En el menú de Squire Patton Boggs, la poderosa firma que agrupa un bufete de abogados y buró de relaciones públicas, la revolución bolivariana de Venezuela ha encontrado diversas opciones a su gusto: desde cabildear contra leyes que le son adversas, hasta demandar a un portal de Internet. Ahora la empresa –que en su momento ha servido indistintamente a un sanguinario dictador guatemalteco o a la autoridad palestina- se encarga de asistir a Efraín Campos, sobrino de la ‘Primera Combatiente’ venezolana, acusado de narcotráfico en un tribunal de Nueva York.
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Los negocios no tienen fronteras. Así reza la página del bufete de abogados que, desde el pasado 12 de noviembre se encarga de la defensa de Efraín Campo Flores, el sobrino de Cilia Flores, la esposa del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Campo Flores fue detenido el pasado mes de noviembre acusado de narcotráfico junto a su primo, Franqui Flores. Al primero se le aseguró su defensa con la que es una de las 30 firmas de abogados más grandes del mundo y, a la vez, la segunda en importancia en el negocio del lobby en Estados Unidos. Squire Patton Boggs es la defensora de muchos intereses en Washington DC, un miembro del establishment en la capital estadounidense.
La firma tal y como ahora se le conoce nació en 2014, fruto de la fusión de otras tantas. La primera, la más antigua, es Squire, Sanders & Dempsey. Se fundó en Cleveland (Ohio, Estados Unidos) en 1890 y hasta los 90 del siglo pasado fue un bufete de abogados que solo tenía oficinas en su país de origen y Bruselas, Bélgica. La caída del telón de acero y el desmoronamiento de la antigua Unión Soviética tras el fin de la Guerra Fría supuso el auge del grupo, que intervino en buena parte de los procesos de privatización de empresas de las ex repúblicas soviéticas.
De Europa es la compañía con la que se fusiona en enero de 2011, Hammonds, originada en Yorkshire (Reino Unido) en 1887 y que a su vez se fusionó con Edge Ellison en el año 2000. De ser el grupo más importante de su país pasó a tener una deuda millonaria que la llevó a una drástica reducción de personal, situación que mejoró notablemente al unirse a Squire, Sanders & Dempsey y que, sin duda, mejoraría aún más con el paso de los años.
El tercer bufete es Patton Boggs, fundado por James R. Patton Jr en 1962. Su caída es reciente. Participaron en el pleito de Ecuador contra Chevron Corp. La demanda se hizo por el vertido de más de 800.000 toneladas de residuos petrolíferos entre 1964 y 1992 en la zona de Lago Agrio. El litigio se “resolvió” cuando la petrolera acordó con la firma de abogados pagar 15 millones de dólares para resolver la disputa y a cambio de que Chevron retirara las denuncias de fraude, engaño y acusación maliciosa contra la firma. Los ciudadanos ecuatorianos que pusieron la demanda, insatisfechos, acusaron de “traición” a Patton Boggs. Hewitt Pate, consejero general de Chevron, dijo sobre la firma que se “sentían complacidos porque hubieran terminado su asociación con el litigio por fraude y extorsión en Ecuador” y Patton Boggs se excusó y acordó cooperar con la internacional. Las negociaciones para la fusión con Squire Sands empezaron antes y este encontronazo era un escollo. Resuelto, la fusión se dio en junio de 2014.
Así nació la que ahora es Squire Patton Boggs, con 44 oficinas en 21 países y una facturación anual de 775 millones de dólares, según American Lawyer.
El caso del sobrino de Cilia Flores no es el único del que se ha encargado el bufete de abogados. Desde hace unas semanas se encargan del caso del Banco Central de Venezuela (BCV) contra la página web DolarToday. En este website se publica la tasa de lo que en el país se conoce como “dólar paralelo” o “dólar negro”. En el país hay control cambiario desde 2003, una medida que se tomó para, según el entonces presidente Hugo Chávez, evitar la fuga de divisas tras el Paro Petrolero de tres meses que intentó derrocar al líder revolucionario. Iba a ser una medida momentánea, pero desde entonces y, por ahora, llegó para quedarse. Los venezolanos que, por ejemplo quieren viajar el exterior deben pedir la autorización para que el Gobierno les asigne dólares. Según su destino y el tiempo de permanencia se le asigna mayor o menor cantidad. Igual ocurre con aquellas empresas –sin importar tamaño– que quieren importar bienes. Para entender la importancia de este control hay que señalar que la producción de Venezuela depende en gran parte de las importaciones. Hay farmacéuticas, pero los principios activos se importan. Hay harina de maíz, pero el grano viene, en gran parte, de fuera.
El control de divisas ha generado una demanda que a su vez creó una tasa paralela que, en principio, variaba según el ofertante. En 2010 si el dólar oficial estaba en 6,30 bolívares, en el mercado negro se podía obtener por 10. Ese año apareció DolarToday, una página que publicaba la tasa del “innombrable”, acuñado así por la prohibición del Gobierno de mentarlo y dar su valor. Nadie sabía quién estaba detrás de la página ni cuál era exactamente el modo de cálculo de esta tasa negra. La investigación “DólarToday: la venganza más célebre de tres venezolanos” de Armando.Info, El Pitazo TV y Poderopedia Venezuela destapó algunas de las caras detrás del website. Entonces, y luego de que el gobierno de Nicolás Maduro vociferara diversas amenazas contra el portal, al que acusa de ser parte de una conspiración contra la moneda nacional, el BCV entró en el juego. Y es aquí donde entra el bufete en escena.
Squire Patton Bogs es el encargado de este contencioso contra los integrantes de DolarToday. Es el único caso sobre el que quisieron hablar con Armando.Info. Si bien su página web tiene información de contacto para cada uno de los abogados que integran su gabinete, a la hora de declarar son más reacios. Se hizo contacto con ellos en la oficina de Nueva York, la que se encarga del caso del sobrino Flores. La llamada nunca pasó de la recepcionista quien insistió varias veces en saber “quién nos mandaba”. Dijeron que era imposible aceptar una entrevista. Al cierre de edición de esta nota, los abogados de esa locación no contestaron a los sucesivos emails que se le remitieron. Tras contactar con la oficina de Washington DC y enviar también varios correos, por fin respondió Adam R. Fox, quien accedió a una entrevista en teleconferencia vía Skype.
Adam R. Fox joven, pero con 18 años de experiencia en la compañía –se inició con Squire Sanders–, cuenta desde su casa de Los Ángeles que es uno de los abogados encargado del caso de DolarToday. Insiste en que solo puede hablar de ese caso, “no sé de los demás, no estoy envuelto en el caso del sobrino de Cilia Flores, ni siquiera sé cuál de mis colegas está”. Tampoco dice cuánto es el monto que el BCV paga a su compañía: “Estoy centrado en el caso, no en esos detalles”. Tampoco sabe quién es el encargado en Venezuela de este contrato, “mucha gente del BCV habla con nosotros”. Sobre su caso dice que la mayoría de estadounidenses no sabe qué es DolarToday, ni tienen interés en lo que hace el BCV.
“Está en Delawere y al menos 15 personas son responsables de fabricar tasas. ¿De dónde sacan esa información? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué fabrican esos números con los que se están enriqueciendo de modo ilícito?”, dice, tranquilo, aludiendo a que no sabe si el Gobierno de Venezuela es popular o impopular, sino que él está del lado de un banco central, “una pequeña parte de un gobierno que se dedica a la política monetaria y está teniendo este problema”.
Cuando se le pregunta acerca los casos que pueden ser vistos como impopulares y en los que ha participado su bufete –como el apoyo al dictador guatemalteco Fernando Romeo Lucas García–, argumenta que no sabe de esos casos, que no puede responder por todos porque “es muy extenso, trabajamos para muchas compañías y países en el mundo que puede que estén relacionadas o no”, pero su trabajo, dice, está separado. “Entiendo que puede ser algo impopular el Gobierno de Venezuela en Estados Unidos, pero hay un costo para todo. Y el caso de Dólar Today va en beneficio de los venezolanos. Hay que determinar quién está involucrado en esa actividad ilegal”. Y explica que el objetivo no es bajar la página, sino que esta deje de publicar exclusivamente las tasas.
El apoyo a Venezuela no solo es en lo legal. También hacen labores de lobby con un cliente principal: Pdvsa, la empresa estatal petrolera. En Estados Unidos, el dinero que se destina a los grupos de lobby se transparenta ante el público. El Center of Responsive Politics aloja en su web estos datos. De la petrolera venezolana tienen datos desde 1998, momento en que tenían contratado como grupo de presión para defender sus intereses en los organismos estadounidenses a Dutko Group, quien se mantiene como proveedor único hasta 2014. Ese año se contratan cuatro grupos, entre ellos, la recién nacida Squire Patton Boggs. Se destinaron 2.160.000 dólares solo en 2014 para labores de cabildeo. Del monto, la mayor parte fue a parar al bufete de esta historia: 1.070.000 dólares. Los lobistas a cargo fueron Daniel R. Addison, Thomas Hale Boggs Jr y Laurence Harris. En el presente año el presupuesto con este fin baja hasta los tampoco nada desdeñables 1.380.000 dólares. También baja la partida para Squire Patton Boggs, que queda en 150.000 dólares.
Otro caso más ocupa el capítulo Venezuela en esta firma de abogados: Citgo y un decreto que el presidente estadounidense Barack Obama promulgó el pasado 9 de marzo. Citgo es la empresa filial de Pdvsa en Estados Unidos. En 2014 se presentó el proyecto de Ley de Defensa de Derechos Humanos en Venezuela para investigar y sancionar a algunos funcionarios del Gobierno de Venezuela que, según Washington DC, habrían cometido violaciones contra los derechos humanos durante la represión de las guarimbas –bloqueos de calles y protestas callejeras– de 2014. Pero alguien frenó el proyecto. Se trata de la senadora por el Partido Demócrata Mary Landrieu, presidenta de la Comisión de Energía y Recursos Naturales. Citgo la contactó mediante una serie de correos electrónicos que fueron publicados en la web de la revista Político tras una filtración. En ellos le hacían llegar a la senadora su incertidumbre ante la ley y la posible repercusión que podría tener en su empresa. “Si la ley se aprueba, afectaría a la importación de crudo de nuestra refinería en Lakes Charles (Lousiana, Estados Unidos) con el despido de cientos de empleados”.
¿Qué pinta aquí Squire Patton Boggs? Varias cosas. Por un lado, fue el grupo de lobby que Citgo contrató para convencer a la senadora de frenar la ley que, de todos modos, finalmente se dio. Por otro, fue uno de los principales financistas de la campaña de Landrieu.
De apoyar las causas de la Revolución Bolivariana, socialista, chavista y obrera, a apoyar las de alguien acusado del genocidio más grande de América Latina, solo hay que remontarse unos años atrás. Fernando Romeo Lucas García llegó a la presidencia de Guatemala tras las elecciones de 1978. Desde entonces y hasta 1982 gobernó con tintes dictatoriales el país centroamericano. Junto con su sucesor, Efraín Ríos Montt –que llegó al poder tras un golpe de Estado–, está señalado como uno de los mayores responsables de violaciones de Derechos Humanos en Guatemala.
“En 1976 hubo un terremoto que devastó Guatemala. Lucas García sintió en el 78 que las guerrillas en Guatemala estaban creciendo. Fue fruto de la injusticia y la desigualdad que reinaban después de la catástrofe. Él empezó a ver el avance de los movimientos revolucionarios en Nicaragua, Guatemala y El Salvador y sintió que perdía poder. Fue él quien decidió que la violencia en Guatemala llegara a la escala que llegó”, cuenta Martín Rodríguez Wachikaj, periodista guatemalteco y fundador del diario Nómada.
200.000 asesinados, 50.000 desaparecidos y un millón de desplazados internos o refugiados en México en un país, entonces, con 7 millones de habitantes, es el funesto saldo de Lucas García y su sucesor. “Se desaparecieron a más líderes sociales que en Argentina, Uruguay y Chile juntos. Llevó la violencia a niveles espeluznantes”, dice Rodríguez Wachikaj. Fue extremo en el altiplano contra las comunidades indígenas que reclamaban sus derechos. Cuando quisieron alzar su voz en un lugar más visible, la muerte los encontró. El 31 de enero de 1980 fueron a la embajada de España de la capital a manifestarse. “Romeo Lucas prohibió a los cuerpos de bomberos acercarse a la embajada y quemó a todos: campesinos, estudiantes, diplomáticos, políticos. Masacró a 38 personas”.
Durante el gobierno de Lucas García, Estados Unidos, a través del Congreso, cesó la ayuda para fines militares en el país. Para tratar de suavizar la mano del vecino del norte y poner en su patria puño de hierro, el dictador guatemalteco buscó hacerlo con dinero y labia. Y para eso, un lobista: Thomas H. Boggs Jr, padre de la firma Patton Boggs, la última en entrar al grupo Squire Patton Boggs.
En el incendió de la embajada de España murió calcinado Vicente Menchú, padre de Rigoberta, la Premio Nobel de la Paz 1992. Fue ella quien abrió una causa en su contra ante la Audiencia Nacional de España. Cuando Lucas García fue derrocado, se fue al exilio. Entonces aquí la historia regresa a la “pequeña Venecia”. Porque en Venezuela encontró refugio. Y en Venezuela fue donde murió, acostado en su cama como estuvo los últimos años de su vida, aquejado de Alzheimer, sin recordar los crímenes por los que nunca fue juzgado, acompañado de su esposa, Elsa Cirigliano, venezolana, integrante de una familia de empresarios del estado de Anzoátegui (nororiente de Venezuela).
"Logró burlar la justicia de los hombres, pero la historia lo ha juzgado ya como uno de los mayores genocidas", dijo en su día la premio Nobel.
Las influencias de Squire Patton Boggs se extienden casi por todo el mundo. Y en una zona caliente del planeta, Oriente Medio, tiene una presencia importante como lobby sin hacer ascos a lo que puede haber detrás. El pasado mes de agosto se destapó que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan usó como pretexto combatir al denominado Estado Islámico en la zona cercana a su frontera para “llevar a cabo una campaña de ataque genocida contra el pueblo kurdo”, según reseña el Huffington Post. Un oficial estadounidense de alto rango acusó a Turquía de engañar al gobierno de Estados Unidos al usar la base de Incirlink para atacar a Isis (siglas inglés del EIIL, el Estado Islámico de Irak y el Levante, grupo terrorista) como tapadera para atacar al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK en sus siglas en kurdo) en el norte de Irak, reseñó a su vez el Wall Street Journal. Según este medio, solo hubo tres ataques contra Isis y 300 contra el PKK. El objetivo era castigar al movimiento minoritario de cara a las elecciones.
Erdogan quiso limpiar su nombre y el de su gobierno y para ello contrató al gabinete de comunicaciones. Para ello pagó 32.000 dólares al mes en subcontrata de lobby para a su vez acceder al grupo Gephardt. En total, en todos los grupos de relaciones públicas gastó alrededor de cinco millones de dólares al año.
Squire Patton Boggs también se prestó para ayudar a otro cliente, esta vez en minoría: la Autoridad Palestina. El pago de 55.000 dólares al mes debía servir para ayudar al gobierno palestino en la evaluación del senado de los Estados Unidos sobre la continuidad o no del envío de ayuda económica al pueblo palestino tras la asociación de la Autoridad con Hamas, considerado en el país del norte como una organización terrorista.
En Oriente Medio la lista de este lobby sigue. De Libia recibió dinero desde 2011. El monto total de 2014 ascendió a 265.000 dólares. De Qatar, que es cliente desde 1994, obtuvo el año pasado 427.000 dólares. Arabia Saudí pagó algo menos, 227.000 dólares. Todo este dinero para llevar los intereses de estos países hasta las altas cúpulas de los Estados Unidos y preservarlos. Distintos intereses que cubren áreas como petróleo, gas, salud o financiamiento.
“Representamos a compañías, individuos, gobiernos. A veces a la gente le gusta lo que hacemos, a otras no le gusta”, explica Adam R. Fox. “Todo lo que puedo decir es que cuando yo estoy involucrado en esto, trato de entender los detalles bajo la ley y asegurarme de que me puedo levantar por la mañana y mirarme en el espejo, estar feliz conmigo mismo. Me siento bien con eso, feliz con lo que hago en Venezuela”.
Venezuela, la Autoridad Palestina, Turquía contra los kurdos o el petróleo de Arabia Saudita. Distintos intereses que, al parecer, no chocan con ideologías. Ya lo decía el poeta: poderoso caballero es don dinero
Podría decirse que Mario Enrique Bonilla Vallera es un precoz. No más salir de la adolescencia se iba de fiesta lo mismo que abría empresas de todo tipo, en países distintos, logrando meter su nombre en una veintena de compañías antes de cumplir los 30 años. ¿Un superdotado de los negocios? Mejor un muchacho en el lugar y momento precisos para hacerse amigo de los hijos de la “primera combatiente”, Cilia Flores.
La solución habitacional para los hermanos Gavidia Flores, su padre, parejas y socios de negocios, supuso llevar a cabo una ambición extravagante: comprar una a una las catorce casas de un callejón de la urbanización Cumbres de Curumo de Caracas, una meta que completaron en cuatro años. Al mudarse en manada de El Paraíso, en el centro de la capital, al este burgués del valle, simbolizaron su asombroso ascenso social en medio de la debacle económica del país. La nueva ubicación les ofrece aislamiento y la posibilidad de vivir junto a Fuerte Tiuna, el hogar de su madre, la primera dama, y su padrastro, Nicolás Maduro. Para lograrlo diseñaron una estrategia de compra paulatina mediante terceros allegados, a través de empresas de maletín, y con pagos nominales en bolívares con cheques personales.
La ciudad de San Francisco, en California, es la más cara de Estados Unidos y una de sus más sofisticadas. Cuna del movimiento hippie en los 60 y de la revolución actual de las computadores e Internet, ahora puede financiarse un anacronismo milenario: un cordón de comunidades mayas la rodea. Más de 70.000 inmigrantes venidos desde Yucatán, a 5.000 kilómetros, pululan en suburbios como San Rafael o en el distrito de Mission. Atraídos por lo que suena como una nueva fiebre del oro, la mayoría llegan sin saber ni una palabra de inglés y apenas unas pocas de castellano, para trabajar de lavatrastes y pinches en restaurantes. Pero el viaje no es solo a través de la distancia sino de la cultura, y del choque entre las costumbres ancestrales y las exigencias de la sociedad postindustrial surgen males como el alcoholismo y la drogadicción.
El miembro del gabinete estadounidense, Wilbur Ross, es uno de los dueños de una compañía que provee servicios de transporte marítimo a Pdvsa, un cliente que en 2015 le aportó más de 11 por ciento de las ganancias a su naviera. Aunque para ocupar su cargo el funcionario debió deshacerse de sus propiedades mercantiles, conservó una participación en esa línea de negocios a través de una compleja estructura offshore en las Islas Caimán. Así no sólo comerció con la Venezuela chavista, sino también con un asociado del presidente ruso, Vladimir Putin. Sobre ambos países pesan sanciones económicas de Washington.
Más de 850 narcotraficantes mexicanos han sido extraditados a Estados Unidos. Pero entonces, cuando la labor parece estar hecha, México cae en cuenta de que en pocos casos investigó lo suficiente para incautar las finanzas de las mafias. Ahora un nuevo capítulo amenaza con agriar la lucha binacional contra el narcotráfico: el reclamo que para sí ha hecho Estados Unidos de las fortunas de los capos
El desorden y las malas prácticas en las instituciones causan que, con frecuencia, muchos de los bienes incautados durante operativos judiciales no solo deban ser reintegrados a sus dueños sino, para colmo, que a estos los tenga que indemnizar el fisco. El caso emblemático de una avioneta que la Procuraduría General de la República tomó para su uso, luego fue rematada como chatarra, pero al final ocasionó millonarias costas al Estado, demuestra que las confiscaciones, aún si escasas, a veces hasta llegan a ser un pésimo negocio para los contribuyentes
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
