalil en la Dirección de Inteligencia Militar (comandada por Hugo Carvajal, detenido en 2019 en España, señalado de participar en narcotráfico y crimen organizado y, ahora, prófugo). Luego de un breve régimen de presentación logró salir indemne de aquel bache y continuó creciendo bajo el ala protectora de los contratos estatales.
Las simpatías de Khalil con el gobierno de Chávez y luego con el de Nicolás Maduro lo acercaron al aliado Evo Morales, expresidente de Bolivia. Fue con el Consorcio Pacific Rim Energy, aún en 2021 con su credencial activa en el RNC y del que figura como uno de los socios.
Pacific Rim Energy, como consta en el RNC, había sido contratada para construir la planta eléctrica Josefa Camejo, en Paraguaná, entre otros tres complejos, incluyendo Cabrutica, en Anzoátegui. Todos fueron adjudicados por quien en ese momento era viceministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos, detenido en España en 2017 en medio de una investigación por blanqueo de capitales y corrupción internacional, y liberado al año siguiente.
Respecto de Bolivia, prácticamente una de las primeras medidas de Morales en el poder fue la nacionalización de los hidrocarburos, medida que se oficializó en mayo de 2006. Entre 2016 y 2017, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contrató a Pacific Rim Energy para una obra concreta: el incremento de la capacidad de almacenaje de combustible en tres plantas, la de Santa Cruz, la de Oruro y la de Senkata (desde 2003, con Petroltec Fluidos de Venezuela, Khalil había experimentado con el sector petrolero y gasífero; en este caso, la exploración y perforación de pozos).
No fue esa relación petrolera el primer contrato de Pacific Rim Energy con una empresa boliviana. En 2012, la Empresa Eléctrica Valle Hermoso, con sede en Cochabamba, había pedido los servicios de la compañía de Khalil para la “ingeniería, diseño, suministro, instalación, montaje y puesta en servicio” de una unidad generadora.
En 2017, el senador opositor boliviano Arturo Murillo exigió al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y al Ministerio de Gobierno de Bolivia una investigación a Khaled Khalil por haber entrado en Bolivia 217 veces con diferentes pasaportes. Especificó que los contratos entre los Khalil y el gobierno de Evo Morales fue de, al menos, 215 millones de dólares. A aquella solicitud respondió el Ministerio de Gobierno a favor de Khalil: “El mencionado ciudadano no tiene arraigo ni antecedentes penales internacionales que le impidan transitar por nuestro territorio. A la fecha su permanencia es legal en Bolivia”
Colombia también es un país en el que, con una empresa conjunta, los Khalil están presentes. Su nombre es Pasoft de Colombia, LTDA, una sociedad limitada con sede en Bogota dedicada a la “consultoria informática y actividades de administración de instalaciones informáticas”, como detalla su razón social.
Fronteras adentro, Pacific Rim Energy también se expandió con la compra en 2013 de Turbocare, C.A., empresa hasta entonces perteneciente al grupo Siemens. La compra se concretó por 120 millones de bolívares, con una tasa oficial de 6,30 bolívares por dólar, es decir, unos 19 millones de dólares.
En total, las empresas de los hermanos recibieron casi 91 millones de dólares de Cadivi, según los registros disponibles. En 2014 el Ministerio Público comenzó una investigación contra Majed Khalil por obtención ilícita de divisas. Una vez más salió bien librado: no hubo elementos para inculparlo y seguir adelante un proceso judicial en su contra. Así los hermanos volvieron a sumergirse en el bajo perfil y a preparar desde allí, de incógnito, operaciones como la de Lácteos Los Andes.
Los nuevos dueños del central azucarero Pío Tamayo no son, ni de lejos, unos novatos para la Revolución Bolivariana ni para el “zar agrícola” Wilmar Castro Soteldo, quien, junto a su sobrino Luis Fernando Soteldo, ha guiado la transferencia de muchas otras propiedades a la pareja de Edward Gudiño y Yorjuaniris Ojeda. Silos, trilladoras de arroz, hatos, mataderos industriales, contratos privilegiados como proveedores de la Corporación Venezolana de Guayana, son algunas de las prebendas recibidas.
Tras bambalinas de la pandemia y a las bravas: así se consumó a fines del año pasado la reprivatización virtual del central azucarero Pío Tamayo en el estado Lara. Es el colofón de un proceso de desmantelamiento, mediante nacionalizaciones y quiebras, de lo que alguna vez fue una poderosa procesadora de caña. Ahora puesta en manos de unos privados sin experiencia en la industria pero con contactos en el oficialismo, despedida toda su plantilla obrera, parece destinada a la maquila, aunque todavía nadie explica -y nadie entiende- qué se planea hacer con sus instalaciones.
El contratista más favorecido por Nicolás Maduro recorre en ascenso su propia vía láctea, que le ha llevado de importar leche en polvo de mala calidad para las cajas Clap, a controlar una de las industrias con más tradición y marcas más conocidas del mercado venezolano. En marzo de 2019, poco más de un año antes de su arresto en Cabo Verde, el mercader colombiano compró Corporación Inlaca usando, para tratar de esconder su presencia, las fachadas que suele tener a disposición. Pero la detención de Saab y la desaparición del gerente delegado por él -un paisano de Barranquilla- precipitaron una crisis en la empresa, paralizada desde noviembre.
José Simón Elarba ha levantado su perfil público como propietario y presidente de Fospuca, prestadora del servicio de aseo urbano en municipios de Caracas y otras regiones. De ese modo se ha dejado ver como un ejecutivo de buen gusto y mejores conexiones con el poder. Pero justo antes de hacerse de ese negocio -que gestiona, como otros de sus emprendimientos, con criterios de firma familiar- este abogado venezolano recibió una transferencia por un poco más de un millón de dólares desde una jurisdicción indeterminada y por orden de una empresa sin rastros. El Departamento del Tesoro tomó nota en Washington.
De aquella promesa de gloria, producción y soberanía alimentaria a través de una red de empresas estatales dedicadas al agro hoy quedan, si acaso, los esqueletos que ahora manejan algunos nombres tocados por la gracia del ex comandante del 4F y actual ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, quien las adjudica sin concurso ni explicaciones. A través de “alianzas estratégicas”, una figura apenas mencionada en las leyes y una institución estatal ad hoc bautizada como Delagro, el ministro del campo parte y reparte desde 2016 y sin que nadie sepa qué pasó con la mejor parte.
Puede que el nombre de Charles Henry de Beaumont no sea familiar para los venezolanos, pero su destino está ligado al surgimiento de una nueva oligarquía en la Venezuela bolivariana. Este asesor financiero, por medio de la Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), supo relacionarse con empresarios venezolanos que necesitaban ocultar sus fortunas en países protegidos por el secreto bancario. Esas vinculaciones han quedado al descubierto gracias a una filtración de documentos de la institución financiera suiza que Armando.info trabajó en alianza con El Pitazo, Run Runes y El Confidencial
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
