El caso Lava Jato también salpica al gobierno del presidente Mauricio Macri. En un esfuerzo conjunto con periodistas de Perú, Argentina, Panamá y Venezuela, el periodista Hugo Alconada, del diario La Nación de Buenos Aires, precisa en este trabajo las transferencias que recibió uno de los hombres de confianza del mandatario.
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Un operador financiero y cambiario brasileño condenado por la justicia de su país por su rol en la investigación Lava Jato transfirió más de medio millón de dólares a una cuenta del actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, en cinco pagos que comenzaron un día después de que, en septiembre de 2013, se reactivara el contrato para el soterramiento del tren Sarmiento para el gigante brasileño Odebrecht.
Ese operador y cambista paulista llamado Leonardo Meirelles se acogió luego al régimen de la "delación premiada", y aportó documentación sobre miles de transferencias que hizo para Odebrecht y otras empresas brasileñas, según surge de los registros de transferencias bancarias que integran la investigación sobre Lava Jato en Brasil. La Nación obtuvo copias de esa documentación como parte de un proyecto periodístico colaborativo liderado por el equipo peruano IDL Reporteros.
Meirelles transfirió un total de US$ 594.518 mediante cinco giros a una cuenta en Suiza de Arribas entre el 25 y 27 de septiembre de 2013, desde una cuenta bancaria en Hong Kong que el operador brasileño controlaba a través de la empresa RFY Import & Export Limited, que la justicia de su país ya calificó como "empresa de fachada", destinada al pago de coimas, lavado de activos y evasión.
La Nación intentó consultar a Arribas, pero se encontraba en Brasil, de vacaciones junto a su familia. Pero a través de tres colaboradores admitió que sólo recibió una transferencia, por US$ 70.495, el 26 de septiembre de 2013, que adjudicó a la venta de un inmueble en San Pablo sobre el que no aportó más datos.
Para entonces tenía una antigua relación de amistad y confianza con el actual presidente Mauricio Macri
A través de esos mismos colaboradores -dos de ellos, abogados-, Arribas negó haber recibido las cuatro transferencias restantes, así como fue taxativo al negar cualquier vínculo con el pago y cobro de coimas que comienzan a salir a la luz a partir del Lava Jato, la gran investigación sobre el sistema de corrupción que azota el sistema político y empresarial de Brasil, con ramificaciones en otros 11 países. Entre ellos, la Argentina.
Cuando Meirelles ordenó esas cinco transferencias, Arribas vivía en Brasil, donde se dedicaba a la compraventa de jugadores de fútbol. Para entonces tenía una antigua relación de amistad y confianza con el actual presidente Mauricio Macri, en ese momento jefe de Gobierno porteño.
En los registros a los que accedió La Nación, en tanto, no aparecen los motivos de esos pagos. Sólo figura que se transfirieron a la cuenta en la sucursal Zurich del Credit Suisse que el actual jefe de los espías informó en la declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA).
Conocido como "doleiro" -es decir, operador en el mercado ilegal de cambios brasileño, el equivalente al "cuevero" de la city porteña-, el propio Meirelles confirmó que pagó "propinas" en la Argentina.
Meirelles así lo admitió durante la entrevista que concedió a IDL Reporteros, en el aeropuerto de San Pablo, el 11 de julio de 2015. Detalló que participó en "un total de 3000 o 3500 operaciones [pagos] en cuatro años, que se hicieron entre 2009 y 2014. Estamos hablando de 240 millones de dólares, que yo pagué en mis empresas en Hong Kong, tanto depósitos como pagos, en Panamá, la Argentina y así".
Desde Curitiba, en tanto, el abogado de Meirelles, Haroldo César Nater, respondió a La Nación que su cliente "no puede proporcionar ninguna información a la prensa nacional o internacional debido al acuerdo de colaboración premiada que suscribió con el Ministerio Público Federal". Y a continuación añadió que "por desgracia, Meirelles no puede ayudarle".
Desde el entorno del "doleiro", sin embargo, indicaron a La Nación que "esas transferencias en efecto se realizaron y probablemente fueron irregulares", y deslizaron que, más que Meirelles, "el que tiene la información más precisa es Youssef", en alusión a Alberto Youssef, su socio y jefe, que también fue condenado a prisión por el juez del Lava Jato, Sergio Moro, y que también se acogió a la "delación premiada".
El momento en que Meirelles concretó esas transferencias es singular. ¿Por qué? Porque en coincidencia con el depósito de los casi US$ 600.000 por parte de Meirelles a la cuenta de Arribas, cobraba un nuevo -y en apariencia- definitivo impulso el proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento (a cargo del consorcio de empresas integrado por Odebrecht, la argentina Iecsa -de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri-, la española Comsa y la italiana Ghella).
En enero de 2008, la entonces presidenta Cristina Kirchner había encabezado el acto de adjudicación de las obras
Anunciado repetidas veces, el soterramiento registró marchas y contramarchas. En enero de 2008, la entonces presidenta Cristina Kirchner había encabezado el acto de adjudicación de las obras. Pero recién en diciembre de ese año firmó el contrato de ejecución.
El entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime comenzó entonces a cobrar la coima que había acordado con Odebrecht, según consta en unos correos electrónicos que su testaferro, Manuel Vázquez, cruzó con los operadores de la constructora brasileña, y que los investigadores del Lava Jato lograron recuperar.
Sin embargo, a medida que el proyecto entró otra vez en un letargo, se suspendió el flujo de dinero negro. Hasta que en febrero de 2010, Vázquez llegó a enviarle un e-mail a un representante de Odebrecht en Buenos Aires, Mauricio Couri Ribeiro, para reclamarle US$ 80.000 que le adeudaban desde hacía un año, según la documentación recabada por los investigadores del Lava Jato.
Aun así, el proyecto continuó en suspenso. Hasta que el 30 de agosto de 2013, el kirchnerismo publicó el decreto 1244 con el que creó la unidad ejecutora para esa obra, financiada con $ 700 millones del Estado nacional y un crédito otorgado por el Banco de Desarrollo (BNDS) brasileño por otros US$ 1500 millones.
Veinticinco días después de la publicación de ese decreto, la constructora brasileña anunciaba su beneplácito en su página oficial de Internet: Odebrecht Infraestrutura conquista novo contrato na Argentina, y aportaba a continuación algunos detalles de la obra de infraestructura.
Un día después, el miércoles 25 de septiembre de 2013, Meirelles dispuso la primera transferencia a la cuenta de Arribas por US$ 154.666 en su cuenta 373645-5, en la sucursal Zurich del Credit Suisse. Al día siguiente, jueves 26, otros US$ 70.500 -la que sí admitió el entorno del actual jefe de la AFI-. Y el viernes 27, tres transferencias más por 120.352, 90.000 y 159.000 dólares. Total: 594.518 dólares.
Todas esas transferencias registraron el mismo origen: la cuenta bancaria 313-0-025652-9 en el Standard Chartered Bank Hong Kong de una sociedad controlada por Meirelles RFY Import & Export Limited.
"Usando una apariencia de legalidad, los denunciados simularon contratos entre empresas brasileñas y extranjeras"
Tanto la firma offshore como Meirelles se encontraban bajo la mira de los policías, fiscales y el juez que impulsan el Lava Jato. Así, en una requisitoria del Ministerio Público de abril de 2014 -es decir, siete meses después de esas transferencias a Arribas-, cuatro fiscales brasileños detallaron que Meirelles y su hermano Leandro integraban una "organización criminal" que entre 2012 y marzo de 2014 realizó "operaciones ilegales en el mercado paralelo de cambio; principalmente para promover la evasión de divisas".
Los fiscales detallaron que RFY Import & Export Ltd y otras compañías offshore de los Meirelles no eran más que "empresas de fachada". ¿Para qué? "Usando una apariencia de legalidad, los denunciados simularon contratos entre empresas brasileñas y extranjeras, buscando justificar, sobre todo ante instituciones financieras extranjeras, la realización de transferencias internacionales", bajo el mando de Youssef, quien actuaba bajo órdenes de Odebrecht y otras grandes empresas brasileñas.
El propio Youssef reconoció ante la justicia de su país que utilizó esa cuenta de RFY Import & Export Ltd para pagar US$ 4,2 millones "que Odebrecht se comprometió a depositar en el exterior" entre septiembre de 2001 y mayo de 2012. Es decir, un año y medio antes de los giros que desde esa misma cuenta se enviaron a la cuenta en Suiza al actual jefe de la AFI.
Ya en abril de 2015, en tanto, el juez Moro consideró probados los roles de Youssef y los Meirelles en la operatoria ilegal. También concluyó que usaron a RFY Import & Export y a otras compañías offshore para "transferencias internacionales mediante contratos cambiarios [basados en] importaciones ficticias".
Con esas evidencias, Moro condenó a los tres. A Leonardo Meirelles, a 5 años de reclusión; a su hermano Leandro, a 4 años de reclusión, y a Youssef se lo redujo a 3 años y medio de reclusión porque, aunque su rol fue mayor, se sumó a la "delación premiada", admitió su rol en las coimas de Odebrecht y aportó evidencias, lo mismo que haría luego Leonardo Meirelles.
Tras el quiebre de su ex CEO, Marcelo Odebrecht, y otros 77 ejecutivos, incluso la multinacional brasileña también comenzó a colaborar. Así selló un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que se difundió a fines de diciembre pasado. Uno de los datos que aportó la constructora fue que en 2008 se comprometió a pagar sobornos para ganar un proyecto y que, por ese motivo, entre 2011 y 2014 pagó US$ 2,9 millones en coimas a funcionarios argentinos a través de un intermediario. ¿Podría ser Vázquez?
La empresa Odebrecht también admitió que entre 2011 y 2014 pagó coimas "adicionales" por "aproximadamente" US$ 500.000 a cuentas privadas "de un intermediario bajo el entendimiento de que los pagos eran para beneficio de funcionarios públicos argentinos". Esa suma es similar a la transferida a la cuenta de Arribas, pero el Departamento de Justicia no detalló a quién le pagó Odebretch.
El interregno neoconservador de Mauricio Macri entre dos administraciones peronistas concluyó esta semana. Del Gobierno de Cristina Fernández al de Alberto Fernández, en el que ella figura como vicepresidenta, se completó un hiato de cuatro años que no bastó para resolver ante la justicia argentina algunos casos de corrupción heredados del kirchnerismo y que involucran negocios con Venezuela. Uno de ellos: las irregularidades en el contrato para la implantación de la Televisión Digital Abierta. Los involucrados no solo tuvieron suertes dispares ante los tribunales, sino que siguieron contratando con el Estado como si nada.
La Procuraduría General de la República ya ha advertido que la empresa brasileña no concluyó once obras de gran envergadura para la que fue contratada durante los gobiernos de Hugo Chávez. Pero hasta ahora solo es por el incumplimiento en la construcción de 2.400 viviendas -cotizadas con un exorbitante sobreprecio y proyectadas en un terreno no apto para construir- que la constructora enfrenta a la justicia en Venezuela, país en el que, solo después del propio Brasil, Odebrecht admite que repartió el mayor monto en sobornos.
La Línea 5 del Metro, el Metro Guarenas-Guatire, la Línea 2 del Metro de Los Teques y el Cabletrén de Petare: todos esos proyectos de infraestructura quedaron a medio hacer. Pero tan temprano como 2014, solo ese año y en conexión con las obras del subterráneo capitalino, la constructora brasileña canalizó coimas por 34 millones de dólares. Los registros de estos pagos se encuentran en la base de datos secreta de Odebrecht, Drousys, a la que ahora se tiene acceso por primera vez gracias a una filtración obtenida por el ICIJ de Washington DC. El rastro del dinero fluye por empresas offshore de venezolanos y llega hasta el entorno del ex ministro Haiman El Troudi.
El testimonio ante la justicia de un testigo arrepentido, Claudio Uberti, quien por años sirvió como embajador oficioso de los negocios K en Venezuela, permite ahora conocer la discrecionalidad con que se emplearon fondos públicos venezolanos para alimentar milmillonarias transacciones privadas con bonos de deuda argentina. El periodista Daniel Santoro tuvo acceso a la declaración de Uberti y relata cómo los presidentes de ambos países se asignaron entre 2005 y 2007 parte de los beneficios en efectivo que se obtenían mediante operaciones especulativas con esos papeles en el controlado mercado cambiario venezolano. Nelson Merentes y Rafael Ramírez tenían roles clave en el cálculo y distribución de las ganancias.
Al calor de las buenas relaciones entre Caracas y Buenos Aires se creó un club muy especial. Sus prestigiosos miembros argentinos, con la buena lid de los poderosos, se hicieron acreedores de jugosos contratos para obras de construcción e ingeniería –y hasta la generación de energía nuclear- en ambos países, mientras el presidente Hugo Chávez concentraba sus aspiraciones en el Mercosur y, su homólogo argentino, Néstor Kirchner, hacía todo lo posible por mantenerse en el poder de una de las regiones más grandes del cono sur.
Dos empresarios de Perú, Yosef Maiman y Sabih Saylan, participaron como intermediarios en los pagos irregulares de Odebrecht, a través de estructuras offshore, al expresidente de ese país. Los mismos figuran en una trama de ´shell companies’ construida por Mossack Fonseca para participar como accionistas de la operadora privada de TV por cable y telefonía en Venezuela, Inter, y de la que el propio bufete panameño llegó a sospechar que era usada para lavar dinero. Mientras, otra firma del grupo contrataba obras con el Estado chavista.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
