Con la cantidad invertida en 13 años en el Lago de Valencia, en el centro norte de Venezuela, el régimen chavista pudo haber construido 18 hospitales nuevos como el Cardiológico Infantil Latinoamericano de Caracas, o una vía de navegación como el canal de Panamá. Pero a contracorriente de los 385 millones de dólares echados al agua, la cuenca se ha convertido en el pozo séptico más grande de América Latina. Se trata de uno de los problemas ambientales más graves de la región, no solo por la contaminación sino por el costo social de 8.000 familias que están en riesgo de perder su casa y hasta de morir ahogados en aguas negras. Antes que atender esta situación, el régimen de Nicolás Maduro prefiere auxiliar a los damnificados de los huracanes Harvey e Irma, y dejar abandonados a los vecinos a la eterna improvisación venezolana.
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Las líneas iniciales del poema de Guillermo Saavedra son el leit motiv de esta historia: “Quieta es el agua de la desgracia”. Quieta lucía el agua estancada del Lago de Valencia y la desgracia se ha abatido con una certeza definitiva sobre las familias que en mala hora decidieron comprar viviendas en las vecindades de sus cuencas. Lo saben en La Punta y Mata Redonda, sectores que en la década de 1980 presumían de ser urbanizaciones de clase media y hoy son dos grandes cloacas a cielo abierto. Quintas espaciosas rodeadas de agua estancada, unas abandonadas y otras invadidas. En La Punta, la zona más cercana al lago, solo quedan 12 viviendas de las 500 que eran. Las demás fueron indemnizadas y demolidas.
Antes de llegar ahí hay que estar atento a los detalles que anuncian que, en unos años, La Punta y Mata Redonda y otras diez urbanizaciones y barrios, serán la versión venezolana de La Atlántida, el continente sumergido. Una hilera de postes se pierde en la distancia. Disminuyen de tamaño, se hunden mientras se alejan. Miden 10 metros de alto, pero, sumergidos en el agua, parecen mucho más pequeños. No hay calle inclinada ni llanura amplia que explique aquello. El Lago de Valencia, además de avenidas, hectáreas de fincas y comunidades enteras, también se ha tragado el alumbrado.
En la región centro-norte de Venezuela se encuentra el segundo lago más importante del país, el de Valencia (conocido también como Lago Los Tacariguas), que comparte sus 3.140 km2 con los estados Aragua y Carabobo. En el primer caso, la ciudad de Maracay (capital del estado Aragua) es la más cercana al cuerpo lacustre. Toda la zona residencial ubicada al sur de la ciudad se ha acostumbrado a ver esa imagen repetida y desoladora. Los postes de luz hundidos recuerdan cuánto ha avanzado el Lago de Valencia.
Así pasa en Brisas del Lago: de 15 calles que tenía la urbanización solo quedan dos, anegadas en las esquinas y reducidas a 10 viviendas aún ocupadas por sus propietarios. Pasa en Aguacatal 2: la calle Paraíso es la última del sector desde el año 2012 porque hasta entonces aún había vestigios de tres barrios más que los alejaban del lago. Se repite en Paraparal, donde fue construido un muro de asfalto para separar a la comunidad del hoy matorral inundado y donde hace más de 10 años existía el barrio La Vaquera (420 viviendas), también desaparecido bajo las aguas. Y también en Las Vegas 1, un lugar casi desierto donde 18 familias desalojadas por el avance de las aguas viven en la escuela Olinto Mora Márquez, un “refugio temporal” en el que están desde hace 7 años, y a donde el agua ha llegado ya a medio metro de altura en uno de los salones que hasta julio servía de habitación.
En Mata Redonda y La Punta no hay alumbrado público sumergido que recuerde el aumento del nivel del lago sino un terraplén de 1,2 kilómetros de largo ubicado a 4,40 metros por encima de sus casas, como para que no se les olvide que allí arriba está ese gran reservorio de agua sin salida al mar. El Lago de Valencia es una cuenca cerrada (endorreica), que recibe cada año 360 millones de metros cúbicos de aguas residuales, es decir, aguas servidas o de cloacas procedentes de zonas residenciales e industriales de las ciudades de Maracay, Valencia y localidades como Mariara, San Joaquín, Los Guayos y Güigüe; más el caudal de 22 ríos que desembocan en él, más el agua de lluvia que en cada temporada se disponga a caer.
Mientras el régimen de Nicolás Maduro ofrecía ayuda a las islas y ciudades arrasadas en el Caribe y Estados Unidos por los huracanes Harvey e Irma, los venezolanos recordaron la vieja tragedia de estos sectores vecinos al maloliente cuerpo lacustre. Que lo diga Fernando Klein, que, bajo el quicio de la entrada principal de su casa, ubicada en la calle A, manzana 3, a seis metros debajo del nivel del lago, luce como el último de los mohicanos de La Punta. La de él es una de las doce viviendas que todavía quedan en pie. Su casa, de 273 m2, fue construida en la cota 408 metros sobre el nivel del mar y actualmente el lago está a 414,10 metros sobre el nivel del mar. Allí sigue, junto a su esposa y su hija, esperando la indemnización del Estado, a la cual tienen derecho por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La pregunta es: si el máximo tribunal jamás ha fallado contra el gobierno, si es un aliado de postín en el diseño de un modelo que le garantiza al chavismo un gobierno perpetuo, por qué el régimen no ha cumplido con la decisión.
El recorrido en tribunales de este caso comenzó en noviembre de 1999, a los pocos meses de la llegada del comandante presidente Hugo Chávez al poder. La demanda del grupo de propietarios de ambas urbanizaciones reclamaba la omisión del Ministerio del Ambiente en su deber de ejecutar las obras de saneamiento del Lago de Valencia. El fallo favorable podía ser visto también como una forma de vengarse de la vituperada clase dirigente que entre 1958 y 1998 antecedió al chavismo. Ya en ese momento la expansión del lago los estaba afectando. Klein recuerda que cuando compraron esa vivienda en 1979, el lago estaba a unos 10 kilómetros de distancia. En 20 años tocó sus puertas y en 2005 ya se había ubicado a 2 metros por encima de La Punta y al mismo nivel que Mata Redonda.
La solución del Gobierno a esa situación de emergencia, plasmada en decretos y en declaratorias de “zonas de alto riesgo potencial”, fue, sin embargo, construir un terraplén de 1.200 metros, de los cuales apenas un tramo de 4 metros de ancho es de concreto (en la parte baja su extensión es de 21,5 metros), erigido para proteger una planta de bombeo que lanza un grueso caudal de aguas sucias al lago. Se levantó como una especie de dique para detener el avance de las aguas, con una altura de 412 metros sobre el nivel del mar. Era una solución diseñada para durar tres años. En octubre cumplirá doce.
Ese muro de concreto es el que sirve de referencia a las 8 mil familias de al menos siete sectores del sur de Maracay que están en riesgo de quedar bajo las aguas, pues la cota del lago ya está por encima de sus casas. En 2012 elevaron el muro 2,40 metros más, quedando en la cota 414,40 metros sobre el nivel del mar. En agosto de este 2017 comenzaron a levantarle 1 metro más ante la crecida evidente. Si no puede pasar por arriba con el oleaje, lo va haciendo progresivamente por debajo, entre la tierra, o entre las tuberías y drenajes de las cloacas.
Las 512 familias propietarias que quedan entre La Punta y Mata Redonda no han sido desalojadas a pesar del riesgo decretado sobre ellos. Desde 2006, cuando el TSJ finalmente emitió la decisión de la demanda introducida en 1999, dictando un amparo constitucional que protegía a los propietarios de La Punta y Mata Redonda, han debido ser indemnizados. Así lo establece la sentencia 1632, ratificada en 2007 con la sentencia 1752, pero no todos lo han logrado. De 1043 propietarios quedan esos 512.
Klein y Marianelly Nieves, propietaria de una casa en Mata Redonda, recuerdan que muchos salieron por indemnización, pero otros decidieron apelar a un acto conciliatorio. Cada cual aceptaba los términos acordados con el Estado, distintos a lo establecido en la sentencia (avalúo y pago de la vivienda), y que incluían desde casas en el mercado secundario hasta apartamentos del programa gubernamental Gran Misión Vivienda. Otros tantos, como ellos, se quedaron rezagados y sin respuesta. Ha sido así desde 2010.
En 2015 el TSJ emitió una tercera sentencia judicial donde se acuerda, de nuevo, la ejecución de los fallos de 2006 y 2007, y ordenó concretar los pagos pendientes que hubieran quedado del acto conciliatorio de 2011. La decisión está en manos de un tribunal ejecutor en Maracay, pero aún los propietarios siguen sin ser indemnizados. “Ya agotamos todo lo jurídico, todo lo que dice el librito. Lo que está ocurriendo es una omisión inhumana, un drama humano que rebasa lo jurídico, porque además hay zonas que hoy están peores que como estaban La Punta y Mata Redonda en 1999, cuando se introdujo la demanda”, dice el abogado José Vicente Haro, defensor de 65 familias de La Punta y Mata Redonda.
Quienes quedan en estas comunidades tienen la certeza de que se cometieron hechos de corrupción en la resolución de cientos de casos. La mayoría sabe quiénes terminaron pagando dinero extra a peritos, a funcionarios públicos, o a intermediarios para que los indemnizaran, agilizaran la emisión del cheque, o abultaran el monto del avalúo.
Fernando Klein hizo las gestiones para su indemnización en 2008. Se negó a pagarle a la persona encargada de su caso y cuando recibió el cheque tan esperado, tenía un error en el nombre del destinatario. No hubo manera de arreglarlo. Ya habían visto una casa en otra zona lejana, que podrían comprar con esa indemnización más un crédito, pero por ese error todo se derrumbó.
“Si ese lago no lo hubieran llenado viviéramos felices aquí. Esta iba a ser mi casa para toda la vida y ahora tenemos cuatro metros de agua por encima. Nosotros fuimos estafados y el Estado no ha hecho nada, ellos están esperando que la naturaleza les haga el trabajo sucio y nos han pateado como les ha dado la gana”, comenta Marianelly Nieves. Lo dice porque desde hace dos años el agua potable llega dos veces a la semana, no tienen alumbrado público, ni recolección de basura, patrullaje, dragado del río Madre Vieja, ni mantenimiento. Es como si ya no viviera nadie y dieran por hecho que no hay servicios públicos que prestar. Es como si jugaran al cansancio y buscaran que los propietarios tomaran la decisión de irse sin ser indemnizados, para salvar sus vidas ante el riesgo de morir ahogados.
“Ellos saben que cualquier dinero invertido aquí se perdería, porque estamos en zonas inundables. Por eso abandonaron Mata Redonda, La Punta y todas las comunidades que están en alto riesgo por el lago”, señala Mildred Rojas, habitante de La Esmeralda, otra zona inundada de aguas negras. Para ella, el problema del Lago de Valencia se ha convertido en la caja chica de todos los gobernantes: locales, y regionales; una partida presupuestaria para un saneamiento donde varios cobran y nada se limpia.
Mientras en La Punta y Mata Redonda detuvieron las indemnizaciones, en Aguacatal, Paraparal y Brisas del Lago la gobernación de Aragua decidió declarar a esas zonas, desde 2012, como “refugios a cielo abierto”. Una paradoja. Sus casas anegadas con aguas de cloacas son el lugar seguro donde el Estado les exige permanecer. “Dicen que no hay refugios, ni viviendas, ni dinero, ni nada”, repiten los vecinos de Paraparal; allí, a finales de agosto, acudieron funcionarios de Protección Civil a darles un curso de supervivencia, de cómo evacuar la zona y qué hacer en caso de inundaciones. Lo mismo en Aguacatal 2, allí los médicos no han entrado a recorrer la zona por el miedo de adquirir una infección de las aguas servidas.
También resulta un contrasentido que los habitantes del sur de Maracay vivan con sus viviendas, calles y avenidas anegadas con aguas servidas que se ven, se huelen y se sienten, y que al mismo tiempo vivan un racionamiento de agua que solo les deja recoger algunos litros a la semana, por una especie de “racionamiento” para tratar de no incidir en los niveles del lago, que igual siguen en aumento.
Hasta el parador turístico de Yuma, en el estado Carabobo, donde Hugo Chávez realizó uno de sus programas dominicales en abril de 2005, y prometió sanear el Lago de Valencia en cinco años, hoy está bajo las aguas.
“Esto no es nuevo, esto tiene más de 30 años”, apunta el ingeniero Jesús Castillo, director de la organización Agua Sin Fronteras, al momento de explicar lo que ocurre con este cuerpo de agua, que desde 1999 tiene en emergencia a sus vecinos de Maracay y Valencia.
“Lo que pasa es que siempre hemos actuado a espadas del lago, porque en lugar de ser visto como una gran oportunidad económica, agrícola y turística para la región, lo tenemos como una gran poceta que recibe todas las aguas residuales de las ciudades e industrias”, remata, disculpándose por la comparación.
La cuenca del Lago de Valencia dio un viraje a partir de la década de los 80, cuando se estimuló la expansión urbana e industrial. Buena parte de sus tierras de vocación agrícola se urbanizaron con permisos del Estado. La región creció, se convirtió en uno de los polos de desarrollo económico e industrial y atrajo a miles de venezolanos que decidieron hacer su vida en estas ciudades centrales, ubicadas a solo 2 horas de Caracas. Llegaron a concentrar a 13% de los habitantes de Venezuela, recuerda Castillo.
Pero como todo proceso de desarrollo, requería de trabajos paralelos para mitigar su impacto en la cuenca. He allí la deuda. El lago pasó a convertirse en un problema ambiental, sanitario, económico y social, que suma al menos 12 zonas residenciales ahogadas en sus aguas, siete comunidades de Maracay (unas 8 mil familias) en alto riesgo, dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia desacatadas, seis decretos de emergencia ignorados, 8.000 hectáreas productivas bajo el agua y 14 obras de saneamiento planificadas y financiadas, pero no ejecutadas. Quienes residen en los alrededores de la cuenca del lago protagonizan una lucha desproporcionada: son ellos solos contra la naturaleza y contra la indiferencia del Estado.
A finales de la década de los 70, el lago de Valencia o Los Tacariguas tenía una cota (altura) de 401 metros sobre el nivel del mar. Bajo esta referencia, el Estado venezolano comenzó a otorgar permisos para construir viviendas en terrenos de la cuenca, al sur de Maracay, mientras el Ministerio del Ambiente fijaba, en 1978, la cota máxima de seguridad, o de estabilización del lago en 408 metros sobre el nivel del mar, recuerda Germán Benedetti, ingeniero mecánico y exlegislador del estado Carabobo. Ya en ese momento se sabía que las aguas del cuerpo lacustre podían llegar hasta ese nivel.
Los desarrollos habitacionales planificados por el Estado comenzaron a ejecutarse en terrenos localizados sobre la cota 408, como es el caso de la urbanización La Punta -ubicada en esa altura- y de Mata Redonda, construida sobre los 410 metros sobre el nivel del mar. Pero también hubo otras construcciones que irrespetaron esa cota y levantaron viviendas en terrenos más bajos.
Para atender a la población que comenzaba a crecer junto con el desarrollo urbano e industrial de la cuenca del lago, entre 1975 y 1978 comenzó a construirse el Sistema Regional del Centro I y II, un acueducto necesario para dotar de agua potable a la región central de Venezuela y que, como todos, también implica la generación de aguas residuales. Es así como todas esas cloacas comenzaron a ser drenadas hacia el lago.
Según cálculos de Benedetti, unos 8.500 litros por segundo son descargados al lago desde entonces por este acueducto. En 1978 se condujo el cauce del Río Cabriales hasta el reservorio y terminó siendo un río de aguas servidas con 1.500 litros por segundo adicionales. En total, 10.000 litros por segundo llegan al reservorio de agua y se combinan con el cauce de otros 21 ríos, las descargas de las lluvias, y otro volumen importante de unos 16 metros cúbicos por segundo que recibe desde el embalse Pao-Cachinche, ubicado en Cojedes, también en el centro de Venezuela. Su pureza dejó de ser un atributo y su equilibrio natural, al usar sus aguas para el riego de las hectáreas agrícolas de la cuenca, comenzó a alterarse.
“Lo que está ocurriendo con el Lago de Valencia es uno de los problemas ambientales más graves de América Latina, no solo por la contaminación de sus aguas sino por el costo social que ha tenido el aumento de su nivel”, señala el ingeniero Castillo, de Aguas Sin Fronteras.
En esas condiciones, de recibir mucho y vaciar nada, o muy poco, la cota del Lago de Valencia fue aumentando progresivamente. En 1999 alcanzó los 408 metros sobre el nivel del mar por primera vez desde 1894, indica Benedetti, teniendo como referencia del libro de Alberto Bockh, El desecamiento del Lago de Valencia, y comenzaron a registrarse los primeros desplazamientos de familias afectadas por la crecida del lago, sobre todo en zonas populares y terrenos invadidos, sin mayor reacción de los gobiernos locales y regionales.
El agua del lago comenzó a cubrir calles y avenidas, las cloacas –por momentos- se devolvían por las cañerías de las viviendas, se filtraban por el piso y brotaban a través de las alcantarillas. Una rareza que se convirtió en rutina, una rutina asociada a la época de lluvias (en Venezuela suele ser de mayo a noviembre), y un escenario recurrente que ha empeorado junto con el incremento de los niveles del lago en los últimos 18 años.
“Cuando llueve no puedo bajar el agua de la poceta porque se me devuelve”, relata Betty Carrero, quien vive en el sector La Esmeralda. Lo mismo relata Merly García desde Aguacatal 2. “Todo esto es pura agua servida, pura mierda”, precisa Judit Bandes en Paraparal, una de las zonas más afectadas este año por las lluvias, el desborde de las cloacas y aumento del lago.
El sector lleva casi dos meses inundado. El 5 de septiembre falleció un vecino, un joven de 36 años que ayudaba a sacar enseres de una casa, montado en su caballo. El animal pisó un cable con electricidad que estaba bajo el agua y ambos murieron electrocutados. “Esto es agua de cloacas acompañadas con un poquito de agua de laguna”, volvió a explicar la señora Bandes.
Tal ha sido el efecto del lago de Valencia en Paraparal que en 2013 se construyó un muro para evitar que el lago volviera a afectarlos, pues en 2012 vivieron un momento crítico. “Ese año nos dijeron ‘Paraparal sale completo’ porque ya se habían mezclado las aguas servidas con las limpias en las tuberías. Mira donde estamos”, dice Belén Arcano. El muro, construido por la estatal petrolera Pdvsa, no se completó.
Esta comunidad está ubicada en la parroquia Monseñor Feliciano, sector que ha perdido un tercio de su territorio por el avance del lago, incluidas 420 viviendas del barrio La Vaquera, cinco escuelas y tres centros de salud, indica el ingeniero Jesús Castillo. Además de La Vaquera, los vecinos de Paraparal han visto cómo han desaparecido otras comunidades aledañas: Platanal, Las Casitas, Armando Reverón y cinco manzanas de Paraparal. Fueron desalojados entre 2005 y 2010 y los terrenos pasaron a ser ocupados por la bora que trae el lago.
“Yo tengo 36 años viviendo aquí y me da dolor perder mi identidad porque unos gobernantes no quieren hacer nada. Porque el asunto no es perder los corotos o perder la cédula en esta agua, es perder la identidad de vivir aquí”, relata Bandes, una licenciada en enfermería, con estudios de postgrado, que logró comprar su casa en los años 80, cuando trabajaba en un ambulatorio. Paraparal fue planificado por el Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi).
La más aceptada, y que lleva más de 20 años en ejecución, es la “Alternativa Oeste”, que plantea, como puntos importantes, la construcción de 17 plantas de tratamiento de aguas residuales en la cuenca del Lago de Valencia. Solo se han construido tres: Los Guayos, La Mariposa y Taiguayguai, entre 1995 y 1997, las dos primeras en el estado Carabobo y la última en Aragua.
La planta Los Guayos dejó de funcionar en 2016 y actualmente no solo está desmantelada por el robo de sus equipos, sino también inundada por el lago de Valencia y la bora. La de La Mariposa, encargada de tratar las aguas del lago para trasvasar 5600 litros por segundo hasta el embalse Pao-Cachinche (uno de los pocos desahogos del lago), dejó de funcionar en agosto, alertó Marino Azcárate, presidente del Colegio de Ingenieros del estado Aragua. Y la planta de Taiguayguay está abandonada. No hay cómo sanear esas aguas.
Junto a estas plantas debía construirse una red de colectores de aguas negras en Maracay, que desviaran las cloacas a estas plantas de tratamiento y las restantes 14, para que fueran saneadas y, de ser posible, trasvasadas. Tampoco se ha concluido esta red.
Una auditoría realizada por la Contraloría del estado Carabobo en el año 2009, sobre la gestión ambiental de la cuenca del Lago de Valencia, precisa que entre 1999 y 2009 solo se había podido construir 93 kilómetros de colectores marginales, lo que se traducía en la conexión de apenas 51% de las cloacas hacia las plantas. En este caso, las obras formaban parte del “Proyecto de Saneamiento y Control del Nivel del Lago de Valencia”, aprobado en 2005 para ser ejecutado en 4 años; debía estar listo en 2009. Dichas obras ya habían sido aprobadas en 1999 para construirse en cinco años. No se ejecutaron y se volvieron a presupuestar.
Entre 1999 y 2009, el Estado venezolano invirtió Bs 747.766.208,14 en planes, programas y proyectos dirigidos a solventar el problema ambiental de la cuenca del Lago de Valencia, detalla el informe de la Contraloría regional. Esa cantidad equivale a 343.337.829,36 dólares, y si se le suman los montos aprobados entre 2009 y 2012, la cifra asciende a 385 millones de dólares. Es decir, con la cantidad invertida en 13 años el chavismo pudo haber construido una vía de navegación como el canal de Panamá, o 18 hospitales nuevos como el Cardiológico Infantil Latinoamericano.
Son millones que no se ven retribuidos en mejoras, pues desde 1999, cuando llegó a la cota máxima de seguridad (408 msnm), ha seguido aumentando su nivel. En 2005 llegó a 410 msnm y en 2012 a 413,43 msnm, dos años en los que se registraron las emergencias más importantes por la crecida de sus aguas, y que todos al sur de Maracay recuerdan. Ahora 2017 pudiera terminar como otro año recordado, por una nueva emergencia en curso.
Al no haberse culminado la red de colectores de aguas servidas ni las 14 plantas de tratamiento de aguas residuales, las cloacas de Maracay no han dejado de drenar al lago. Al subir el nivel, las tuberías que desembocan en él han quedado por debajo, ocasionando una descarga sumergida, explica el ingeniero Castillo. Como la presión del lago es mayor que la que traen las aguas servidas por las tuberías, impide que se descarguen y lo que hacen es devolverse. Esto lo viven los habitantes cercanos al lago, pero también los que residen más lejos, que, si bien no ven las aguas tocando la puerta de sus casas, se afectan igual porque no les bajan las pocetas y se rebosan los inodoros.
Así se explican las inundaciones con aguas negras, cubiertas por una alfombra verde de lemna, de alturas entre 20 y 40 centímetros que desde hace dos meses afectan a las familias de Paraparal, Aguacatal, Brisas del Lago, Las Vegas y Mata Redonda. Con las torrenciales lluvias de 2017 se han desbordado los ríos porque, como si ya no fuese suficiente, sus cauces tampoco pueden llegar al lago para drenar por lo crecido que está. Esto es lo que ha ocurrido desde julio con el río Madre Vieja, que pasa cerca de Mata Redonda y La Esmeralda, y con el canal Sudantex que bordea a Aguacatal. Ambos ríos reciben cloacas.
El nivel del Lago de Valencia podría disminuir si sus aguas, incluso contaminadas, regaran los cultivos de caña de azúcar. Como debe pasar por un proceso industrial para la producción de azúcar, no hay riesgo de que las aguas servidas afecten el producto final.
“La caña es lo más barato que hay para salvar al lago, es un cultivo estratégico en el control del nivel porque es una planta de alto consumo de agua”, explica Rafael Chirinos, ingeniero agrónomo, exdirectivo de la Sociedad de Cañicultores de Aragua (Socaragua).
Pero desde 2009, con un decreto que prohibió sembrar caña de azúcar en 53.000 hectáreas, ubicadas entre Aragua y Carabobo, la producción en la cuenca del lago disminuyó, aunado a las amenazas de expropiación de fincas que llevaron a varios cañicultores a cambiar de rubro. El decreto pretendía sumar esas tierras a la cosecha de otros alimentos, como tomate, cebolla y pimentón, para sumarlos al plan de Soberanía Alimentaria. Un error grave, aseguran los expertos, porque los productos hortícolas no pueden ser regados con las aguas residuales del Lago de Valencia, pues son alimentos de consumo directo, no pasan por un proceso industrial.
El proyecto no se ejecutó. Tres años después, en 2012, en el decreto 8844 se incluyó un artículo que pedía aumentar las cosechas de alto consumo de agua en la cuenca del Lago de Valencia. Pero no se ha sembrado más caña de azúcar porque no hay recursos para hacerlo.
En el caso de las tierras de Aragua ubicadas en la cuenca, las hectáreas de cosecha disminuyeron de 11.000 a 3.000. A medida que bajó la producción de caña de azúcar, aumentaron los niveles del lago, haciéndose evidente en 2011 y 2012, cuando se presentó otra emergencia.
En 2011, viendo que los niveles del lago se habían elevado 3 metros tras la caída de la producción, Socaragua propuso al Ministerio de Agricultura sembrar 3.100 hectáreas de caña de azúcar en un lapso de tres años. No les respondieron. Por iniciativa propia, explica Chirinos, un grupo de cañicultores decidió ejecutar el plan y han sembrado 1.000 hectáreas nuevas por su cuenta, pero para llegar a las 3.100 necesitan que el Estado les apoye con 5 millones de dólares.
Entre tanto, y de manera progresiva, cientos de hectáreas de caña de azúcar ubicadas en la cuenca del lago que limita con el estado Carabobo se han ido perdiendo por el aumento del nivel de las aguas. La mayor afectación en este estado, a diferencia de Aragua, es justamente en terrenos agrícolas y carreteras.
La Finca Montecristo, en el municipio Los Guayos, es un ejemplo. Pasó de tener 40 hectáreas hace 20 años a solamente dos, porque 38 hectáreas están bajo las aguas del lago. Hace dos décadas sembraban las 40 hectáreas completas de caña de azúcar. Hace 8 años se vieron obligados a cambiar de rubro pues no es rentable cosecharlas en baja cantidad, relató Carlos Delgado, encargado de la finca. Es una tragedia definitiva. Aunque se produzca el milagro de la disminución del nivel del agua ya no será posible sembrarlas.
Cuenta Andrea Wulf en su libro La invención de la naturaleza, que Alexander Von Humboldt desarrolló su idea sobre el cambio climático provocado por el ser humano justamente en el Lago de Valencia, en el año 1800. En ese entonces, cuando se encontró con él en una visita a los valles de Aragua, los lugareños le comentaron que el lago estaba disminuyendo su nivel con cierta rapidez, y que temían que se tratase de un río subterráneo. Tras observar su ecosistema, Humboldt concluyó que la tala de bosques circundantes y el desvío de las aguas que solían alimentar al lago para regar los campos agrícolas, habían hecho descender los niveles. ¿Qué diría Humboldt ahora, si se encontrara con el Lago de Valencia en las actuales condiciones?
Fotos: César David Bracamonte / Patricia Marcano
This is the chronicle of a trip to nowhere. An effort of over a year to find the birth certificate of Nicolas Maduro—the key piece to solve the controversy over the nationality of the Venezuelan leader—led the team of Armando.info to the only document that the civil registry of La Candelaria Parish in Caracas could show, a few scanned pages. There is an unknown land where the original document is, if any. According to different versions, it is in a safe under the ongoing argument of "State security reasons," under a 24-hour personalized custody of at least four gatekeepers committed to deny access to the folios inside.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
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