De vuelta al anonimato tras una fugaz pasantía en la política como candidata a la alcaldía de un municipio de Caracas en 2008, esta rubia empresaria ha sacado partido a la ambivalencia: se le relacionó sentimentalmente a un poderoso militar chavista y a un alcalde opositor. Hace dos años una denuncia de un posible fraude de sobrefacturación expuso a sus socios, lo que permitió detectarla, desde Miami, a la cabeza de un grupo de negocios que crece como proveedor del Gobierno venezolano.
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Saltó a
la arena política con 30 años de edad. No solo con ese gesto la también rubia
Samantha Gray Quintero evocaba a la ex Miss Universo, Irene Sáez; ayudaban sus
modos sutiles y la pretensión de ser alcaldesa de Chacao, el rico municipio del
noreste de Caracas donde Sáez gobernó por ocho años antes de ser candidata
presidencial y desaparecer de la vida pública.
Gray se incorporó a la
contienda electoral por la Alcaldía de Chacao con ímpetu, desafiante, porque la
suya era una candidatura independiente, fuera de la órbita de los partidos
políticos. Pero solo fue una incursión fugaz. El 11 de noviembre de 2008, apenas
doce días antes de la votación, desistió de su candidatura para apoyar a Emilio
Graterón, la ficha del exalcalde Leopoldo López –futuro líder del partido
Voluntad Popular y célebre preso político– y el más favorecido por las
encuestadoras.
El elegido de Gray ganó en las urnas. Y resultó que la selección era mutua: Graterón, el nuevo alcalde Chacao, inició un noviazgo con Gray que se prolongaría dos años más. A esa relación le había precedido otra de la que la propia Gray hizo un retrato hablado en un comunicado a la opinión pública que emitió en ese movido 2008: “Tuve una relación (sentimental) con un militar venezolano que desempeñó funciones de confianza para el gobierno central. Relación que, por cierto, terminó a raíz de lo incompatible que resultaban sus ideas con las que profeso en torno a la democracia, la tolerancia y el progreso en un sistema de libertades”, admitió.
La confesión pública había sido forzada por una columna de la periodista Patricia Poleo, quien desde Miami y en el diario familiar, El Nuevo País, se había referido a un “lobo feroz disfrazado de Caperucita” que hacía campaña en Chacao, tradicional bastión opositor, a pesar de estar “relacionada sentimentalmente con quien ha sido uno de los más fieles escoltas de Hugo Chávez”, el entonces presidente. La propia prensa se encargaría de revelar que el consorte en la sombra era Jesús Suárez Chourio, en efecto, edecán predilecto del comandante revolucionario y, en la actualidad, con el grado de General de División, Jefe de la Región Centro de Defensa Estratégica Integral (Redi) del Ejército venezolano.
Después de que Gray –conocida en los mentideros de la política solo como Samantha Quintero– abandonó sus aspiraciones de ser una autoridad electa del Estado, así como sus romances con figuras del poder, sus menciones públicas menguaron de manera paulatina. Esa extinción del nombre en medios se produjo en proporción inversa a su cada vez mayor presencia en documentos de registros mercantiles.
De profesión administradora y contadora pública, Gray ya había amasado una red de negocios y socios para el momento en que coqueteó abierta y literalmente con la política y los políticos.
Cinco empresas, al menos, estaban a su mando desde 2004: Koh Samuy Investment LLC (en Florida, Estados Unidos), la asociación cooperativa Lanzallamas 12 RL (Venezuela), Graysam C.A. (accionista hasta 2010, junto a su madre, María Luisa Quintero), Agro Food Corporation y Latimex Corporation (estas dos últimas, en Panamá). Son muchas las actividades de estas compañías, pero casi la totalidad coinciden en la importación de productos.
Su conglomerado siguió creciendo en silencio hasta que hace dos años, el 5 de febrero de 2015, el diario El Nuevo Herald de Miami publicó una nota del periodista venezolano Antonio María Delgado bajo el título de “Gobierno de Venezuela otorgó $125 millones a empresas de maletín”. Citando un reporte confidencial filtrado a la prensa por funcionarios venezolanos de inteligencia, el texto aseguraba que tres empresas, beneficiadas con divisas a tasa preferencial desde la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), al mando del poderoso general de Aviación Giuseppe Yoffreda Yorio, habrían completado importaciones de productos de higiene personal con al menos 30% de sobrefacturación.
Dos de las tres empresas caracterizadas en el informe como “de maletín”, Inversiones Villaber Inc y Representaciones Felther, pertenecen a directores vinculados al círculo hermético de socios de Samantha Gray, un verdadero clan que ha visto crecer exponencialmente sus negocios durante la última década.
De la trayectoria empresarial de Samantha Gray –quien formó parte del equipo de campaña del exdirigente socialcristiano Enrique Mendoza, pero también figuró como Jefa de Investigaciones Especiales de la Contraloría del municipio Sucre de Caracas, bajo la gestión del chavista José Vicente Rangel Ávalos– se pueden inferir al menos dos claves para el éxito: una, no hacerle ascos ni a tirios ni a troyanos. Tal en los negocios, como en el amor: si vivió sus primaveras con Suárez Chourio y Graterón, cada uno en los extremos del espectro político venezolano, se convirtió en proveedora para muchas instituciones del Estado chavista, en particular, de organizaciones militares.
La otra clave se parece a la máxima del personaje principal del superventas Cincuenta sombras de Grey, escrita por E.L. James: identifica en otros individuos las habilidades que puedas aprovechar para tú crecer.
Ciertamente, Samantha Gray se ha complementado con un compacto grupo de socios que mantiene un curioso patrón de operaciones.
“(Ella) se las ingenió para que papi y yo nos conociéramos"
Al frente de ese grupo aparece Rosa Gisela Olivis Peña, la esposa del padre de Samantha (el empresario australiano Clifford Ross Gray).
La excandidata a alcaldesa compara a Olivis con un "hada madrina", una mejor amiga, una hermana, una confidente y, claro, la principal socia. Olivis se había encargado de que Samantha ingresara a la dinastía Gray. “(Ella) se las ingenió para que papi y yo nos conociéramos (cuando ya casi cumplía 18 años)”, decía en una entrevista a la revista Caras en 2008.
De un pacto afectivo a uno mercantil. Gray y Olivis son socias en cuatro empresas. Así se ha expandido la hermandad entre ambas mujeres que, de manera directa o no, han creado alianzas con otras empresarias como Yanori Bernal Vargas, Ambar Johana Quiroga Mata y Mary Luz Giannetti.
El grupo no es muy cuantioso. Integra, además de los ya mencionados, a Gustavo Soto Montiel, Higfrancys Herrera, Félix Ramón Hernández, y Roda Saab Ganam, Olivis Peña y Bernal Vargas. En el clan se registran muchos entrecruzamientos.
Uno de ellos es Representaciones Felther, esta, homónima de la que se menciona en el reportaje de El Nuevo Herald pero, a diferencia de esta, registrada en Venezuela. Allí Yanori Bernal comparte patrimonio con Félix Hernández, igual como ocurre en otra empresa, la asociación cooperativa Lanzallamas 12. Hernández, a su vez, tiene otra corporación, Visloy, registrada en Panamá en 2011 a su nombre y a los de Olivis y de un tercero, Elio Villarroel. Mientras que Olivis tiene otra corporación, que hasta hace poco compartía con Bernal, llamada Graysam. A su vez, estos empresarios se relacionan con otros en un segundo y hasta tercer nivel. Son muchas variantes de polinización endógena en el grupo de inversionistas.
No solo la correlación entre socios y empresas resulta un patrón, sino que los empresarios vinculados con Gray también comparten sedes, abogados y hasta tienen clientes en común.
No solo la correlación entre socios y empresas resulta un patrón, sino que los empresarios vinculados con Gray también comparten sedes, abogados y hasta tienen clientes en común: Ince Militar, Inversora del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ipsfa), Inces (Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista), alcaldías de Libertador (Caracas) y de Guanta (Anzoátegui), Gobernación del estado Anzoátegui, Ministerio para las Relaciones Exteriores, Fundación Misión Madres del Barrio, Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), entre otros entes gubernamentales. Estos son los casos de Representaciones Felther C.A. y de la corporación Graysam C.A., que han obtenido contratos con los mismos organismos de la administración pública.
Para Higfrancys Herrera, socia de este clan empresarial, uno de estos clientes es ampliamente conocido. Esta militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y excandidata a diputada de la Asamblea Nacional en 2010, también fue gerente regional de Inces en el Distrito Capital hace menos de una década, entre otros cargos gubernamentales que ha desempeñado. Se vincula con Samantha Gray, Bernal y Olivis, entre otros ejecutivos, en la asociación cooperativa Lanzallamas 12, actualmente inhabilitada para contratar con el Estado venezolano y en la que opera como tesorera.
Al círculo de empresarias se le suma Mary Luz Giannetti, una ingeniera química que está asociada con Olivis en la compañía panameña JM Mercantil Suply, creada en 2010. Giannetti figura como directiva de otros negocios dentro y fuera del país: G&G Investment y Terra Firme Consulting Group, ambas en Estados Unidos; en Intersum, registrada en el estado de Bolívar (provincia industrial en sur del país), y comparte acciones con la esposa de Roda Saab Ganam (socio de la Corporación Graysam en Venezuela).
Giannetti, además, aparece como apoderada de Imagin Global Corporation (Panamá) junto a Juan Carlos Chourio Moreno, otro próspero empresario venezolano que mantiene negocios con el gobierno a través de Bariven, la central de compras internacionales de la petrolera estatal venezolana Pdvsa.
Una práctica común del grupo parece ser la constitución de empresas-espejo en el estado de Florida, Estados Unidos. Es el caso de las dos compañías mencionadas por El Nuevo Herald: tanto Inversiones Villaber y Representaciones Felther son homónimas –se diría que gemelas– de otras constituidas en Caracas. Igual ocurre con Graysam.
Felther tiene una directora común tanto en Venezuela como en Estados Unidos: se trata de Yanori Bernal, cuñada de Rosa Olivis, una voluptuosa morena de 41 años y accionista de unas siete compañías.
“Corpovex no compra a las empresas nacionales. Tuvimos que abrir una en Miami (Representaciones Felther). Con esa empresa ganamos el contrato."
En entrevista para este reportaje, Yanori Bernal negó haber recibido “ni un dólar del Gobierno” para importar con sus compañías en Caracas. Explica que no tenía conocimiento de tales acusaciones en Florida y agrega que Inversiones Villaber 2007 (Caracas) –empresa en la que fue accionista hasta febrero de 2016– tampoco ha sido beneficiada con divisas preferenciales. No obstante, confirma que su compañía Representaciones Felther Inc, en Miami, “ganó” un contrato con Corpovex hace menos de tres años. “Corpovex no compra a las empresas nacionales. Tuvimos que abrir una en Miami (Representaciones Felther). Con esa empresa participamos en la licitación, que duró unos ocho meses, y ganamos el contrato. Hasta dinero me quedaron debiendo de ese contrato, como 20% y no sé ni cómo me lo pagarán”, asegura.
En una oficina de la Torre Easo (en Chacaíto, centro geográfico de Caracas), Bernal y Villarroel recuerdan que ya llevan nueve años operando desde ese edificio. Los dos primeros años estaban en el piso de arriba, en el que funcionaba la Corporación Graysam C.A.; pero luego se mudaron de oficina para seguir adelante con sus otras compañías. “No somos una empresa de maletín y una prueba es que somos contribuyentes especiales ante el Seniat (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria). Lo que ocurre es que nuestra empresa Representaciones Felther (en Caracas) está temporalmente fuera del Registro Nacional de Contratistas por no hacer, en este momento, negocios con el gobierno”, agregan.
En Venezuela, existe un férreo control cambiario desde 2003. El Estado es el único ente autorizado para el manejo de la asignación de divisas a empresas públicas y privadas y particulares. Durante 14 años, los organismos administradores han cambiado, al igual que el mecanismo de instrumentación normativo y operacional. En la actualidad, se mantienen una banda por subasta sobre los bolívares 650 y, otra, con un costo preferencial de bolívares 10 por dólar en la adquisición de productos y servicios prioritarios para el Gobierno, sin que sea pública la lista de compañías que ganan estas licitaciones. Esta distorsión ha resultado ser muy atractiva para numerosas empresas que negocian jugosos contratos a dólar preferencial y venden en el mercado paralelo, en las que se incluyen sobornos y redes de corrupción. Según la ONG Transparencia Internacional, este país sudamericano fue calificado el año pasado como el más corrupto de Latinoamérica, según indicadores de percepción.
Otras vinculadas al grupo de inversionistas, como Lanzallamas 12, Graysam, Venservice y la cooperativa Ola Brava 12, tienen como domicilio fiscal la Quinta Gray, localizada en Chacao. Unas pertenecen directamente a Gray Quintero y otras a muchos de sus socios.
Entre ellos destaca el abogado Gustavo Soto Montiel, socio de Gray y de Olivis en las corporaciones panameñas Latimex Corporation y Agro Food Corporation, que aparece como cliente de la firma Mossack Fonseca –de acuerdo a la filtración conocida como Panama Papers– a la hora de constituir en mayo de 2011 una corporación, Environmental Fuels, en las Islas Vírgenes Británicas.
(*) Este trabajo fue investigado y publicado en simultáneo por Armando.info en alianza con El Cambur.
Corporaciones gigantes de Europa o emprendimientos casi desconocidos de Panamá conforman una red de 'traders' que participan en el negocio de dar de comer a Venezuela sin exponer ni sus reputaciones ni sus operaciones. Firman contratos con el Estado venezolano para riesgosas transacciones en las que podrían tener un barco fondeado durante mucho tiempo, algo que ha ahuyentado a los jugadores tradicionales e incrementado el valor de la materia prima que importa el Estado. México es el canal que con frecuencia escogen para tercerizar sus envíos.
Desde puertas hasta pollos, a través de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) el gobierno de Nicolás Maduro acaparó las importaciones a Venezuela bajo la clásica impronta “revolucionaria”: dándole poder casi absoluto a un militar que cosechó negocios con dinero del Estado, sin ningún tipo de control y fomentando una copiosa red de intermediarios. La sistematización de los registros de importaciones de Puerto Cabello muestra que esa estatal se convirtió en una enorme caja negra que defenestró la importación privada
Con el declive de la industria automotriz venezolana -impulsada por el alicate oficialista que combinó falta de asignación de divisas e inseguridad jurídica- floreció el negocio de importación de vehículos desde el estado de Florida. Aunque Venezuela tenía capacidad instalada para producir hasta 250.000 carros y hace apenas 12 años fabricó 172.000, en lo que va de 2019 no ha producido ni uno y en los últimos tres años, solo por Puerto Cabello, entró casi uno de cada cuatro de los carros nuevos que hoy circulan por el país.
Para surtir a los módulos de la Misión Barrio Adentro el gobierno venezolano acudió a la importación masiva de medicamentos cubanos. Según revela la data de cuatro años de embarques recibidos en el principal puerto del país, la estatal Farmacuba no sólo desplazó a las multinacionales que traían las medicinas de alto costo sino a los propios laboratorios venezolanos -entre ellos, algunos adscritos al Estado que importaba - que fabricaban fármacos esenciales como analgésicos y antiinflamatorios. Mientras las deudas con los grandes laboratorios superan los cinco mil millones de dólares, con Cuba se estableció un negocio en el que Venezuela ha pagado más de dos mil millones de dólares en los últimos 15 años.
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Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
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La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
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